El nuevo Gobierno alemán, encabezado por el cristianodemócrata Friedrich Merz, se encuentra ante el reto de relanzar la economía en medio de una crisis profunda tras dos años de recesión y un tercero para el que se prevé un estancamiento, algo sin precedentes en la historia de la República Federal de Alemania, según informa EFE.

Un estudio reciente del instituto Ifo de Múnich advierte que la crisis actual es más profunda y más compleja que otras crisis del pasado. 

Tras la II Guerra Mundial bastó con hacer una gran inyección de capital para reconstruir la infraestructura y crear nuevas fábricas. A comienzos de este siglo, bastaron las reformas de la llamada Agenda 2010 de Gerhard Schröder para poner fin al desempleo crónico.

Ahora, en cambio, según el Ifo, el Gobierno de Merz se encuentra ante una crisis con causas múltiples que afectan a los tres factores que determinan el potencial de crecimiento y que son el trabajo, los progresos en la productividad y el capital.

En el acuerdo de coalición entre la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merz, la Unión Socialcristiana (CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD) se declara como propósito lograr subir el potencial de crecimiento claramente por encima del 1,0%.

El potencial de crecimiento, que entre 1996 y 2024 tuvo un promedio del 1,2 %, está ahora en torno al 0,5%, según estimaciones del Ministerio de Economía. 

Los principales institutos de estudios económicos alemanes son más pesimistas y lo sitúan en un 0,3%.

Si no se consigue que ese potencial crezca, las inversiones que serán posibles con el fondo especial de 500.000 millones para la infraestructura creado recientemente a través de una reforma constitucional sólo llevará a que se cree una demanda que las empresas no estarán en condiciones de satisfacer, según el Ifo.

Dentro del acuerdo de coalición están contempladas medidas destinadas a aumentar el potencial de crecimiento con impulsos a los tres factores fundamentales del mismo.

Una de las quejas más habituales de las empresas alemanas es la escasez de mano de obra, lo que, según el Ministerio de Economía, reduce el potencial de crecimiento en un 0,1% y 0,2%. 

Entre 1996 y 2024 el volumen de horas trabajadas dio un impulso del 0,5% al potencial de crecimiento.

“Desde hace unos años el volumen de horas trabajadas se ha convertido en un freno al crecimiento”, admite la economista jefe del Ministerio de Economía, Elsa Bartsch, en declaraciones el periódico económico “Handelsblatt”.

El acuerdo de coalición contempla introducir la llamada “jubilación activa” que le permitirá a quienes trabajen más allá de la edad de jubilación devengar hasta 2.000 euros al mes libres de impuestos. 

Otra medida pensada para aumentar el volumen de trabajo es que las horas extra sean libres de impuestos. 

La mayoría de los economistas señala que además se necesita en los próximos años la llegada de inmigrantes en edad y en condiciones de trabajar y advierte del peligro de que la lucha contra la migración irregular no termine por convertirse en un freno de la migración laboral.

Otro aspecto es lograr mejorar la productividad del trabajo, a través de la formación, para lo cual al acuerdo de coalición plantea la creación de una comisión con representantes de los 16 estados federados que tienen la potestad sobre cuestiones educativas.

El impulso a las inversiones es otra palanca para el relanzamiento de la economía que se ha propuesto el Gobierno de Merz. 

Un primer paso será hacer posible desgravar hasta el 30% de las inversiones en equipo hasta 2028.

Después se empezará a reducir paulatinamente el impuesto de sociedades del 15% actual al 10%, que deberá alcanzarse en 2032.

A todo ello se agrega el fondo de 500.000 millones para inversiones en infraestructura. 

Sin embargo, la eficacia de éste depende en parte de las empresas constructoras aumenten sus capacidades para hacer frente al crecimiento de la demanda y para ello se requieren estímulos y reducir obstáculos burocráticos.

Esto último está contemplado en el acuerdo de coalición que declara el propósito de acelerar trámites de autorización y planificación de obras públicas.

Todo el mundo se pregunta si el Reino Unido está a punto de vivir otro momento Liz Truss. ¿Será expulsado el Gobierno británico en cuestión de semanas, como en 2022, por las fuerzas del mercado? Londres está bajo presión desde mediados de la semana pasada. En pocos días, la libra esterlina ha perdido más de un 3% frente al dólar, mientras que el rendimiento de los bonos británicos (gilts) se ha disparado hasta casi el 5% para los bonos a diez años, su nivel más alto en dieciséis años.

Aunque el Banco de Inglaterra ha intentado enviar mensajes de calma, asegurando que los movimientos del mercado se están produciendo “de forma ordenada”, la tensión está ahí. El Gobierno de Starmer está en ascuas, sobre todo porque Elon Musk, decidido a inmiscuirse en la vida política británica, lo tiene en el punto de mira y no oculta su deseo de verlo fuera del cargo rápidamente.

Como muestra del nerviosismo extremo del ejecutivo, la oficina del primer ministro publicó el lunes 13 de enero un mensaje de apoyo a la ministra laborista de Finanzas, Rachel Reeves, criticada por la situación financiera que heredó de catorce años de gobierno conservador. Enfrentada a una creciente deuda pública, ha planeado subir los impuestos –ligeramente– a los más pudientes pero, según los financieros, no ha pedido suficiente austeridad y recortes en el gasto público y social.

Pero no sólo los británicos tienen problemas con los mercados financieros. Sin esperar a que Donald Trump llegue oficialmente a la Casa Blanca, todo el mundo financiero se está reconfigurando, anticipando grandes cambios en el equilibrio geopolítico, económico y financiero mundial. Y en esta nueva situación, los acreedores están decididos a hacer valer sus puntos de vista e imponer sus intereses, “cueste lo que cueste”.

Durante su campaña, Donald Trump prometió utilizar el arma de los aranceles para defender los intereses americanos. Su primer anuncio, nada más ser elegido, de imponer aranceles del 25% a las importaciones desde Canadá y México, los dos principales socios comerciales de Estados Unidos, confirmó las intenciones del presidente republicano.

Muchos economistas y analistas temen que estas medidas aduaneras de represalia, que podrían desembocar en guerras comerciales, alimenten la subida de precios y la inflación, socaven el crecimiento y, sobre todo, disuadan a la Reserva Federal de proseguir su política de recorte de los tipos de interés, que ha sostenido la subida de Wall Street durante más de un año.

Las últimas estadísticas del mercado laboral estadounidense, publicadas el 10 de enero, reforzaron sus temores: ¡las cifras eran demasiado buenas! Si la Reserva Federal ya cuestionaba el ritmo de la relajación de la política monetaria, ahora ya no tiene argumentos para acelerar la bajada de tipos. Sobre todo porque, al mismo tiempo, los precios del petróleo y del gas están volviendo a subir y pueden reavivar la inflación.

Todo ha encajado en esta nueva convicción: los tipos no iban a bajar inmediatamente. Los mercados bursátiles, ya nerviosos, empezaron a caer y este lunes 13 de enero seguían haciéndolo. Pero fue sobre todo en los bonos del Tesoro americano donde se produjeron los ajustes. Convencidos de que no era probable que los tipos de interés bajaran en mucho tiempo, los inversores –encabezados por los fondos de cobertura, rebosantes de efectivo desde hace diez años– han vendido títulos americanos masivamente, empujando los rendimientos al alza. Los bonos a 30 años se acercan ahora al 5%, anulando todos los beneficios de la relajación de la política monetaria estadounidense.

Empieza a extenderse al resto del mundo la presión sobre los títulos, que sirven de base al sistema financiero internacional. Con muchos gobiernos todavía muy endeudados tras la crisis de la pandemia y la escalada de los precios de la energía, los acreedores se sienten en una posición de fuerza: casi todos los países los necesitan para financiarse o refinanciarse. Tienen toda la intención de aumentar la presión no sólo para cobrar, sino para obtener altos rendimientos que otras clases de activos financieros quizá no puedan ofrecer.

Convertidos a las tesis libertarias y admirando el experimento argentino de Javier Milei, los círculos financieros pretenden ahora extender ese modelo a todas partes: hay que imponer políticas de austeridad, aunque sea sacrificando los intereses sociales y económicos del país, para poder asegurar los de los acreedores.

Antes que el Reino Unido, Brasil ya fue sometido en diciembre a este nuevo dogma. Al aplicar una política opuesta a la de su vecino argentino, el gobierno de Lula fue castigado: la moneda brasileña perdió casi un 25% de su valor frente al dólar. El banco central se vio obligado a subir los tipos de interés por encima del 14%, asfixiando la economía para defender su moneda. Sin dar su brazo a torcer, los inversores exigen reformas estructurales y recortes del gasto público.

Pero parece que se está gestando otro enfrentamiento, a una escala mucho mayor, en torno a Europa. Mientras Donald Trump no ha ocultado su desprecio por el Viejo Continente, y Elon Musk, ya su asesor oficial, ha lanzado una gran campaña contra varios gobiernos europeos, el panorama económico no parece dar fuerzas a la eurozona: Alemania y Francia, sus principales motores económicos, están parados, toda la zona está amenazada por la recesión, y la subida de los precios de la energía que está tomando cuerpo puede llegar a reavivar la inflación y el deterioro de la actividad económica.

El euro, ya debilitado, se sitúa ahora en apenas 1,02 dólares, casi en paridad con la divisa americana. Los tipos de la deuda soberana europea, incluida la alemana, considerada la más segura, suben en todas partes.

Pero es sobre todo Francia, considerada ahora como el eslabón débil de la zona euro, la que corre el riesgo de encontrarse en primera línea de fuego: los rendimientos a diez años han subido un 0,6% desde principios de diciembre hasta alcanzar el 3,45%.

Es probable que en Francia el argumento sea utilizado hasta la saciedad durante el debate presupuestario por los mismos que han reducido deliberadamente los ingresos fiscales, han permitido que los déficits se descontrolen y han llevado la deuda a más de 3 billones de euros en siete años, para exigir más ahorro social y más reformas estructurales con el fin de satisfacer las expectativas de los mercados. Medidas que sin duda también exigirá el Banco Central Europeo, apoyado por los países europeos “frugales” (Alemania, Países Bajos, Finlandia), a cambio de su apoyo a Francia y otros países europeos.

¿Puede la UE soportar otra ronda de austeridad después de la primera, que ha llevado al declive permanente de Europa? Esa es la cuestión que se plantea en esta reconfiguración financiera, que podría desembocar en un momento Truss para la eurozona.

Traducción de Miguel López

Los ministros de Energía de la Unión Europea han cerrado este viernes un acuerdo político sobre las medidas de emergencia para intervenir el mercado eléctrico comunitario y han pactado reducir la demanda eléctrica en la UE un 5% en horas punta, una tasa a las empresas de combustibles fósiles y establecer un límite de 180 euros/MWh al precio al que las productoras de electricidad inframarginales pueden comercializar la energía, según informa Europa Press.

Tras poco más de una hora de reunión, los titulares de Energía de los Veintisiete han adoptado estas medidas de emergencia para fijar una reducción obligatoria del consumo de electricidad, establecer una tasa de "solidaridad" a las intermediarias de combustibles fósiles, como petroleras, o redistribuir a los más vulnerables los beneficios extraordinarios de las tecnologías inframarginales que vendan la electricidad por encima de 180 euros/MWh.

"Creo que hoy daremos otro paso necesario para gestionar la crisis energética. La Comisión ha propuesto medidas para reducir la demanda de energía y generar beneficios", ha indicado la comisaria de Energía, Kadri Simson, a su entrada al Consejo de ministros de Energía de la UE, al tiempo que ha agregado que estos instrumentos "relajarán la presión en los precios".

Las medidas, que serán formalmente adoptadas por procedimiento escrito la próxima semana, no entrarán en vigor hasta el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y su aplicación se extenderá del 1 de diciembre del presente ejercicio al 31 de diciembre de 2023, si bien Chipre y Malta cuentan con excepciones específicas por su condición de islas energéticas.

El acuerdo suscrito por los ministros de Energía de los Veintisiete establece que estas medidas serán compatibles con las implementadas a nivel nacional por los Estados miembros si tienen un carácter equivalente, como es el caso del mecanismo de minoración del gas o el impuesto sobre los ingresos de las grandes energéticas.

Así, los ministros de Energía han suscrito la propuesta de Bruselas de fijar una reducción obligatoria del 5% de consumo de la electricidad en la franjas horarias de máximo consumo y una disminución del 10% de la demanda de electricidad entre el 1 de diciembre de 2022 hasta finales de marzo de 2023.

En todo caso, corresponderá a cada país introducir las medidas apropiadas para alcanzar los objetivos de reducción del consumo durante este periodo. "El acuerdo alcanzado supondrá un alivio para los ciudadanos y empresas europeos. Los Estados miembros aplanarán la curva de demanda de electricidad durante las horas pico, lo que tendrá un efecto positivo directo en los precios", ha indicado el ministro checo de Industria y Comercio, Jozef Síkela, en un comunicado.

Además, los Veintisiete han convenido establecer una tasa de "solidaridad" a las empresas intermediarias de combustibles fósiles, como petroleras, gasísticas o el sector del refino. Esta medida fijará una "contribución" del 33% sobre los beneficios obtenidos hasta el 31 de diciembre de 2023 y que se sitúen un 20% por encima de la media de los últimos cuatro años. Este impuesto se articula como una contribución temporal y el importe recaudado se destinará a hogares vulnerables, a las empresas más afectadas y a las industrias electrointensivas.

La tercera de las medidas acordadas por los países de la UE pasa poner establecer un máximo de 180 euros/MWh al precio al que las tecnologías inframarginales, las que producen electricidad por debajo de las productoras de ciclo combinado de gas como las renovables o la nuclear, pueden vender la electricidad en el mercado mayorista (pool).

El acuerdo contempla la posibilidad de que los países introduzcan modificaciones como establecer un limite de precios más elevado, utilicen medidas para limitar los beneficios del mercado, establezcan diferenciaciones por tecnologías o apliquen límites a los beneficios en el mercado a otros operadores como los proveedores.

Con este instrumento, que estará operativo hasta el 30 de junio de 2023, se pretende atajar los beneficios extraordinarios de estas compañías de electricidad que se redirigirán a cubrir la factura eléctrica de los colectivos más vulnerables, para lo cual los Estados miembros podrán aplicar las medidas que consideren más convenientes e incluir ciertas flexibilidades para adaptarse a las circunstancias de cada mercado.

El acuerdo contempla que para aquellos países en los que la importación de electricidad es superior al 100% de lo que produce deberán establecer acuerdos con los países exportadores para compartir los excedentes de los ingresos y deberán cerrarse estas alianzas antes del 1 de diciembre.

“Querida doctora Merkel, es usted la primera jefa de gobierno democrática en Alemania, ésa es una fuerte señal para muchas mujeres, y ciertamente también para algunos hombres”. Con esas palaras dio la bienvenida el presidente del Bundestag, Norbert Lammert, a la recién elegida canciller el 22 de noviembre de 2005. Lammert no podía saber entonces que la doctora Merkel –investigaba en química cuántica antes de entrar en política– iba a igualar –y puede que superar, si no se forma gobierno hasta diciembre– los 16 años que Helmut Kohl pasó en el poder. Konrad Adenauer, el primer canciller de la Alemania democrática y padre fundador de la UE, se quedó en 14. Cuatro mandatos en los que Angela Merkel ha gobernado en coalición, tres con los socialdemócratas del SPD y uno con los liberales del FDP. Y en los que ha lidiado con dos de las mayores crisis de los últimos 100 años: primero la financiera y su resaca europea, después la pandemia del coronavirus.

En tanto tiempo, quien empezó como la niña de Kohl se transformó en una Mutti (mamá) para sus compatriotas, pero también en la canciller de la austeridad implacable, en el tanque que dominaba la política europea con su potencia y ortodoxia económicas. Resulta fácil, por tanto, caer en la tentación de convertir a Angela Dorothea Merkel –su nombre completo– en la canciller de hierro. En realidad, es la antítesis de otra mujer en su mismo espectro ideológico y similar apodo férreo, Margaret Thatcher. La alemana está muy lejos de la arrogancia y la inflexibilidad dogmática de la británica, que pasó 11 años al frente del Gobierno, pero salió de él con los índices de popularidad por los suelos y apuñalada por su propio partido. Dimitió el mismo día que Lammert saludaba a Merkel en Berlín, sólo que 15 años antes.

Se la ha tachado de insulsa y poco emotiva, y es el origen de un neologismo, el verbo merkeln, como sinónimo de no tener una opinión definida o ser vacilante. Aunque, en la hora de su marcha, también se le prodigan los elogios por su eficiencia y sensatez, al tiempo que se destaca la dificultad con la que se están enfrentando sus posibles sucesores para aparecer tan confiables ante los votantes como lo ha sido la canciller.

Lejos quedan en la memoria los días en que Angela Merkel, y su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, capitaneaban sin misericordia los cruentos rescates a Grecia, España y Portugal e Irlanda. Ni un euro para los manirrotos del sur si no era a cambio de unos recortes que se vendieron como reformas y que han precarizado las condiciones de vida de millones de ciudadanos durante años. Alemania aplicaba una mezcla de superioridad moral y dogmatismo económico con la vista siempre puesta en asegurarse al votante alemán, aterrado de perder sus ahorros por culpa de unos países endeudadísimos que se gastaban el dinero en “alcohol y mujeres y luego pedían ayuda”“alcohol y mujeres y luego pedían ayuda”, por utilizar las palabras del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, holandés, socialdemócrata, pero el mayor aliado de las políticas austericidas de Schäuble.

Tan encarnizada fue la pelea que en octubre de 2012 Angela Merkel fue recibida en Grecia con carteles de “No al cuarto Reich” en las manifestaciones y caricaturas de Adolf Hitler en los periódicos. El PIB griego no dejó de caer desde 2008 hasta 2016, ocho años en los que la economía del país perdió un 28% de su riqueza. Pese a su recuperación desde entonces, aún es el 76% de lo que registraba su contabilidad nacional antes de la crisis y el rescate europeo. Salarios hundidos, tasas de paro que compiten con las españolas, recortes criminales en la sanidad y en la educación son algunas de las huellas dejadas en Grecia por una política pensada para el beneficio de la economía alemana.

Hasta The Economist, la biblia del liberalismo, apuntaba en 2012 a la canciller alemana con una portada que reproducía un barco con el nombre “la economía mundial” hundiéndose en el océano y del que sale un bocadillo de tebeo: “Por favor, ¿podemos encender ahora los motores, señora Merkel?”.

En cuestiones alejadas de la economía, Merkel ha sido mucho más flexible. Tras el desastre nuclear en Fukushima, consciente de que la preocupación por el medio ambiente se extendía en Alemania y el partido de Los Verdes podía capitalizarla, dio la campanada al anunciar en marzo de 2011 que suspendía la extensión –recién aprobada– de la vida de las centrales nucleares. Pese a que ella misma las había defendido antes. La última se apagará el próximo año. Otro tanto ocurrió con la unión homosexual, cuya legalización el partido conversador había bloqueado durante años. Merkel incluso votó en contra en el Bundestag, pero dio libertad a sus diputados para que decidieran en conciencia. La medida fue aprobada en 2017. Según dijo entonces, consideraba que traería “más cohesión y paz social”. También es obra de la canciller la supresión del servicio militar obligatorio en diciembre de 2010, a la que siempre se había opuesto la CDU.

Después del “Wir schaffen das”

Mucha mayor repercusión tuvieron sus decisiones sobre política migratoria en 2015. Cuando más de un millón de personas expulsadas por la guerra de Siria y la violencia en Afganistán e Irak pedían refugio en Europa, Angela Merkel abrió las puertas a casi 900.000 sólo ese año. “Wir schaffen das” (“Podemos hacerlo”) fue la frase que acompañó el anuncio. La revista Time la nombró Persona del Año. La mujer sin empatía que contestó a una niña palestina envuelta en lágrimas que quizá tendría que volver a Líbano, tras años viviendo en Alemania, porque “el país no puede acoger a todos”, adoptaba una política humanitaria. Cierto que también impulsó un año después la firma del controvertido acuerdo con Turquía por el que el país de Tayyip Erdogan ha recibido ya de la UE 6.000 millones de euros a cambio de atender en su territorio a cuatro millones de refugiados que así no pisarán suelo europeo.

De esta forma, Alemania ha sido el país de la UE que ha acogido más refugiados –más de millón y medio, España sólo a 4.900–, cuya integración y contribución a la economía nacional son motivo de elogio. Pero esa generosidad tuvo una consecuencia indeseada: el despertar de la ultraderecha, xenófoba y racista, que cristalizó en Alternative für Deutschland (AfD). Al igual que luego Vox en España, la AfD primero entró en los parlamentos de los länder y finalmente accedió al Bundestag en 2017 como tercera fuerza política, con 94 escaños.

En lo que sí se ha mostrado inflexible Merkel es en el cordón sanitario a la AfD. A diferencia de lo que han hecho en España el PP y Ciudadanos, la CDU ha repudiado al partido de extrema derecha sin titubeos. Merkel pareció incluso haber abandonado su contención emocional cuando en noviembre de 2019, apremió al Bundestag a oponerse al “discurso extremista”. “De otra manera, nuestra sociedad no volverá a ser la sociedad libre que es”, advirtió a los diputados, entre los que se encontraban los 88 de la AfD. “Expresar una opinión no tiene coste cero. La libertad de expresión tiene sus límites y esos límites comienzan cuando se propaga el odio. Empiezan cuando la dignidad de otra persona es violada”, proclamó taxativa y enérgica. La misma contundencia con que tres meses más tarde rechazó el pacto al que había llegado la CDU con la AfD para hacer presidente de Turingia a un candidato del FDP, rompiendo así el veto a la extrema derecha: “Fue un mal día para la democracia. Fue un mal día para la CDU”. Pocos días después, el liberal dimitió y el aspirante del izquierdista Die Linke fue designado presidente de este land del este de Alemania.

Esta vez sí se puede gastar

La última gran crisis de su último mandato, la pandemia del covid-19, volvió a mostrar la cara humana de Merkel, también la cara confiable. Sus didácticas explicaciones sobre el virus, en las que pudo hacer gala de su preparación científica, dieron la vuelta al mundo a caballo de las redes sociales. “No puede ser que antes de navidades tengamos muchos contactos y después sean las últimas fiestas que pases con tus abuelos”, alertó de nuevo en el Bundestag. La canciller lidió bien en la primera fase de la pandemia, cuando Alemania evitó las terribles cifras de contagios y muertos de España o Italia. Con el tiempo, las dificultades para poner de acuerdo a los länder sobre las restriccionesimpactaron en la gestión de la pandemia. También ha tenido que bregar contra los negacionistas del virus, aliados con la extrema derecha a la hora de atacar las mascarillas y las vacunas como amenazas a la libertad individual.

Con los fondos de recuperación, los miles de millones de euros que la UE va a destinar a combatir la crisis económica causada por el virus, Angela Merkel no ha aplicado la ortodoxia de la anterior crisis. De momento, ha dejado a un lado la alergia alemana a gastar, consciente de la excepcionalidad de la crisis. Tanto de puertas adentro, suspendiendo temporalmente la regla del schwarze nullschwarze null –incorporado en la Ley Fundamental alemana y que prohíbe aumentar el déficit público por encima del 0,35% del PIB– como en territorio comunitario. Aunque mantuvo su rechazo a mutualizar la deuda para hacer frente al daño económico provocado por la pandemia emitiendo coronabonos. La política europea no ha sido precisamente la protagonista de la campaña electoral alemana. Pero los conservadores tienen en principio más prisa por volver a la disciplina fiscal que los socialdemócratas. Y ya han empezado a sonar los primeros avisos para que ese regreso se decida cuanto antes.

Futuro

Angela Merkel deja una Alemania con el paro casi a niveles de prepandémica –un 5,5%–, pero con un mercado de trabajo precarizado donde la crisis se ha cebado en quienes vivían de un minijob, los contratos a tiempo parcial por 400 euros. El virus ha destruido casi 900.000 de estos puestos, ocupados sobre todo por mujeres y jubilados con pensiones bajas. Queda pendiente el reto de la digitalización y de unas infraestructuras que piden a gritos nuevas inversiones. La alemana ejerció también de contrapunto absoluto del estrambótico y excesivo Donald Trump, erigiéndose en la líder europea frente al America first, hoy ya en el olvido, que dinamitaba los acuerdos internacionales sobre el clima o el comercio internacional.

A partir de ahora, una vez retirada, la doctora Merkel sólo ha adelantado que en principio se dedicará a leer. “Se me cerrarán los ojos, porque estoy cansada. Entonces trataré de dormir un poco, y luego veremos dónde aparezco”, explicó en cierta ocasión, según publica Deutsche Welle, que cifra su pensión en 15.000 euros mensuales. Su antecesor, Gerhard Schröder, fundó una consultora y se ha dedicado desde entonces a una polémica labor de lobista, contratado por la empresa constructora del gasoducto Nord Stream, filial de la rusa Gazprom. Otro excanciller, Helmut Schmidt, se convirtió en un carísimo conferenciante. De la discreta Merkel no serán de esperar, ni de lejos, estridencias semejantes.

La economía de la zona euro volvió a contraerse durante el último trimestre de 2020 como consecuencia del impacto de los rebrotes de covid-19 y de la reintroducción de restricciones para frenar la propagación del virus, lo que probablemente pesará también en la actividad de los tres primeros meses de 2021, condenando a la eurozona a una doble recesión, según ha señalado la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, quien ha señalado, no obstante, que este escenario no excede las previsiones de la entidad, que decidió mantener sin cambios sus medidas, según informa Europa Press. 

"Los datos económicos entrantes, las encuestas y los indicadores de alta frecuencia sugieren que los rebrotes de la pandemia y la intensificación de las medidas de contención probablemente hayan llevado a una disminución de la actividad en el cuarto trimestre de 2020 y también se espera que influyan en la actividad en el primer trimestre de este año", indicó la banquera francesa en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno del BCE.

Lagarde dejó claro que la prolongación de las restricciones y confinamientos en el primer trimestre de 2021 y las dificultades de la puesta en marcha de los programas de vacunación se habían tenido ya en cuenta en las últimas proyecciones macroeconómicas del BCE, publicadas el pasado mes de diciembre, por lo que estas "siguen siendo válidas", aunque la banquera central admitió que los riesgos para la economía siguen inclinándose a la baja, pero de manera "menos pronunciada".

El pasado mes de diciembre, el BCE anunció que espera una contracción del PIB de la zona euro del 7,3% en 2020, seguido de un rebote del 3,9% en 2021 y una aceleración del ritmo de crecimiento hasta el 4,2% un año después. Como es habitual, el BCE actualizará en su reunión de marzo estos pronósticos.

En este sentido, la presidenta del BCE defendió que en los últimos meses se han registrado hechos positivos como el lanzamiento de las vacunas contra el covid-19, así como el acuerdo con el Reino Unido sobre las relaciones comerciales tras el Brexito el acuerdo de los líderes europeos acerca del fondo europeo Next Generation, además del resultado de las elecciones en Estados Unidos, a pesar del empeoramiento de la pandemia en varios países y la prolongación de confinamientos.

"Las noticias sobre las perspectivas de la economía mundial, el acuerdo sobre las relaciones futuras entre la UE y el Reino Unido y el inicio de las campañas de vacunación son alentadoras, pero la pandemia y sus implicaciones para las condiciones económicas y financieras siguen siendo fuentes de riesgo a la baja", ha advertido.

En cualquier caso, Lagarde reiteró que el Consejo de Gobierno del BCE sigue vigilando atentamente la evolución de los acontecimientos y permanece listo para ajustar todas sus herramientas como sea apropiado con el fin de mantener unas condiciones de financiación favorables en la zona euro para todos los sectores.

En este sentido, si bien el BCE da por descontada la recaída del PIB de la eurozona, Lagarde ha subrayado durante su comparecencia ante la prensa que mantener unas condiciones favorables de financiación será "la brújula" que guíe la postura del banco central, que este jueves decidió mantener sin cambios los tipos de interés de referencia para sus operaciones de refinanciación en el 0%, mientras que la tasa de facilidad de depósito continuará en el -0,50% y la de facilidad de préstamo en el 0,25%.

Asimismo, la entidad presidida por Christine Lagarde mantuvo sin cambios el resto de sus instrumentos de política monetaria, después de haberlos ajustado en la reunión de diciembre, incluyendo el volumen de sus programas de compras de activos.

Sin embargo, el BCE ha avisado de que agotar o ampliar el importe de 1,85 billones de euros de su programa de compras de emergencia por la pandemia (PEPP), que se extenderá al menos hasta final de marzo de 2022, dependerá del mantenimiento de unas condiciones de financiación favorables durante la pandemia.

"Si las condiciones de financiación favorables pueden mantenerse con unos flujos de compras de activos que no agoten la dotación del programa durante el horizonte de las compras netas del PEPP, no será necesario utilizar la dotación íntegramente. Asimismo, esta dotación puede recalibrarse si es necesario para mantener unas condiciones de financiación favorables que contribuyan a contrarrestar el impacto negativo de la pandemia en la senda de la inflación", explicó la entidad.

Con respecto al resto de instrumentos, el banco central seguirá realizando compras netas de activos bajo su programa estándar (APP) a un ritmo mensual de 20.000 millones netos "durante tanto tiempo como sea necesario". El BCE reinvertirá los fondos de la deuda que venza durante un periodo de tiempo "prolongado" después de que empiece a subir los tipos de interés.

En último lugar, la autoridad monetaria ha indicado que seguirá proporcionado "amplia liquidez" a través de sus operaciones de refinanciación, especialmente a través del tercer programa de operaciones de refinanciación a largo plazo con objetivo específico (TLTRO-III).

El BCE con el "piloto automático"

La ausencia de reacción del BCE al deterioro de las condiciones macroeconómicas en la zona euro a raíz de la segunda ola de la pandemia, que probablemente acabe arrastrando a la región a una doble recesión, ha llevado a Konstantin Veit, senior portfolio manager euro rates de PIMCO, a concluir que la institución "continúa en piloto automático y, a falta de un apocalipsis zombi, no se espera ninguna decisión importante de política monetaria por su parte durante el primer semestre del año".

En este sentido, el experto ha señalado que el BCE vigilará de cerca la evolución de las condiciones macroeconómicas en los próximos meses y responderá a cualquier endurecimiento importante de las condiciones de financiación con el PEPP, en línea con su flexibilidad para controlar la curva de rendimientos, añadiendo que la reunión de septiembre "podría ser interesante, ya que el BCE tiene previsto concluir la revisión de su estrategia por esas fechas y probablemente comunicará el plan de juego del PEPP para 2022".

De su lado, Olivia Álvarez, analista de Monex Europe, ha señalado como punto más destacado de la conferencia de Lagarde la insistencia de la banquera francesa en ofrecer unas "condiciones de financiamiento favorables", aunque sin aclarar con exactitud el enfoque "holístico y multifacético" del banco central, que incluye múltiples factores de manera no lineal, como las condiciones de los préstamos interbancarios, el coste de los créditos al público y los intereses corporativos y gubernamentales, entre otros.

"Con esta vaga definición de la estrategia de política monetaria, Lagarde tiene un punto de ventaja: evitar la presión del mercado hacia una compra excesiva por parte del Banco", ha apuntado Álvarez, para quien uno de los mayores aciertos del BCE es justamente diseñar un programa de políticas flexibles entre sectores y países.

22 de febrero de 2020. Los ministros de Economía y los gobernadores de los Bancos Centrales de los Estados miembros del G20 se reúnen en Riad para preparar la decimoquinta cumbre del grupo, programada para el próximo mes de noviembre en la capital saudita. Y lo hacen con la vista puesta en el posible impacto que puede tener para la economía mundial el brote de coronavirus que ya había costado la vida a más de dos millares de personas en suelo chino. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, avisa de que la crisis sanitaria puede restar una décima al crecimiento global si la epidemia se contiene rápidamente y la economía del gigante asiático vuelve a la normalidad en el segundo trimestre del año. No obstante, señala que también se están analizando escenarios más adversos en los que la expansión se prolongue durante más tiempo y de forma global. En ese caso, avisa, el frenazo puede ser mucho más importante a gran escala. “La economía mundial está lejos de encontrarse sobre terreno sólido. […] El coronavirus de China es nuestra incertidumbre más urgente”, había dejado escrito la economista búlgara pocas horas antes de ese encuentro.

El escenario terminó siendo el más adverso. Ya son más de 3.900 millones de personas, casi la mitad de la población mundial, las que viven en países en los que el confinamiento es obligado o recomendado. Un nuevo escenario de parálisis que ha llevado al Fondo Monetario Internacional a revisar sus previsiones. Si hace dos semanas el organismo avisaba de una crisis económica “tan mala o peor” que la desencadenada en 2008 con la caída de Lehman Brothers, este jueves la directora gerente alertaba desde Washington de un desplome como nunca antes visto, una “prueba” para la “humanidad” con el peor impacto vivido desde la Gran Depresión de la década de los treinta. Si hace tres meses el FMI calculaba que 160 Estados experimentarían un crecimiento durante 2020, ahora estima que 170 países entrarán en recesión a lo largo del ejercicio. España será uno de ellos. Las previsiones del hundimiento del PIB se mueven entre el 3% y el 9%. Y los expertos consultados por infoLibre no creen que la recuperación vaya a ser igual de rápida que la caída. “Comenzará cuando la actividad empiece a tener un ritmo cercano al normal. Y para eso falta mucho”, dicen.

Las proyecciones económicas no son nada esperanzadoras tras la declaración del brote como pandemia. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que hace unos días alertaba de que cada mes de confinamiento podía suponer un retroceso del PIB global de dos puntos –el FMI lo eleva a tres puntos–, ha pronosticado un desplome importante. Lo ha hecho a través de sus indicadores compuestos (CLI, por sus siglas en inglés), una herramienta que permite detectar inflexiones de la actividad económica a más de seis meses vista: si aumentan adelantan un crecimiento sostenido, mientras que si disminuyen anticipan recesiones. Publicados este mismo miércoles por el conocido como club de los países ricos, los CLI registraron en marzo la mayor caída mensual de la serie histórica. Si se tiene en cuenta el área OCDE, pasaron de 99,6 a 98,8 puntos, un retroceso de ocho décimas. No obstante, desde el organismo avisaron de que hay que interpretar estas cifras “con cuidado” ante la “considerable incertidumbre sobre la duración de las medidas de confinamiento”.

Tampoco son buenos los últimos datos que ha puesto sobre la mesa la Organización Mundial del Comercio (OMC). Según sus cálculos, el movimiento mundial de mercancías a lo largo de este ejercicio puede experimentar un descenso de entre el 13% y el 32%. En cuanto a las exportaciones, el organismo vaticina que se verán especialmente resentidas en América del Norte y Asia. De hecho, los datos hechos públicos por China ya reflejaron una caída del 17,2% durante los dos primeros meses del año. “Las cifras son feas, no hay cómo negarlo. Con todo, una recuperación rápida y vigorosa es posible. Las decisiones que se adopten hoy determinarán la configuración futura de las perspectivas de recuperación y crecimiento mundiales”, afirmó este jueves Roberto Azevêdo, director general de la OMC. Estas previsiones, además, señalan que es posible que el desplome sea más pronunciado en sectores caracterizados por la complejidad de las cadenas de valor, sobre todo en el caso de los productos electrónicos y de la industria del automóvil.

Europa, por supuesto, no se libra de los malos pronósticos. El Índice de Gestores de Compra (PMI, por sus siglas en inglés) del mes de marzo, elaborado por la empresa Markit desde hace más de una década, refleja la mayor caída de toda la serie histórica de la actividad del sector privado de la zona euro –el indicador ha retrocedido de los 51,6 puntos de febrero hasta los 31,4–. La agencia de calificación Moody’s, por su parte, prevé que la economía de la eurozona se contraiga un 2,2% durante este año, frente al 1,2% de crecimiento que le daba antes de la crisis sanitaria. También ven nubarrones de recesión en el Viejo Continente los analistas de los cinco principales institutos económicos alemanes. No obstante, esperan que la economía pueda comenzar a repuntar a mediados de año, una recuperación en forma de “V” que sólo será posible –dicen– si se empiezan a levantar las restricciones de forma progresiva desde finales de abril. Por el momento, los expertos germanos calculan que el PIB de su país se ha contraído durante el primer trimestre un 1,9%. En Francia, la economía ha retrocedido un 6% sólo entre enero y marzo.

Un misil contra la economía española

Ante un escenario inédito, el Banco de España ha decidido retrasar sus previsiones hasta contar con más información. Proyecciones que sí se han puesto sobre la mesa desde otros sectores. Los economistas alemanes, por ejemplo, estiman que el PIB español retrocederá un 8% durante este año, una cifra que desde la patronal de los empresarios CEOE elevan hasta el 9%. Algo más reducido es el impacto que pronostican Funcas y el Consejo General de Economistas: una contracción de la economía del 3% y el 4%, respectivamente. “Hay una gran incertidumbre sobre las cifras. Ahora hacer previsiones es complicado. Lo que sabemos es que vamos a tener una recesión muy seria, que en mi opinión se va a mover en una caída de entre el 5% y el 10% para todo el año. En el segundo trimestre va a ser mucho peor, pero confiemos en que al final se quede más cerca del 5%”, explica en conversación con infoLibre Santiago Carbó, catedrático de Economía de Cunef, que considera que el desplome de la economía española puede ser mayor que el de otros países europeos por la dependencia del turismo, que ha perdido “todo o gran parte del verano”.

En una columna titulada “¿En qué acabará el ‘crash’ de 2020?”, publicada en el diario El País, el analista financiero Juan Ignacio Crespo apuntaba hacia un repunte rápido: “Habrá cifras recesivas tremendas por causa de la interconexión mundial, pero que mejorarán, una vez pasado el contagio, también a toda velocidad”. Carbó, sin embargo, no es particularmente optimista. “La recuperación comenzará cuando la actividad empiece a tener un ritmo cercano al normal. Y para eso falta mucho”, señala. Tampoco se atreve a hacer predicciones sobre esto el economista Javier Santacruz, que explica que tanto las estimaciones de hundimiento como las de repunte dependen mucho tanto de “las estrategias de gestión de la crisis sanitaria” como de las medidas que se tomen con posterioridad para ir normalizando la situación. “Hay dos grupos de países. Por un lado, los que han optado por medidas fuertemente restrictivas de la actividad económica, como España. Por otro, los que han optado por estrategias más selectivas. Donde se ha querido mantener la actividad de la economía, aunque sea a un ritmo muy bajo, será más sencillo recuperarse”, apunta.

El catedrático de Economía de Cunef cree que es necesario poner “más carne en el asador” para evitar que miles de empresas o microempresas desaparezcan. Por el momento, no hay muchos datos sobre el impacto económico de las medidas que se han ido aprobando desde el Ejecutivo central. Sí que hay, no obstante, algunas estimaciones. Los economistas José Boscá, Rafael Doménech y Javier Ferri han intentado en un artículo publicado en el blog Nada es Gratis hacer una aproximación sobre la capacidad de las decisiones aprobadas a la hora de mitigar los efectos de la crisis. “A cambio de un aumento elevado del déficit público durante 2020 (de unos 3,5 pp del PIB con respecto al escenario anterior a la epidemia) se reduce en algo menos de la mitad la caída del consumo privado en 2020 respecto al escenario sin medidas, se detiene la caída anual de la inversión (por la fuerte recuperación a partir del tercer trimestre), y se reduce a menos de la mitad la disminución del PIB en el segundo trimestre, facilitando el rebote de la economía en la segunda mitad del año y la recuperación en ‘V’ de la economía”, concluyen.

Destrucción de empleos

Todos los ojos también están puestos sobre el mercado laboral. La Organización Internacional de Trabajadores (OIT) calcula que la pandemia puede provocar en el segundo trimestre del año una reducción de empleo de un 6,7% de las horas trabajadas, lo que equivale a unos 230 millones de trabajadores a tiempo completo con jornadas semanales de 40 horas. Sobre este asunto también se ha pronunciado en las últimas horas la OCDE, quien ha constatado que “el desempleo ha aumentado bruscamente en la mayoría de los países” que han recopilado sus datos de marzo. En Estados Unidos, por ejemplo, se destruyeron desde mediados de marzo 16,8 millones de puestos de trabajo. Y España, según los datos ofrecidos hace justo una semana por el Ministerio de Seguridad Social, cerró el mes pasado con casi 834.000 empleos menos. Por sectores, los mayores desplomes porcentuales desde la activación del estado de alarma se registraron en la construcción, que se dejó un 12,31% respecto a febrero, y el sector servicios, que retrocedió un 4,4%. En cuanto a la cifra de paro, se incrementó en más de nueve puntos, el mayor repunte de toda la serie histórica.

Tanto Carbó como Santacruz dan por descontado que el impacto en el mercado laboral será “importante”. El catedrático de Economía no cree que vayamos a alcanzar los niveles de la Gran Recesión, pero sí calcula que el paro pueda terminar moviéndose alrededor del 18%. “Confiemos en que el año que viene, a medida que la economía se vaya recuperando, esto se pueda ir corrigiendo”, apunta. “Si se consigue que la renta disponible de los hogares no caiga demasiado, el consumo va a ser la principal fuerza de recuperación y eso hará que el mercado laboral también se recupere gradualmente”, sostiene Santacruz. Optimista es también este último economista con los mercados financieros, que vivieron momentos críticos en marzo: “A lo largo de todo este año esa recuperación va a ser muy notable. […] Los inversores ya han descontado las consecuencias más graves de esta crisis sanitaria”. Algo que Carbó no tiene tan claro: “Todavía quedan semanas de volatilidad y también alguna corrección. […] Hasta que no tengamos una estabilidad clara en todo el mundo, los mercados no se van a recuperar porque la economía no se va a recuperar”.

Puede decirse que, en consecuencia, el conjunto de la UE producía ya a comienzos de este año 2019 un diez por ciento más de riqueza que en 2008. Es ésta una referencia que nos permitirá evaluar si en distintos países (aquí nos fijaremos en España, Francia y Alemania) el balance es más o menos positivo que el del conjunto. Pero también, y esto será especialmente importante, si en algunas actividades (aquí detallaremos las de información y comunicaciones, así como el conjunto de las manufacturas) la progresión fue más o menos acelerada. Y todo ello lo evaluaremos en relación al empleo (en horas de trabajo) que se necesitó para alcanzarlo.

Una acelerada digitalización

El sector de actividades vinculadas a la información y las comunicaciones está siendo uno de los más dinámicos. Por término medio su volumen de producción real se ha incrementado durante esa década en un cuarenta por ciento. Es decir, cuatro veces más que el conjunto de nuestras economías. Y ello sucede tanto en España, como en Francia o Alemania. No se observan en esta galopante digitalización asimetrías o diferenciales de crecimiento significativas.

También es un sector que está creando empleo. Aunque su progresión porcentual es de entre un 10% (en Alemania) y un 17 % (en España) durante esa década. Lo que implica que la producción estuvo creciendo entre veinte y treinta puntos por encima del empleo generado. Un incremento notable de la productividad (relación riqueza y empleo), asociado a un empleo total creciente.

Sin embargo debemos inmediatamente precisar que en estas actividades, que son la punta de lanza de la digitalización, generan apenas un tres por ciento de las horas totales de nuestras economías.

La industria 4.0

Si en el sector de información y comunicaciones el crecimiento de la producción y el empleo entre 2008-2018 fue homogéneo en los tres países considerados, no sucede lo mismo con el conjunto de las manufacturas, como se observa paladinamente en el primer gráfico que presentamos.

Fuente: elaboración propia con datos de Eurostat

Solo Alemania tuvo durante esta pasada década un desempeño notable en su crecimiento de las manufacturas, mientras que en España apenas fuimos capaces de recuperar el nivel de producción manufacturero previo a la crisis y en Francia la progresión fue muy modesta (la tercera parte que en Alemania). Nada que ver con el ritmo de crecimiento de las actividades de información y comunicaciones que analizamos más atrás.

Pero lo que sí observamos en todos los casos es que el trabajo necesario para recuperar esa producción manufacturera está siendo veinte puntos porcentuales inferior al de aquella. Lo que sugiere que aquella galopante digitalización, informatización y automatización de todas las actividades manufactureras (la llamada industria 4.0), si bien nos permite recuperar niveles de producción previos a la crisis (en España o Francia), lo hace con un 20% menos de horas de trabajo necesarias.

Sólo en Alemania las manufacturas consiguen generar algo de empleo neto en la década. Pero ello es así gracias a haber superado en un 20% la producción manufacturera de 2008, a causa de un singular éxito exportador. Sólo con tal éxito, exportador y de crecimiento industrial, pudieron allí evitar el ajuste del empleo que la industria 4.0 supuso en Francia o España. Y, sobra decir, que dicho éxito exportador y progresión industrial no está al alcance de muchas grandes economías. Porque se trata de un reparto de suma cero a escala mundial: no pueden existir muchas Alemanias (o Chinas).

Para el caso de España o Francia lo que se comprueba es que la digitalización acelerada, y su empleo asociado, se traducen en unas manufacturas que consiguen producir lo mismo con mucho menos trabajo humano necesario. Lo que se puede traducir, según como se maneje, en una oportunidad o en una amenaza social.

El resultado global

Con estas premisas, de una semejante progresión digital y una muy desigual progresión industrial, podemos interpretar el resultado global en esos tres países para la década 2008-2018. Resultado global que recogemos en un segundo gráfico.

Comprobamos que Alemania superó el crecimiento medio europeo, que Francia lo igualó y que en España crecimos aproximadamente la mitad de la media europea. Sin duda la clave del éxito alemán está en sus manufacturas, como acabamos de ver, y en sus efectos inducidos o de arrastre en otras actividades de servicios. Un éxito vinculado a su muy singular excepcionalidad exportadora y competitiva dentro de la UE.

Pero tanto en Francia como en España el crecimiento de la producción y del valor añadido generado por dichas economías en la última década no consigue traducirse en una mayor demanda de trabajo humano directo. A causa de que el trabajo necesario sólo aumenta, si lo hace, ocho puntos porcentuales por debajo del nivel del valor producido. Tal parece ser la restricción global que impone el actual proceso de digitalización y automatización de nuestras economías.

Fuente: elaboración propia con datos de Eurostat

En esos dos países el empleo asociado al proceso de digitalización (cuyo mejor síntoma es el subsector de información y comunicaciones), no solo es incapaz de compensar el trabajo industrial que deja de ser necesario a causa de dicha digitalización y automatización (como veíamos con los datos de las manufacturas), sino que tampoco induce en muchas ramas de los servicios (como en la distribución comercial, las finanzas, la logística, etc.) mayores oportunidades de empleos dignos. Una realidad incuestionable para la década que va de 2008 a 2018: crea menos empleo del que destruye. Lo que contrasta con optimistas estimaciones para 2016-2030, según las cuales la digitalización crearía el doble de los empleos que destruiría.

El balance global solo deja de ser negativo cuando se desborda ampliamente la escala del mercado interno para la producción industrial. Solo entonces una economía nacional es capaz de compensar (como sucede en Alemania) los efectos de la digitalización sobre el trabajo humano necesario en relación a la producción nacional.

Conclusión

Más valor con el mismo (en Francia) o con menos trabajo (en España) aconsejaría enfrentar dos cosas al mismo tiempo: redistribuir tanto el valor generado como el trabajo necesario.

Ya que de no redistribuir el (mayor) valor obtenido y el (menor) empleo necesario por la puerta de delante, se nos colarán por la puerta de atrás –ya lo están haciendo– la no inclusividad, la exclusión social, la precarización y los milmillonarios digitales que venden –a quien se lo quiera comprar– que se lo han ganado a pulso.

Algo que nuestro Ministerio de Economía reconoce en su reciente Agenda del cambio, cuando afirma: “La economía ha cambiado, se ha producido la revolución digital y la participación en el Valor Añadido Bruto de los salarios por un lado y las rentas empresariales por otro han seguido patrones claramente divergentes desde el año 2006”.

Sin embargo acabamos de observar que la estrategia alemana parece una excepción más que un modelo a seguir por España. No podemos ser todos Alemanias con superávits externos gigantescos.Alemanias

Baste para ello corroborar que, si como decíamos al principio, en el conjunto de los 28 países de la UE entre 2008 y 2018 creció la producción de riqueza un diez por ciento, el trabajo humano requerido para hacerlo no creció en absoluto. Lo que, de no realizar aquellas dos redistribuciones, hará difícil, por no decir imposible, el absorber en la próxima década (2020-2030) las bolsas de desempleo y de exclusión social hoy existentes. Redistribuciones –de empleo y de riqueza social– que nos deben permitir reducir las jornadas laborales medias de los trabajadores en cómputo anual, en combinación con una renta básica incentivadora de dicho objetivo.

Nos hace falta mucha más inteligencia social para gobernar esta galopante digitalización, pues la actual revolución tecnológica, gestionada a día de hoy privativamente, está convirtiendo sus oportunidades (productivas) en amenazas colectivas.

Las propuestas de un ingreso mínimo vital (2.4.2.) y de aumento de ingresos de forma estructural (2.4.1.1.) para nuestra Seguridad Social, como contrapartes de un aumento de la progresividad para grandes corporaciones, financieras o de hidrocarburos en el impuesto de sociedades (10.2.) y de una nueva fiscalidad sobre operaciones de la economía digital o las transacciones financieras (10.3.), recogidas en el reciente Acuerdo de Gobierno para España, están en sintonía con esas dos redistribuciones que considera insoslayables para este siglo XXI. _________________

Albino Prada es miembro de Ecobas y de Attac y autor del ensayo Crítica del hipercapitalismo digital (2019).

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, que compareció este jueves ante la prensa y Europa Press por última vez como máximo responsable de la política monetaria de la zona euro, no ha reservado ninguna sorpresa para la ocasión y ha cerrado su etapa reclamando a los líderes políticos la creación de una facilidad fiscal europea que permita hacer frente en mejor situación a la próxima crisis.

"Mi legado es no rendirme nunca", ha resumido Draghi como colofón a sus ochos años al frente del BCE, entidad que ha transformado completamente, dotándola de una mayor capacidad de actuación, lo que le ha granjeado también agrias críticas desde las filas más ortodoxas.

El banquero romano, que entre sus logros al frente del BCE puede contar haber salvado al euro dando a Europa la oportunidad de enmendar los errores cometidos en su proceso de integración, ha defendido que la eurozona requiere de una "capacidad fiscal", similar a mecanismos existentes en otras uniones monetarias, aunque para conseguirlo han de cambiarse cosas. "Debe diseñarse de forma que limite el riesgo moral. El diseño de las reglas es muy importante. Creo que es lo principal", ha apuntado.

En su despedida, Draghi ha reiterado la necesidad de que otros actores, aparte de la política monetaria, intervengan con mayor decisión para alcanzar completamente los beneficios de las medidas de política monetaria adoptadas, advirtiendo de que el mayor peligro que se cierne sobre el futuro es el de una recesión, ya sea global o circunscrita a la zona euro. "Si se quiere ver tipos más altos, más pronto, la política fiscal debería actuar", ha enfatizado.

Los datos entrantes desde el pasado mes de septiembre confirman nuestra evaluación previa de una debilidad prolongada en las dinámicas de crecimiento de la zona euro, así como la persistencia de riesgos a la baja y escasas presiones de precios, por lo que los riesgos para las perspectivas de la eurozona siguen inclinados a la baja, ha señalado.

No obstante, el presidente del BCE ha reconocido que los últimos acontecimientos que han contribuido a reducir la probabilidad de un Brexit desordenado han ayudado a mejorar la situación, aunque ha señalado que la evolución registrada en la región desde septiembre ha confirmado que la decisión de actuar del Consejo de Gobierno "estaba plenamente justificada".

En cuanto a su sucesora, Christine Lagarde, Mario Draghi confirmó que la francesa estuvo presente en la reunión del Consejo de Gobierno, aunque no intervino en las discusiones y evitando pronunciar ninguna palabra que pueda ser tomada como una recomendación a la exdirectora del Fondo Monetario Internacional. "Ella sabe perfectamente lo que hay que hacer. No necesita consejo", ha indicado.

Asimismo, Draghi, que se ha mostrado particularmente orgulloso de "haber seguido siempre el mandato recibido", no ha querido dar ninguna pista sobre cuál será su futuro una vez abandone el BCE. "Pregunten a mi esposa. Ella probablemente lo sepa", ha concluido.

El informe Foessa, considerado entre las aportaciones más completas y relevantes a la comprensión sociológica de España, lanza en su VIII edición una señal de alarma: ha quebrado el pacto social. A lo largo de 594 páginas, que recorren de arriba abajo el edificio socioeconómico español, el informe muestra un modelo de desigualdad cronificado y describe una salida de la crisis injusta y segregadora. "Los mayores costes de los ajustes para la denominada salida de la crisis han recaído en los hogares con menos recursos", concluye el informe, coordinado por el Equipo de Estudios de Cáritas y la Fundación Foessa, constituida en 1965 por la organización caritativa de la Iglesia.

Un total de 125 investigadores de 30 universidades y 13 organismos de investigación, expertos en los campos de la sociología, la economía, el mercado laboral, las políticas públicas, la ética y la opinión pública, entre otras áreas, han participado en la realización del estudio, que lanza una grave alerta de fondo: "Se están intensificando y cronificando la pobreza y los procesos de empobrecimiento", al tiempo que se produce una "descalificación" social de la "fragilidad de los débiles". El informe apunta a una "crisis del Estado de bienestar" que no es puntual, ni cíclica, sino el agotamiento del modelo transaccional socialdemócrata entre capital y trabajo".

Un total de 2,1 millones de personas en España viven con la incertidumbre de si se quedarán o no sin vivienda, lo que supone un 4% de los hogares, destaca el informe, que constata un "enquistamiento" de la exclusión social y refleja que la vivienda se ha convertido en causa clave para caer en ella. Un total de 8,5 millones de personas en España están en situación de exclusión social, un 18,4% de la población (casi 7 puntos menos que en 2013) pero todavía son 1,2 millones más que antes de la crisis. De ellos, más de 5 millones sufren "situaciones de exclusión social severa" y más de 1,8 millones forman el grupo de "expulsados" con mayor necesidad de intervención urgente. "La exclusión social se está enquistando. Son un 18,4%, 1,2 millones más que en 2007. Esa es la resaca de la crisis, es lo que denominamos la sociedad estancada, un grupo de personas para el que el ascensor de la movilidad social ya no funciona", señaló durante la presentación Guillermo Fernández, miembro del Equipo de Estudios de Cáritas y de la Fundación Foessa.

El "problema" de la moneda única

El estudio identifica como problema de base la "financiarización" de la economía mundial, causa de un drenaje de recursos disponibles para fines productivos" y una "concentración de la renta". Su diagnóstico no se queda en los resultados sociales de la crisis, sino que trata de apuntar a algunos factores que la han desencadenado o agravado. En ocasiones, con perspectiva controvertidas, como cuando señala que la moneda única, tras suponer en inicio una "clara ventaja para España", ha terminado generando un "serio problema". "Los precios internos crecieron más que los del resto de la eurozona, lo que, careciendo de la posibilidad de devaluar, se tradujo en una creciente pérdida de competitividad de los bienes y de los servicios españoles", señala el informe. Y añade: "El diseño institucional del Banco Central Europeo (BCE) ha representado otro obstáculo para una gestión adecuada de la recesión".

Todo ello ha contribuido a que "la política familiar y de protección a las familias con menores en España ha seguido estando en los niveles más bajos de Europa incluso durante los periodos de mayor crecimiento económico". El resultado es que sólo cabe calificar como "modesto" el Estado del bienestar en España, señala el informe, que destaca cómo "las políticas de ajuste para hacer frente a la gran depresión" han tenido "como prioridad la reducción de la deuda a costa de las prestaciones sociales", citando las reformas de la educación y la sanidad de abril de 2012. También es observable la incidencia en la "precariedad del mercado de trabajo, acentuada con la reforma laboral de febrero de 2012, que fragiliza aún más la estructura social, a la vez que profundiza la dependencia de España respecto del núcleo económicofinanciero dominante en la UE".

Cambio de paradigma

"Venimos de un modelo social que no asumió la pobreza y la exclusión social, las situaciones frágiles y vulnerables, a pesar del gran crecimiento económico del PIB y del empleo durante la última fase expansiva de nuestra economía, 1994/2007", apunta el estudio, que señala que la "solidaridad familiar" ha ido ganando en importancia ante el debilitamiento de la esfera pública con la crisis y la caída del poder adquisitivo. El informe describe todo un cambio de paradigma social a raíz de la crisis. Es lo que el informe llama "cambios en la estructura del bienestar", poniendo ejemplos: en la salud, "del ciudadano al asegurado"; en la vivienda, "de un bien de necesidad a un bien de inversión"; en la dependencia, "de los servicios sociales a las empresas de seguros"; en la gestión del bienestar, "de la rentabilidad social a la rentabilidad lucrativa"; en las políticas contra la pobreza, "de la incoproración social al ocultamiento"; en el sistema educativo, "de las necesidades de humanización a las necesidades del mercado"; en las prestaciones, "del derecho al merecimiento". En cuanto a las relaciones laborales, el cambio es "del convenio social a la mercantilización". Y a ello se añade un cambio cultural: "La desigualdad en el mercado de trabajo está imponiendo el discurso de que el éxito final reside en la consideración del empleo como un privilegio y no como un derecho".

El informe, como corresponde a Cáritas, incide en la dimensión moral de los problemas. Pero no moraliza en abstracto, sino que profundiza en el análisis. Niega, por ejemplo, la neutralidad ideológica de las políticas de austeridad y diagnostica una "mayor debilidad de nuestros mecanismos de protección". "Estamos transformando nuestro modo de responder a las necesidades colectivas", señala. Hay en marcha un "cambio del contrato social" que incluye una "reducción de la movilidad social" y un incremento de las "brechas": la generacional, la de acceso a los distintos tipos de empleo, la de acceso a futuros mecanismos de jubilación. El informe alerta de una "creciente pérdida de universalidad en los servicios básicos del bienestar social", poniendo como ejemplo "la vinculación del acceso a la sanidad a la contribución vía empleo, o las dificultades para la mejora de los sistemas públicos de provisión por la derivación de recursos para la provisión privada".

Miedo y shock

"Se está desarrollando –señala el estudio– una nueva arquitectura social con un cambio cultural en el que se pierden estructuras colectivas bajo la égida del individualismo meritocrático. Se ha optado por el crecimiento económico como talismán único e imprescindible para toda la construcción social". Los autores del informen orientan hacia una conclusión: no es posible un cambio social como el que se ha producido sin un cambio cultural, mental. Es lo que el informe llama "un cambio antropológico acorde con los cambios estructurales". En el resumen ejecutivo, además, se advierte de que la avería social que está provocando un crecimiento del descontento puede ser aprovechado por los mesías políticos de turno. "El miedo es un elemento movilizador, capitalizador de votos y descapitalizador de mirada estratégica", apunta el informe.

La fundación Foessa pone de relieve cómo las crisis "son momentos idóneos para impulsar dinámicas dirigidas a reconfigurar las relaciones sociales, particularmente las relaciones de fuerza entre los distintos grupos sociales". "Nada mejor que una buena crisis, ya sea 'real o percibida', para imponer una agenda de reformas a una población en estado de shock", citando a Naomi Klein. Entre los cambios culturales que se están produciendo, el informe apunta a un "debilitamiento de la cultura cívica de la fiscalidad".

Extremadura, Canarias y Andalucía siguen abajo

Los autores inciden en la necesidad de promover políticas tendentes a la igualdad. Es un terreno en el que España no avanza. "Si hace cuatro décadas España era un país muy desigual en el contexto comparado, hoy es uno de los tres países de la UE 27 donde mayores son las diferencias de renta entre los hogares", señala. Tampoco en el seno del país hay excesivos cambios.

"La tradicional concentración de la pobreza en determinadas regiones —Extremadura, Canarias y Andalucía— parece que no se ha modificado sustancialmente desde los años ochenta", apunta el informe, que pone a Navarra y el País Vasco como contraejemplos. "No parecen ajenas a ello ni la menor incidencia del problema del desempleo ni la mayor inversión en programas de bienestar social", apunta.

Desigualdad crónica

"A principios de los años setenta España era uno de los países industrializados donde la desigualdad era mayor. Cuatro décadas después, tal retrato no parece haberse modificado sustancialmente. España se encuentra tanto dentro del grupo de los países de la UE28 donde más amplias son las diferencias de renta entre los hogares como en los primeros lugares del ranking en las clasificaciones que extienden la comparación internacional al marco más amplio de los países de la OCDE", señala el informe. Ha habido, añade, algunos avances a lo largo del periodo democrático español, pero "persisten algunas debilidades notables en el modelo distributivo español".

No es una situación pasajera. "Este aumento de la desigualdad en la crisis no puede considerarse un proceso puramente cíclico", expone la fundación Foessa, que observa síntomas de enquistamiento. "Especialmente preocupante es el aumento de las situaciones en las que se padecen simultáneamente problemas de privación material y de pobreza monetaria. El porcentaje de hogares afectados ha aumentado en la crisis casi un 50%". "Parece claro –añade– que el crecimiento económico presenta limitaciones para reducir la desigualdad y la pobreza por sí solo, mientras que ambas realidades se convierten en un límite para que el crecimiento pueda alcanzarse de forma sostenida y significativa".

Es la definición de un círculo vicioso, en un diagnóstico coincidente con las conclusiones del estudio La vulneración del derecho al trabajo decente, también con el sello de Cáritas, que subraya cómo la España postcrisis se había instalado en una espiral de trabajo indigno, precariedad y pobreza, con un 32,8% de los trabajadores con jornada parcial indeseada en situación de exclusión social.

Se da una paradoja. Al ser las pensiones un territorio menos azotado por el deterioro que los salarios, se va produciendo un un "claro empeoramiento de la situación de los jóvenes y de los hogares con niños", en paralelo a una "progresiva mejora de las personas mayores". Es una de las manifestaciones de "fractura social", que además durante la crisis se ha ensanchado, dice el informe, que apunta a una "intensificación de los procesos de exclusión en España durante siete años". El deterioro de la cohesión social es "enorme", señalan los autores, dando un ejemplo estadístico: "La exclusión severa se ha incrementado en un 82,6% [con respecto a 2007] y afecta ya a 5 millones de personas en España".

Dependencia del tercer sector

Los autores del informe se esfuerzan en introducir elementos propositivos. A las administraciones públicas les lanzan dos mensajes: uno, proteger la credibilidad y el prestigio de las instituciones; dos, apostar por políticas públicas que favorezcan la inclusión y la igualdad. ¿Lo están haciendo ahora? Según se desprende del informe, no. Es más, están ocupando en parte su lugar las ONG. "La esfera civil o tercer sector, sobre todo el TSAS [tercer sector de acción social], esfera a veces olvidada por los análisis de las políticas sociales, ha pasado de una expansión dependiente del Estado (en cuanto a financiación) a una esfera de bienestar que se ve 'obligada' a dar respuesta a las necesidades de los colectivos más vulnerables", señala el informe, que se detiene especialmente en el daño que los recortes han causado en el sistema público de salud y dar por buena la definición que del mismo hizo Javier Rey del Castillo, uno de los más exhaustivos conocedores del sistema: "La imagen más descriptiva de la situación del Sistema Nacional de Salud en la actualidad es la de un gigante con pies de barro y sin columna vertebral". La reforma del sistema sanitario de 2012, señala el informe, "supone una reducción de la cobertura sanitaria así como un desplazamiento del coste mediante formas de copago o 'recoste" y " amplía el espacio de la desigualdad".

En cuanto a la educación, nuestro sistema educativo puede definirse como un "régimen diferenciado de cuasimercado, dado su nivel medio de gasto público en educación, nivel bajo de gasto local relativo y porcentajes elevados de alumnos en escuelas privadas", señala el informe. No deja de tener un punto paradójico esta denuncia de Cáritas, brazo social de la Iglesia, cuyas organizaciones son las principales beneficiarias del avance de la concertación educativa en España. No es la única contradicción que aqueja a Cáritas, la institución más prestigiosa de la Iglesia católica, que es uno de los altavoces más escuchados sobre la realidad de los más pobres, al mismo tiempo que entre sus financiadores hay una completa nómina de gigantes multinacionales.

El estudio tiene como una de sus bases principales una encuesta a 29.000 personas de 11.600 hogares.

La desaceleración del crecimiento de la economía mundial en 2019 será mayor de lo estimado inicialmente por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha revisado dos décimas a la baja su pronóstico del pasado mes de enero, hasta el 3,3%, mientras que ha confirmado su previsión del 3,6% para 2020, advirtiendo del carácter "precario" de esta recuperación, que estará liderada por las economías emergentes.

"Es un momento delicado para la economía global", ha señalado la economista jefe del FMI, Gita Gopinath, añadiendo que la recuperación prevista a partir de la segunda mitad de 2019 y para 2020 "es precaria y se basa en un rebote de las economías emergentes y en desarrollo", mientras que el crecimiento de las economías avanzadas tenderá hacia su modesto potencial a medida que desaparece el estímulo de la reforma tributaria estadounidense, así como consecuencia del envejecimiento de la población y el escaso incremento de la productividad.

De este modo, las nuevas previsiones del FMI, recogidas en su informe Perspectivas Económicas Mundiales, confirman la pérdida de ímpetu de las economías avanzadas, que crecerán un 1,8% en 2019, dos décimas por debajo de lo anticipado en enero, y un 1,7% en 2020, a medida que disminuye el impulso de la reforma fiscal de EEUU.

No obstante, la institución internacional confía en un repunte de la actividad a partir de la segunda mitad de 2019, subrayando que esta aceleración estará protagonizada por las economías emergentes, que este año crecerán un 4,4% y en 2020 se expandirán un 4,8%, en ambos casos una décima menos de lo anticipado el pasado mes de enero.

En este sentido, la economista jefe del FMI expresa su confianza en que el cambio en la postura de los bancos centrales de EEUU, Reino Unido, la zona euro y Japón hacia políticas monetarias más acomodaticias, servirá de apoyo al rebote de la actividad, al mismo tiempo que China ha lanzado un paquete de estímulos fiscales y parecen aliviarse las tensiones comerciales entre el gigante asiático y EEUU.

No obstante, a pesar de que estas medidas han revertido en parte el endurecimiento de las condiciones financieras y el crecimiento global mantiene una tasa razonable de expansión, "persisten muchos riesgos a la baja", apunta la economista en relación a un posible agravamiento de las tensiones comerciales, así como a un crecimiento de China inferior al esperado o un deterioro de los aspectos vinculados al Brexit que afectasen negativamente a la confianza en los mercados.

"Si los riesgos a la baja no se materializan y las políticas implementadas son eficaces, el crecimiento global debería rebotar", añade Gopinath, advirtiendo, por otro lado, de que en el caso de que "cualquiera de los principales riesgos se materialice" la recuperación prevista para las economías dependientes de las exportaciones y las economías altamente endeudadas "descarrilaría".

De este modo, el FMI ha señalado que "evitar errores" que dañen la actividad económica debe ser la máxima prioridad a la hora de abordar la coyuntura actual, con el objetivo de que la política macroeconómica y financiera ayude a prevenir una mayor desaceleración allí donde la actividad haya caído por debajo del crecimiento potencial, así como facilitar un aterrizaje suave en caso de que sea necesario retirar las medidas de apoyo.

El análisis para España

La economía española crecerá este año un 2,1%, según las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional, que ha revisado una décima a la baja su pronóstico del pasado mes de enero, aunque la institución internacional ha confirmado su expectativa de que el PIB español crecerá un 1,9% en 2020, manteniéndose así en ambos ejercicios por encima de la expansión media anticipada para la zona euro.

En su análisis, la institución internacional aboga por que España lleve a cabo una "reconstrucción gradual" de su colchón fiscal con el fin de garantizar la estabilidad y evitar reavivar la espiral negativa entre los riesgos soberanos y bancarios, añadiendo que los esfuerzos para reducir la dualidad del mercado laboral impulsarían la creación de empleo e incentivarían la inversión privada.

A pesar de este recorte de una décima en su proyección de crecimiento para 2019, España es la gran economía europea que mejor resiste la desaceleración generalizada prevista por el FMI en su informe.

De este modo, la economía española seguirá creciendo en 2019 y 2020 por encima de la media de la eurozona, que ha sido rebajada en tres y dos décimas, respectivamente, hasta el 1,3% este año y el 1,5% el siguiente.

De hecho, en comparación con el resto de las grandes economías del euro, la rebaja de una décima en la previsión de crecimiento para España en 2019 resulta benigna respecto del ajuste realizado en el caso de países como Alemania, Francia o Italia.

Recorte generalizado de previsiones

La desaceleración económica resulta especialmente visible en el recorte generalizado de las previsiones del FMI para las principales mundiales, particularmente en el caso de las economías del Viejo Continente, donde Alemania ha visto reducido en medio punto porcentual su proyección de crecimiento para este año en relación con las previsiones publicadas en enero.

Así, el pronóstico de crecimiento del FMI para la economía germana en 2019, que en enero ya fue recortado en seis décimas, hasta el 1,3%, vuelve a ser ajustado ahora al 0,8%, mientras que la previsión de cara a 2020 se rebaja otras dos décimas y pasa a situarse en el 1,4%.

En el caso de Francia, los nuevos pronósticos apuntan a un crecimiento del 1,3% en 2019 y del 1,4% un año después, dos décimas menos de lo proyectado en enero para cada año, mientras que para Italia la institución ha recortado en medio punto porcentual su previsión de crecimiento para 2019, hasta el 0,1%, aunque mantiene sin cambios su proyección para 2020 en el 0,9%.

Por su parte, el FMI ha ajustado dos décimas a la baja su pronóstico para EEUU en 2019, que crecerá un 2,3%, mientras que ha mejorado en una décima la previsión para 2020, hasta el 1,9%.

Entre las economías emergentes, las nuevas previsiones de la institución contemplan una expansión del PIB de China del 6,3% en 2019 y del 6,1% en 2020, una décima por encima de lo anticipado en enero en el caso de este año, pero una décima menos en 2020.

En el caso de México, el pronóstico para 2019 ha sido rebajado en medio punto porcentual, hasta el 1,6%, mientras que el de 2020 ha sido recortado tres décimas, hasta el 1,9%. Brasil, por su parte, ha visto empeorado en cuatro décimas la proyección de crecimiento para 2019, hasta el 2,1%, aunque la previsión de cara a 2020 mejora tres décimas, hasta el 2,5%.

El ritmo de crecimiento de la economía española se está debilitando, según ha advertido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en línea con las perspectivas de desaceleración detectadas para el resto de las principales economías de la zona euro, así como para el conjunto de países desarrollados. Informa Europa Press.

La lectura de noviembre del índice compuesto de indicadores líderes (CLI) para España vuelve a apuntar a una moderación del impulso de crecimiento, después de bajar a 98,94 puntos desde los 99,13 del mes anterior. "Podemos confirmar que el índice compuesto de indicadores líderes para España sigue apuntando a un pérdida de impulso de crecimiento", indicaron desde la OCDE.

De este modo, este indicador diseñado para anticipar los puntos de inflexión de la tendencia de la actividad económica en una periodo de seis a nueve meses acumula once caídas mensuales consecutivas en el caso de España, situándose en su nivel más bajo desde agosto de 2013. Respecto al mes anterior, el dato registró una caída de 0,19 puntos, mientras en términos interanuales el descenso fue de 1,45, por encima del retroceso medio de la OCDE del 0,12 mensual y del 1,13 interanual.

En línea con los síntomas de debilitamiento del crecimiento de España, el dato correspondiente al conjunto de la eurozona, que se deterioró a 99,4 puntos desde los 99,5 del mes anterior, anticipa la desaceleración del crecimiento económico de la región, mientras que en la OCDE bajó a 99,3 puntos desde los 99,4 de octubre, lo que sugiere una pérdida de impulso económico y supone su peor lectura desde octubre de 2012.

En el caso de Alemania, el indicador adelantado empeoró a 99,8 desde los 99,9 puntos del mes anterior, ofreciendo "signos de debilitamiento del impulso de crecimiento", mientras fuera de Europa, la economía estadounidense pasó de mostrar signos tentativos de debilitamiento en octubre, a confirmar la pérdida de impulso en la lectura de noviembre, cuando su indicador bajó a 99,6 puntos desde los 99,8 del mes anterior.

De hecho, en el caso de EEUU se trata de la primera vez desde mayo de 2016 que el índice compuesto de indicadores líderes ofrece síntomas de "pérdida del impulso de crecimiento", según explicó la institución. Así, entre las principales economías de la OCDE únicamente Japón mostraba un "impulso estable de crecimiento", manteniendo el indicador en 99,7 puntos por cuarto mes consecutivo.

Pues bien, si los europeístas no nos levantamos, el oxígeno puede faltar en unos meses.

Las previsiones indican que uno de cada tres votos en las próximas elecciones al Parlamento Europeo irán a partidos nacionalistas, que no quieren ceder soberanía estatal. Vox es en España la filial de esa multinacional antieuropea.

La atomización del voto en la mayoría de los países europeos no solo afecta a la composición del Parlamento Europeo. Los gobiernos estatales que componen el Consejo están débiles porque en sus propios países tienen poca fuerza. De nuevo, España es un ejemplo, pero lo mismo sucede en Francia, en Alemania, en Italia.... Gobiernos débiles, coaliciones de pura conveniencia, liderazgos pobres. ¿Cómo pueden diseñar los presidentes o primeros ministros el futuro de la Unión si ni siquiera están en condiciones de garantizar su propia supervivencia?

La actual Comisión Europea, dirigida por Juncker, ese personaje que inspira como un borracho contando chistes en un bar, termina mandato este año. Los socialistas y los populares europeos presentan a su spitzenkandidat, el holandés Timmernans y el alemán Weber, respectivamente, que por el momento tampoco parecen ser el milagro que Europa necesita.

Las debilidades nacionales y la atomización del voto, antes más concentrado en las dos grandes coaliciones de derecha e izquierda moderadas, retrasará debates y decisiones tan cruciales como el nuevo marco financiero de la Unión.

Trump, Putin y Xi Jinping se frotan las manos. Nada une más que un enemigo común, y para cada uno de ellos la Unión Europea, por motivos parecidos, es una amenaza. Porque impone controles al comercio internacional para garantizar el respeto a ciertas normas medioambientales y de derechos humanos. Porque actúa como la conciencia del mundo. Porque da acogida a los disidentes y los refugiados. Porque evita desmanes y regula desigualdades. Porque, en definitiva, es demasiado progresista.

No es una broma. O nos levantamos y les paramos, o van a interrumpir nuestro sueño europeo posiblemente para siempre.

Yascha Mounk es uno de esos pesimistas en el diagnóstico que, sin embargo, logran empapar de entusiasmo sus escritos proponiendo vías de solución. Politólogo en Harvard y director del Instituto Tony Blair para el Cambio Global, ya avisó en 2014, en su ensayo Stranger in my own country, de las señales de deterioro de la democracia liberal, en riesgo en países donde se creía irreversible desde el fin de la historia decretado por Francis Fukuyama en 1992. En El pueblo contra la democracia (Paidós, 2018), Mounk desarrolla y completa su tesis: existe no sólo un peligro, sino un proceso de "desconsolidación" de las más variadas democracias, víctimas de "acérrimos iliberales" que hacen su agosto electoral en buena parte de Occidente. Sobran ejemplos, ya en el Gobierno o en ascenso: Trump en Estados Unidos, Salvini en Italia, Orbán en Hungría, Le Pen en Francia, Farage en el Reino Unido del Brexit... "Incluso en democracias tan supuestamente estables y tolerantes como son las de Suecia, Alemania y los Países Bajos, los extremistas están cosechando éxitos sin precedentes", anota Mounk. El mito de que los sistemas en que la voluntad popular (democracia) y la garantía de derechos (liberalismo) formaban "una amalgama estable y resiliente" se cae. Las democracias pueden sucumbir, nos dice Mounk. Y no hay un Rubicón, una línea roja traspasada a partir de la cual entramos en otra cosa. Es un largo proceso.

Lo que sí se aprecian son pistas. Las encuestas indican que los millennials estadounidenses no ven tan importante vivir en una democracia como sus padres o abuelos, subraya Mounk. El creciente desprestigio democrático es un fenómeno que se extiende a Europa, donde las autoridades no aciertan con el remedio. Los índices de confianza y valoración de la política bajan a ojos vista. Mounk traza una explicación de largo alcance. El progreso de posguerra se agotó. La política incumplió su parte del trato tras la crisis de 2008. Casos como la capitulación griega ante Bruselas evidenciaron los rotundos límites a la voluntad popular. Internet –y ahora viene la robotización– hace moverse el suelo bajo los pies de millones de trabajadores. Los cambios de composición demográfica de países fundados sobre una base monoétnica conducen a una "rebelión contra el pluralismo". La desmemoria sobre el fascismo nos hace creer que la democracia es eterna. Los grandes medios perdieron el monopolio informativo y así desapareció la vieja ordenación cartesiana de un mundo que cabía en unos pocos titulares. Las redes sociales facilitan las cosas a los "instigadores de inestabilidad", que triunfan con un mensaje que combina el "yo soy el pueblo" con el señalamiento de culpables fantasmales fácilmente identificables (Washington, Bruselas, la inmigración...) y el desprecio por las reglas del juego.

El resultado es una "doble crisis" de la democracia liberal, que para sobrevivir necesita un compromiso real de una notable mayoría de su población, un rechazo a las alternativas a la misma y un consenso general sobre sus reglas. Requisitos exigentes. La doble acometida, señala Mounk, llega desde el "populismo" –término en permanente disputa– y la tecnocracia. Es decir, desde una democracia sin derechos, donde las garantías quedan arrolladas por un plebiscitarismo entronizador del pueblo, hasta unos derechos sin democracia, donde los tecnócratas gobernantes se encastillan tras los gruesos muros de unas instituciones que se reclaman intocables incluso si fracasan. Mounk advierte: "Un sistema que prescinde de los derechos individuales para elevar la voluntad popular a los altares puede terminar volviéndose contra el pueblo mismo. Y un sistema que prescinde de la voluntad popular en aras de la protección de los derechos individuales puede acabar recurriendo a una represión cada vez más descarada".

  Mutaciones democráticas

El catedrático de filosofía política y social Daniel Innenarity desecha el dramatismo. Ha leído demasiados obituarios de la democracia, lo cual le preocuparía "si los académicos disfrutaran de un especial prestigio en materia de necrología". Eso sí, señala el riesgo de que la democracia alcance la inmortalidad como "necrocracia", aquella "democracia ritualizada sobrevive a pesar de que haya sido banalizada, no despierte demasiadas pasiones y sus valores y principios estén en boca de todos, incluso de aquellos que de hecho representan todo lo contrario". Más que de su ocaso, el director del Instituto de Gobernanza Democrática quiere hablar de sus mutaciones. Y recuerda que algunas de las versiones que se creyeron eternas de democracia (Atenas, Roma, Venecia) desaparecieron. "La historia está llena de gente que no pudo imaginar que iba a acabarse la estabilidad de la que gozaban, como los sacerdotes paganos, los aristócratas franceses, los granjeros rusos y los judíos alemanes", señala Innenarity, precisamente remitiéndose a Mounk. ¿También los occidentales de este arranque de milenio vivimos en el autoengaño? Depende –cree Innenarity– de nosotros mismos. Como afirmaba John Adams, segundo presidente de Estados Unidos, las democracias mueren por suicidio.

No es demasiado útil buscar paralelismos exactos en el pasado. Nuestra "analogía favorita", el desastre de los años 30, no sirve, señala Innenarity. Ha habido demasiados cambios desde entonces. "Más que complots contra la democracia, lo que hay es debilidad política, falta de confianza y negativismo de los electores, oportunismo de los agentes políticos o desplazamiento de los centros de decisión hacia lugares no controlables democráticamente", explica. No estamos ante el golpismo histórico, sino ante oportunistas ávidos de atención que se benefician de la respuesta fofa de un activismo convertido en vouyerismovouyerismo, "en el que es difícil discernir la opinión autónoma del automatismo de opinar", dice Innenarity. Opiniones trituradas por un mundo complejo, que cada vez nos mostramos más incapaces de ordenar en categorías comprensibles.

Aunque Mounk pone el énfasis de su alerta en el populismo, también señala con el dedo la languidez democrática que apareja la tecnocracia. Y ahí habla de legisladores burocratizados, políticas económicas al dictado de bancos centrales, tal cantidad de tratados internacionales vinculantes hasta el último detalle que cada vez más temas quedan fuera del debate político, financiación privada de partidos y campañas que determinan la agenda con la ayuda de lobistas, endogamia social de la clase dirigente... Está ocurriendo en Europa y es estructural en Estados Unidos. Innenarity conoce el diagnóstico habitual sobre la tecnocracia y la posible solución a la que se suele apuntar: mayor participación política. Más fácil de decir que de hacer. También difícil se está revelando frenar a los "falsificadores de la realidad", que ofrecen "simplificaciones tranquilizadoras" para un mundo vertiginosamente cambiante, explica el profesor.

  Indicadores de autoritarismo

Como estudiosos estadounidenses del fenómeno de la involución democrática, los profesores de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblat admiten su desazón al comprobar cómo tras años poniendo el foco en la Europa de los 30 o la Latinoamérica de los 70, ahora su propio país se ha convertido en objeto de investigación. Y ello al margen de que Trump haya llegado al poder de forma democrática. "Como Chávez en Venezuela, dirigentes elegidos por la población han subvertido las instituciones democráticas en Georgia, Hungría, Nicaragua, Perú, Filipinas, Polonia, Rusia, Sri Lanka, Turquía y Ucrania. En la actualidad, el retroceso democrático empieza en las urnas", señalan ambos autores en Cómo mueren las democracias (Ariel, 2018). Levitsky y Ziblat parten de los indicadores clave del comportamiento autoritario: débil aceptación de las reglas del juego, negación de la legitimidad de los adversarios, tolerancia de de la violencia y predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición y los medios. Ninguna democracia puede presentarse ajena a todos estos fenómenos, pero son su continuidad e intensidad las que determinan la caída por la pendiente.

Los autores de Cómo mueren las democracias constatan el ascenso de estos indicadores en numerosos regímenes a causa de líderes populistas de toda laya, incluyendo Estados Unidos, donde el proyecto autoritario de Trump se topa al menos, como ocurre en las naciones europeas más desarrolladas, con un curtido sistema de equilibrios y compensaciones y con algunas de las instituciones más sólidas y prestigiosas del mundo, léanse Harvard o The New York Times. Pero eso no significa –advierten Levitsky y Ziblat– que el ciudadano de a pie no tenga que actuar. En su libro, que se atreve a hacer proyecciones distópicas del trumpismo que ponen los vellos de punta, los autores apuntan las principales líneas de acción para "salvar la democracia". Y aquí es cuando toca explicar que no hay soluciones mágicas. Tomando como referencia a la América de Trump pero diseñando un conjunto de remedios democráticos que podrían valer para el combate contra todos los líderes iliberales, Levitsky y Ziblat instan a la formación de grandes coaliciones transversales, que integren ideologías diversas con el rasgo en común del rechazo a la polarización. A ello se debe sumar la defensa de políticas contra la desigualdad y de convivencia entre etnias y culturas. No es fácil. Pero es lo que hay.

"De Estados Unidos a Gran Bretaña, y de Suecia a Australia, la democracia ya no parece ser la única alternativa concebible", leemos en El pueblo contra la democracia. Mounk no oculta su turbación por el caso polaco por el rápido alejamiento de la democracia liberal de un país situado hasta hace apenas 15 años como ejemplo de transición poscomunista. El partido Ley y Justicia se dedica a socavar la neutralidad de las instituciones, utilizando fondos públicos para difundir propaganda política, atacando el derecho a expresar opiniones impopulares... "Todas las grandes señales de advertencia que hoy se están disparando en amplias zonas de América del Norte y Europa occidental estaban ya presentes en Polonia mucho antes de que el Gobierno de Ley y Justicia pusiera en marcha su ataque coordinado contra las instituciones democráticas", señala Mounk, nacido en Alemania de padres polacos. Estos rasgos incluyen una visión negativa de la democracia, extendida receptividad ante mensajes y actitudes autoritarias y propensión a identificar enemigos fáciles e incluso en creer en teorías de la conspiración. A esto sumamos la eclosión de la nueva economía digital, con sus incertidumbres aparejadas, la crisis de la gran ciudad por las mayores dificultades de acceso a la vivienda y la creciente incapacidad de los Estados para recaudar impuestos de las grandes empresas.

El profesor en Harvard señala dónde hay que levantar los diques. Jamás mostrar "condescendencia" hacia el populismo es la condición sine qua non. Pero para ganar la batalla a largo plazo hay que "unir a los ciudadanos en torno a una concepción común de su nación, darles una esperanza real sobre su futuro económico, y hacerlos más resistentes a las mentiras y al odio con los que se encuentran en las redes sociales todos los días". "Inmensos desafíos", conviene Mounk, que incluye entre ellos meter en cintura al nacionalismo, ese "animal medio salvaje, medio domesticado". "Mientras lo tengamos bajo control, puede ser tremendamente útil [...]. Pero siempre amenaza con liberarse de las restricciones que le imponemos. Y si logra zafarse de ellas, puede ser letal".

  Populismo español

Ojo con el término "populismo". Aunque sin entrar a fondo en el caso español, Mounk alude de pasada al fenómeno populista mencionando, por ejemplo, a Podemos y al Movimiento 5 Estrellas italiano. "Los populistas, sean de donde sean –desde el indio Narendra Modi hasta el turco Recep Tayyip Erdogan, desde el húngaro Viktor Orbán hasta el polaco Jaroslaw Kaczynsky, y desde la francesa Marine Le Pen hasta el italiano Beppe Grillo suenan [...] sorprendentemente similares [...] pese a sus considerables diferencias ideológicas", escribe. El politólogo Albert Balada, experto en liberalismo y democracia, enarca una ceja al escuchar el término. Para él, "populista" no debe tener connotaciones peyorativas. Toma como referencia a Philip Pettit para distinguir entre dos grandes modelos, el republicano, "basado en instituciones intocables, que tiende a la bunkerización y la tecnocracia", y el populista, que "propugna un retorno a principios esenciales de la democracia" que Balada busca en el liberalismo del siglo XVIII en Francia y Estados Unidos: vida, libertad, igualdad, felicidad, seguridad, propiedad... "Cuando la democracia se aparta de estos valores", opina Balada, "es cuando está en peligro".

Balada cree que la Europa democrática se ha obsesionado con señalar con el dedo a los "peligrosos populistas", sin reparar en que no son amenaza sino síntoma del deterioro del proyecto. "Aquí en España modificamos el artículo 135 con alevosía. Europa defiende los intereses de la banca, y eso es algo que ve la gente de a pie, incluso sin formación. Pero inmediatamente se tacha de populista a quien no acepta la política de inmigración europea, como Salvini", explica el politólogo, que aclara que no defiende al Gobierno italiano, sino que se rebela ante las categorías políticas oficiales. "No debemos ser arrogantes. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, lo mucho que estamos fallando. El problema es que los politólogos han aceptado la noción de populista que sueltan los periodistas. Hay poco rigor", señala. Por ejemplo, en España el término se viene refiriendo cada vez más para Podemos y Vox. "Vox es fascista, sin más. Es un discurso joseantoniano, falangista. Y Podemos en esencia lo que plantea es una modificación de las instituciones de poder, en línea con los principios democráticos originales", explica.

El sociólogo Manuel Jiménez recuerda que los "personajes populistas" con tintes "amorales" siempre han estado ahí. Su éxito actual, analiza, obedece a un deterioro de las instituciones y a una mayor precariedad laboral. Y al fracaso del propio sistema político para filtrarlos. Por ejemplo, Trump se le coló al Partido Republicano. La crisis de los grandes partidos ha retirado un cortafuegos contra los nuevos mesías, que montan plataformas electorales a su medida casi de un día para otro. "No encuadraría a Podemos dentro de la etiqueta del populismo. Por ideología y discurso, más allá de la utilización de recursos populistas en su discurso, un rasgo común a todos los partidos, en la práctica sus posiciones sobre la democracia y su trato a sus rivales políticos no son populistas". Coincide la politóloga y editora de Politikon Berta Barbet. "Meterlo en el mismo saco que a los xenófobos nacionalistas es hacer un dibujo de trazo grueso. Podemos renueva un espacio que ya existía. Ahora mismo se parece más a Syriza que al Movimiento 5 Estrellas". El economista David Lizoain va más allá y en El fin del primer mundo (Catarata, 2017) incluye a Podemos junto a Syriza y Mélenchon entre las fuerzas que "han ofrecido esperanza mientras exigían fe", aunque sin demostrar "capacidad de transformación", al tiempo que considera "prometedor" el activismo de Occupy y los "indignados".

Donde sí ve populismo Jiménez, profesor en la Universidad Pablo de Olavide, es en el PP. "Uno de los indicadores de peligro más claro para la democracia es la incapacidad de aceptar derrotas electorales, como el PP con la moción de censura", explica. Caso aparte es el independentismo catalán, donde se concitan numerosas situaciones de alerta. "No se acepta ni se respeta al adversario, se modifican las reglas para beneficio propio sin consenso", señala Jiménez con la vista puesta en el "discurso nacionalista excluyente".

Como respuesta a la crisis catalana, Pablo Casado (PP) y Albert Rivera (Cs) rivalizan en proponer medidas de mano dura, a menudo sin reparar en los límites legales. Casado habla cada vez con menos matices de actuar judicialmente contra los partidos independentistas, entrando de lleno en el discurso de la ilegalización. Coinciden los analistas en que la acción-reacción en torno a Cataluña puede conducir a situaciones de riesgo democrático. ¿Un auge de la extrema derecha? Lo cierto es que en España nunca lo ha habido. ¿Por qué? La politóloga Barbet cree que la canalización de la energía identitaria hacia Cataluña la desvía de la inmigración, tema fundamental para el impulso de la ultraderecha. Es una de las explicaciones que se vienen manejando para explicar por qué en España aún no ha llegado al poder un Salvini, un Trump, un Orbán... "El PP nunca ha necesitado hacer ese giro, no ha tenido incentivos para hacerlo", señala Barbet, que apunta también a la idea –citando al politólogo José Fernández-Albertos– de que la calidad del sistema asistencial a los desprotegidos es tan baja que no genera esa reacción xenófoba por competencia ante el recién llegado que sí han visto Estados con mayor bienestar. Una paradoja, sin duda.

  Desafíos y mentiras

El Trump, el Salvini, el Orbán, el Kaczynsky o el Le Pen español, si ha de llegar, aún no lo ha hecho. Pero cualquiera habrá identificado en los tics autoritarios descritos rasgos de nuestro ecosistema político. Pedro Riera, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid, lo expresa con elocuencia: "Todos los partidos tienen un populista dentro". Es más, todos los países llevan dentro ese demonio, más o menos adormecido (y aquí el término lleva toda su carga peyorativa). Este domingo hay elecciones en Brasil. El ultra Jair Bolsonaro es el favorito. La batalla sigue en múltiples frentes.

Como señala Mounk, la democracia liberal no se pierde de golpe. Se va perdiendo. "Lo más probable es que la presidencia de Trump no sea más que la salva de bienvenida de una lucha más prolongada", escribe Mounk. Tampoco la República romana cayó de sopetón. Primero fueron–recuerda en El pueblo contra la democracia– los cambios económicos y sociales del siglo II antes de Cristo, que degeneraron en "una mezcla tóxica de indignación y resentimiento". Luego vino el enfrentamiento de la vieja élite con tribunos de la plebe que traían bajo el brazo la promesa redistributiva. Choques civiles, gobiernos tumultuosos y pulsiones tiránicas fueron sucediéndose. "No hubo ningún punto de inflexión", anota Mounk. "Cuando los romanos corrientes tomaron por fin conciencia de que habían perdido la libertad de autogobernarse, hacía ya mucho tiempo que la República estaba perdida". ¿Puede volver a ocurrir?

Resulta casi surrealista que nos estemos planteando la pregunta sobre el futuro de la democracia justo cuando, objetivamente, Occidente atraviesa un periodo de inédita bonanza material, a pesar de la crisis y los desafíos. "Nacer hoy en el primer mundo es como ganar la lotería del nacimiento", escribe David Lizoain en El fin del primer mundo. "Aun así", añade, "millones de personas en los países más ricos están cabreadas. Tienen que lidiar con unas economías estancadas, una desigualdad creciente y montañas de deuda". El resultado es un debate público degradado, en el que "se ignora a los científicos que nos advierten sobre el grave peligro que supone el cambio climático" al mismo tiempo que "los demagogos y charlatanes salen fortalecidos".

El problema de los populistas es que pueden decir sin mentir que las fuerzas tradicionales fallaron y engañaron. El capitalismo no se refundó. Los especulación y las finanzas tóxicas siguen ahí. El rescate bancario no se ha devuelto. Lizoain agita estos factores en la misma coctelera que el declive de las profesiones liberales, el ocaso industrial, la dificultad para obtener estabilidad laboral, la corrupción y la incapacidad de las instituciones para controlar a las grandes multinacionales. "A fin de cuentas, Cocacola está hoy mejor organizada de lo que jamás lo estuvo el Comintern. La sensación de que los gobiernos son impotentes está parcialmente justificada, pues tienen menos capacidad de intervención que antes", escribe. Abono para el caudillismo.

Lizoain comparte elementos del diagnóstico de la populistología, pero no se distrae de una idea central: la amenaza se llama "derecha radical" y sus mecanismos son prometer que es posible ir atrás en el tiempo hasta la época de las certidumbres y señalar chivos expiatorios. Ante eso –otra vez no hay recetas mágicas–, propone "seguridad económica" para la mayoría, vivienda asequible, robustez del Estado del bienestar, combate eficaz contra los paraísos fiscales y, en el terreno de las ideas, rechazo de los estereotipos. Hay mucho mito que desmontar. Cómo hacerlo cuando la mentira y la posverdad nos entran por la televisión, el ordenador y el teléfono móvil en un formato más digerible que el periodismo es una pregunta que el propio oficio periodístico se hace cada día.

  Una democracia completa

"La democracia ha de temer más a sus falsos amigos que a sus verdaderos enemigos", señala Innenarity. El catedrático de filosofía política y social, autor de ensayos como Un mundo de todos y de nadie y La democracia del conocimiento, no dirige el mensaje contra los aspirantes a caudillos, sino hacia la sociedad, que no puede asistir impávida a la mutilación de la democracia. "La legitimación democrática no debería sustituirse por ninguno de sus momentos concretos, como Estado de derecho, participación, responsabilidad, deliberación, transparencia...", explica. El riesgo que encara la democracia, más que su tan mencionado fin, es el de su mutilación. "Se degrada la democracia cuando se absolutiza el momento plebiscitario o la lógica del click, pero también cuando entregamos el poder a los expertos e impedimos la circulación de las élites o cuando entendemos la democracia como soberanía nacional impermeable a cualquier obligación más allá de nuestras fronteras", afirma.

Con esta afirmación sale al paso del discurso que tacha a la UE de pseudodemocracia vacía que hurta la soberanía nacional. "No es cierto", explica Innenarity, "que los procesos de interdependencia conduzcan a una extinción de la política, como se celebra desde la óptica neoliberal o se lamenta desde el soberanismo clásico. Como decía Ulrich Beck, no es que la política haya muerto, sino que ha emigrado desde los clásicos espacios nacionales delimitados a los escenarios mundiales interdependientes. Es allí, o sea aquí, donde se juega el futuro de la democracia". Quizás no es que "la Unión Europea no es suficientemente democrática porque no ha sido capaz de reproducir a escala europea la democracia que supuestamente funcionaría en sus Estados", sino que "el déficit se debe a que los Estados todavía no han conseguido democratizar su interdependencia". El planteamiento de Innenarity sirve para robarle la cartera al populista de turno que aparezca con la promesa del "power to the people". La democracia no es sólo una urna, ni un referéndum, ni una Constitución. "La democracia es un proceso. Hemos de trabajar en favor de una cultura política más compleja y matizada", afirma.

Se trata de construir una democracia que se defienda no sólo de los malos gobernantes, sino incluso de sí misma. De nosotros mismos. "La democracia tiene que ser pensada como algo que funciona con el votante y el político medio, que sobrevive si su propia inteligencia compensa la mediocridad de los actores, incluido el eventual paso de unos monos por el gobierno". Pero no demos ideas.  

La última reunión del Eurogrupo, este 21 de junio, convocada para aprobar el plan de salida de Grecia, no ha sido una excepción. Como en ocasiones anteriores, se produjo una refriega entre los ministros de Finanzas de la zona euro que enfrentaba a partidarios de una línea dura y a los más conciliadores. De madrugada, se anunciaba por fin un acuerdo, para alivio de las partes.

Diez años después del comienzo de la crisis, los ministros de Finanzas creen que han terminado con Grecia. Después de múltiples planes de rescate, de ajuste, de rigor, de austeridad, Atenas, desde el 21 de agosto, tiene que poder avanzar sola, sin apoyo de Europa, financiándose por sí misma en los mercados. Oficialmente, el periodo del plan de rescate, negociado en condiciones dramáticas en julio de 2015, está a punto de concluir. “Es un momento excepcional. La crisis griega termina aquí, esta tarde en Luxemburgo”, insistía Pierre Moscovici, comisario europeo de economía, que en su blog ha llegado hablar del “fin de la Odisea” de Ulises. “Grecia está pasando página. Hemos ideado un conjunto de medidas para abandonar el programa con confianza”, decía el ministro griego de Finanzas, Euclid Tsakalotos, felicitándose por el hecho de que su país sea tratado como Irlanda y Portugal tras abandonar el plan de ayuda europea y por no ser situado en arresto domiciliario, con visitas periódicos de la Troika, como algunos miembros europeos pretendían.

Pero más allá de este favor consentido al Gobierno griego, nada cambia. Este plan de salida europeo se parece a todos los anteriores de Atenas: irreal. Una vez más, los responsables europeos se han contentado con comprar tiempo, esperando que se termine encontrando una solución mágica. Porque Europa no responde a la cuestión fundamental: la sostenibilidad de la situación financiera griega. La deuda del país, cada vez mayor, es insoportable a largo plazo. Y ahora es del 180% del PIB.

Desde hace años, Europa es inflexible en ese sentido. Pese a todos los estudios y todos los avisos que instan a la necesidad de reestructurar la deuda, los responsables europeos han vuelto a rechazar cualquier cancelación de la deuda griega. Su única concesión ha sido la de posponerla en el tiempo. Según el acuerdo anunciado, los europeos han aceptado diferir el reembolso de los 96.000 millones en préstamos otorgados a Atenas, es decir, el 40% del total, en diez años.

Los primeros reembolsos no llegarán hasta 2033 en lugar de empezar en 2023. Además, los plazos –el vencimiento– de las emisiones de obligaciones van a ampliarse diez años. El reembolso por parte de Grecia de la totalidad de las deudas contraídas en el mecanismo europeo de estabilidad (MES) se prolongará hasta 2069. En el comunicado, los responsables europeos prometen reexaminar la situación de la deuda griega y proceder a eventuales cancelaciones, a partir de 2023. O lo que es lo mismo, se pospone a calendas griegas.

Aunque los términos no son generosos, lograr este compromiso ha sido doloroso. Según un escenario bien conocido, los alemanes y los países del norte de Europa se oponían a cualquier planificación que pudiese llevarlos a pagar por Grecia. Hasta la fecha, la crisis griega no ha sido un mal negocio para los europeos. Según el propio Mario Draghi, el Banco Central Europeo consiguió 7.800 millones de plusvalías en los títulos griegos entre 2012 y 2016. El Bundesbank cuantifica en 2.900 millones las ganancias logradas solo gracias a Grecia. En el marco del acuerdo del 21 de junio, el BCE propone devolver las ganancias obtenidas al Gobierno griego, al ritmo de mil millones anuales. ¿Por qué no devolver la totalidad, de inmediato? Misterio. Sin duda para no dar sensación de facilidad al Gobierno de Alexis Tsipras.

Pero los europeos son conscientes de que, pese a todo, hay que hacer algunos gestos para lograr algo de credibilidad. Para acompañar a Grecia en un primer momento, han previsto un colchón financiero de seguridad, en caso de que el acceso a los mercados financieros fuese difícil. También en este caso, el montante de las sumas que pueden concederse fue motivo de acaloradas discusiones: Berlín quiere limitarlo a 11.000 millones de euros, mientras otros países pretendían elevarlo hasta 20.000 millones. Según el método europeo, el compromiso ronda los 15.000 millones de euros.

Lo que parece ser una medida de acompañamiento generoso no es más que una decisión de precaución técnica. Tal y como ha señalado el Tribunal Europeo de Cuentas, Grecia debe, desde la salida, hacer frente a un muro financiero casi infranqueable. “En 2019, las necesidades brutas de financiación ascenderán a 21.000 millones, incluidos los intereses”, escribe. Estos pagos se adeudan, en esencia, a acreedores privados.

Grecia, que no ha tenido acceso a los mercados financieros durante casi una década, es incapaz de hacer frente a tales reembolsos, sobre todo si necesita tomar prestado al 3%-4% en lugar del 1%. Como en los planes anteriores, la ayuda avanzada por Europa parece destinada a garantizar el pago de los primeros vencimientos, a evitar la quiebra y salvar a los acreedores, empezando por sus bancos, dejando migajas a Grecia.

Como siempre, esta ayuda se ha concedido con condiciones. Según los términos fijados por Europa, el Gobierno griego debe comprometerse a lograr un superávit presupuestario (antes del pago de los intereses de la deuda) de al menos el 3,5% del PIB hasta 2022 y del 2,2% del PIB de media durante los 37 años siguientes.  Con estos criterios, Europa impone una política de austeridad y reformas estructurales cada vez más regresivas y recesivas.

Economía enjaulada

“Ningún país es capaz de mantener a largo plazo semejantes excedentes presupuestarios”, han avisado en varias ocasiones los economistas del FMI. En la misma línea, numerosos economistas consideran estas exigencias contraproducentes y asfixiantes. Estos análisis han sido obviados por el Eurogrupo. Cualquier ajuste podría ser, en su opinión, una mera incitación al laxismo. Y esperan de los mercados financieros que inciten continuamente a la virtud a Grecia.

Al estilo, en cierto modo, del comisario alemán de Presupuesto, Günther Oettinger, que llegó a decir que “los mercados iban a enseñar a los italianos a votar bien”, el director general del MES, Klaus Regling, lo resume en estos términos: “Si el Gobierno griego no pone en marcha reformas duras necesarias, la confianza de los inversores se vería lastrada y los mercados se vengarán”, ha avisado.

Pero estas medidas adoptadas por el Eurogrupo ¿son realmente para inspirar confianza a los mercados financieros? Al término de la reunión, la directora del FMI, Christine Lagarde, manifestó sus “reservas” sobre los ajustes acordados por los europeos. La situación de endeudamiento de Grecia a largo plazo le sigue pareciendo problemática.

En Europa, nada permite aflojar el control financiero de Grecia. El país corre el riesgo de verse en una jaula, de tener prohibido durante años cualquier proyecto de reactivación o de apoyo económico.

Ahora bien, lo que necesita el país es un plan de reconstrucción. El 2,3% de crecimiento del primer trimestre de 2018 no borra el 30% de caída del PIB en unos años. No sólo la sangría impuesta a Grecia –algo inédito en el mundo occidental– ha precipitado la población en el paro, también ha destruido o debilitado una base productiva que era ya reducida. El repunte percibido en los últimos trimestres se debe esencialmente al turismo, pero la economía griega, en su conjunto, no es capaz de responder al menor sobresalto, dada la falta de inversiones.

Grecia se encuentra condenada a ver cómo su economía evoluciona igual que un suflé, que baja poco después de subir porque no puede apoyarse en ningún motor de crecimiento sostenible. Más aún por cuanto es un Estado a quien Europa prohíbe cualquier endeudamiento (salvo para saldar sus deudas), por lo que los bancos no pueden tomar medidas.

El sistema bancario se encuentra en un estado de deterioro avanzado. El BCE que ha proporciona ayuda a todo el sistema bancario europeo, comprando obligaciones del Estado u obligaciones de empresas desde hace meses, ha excluido a los bancos griegos de este sistema de refinanciación. Resultado: los balances de los bancos griegos, lastrados por los créditos incobrables o impagables por un importe del 40-50% de la deuda, no han conocido un comienzo de reestructuración. Según una estimación del Banco Central Europeo, los principales bancos griegos necesitan al menos 15.000 millones de euros de recapitalización en los próximos meses.

Del mismo modo que no ayuda al país con la acogida de migrantes, Europa se dispone a abandonar a Grecia con sus problemas económicos y financieros esenciales, sin proporcionarle una solución o financiación. Incluso respetando todas las medidas europeas, el acceso del Estado griego, de sus bancos y de sus empresas, las mercados financieros está todo menos salvo garantizado (o a precios prohibitivos). Mientras numerosos inversores dudan de la leyenda europeo sobre la recuperación griega.

Al término del Eurogrupo, el presidente dle Banco Central Europeo, Mario Draghi, también él parecía dudar, saludando sobre todo el hecho de que “los ministros de Finanzas estuviesen dispuestos a contemplar otras medidas de protección en caso de que se materializasen escenarios económicos adversos”.

Aunque no hablen de ello, lo sucedido en el mercado italiano a finales de mayo está en la cabeza de muchos. La breve deriva financiera en los mercados de obligaciones, tras el imbroglio político italiano, ha demostrado que hacía falta pocas cosas para que la crisis del euro se reavivase. En unas horas, toda la liquidez que existía en el mercado italiano se volatilizaba, conllevando un alza rápida de los tipos italianos pero también de los españoles o portugueses.

Esta vez, Grecia no sufrió las consecuencias porque estaba protegida. Pero si se repite algo simular o más grave en los próximos meses –algo que no se puede descartar, habida cuenta de la descomposición rápida del consejo europeo–, los mercados podrían vengarse como predice el director del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MES). Grecia corre el riesgo de ser el primer país en el punto de mira, no por sus errores, sino porque es el eslabón débil de una zona euro desequilibrada de la que van a servirse los mercados financieros, como en 2010.

Contrariamente a las esperanzas de los responsables europeos, todavía no han acabado con Grecia. Incluso podrían volver mucho antes de lo previsto.

  Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

La crisis económica volvió a convertir a España en un país de emigrantes. El desempleo y la falta de perspectivas llevaron a miles de jóvenes, la mayoría de ellos con un alto nivel de estudios, a hacer las maletas y probar suerte en el extranjero. Sin embargo, los españoles tardaron más en tomar la decisión de emigrar que sus semejantes de otros países igualmente afectados por la recesión como Italia, Grecia o Portugal, lo que les colocó en una situación de desventaja en sus lugares de destino, más expuestos al paro y a salarios bajos. A esta situación también contribuyó su menor dominio de las lenguas extranjeras y el hecho de haber salido de España con mayores situaciones de precariedad. 

Estas son algunas de las principales conclusiones del estudio Debilidades de la emigración española [consultar, aquí], en el que los investigadores del Real Instituto Elcano Carmen González Enríquez y José Pablo Martínez comparan la situación de los universitarios españoles que han emigrado con la de los griegos, italianos y portugueses a través de una muestra de 4.508 participantes de esos cuatro países –982 de ellos españoles– que abandonaron sus países de origen entre 2007 y mediados de 2013. 

A pesar de que la crisis económica llegó antes a España por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el estudio revela que el ritmo de salida de los españoles estuvo por debajo del de los demás grupos hasta el segundo semestre de 2010 y sólo los sobrepasó en 2011. A preguntas de infoLibre, González Enríquez explica que ese "carácter más tardío" de la emigración española se debe a sus mayores reticencias para marcharse por su carácter más "localista" y "apegado", así como a su dificultad para desenvolverse en otros idiomas. 

Los investigadores explican que ese menor dominio de la lengua del país de destino, en el caso de los españoles, afectó a su integración y disminuyó sus oportunidades laborales. Los datos son elocuentes al respecto. Ante la pregunta de qué problemas encontraron en el país de destino, los españoles indican con más frecuencia que cualquiera de los otros grupos dificultades para encontrar trabajo (25%, frente al 14% de media en los otros grupos) o para obtener el reconocimiento de su titulación (16%, frente a 7%). También afirman haber recibido ofertas de puestos de trabajo por debajo de su cualificación en un 23% de los casos, frente al 7% de media del resto. 

El 55% de los españoles entrevistados señala el escaso dominio de otros idiomas como uno de los problemas encontrados en el país de destino, frente a un 31% de los portugueses, un 35% de los italianos y un 37% de los griegos. Los autores del trabajo explican que este dato es consistente con los resultados del eurobarómetro dedicado al dominio de otros idiomas en Europa que la Comisión Europea publicó en 2012 [consultar, aquí] y que mostró que los españoles son los europeos de la UE con un nivel más bajo de dominio del inglés. 

Las causas 

A pesar de las reticencias iniciales que muestran los datos, en el caso de los españoles, el desempleo sobresale como causa ante la pregunta directa sobre cuáles fueron sus principales motivos para emigrar. No en vano, la tasa de paro de los universitarios españoles fue la segunda más alta del grupo de cuatro países –sólo tras la griega– en el período analizado. Por el contrario, los investigadores explican que la movilidad motivada por el deseo de mejorar la formación, de probar nuevas experiencias, de avanzar profesional o salarialmente, o de encontrar mejores oportunidades de negocio, tiene entre los emigrantes españoles menos peso que en cualquiera de los otros países.

De hecho, el 48% de los universitarios españoles que decidieron marcharse a probar suerte en el extranjero no tenían empleo, frente al 39% de la media de los otros tres países. "Como resultado de esa movilidad más forzada por el paro, el proyecto migratorio se realiza en peores condiciones de preparación y de capacidad de negociación", puede leerse en el informe. Eso llevó a los españoles a estar sobre-representados en las ocupaciones que requiere menor formación e infra-representados entre los profesionales y, en consecuencia, a tener una integración "menos exitosa" en términos de ocupación e ingresos y a tener una experiencia vital con "más dificultades". 

Sin embargo, en la propia explicación de su experiencia por los protagonistas, el paro no es el motivo más citado ni en España ni en ninguno de los otros tres países. La mayoría explica su decisión sobre todo a partir de la falta de expectativas. Así, la respuesta "no veía futuro para mí en mi país" alcanza el 50% de las menciones en la media de los cuatro países. González Enríquez cree que esta percepción se debe, por un lado, a una realidad objetiva de falta de oportunidades en el mercado de trabajo y, por otro, a un "exceso de pesimismo" que lleva a los jóvenes a creer que la situación del país es peor que la que realmente es. 

Por otro lado, el trabajo también alerta sobre las dificultades para calibrar el fenómeno de la emigración y la carencia de un mecanismo estadístico que permita registrarlo, lo que es un problema común en los cuatro países analizados. En España, los datos oficiales que publica el INE están basados exclusivamente en las bajas padronales, que se producen solo si los emigrados se dan de alta en los consulados de los países de destino y no hay obligación ni incentivos para hacerlo. Por ejemplo, en el caso español sólo un 36% de los encuestados para esta investigación estaba registrado en el momento de responder al cuestionario.

La cuestión clave es que el registro consular en el país de destino es obligatorio para los que residen durante más de tres meses fuera de España, pero no existen mecanismos de sanción contra el incumplimiento de esta norma ni incentivos suficientes para cumplirla, especialmente para aquellos individuos que se encuentran en una primera fase de su experiencia migratoria y desconocen durante cuánto tiempo van a residir en ese país.

Un informe confidencial de la Inteligencia de la Unión Europea alertó en 2007 a las autoridades comunitarias del riesgo de que la región de Oriente Próximo registrara una serie de crisis locales que se extenderían de unos países a otros poniendo en vilo a los regímenes autoritarios, como sucedió a partir de 2011 con el fenómeno de la llamada Primavera Árabe.

El documento en cuestión, que ha sido desclasificado por la Unión Europea a petición de dos investigadores españoles, advirtió de que podrían registrarse "crisis locales" que se contagiarían por varios países hasta convertirse en un fenómeno "regional".

"Las crisis locales" en Oriente Próximo "pueden fácilmente extenderse de un país a otro y adoptar rápidamente una naturaleza regional", señaló la Inteligencia de la Unión Europea en su informe confidencial entregado a las autoridades comunitarias en julio de 2007, cuatro años antes de que comenzara la llamada 'Primavera Árabe' con las primeras manifestaciones contra los dictadores de Túnez y Egipto.

Bajo el título Los peores escenarios para Oriente Próximo, el informe confidencial de la UE, al que ha tenido acceso Europa Press, concluía que la influencia de Occidente "se vería probablemente dañada" en el caso de una "grave crisis" que afectara a la región, con las "probables consecuencias" de "un auge del terrorismo antieuropeo" y "un aumento del número de refugiados que intentan entrar en la Unión Europea".

En el capítulo de "amenazas", el documento de la Inteligencia comunitaria dejaba claro que en el caso del "peor escenario" en Oriente Próximo, las consecuencias podrían ser una "interrupción del suministro energético", la posibilidad de que la región se convirtiera en "un refugio seguro para terroristas" que quieran atentar en Europa y la llegada de "grandes cifras de refugiados o migrantes" que quieren llegar a territorio europeo.

En su análisis de perspectivas, el informe confidencial hacía hincapié en que los conflictos en la zona muestran "una tendencia a contagiarse mas allá de las fronteras y afectar a varias, si no a la mayoría, de las potencias regionales". "Pueden originarse futuros conflictos en diferentes países pero probablemente tendrán un efecto bastante más allá de sus fronteras. La caída de uno de los regímenes tradicionales podría precipitar una reacción en cadena que haría a otros más vulnerables", vaticinó.

La Inteligencia comunitaria también dejaba claro en su análisis que la mayoría de los regímenes de Oriente Próximo estaban "políticamente obsoletos". "Tanto los regímenes tradicionales, en su mayoría monarquías, como los restantes representantes del 'socialismo árabe' han vivido mucho más tiempo que su eficacia", consideró el informe de los analistas de Inteligencia comunitario.

El informe de la Inteligencia comunitaria ciñe su análisis sobre los posibles escenarios futuros en un sentido reducido de la región de Oriente Próximo, abarcando desde Egipto hasta Irán, sin incluir a Israel y Turquía.

Este documento confidencial, redactado por el Centro de Situación Conjunto de la Unión Europea (SITCEN), ha sido desclasificado por las autoridades comunitarias a solicitud de dos investigadores españoles y es el primer análisis de este calibre que las autoridades comunitarias aceptan hacer público.

Los dos investigadores que han conseguido la desclasificación son el profesor Rubén Arcos, investigador de la Cátedra de Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos de la Universidad Rey Juan Carlos, y José Miguel Palacios, que fue jefe de la División de Análisis del Centro de Inteligencia de la Unión Europea (INTCEN) entre 2011 y 2015.

Los dos expertos han analizado a fondo todas las claves del informe de la Inteligencia de la Unión Europea y han plasmado sus conclusiones en un artículo de investigación titulado El impacto de la Inteligencia en la toma de decisiones: la Unión Europea y la primavera árabe, publicado en la revista especializada Intelligence and National Security.

En su análisis, los dos investigadores se plantean, entre otras cuestiones, por qué las autoridades de la Unión Europea no adoptaron decisiones teniendo en cuenta que sus expertos de Inteligencia les estaban anticipando el riesgo de la llegada de la primavera árabe y la crisis de los refugiados.  

Este mismo pretexto también ha sido sacado a pasear por el gobierno de Rajoy a través de su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para cargar contra los “ayuntamientos del cambio”, exigiéndoles que introduzcan más y más recortes en las políticas sociales y en las inversiones. Presión que, además de inaceptable, resulta incomprensible, pues estos ayuntamientos han conseguido, con una gestión eficiente y transparente, sanear las cuentas públicas y al mismo tiempo mejorar el bienestar de la ciudadanía. Lo ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid desvela los verdaderos intereses del PP: debilitar y fracturar Ahora Madrid, poner contra las cuerdas a los concejales más comprometidos con las políticas antiausteridad, meter al Ayuntamiento en la lógica de los recortes y trasladar a la opinión pública la percepción de que sólo hay una política económica posible. Lo cierto, sin embargo, es que existía y existe en el estado español un margen de maniobra que, sobre todo por falta absoluta de voluntad política, no ha sido utilizado.

El contraejemplo está en Portugal, donde sí encontramos el compromiso político que ha estado clamorosamente ausente en nuestro país. En este país, desde que gobierna la coalición de izquierdas, se ha reducido de manera sustancial el desempleo y han mejorado los salarios; en paralelo, se ha reducido la deuda y el déficit públicos.

Se trata, pues, de dos ejemplos cercanos que, apuntando en direcciones opuestas, invitan a introducir más complejidad al debate sobre las evidentes y crecientes restricciones que supone nuestra pertenencia a la zona euro (a las que me refiero a continuación). Entre los factores que dan cuenta de las diversas trayectorias seguidas por las economías europeas –y sin pretender restar un ápice de complejidad a este debate– es necesario reivindicar la acción social y política, dentro y fuera de las instituciones. Esta es la clave para aprovechar, o no, el margen de maniobra a disposición de los actores que operan en los espacios locales, autonómicos y estatales. Sólo una interpretación errónea e interesada permite concluir que los estados carecen de cierta autonomía dentro de la zona euro, y en consecuencia de discrecionalidad, para diseñar y ejecutar una agenda propia que cuestione de hecho las políticas impulsadas desde la Troika. Avanzar en esa dirección, para lo cual es necesario que, como he señalado antes, exista disposición política, significa pelear desde abajo por Otra Europa.

Me parece evidente, en todo caso, que la camisa de fuerza comunitaria opera cada vez con más fuerza y que ello condiciona y lastra el rumbo a seguir por las economías. Hay que ser plenamente conscientes –por las consecuencias de gran calado que ello tiene– de la deriva oligárquica de la construcción europea en general, y de la unión monetaria en particular.

Lo acontecido en Grecia es un ejemplo inapelable. El gobierno de este país, liderado por Syriza, un partido de izquierdas que, además de contar con una amplia y sólida mayoría parlamentaria, se reivindicaba en las plazas y en las calles, quiso abrir una agenda de diálogo con las instituciones comunitarias con el objeto, absolutamente prioritario, de reestructurar la deuda, verdadero tapón de botella que impedía (y todavía impide) disponer de recursos para hacer políticas productivas y sociales. Esa pretensión contó con el rechazo frontal de las autoridades comunitarias y del Banco Central Europeo, encabezados por la irreductible posición de Alemania. La propuesta de Syriza en absoluto pretendía romper con las instituciones comunitarias y mucho menos abandonar la moneda única, pero fue abruptamente bloqueada, desencadenando una increíble operación política de acoso y derribo, que terminó por doblegar y someter a los dirigentes griegos y, lo más importante, condenó a la pobreza a la mayor parte de la población.

Un ejemplo, entre otros, de unas políticas económicas y unas reformas estructurales que cargan el coste de la crisis sobre la ciudadanía y los estados de bienestar, al mismo tiempo que rescatan a los bancos, preservan los privilegios de las élites y protegen a las grandes corporaciones. En la quintaesencia de las políticas comunitarias, exigidas sobre todo a las economías más débiles, está la continua y creciente injerencia presupuestaria, la estricta condicionalidad macroeconómica, la desregulación de las relaciones laborales y la exigencia de proceder a privatizaciones masivas.

También simbolizan esa deriva oligárquica las reformas que la Comisión Europea ha introducido y pretende introducir en la arquitectura institucional del euro. Las diversas propuestas puestas sobre la mesa al respecto y las diferencias existentes entre ellas –entre la francesa y la alemana, por ejemplo– no deben ocultar la evidencia de que apuntan a un federalismo tecnocrático y autoritario, y son un punto y seguido, o incluso un recrudecimiento, en las políticas llevadas a cabo hasta ahora.

Esta perspectiva arroja luz sobre la permanencia y resistencia de políticas que han fracasado o que, en el mejor de los casos, han obtenido resultados mediocres. Estas políticas que no han sacado a las economías de la crisis –a pesar de los registros positivos de los últimos años en materia de crecimiento–, pero sí han hecho posible una profunda recomposición de los mecanismos de acumulación, consolidando un capitalismo socialmente extractivo y depredador de los recursos naturales.

Un asunto sobre el que casi siempre se pasa de puntillas y que, sin embargo, tiene una gran trascendencia para el asunto que nos ocupa y revela la degradación del “proyecto europeo”: la intención de trasladar a los tratados europeos y a las constituciones de los países el conjunto de disposiciones en materia de ajuste fiscal que han estado en el corazón de las políticas de la Troika, el denominado Fiscal Compact. Dotar de rango legal, tanto a escala estatal como comunitaria, una determinada opción de política económica –la que han abrazado tanto los gobiernos conservadores como los socialistas– es, literalmente hablando, un atentado a la democracia, la cual, para serlo, por definición tiene que alimentarse de la pluralidad; un verdadero golpe de mano que culmina y sitúa en un proceso difícilmente reversible el asalto a las instituciones por parte de las élites.

Es necesario acumular fuerzas para librar una batalla política por otra Europa (las elecciones al parlamento europeo que tendrán lugar en junio de 2019 darán la medida de la capacidad de las fuerzas del cambio para afrontar ese enorme desafío). Porque en ese espacio europeo –y también en el contexto más amplio de la globalización– se dirimen asuntos de crucial importancia que afectan y mucho a la ciudadanía, como los paraísos fiscales, la desregulación financiera o la degradación medioambiental; porque a escala europea y global se están reconfigurando las relaciones de poder, en un sentido claramente favorable al gran capital corporativo y a los ricos; y porque las instituciones y las políticas comunitarias han sido colonizadas por las élites, que las han puesto a su servicio.

Opino que esta pugna hay que librarla dentro del euro. Pero no nos engañemos, y sobre todo no traslademos a la gente, a nuestra gente, el mensaje equivocado. El panorama someramente descrito nos habla de una Europa inmovilista, crecientemente blindada en la defensa de los intereses y privilegios de las élites, con una agenda de reformas y con unas políticas que los preservan y refuerzan. Nada que ver con la Europa democrática, abierta, acogedora, solidaria, sostenible y equitativa que necesitamos. Por esa razón, todos los escenarios, incluido el de la salida/disolución del euro, están abiertos; las fuerzas del cambio deben hacer pedagogía y trabajar sobre todos ellos. ___________________

Fernando Luengo es miembro de la Secretaría de Europa de Podemos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha decidido revisar una décima a la baja su previsión de crecimiento económico de Reino Unido para este año, hasta el 1,6%, debido a la presión que el Brexit está ejerciendo sobre el país, frente a la recuperación generalizada de la economía mundial.

Así se desprende de las conclusiones preliminares del artículo IV elaborado por el organismo internacional sobre la economía británica, donde destaca que, aunque la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) no se hará efectiva hasta 2019, el impacto negativo ya es evidente.

"Nuestro pronóstico es un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 1,6% para este año y del 1,5% para 2018, lo que, en relación con las revisiones al alza que estamos realizando para otras economías avanzadas resulta un tanto decepcionante", señala el documento.

Asimismo, la institución monetaria presidida por Christine Lagarde sostiene que es probable que las empresas continúen difiriendo en algunas decisiones de inversión y que la demanda interna continúe lastrada hasta que haya una mayor claridad sobre la futura relación comercial de Reino Unido con la UE.

También considera que el Brexit tiene el potencial de remodelar la estructura de la economía británica. "El impacto dependerá de la naturaleza del acuerdo final y puede llevar muchos años materializarse por completo. Sin embargo, en los próximos años la agricultura, la manufactura y los servicios se verán afectados por los cambios en el marco comercial, la estructura regulatoria y el mercado laboral", subraya el FMI.

Sector público

Del mismo modo, advierte de que el Brexit empeorará las finanzas públicas, al tiempo que indica que al aumentar las presiones sobre el gasto público, cualquier futuro intento de reducción del déficit deberá provenir de aumentos de impuestos y no de la política de austeridad aplicada durante los últimos siete años.

Según apunta, esto implica la necesidad de que el Gobierno se enfrente a la "difícil" decisión sobre el futuro tamaño del sector público, así como el modo de financiación de los servicios públicos.

"El impacto potencial de todos los riesgos que implica el Brexit se magnifican por la necesidad de financiar el gran déficit en cuenta corriente de Reino Unido, lo que hace que la economía sea vulnerable a los cambios en las expectativas de los inversores", señala.

"La reducción del déficit desde la crisis financiera se ha basado principalmente en medidas de gasto (...) en el futuro se puede requerir un enfoque más equilibrado para la reducción del déficit", asevera el documento.

Riesgos para el sector financiero

El sector financiero -que representa alrededor del 7% del PIB, del 10% de los ingresos fiscales y del 14% de las exportaciones- puede verse "particularmente afectado" en ausencia de un acuerdo que permita que la mayoría de los servicios financieros proporcionados desde Reino Unido se mantengan.

El FMI explica que las pruebas de estrés realizadas recientemente por el Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) sugieren que los principales bancos de Reino Unido están lo suficientemente bien capitalizados para resistir a un Brexit desordenadodesordenado. No obstante, el organismo internacional cree que incluso un Brexit ordenado podría implicar cambios significativos para el sector.

Así, bajo un escenario de riesgo extremo de un Brexit desordenado, las políticas "deberían estar orientadas a apoyar la estabilidad macroeconómica y financiera", señala el FMI.

En caso de una reacción adversa en el mercado, con marcadas disminuciones en el rango de los precios de los activos, el BoE deberá asegurarse de que el sistema financiero tenga una liquidez adecuada.

Debía ser la última piedra del edificio, con la que aprender de la crisis financiera de 2008. Claro que, a tenor de las reacciones del sector bancario, una vez anunciada la nueva reglamentación del sector –conocida como Basilea IV y presentada el 7 de diciembre–, hay algo que no encaja. Tras años en que los banqueros europeos batallaron en contra de estas nuevas normas bancarias que iban a ponerlos “de rodillas”, ahora todos alaban el nuevo mecanismo.

Poco después de ratificado el acuerdo, la Comisión Europea se felicitaba: “Las medidas adoptadas por el Comité de Basilea suponen el último instrumento legislativo importante de la reforma reglamentaria puesta en marcha tras la crisis financiera”, decía. “El acuerdo que acaba de alcanzarse y que pone punto y final a Basilea III es el mejor acuerdo posible para Francia y para Europa. Tal y como reclamamos, este acuerdo presenta tres características fundamentales, es equitativo, razonable y definitivo”, aseguraba, por su parte, el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau.

El mundo bancario también se congratulaba. En un comunicado, los analistas de JP Morgan Case subrayaban que “el acuerdo es mucho mejor que lo esperado”. Por su parte, desde UBS se apresuraban a subrayar que era todo un alivio para los bancos, “que van a poder aumentar de nuevo sus dividendos”. Hasta ahí lo fundamental.

Si Basilea IV recibe las alabanzas de los banqueros, es porque han sacado una conclusión inmediata: no va a cambiar nada. “El mundo bancario sale indemne”, reconoce The Financial Times. Incluso el Comité de Basilea, el organismo internacional de regulación bancaria encargado de desarrollar el nuevo mecanismo, lo confiesa en pocas palabras: el compromiso alcanzado con todos los actores financieros y bancarios no va a traducirse en “aumentos significativos” de los fondos propios destinados a cubrir sus riesgos.

Este paso atrás en los requisitos de los reguladores se resume en un cifra. Hace unos años se calculaba estimaba que los bancos deberían aprovisionarse, para responder a las nuevas reglamentaciones bancarias en negociación, por un importe de cientos de miles de euros –la Federación Bancaria Europea hablaba entonces de 850.000 millones de euros de capital adicional–. Ahora, en cambio, el Comité de Basilea ha cifrado finalmente en 90.700 millones el aumento de capital necesario para el conjunto de los grandes bancos internacionales. Los grandes bancos europeos, que se sentían más amenazados, sólo pueden necesitar 36.700 millones de euros de capital adicional para cumplir con la nueva reglamentación, según las estimaciones. Los analistas, empezando por el FMI, coinciden en que los bancos europeos están infracapitalizados.

Con la crisis financiera de 2008, el Comité de Basilea se comprometió a endurecer las reglas del sector bancario. Se impusieron nuevas ratios prudenciales, los bancos se vieron obligados a aumentar sus fondos propios, pero la calidad de sus reservas seguía negociándose. Existía demasiada opacidad en cuanto a los cálculos y los modelos de riesgos establecidos por los propios bancos, según los reguladores. Todo ello hacía imposible evaluar en su justa medida los riesgos, que suponen los miles de millones ocultos en las carteras bancarias en forma de préstamos, de créditos inmobiliarios, de derivados, de compromisos diversos, decían. Dicha opacidad había conducido a la crisis de las subprimes y amenazado con engullir al planeta financiero y, con él, a la economía mundial. De ahí la necesidad de los reguladores internacionales a la hora de establecer nuevos modelos más claros, de aplicación para todos.

Pero no se contaba con la hostilidad de los bancos europeos y, en particular, con la oposición de las entidades francesas y alemanas. Porque retomar determinadas prácticas contables, imponer nuevas obligaciones prudenciales podía cuestionar el modelo del banco universal, el que permite la enorme confusión entre las actividades de banca minorista y de inversión, que autoriza los rescates públicos en nombre del too big to fail [demasiado grande para caer]...

Desde entonces, los trabajos del Comité de Basilea, que dieron comienzo en 2013, no han dejado de encontrar una oposición sistemática: el del lobby bancario europeo, en guerra continua. Y recurrieron a todo tipo de argumentos: el endurecimiento de la reglamentación iba a penalizar la economía europea porque los bancos no iban a poder financiar las empresas como antes; los bancos europeos iban a estar en desventaja con relación a sus competidores de Estados Unidos, porque al contrario que los bancos norteamericanos, mantienen en su balance una parte de los préstamos hipotecarios; en el momento en que Norteamérica de Trump se disponía a acabar con aspectos completos de la regulación bancaria que nació de la crisis de 2008, los bancos europeos iban a tener que cumplir nuevas obligaciones que amenazarían la supervivencia de todo el sector en Europa, etc. En resumen, era urgente no tocar nada.

Y las críticas han surtido efecto. Durante dos años, Alemania y Francia se han opuesto a las propuestas adelantadas por el Comité de Basilea. Pero, finalmente, se ha logrado un acuerdo: los propios bancos podrán seguir evaluando, en parte, sus riegos, conforme a sus propios métodos. En los balances bancarios, en el futuro, los riesgos ponderados serán de hasta el 72,5%, según las reglas determinadas por el Comité de Basilea. O lo que es lo mismo, los bancos seguirán cocinando los resultado, evaluando ellos mismos las obligaciones financieras de más del 25% de su propio balance. Todo esto lleva a pensar que recurrirán en mayor medida a sus propios métodos para calcular su exposición a los derivados que en el caso de los créditos inmobiliarios.

Adiós a la voluntad de regular las prácticas bancarias

Aunque, a cambio, el Comité de Basilea pide un aumento de las ratios prudenciales, de representar el 12,5% de los fondos propios o incluso del 15,2%, en el caso de los grandes bancos “sistémicos”, la medida pierde pertinencia, en buena medida. En cualquier caso, esto explica que las estimaciones en cuanto a las necesidades de capital adicional se hayan esfumado como por arte de magia.

Pero aunque son más laxas, es posible que estas nuevas normas no vean nunca la luz. Oficialmente, los bancos tienen hasta 2017 para cumplir con la nueva normativa, que debería entrar en vigor en 2022. Y, hasta entonces, puede producirse una nueva crisis financiera. Esta normativa, para que sea adoptada, debe ser traspuestas en las legislaciones de los países firmantes.

“Espero que los bancos apliquen fielmente la nueva reglamentación”, señalaba Stefan Ingves, presidente del Comité de Basilea, en una entrevista concedida a Bloomberg, no sin cierto pesimismo. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, también se ha mostrado prudente. “Ha sido difícil alcanzar un acuerdo. Será también difícil conseguir que todas las jurisdicciones adopten y apliquen este acuerdo a tiempo y de forma efectiva”, constataba en el momento de la firma. Una manera de dar a entender que la adopción de la nueva reglamentación, incluso con los arreglas incluidos, está lejos de ser una realidad.

Sin esperar más, el lobby de la banca ya ha iniciado las primeras maniobras con los responsables políticos. “No debemos perder de vista que la reglamentación puede causar numerosos daños a las economías europeas y a la competitividad de los bancos europeos”, ha declarado Wim Mijs, uno de los responsables de la Federación Bancaria Europea.

Los bancos europeos, dirigidos por entidades francesas y alemanas, saben que tiene de su parte a sus Gobiernos respectivos y a la Comisión. En lo peor de la crisis, los bancos franceses consiguieron que el Ejecutivo francés modificara la separación bancaria, hasta el punto de vaciarla de contenido. La maniobra ha salido mejor de lo que esperaban: las propuestas de Michel Barnier, entonces comisario europeo de Mercado Interior, que hacía suyas las demandas del informe Liikane sobre la necesidad de separar las actividades de mercado de los bancos, han quedado enterradas de inmediato.

Desde entonces, Europa va de renuncia en renuncia. La tasa sobre las transacciones financieras se ha pospuesto para mejor momento. Las concentraciones bancarias han seguido adelante, en beneficio de los grandes bancos, cada vez más gigantescos. A finales de octubre, la Comisión Europea le volvía a hacer un regalo magnífico al sector bancario: con la mayor discreción, abandonó definitivamente cualquier proyecto de separación de las actividades bancarias. Después de situarse en vía muerta desde 2015, el proyecto ya no se impondrá, según la Comisión, dadas las “importantes medidas tomadas ya para limitar las actividades de mercado en los bancos”. Para Bruselas, los bancos europeos son más seguros que nunca. Y la Unión Bancaria ha aportado todas las respuestas a los problemas de los bancos.

Las recientes quiebras del Banco Popular en España o del Monde dei Paschi, de Veneto Banca o de Banca di Vicenza, en Italia, demuestran que el estado de salud de los bancos europeos no se encuentra garantizado. Incluso la situación parece haberse agravado. Según las últimas estimaciones, una decena de grandes bancos europeos –entre ellos numerosos bancos italianos– tienen lastrados sus balances: el número total de préstamos de cobro dudoso -por no decir las cantidades que no cobrarán- y de bonos basura supera el montante de sus capitales.

El Banco Central Europeo parece tan preocupado que está dispuesto a contemplar medidas coercitivas, muy alejadas de los mecanismos de rescate acordados en la Unión Europea. En una nota muy discreta, publicada a comienzos de noviembre, la institución monetaria, que supervisa también todos los grandes bancos europeos, preconizaba la disminución de las retiradas de fondos por parte de los ahorradores en caso de quiebra bancaria. Oficialmente, se trata de sacar enseñanzas de las recientes quiebras bancarias europeas. Y es que, tras la caída del Banco Popular, las retiradas de fondos por parte de los ahorradores rondaron los dos mil millones diarios, acelerando con ello la quiebra. Así, y para evitar una fuga de depósitos, los titulares de cuentas sólo podrían retirar un montante equivalente a lo que supone cinco días sus ingresos, en caso de dificultades.

Esta medida tiene un subtexto. Durante este tiempo, los accionistas y los acreedores, que tienen información asimétrica, conservarían total libertad para vender sus títulos lo antes posible para no tener que pagar el precio del rescate, mientras que los depositantes se verían atrapados. Por lo tanto, ¿en qué queda la garantía de 100.000 euros por ahorrador y entidad bancaria, prevista en la Unión Bancaria? Tras el rescate con fondos públicos (bail out), los ahorradores ¿no serán los primeros que tengan que acudir al rescate de los bancos, lejos de los esquemas anunciados públicamente que hablan de reflotamiento por parte de los accionistas y los acreedores (bail in)?

Se trata de cuestiones menores, según el entorno bancario. “La crisis financiera ya pasó”, dicen los banqueros. En cierto modo, es verdad que la crisis ha pasado: ya no hay voluntad política alguna por intentar regular mejor las prácticas bancarias. Con Basilea IV, se han apretado los últimos tornillos del féretro de la regulación bancaria. _______________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés: