Los seis grandes bancos españoles —Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja— obtuvieron un beneficio conjunto de 17.086 millones de euros en la primera mitad del año, un 11,8% más respecto al mismo periodo de 2024, según los datos recogidos por EFE. Solo entre abril y junio, estos seis bancos ganaron unos 8.600 millones, que se suman a los casi 8.500 millones que obtuvieron en los tres primeros meses del año.

El Sabadell fue el primer banco en publicar sus cuentas y lo hizo el jueves, 24 de julio, cuando anunció el mayor incremento de beneficio Del sector, un 23,3%, hasta 975 millones de euros, por la buena marcha del negocio tanto en España como en Reino Unido. Coincidiendo con la publicación de sus cuentas, el Sabadell, que defiende su continuidad en solitario frente a la opa del BBVA, publicó un nuevo plan estratégico ya sin TSB, la filial británica que ha acordado vender al Santander, para tratar de convencer a sus accionistas de su potencial. El grupo prevé alcanzar una rentabilidad del 16% en 2027 y una remuneración a sus accionistas de 6.300 millones de euros en tres años.

Ese mismo día, Bankinter, que solía ser el primero en publicar, anunció un beneficio de 542 millones entre enero y junio de 2025, un 14,4 % más que un año antes y un nuevo récord, que le permitió alcanzar una rentabilidad histórica del 19,5%. La entidad que lidera Gloria Ortiz volvió a registrar sólidos crecimientos en todas sus líneas de negocios y países, principalmente España, Portugal e Irlanda.

A continuación, en la última semana de julio, Unicaja publicó el martes 29 un beneficio de 338 millones, un 14,6% más, gracias al negocio típicamente bancario y el crecimiento de los márgenes de la cuenta, incluido el de intereses en el segundo trimestre. El miércoles 30 de julio desvelaron sus cuentas CaixaBank y el Banco Santander.

CaixaBank reportó un beneficio neto de 2.951 millones en el primer semestre de 2025, un 10,3% más, apoyado en el fuerte crecimiento de la actividad y en su fortaleza financiera.

En el caso del Santander, el grupo se anotó los mayores resultados del sector, con un beneficio de 6.833 millones de euros, un 13% más, y récord para la entidad, gracias al fuerte crecimiento del margen de intereses en todos los negocios y todas las regiones, junto con el control de los costes. Además, el banco reafirmó sus objetivos para 2025 y anunció que espera llevar a cabo recompras de acciones por un mínimo de 10.000 millones de euros —cantidad que hasta hora era un máximo— con cargo a 2025 y 2026. Y empieza desde ya recomprando unos 1.700 millones.

Y, por último, este jueves, el BBVA cerró la ronda de presentación de resultados de la gran banca. El banco presidido por Carlos Torres anunció un beneficio neto de 5.447 millones en la primera mitad del año, un 9,1 % más que un año antes y el menor avance de beneficios de los seis grandes bancos españoles. Además, el BBVA ha hecho públicos sus objetivos financieros para el periodo 2025-2028, en el que espera obtener un beneficio atribuido acumulado en cuatro años de en torno a 48.000 millones de euros, con una rentabilidad media en el periodo en torno al 22 %. El grupo prevé disponer también de 36.000 millones de euros de capital de la máxima calidad para distribuir entre sus accionistas hasta 2028. 

El Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido de 6.833 millones de euros, un 13% más que en el mismo periodo del año anterior, en el mejor primer semestre de su historia, impulsado por unos ingresos por comisiones récord y menores costes y provisiones.

Según ha informado el Santander este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los ingresos ascendieron a 31.010 millones de euros, los procedentes de comisiones alcanzaron un nuevo máximo histórico de 6.684 millones de euros, un 3% más, y el banco asegura que va camino de cumplir todos sus objetivos para 2025.

Solo en el segundo trimestre, el beneficio fue de 3.431 millones de euros, un 7% más, lo que marca un quinto récord trimestral consecutivo.

Los ingresos por comisiones, impulsados por una mayor actividad y el crecimiento de clientes, compensaron una ligera caída del margen de intereses, del 3%, que se mantuvo sólido pese a un entorno menos favorable.

En el último año, el grupo Santander ha crecido en ocho millones de clientes.

El banco ha dicho que va en camino de cumplir todos sus objetivos para 2025, entre ellos unos ingresos de en torno a los 62.000 millones de euros, un crecimiento de ingresos por comisiones a un dígito medio-alto en euros constantes, así como una reducción de la base de costes en euros y del coste del riesgo de en torno al 1,15%, además de situar su solvencia en un ratio CET1 del 13% y un RoTE (rendimiento del capital tangible) de aproximadamente el 16,5%.

En el primer semestre de 2025, la ratio de capital CET1 ya ha aumentado hasta alcanzar el 13%, logrando el objetivo para el año antes de lo previsto, mientras que el RoTE se ha situado en el 16% post AT1 (posterior a la amortización de bonos AT1).

En el primer semestre de 2025, los recursos de clientes (depósitos más fondos de inversión) crecieron un 6% en euros constantes, con un aumento de los depósitos del 4% y de los fondos de inversión del 17% en euros constantes.

Los préstamos aumentaron un 1% en euros constantes, hasta un billón de euros.

La ratio de morosidad del grupo también mejoró, hasta el 2,91% (11 puntos básicos menos), el nivel más bajo en más de 15 años, y la de eficiencia mejoró hasta el 41,5%, siendo también la mejor registrada por Banco Santander en más de quince años.

El Banco Santander ganó en España en el primer trimestre 1.147 millones de euros, un 48,6% más que en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge EFE.

En su nota, Santander especifica que el negocio de banca minorista logró en España un beneficio de 810 millones de euros, un 40% más que un año antes, y destaca que este incremento responde en parte al hecho de haber abonado el gravamen temporal a los ingresos obtenidos en el país íntegramente en el primer trimestre de 2024.

El margen bruto creció un 1% hasta 3.130 millones de euros, por el aumento de las comisiones, que alcanzaron 767 millones y subieron un 2,9%, especialmente las de fondos, y de los ROF, que más que compensan el impacto de los menores tipos de interés sobre el margen de intereses.

Los costes de explotación se mantienen prácticamente planos y suben un 1%, gracias a la automatización de procesos y a una mayor digitalización; con todo ello, la ratio de eficiencia se sitúa en el 31,8%.

Las dotaciones por insolvencias crecen un 3%, principalmente por el proceso de saneamiento y gestión activa del riesgo, que mejora la calidad crediticia. Los depósitos de la clientela aumentaron un 7,6% hasta 343.753 millones de euros, indica la nota.

En comparación con el cierre de 2024, el beneficio antes de impuestos crece un 41%, por el buen comportamiento en todas las líneas de la cuenta: el margen de intereses, que subió un 3 %; la buena gestión del margen y los mayores volúmenes en un contexto de menores tipos, además de un aumento del 19 % de las comisiones y los menores costes.

Liliana Molina era una estafadora profesional que trabajaba en un locutorio de Tiflis (Georgia). A lo largo de varias semanas de marzo y abril de 2024, pasó horas al teléfono con Mark, un animoso comerciante británico, para convencerle de que hiciera una gran inversión en criptomonedas y acciones con las que, insistía, era imposible perder. “Si haces lo que digo, créeme, vamos a ganar mucho dinero”, le dijo. Finalmente, Mark accedió a enviarle la cantidad que le pedía.

Pero, ¿cómo iba ella a recibir esos fondos? Los bancos comerciales tienen estrictas políticas de detección del fraude y, si Mark se limitaba a transferir el dinero a los estafadores, podía ser rastreado fácilmente. Así, que Liliana abrió Telegram y envió una solicitud al departamento financiero del call-center dedicado a las ciberestafas para el que trabajaba: “Necesito datos de Reino Unido para 7.000 libras [8.311 euros], por favor”, escribió. En cuestión de minutos, recibió una factura por 7.000 libras dirigida a Mark con una cuenta en el banco digital lituano-británico Revolut a nombre de una empresa búlgara. Liliana se la remitió a Mark y éste transfirió el dinero.

Al final, Mark –pidió que se le mencione con un seudónimo, porque no quiere que las personas de su entorno sepan que le estafaron– perdió al menos 25.000 libras –29.791 euros–, y no fue el único. Liliana y sus colegas se embolsaron un total de más de 35 millones de dólares –33 millones de euros– entre 2022 y 2025, según han descubierto OCCRP y 30 medios de comunicación de todo el mundo tras recibir una nueva filtración sin precedentes de documentos y archivos de audio de ese call-center de Georgia. Otra organización similar, pero de mayor tamaño con sedes en Israel y Europa del Este, se hizo con 240 millones de dólares –222 millones de euros– de 32.000 víctimas repartidas en 34 países. Es el proyecto Scam Empire.

Pero, como revelan las interacciones entre Mark y Liliana, llevar a término una estafa requiere ayuda para sacar el dinero de las cuentas bancarias de los clientes –a menudo abiertas en grandes bancos comerciales con controles antifraude– e ingresarlo en las de los estafadores sin ser descubiertos. Los call-centers intentan asegurarse el éxito instando a sus víctimas a abrir cuentas en bancos digitales que creen que serán menos estrictos a la hora de vigilar el fraude. Luego, para recibir los fondos, los estafadores contaban con la asistencia de lo que ellos denominaban internamente “proveedores de servicios de pago”. 

Los proveedores de servicios de pago legales (PSP) son entidades financieras reguladas que ayudan a otras empresas a recibir dinero de sus clientes, proporcionándoles acceso al sistema bancario mundial.

Los documentos filtrados de Scam Empire han puesto al descubierto el lado oscuro de este sector: un enorme y misterioso ecosistema de proveedores no regulados de servicios de pago que ayudan a mover el dinero mediante métodos cuestionables y engañosos. Así funcionaba el sistema:

Los documentos financieros hallados en Scam Empire muestran que varios de estos proveedores de servicios de pago clandestinos fueron utilizados por las dos redes investigadas, la georgiana y la israelí-europea, que los mencionan entre cientos de proveedores –junto con exchanges [plataformas de intercambio] de criptomonedas, empresas de transferencias bancarias y otros– en las hojas de cálculo donde registraban los pagos de las víctimas.

Algunos de estos proveedores parecen estar especializados en determinados países, como los denominados Britain Local, Australia Local y Canada EasyWires. Otros tenían nombres más genéricos, como Anywires y Bankio. Muchos no parecen corresponder a entidades jurídicas reales. Los documentos internos revelan que los proveedores cobraban comisiones de entre el 10% y el 17%, bastante más que un servicio de pago convencional legítimo: PayPal, por ejemplo, cobra una comisión del 5% por las transferencias internacionales.

Además, era frecuente la aparición –y posterior desaparición– de nuevos proveedores que ofrecían a los call-centers material promocional con diversas “soluciones” para transferir dinero. A veces los centros de llamadas recibían avisos de que estaban fuera de servicio.

Kathryn Westmore, que dirige los trabajos del Royal United Services Institute (RUSI) sobre delincuencia financiera, asegura que era habitual ver sistemas de este tipo al servicio de narcotraficantes, pero no tanto en “el mundo del fraude”, y los expertos aún no saben mucho sobre cómo funcionan. Helena Wood, responsable de políticas públicas de Cifas, una organización de prevención del fraude en el Reino Unido, explica a OCCRP que los proveedores de servicios de pago permiten a los estafadores externalizar sus operaciones financieras. “Se trata de un servicio de blanqueo de dinero a todos los efectos”, asegura Wood

Los documentos hallados en la filtración revelan que los estafadores presionaban con frecuencia a las víctimas para que abrieran cuentas bancarias en instituciones financieras específicas, normalmente bancos digitales o entidades de dinero electrónico, supuestamente porque suelen hacer menos preguntas sobre el cumplimiento de la normativa bancaria.

Los estafadores, por ejemplo, decían a las víctimas que no confiaran en los grandes bancos comerciales, ya que intentan evitar que sus clientes se enriquezcan o no son “criptoamigables”. En algunos casos, ese argumento se utilizaba para empujar a las víctimas a abrir cuentas en neobancos, entidades 100% digitales, pero sin licencia bancaria.

Revolut, un banco exclusivamente online, fue con diferencia el más utilizado por las víctimas para transferir fondos al centro de llamadas de Georgia: de las 5.040 transacciones en las que intervino un banco identificado, 598 se realizaron a través de Revolut.

“Como usted sabe, a veces los bancos se quejan cuando estamos recibiendo algunos fondos o cuando estamos invirtiendo en criptomonedas, ¿verdad?”, le dijo un estafador a una potencial víctima. “Así que, va a ser muy útil si consigue instalar Revolut”. Preguntado al respecto por OCCRP, el banco lituano-británico respondió que se toma “increíblemente en serio el fraude y el riesgo en toda la industria de la delincuencia organizada y sofisticada” y que cuenta con “procedimientos robustos para prevenir el uso indebido de Revolut con fines ilícitos”.

Otro estafador indicó a una víctima que escribiera palabra por palabra lo que debía decir a su banco para explicar los pagos a la plataforma de criptomonedas Wirex. “Si quieres, puedes escribir esto en un papel: ‘Utilizo Wirex para viajar. La utilizo desde hace más de cuatro años... Mi hijo o mi familiar me la recomendó porque, cuando viajo al extranjero, Wirex me da una tarjeta que puedo utilizar en otros países y tiene un reintegro muy bueno’. ¿Puedes escribir esta frase?”. Wirex no respondió a la solicitud de comentarios que le envió OCCRP.

En el caso de Mark, el estafador le instó a abrir una cuenta en la sucursal digital de Chase en el Reino Unido. “Es mucho más fácil hacerlo con Chase”, le escribió por WhatsApp. También le dio instrucciones precisas sobre lo que debía hacer si Chase cuestionaba la transacción: debía decirle que las 7.000 libras eran para comprar “entradas para ir al teatro”. “Ella estaba literalmente al teléfono diciéndome exactamente lo que tenía que decir a Chase para conseguir que el dinero pasara”, contó Mark más tarde a los periodistas. Chase se ha negado a responder a las preguntas que sobre la cuenta de Mark le ha formulado OCCRP, acogiéndose a cuestiones de privacidad, pero también a contestar a preguntas generales sobre sus procedimientos de compliance.

Una vez que Liliana envió a Mark la factura falsa, éste transfirió los fondos a la cuenta búlgara de Revolut ese mismo día. El banco lituano-británico ha declinado responder a preguntas concretas sobre este caso, amparándose en la confidencialidad de sus clientes y la protección de datos. “Pensándolo ahora, fue una estupidez por mi parte, estaba transfiriendo dinero a cuentas aleatorias”, confiesa.

Mark se había dejado convencer por la versión de la realidad creada por su estafador mostrándole un sitio web falso donde parecía que su dinero estaba siendo bien invertido en lo que Liliana llamaba “beneficios garantizados”: “En la plataforma todo parece real, ¿me entiendes? Estaba ganando mucho dinero”.

Pero, entre bastidores, la factura falsa de 7.000 libras de Mark había sido fabricada por un proveedor de servicios de pago llamado Bankio. Los chats internos hallados en la filtración permiten ver lo que ocurría en la trastienda del call-center:

Todo esto ocurrió en apenas ocho minutos.  

Se trata de un ejemplo típico de cómo funciona el procesamiento de los pagos en los centros de llamadas de Scam Empire. Las capturas de pantalla incluidas en la filtración muestran la constante comunicación que mantienen con un auténtico ejército de gestores, normalmente en canales especiales de Telegram. Tras contactar con un proveedor y darle el nombre y la nacionalidad de una víctima, recibían rápidamente los datos de una cuenta.

También era habitual que surgieran nuevos proveedores de servicios para ofrecer a los centros de atención telefónica material promocional con diversas “soluciones“ para transferir dinero, que luego desaparecían: los centros de atención telefónica recibían a veces avisos de que estaban fuera de servicio. 

Los documentos de la filtración revelan que estos proveedores de servicios de pago cobraban comisiones de entre el 10% y el 17%, bastante más que un servicio legal pero en consonancia con las comisiones típicas del blanqueo de capitales. Por establecer una comparación: PayPal cobra una comisión del 5% por las transferencias internacionales. 

Bankio tiene un sitio web rudimentario, así como documentos de marca que distribuye a los call-centers. Uno de los encontrados en la filtración, que expone su “flujo de trabajo”, promete que, tras la solicitud de asistencia, Bankio preparará una factura, seleccionará el “mejor banco disponible según el importe y el país del cliente”, recibirá el ingreso y, a continuación, enviará el dinero una vez que haya recibido el pago por sus servicios a través de un “informe de liquidación”.

Aunque Bankio tiene su propia marca, no hay ninguna entidad corporativa registrada con ese nombre y los periodistas no pudieron determinar quién está detrás. Pero los documentos de la filtración sugieren claramente que está conectado con un proveedor de servicios similar, Anywires, que también fue utilizado por los estafadores israelí-europeos. Ambos servicios comparten un número de teléfono móvil en el Reino Unido y una dirección en Edimburgo, la capital escocesa. Además, los call-centers facturaron a Bankio para recibir el dinero de víctimas que habían enviado dinero a través de Anywires según sus propios documentos internos.

Entre Bankio y Anywires proporcionaban datos de docenas de empresas fantasma en países europeos como Estonia, Hungría, Bulgaria y el Reino Unido.

Hasta el mes pasado, Anywires tenía un sitio web de aspecto profesional, en el que decía colaborar con Revolut y Wise, entre otros. Revolut contesta a OCCRP que nunca ha contratado a Anywires y que ésta utiliza su logotipo sin permiso. También dice que le envió una carta de cese y desistimiento. Después, el sitio web de Anywires desapareció. Por su parte, Wise declara que nunca ha mantenido relación comercial alguna con Anywires.

El sitio web de Anywires también indicaba una dirección de contacto en los suburbios de Riga, la capital de Letonia, pero sólo conduce a un apartamento en el primer piso de un desgastado bloque de apartamentos de la era soviética. Un periodista de Re:Baltica, medio de comunicación asociado a OCCRP, llamó a la puerta en dos ocasiones, pero nadie respondió.

Los materiales promocionales hallados en la filtración también vinculan a Anywires con una empresa letona ya disuelta registrada anteriormente en esa dirección, SIA VNV Group, que declara oficialmente ser un mayorista de “productos especializados”. El único accionista de VNV Group antes de su liquidación, el estonio Sergei Sidorenko, señaló a Delfi Estonia que nunca había oído hablar de Anywires. Añadió que VNV Group nunca hizo ningún negocio y ni siquiera tenía una cuenta bancaria.

Tampoco hubo respuesta a las preguntas enviadas a una dirección de contacto de Anywires encontrada en los documentos filtrados. Un número de teléfono móvil del Reino Unido anunciado anteriormente tanto por Anywires como por Bankio ya no funciona.

Unos meses antes de que convencieran a Mark para que enviara los ahorros de su vida a Liliana, un cirujano español tomaba una decisión similar 1.000 kilómetros más al sur.

El doctor. M es un destacado cirujano que dirige su propia clínica en Barcelona. A principios de 2023, tras una serie de conversaciones telefónicas, dos estafadores de un call-center ubicado en Sofía (Bulgaria) le convencieron de que se podía hacer una fortuna con inversiones en petróleo y gas. “Tenía allí unos ahorros que estaban sin hacer nada y quería ponerlos a trabajar para ver si podía obtener algún beneficio”, explicó a OCCRP y a infoLibre.

El médico terminó enviando casi un millón de euros a una agencia de valores suiza, fraccionados en pagos más pequeños. O al menos eso es lo que él pensaba. Sin embargo, los documentos internos de los estafadores revelan una realidad distinta: los pagos del doctor M iban directamente a una empresa fantasma, a través de un proveedor de servicios de pago denominado internamente LWires, formado por al menos 13 empresas diferentes, 11 registradas en España y dos en el Reino Unido.

Las empresas de LWires utilizaron 18 cuentas bancarias durante el periodo examinado por OCCRP, cinco de las cuales se abrieron en el Santander y otras cinco en el BBVA. El Santander rechaza comentar casos concretos, pero dice estar “seguro” de haber cumplido con sus “obligaciones como institución financiera responsable”. El BBVA también declina hablar sobre casos específicos, pero pone en valor las “numerosas medidas de control” con que cuenta “para evitar que sus servicios se utilicen en actividades ilícitas”.

Las empresas de LWires movieron más de 4,9 millones de euros de 600 personas que enviaron dinero a la organización israelí-europea en menos de dos años, entre enero de 2023 y noviembre de 2024. Scam Empire contiene extractos de cuentas bancarias de un subconjunto de las empresas de LWires, lo que proporciona una imagen inédita de cómo funcionaba.

Así funcionaba LWires:

Un grupo inicial de siete empresas –seis registradas en España y una en el Reino Unido– recibe dinero directamente de los supuestos inversores a través de transferencias bancarias. Estas empresas suelen enviarse fondos entre ellas, e incluso hacen pequeñas donaciones a organizaciones benéficas, una táctica para parecer menos sospechosas ante las autoridades, pero en general los ingresos de las víctimas fluyen desde ellas hacia un segundo grupo de empresas, la mayoría registradas en el Reino Unido.

De este segundo grupo de empresas, tres firmas londinenses fueron las que más dinero recibieron. Dos de ellas estaban registradas en la oficina de una gestoría en las afueras de Londres, situada encima de un balneario tailandés. Ambas son propiedad de ciudadanos húngaros de la ciudad fronteriza ucraniana de Uzhhorod, que parecen ser testaferros –uno es una peluquera que dice no saber nada de esa empresa británica–. Desde allí, parte del dinero fluye a empresas de Macedonia del Norte, Chipre, Hungría y Bulgaria, que facturaban a las empresas británicas por el trabajo realizado.

Y así funcionó con el dinero del cirujano barcelonés:

1. El doctor M. pensaba que estaba haciendo pagos para invertir a través de Rivobanc, una plataforma de negociación que indicaba una dirección en Suiza. En realidad, es una firma fantasma: ya había sido objeto de varias advertencias oficiales desde abril de 2023, incluida una de las autoridades suizas porque la empresa no estaba debidamente registrada.

2. En octubre de 2023, el médico envió 12.535 euros a una cuenta del Banco Santander perteneciente a una empresa española, Selterico SL.

3. Los estafadores le habían dicho que Selterico SL, cuyo domicilio social debía ser, según el Registro Mercantil, The Shed, un coworking en el barrio de Salamanca, en Madrid, era una sociedad de inversión vinculada a Rivobanc.

4. En realidad, Selterico SL se había creado sólo unos meses antes. Su propietaria nominal era una mujer que parece ser un testaferro.

5. Al día siguiente de que ese dinero llegara a las cuentas de Selterico SL, fue transferido a otra empresa, ésta con sede en el Reino Unido, Greencode Connection Limited.

6. Greencode es propiedad de Mihaly Cserepanya, un húngaro cuya dirección figura en un pueblo de la frontera ucraniana, otro testaferro.

7.  Cada vez que el doctor M enviaba una transferencia de dinero a Selterico, la misma cantidad se enviaba inmediatamente a Greencode.

8.  A mediados de noviembre, 138.000 euros del cirujano habían ido a parar esa empresa británica.

9. En este punto es donde LWires impide seguir el rastro del dinero. Los fondos de otras víctimas de estafas también fluyen hacia Greencode, mezclándose entre sí.

10. ¿Cómo retiraban el dinero los estafadores? Aquí entra el tercer grupo de empresas. Enviaban facturas a las empresas británicas por servicios no muy definidos que supuestamente prestaban: servicios informáticos, cumplimiento normativo y alquiler de oficinas. 

11. Pero no todo el dinero salía de esa manera: los fondos también se enviaban de una empresa de LWires a otra de formas tan complejas que a los periodistas les ha resultado imposible rastrearlos todos hasta un destino final. 

Ésa parece ser la cuestión. Los repetidos intentos de OCCRP para contactar con Selterico SL y Greencode Connection Limited y contactar con sus propietarios sobre el papel han sido infructuosos.

Mientras LWires movía el dinero por todo el mundo a través de múltiples capas de empresas pantalla, otro proveedor de servicios, Britain Local, parece haber conectado a los estafadores directamente con cuentas bancarias británicas a través de al menos cinco ciudadanos o residentes del Reino Unido que actuaban como testaferros. Todos ellos eran dueños de sociedades que tenían cuentas en los principales bancos del Reino Unido, incluidos HSBC y Lloyd's.

Britain Local no tiene presencia en internet, y los periodistas no pudieron determinar si el nombre corresponde a una empresa del mundo real, ni identificar quién controla el sistema. Sin embargo, Britain Local ganaba una comisión del 13% por el dinero que pasaba por el sistema, al menos 650.000 dólares entre septiembre de 2023, cuando parece que empezó a trabajar con la organización israelí-europea, y mayo de 2024.

Los estafadores contactaban con Britain Local a través de Telegram con información sobre su víctima y la cantidad que querían enviar, y se les facilitaban los datos de la cuenta bancaria.  

Nigel Sizer, de 74 años, es propietario de dos empresas registradas en una zona residencial de Nottingham. Sus datos bancarios fueron facilitados a los estafadores en el canal de Telegram de Britain Local. Estas dos sociedades, Penta Pacific Group Limited y NRG Applied Sciences Limited, están registradas como empresas de comercio al por mayor, pero recibieron miles de libras en transferencias electrónicas de las víctimas del call-center, que creían que estaban haciendo inversiones a través de plataformas llamadas Equitiz, Equistak y Saturn4u, según consta en las hojas de cálculo internas y los registros bancarios encontrados en la filtración. Estas tres supuestas plataformas de inversión están ahora sujetas a advertencias emitidas por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido.

Una de las víctimas, una mujer residente en el Reino Unido que perdió alrededor de 250.000 euros con la plataforma Equitiz, relata que le ordenaron enviar 25.000 libras a una de las empresas de Sizer para “desbloquear” su propia cuenta, una táctica frecuente usada por los estafadores. Desesperada por recuperar el dinero que ya había enviado a los estafadores, ella y su marido intentaron pagar estas supuestas tasas de “desbloqueo” en tramos de 5.000 libras. Una vez efectuado el primer ingreso, el banco bloqueó las transferencias posteriores, por lo que su gestor de cuentas senior del call-center le envió por correo electrónico tres facturas que podía utilizar para justificar los pagos, supuestamente por la compra de materiales de construcción. 

Cuando las transferencias no se desbloquearon, se le facilitaron otras cuentas bancarias en las que hacer ingresos, a las que envió otras 22.000 libras en las semanas siguientes. Pero los estafadores nunca liberaron sus fondos, sino que volvieron a ponerse en contacto con ella para pedirle más dinero.  Finalmente, confiesa, no pudo aguantar más. “Ven a sacarme la sangre y véndela, porque es lo único que me queda en el cuerpo. Me lo has quitado todo”, recuerda haberle dicho al estafador. Después denunció los hechos a la policía, pero al poco tiempo recibió una carta en la que ésta le informaba de que no se llevaría a cabo ninguna investigación.

“Sinceramente, espero que esa señora pueda recuperar todos sus fondos, y realmente no creo que nada del dinero de esas facturas llegara realmente a mi cuenta”, respondió Sizer cuando se le preguntó por esta víctima y por lo que había ocurrido con su dinero.

En otro caso, en diciembre de 2023, una víctima que también creía estar invirtiendo a través de Equitiz recibió una factura de la organización israelí-europea con la marca de la empresa de Sizer don de se solicitaba el ingreso de 2.850 libras en la cuenta de HSBC de la empresa de Nigel Sizer, supuestamente por la compra de cátodos de cobre, una materia prima de gran demanda. Un recibo de la transferencia bancaria hallado en la filtración de Scam Empire muestra que la víctima envió fondos a la cuenta de la empresa de Sizer tres días después de la fecha de la factura.

Sizer asegura a OCCRP que no tiene nada que ver con los call-centers de la estafa y que su empresa había participado en un negocio de cobre que finalmente fracasó. También relata que le habían presentado a un ciudadano israelí a quien sólo conocía como John, que le envió los nombres y direcciones de personas que él entendía que eran inversores en la operación. Sizer añade que preparó facturas dirigidas a esas personas y se las envió a John por WhatsApp.

También explica a los periodistas que todas las facturas de su empresa correspondían a inversiones en cátodos de cobre y que las facturas de los materiales de construcción habían sido manipuladas “con el propósito de estafar”. Sin embargo, añade, como había perdido el ordenador portátil donde tenía copias de las facturas, no podía aportar ninguna documentación. Además, asegura que John borró más tarde su chat de WhatsApp. Sizer no aportó ninguna prueba del supuesto acuerdo sobre el cobre. 

Sizer afirma igualmente que HSBC contacó con él en una ocasión para decirle que las personas que habían transferido dinero a su empresa creían que estaban invirtiendo en criptomonedas. Según dice, también se puso en contacto con él la policía, que le informó de que esas personas habían sido estafadas por una empresa que identificó como Saturn 4, probablemente una referencia a la plataforma Saturn4u, que ocupa un lugar destacado en la filtración y es una plataforma señalada por el regulador del Reino Unido.

No está claro si las cuentas asociadas a Sizer utilizadas por Britain Local siguen activas. Según indicó él a los periodistas, la Policía había conseguido una orden judicial para bloquear la cuenta y le había embargado 34.000 libras esterlinas, pero no pudo aportar ninguna prueba. A preguntas de OCCRP, el banco HSBC rehusó entrar en detalle sobre clientes específicos, pero destacó que busca “actividad inusual y toma medidas apropiadas y oportunas cuando las cuentas de los clientes están siendo utilizadas para facilitar delitos financieros“. 

Las empresas de Sizer tenían una cuenta en la entidad británica Banking Circle, que apuntó a OCCRP que las empresas pantalla que recibían fondos de las víctimas no eran clientes directos suyos, sino clientes de sus clientes. Esto es posible gracias a un servicio que ofrecen estos bancos denominado Número Virtual de Cuenta Bancaria Internacional, o VIBAN. LHV, una entidad con sede en Estonia, también asegura que las empresas utilizan sus VIBAN.

Tradicionalmente, los bancos se asocian con los IBAN, que están vinculados a una cuenta específica en cada entidad. Un VIBAN, sin embargo, permite a ciertos clientes –otras entidades financieras o procesadores de pagos– crear una subcuenta conectada a su cuenta principal.

“Un VIBAN reproduce algunas funciones asociadas a una cuenta bancaria estándar”, explica LHV Bank a OCCRP. Eso significa que un cliente del banco estonio “puede asignar a su propio cliente directo un VIBAN [y] se pueden enviar y recibir pagos utilizando el VIBAN”.

Banking Circle sostiene que las cuentas de las empresas pantalla eran VIBAN que “habían sido asignadas” en sus sistemas a un proveedor de servicios de pago. El banco dice que le está prohibido por ley dar el nombre del proveedor de servicios de pago. Tanto Banking Circle como LHV Bnak insisten en que se toman muy en serio su responsabilidad en la lucha contra el fraude y rechazan cualquier sugerencia de que no han actuado con la diligencia debida.

Otro aparente testaferro de Britain Local era Timothy Griffiths, un inglés de 70 años propietario de una empresa llamada Giricon Limited. Él insiste en que no tiene relación alguna con estafas de inversiones, pero un extracto bancario de Giricon de diciembre de 2023 muestra cómo recibió miles de libras de varias personas que creían estar invirtiendo a través de plataformas de trading que ahora están en la lista negra de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido. Poco después de que esos fondos entraran en las cuentas de Giricon, fueron transferidos a otra empresa del Reino Unido también propiedad de Griffiths, tal y como muestran los recibos bancarios hallados en la filtración.

Los registros bancarios obtenidos por OCCRP muestran que durante un periodo de tres meses a finales de 2023 y principios de 2024, Giricon recibió transferencias por valor de más de 162.000 libras de al menos 22 individuos. El dinero se ingresó en las cuentas de Giricon en Lloyd's, Revolut y LHV Bank. Sin embargo, en los documentos contables que envió al Registro Mercantil, Griffiths declaró que la compañía estaba “inactiva” en 2023 y 2024, lo que significa que no tuvo transacciones significativas durante esos años.

El británico explicó a los periodistas que el dinero provenía de inversores inmobiliarios y que no era “consciente de que fueran pagos fraudulentos”. También niega haber hablado con los inversores y rechaza explicar cómo su dinero fue ingresado en las cuentas bancarias de la empresa. No aportó pruebas del supuesto negocio inmobiliario.

Kathryn Westmore, la experta en delitos financieros de RUSI, apunta que los bancos deberían haber marcado como sospechosas las transacciones de importes elevados en las que participaba una empresa supuestamente inactiva. “Yo esperaría que los bancos se hubieran dado cuenta antes de que estas empresas no tienen otro propósito que recibir un montón de fondos sin ninguna prueba de que realmente estuvieran haciendo algo para justificarlo... Una de las cosas que hay que buscar cuando se supervisan las transacciones es cuando se reciben cargos y abonos en rápida sucesión, porque eso sugiere que podría haber blanqueo de dinero”.

Preguntado por este caso, Lloyd’s contesta que no hace comentarios sobre clientes actuales o antiguos. Revolut responde a OCCRP que restringió la cuenta de Giricon e informó de sus sospechas a las autoridades tras identificar “actividad potencialmente fraudulenta” a finales de 2023. “Todas las cuentas se someten a una supervisión continua para detectar actividades inusuales. Nuestros sistemas están diseñados para detectar anomalías y poner en marcha investigaciones según sea necesario”, añade. “Asumimos nuestra responsabilidad de prevenir y detectar delitos financieros y fraudes con la máxima seriedad”, replica por su parte LHV Bank, pero declina hacer comentarios sobre clientes específicos, amparándose en su confidencialidad.

Una de las víctimas que envió dinero a Giricon fue Stuart Daburn, un rico hombre de negocios que vive en una zona rural de Inglaterra. Entre los aproximadamente 32.000 supuestos inversores identificados en Scam Empire, ninguno perdió más dinero que él, que transfirió enormes sumas a los estafadores, tanto en criptomonedas como desde su cuenta en Chase Bank.

A diferencia de muchas víctimas del fraude de estos call-centers, Daburn llevó a sus estafadores a los tribunales. Ante el ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres, acusa a un grupo de empresas –entre ellas una que formaba parte de LWires y dos propiedad de Griffiths–, a carteras de criptomonedas y a “personas desconocidas” de declaración dolosa. No ha querido hablar con OCCRP para este proyecto de investigación, alegando que el caso está sub iudice. Griffiths califica la demanda de Daburn de “montón de basura”, pero el mes pasado, un juez del Tribunal Superior de Justicia condenó a Giricon y a otros acusados, incluida una empresa de Griffiths, a pagar más de cuatro millones de libras a Stuart Daburn.

Para quienes carecen de recursos económicos con los que llevar a los estafadores ante los tribunales, la justicia es aún más esquiva. Mark, que perdió los ahorros de toda su vida por culpa de Liliana, denunció la estafa al servicio especializado en fraudes Action Fraud de la policía británica, pero no le sirvió de nada. Más tarde recuperó parte de su dinero a través de Refundee, una empresa privada que se dedica a cobrar el dinero perdido en fraudes. Mark confiesa que la terrible experiencia le ha dejado muy angustiado y estresado. Ahora está hasta el cuello de deudas. No le ha contado a nadie lo que le ocurrió, salvo a su novia y a otro amigo.

Aun así, se siente feliz recordándose a sí mismo que sus pérdidas podrían haber sido mucho mayores. Pero cuando los periodistas le preguntaron qué les diría a sus estafadores si alguna vez pudiera enfrentarse a ellos, Mark se enfadó. “¿Por qué creen que merecen el derecho a destruir la vida de la gente?”, exige saber.

Los documentos de la filtración muestran que Daburn recibió instrucciones para enviar dinero a una empresa polaca llamada 4Word Solutions Sp.zoo, con el fin de comprar criptodivisas, según un formulario de consentimiento firmado por el propio Daburn. Los registros muestran que hizo tres pagos por un total de más de 62.000 libras a esa empresa.

En 2023, la Policía Nacional española abrió una investigación por fraude sobre 4Word Solutions, tal y como consta en un oficio emitido por la unidad de ciberdelitos de Zaragoza y dirigido a esta empresa. Un ciudadano español había denunciado que le habían estafado, 23.000 euros de acuerdo con los documentos de Scam Empire.

Los chats de la filtración muestran que 4Word Solutions era una de las empresas que los proveedores de pagos ofrecían a los estafadores que buscaban recibir fondos de las víctimas, y que aparentemente operaban con criptodivisas. La primera de estas empresas se llamaba Erith Global y fue creada en Estonia por el israelí Michael Ohayon en 2020, pero cesó en sus operaciones en 2022 después de que ese país báltico endureciera su normativa sobre criptomonedas.

Los documentos de la filtración muestran que Erith fue sustituida por dos firmas lituanas, Mirha Traders UAB e Insights Group UAB. Un documento interno informaba a los estafadores de que las cuentas de Erith habían sido cerradas y les indicaba que utilizaran en su lugar las de una de las empresas lituanas.

En el otoño de 2023, Mirha Traders fue multada por las autoridades lituanas por infringir las leyes contra el blanqueo de capitales, y la operativa parece trasladarse de nuevo, esta vez a Polonia, con 4Word Solutions. Los documentos de la filtración muestran que los estafadores recibieron instrucciones para empezar a dirigir los pagos a esta empresa.

Los documentos filtrados sugieren que Erith y las empresas que la sucedieron movieron importantes sumas de dinero. Una hoja de cálculo con informes financieros indica que la red israelí-europea manejó más de 2,7 millones de euros a través de más de 260 transferencias en 2023, todas etiquetadas como “Erith C2B”. Los pagos se realizaron en dólares estadounidenses y canadienses, euros, libras esterlinas y rands sudafricanos.

Aunque estas empresas parecían ofrecer una vía de acceso al mundo poco regulado de las criptomonedas, también necesitaban cuentas en instituciones financieras para aceptar dinero de víctimas en moneda fiduciaria. Mirha tenía cuentas separadas en el proveedor de pagos británico Clear Junction y en la empresa de dinero electrónico CFS-Zipp para las personas que pagaban en euros. A las víctimas de Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, Australia o Latinoamérica, que realizaban transferencias en dólares estadounidenses, se les indicaba que enviaran los pagos a las cuentas de Mirha en Clear Junction o en el Metropolitan Commercial Bank de Nueva York.

A preguntas de OCCRP; Clear Junction contesta que restringió la cuenta de Mirha en 2022 tras recibir quejas, pero rehúsa dar más detalles. Dice que mantiene “un nivel excepcionalmente alto de cumplimiento [de la normativa]” y que trabaja “incansablemente para llevar a cabo controles rigurosos de diligencia debida [y] controles apropiados contra el blanqueo de dinero y KYC [Know Your Client, Conoce a Tu Cliente]”. CFS-Zipp se limita a responder que cumple con “la legislación y la normativa aplicables en materia de detección y notificación de actividades sospechosas”.

Michael Ohayon y Metropolitan Commercial Bank no respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas por OCCRP. 

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Con información adicional de Greete Palgi (Delfi Estonia), Inese Braže (Re:Baltica), Anastasiia Morozova (VSquare.org / Frontstory.pl), Šarunas Černiauskas (Siena.lt).

El crimen es ahora tan global como la economía. Bien lo saben los cárteles de la droga, delincuentes arquetípicos del siglo XX, y los ciberestafadores, una nueva generación de bandidos de guante blanquísimo. Desde la pandemia, el fraude online se ha desbocado, advierten las fuerzas de seguridad: internet proporciona a los criminales 2.0 un campo de operaciones planetario y el camuflaje perfecto. La red Sapir, dirigida desde ese edificio del distrito de Tel Aviv y destapada por Scam Empire, es un magnífico ejemplo. Gestionada desde Israel –la tecnología–, y Chipre –la sede financiera–, ha abierto sus centros operativos en países como Bulgaria, Macedonia del Norte y –hasta la guerra– Ucrania, donde los controles administrativos son mínimos y la corrupción política funciona como catalizador del delito. La trama también ha aprovechado la flexible regulación financiera de Lituania y Estonia, hacia donde canalizan el dinero robado a los estafados.

Pues bien, en España la red criminal levantó un sistema único para mover el dinero desde las cuentas bancarias de las víctimas hasta los bolsillos de su secreta cúpula directiva. Las enormes cantidades que manejan cada día cientos de teleoperadores en sus respectivos departamentos lingüísticos no pueden ingresarse directamente en las cuentas de los estafadores, sino que es necesaria una cortina de humo lo bastante densa para dificultar el rastreo, en caso de que las autoridades lleguen siquiera a sospechar del fraude.

Así que en España los estafadores crearon un entramado de 61 empresas fantasma, al menos desde marzo de 2022, que sirvieron para abrir cuentas en los grandes bancos españoles. Banco Santander, BBVA y Sabadell fueron sus favoritos, aunque no los únicos que aparecen en los documentos de la filtración que ha dado lugar a Scam Empire, obtenida por la televisión pública sueca SVT y coordinada por el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre.

Esas cuentas no sólo les han servido para ingresar el dinero de las víctimas, incluso pagando facturas falsas, también para hacer devoluciones de pequeñas cantidades –no más de 500 euros– a algunas de ellas y hacerles creer que podían retirar sus supuestas ganancias en cualquier momento, e incluso para contratar informáticos ucranianos como controladores de calidad de los sistemas empleados en sus call-centers. Además, las han utilizado para firmar contratos con empresas de marketing afiliado, que proporcionan a la red Sapir falsos anuncios en internet para atraer a sus víctimas.

Según ha podido comprobar Scam Empire, el dinero salió de estas cuentas españolas en dirección a empresas de Reino Unido, Hungría, Estonia, Macedonia del Norte y Bulgaria. Sólo en nueve cuentas del Santander y el Sabadell, entre el 20 de octubre de 2022 y el 10 de mayo de 2024, entraron 1,28 millones de euros. De esa cantidad, casi 1,1 millones salieron rápidamente hacia empresas del Reino Unido en 163.000 transferencias. Otra buena parte del dinero se ha movido en círculos entre las empresas españolas de la red.

Además, para recibir depósitos de sus víctimas, empresas de Sapir ubicadas en Estonia –Asterisk Media OU, Linerum OU–, Lituania –Venidicta SRO–, Hungría –Mediana Group KFT– o Reino Unido –Intellivision Ltd– abrieron sus propias cuentas en Easy Payment and Finance EP, una entidad española de pago autorizada y supervisada por el Banco de España, que ofrece “una plataforma de pagos rápidos y costes bajos”, según puede leerse en su página web. Entre septiembre de 2023 y febrero de 2024, Easy Payment and Finance procesó un total de 2,4 millones de euros para las empresas de la red de ciberfraude destapada por Scam Empire.

Easy Payment And Finance EP no ha contestado a las preguntas al respecto que le ha enviado OCCRP.

Las entradas y salidas de dinero en las cuentas bancarias de estas empresas han sido numerosas y muy rápidas. Con la información obtenida por Scam Empire resulta imposible calcular la cantidad total que han movido las 61 empresas de la trama criminal en los principales bancos españoles.

Pero, tomando una muestra de seis empresas con cuentas en BBVA, cinco en el Santander y tres en el Sabadell, resulta que las empresas fantasma de la trama de ciberestafas movieron un poco más de dos millones de euros entre septiembre de 2023 y mayo de 2024: ingresaron 2,07 millones de euros y sacaron 2,06, prácticamente la misma cantidad. Aunque ese cálculo sólo es completo y abarca los ocho meses para el Santander: 935.435 euros en depósitos y 931.867 euros en salidas. El BBVA, sólo entre enero y abril de 2024, ingresó 998.329 euros y transfirió 987.057 euros. El Sabadell, entre febrero y mayo de 2024, dio entrada a 142.541 euros y sacó 142.513.

Hay que tener en cuenta que, de las 61 empresas pantalla, 31 tenían cuentas en el BBVA, 20 las abrieron en el Santander y 12 en el Sabadell –algunas tenían cuenta en más de uno de estos bancos–.

Tanto el Banco Santander como el BBVA y el Sabadell se han negado a confirmar a OCCRP siquiera que las empresas sean clientes suyos. Tampoco desvelan si las autoridades les han solicitado datos para alguna investigación policial o judicial, amparándose en razones de confidencialidad. “La normativa bancaria nos obliga a mantener confidencialidad sobre posibles análisis de operaciones sospechosas realizadas, de su comunicación o no a las autoridades, de la recepción o no de requerimientos oficiales por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o estamentos judiciales, y sobre si determinadas personas o sociedades son o no clientes de nuestra entidad”, detalla el banco presididio por Josep Oliu. Los tres grandes bancos coinciden en poner de relieve la bondad y cantidad de sus protocolos antiblanqueo y antifraude. “Los aplicamos de forma continuada tanto en la captación de clientes como a lo largo de toda la relación ellos”, asegura el BBVA.

El Sabadell describe su sistema de scoring de riesgo y explica que utiliza “programas informáticos desarrollados en colaboración con una empresa especializada” para detectar “operaciones sospechosas”.

Todas estas empresas figuran en el Registro Mercantil a nombre de ciudadanos extranjeros. Son a la vez administradores y dueños del 100% del capital, siempre la cantidad mínima necesaria para crear una sociedad limitada, 3.000 euros. La mayoría tiene domicilio social en Alicante –donde reside una nutrida comunidad extranjera–, pero también en Madrid y apenas un par de ellas en Barcelona. Las personas al frente de estas sociedades proceden de países del Este de Europa y muchas son mujeres. Las hay húngaras, checas, lituanas, letonas, búlgaras y ucranianas, entre otras nacionalidades. Algunas son holandesas. Y todas parecen testaferros. Scam Empire ha podido acceder a las escrituras públicas autorizadas por los notarios con las que se constituyeron algunas de esas sociedades. Los “empresarios” acudieron acompañados de intérpretes –al ruso, pese a que eran de nacionalidad húngara, checa y búlgara– porque no sabían castellano.

Los nombres de las sociedades resultan a veces de la combinación caprichosa de los nombres de sus creadores: Nagynardo SL (Dora Nagy), Jankausko SL (Alexandra Jankauska), Morlantina SL (Kristina Morlan), Staronela SL (Nela Starova), Novaktrevel SL (Eva Novak), Janahorak Publicidad SL (Jana Horak), Janderico SL (Jan Sbovoda) son sólo algunos de ellos.

Sobre el papel, se trata de agencias de publicidad y de viajes, o consultorías. Pero carecen de plantilla. Es más, ni siquiera tienen oficinas. Al registro facilitan como dirección física la de espacios de coworking o centros de negocios, incluso les basta en algún caso un buzón privado de los que alquila una empresa como Mail Boxes Etc. Según ha podido comprobar infoLibre en los coworkings y centros de negocios donde deberían funcionar las sedes de estas empresas, o nunca han llegado a estar allí o desaparecieron al cabo de un par de meses de haberse registrado. Es el caso de Nagynardo SL, Larta Makota SL, Selterico SL, Ensonia Far SL, Andolantra SL, Pinolitex SL y Velentardo en Madrid, y Centorina Data SL en Barcelona. La Policía ya había acudido a preguntar y solicitar documentación a las sedes declaradas por Nagynardo SL, Ensonia Far SL y Centorina Data SL, según confirmaron los gerentes de esos espacios de trabajo.

Es más, ni siquiera son auténticos los domicilios particulares que los creadores de las empresas facilitaron a los notarios y figuran en las escrituras públicas, como ha comprobado este periódico en las direcciones de Madrid.

OCCRP ha intentado contactar con estas empresas para preguntarles por su actividad; sin embargo, no ha recibido respuesta de ninguna.

Pero sí ha localizado en Sofía a uno de estos empresarios, un ciudadano búlgaro llamado Boris Atanasov Kodzhov, quien aparece en el Registro Mercantil como administrador y socio único de Kodgeria SL, una agencia de publicidad creada el 18 de diciembre de 2023. Su nombre también figura como dueño de varias sociedades de la cibertrama en Sudáfrica, Bulgaria y Rumanía. Kodzhov explica a Bird.bg, socio de OCCRP en Bulgaria, que un hombre que conocía “de ir al pub” en Sofía le ofreció viajar a España para constituir una empresa de marketing digital en Madrid. “Sólo tenía que darle un poder notarial a un abogado, luego él se encargaría de la empresa y a mí me pagarían un tanto por ciento de los beneficios al mes, yo sólo debía registrar la sociedad”, asegura. Esa misma persona le pagó el billete de avión y el hotel en Madrid, además de 50 euros de dieta. Le prometió que recibiría un mínimo de 500 euros al mes a cambio. También le dijo que la empresa iba a publicitar “productos dentales y médicos, que son baratos en Bulgaria y caros en España”.

Ya en Madrid, acudió al notario con un abogado español, que a su vez llevó a una traductora al ruso. Esta explicó a Kodzhov que el documento que debía firmar era un poder “general”. “¿Pero no iba a ser sólo para registrar la sociedad?”, protestó el búlgaro. El abogado le dijo que firmara igualmente: “No significa nada”. “Yo no quería firmar”, se defiende ahora Kodzhov, “aunque también pensé que, ya que había viajado hasta allí y había gastado mi tiempo… así que firmé”.

Pero los 500 euros mensuales prometidos nunca llegaron, lamenta el búlgaro. “Por eso quería ir a España a revocar el poder”, se justifica, “pero no puedo, tengo que cuidar a mi madre, que está enferma”. Cuando le contactó aquel hombre en el pub, recuerda Kodzhov, trabajaba en un servicio de limpieza por 1.500 levas búlgaras al mes –unos 766 euros–. Repite que no sabe nada de la red de ciberestafas de la que forma parte la empresa registrada a su nombre. Y sostiene que una oferta similar –registro a cambio de una cantidad mensual– le llevó a poner a su nombre una empresa sudafricana llamada Matrix Vision, que también pertenece a la cibertrama dirigida desde Israel.

A pesar de la extensión de la red Sapir y de la intensidad del tráfico en las cuentas de estas 61 empresas, los bancos aparentemente no detectaron ninguna anomalía. Según la normativa europea y española, las entidades financieras deben saber quiénes son sus clientes, de dónde procede su dinero y para qué lo utilizan. Pero, además, deben aplicar una vigilancia “reforzada”, hacer comprobaciones adicionales, “si un cliente no reside en España o una empresa parece no tener actividad real”, explica Juan Ignacio Navas Marqués, socio director de Navas & Cusi Abogados, un despacho especializado en derecho bancario y en protección de los clientes de las entidades financieras.

También están obligados los bancos a evaluar cuáles son los factores de riesgo de cada transacción financiera internacional, “independientemente de que el país implicado esté dentro o fuera de la UE”, advierte el abogado. Las transferencias de las empresas pantalla creadas en España se realizaron con otras situadas en países comunitarios y Reino Unido, en su mayor parte. Pero Juan Ignacio Navas sostiene que, incluso en Estados miembros de la UE, ciertas “particularidades” justifican una diligencia reforzada. “Por ejemplo, los países donde es más fácil constituir empresas con estructuras opacas –empresas fantasmas–, zonas con un historial de sociedades ficticias utilizadas para fines ilícitos o zonas que han tenido problemas previos con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo”.

Es el caso de Bulgaria que, aun siendo miembro de la UE, entró en octubre de 2023 en la lista gris del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, creado por el G8, los ocho países más ricos del planeta), advierte por su parte Edo Bakker, consejero delegado de Agile Control Solutions, una consultora experta en gestión de riesgos y en ayudar a las empresas a aplicar controles antiblanqueo. Macedonia del Norte, otro de los países donde Sapir ha instalado sus call-centers, es el 40º país más corrupto de los 180 que integran el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional. En su último informe sobre el país, el organismo del Consejo de Europa contra el blanqueo de capitales pidió a Macedonia del Norte que reforzara su lucha contra el blanqueo de capitales, tras calificar de “modestos” sus resultados hasta el momento.

Georgia también figura en la lista de los países que incumplen las normas para combatir el blanqueo de dinero que elabora el Consejo de Europa, junto con otros miembros de la UE como Lituania, Estonia, Hungría, Chipre o la República Checa.

“Aunque un país no aparezca en ninguna lista negra, los bancos tienen tanto el derecho como la obligación de aumentar sus controles si aprecian indicios o patrones que justifiquen medidas más estrictas”, sostiene Juan Ignacio Navas. Así, deben “intensificar la búsqueda de los verdaderos titulares del dinero, especialmente cuando hay empresas con estructuras complejas de por medio”, resalta. Bajando los umbrales de alerta, continúa, deben generar un “análisis manual” para hacer “un seguimiento más exhaustivo”.

Porque los bancos ya cuentan con sistemas automáticos de alerta, que “ayudan”, precisa el abogado, “pero a veces generan tantos avisos que los importantes pueden perderse entre los falsos positivos”.

Eddo Bakker cree, no obstante, que como en España los bancos están obligados a hacer primero una investigación, un informe con fuentes públicas y pedir información al cliente, antes de denunciar posibles irregularidades ante el Sepblac –la autoridad financiera contra el blanqueo–, el trabajo le llega a este órgano “más masticado, con más indicios”, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, donde las entidades financieras deben “comunicar cualquier cosa inusual que detecten, importes inusuales a partir de cierto umbral, por ejemplo”.

En todo caso, Bakker apunta que la obligación legal de los bancos es “prevenir el blanqueo de dinero, no prevenir el delito; en este caso, el fraude”. “Es imposible”, precisa, “que el banco detecte un fraude que afecta a muchas personas con cantidades pequeñas, informan sólo de los casos más graves”.

Otro problema estriba en que, si un cliente está catalogado como de bajo riesgo, “puede ser que el banco no actualice el KYC en tres o cinco años”, advierte el CEO de Agile Control Solutions. El formulario conocido como Know Your Client (Conoce a tu cliente) es obligatorio cuando se abre una cuenta bancaria o se accede a cualquier producto financiero. Pero la normativa de la UE sólo obliga a actualizarlo cada año a las empresas de alto riesgo. Y una empresa de reciente creación siempre tiene más riesgo, aclara Eddo Bakker. “Pero la ley europea no establece cada cuánto tiempo debe actualizarse el KYC de una empresa de riesgo bajo o moderado”, añade, “eso lo decide cada banco”.

Eso sí, Bakker no cree que las entidades financieras españolas sean más laxas en la aplicación de controles antiblanqueo que otros países europeos. “Según la clasificación del GAFI, España es uno de los que tiene calificaciones más altas; su única queja es que hay pocas condenas por blanqueo”, expone.

Mención aparte merecen los organismos supervisores. Tanto el Banco de España como la CNMV aseguran que las estafas bancarias no son de su competencia. De hecho, en la Memoria de Reclamaciones que publica cada año, el supervisor bancario desvía a las víctimas hacia las autoridades de consumo y los tribunales. El Banco de España informa a los ciudadanos de que, “para resolver estas controversias, pueden acudir a las autoridades de consumo o a los tribunales civiles o penales, que son los que, en última instancia, deben establecer los hechos y las consecuencias jurídico-patrimoniales que puedan derivarse para las partes”. A continuación, remite a su Portal del cliente bancario, donde hay un apartado denominado "Protéjase contra el fraude".

Como no es de su competencia, el organismo supervisor rechaza la mayoría de las reclamaciones que les envían los clientes de un banco cuando han sido víctimas de una estafa. En 2023, último año sobre el que ha publicado la memoria, el Banco de España recibió 8.696 reclamaciones de ciudadanos por fraude, el 26,2% del total. De estas 8.696 reclamaciones, rechazó 4.831, es decir, más de la mitad (55,5%). De las 33.191 reclamaciones recibidas en 2023 —de todo tipo, desde hipotecas hasta tarjetas de crédito—, 2.982 fueron reclamaciones por transferencias bancarias, que aumentaron casi un 38% respecto a 2022. De hecho, son el segundo tipo de queja que más creció ese año, y el aumento se debió a “incidencias relacionadas con operaciones de pago presuntamente fraudulentas”, según admite el propio Banco de España.

Por su parte, la CNMV destaca, a preguntas de infoLibre, que su competencia es, por ejemplo, abrir expediente a la red X por difundir publicidad de entidades no autorizadas, los conocidos como chiringuitos financieros, pero no perseguir presuntos delitos. “Somos el supervisor que más chiringuitos detecta, sólo por detrás de nuestros colegas británicos. En 2024 la CNMV publicó 522 advertencias, y los organismos supervisores internacionales, 725 advertencias”, enumera. El regulador reconoce que han aumentado “los casos de fraude financiero por la extensión de las redes sociales y las ofertas fraudulentas de activos como las criptomonedas”, por lo que ha puesto en marcha un Plan de Acción contra el Fraude Financiero, (PAFF), al que se han adherido 21 organizaciones públicas y privadas.

Fuentes del Ministerio de Economía, del que depende el Sepblac, la unidad que lucha contra el blanqueo de capitales, se remiten a la MICA (Markets in Crypto Assets Regulation, por sus siglas en inglés), de la UE cuando se le pregunta por sus actuaciones contra el ciberfraude de inversiones. “Garantiza la protección de los ciudadanos”, resalta. También señala que la normativa de blanqueo de capitales se ha adaptado para “tener en cuenta toda la casuística en torno a los criptoactivos”. Y, finalmente, apunta hacia la CNMV, “que alerta de los fraudes” y hacia la educación financiera de los ciudadanos, de la que se encarga también el Banco de España.

No es extraño, por tanto, que el cliente estafado se sienta muy solo. A Joaquín –nombre supuesto– la cibertrama le robó 125.000 euros en dos meses. Los ahorros de toda su vida, con los que planeaba comprarse una casa. Tiene 30 años. Licenciado en Administración en Empresas y con dos másters, pinchó en un anuncio, publicado en la web del diario Marca, donde Fernando Alonso supuestamente recomendaba una plataforma de inversión basada en un algoritmo. Ni 10 minutos después recibió la primera llamada. Una mujer que decía ser Salomé Vinuez y tenía acento latinoamericano le explicó las lucrativas inversiones que podía hacer a través de Virgobanc, una entidad suiza con advertencias de la CNMV y la autoridad financiera de la confederación helvética. Empezó comprando acciones de empresas del Íbex 35 y materias primas, que pagó mediante transferencias a una empresa de Sudáfrica –Xago Techonologies Ptyltd– y a un procesador de pagos irlandés –Paysafe Payment Solutions Ltd–. Después pasó a las criptomonedas, de la mano de un asesor financiero llamado Martin Coppola, que hablaba español con acento rumano, asegura Joaquín. Su supervisora era otra latinoamericana, María Avilés.

Hasta aquí una historia muy similar a la que han contado a infoLibre otras víctimas de la cibertrama. Joaquín tenía dos cuentas en el Banco Santander. Desde una de ellas hizo todas las transferencias que le pidieron Coppola y Avilés. Un mes después de darse cuenta de la estafa y negarse a hacer un ingreso más, pese a la insistencia de los timadores, fue el Santander el que le llamó. Para preguntarle por qué había hecho un número inusual de operaciones con cantidades tan elevadas en tan poco tiempo. “Porque me han estafado, les contesté”, relata ahora el joven. Para entonces ya había presentado dos denuncias, una en la Guardia Civil y otra en la Policía Nacional, que envió al banco.

La respuesta del Santander no consistió en interesarse por su cliente, sino en bloquearle la cuenta durante cuatro meses. “Me daban a entender que era sospechoso de blanqueo”, explica muy enojado. “Ni siquiera podía ingresar mi nómina”, añade, “tenía que hacerlo presencialmente en la sucursal”. Mientras, estaba devolviendo un crédito de 20.000 euros que había pedido al banco para seguir invirtiendo en la plataforma de los estafadores. Aún no ha terminado de pagarlo.

Joaquín describe la misma presión implacable ejercida por los teleoperadores que han relatado a OCCRP otras víctimas. “María Avilés era la peor”, recuerda horrorizado. Cuando exponía sus reparos a seguir metiendo dinero, le llamaban “fracasado” y utilizaban el pánico de la víctima a perderlo todo: “Si no inviertas más, no vas a recuperar el dinero”. También le dijeron que tendría que pagar impuestos si se retiraba. Pese a que lo reclamó a las direcciones de correo de Virgobanc y de Xago Techonologies que le facilitaron, los estafadores le siguen llamando a día de hoy. “Te vamos a estar llamando toda la vida”, le amenazaron Coppola y Avilés.

Joaquín, que necesitó ayuda psicológica y confiesa que ha tenido ideas suicidas fruto de la desesperación y la vergüenza –“esto me ha pasado por buscar el camino fácil”, concede–, da por perdido el dinero, pero quiere “averiguar quién está detrás” del engaño. Sabe que no son ni Avilés ni Coppola. “Contigo he ganado 15.000 euros”, le dijo en una de sus llamadas el agente con acento rumano y apellido de cine. Los documentos a los que ha tenido acceso Scam Empire confirman que, al menos con su salario, Coppola no mentía. En febrero de 2024, su nómina fue de 12.461 euros –3.143 de sueldo base y 9.318 de bonus–. La de María Avilés ascendió a 16.985 euros –2.619 de sueldo base y 14.366 de bonus–.

Tras la amarga experiencia, Joaquín dice estar “decepcionado” consigo mismo. Pero no tanto como con el Santander, del que ya no es cliente. Preguntado por las ciberestafas que aprovechan sus cuentas bancarias, el banco de Ana Patricia Botín responde que sus procesos para identificar y prevenir delitos financieros son “amplios y robustos”. “Estamos seguros”, recalca, “de que hemos cumplido plenamente con nuestras obligaciones como institución financiera responsable”. 

Muchas de las empresas fantasma identificadas en la investigación de OCCRP aparecen también en la demanda que 72 víctimas españolas han presentado en la Audiencia Nacional y ya ha sido admitida a trámite. En ella también se menciona a un banco luxemburgués, Banking Circle, que a su vez figura en los documentos de Scam Empire. Sólo esta entidad es responsable de transacciones por importe de 730.000 euros con esos estafados españoles, según la investigación que ha llevado a cabo Reporter.lu, socio de OCCRP en Luxemburgo.

Fundada en Dinamarca, en 2013, como una start-up, Banking Circle se ha hecho un nombre en todo el mundo. Con sucursales en la UE, Liechtenstein, Londres y Singapur, Banking Circle es lo que se conoce como un neobanco –100% digital sin licencia bancaria–. En 2018, fue adquirido por el fondo de inversión sueco EQT. Entonces trasladó su sede a Luxemburgo, donde también la tiene el fondo. En 2024, la CSSF, el supervisor financiero del Gran Ducado, concedió al banco una licencia para “tokens [representación digital de un activo] de dinero electrónico”. Y poco después, el neobanco lanzó su propia criptomoneda, Eurite.

A preguntas de OCCRP, Banking Circle explica que sólo “presta servicios de procesamiento de transacciones para proveedores de servicios de pago y otros bancos, y no tiene clientes particulares”. Además, sus cuentas poseen un IBAN virtual que se utiliza como referencia para que los pagos puedan redirigirse a otra cuenta bancaria física.

Así, Banking Circle no tiene conocimiento de los saldos individuales de los clientes finales: esas cuentas son responsabilidad del proveedor de servicios de pago. Por ese motivo, ya hace tiempo que las autoridades consideran un problema los IBAN virtuales. De hecho, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) advirtió en mayo de 2024 del riesgo de blanqueo de capitales que implican, ya que los clientes finales no son conocidos por los proveedores de servicios financieros y, por tanto, falta información para controlar la cadena de transacciones. Las autoridades financieras luxemburguesas, por ejemplo, dicen desconocer el número de IBAN virtuales en circulación en el Gran Ducado.

En el caso de las víctimas españolas, el control de Banking Circle está bajo cuestión. Según los documentos de Scam Empire, el cliente bancario de las transacciones era Paysafe Payment Solutions Ltd, una entidad de dinero electrónico y proveedor de servicios de criptoactivos supervisada por el Banco de Irlanda. Banking Circle confirma que es su cliente. Con sucursales en todo el mundo, Paysafe Payment Solutions Ltd pertenece a sociedades holding con sede en Londres. En el Registro Mercantil británico, aparece como “persona con control significativo” una sociedad de Bermudas. Sin embargo, Banking Circle niega tener relación alguna con esa firma en el paraíso fiscal caribeño, según ha respondido a preguntas de Reporter.lu.

El caso es que Banking Circle posee una licencia bancaria en Luxemburgo desde 2019. Pese a que el Banco Cenral de Irlanda confirma a Reporter.lu que una entidad sólo puede recibir una licencia si revela quiénes son sus accionistas.

Los seis principales bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- ganaron en conjunto 31.768 millones en 2024, un 21% más que un año antes, con lo que lograron un nuevo récord, pese a destinar cerca de 1.500 millones a pagar el impuesto extraordinario, según informa EFE.

Una vez más el Banco Santander se anotó los mayores resultados y obtuvo la cifra histórica de 12.574 millones, un 14 % más, gracias al fuerte crecimiento de los ingresos en todos los negocios globales y regiones, con una especial contribución de España, donde el banco ganó más dinero que en Brasil y casi como en toda Sudamérica. La presidenta del grupo, Ana Botín, además, anunció que solo se está viendo una pequeña parte del potencial del Santander y desveló que el objetivo es que en 2025 tanto la rentabilidad como los beneficios vuelvan a crecer, lo que supondría marcar récord por cuarto año consecutivo.

Con esas previsiones, el Santander dijo que espera destinar a los accionistas 10.000 millones de euros con recompras de acciones con los resultados de 2025 y 2026 y usando el exceso de capital, lo que el mercado celebró con fuertes subidas en bolsa.

A continuación figura el BBVA, que obtuvo un beneficio nunca antes visto de 10.054 millones en 2024, un 25 % más, debido especialmente a las filiales de México y España y, en general, por el incremento de los ingresos recurrentes y de la actividad crediticia. El banco presidido por Carlos Torres se comprometió a destinar más de 5.000 millones a la retribución de sus accionistas, con el reparto de un dividendo de 70 céntimos de euro por título, un 27 % más que un año antes, y un nuevo programa de recompra de acciones

Al igual que el Santander, el BBVA da por hecho que en 2025 sus resultados seguirán creciendo, a pesar del nuevo entorno de tipos de interés más bajos en Europa, y confía en que su oferta pública de adquisición del Sabadell triunfe y pueda tomar el control de la entidad catalana para integrarla en su grupo.

El tercer banco con mayores beneficios, CaixaBank, logró un beneficio de 5.787 millones, un 20 % más, igualmente impulsado por el dinamismo del negocio, a pesar de haber destinado 493 millones a principios del ejercicio al pago del gravamen extraordinario. La entidad que dirige Gonzalo Gortázar propuso un dividendo en efectivo de 28,6 céntimos de euro con cargo a 2024 y aprobó un sexto programa de recompra de acciones por 500 millones para alcanzar el objetivo de 12.000 millones entre 2022 y 2024.

En el caso del Sabadell, el banco también batió un nuevo récord al ganar 1.827 millones, un 37 % más, gracias al gran dinamismo registrado por el negocio en España tanto con particulares como con empresas, y la contribución creciente de su filial británica, TSB.

Con estos resultados y las buenas previsiones para 2025, el Banco Sabadell eleva a 3.300 millones la estimación de retribución al accionista con cargo a 2024 y 2025, lo que equivale al pago de 61 céntimos por acción en el conjunto de los dos ejercicios, y dedicará 1.002 millones de euros a la recompra de acciones.

Bankinter, por su parte, registró igualmente un beneficio inédito de 953 millones, prácticamente un 13 % más, gracias al incremento de los ingresos, a la mayor actividad comercial y a la creciente diversificación del negocio, y aspira a que en 2025 los resultados sigan mejorando y superen por primera vez los 1.000 millones.

En 2024, la entidad supo conjugar la negativa evolución de los tipos de interés durante el año con un incremento en los volúmenes de negocio, tanto en inversión crediticia como en recursos de clientes, especialmente los gestionados fuera de balance.

Por último, Unicaja Banco, el sexto banco de España por volumen de activos, tuvo un beneficio de 573 millones en 2024, más del doble que un año antes, un 115 % más, lo que supone la mejor evolución de resultados de todo el sector. La entidad malagueña aprovechó para presentar junto a sus resultados su plan estratégico, que contempla ganar al menos 1.600 millones en tres años y que sorprendió al mercado con la promesa de repartir el 85 %.

El Banco Santander ganó 12.574 millones de euros en 2024, un 14% más que en el ejercicio anterior, con lo que consigue un nuevo récord anual de beneficios por tercer año consecutivo, gracias al crecimiento de los ingresos en todos los negocios y regiones. Según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge EFE, los ingresos subieron un 8%, hasta los 62.211 millones de euros, gracias al incremento de clientes, y la rentabilidad (RoTE) aumentó hasta el 16,3% desde el 15,1%.

El Santander, que superó los objetivos que había mejorado para 2024 en ingresos, eficiencia, coste de riesgo, rentabilidad y solvencia, destinará a los accionistas 10.000 millones de euros con recompras de acciones correspondientes a los resultados de 2025 y 2026 y usando exceso de capital, que serán adicionales a la distribución ordinaria de diviendos en efectivo.

El banco ha anunciado este miércoles una nueva recompra de acciones de cerca del 25% del beneficio del segundo semestre de 2024, con un importe máximo de 1.587 millones de euros y que comenzará mañana.

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha destacado que Santander haya logrado resultados récord por tercer año consecutivo, con un crecimiento del 8% de los ingresos, la suma de ocho millones de nuevos clientes, la mejora del retorno sobre el capital tangible (RoTE) hasta el 16,3% y el aumento del 39% del dividendo en efectivo por acción pagado.

Para 2025, los objetivos del banco son mantener los ingresos en cerca de 62.000 millones de euros, aumentar los ingresos por comisiones a un dígito medio-alto, reducir costes, alcanzar una rentabilidad RoTE por encima del 17% y una ratio de capital CET 1 'fully loaded' del 13%.

En el cuarto trimestre de 2024, el Santander incrementó su beneficio atribuido un 11% respecto al mismo periodo del año anterior, al alcanzar 3.265 millones de euros.

En términos de solvencia, en el año 2024 la ratio de capital CET1 'fully loaded' de Santander alcanzó el 12,8%, 0,5 puntos porentuales más en el año.

El Santander, que aumentó su número de clientes en ocho millones en 2024 hasta los 173, incrementó su margen de intereses un 8% en el ejercicio, mismo porcentaje en que aumentaron los ingresos por comisiones, que ascendieron a 13.010 millones de euros.

La ratio de eficiencia del Santander logró su mejor cifra en quince años, tras reducirse en 2,3 puntos porcentuales, hasta el 41,8%.

En 2024, los recursos de clientes (depósitos y fondos de inversión) crecieron un 4%, con un incremento del 3% en los depósitos y del 19% en los fondos de inversión. Las dotaciones por insolvencias bajaron un 1%, el coste del riesgo hasta el 1,15% y la ratio de morosidad mejoró en nueve puntos básicos, hasta el 3,05%.

Santander abonó por impuesto sobre beneficios 5.283 millones de euros, un 18% más que en 2023, y su tasa fiscal efectiva fue del 28%.

Por negocios, el negocio de banca minorista y comercial (Retail & Comercial Banking) incrementó su beneficio un 29 %, hasta los 7.263 millones de euros, si bien el crédito cayó un 1 %, debido a las amortizaciones anticipadas de hipotecas y pymes en Europa.

El negocio digital y de consumo (Digital Consumer Bank) obtuvo un beneficio atribuido de 1.663 millones de euros, un 12% menos, principalmente por provisiones adicionales por hipotecas en francos suizos en Polonia, así como por reclamaciones sobre las comisiones de los agentes de financiación de vehículos en Reino Unido, anunciadas a finales de 2024.

Por su parte, Wealth Management & Insurance, que aglutina los negocios de banca privada, gestión de activos y seguros del grupo, elevó su beneficio atribuido un 14%, hasta los 1.650 millones de euros, con un crecimiento de los ingresos del 14% en banca privada, del 23% en Santander Asset Management y del 12% en seguros, con un incremento de delos activos bajo gestión del 13%.

El negocio de pagos (Payments) logró un beneficio de 413 millones de euros, un 26% menos, por el cierre de las plataformas de pagos en comercios en Alemania y de la aplicación Superdigital en Latinoamérica, sin lo cual el beneficio habría crecido un 18%. Corporate & Invesment Banking, división de clientes corporativos e institucionales, obtuvo un beneficio récord de 2.740 millones de uros, un 16% más.

Por áreas geográficas, el Santander obtuvo en Europa un beneficio atribuido de 6.644 millones de euros, un 21,2% más, destacando el incremento del 58,7% en España, donde alcanzó los 3.762 millones de euros gracias a unos mayores ingresos y menores dotaciones, además de la contribución de resultados por operaciones financieras.

En España, solo en el cuarto trimestre, el beneficio fue de 925 millones de euros, un 14,4% menos. En el área de banca comercial, los préstamos y anticipos a la clientela se redujeron el 1,8%, hasta los 225.759 millones de euros, con una tasa de morosidad que cayó al 2,68%. Los depósitos de la clientela cayeron un 0,8%, hasta los 306.389 millones.

Frente a ello, en Reino Unido el beneficio descendió un 15,4%, hasta los 1.306 millones de euros, mientras que en Portugal aumentó un 11,7%, hasta los 1.001 millones.

En Norteamérica, el beneficio ascendió a 2.579 millones de euros, un 9,6% más, con un incremento del 19% en Estados Unidos, donde ganó 1.109 millones de euros, y un aumento del 7,2% en México, donde el beneficio fue de 1.671 millones.

Por su parte, Santander registró en Sudamérica un beneficio de 3.863 millones de euros, un 27,1% más que un año antes, ascendiendo el beneficio en Brasil a 2.422 millones de euros, un 26,1% más.

Ni la bajada de los tipos de interés, ni las incertidumbres geopolíticas globales, ni las OPA hostiles, ni los cambios en las cúpulas, ni el impuesto extraordinario hacen mella en los resultados de la gran banca española. En los nueve primeros meses del año las seis mayores entidades financieras españolas han vuelto a romper récord de beneficios. Han ganado 23.656 millones de euros, un 20% más que en el mismo periodo de 2023.

Aunque la época del dinero caro, tras la invasión rusa de Ucrania, ha tocado a su fin con la inflación bajo control y el PIB europeo en riesgo de caída, los bancos españoles siguen presumiendo de resultados galácticos. E incluso de una rentabilidad mejorada. Compensan la desescalada de tipos aumentando su volumen de negocio –reforzando su operativa comercial: más hipotecas, más cuentas nómina–, y diversificándose geográficamente. El consejero delegado del Santander, Héctor Grisi, aseguró en la presentación de resultados que su objetivo es convertir la entidad “en el banco principal” para sus clientes, y de ahí que, por ejemplo, haya prorrogado ya varias veces la promoción en la que ofrece el pago de 400 euros a cambio de domiciliar la nómina. Una guerra por las cuentas a cambio de un regalo en efectivo en la que están embarcados los mayores bancos del país.

Grisi, de hecho, anunció que el Santander seguirá batiendo récords de beneficios –“Lo mejor está por venir”, avanzó– en el futuro, pese a la moderación de los tipos de interés y la consiguiente rebaja de los márgenes bancarios.

El banco que preside Ana Patricia Botín ganó 9.309 millones de euros entre enero y septiembre de este año, un 14% más que en el mismo periodo de 2023, superando las previsiones del mercado. Y aumentando el número de sus clientes hasta los 171 millones, cinco millones más. Precisamente a la mayor “actividad de clientes” y a la “buena gestión de los márgenes” atribuye el banco la subida del 8% del margen de intereses –la diferencia entre ingresos y costes financieros, que sirve para medir el negocio puramente bancario–.

Al mismo tiempo, ha mejorado su rentabilidad, alcanzando un retorno sobre el capital tangible (RoTE) del 16,2%.

Los números son tan positivos, destaca el banco en el informe sobre sus más recientes resultados, que ya en julio revisó al alza tres de sus objetivos para este año: el crecimiento de los ingresos, la ratio de eficiencia y el mencionado RoTE.

Sin embargo, aun con semejante bonanza, el Santander va a despedir a 1.425 trabajadores en su filial del Reino Unido, según alega, debido al “cambio del modelo operativo del grupo y de la simplificación y automatización de procesos” que está llevando a cabo. “Es posible que al final el recorte afecte a un número de empleos algo mayor. Dependerá de cómo evolucione el proceso”, advirtió Grisi.

Los cuantiosos beneficios y grandes expectativas tampoco impiden al Santander atacar el impuesto temporal a la banca que creó el Gobierno en 2022 y cuya extensión durante tres años más acaba de pactar el PSOE con PNV y Junts. Hace una semana, Ana Patricia Botín dijo durante un acto en Washington que el gravamen va “contra el crecimiento” y no facilita “un ambiente inversor y más atractivo y dinámico”, informa Efe.

No ha sido la única crítica. La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, arremetió contra el “mercadeo político” que, a su juicio, se está practicando en torno al polémico impuesto. Ortiz pidió una “discusión entre adultos” en temas fiscales y reiteró que el banco recurrirá el gravamen si considera que no cumple la normativa, pero sin amenazar con llevarse “nada a ningún sitio”, en alusión a Repsol, que advirtió de su intención de trasladar inversiones a otros países si se mantenía en vigor el impuesto a las energéticas.

Este mismo jueves, fue el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, quien cargó contra el gravamen: “Lo que me parece más grave es que consagra y exagera la discriminación entre entidades. Es un impuesto progresivo, algo en lo que creo en las personas físicas, pero en las jurídicas es un concepto que se me escapa. Se está gravando según el tamaño y nosotros somos la entidad financiera más grande en España; por tanto, seremos los que más paguemos”. Gortázar se lamentó de que al gravamen bien podría llamársele “tasa Caixabank”.

El impuesto a la banca, que originalmente era del 4,8% sobre los ingresos, pasará a ser progresivo desde un mínimo del 1% hasta un máximo del 6% en función de la base liquidable, que es el que corresponde a Caixabank. Pero también se permitirá una deducción del 25% en el impuesto de sociedades y una deducción extraordinaria en caso de que la rentabilidad de la entidad baje de un determinado umbral. Este año, Caixabank ha pagado 493 millones de euros en concepto de gravamen extraordinario. En total, según los cálculos de Efe, los seis grandes bancos nacionales han abonado un total de 1.500 millones de euros por el impuesto. Es decir, aún sin finalizar el ejercicio, esa cantidad equivale a sólo el 6,34% de sus beneficios. En 2023, el Santander pagó 224 millones por el impuesto –un 8,7% de sus beneficios–, el BBVA 225 millones y Caixabank, el que más, 373 millones de euros.

El BBVA ganó 7.622 millones entre enero y septiembre, más que nunca en ese periodo y un 28% más que en los nueve primeros meses de 2023. El banco lo atribuye, al igual que el Santander, al aumento del crédito y de los depósitos. El negocio en España creció un 37,6%. Y la rentabilidad sobre recursos propios, un 20,1%. Ni al BBVA ni al Sabadell les ha penalizado la OPA hostil que el primero lanzó sobre el segundo el pasado mayo y que está pendiente de autorización por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

“Hemos cerrado, un trimestre más, una mejora de la rentabilidad y la solvencia, lo que apoya la creación de valor para los accionistas de forma recurrente y el proyecto en solitario de Banc Sabadell”, elogió el consejero delegado del Sabadell, César González Bueno, al presentar los beneficios del banco: 1.295 millones de euros, un 25,9% más que entre enero y septiembre de 2023. Unas cifras que son el resultado del alza del 26% en el crédito a empresas y de un 34% en el número de hipotecas. La rentabilidad también ha mejorado, casi dos puntos, hasta el 13,2%.

En Caixabank la presentación de resultados ha servido también para anunciar la renuncia voluntaria de José Ignacio Goirigolzarri como presidente ejecutivo de la entidad, y su sustitución por Tomás Muniesa. Caixabank cumple así con la recomendación del BCE, que presiona para que se separen las funciones ejecutivas y no ejecutivas en los órganos de poder de los bancos. Ya lo han hecho Bankinter y Unicaja, que cuentan con un consejero delegado y un presidente ejecutivo, pero aún mantienen todo el poder Ana Patricia Botín en el Banco Santander, Carlos Torres en el BBVA y Josep Olíu en el Banco Sabadell.

El cambio en la cúpula se produce mientras Caixabank se apunta unos beneficios de 4.248 millones de euros hasta septiembre, un 16,1% más, gracias a “una intensa actividad comercial, una morosidad contenida, solvencia y liquidez muy por encima de los requerimientos y una rentabilidad que ha alcanzado niveles razonables”, en palabras de Gonzalo Gortázar. Por ejemplo, las suscripciones netas de fondos de inversión, seguros y planes de pensiones han crecido nada menos que un 54,3%, y las hipotecas, un 55%.

Los beneficios de Bankinter han sido más modestos, 731 millones de euros, un 7% más que el año anterior, mientras su rentabilidad sobre recursos propios se eleva al 18%. La entidad atribuye los números a un “sólido crecimiento en todos los volúmenes del negocio con los clientes”.

El sexto mayor banco español, Unicaja, ganó 451 millones de euros hasta septiembre, un 58% más que en el mismo periodo de 2023. Gracias a la caída de los tipos de interés, las hipotecas repuntaron un 35%. Mientras que su RoTE ha mejorado dos puntos, hasta el 10%.

También podría añadirse a la lista de los grandes beneficios Abanca, heredera de las quebradas cajas de ahorro gallegas. Porque la entidad presidida por Juan Carlos Escotet ganó 988,1 millones de euros hasta septiembre –casi el doble que Unicaja y por encima de los de Bankinter–, nada menos que un 160% más que en el mismo periodo del año anterior. La cifra incluye la integración del banco portugués EuroBic. Aun sin contar esa operación, los beneficios de Abanca sumaron 638 millones de euros, un 48,8% por encima de los resultados de septiembre de 2023. Su rentabilidad roza el 17%. Como el resto de la banca, la entidad gallega gana gracias a un aumento del crédito a particulares del 12,1% y a empresas del 12,7%, así como al 22% en que han crecido los depósitos.

Los seis principales bancos españoles, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja Banco, ganaron en conjunto 23.656 millones de euros entre enero y septiembre de este año, un 20 % más que en el mismo periodo de 2023, con lo que logran un nuevo récord pese al impuesto extraordinario, según recoge EFE,

Una vez más el Banco Santander se anotó los mayores resultados y obtuvo la cifra histórica de 9.309 millones, un 14 % más, gracias al fuerte crecimiento de los ingresos en todos los negocios globales y regiones, con una especial contribución de España, donde el banco ganó más dinero que en Brasil y toda Sudamérica. Con estos datos, el grupo que preside Ana Botín da por hecho que su beneficio en 2024 superará los 12.000 millones de euros, con una rentabilidad sobre el capital tangible (RoTE) por encima del 16 %.

A continuación figura el BBVA, que este jueves ha anunciado que obtuvo un beneficio nunca antes visto de 7.622 millones entre enero y septiembre de este año, un 28 % más, debido especialmente a las filiales de México y España y, en general, por el incremento de los ingresos recurrentes y de la actividad crediticia. El banco presidido por Carlos Torres, que pretende lanzar una oferta a los accionistas del Sabadell para hacerse con el control de la entidad e integrarla en su grupo, cerró septiembre con una rentabilidad del 20,1 %.

El tercer grupo con mayores beneficios, CaixaBank, ganó de enero a septiembre 4.248 millones, un 16 % más, igualmente impulsado por el dinamismo del negocio y por el alza de los tipos de interés, a pesar de haber destinado 493 millones al pago del gravamen extraordinario que el Gobierno pretende convertir en un impuesto permanente.

En el caso del Sabadell, el banco también batió un nuevo récord al ganar 1.295 millones, un 26 % más, prácticamente la misma cifra que obtuvo en todo 2023, sustentado en el crecimiento del margen de intereses y el incremento de volúmenes, entre otros factores.

Bankinter, por su parte, registró igualmente un beneficio inédito de 731 millones, un 7 % más, gracias al incremento de los ingresos, a la mayor actividad comercial y a la creciente diversificación del negocio.

Por último, Unicaja Banco, el sexto banco de España por volumen de activos, tuvo un beneficio de 451 millones, un 58 % más, con crecimiento a doble dígito de todos los márgenes de la cuenta de resultados.

Según la información recopilada por EFE este jueves, estos resultados históricos de la gran banca española se logran después de que estas seis mismas entidades hayan restado cerca de 1.500 millones en los primeros meses del año para hacer frente al gravamen extraordinario al sector, que ahora el Gobierno pretende convertir en un impuesto hasta 2028. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció este jueves que los inversores que sufrieron pérdidas con la resolución del Banco Popular no pueden reclamar la nulidad de sus contratos de suscripción de instrumentos financieros a la extinta entidad ni a su sucesora, el Banco Santander, según informa EFE. Esto es así aún cuando los afectados no hubiesen adquirido inicialmente acciones de la entidad, sino otros instrumentos de capital que fueron convertidos en acciones antes de la resolución en 2017, según preció la corte, que confirma así la jurisprudencia que sentó su sentencia de 2022. 

El TJUE se pronunció así sobre los recursos presentados contra el Banco Santander, como sucesor del Popular, por varios inversores que adquirieron entre 2010 y 2011 instrumentos de fondos propios que en 2012 y 2014 fueron convertidos en acciones del Banco Popular. 

En el marco de la resolución de la entidad en 2017, que culminó con su venta al Santander por un euro, todas sus acciones fueron amortizadas a cero, por lo que estos inversores perdieron su titularidad. Además, otros instrumentos de fondos propios se convirtieron en acciones que fueron transferidas en su totalidad al Banco Santander sin consentimiento de los antiguos titulares y sin que estos recibieran contrapartida. 

Los inversores presentaron entonces sendos recursos, por un lado para declarar nula la adquisición de los instrumentos de fondos propios en cuestión, aduciendo que ni el Banco Popular ni su filial BPE Preference International les habían informado debidamente de su naturaleza, características y riesgos; y por otro para pedir una indemnización.

Con posterioridad a estos recursos, en 2022 el TJUE sentenció que la directiva europea sobre reestructuración se opone a que, tras la depreciación total de las acciones de un banco ordenada en el marco de su disolución, quienes adquirieran acciones antes de la misma puedan presentar recursos para declarar responsable a la entidad o su sucesor legal por la información del folleto o para declarar nulos los contratos de suscripción de acciones. 

En este contexto, el Tribunal Supremo español, que debe decidir sobre los recursos, preguntó a la corte de Luxemburgo si esto se aplica también a recursos presentados, no por quienes adquirieron inicialmente acciones, sino por quienes suscribieron otros instrumentos de capital que fueron convertidos en acciones antes de la resolución. 

En la sentencia emitida este jueves, el TJUE considera que debe hacerse la misma interpretación, de modo que los adquirientes de esos instrumentos de capital no pueden pedir responsabilidad o la nulidad del contrato de adquisición con posterioridad a la decisión de resolución. 

La corte destaca el carácter excepcional del régimen de insolvencia que establece la directiva, cuya aplicación busca preservar la estabilidad financiera y debe estar justificada por un interés general superior, y señala que esas acciones judiciales cuestionarían toda la valoración en que se basa la resolución —ya que la composición del capital es parte de la misma— por lo que podrían frustrar el procedimiento y los objetivos de la directiva.  Además, recuerda que en el momento de la resolución, los instrumentos adquiridos ya habían sido convertidos en acciones. 

Por otra parte, el TJUE clarifica que no se puede pedir la nulidad del contrato de suscripción al Banco Santander ya que los antiguos accionistas, cuyos títulos fueran transmitidos en el marco de la resolución, ya no son accionistas ni del Popular ni de su sucesora, por lo que pierden todo derecho respecto a los activos, derechos o pasivos transmitidos.

La corte subraya que la directiva se opone a que acreedores y accionistas puedan pedir la nulidad del contrato de suscripción tras la resolución, ya que esto permitiría que evitasen retroactivamente las pérdidas que deben soportar de manera prioritaria según la norma europea.

Jaime Botín-Sanz de Sautuola García de los Ríos, histórico presidente, fundador e impulsor de Bankinter, ha fallecido este jueves en Santander a la edad de 88 años, rodeado de su familia, según ha confirmado la entidad y ha recogido Europa Press.

El nombre de Jaime Botín ha estado específicamente ligado, desde su fundación, a la marca Bankinter, entidad constituida en junio de 1965 como un banco industrial, al 50% entre el Banco de Santander y Bank of América y que en 1972 salió a cotizar a la Bolsa de Madrid, transformándose en ese momento en un banco comercial totalmente independiente de sus fundadores.

El banquero fue consejero director general de Bankinter desde 1965, consejero delegado desde 1977 hasta 1986, presidente de la entidad entre 1986 y marzo de 2002 y, hasta hoy, máximo accionista de la compañía a través de la sociedad patrimonial familiar Cartival, titular en la actualidad de un 23,19% del capital social del banco.

Asimismo, fue también el creador e impulsor de Linea Directa, aseguradora que nació en 1995 como una joint venture entre Bankinter y Royal Bank of Scotland y que, hasta su salida a Bolsa en abril de 2021, formó parte del Grupo Bankinter.

El beneficio agregado de los seis grandes bancos en España en el primer semestre ha sido de 7.311 millones de euros, un 39,1% más respecto al obtenido en el mismo periodo de 2023, según la consultora Neovantas, teniendo en cuenta los datos de Santander España, BBVA España, CaixaBank, Sabadell España, Bankinter y Unicaja.

Estos beneficios incluyen el impacto del impuesto extraordinario de 1.479 millones de euros, calculado en base al margen de intereses más comisiones del año pasado, y registrado en el primer trimestre del año, según informa Europa Press.

Asimismo, el informe de banca elaborado por la consultora con los resultados del primer semestre destaca que los ingresos recurrentes de estas entidades —es decir, los puramente bancarios— han aumentado a nivel agregado un 14,3% como consecuencia del margen de intereses que se ha visto incrementado hasta los 15.687 millones de euros, lo que supone un aumento del 19,3% respecto al primer semestre del año pasado.

"Este crecimiento subraya la solidez del negocio bancario en un entorno económico desafiante", explica el presidente de Neovantas, José Luis Cortina.

El informe, además, refleja que las comisiones han contribuido con 5.523 millones de euros a los ingresos de la gran banca en España, lo que representa un incremento del 2% en comparación con el mismo período del año anterior.

Por el lado de los gastos, el informe resalta los "esfuerzos continuos de racionalización" que han realizado los bancos en los últimos años, unido a la digitalización que están acometiendo, lo que está conteniendo los gastos de explotación que solo han aumentado un 4% en comparación con el primer semestre de 2023.

Esta contención ha favorecido una mejora en el ratio de eficiencia, que ahora se sitúa en torno al 40%, un nivel considerablemente más bajo que el de muchos bancos europeos.

En cuanto a la morosidad, Neovantas señala que hace un año se auguraba un crecimiento "más rápido" de lo espero de los impagos, aunque finalmente durante el primer semestre de 2024 se ha mantenido contenida en niveles bajos; en un 3,6% según el dato de mayo que ha publicado el Banco de España.

"No obstante, las entidades continúan aumentando tímidamente sus provisiones, un 0,4%, ante los posibles escenarios adversos por la situación de incertidumbre en la que vivimos, que en los últimos meses está empezando a dar muestras con ligeros repuntes en la mora de los créditos al consumo y de las hipotecas", comenta Cortina. A pesar de estos aumentos, los ingresos adicionales han compensado "ampliamente" las provisiones.

En lo que respecta a la rentabilidad sobre capital tangible (RoTE), todas las entidades han mostrado un crecimiento significativo, superando el coste del capital estimado en un 13%. Destaca el caso de Unicaja que, aunque aún se encuentra por debajo de este nivel, con un 6,5%, ha mejorado su RoTE en un 61,7% durante estos meses y se ha marcado el objetivo de alcanzar el 9% al cierre de este año.

"Toda esta situación la viene reflejando el mercado desde el 1 de enero, con incrementos de las cotizaciones de entre un 17% del Santander y hasta un 75% del Sabadell, a pesar de las caídas que en estos últimos días hemos visto y que se deben más a una recogida de beneficios, que a otras causas que nos hagan pensar en correcciones mayores en el corto y medio plazo. Esto ha hecho que varios de los grandes bancos españoles superen ya en cotización su valor contable, como es el caso de Bankinter, BBVA y CaixaBank", añade Cortina.

Los resultados que la gran banca española ha conseguido en la primera parte del año anticipan un "récord" para el conjunto de 2024, de tal forma que se superarían los ya históricos beneficios de 2023.

Además, Neovantas señala que, si no se produce un "caos geopolítico", es muy posible que el periodo de bonanza de la banca "se alargue más allá del año en curso". Este optimismo se debe, en parte, a una más lenta bajada de los tipos que, presumiblemente, el Banco Central Europeo (BCE) llevará a cabo en los próximos 12 meses, por el hecho de que la inflación aún no se termina de alinear a los niveles del 2% objetivo y porque, también, la actividad económica europea no termina de activarse con fuerza para volver a impulsar los niveles de empleo, en particular, en Alemania.

Sin embargo, la previsión de bajadas de tipos por parte del BCE a medio plazo obligará "desde ya" a la gran banca "cambiar de marcha" con fórmulas que impulsen sus ingresos, más que por el lado de los costes, donde las reducciones están "cada vez más limitadas".

Para finalizar, Cortina incide que "habrá que estar atentos al desenlace de la OPA de BBVA sobre Sabadell, a término en manos de los accionistas de la entidad a ser adquirida, que podría tener un impacto relevante en las actuaciones comerciales de los distintos grandes bancos españoles y demás entidades del sector".

Banco Santander obtuvo un beneficio neto atribuido de 6.059 millones de euros en el conjunto del primer semestre de 2024, lo que equivale a un incremento del 15,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Según ha informado la entidad financiera este miércoles, entre enero y junio de este año obtuvo unos ingresos totales (margen bruto) de 30.715 millones de euros, un 9,7% más. De esa cifra, los ingresos por intereses (margen de intereses) fueron de 17.802 millones de euros, un 14,6% más.

Repsol es la compañía española que más dióxido de carbono (CO2) emite a la atmósfera. En 2023, 11,82 millones de toneladas de CO2 equivalente, según el Observatorio de Sostenibilidad, que mide los derechos del mercado de emisiones de la UE. En realidad, la cantidad es muy superior, porque el mercado de emisiones europeo sólo incluye las de alcance 1, el CO2 que produce directamente la propia actividad de una empresa, pero deja fuera las de alcance 2 –que proceden de la energía consumida por la compañía– y las de alcance 3 –las indirectas que se producen en su cadena de valor–. En 2023 las emisiones de alcance 3 de Repsol ascendieron a 60,8 millones de toneladas de CO2 equivalente, de acuerdo con las cifras que publica en su página web, por sólo 14,8 millones de alcance 1 y 2. Es decir, el 81% del dióxido de carbono que expulsó a la atmósfera la petrolera queda fuera de ese cálculo inicial.

Repsol lleva desde 2021 liderando el ranking de empresas más contaminantes de España, de acuerdo con las métricas del Observatorio de Sostenibilidad. También fue la tercera compañía que menos redujo sus emisiones de CO2 el año pasado, un 4,85%. Es más, emite ahora un 186% más de dióxido de carbono procedente de la quema combustibles fósiles que hace 15 años.

Otro gigante español, Inditex, además del primer grupo de moda del mundo por facturación, es la multinacional del sector textil que más dióxido de carbono expulsa a la atmósfera.

Según recoge la propia compañía en su último informe anual, el grupo de Amancio Ortega emitió un total de 16,85 millones de toneladas de CO2 equivalente, de las cuales 16,41 millones eran de alcance 3, el 97,4%. Cierto que ha reducido de forma apreciable las que menos produce –un 34,3% las de alcance 2 y un 40% las de alcance 1–, pero sigue aumentado la parte del león, las de alcance 3, un 2%.

Pese a que la contaminación de la industria petrolera es más evidente, la moda es responsable del 10% de las emisiones mundiales de carbono, más que los vuelos internacionales y el transporte marítimo combinados. Así lo destaca el Parlamento Europeo: las compras de textiles en la UE generaron 270 kilos de CO2 por persona en 2020. Los 26 kilos de ropa que compran los europeos de media y los 11 kilos que tiran cada año explican esas 16,41 millones de toneladas de emisiones reconocidas por Inditex y los 1.000 millones de toneladas que expulsan las empresas del sector de la moda en todo el mundo.

Estos sucios récords, sin embargo, no son obstáculo para que las dos grandes compañías españolas reciban miles de millones de euros procedentes de fondos de inversión que lucen la etiqueta de sostenibles. En concreto, Inditex y Repsol han obtenido un total de 10.823 millones de dólares –10.110 millones de euros– de fondos de inversión verdes europeos, según la investigación llevada a cabo por Mediapart, el medio europeo Voxeurop y la red de investigación European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, basada en datos financieros de la Bolsa de Londres (LSEG). El análisis comprende las inversiones realizadas en el último trimestre de 2023 por 4.324 fondos verdes comercializados en Europa en las 25 empresas cotizadas con mayores emisiones de CO2 de ocho sectores especialmente problemáticos: petróleo y gas, automoción, aeroespacial, carbón, acero y minerales, transporte marítimo, moda y agricultura. Un total de 200 compañías.

Para hacerse una idea del volumen de financiación que reciben ambas empresas españolas, basta recordar que es prácticamente la misma cantidad –10.200 millones de euros– que España gastó en 2023 de los fondos de recuperación de la EU, según publicó El País este sábado, y equivale al 0,7% del PIB nacional.

A Inditex le han llegado 5.266 millones de dólares de fondos de inversión europeos, mientras que la cantidad invertida en Repsol es un poco mayor, 5.557 millones. Sólo de fondos españoles, el grupo textil ha obtenido 230 millones de dólares, más de la mitad de los 446,32 millones que éstos han colocado en empresas de moda de todo el mundo. En Repsol, los fondos españoles han invertido 291 millones. Es decir, se lleva el 62% de los 460,5 millones que los fondos españoles supuestamente verdes colocan en compañías del sector del petróleo y el gas de todo el planeta.

Lógicamente, Inditex hace valer su liderazgo mundial en el sector de la moda cuando bancos y gestores de fondos construyen sus carteras de inversión. Es la empresa que más dinero consigue gracias a estos productos verdes, un tercio de los 15.704 millones que los fondos sostenibles europeos invierten en el sector textil. El grupo de Zara y Massimo Dutti recibe más del doble que su rival sueco, H&M. Pese a que, según los datos de emisiones de LSEG que ha utilizado EIC para su investigación, Inditex duplica las de su rival.

También es Inditex la inversión favorita de las carteras verdes de los fondos españoles. Curiosamente, el segundo grupo que más dinero español recibe es una petrolera, la francesa TotalEnergies, con 181,5 millones de dólares. La tercera es otra textil, la americana TJX, una cadena de tiendas de ropa barata estadounidense, que consigue 102,8 millones de los ahorradores españoles. La cuarta es otra petrolera, la angloholandesa Shell –74,6 millones–, y la siguiente un fabricante de automóviles, la alemana Mercedes Benz –69 millones–.

¿Quiénes son los que más dinero consiguen para el grupo de Arteixo? Los fondos gestionados por Caixabank le reportan 67,3 millones de dólares, más que los del Banco Santander, que rozan los 60 millones, y el BBVA, que apenas supera los 12,2 millones.

Para Repsol, Santander consigue 42 millones, BBVA llega a los 40 y Caixabank se queda en 27.

En el análisis merece la pena poner la lupa sobre los dos tipos de fondos sostenibles según el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) de la Unión Europea. Inicialmente destinado a mejorar la transparencia para los inversores, el SFDR ha creado de facto dos etiquetas ASG. En los fondos del Artículo 8 o verde claro, sólo algunos de sus activos se seleccionan en función de criterios sociales o medioambientales. Y basta con que “promuevan” esos criterios. Los fondos del Artículo 9 o verde oscuro se componen casi exclusivamente de inversiones sostenibles; es decir, de empresas que deben tener “objetivos explícitos de sostenibilidad”.

Pues bien, el 98% de los fondos que se comercializan en Europa son del primer tipo, los que son verdes, pero no demasiado. Lo mismo ocurre en España. De los 5.266 millones colocados en Inditex por fondos europeos, sólo 253,6 corresponden a fondos del artículo 9, los verde oscuro. Apenas el 4,8% de las inversiones canalizadas por estos fondos sostenibles.

En el caso de Repsol, sólo el 0,1% de la financiación que consigue, 5,8 millones de dólares, procede de fondos verde oscuro. Son sólo ocho fondos franceses y británicos –uno de ellos de Blackrock–, así como dos de Caixabank los que se atreven a incluir en sus portfolios más sostenibles a la petrolera española.

Si de esa escasa presencia de Repsol e Inditex en los fondos del artículo 9 se puede inferir que los objetivos de ambas no son lo bastante verdes, pueden aclararlo análisis como el del último Monitor de Responsabilidad Climática Corporativa del New Climate Institute, una organización alemana sin ánimo de lucro creada por científicos. El estudio pone en duda la “suficiencia” de las medidas prometidas por Inditex para reducir sus emisiones hasta llegar al cero neto en 2040.

Por ejemplo, pone bajo sospecha sus “ambiciosas” promesas de reducción de emisiones porque no detalla cómo las va a cumplir. También considera “potencialmente engañoso” que prometa para 2030 un 50% de energías renovables en el suministro eléctrico de sus procesos de fabricación sin definir cómo las adquirirá. Y critica que priorice la biomasa para suplir al carbón en lugar de preferir la electrificación. El monitor considera “razonable” la transparencia de Inditex, pero rebaja su “integridad”, medida como la “calidad y credibilidad” de sus planes, a “moderada”.

“Las cadenas de valor de la industria textil están tan globalizadas que empiezan en China o Bangladesh, donde se fabrican las camisetas, y terminan en el desierto de Atacama o en Ghana, donde se tiran”, explica Miguel Ángel Soto, responsable de Biodiversidad e Incidencia Política y Empresarial de Greenpeace. La huella de la llamada “moda rápida”, que llena los armarios según se suceden, no ya las temporadas, sino las colecciones, con ropa barata que se compra y se tira enseguida, es “brutal”, recalca. Tanto que los esfuerzos por implantar el reciclaje, controlar el origen de las fibras o respetar los derechos humanos de los trabajadores en las fábricas “no van al corazón del problema”. “Es más un relato, cuando el meollo está en la existencia de una cultura de consumo”, critica.

Así que Soto desconfía de las proclamas ecologistas de las empresas, de las textiles y de las petroleras. “Aunque seas más eficiente y reduzcas tus emisiones por tienda, si produces más y abres cada vez más tiendas, emitirás más CO2”, resume. Lo mismo ocurre con Repsol: “Si sigues invirtiendo en investigación y extracción de petróleo, y tu porcentaje de renovables es mínimo, no puedes presentarte como una industria verde”.

Greenpeace, Ecologistas en Acción y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU denunciaron el pasado abril a Repsol ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y la Dirección General de Consumo por hacer “declaraciones ambientales engañosas” sobre sus biocombustibles. Según alegan estas organizaciones, la petrolera confunde a los consumidores e inversores cuando vende su biodiésel, elaborado a base de aceite de palma, como “sostenible”, “neutro en carbono” o incluso como “renovable”. Pero oculta que para producir ese aceite se está deforestando Indonesia: España es el principal exportador de aceite de palma del país asiático y el primer productor de biocombustible de la UE.

Sólo un mes antes Iberdrola también había denunciado a su competidor, en un juzgado de lo Mercantil, por publicidad engañosa, greenwashing y competencia desleal. El año pasado, Reino Unido obligó a Repsol a retirar anuncios en las webs de periódicos donde omitía información “de forma engañosa” sobre su objetivo de emisiones cero y sobre su negocio de renovables. La primera sanción la compartió con otras dos petroleras: Shell y Petronas.

El ecopostureo a alcanzado tales cotas que hasta la CNMV ha incluido la “prevención del greenwashing en toda la cadena de valor” en su plan de acción de 2023. “Estamos esperando a que actúe”, urge el responsable de Greenpeace. Porque “ahora todos son verdes”, ironiza. “Desde Mapfre hasta El Pozo”. Justo cuando el dinero está en lo sostenible, apunta Miguel Ángel Soto. Basta con recordar que el primer fin de los 750.000 millones de euros de los fondos Next Generation de la UE es precisamente “impulsar la transición ecológica mediante la promoción de las energías renovables y la movilidad sostenible”.

infoLibre ha preguntado a Inditex por la financiación que obtiene de los fondos verdes, así como por las medidas para cumplir con sus promesas de sostenibilidad. El grupo de Amancio Ortega repite sus últimos objetivos publicados –reducir un 90% las emisiones de alcance 1 y 2 en 2030 y un 50% las de alcance 3– con la intención de alcanzar las cero emisiones netas en 2040. “Hay un 10% de emisiones difíciles de reducir”, asegura, que serán “neutralizadas” con acciones para absorber los gases de efecto invernadero, sin más concreción. Sobre las emisiones de alcance 3, dice que son las más complicadas de recortar y que no existen aún “soluciones concretas que se puedan aplicar”. Pero cifra en unos 2.000 millones de euros el dinero que se va a gastar hasta 2030 en su “hoja de ruta” hacia la sostenibilidad: transformación de la cadena de suministro, plan de fibras, programas de circularidad, protección de ecosistemas…

También contesta al New Climate Institute que sólo sugiere el uso de biomasa “como alternativa a los combustibles fósiles en caso de baja disponibilidad de otras energías renovables”. Y niega que puedan compararse sus emisiones con las de H&M, porque cada empresa selecciona la metodología y los epígrafes que utiliza para calcular su producción de CO2.

Por el contrario, Repsol no ha respondido a ninguna de las preguntas que este periódico le ha formulado sobre los indicadores que utiliza para medir sus emisiones de dióxido de carbono y sobre las denuncias de ecopostureo que ha recibido. Se ha limitado a remitir a infoLibre a los “informes periódicos, públicos y registrados en CNMV” donde revela sus cifras sobre finanzas sostenibles y emisiones contaminantes. 

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Este reportaje forma parte de una investigación coordinada por Voxeurop, con el apoyo del programa de becas Bertha Challenge, y European Investigative Collaborations (EIC)

El análisis se basa en datos del London Stock Exchange Group (LSEG)

Megatendencias Planeta Tierra ISR (Inversión Socialmente Responsable) es el llamativo nombre de un fondo de inversión comercializado por BBVA en España. El reclamo verde al ahorrador es evidente. Sin embargo, en la cartera de empresas del fondo que recibirán financiación, BBVA ha incluido a cinco de las principales compañías mineras del mundo –Antofagasta PLC, Newmont Mining Corporation, Agnico Eagle Mines, Sociedad Química y Minera de Chile e Imerys SA–, a una siderúrgica estadounidense –Steel Dynamics– y a dos fabricantes de vehículos –Deere e Iveco–. También figura en el portfolio la empresa de celulosa Ence, en el centro de la polémica ambiental desde hace décadas en Galicia.

Este producto financiero del BBVA es uno de los fondos regulados por el Artículo 9 del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) de la UE y en los que, en teoría, sólo se pueden incluir inversiones realmente sostenibles; es decir, aquellas que tienen “objetivos explícitos” de sostenibilidad. Pero esa normativa de la UE, vigente desde 2021, no impide a Megatendencias Planeta Tierra financiar algunas de las actividades que más CO2 expulsan a la atmósfera y, por tanto, más perjudican al clima. El sector de la minería emite 670 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono, mientras que el del petróleo y el gas, el más contaminante de todos, alcanza los 7.432 millones, según las estadísticas del London Stock Exchange Group (LSEG). Le siguen la siderurgia y el automóvil.

La investigación llevada a cabo por Mediapart, el medio on line europeo Voxeurop y la red de investigación European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, y basada en datos financieros del London Stock Exchange Group (LSEG), la Bolsa de Londres, revela que 4.342 fondos teóricamente verdes comercializados en Europa invierten 87.000 millones de dólares –81.000 millones de euros– en las 25 empresas cotizadas con mayores emisiones de CO2 de ocho sectores especialmente problemáticos: petróleo y gas, automoción, aeroespacial, carbón, acero y minerales, transporte marítimo, moda y agricultura. Un total de 200 compañías. Son cifras referidas al cuarto trimestre de 2023.

El del BBVA es sólo uno más de los múltiples fondos europeos con etiqueta sostenible y corazón contaminante.

De hecho, los fondos verdes españoles invierten 1.434 millones de dólares –1.340 millones de euros– en la muestra de 200 empresas, líderes en la emisión de CO2, que ha seleccionado la investigación de EIC y Voxeurop. Esa cifra aumenta hasta 1.474,6 millones si se les añaden los 208,6 millones de dólares de fondos domiciliados en Luxemburgo y Finlandia, pero gestionados por Banco Santander, Renta 4 o Magallanes, entre otros. Si además se cuentan los fondos extranjeros –de la estadounidense Templeton o la francesa Amundi, por ejemplo– que comercializan en España entidades como Abanca o Abante Asesores, la cifra se dispara hasta casi los 3.750 millones de dólares.

Por sectores, la inversión favorita de los fondos españoles supuestamente verdes es el sector más contaminante, el petróleo y el gas, que recibe 460,5 millones de dólares, un tercio de la financiación total. Le sigue la industria de la moda, con 446,3 millones. El protagonismo de Inditex es clave para entender el tirón del sector textil entre los gestores de activos locales. El tercero es el sector del automóvil, donde los fondos sostenibles españoles colocan 247,2 millones de dólares. El acero consigue 125,7 millones y la industria aeronáutica, 117,7 millones. El carbón aún se lleva 7,3 millones de los fondos sostenibles vendidos en España.

Con la lupa puesta sobre los bancos gestores, en el cuarto trimestre de 2023 el Santander invertía 347,3 millones de dólares en las 200 empresas que más CO2 emiten de la muestra utilizada en esta investigación. Pero Caixabank supera a la primera entidad financiera española, con casi 472 millones colocados en los mayores contaminadores. BBVA se queda en 104,8 millones.

Los sectores donde más dinero supuestamente verde invierten los tres grandes bancos españoles son el del petróleo y gas, y la industria de la moda, responsable del 10% de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Caixabank financia con 157,8 millones de dólares a las petroleras más contaminantes. Por ejemplo, coloca casi 40 millones en Shell y 32,8 millones en la francesa TotalEnergies. En Repsol invierte 27 millones. Donde Santander pone más dinero también es en petroleras, 112,6 millones, con Repsol encabezando sus preferencias –40 millones–, seguida de TotalEnergies –25 millones–. BBVA financia con 36,5 millones a la industria textil y con 32,6 millones al petróleo.

Entre las empresas contaminantes que reciben fondos verdes españoles se pueden citar, además, a las automovilísticas Mercedes Benz, con 69 millones de dólares, y Stellantis –Peugeot y Citroën–, con 61,7 millones, pero también a la minera Rio Tinto, con 72,7 millones. Una siderúrgica como ArcelorMittal consigue 55,7 millones de ahorradores españoles y Airbus, 53,2 millones.

En las carteras de inversión de los fondos se pueden encontrar otras grandes sorpresas. Así, el portfolio del fondo Santander Sostenible Renta Fija Ahorro incluye al fabricante italiano de superdeportivos Ferrari y Santander Responsabilidad Solidario, a Harley Davidson.

¿Es sostenible invertir en esas firmas? En 2035, la UE obligará a las empresas del sector a rebajar la media de emisiones de CO2 de los vehículos a 95 gramos por kilómetro en 2035. Un Seat León emite entre 125 y 137 gramos por kilómetro. Pero el Ferrari 488 Spider, uno de los modelos más exitosos de la marca del cavallino rampante, expulsa 260 gramos por kilómetro; otros modelos pueden superar los 300. Una moto 1.200 Costum de la marca de Milwaukee emite 120 gramos por kilómetro, pero una Grand Touring pasa de los 142.

Otro fondo verde vendido por el banco de Ana Patricia Botín, Santander Dividendo Europa, permite invertir en la empresa francesa de armamento Thales, en las petroleras Shell y TotalEnergies, en las mineras Rio Tinto y Anglo American, y en dos tabacaleras, British American Tobacco e Imperial Brands. Y ello pese a que entre las exclusiones citadas expresamente en el anexo de sostenibilidad del folleto donde figuran las características del fondo se encuentran las empresas de armas, los combustibles fósiles y las “inversiones expuestas a controversias severas”.

Todos estos son fondos regulados por el Artículo 8 del SFDR. Es decir, son verde claro. “Un cajón de sastre” donde caben fondos cuyo nivel de sostenibilidad “es incluso discutible”, según el informe Desafíos de la inversión sostenible Dark Green, elaborado por la Cátedra Internacional de Finanzas Sostenibles de la Universitat Pompeu Fabra, el bufete Gabeiras & Asociados y Triodos Bank.

Por el contrario, Santander Prosperity es un fondo regulado por el Artículo 9, uno de los productos que se suponen verde oscuro. Sin embargo, en su cartera aparece SLC Agrícola SA, uno de los mayores productores agrícolas brasileños de algodón, soja y maíz, que ha sido denunciado y multado por deforestar a gran escala el Amazonas. De hecho, el Fondo de Pensiones del Gobierno noruego se desprendió en 2017 de sus participaciones en la empresa brasileña por este motivo.

A preguntas de infoLibre, Banco Santander indica que no ha “identificado controversias críticas” ni con Ferrari ni con Harley Davidson, que no pertenecen a sectores excluidos por la estrategia del fondo. Además, destaca que ambas empresas se encuentran “dentro del 60% que mejor desempeño tienen en su sector y área geográfica en materia ASG”.

Sobre la cartera de Santander Dividendo Europa, la exclusión que se ha automipuesto el gestor se limita a las compañías de “armamento controvertido”, no a las de “armamento convencional“, entre las que el banco incluye a Thales. Es decir, sólo descartan las minas antipersonas, las municiones en racimo, las armas químicas o biológicas, las nucleares y la munición que contenga uranio empobrecido, según prescribe la Política de Defensa del Grupo Santander. 

Tampoco se prohíben todos los combustibles fósiles, sólo los conocidos como no convencionales –arenas bituminosas, gases de esquisto, hidratos de metano–, por lo que el banco incorpora a sus portolios a Shell y Total, cuya producción de esas fuentes de gases de efectos invernadero “no supera el umbral fijado”. Ni siquiera queda fuera de la lista la minería del carbón, asegura el banco, y las mineras Rio Tinto y Anglo American tampoco exceden los umbrales determinados para esa actividad.

Por lo que a SLC Agrícola se refiere, Santander justifica su inclusión en la cartera de un fondo verde oscuro remitiéndose al proveedor externo que le evalúa las empresas y que no consideró las multas por deforestación impuestas a la brasileña como una “controversia con el máximo nivel de relevancia”.

Más ejemplos. BBVA Europa Desarrollo, un fondo del Artículo 8, no tiene reparo en incluir en su portfolio a la minera sueca Boliden, responsable de uno de los mayores desastres ecológicos de la historia de España: la rotura de la balsa de Aznalcóllar, en pleno parque de Doñana, en 1998. Un caso que, 26 años después, aún tiene que dirimir el Tribunal Supremo.

“Todas las compañías [de las carteras de inversión] cumplen con salvaguardas mínimas, no hacen daño significativo a ningún objetivo sostenible y tienen contribución positiva medioambiental y/o social”, asegura a este periódico el banco presidido por Carlos Torres Vila. No obstante, admite que la “inversión sostenible” –la verde oscuro, la de Megatendencias Planeta Tierra, por ejemplo– también puede abarcar la financiación de “compañías que, siendo en la actualidad altamente intensivas en emisiones de carbono, están definiendo planes para reducir dicho impacto”.

Ese es, en efecto, el argumento al que acuden tanto los gestores de fondos como las empresas para defender estas inversiones: que son necesarias para ayudar a financiar la transición hacia energías más limpias. Ayudan a Ferrari –lanzará en 2025 su primer vehículo eléctrico, que costará más de medio millón de euros– o a Harley Davidson a electrificarse, por ejemplo.

Sin embargo, la mayoría de los fondos etiquetados como “de transición” –todavía una proporción relativamente pequeña de las inversiones– poseen acciones en empresas emisoras de carbono que carecen de objetivos de descarbonización, puesto que no son obligatorios hasta 2025. El último informe de la empresa francesa de inversión sostenible Carmignac muestra que la Cuota de Transición Climática de su cartera incluye a tres grandes contaminadores: TotalEnergies, la minera Glencore y la energética alemana RWE. Pero a los inversores no se les informa de los planes de reducción de CO2 de estas empresas ni de sus progresos, porque sus acciones pertenecen a la parte no verde del fondo, que no tiene que cumplir la obligación de “no perjudicar” al medio ambiente que les impone el SFDR.

Los bancos españoles sólo comercializan cinco fondos del Artículo 9, esos que deberían ser realmente sostenibles. Representan un raquítico 0,4% de los fondos verdes nacionales, sólo suman 4,95 millones de dólares. Además de los de BBVA y Santander antes mencionados, Cajamar vende Trea Cajamar RV Europa Sostenible, que invierte en las petroleras Shell, BP, TotalEnergies y Aker BP ASA, las mineras Glencore y Antofagasta PLC, Airbus, Stellantis…

Y Caixabank cuenta con otros dos: Caixabank SI Impacto 50/100 RV y Caixabank SI Impacto 0/30 RV. Ambos incorporan en sus carteras no sólo a Repsol y a la minera Anglo American, sino también a la empresa pública China Three Gorges Corporation. Se trata de la responsable de la construcción de la presa de las Tres Gargantas, la central hidroeléctrica más grande del mundo y probablemente también la más polémica, por el destrozo medioambiental que causó –y sigue causando– en la zona y porque forzó el desplazamiento de 1,24 millones de personas. Además, desde 2020 Three Gorges Corporation se encuentra entre las empresas sancionadas por Estados Unidos por sus vínculos con el Ejército chino.

En otro fondo, aunque del Artículo 8, Caixabank Master RV Emergente Advised By, aparece la india Reliance Industries, la empresa del petróleo y el gas que más financiación recibe de la entidad catalana, 52,5 millones, más incluso que TotalEnergies. Reliance Industries no sólo es la 13ª compañía del mundo que más CO2 emite, según las estadísticas del London Stock Exchange Group, sino que además pesan sobre ella denuncias de corrupción política, fraude, manipulación financiera y explotación de los recursos naturales. En el folleto del fondo, en cambio, se restringe expresamente “la inversión en compañías involucradas en controversias que afectan al ámbito de la sostenibilidad calificadas como muy severas”.

Caixabank responde que apoya a “compañías de sectores más intensivos” en CO2 pero que “cuentan con estrategias de descarbonización”, para conseguir la transición energética. Y justifica sus posiciones en Repsol y Anglo American en el hecho de que son a través de “bonos corporativos verdes, sociales y sostenibles, que incluyen objetivos materiales, verificados externamente por un experto independiente”, y sobre los que se hacen informes de seguimiento.

“Es normal que los inversores estén un poco perdidos”, reconoce Cristina Martínez, Investment Product Manager de Triodos Bank, que se define como “entidad de crédito ética”. Por ese motivo, se declara a favor de una regulación “más exigente” que la actual. “El SFDR es mal usado por muchos de nosotros, porque se ha convertido un sistema de divulgación en un sistema de clasificación de fondos”, lamenta. En una etiqueta que, sin embargo, no garantiza el desempeño en materia de sostenibilidad de una inversión.

Según el informe Desafíos de la inversión sostenible Dark Green, casi el 20% de las empresas del Artículo 9 analizadas tienen “controversias con algún factor ASG [Ambientales, Sociales y de Gobernanza], residuales en el enfoque ambiental pero más relevantes en el social y de gobernanza”. De ahí que esas taras puedan “poner en duda la naturaleza sostenible” de los fondos verde oscuro, “sobre todo en lo relativo a su exposición a sectores controvertidos como el tabaco, el alcohol, el juego o el armamento, así como a la minería o el petróleo”, resaltan sus autores.

A juicio de Cristina Martínez, es evidente que hay empresas que no deberían estar en esas carteras. “Algunas tienen un score [puntuación] alto sólo porque han aprobado políticas de sostenibilidad, pero eso no quiere decir que hagan algo en ese ámbito”, advierte. El informe de la Pompeu Fabra también critica que no se pueda verificar que el 100% de los activos financiados por los fondos estén alineados con objetivos de sostenibilidad. Muchas veces, el ahorrador invierte a ciegas.

O confundido. Otro informe, sobre La inversión sostenible y responsable en España, elaborado por Spainsif, una asociación integrada por las principales entidades financieras españolas, y patrocinado por DWS, el mayor gestor de fondos alemán, filial de Deutsche Bank, concluye que el inversor minorista no comprende “de manera suficiente” las cuestiones ASG. Esa es al menos la respuesta que da al menos un tercio de las 60 entidades encuestadas al respecto.

A la confusión contribuyen los métodos utilizados por los bancos y gestores para confeccionar esas carteras supuestamente verdes. Uno de ellos es el best-in-class, por el que se seleccionan las empresas que mejor rinden en términos ambientales, aunque pertenezcan a los sectores más contaminantes. Un sistema, advierte el informe de la Pompeu Fabra, que “arroja dudas sobre el verdadero carácter transformador de las carteras y sobre la calificación de algunos fondos como del Artículo 9”.

También induce a engaño el uso que hacen las empresas de la “intensidad de carbono” como indicador de sus emisiones. Al medirlas no como un volumen bruto sino como las emisiones por cada euro que producen, las empresas pueden reducir el CO2 por cada tienda abierta o por cada coche fabricado, al mismo tiempo que aumentan el total de dióxido de carbono expulsado a la atmósfera si la producción crece.

Preguntado al respecto el BBVA, que aplica el “uso intensivo de CO2 medio” para confeccionar las carteras de inversión de sus fondos, asegura que se trata de un indicador “alineado con lo establecido en la normativa europea”. Una métrica relativa, añade, permite conocer las emisiones actuales y su evolución histórica, de forma individual y en comparación con las de su sector. Así, sostiene, el banco puede discernir qué empresas tienen un mejor comportamiento. Caixabank también defiende la validez de ese indicador relativo porque, dice, le permitir “discriminar entre aquellas empresas que están avanzando de manera satisfactoria respecto a las que van más rezagadas” . Además, no es el único indicador que emplea.

Una tercera vía de escape para los fondos es el hecho de que en muchos casos se limitan a replicar índices elaborados por agencias de calificación como MSCI. Si la agencia de Morgan Stanley considera, por ejemplo, que TotalEnergies se ajusta al objetivo mínimo del Acuerdo de París –2ºC de calentamiento–, porque se ha comprometido a reducir las emisiones en sus plantas petrolíferas, la multinacional francesa aparecerá en los portfolios de todos los fondos que repliquen sus índices. Aunque, al mismo tiempo, TotalEnergies aumente su producción de hidrocarburos.

En sus fondos Triodos Bank no replica índices ajenos, asegura Cristina Martínez, y sólo vende los del Artículo 9, los que deberían ser sostenibles pata negra. Pero su cuota es pequeña, apenas 25 millones de euros en una plataforma que lanzó en España en 2021. Ya sea claro u oscuro, lo verde vende. Desde marzo de 2021, el crecimiento en España de los fondos sostenibles –tanto del Artículo 8 como del 9– ha sido espectacular: han pasado de representar el 9,8% del patrimonio total al 34,9% a finales de marzo de 2023, según el informe de la Pompeu Fabra. Se han más que triplicado en dos años. ¿Quiénes son sus principales clientes? El estudio de Spainsif dice que fondos de pensiones de empleo, organizaciones benéficas y religiosas, y fundaciones, además de ahorradores individuales. Todos ellos creen estar ayudando a detener el calentamiento global pero, en realidad, pueden resultar víctimas de una estrategia global de greenwashing –hay quien lo llama hipocresía verde– de la que son cómplices las grandes empresas y el sector financiero.

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Este reportaje forma parte de una investigación coordinada por Voxeurop, con el apoyo del programa de becas Bertha Challenge, y European Investigative Collaborations (EIC)

El análisis se basa en datos del London Stock Exchange Group (LSEG)

Santander obtuvo un beneficio atribuido de 2.852 millones de euros en el primer trimestre de 2024, un 11% más en euros corrientes con respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge Europa Press. Estos resultados se apoyan en el "fuerte crecimiento" del margen de intereses en todos los negocios y todas las regiones, en el aumento del número de clientes, y en el control de los costes, que compensaron "con creces" el crecimiento previsto de las provisiones.

El banco señala que aumentó la rentabilidad y el valor para el accionista, con un retorno sobre el capital tangible (RoTE) del 14,9%, que se eleva al 16,2% si se distribuye uniformemente a lo largo del año el impacto, de 335 millones de euros, del gravamen temporal a la banca en España, registrado íntegramente en el primer trimestre.

Los ingresos aumentaron un 9%, hasta un récord de 15.380 millones de euros. El aumento tanto de la actividad de los clientes como de los tipos de interés propició un incremento del 16% del margen de intereses, con crecimiento en todos los negocios.

Banco Santander ha cerrado la sesión de este lunes con una caída del 5% en Bolsa, después de que el domingo el diario británico Financial Times informara de que Irán había empleado cuentas en dicho banco y en Lloyds para evitar las sanciones internacionales.

En concreto, el banco cotizaba en los 3,671 euros hacia las 11.00 horas, lo que supone un descenso del 5,38% respecto al cierre del viernes. Sin embargo, posteriormente se ha recuperado parcialmente, hasta alcanzar una caída del 4,16%, situándose en el entorno de los 3,718 euros por acción. Finalmente, la entidad bancaria ha finalizado la jornada marcando un precio por acción de 3,6845 euros.

Según la investigación del diario económico, que ha recogido Europa Press, ambos bancos proporcionaron cuentas a empresas que eran propiedad de Petrochemical Commercial Company, una firma propiedad de Irán. Estados Unidos ha acusado a dicha compañía de haber recaudado fondos para la Fuerza Quds, una división de la Guardia Revolucionaria de Irán.

De su lado, Lloyds acumula una caída del 1,86%, hasta las 0,4152 libras. El mínimo intradía en estas primeras horas de negociación se ha situado en 0,4108 libras.

Un portavoz de la entidad financiera ha indicado que el "Banco Santander no ha incumplido la normativa estadounidense sobre sanciones impuestas a terceros de acuerdo con nuestra investigación".

"El banco cuenta con políticas y procedimientos para asegurar que se cumplen los requisitos relativos a las sanciones. Santander continuará colaborando proactivamente con las autoridades británicas y estadounidenses pertinentes", ha subrayado.

El Banco Santander cosechó en los nueve primeros meses del año un beneficio de 8.143 millones de euros. Es la mejor cifra de su historia en los primeros tres trimestres. En las crónicas, la palabra "récord" se entremezcla estos días con el recordatorio de un anhelo bien conocido de Emilio Botín, el que fuera presidente de la entidad desde 1986 hasta su fallecimiento en 2014, a su vez hijo del anterior presidente de la entidad, otro Emilio Botín. Ese anhelo era alcanzar los 10.000 millones de euros de ganancias en un año, cifra que el banco va camino de superar en 2023. No es el tipo de deseo que pueda cumplir cualquier hijo de vecino. Pero sí, aunque póstumamente, Emilio Botín, que si pudiera hoy ver por un instante cómo van las cosas no sólo sonreiría ante el volumen de las cifras del imperio Santander, con orígenes a mediados del siglo XIX, sino también ante el éxito cosechado en el siglo XXI por sus herederos.

Y se trata –esto es clave– de un éxito que no se limita al Santander.

Los Botín son hoy un ejemplo de la pujanza de los grandes apellidos en el sector de las nuevas finanzas, las gestoras de activos y los fondos de inversión, realidad sobre la que infoLibre pone el foco a partir de este mismo artículo dentro de su serie sobre los popes de la economía financiarizada. No es un mensaje que refuerce la fe en las reglas equitativas de la supuesta meritocracia, en realidad un concepto/mito con tanto calado en la mentalidad popular como falta de respaldo empírico.

El capitalismo español deja un mensaje claro: no hay nada que genere más dinero que tener dinero. Porque ahí, en el mundo de los fondos, del capital riesgo y los private equity, en todo ese espacio en el que el discurso idealista indicaba que la visión y el olfato y la ambición debían tener la capacidad para compensar una desventajosa posición de partida en cuanto a patrimonio y contactos, también se hacen fuertes y extienden su dominio los apellidos de la aristocracia financiera, empezando por dos emblemáticos.

¿Cuáles? Botín y González.

"La clase superior tradicional no ha quedado rota con los fondos de inversión, sino que se ha reorganizado para gestionar ella misma la revolución financiera", señala el profesor de Economía en la Universidad Complutense Andrés Villena, especialista en redes de poder en España. A su juicio, la internacionalización ilimitada de las finanzas podía constituir, a priori, una amenaza para la primacía de los grandes apellidos financieros españoles, pero la realidad está demostrando una significativa capacidad de estos para perpetuar sus posiciones de ventaja. "La estructura es bastante clara: hay nuevos vehículos de inversión, pero los apellidos son los mismos de siempre. La clase dominante sigue ahí para captar las nuevas oportunidades", expone.

Ana Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea (1960), hija de Emilio Botín y de la marquesa Paloma O'Shea, es sobre todo y ante todo la presidenta ejecutiva del Santander, cargo por el cual percibió 11,7 millones de euros en 2022, según la información comunicada por el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es además la imagen de la entidad, por delante incluso de su rojo corporativo. La propiedad del Santander está atomizada hasta el punto de que hay sólo un accionista por encima del 5% de los derechos de voto, Blackrock. No obstante, quizás es Ana Botín –y no Larry Fink, el presidente de la megestora estadounidense– el primer rostro que a uno se le venga a cabeza al oír "el Santander".

A pesar de esta identificación, Ana Botín no se dedica en exclusiva al banco. Además de diversos cargos dentro del grupo –en Open Bank, Universia y otras empresas–, es consejera de The Coca-Cola Company. Y ha protagonizado diversos empeños más, al margen del gigantesco transatlántico bancario cuya presidencia heredó de su padre, que a su vez la heredó del suyo. Uno de sus más destacadas iniciativas fue la creación en 2000 del fondo Suala Capital Partners, que llegó a gestionar más de 200 millones de euros y que, como veremos ahora, ha marcado camino en la familia.

Centrado en operaciones de capital riesgo, entre sus principales operaciones estuvo la adquisición y posterior venta de la compañía francesa de envases Mivisa, logrando para sus inversores 178 millones de euros de beneficio tras haber invertido 39, según publicó Cinco Días. No todas las operaciones fueron tan bien. La suspensión de pagos de Paconsa, empresa de transporte refrigerado en la que había entrado Suala, fue un revés para el fondo montado por Botín, que vendió su participación en 2005.

Felipe Morenés Botín (1986) es hijo, nieto y biznieto de presidentes del Santander y está casado con Julia Puig, heredera de la saga empresarial de perfumes, moda y belleza Puig. El mayor de los tres hijos de Ana Botín y Guillermo Morenés, que parece decidido a hacer de los fondos su camino, tiene una carrera enteramente ligada a las finanzas. De la misma manera que su madre se fogueó como veinteañera trabajando en JP Morgan, él empezó en la megagestora de activos Lone Star, donde entabló relación con el argentino Juan Pepa. Ambos fundaron en 2018 Stoneshield, que Morenés define como "mezcla de real estate, private equity e, incluso, venture capital", es decir, de empresa del sector inmobiliario e inversora que emplea distintas fórmulaspara entrar en el capital de las sociedades.

Morenés y su socio invierten en múltiples sectores, no están especializados sólo en uno. En 2021 infoLibre publicó que Stoneshield, con una estructura con cuatro sociedades en Luxemburgo para minimizar el pago de impuestos, controlaba el segundo grupo más grande en España de residencias de estudiantes, Micampus. Pero el alojamiento de universitarios es sólo una de las áreas en las que opera. También lo hace en vivienda, innovación tecnológica o logística. En el terreno del ladrillo, Stoneshield elevó en agosto al 25% su participación en la promotora Neinor Homes, surgida en 2015 de la compra por parte de Lone Star de la promotora de Kutxabank. Neinor, que presume de activos de un valor superior a los 1.800 millones de euros, tiene a Morenés en su consejo de administración.

Stoneshield, cuya aspiración es "ser un grupo a nivel europeo", se nutre de fondos de inversores de Norteamérica, Medio Oriente y Europa. Los beneficios de las operaciones, si los hay, se reparten entre los inversores y los gestores. En su información corporativa, la compañía no muestra el pedigrí familiar de Morenés. Lo que sí hace es presumir de contactos. Así lo hace en un texto en la web, enteramente en inglés: "Utilizamos nuestra amplia red de contactos ["network", es la palabra en inglés] y nuestras exclusivas asociaciones estratégicas ["unique strategic partnerships"] para crear un valor excepcional en sectores con desequilibrios entre la oferta y la demanda".

Llegamos a Javier Botín (1973), hijo de Emilio, hermano de Ana, tío de Felipe. Además de consejero del banco y presidente de la Fundación Emilio Botín, en cuyo patronato coincide con sus cinco hermanos, es presidente ejecutivo de JB Capital Markets, compañía que fundó en 2008. ¿Qué promete la compañía? "Acceso privilegiado a una amplia base de inversores" y detección de "oportunidades de inversión basadas en un profundo conocimiento de los mercados españoles". Es frecuente que la prensa salmón se refiera a la empresa como una "boutique de inversión".

El nombre de JB está ligado a la lucrativa operación con Vitaldent, que la compañía de Botín compró y vendió con unas plusvalías de en torno a 200 millones de euros. "Vitaldent saca una gran sonrisa a Javier Botín", tituló en 2019 El País una crónica de balance de la exitosa operación especulativa, un golpe encima de la mesa de JB, que se reivindicó como gallito dentro del mercado de las finanzas españolas.

No todo han sido éxitos en la carrera como inversor de Botín hijo. Antes de JB Capital Markets, cofundó en 2000 M&B Capital Advisers. La M es de Morenés, su cuñado, el marido de su hermana Ana, Guillermo Morenés. Y la B del propio Botín. La asociación salió perjudicada cuando las operaciones realizadas por la compañía con el dinero de sus clientes se vieron afectadas por la estafa del inversionista bursátil, asesor de inversiones y financiero Bernie Madoff. Las inversiones de la compañía relacionadas con Madoff rondaron los 150 millones de euros, según publicó la prensa tras el estallido del caso en 2008.

Ricardo Gómez-Acebo Botín, hijo de Paloma Botín –otra hija de Emilio–, y por lo tanto sobrino de Ana y Javier, también tiene tarjeta de visita de "inversor" y así se presenta en Linkedin. Su padre, Ricardo Gómez-Acebo, es primo de Simoneta Gómez-Acebo, hija de la difunta infanta Pilar. En el currículo de Ricardo Gómez-Acebo Botín figura el paso como socio por los fondos de capital riesgo Longrass (2015-2018) y Curve Capital (2017-2018). Antes de todo ello, entre 2012 y 2015 Gómez-Acebo Botín trabajó en la multinacional financiera Morgan Stanley.

Ni el Santander, ni JB Capital Markets, ni Stoneshield, ni Neinor, ni Overactive Media, la compañía a través de la cual infoLibre trató de contactar con Ricardo Gómez-Acebo, respondieron a las cuestiones planteadas para este artículo.

Beatriz González, hija del expresidente del BBVA Francisco González, es fundadora (2011) y socia directiva de Seaya, una gestora con más de 300 millones bajo administración que controla tres fondos: Seaya Ventures, Seaya Andrómeda y Seaya Cathay Latam, con base en México y formada en colaboración con Cathay Innovation, una gestora internacional, para empresas en América Latina. La lista de empresas participadas por los fondos de Seaya abarca nombres tan sobresalientes como Glovo, Cabify, Wallbox o Filmin. Antes de montar Seaya, González fue analista en Morgan Stanley y trabajó en dos compañías de inversión, Darby Overseas y Excel Partners, antes de que Telefónica la fichara en 2008 para su área de inversiones.

González lleva más de una década dando que hablar en el agitado mundillo startup. "Que se mencione su vinculación familiar suele gustarle entre poco y nada", arrancaba El Confidencial una crónica sobre su ascendente carrera en 2016. Es una constante: los hijos de grandes nombres propios de la empresa española no quieren que se destaque su linaje. Pero, a pesar de la exitosa carrera de González, es difícil ignorar quién es su padre, Francisco González, que fue presidente de Argentaria entre 1996 y 1999, durante su privatización, y del BBVA después, hasta 2018, con una gestión investgada por el caso Villarejo.

Seaya no respondió a las preguntas de infoLibre.

El goteo de quiebras bancarias en Estados Unidos, con las turbulencias bursátiles que está acarreando, y el miedo al contagio, mientras la incertidumbre no deja de sacudir los mercados en Europa, apenas han rozado a los bancos españoles en el comienzo del año. Animados por las subidas de tipos de interés que aún no han frenado la actividad económica, los grandes bancos españoles continúan hasta marzo la misma tónica optimista con la que acabaron 2022. Las seis mayores entidades han ganado 5.696 millones de euros y, si se les suman los beneficios de Abanca y Kutxabank, alcanzan los 5.911,9 millones. Casi un 13% más que en el primer trimestre de 2022.

Y, pese a que todos los bancos han destacado en la presentación de sus resultados las cuantías que han pagado a Hacienda por el nuevo impuesto, lo cierto es que el tributo apenas ha arrugado unas cifras de las que todos presumen. Los ocho mayores bancos han abonado un total de 1.206 millones de euros por el gravamen que se aprobó el pasado diciembre. La previsión del Gobierno era llegar a los 1.500 millones.

El impuesto temporal a la banca, diseñado como una prestación patrimonial, grava con un 4,8% los intereses y comisiones de las entidades que facturaran más de 800 millones en 2019, el año previo a la pandemia. Sólo de la actividad que desarrollen en España y sólo durante dos ejercicios, el actual y 2024. Es decir, los bancos no tributan por sus beneficios, sino por sus ingresos, lo que ha suscitado el rechazo del sector. El margen de intereses es la diferencia entre ingresos y costes financieros y sirve para medir el negocio puramente bancario. Las comisiones netas resultan de la diferencia entre las comisiones que cobra el banco y las que paga.

Ambas magnitudes gozan de una excelente salud en este comienzo del año: el margen de intereses de los ocho mayores bancos se ha disparado hasta los 20.603,3 millones, un aumento de casi el 43% respecto al primer trimestre de 2022, mientras que los ingresos por comisiones ascienden a 6.099 millones, un 4,5% más. En los casos de Bankinter y Kutxabank, además, los ingresos por intereses escalan un 63,2% y un 69,8%, respectivamente. Caixabank, Abanca y BBVA los han mejorado un 48,6%, un 47,4% y un 43,3%. El Santander es el banco cuyo negocio bancario ha crecido menos, y aun así lo ha elevado un 17,4%.

Los ingresos por comisiones no han tenido una mejora tan espectacular. Pero, aun así, el BBVA los ha aumentado un 15,8%, Abanca un 9,8% y el Santander un 8,2%. Sólo Sabadell –un 2,4%– y Kutxabank –un 0,9%– han tenido menos ingresos por comisiones este primer trimestre que en 2022.

En consecuencia, Caixabank y BBVA subrayan la “solidez” de sus resultados, “fruto del dinamismo comercial y de la fortaleza del balance de la entidad, pese al contexto de incertidumbre financiera”, según la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri. “Seguimos a la cabeza de la banca europea en eficiencia y rentabilidad, con el retorno sobre el patrimonio tangible más elevado de los últimos 10 años. Miramos al futuro con optimismo, gracias a nuestra solidez financiera, nuestro modelo de negocio y el foco estratégico en digitalización, innovación y sostenibilidad”, resaltó por su parte el consejero delegado de BBVA, Onur Genç cuando presentó los resultados. No es para menos: el beneficio de su banco hasta marzo –1.846 millones de euros– ha crecido un 39,4% respecto al mismo periodo de 2022. El de Caixabank –855 millones–, un 21,1%.

Las ganancias del Santander ascendieron a 2.571 millones de euros, gracias al “fuerte crecimiento de la actividad comercial”, asegura la entidad. Dice que su base de clientes ha aumentado en nueve millones, las hipotecas un 2%, los créditos al consumo un 9% y los depósitos un 6%. Sin embargo, el beneficio ha crecido sólo un 1,1% respecto a hace un año; sin el gravamen temporal, el crecimiento habría sido del 8%, según se encarga de señalar el banco de Ana Patricia Botín.

El Santander ha pagado 224 millones por el impuesto –un 8,7% de sus beneficios–. El BBVA, 225 millones y Caixabank, el que más, 373 millones de euros. Las entidades detallan cuánto habría crecido su beneficio si no hubieran tenido que abonar el nuevo tributo. En el caso del BBVA, en España ganó 541 millones en el primer trimestre, un 9,5% menos que el año pasado, dice, por culpa del impuesto. Al tiempo, reconoce que su negocio en el país se está beneficiando de las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) “y de la contención en el coste de los depósitos”, que en España las entidades financieras están remunerando muy por debajo de los bancos europeos. El BBVA, según dejó claro su consejero delegado, Onur Genç, no piensa en mejorar la retribución de los depósitos a sus clientes en el corto plazo, por el “exceso de liquidez” del sistema.

Kutxabank también puede hacer gala de beneficios, 110,7 millones de euros, nada menos que un 47,3% más que hace un año, el mayor aumento de los ocho grandes. Ha pagado 47 millones por el nuevo gravamen. Sin el impuesto, su resultado habría superado los 155 millones de euros; es decir, lo habría aumentado un 106,4%, más que duplicado de un año para otro. Abanca, que ha desembolsado 39 millones por el nuevo tributo, ganó este primer trimestre 105,2 millones de euros, un 29,6% por encima de sus resultados de 2022. Bankinter –184,7 millones–ha mejorado sus ganancias un 19,7%, tras pagar 77 millones a Hacienda. E incluso piensa en revisar al alza sus previsiones para todo 2023, porque espera que los ingresos por intereses crezcan un 25%, cinco puntos más de lo que planificaron en enero. Sólo el Banco Sabadell y Unicaja han tenido esta apertura de ejercicio menos beneficios que el año pasado. La entidad presidida por Josep Oliu ha sufrido un descenso del 4% en el resultado, hasta los 205 millones de euros. Su factura fiscal ha sido de 157 millones, por lo que, si no lo hubiera pagado, habría ganado 361 millones, un 69,4% más que en 2022.

La caída de Unicaja ha sido mucho mayor, un 43,2%, hasta los 34 millones de euros, después de pagar 63,8 millones de euros al fisco. Sin el impuesto, el beneficio habría crecido un 63%. La entidad viene de una fusión convulsa con el asturiano Liberbank y de una etapa de conflicto alrededor del expresidente de su fundación, Braulio Medel. En 2022 ejecutó un ERE para 1.513 trabajadores. El director financiero de Unicaja, Pablo González, anunció el mismo día de la presentación de resultados que la entidad estudia una reducción de costes que puede incluir un nuevo recorte de la plantilla. Pero el descenso del beneficio no será obstáculo para aumentar la remuneración de los accionistas, añadió González, a través de un programa de recompra de acciones. También mencionó nuevas inversiones en financiación al consumo o en banca privada.

En todo caso, los bancos ya abonaron a Hacienda –lo hicieron en febrero– el importe anual del impuesto, por lo que el resto del año el tributo no dañará sus cuentas, a la espera de cómo afecte en Europa la crisis financiera en ciernes en Estados Unidos. La liquidación definitiva será en septiembre. Todos han pagado antes de recurrir el impuesto ante los tribunales, sumándose a las acciones judiciales que iniciaron las dos patronales del sector, la AEB –bancos– y la CECA –antiguas cajas de ahorro–.

La sombra que aparece en el horizonte del año con los rescates del Silicon Valley Bank y el First Republican Bank en Estados Unidos y el Credit Suisse en Suiza asomó en España con una pérdida de depósitos que ascendió a 19.000 millones de euros para el Banco Santander, un 5% de los 394.700 millones con que contaba en diciembre. El banco le quita importancia, pues lo considera un fenómeno “estacional”. “El descenso en los depósitos siempre es cíclico y en este caso ha sido en Santander Corporate & Investment Banking, la unidad de negocio de inversión del grupo. No es muy relevante en cuanto al tamaño total de la cartera, y esperamos que vuelvan al final del año”, aseguró el consejero delegado, Héctor Grisi.

El mismo contagio sufrió el BBVA, con una salida de depósitos de 7.000 millones de euros en el primer trimestre. También lo atribuye la entidad a un componente estacional, y lo desecha como “algo marginal”. El banco, que descarta aumentar la remuneración de los depósitos a los clientes, sí que tiene previsto repartir un dividendo extraordinario este año o el próximo, utilizando para ello el exceso de capital de 4.000 millones procedente de la venta de su negocio en Estados Unidos.

Las empresas españolas que cotizan en Bolsa ganaron 65.658 millones de euros en 2022, tras disparar sus ventas un 29%. Un buen año, pese a la guerra y la inflación, por tanto, en el que recuperaron lo perdido durante la pandemia y el titubeante 2021. Esos excelentes resultados y la liquidez acumulada durante la pandemia les han permitido, además, aumentar la retribución a sus accionistas. En 2022 repartieron 25.973,47 millones de euros en dividendos, un 26,86% más que el ejercicio anterior, según las cifras recogidas por Bolsas y Mercados Españoles (BME), el operador de los mercados de valores, en su último balance de actividad.

Pero el dividendo no es la única fórmula para remunerar a los accionistas. También lo hacen los programas de recompra y posterior amortización de acciones, un sistema en pleno auge en España. Hasta el punto de que en 2022 sumaron 14.437,7 millones de euros, lo que cuadriplica –303% de aumento– el importe de las operaciones cerradas en el ejercicio precedente. Así que, en total, las empresas cotizadas retribuyeron a sus accionistas con 40.411,17 millones de euros el año pasado, el segundo importe más alto de la historia de la Bolsa española. Sólo lo superan los 43.505 millones de 2014, cuando Endesa pagó 14.606 millones de dividendo extraordinario –el mayor de la historia bursátil nacional– tras vender su negocio americano a Enel, y distorsionó el cómputo global.

En 2021 fueron 17 los programas de recompra de acciones lanzados por las cotizadas españolas, que amortizaron títulos por valor de 3.581 millones de euros. El año pasado las operaciones se elevaron a 27.

La recompra es una forma de remunerar al accionista: la empresa compra sus propios títulos y luego los amortiza. De esta forma, reduce el número de acciones en circulación, que aumentan su precio y permiten, por tanto, cobrar un mayor dividendo. Estos programas no han hecho más que aumentar en los últimos tiempos, mientras ha disminuido la retribución en acciones –scrip dividend–, un 22,6% en 2022, según las estadísticas de BME.

La economista Mariana Mazzcucato, fundadora y directora del Instituto para la Innovación y el Propósito Público del University College de Londres, cifraba en un billón de dólares el importe de los programas de recompra de acciones ejecutados por las empresas estadounidenses en 2022, que se elevan a más de cinco billones en la última década. “Todo para impulsar el precio de las acciones, las opciones sobre acciones y la remuneración de los ejecutivos”, se quejaba en una entrevista publicada en la revista británica Prospect. “No es de extrañar que la participación del trabajo en la renta mundial se encuentre en uno de los niveles más bajos de su historia”, lamentaba, “habría que hablar más de esta forma disfuncional de gobierno corporativo que aumenta la desigualdad e impide la reinversión en la economía real”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue este miércoles mucho más allá. Acosado por la revuelta contra la reforma de las pensiones, recién aprobada por decreto, ha anunciado que su Gobierno estudia imponer una “contribución excepcional” a las empresas con grandes beneficios que lanzan programas de recompra de acciones. “Existe una especie de cinismo cuando tenemos grandes empresas que generan superbeneficios que utilizan para recomprar sus acciones”, aseguró en una entrevista con la cadena de televisión TF1. Aún no ha definido cómo será ese impuesto. “Tenemos que encontrar el sistema correcto, deben pagar más a sus empleados y debe haber una mayor contribución a este esfuerzo”, apuntó.

Ambas menciones a la retribución de los trabajadores son relevantes porque, mientras en España la retribución al accionista se sitúa en máximos, la patronal y los sindicatos han vuelto a sentarse a negociar el acuerdo marco de salarios para los próximos tres años, suspendido el pasado mayo por la resistencia de las empresas a subir los salarios tanto como escalaba la inflación. También porque analistas e instituciones dirimen quién tiene la culpa del descontrol de los precios: los márgenes empresariales o los salarios.

Según acaba de revelar la agencia Reuters, el consejo de gobierno del BCE admitió en una de sus últimas reuniones, celebrada en la ciudad finlandesa de Inari, que “los márgenes de beneficio de las empresas han aumentado, en lugar de reducirse como cabría esperar cuando los costes crecen tanto” como lo han hecho este año por culpa de la crisis energética.

En la misma dirección apunta también el análisis del Banco de España. “Los datos más recientes de contabilidad nacional sugieren que el dinamismo que los márgenes empresariales habían mostrado hasta el tercer trimestre de 2022 –fundamentalmente para recuperar los niveles prepandemia– se habría prolongado en el cuarto trimestre de 2022, lo que situaría estos márgenes por encima de los niveles observados a finales de 2019”, explica en un informe del pasado febrero.

En suma, una buena parte de esos beneficios están acabando en manos de los accionistas, antes que en las nóminas de los empleados. Los salarios pactados en convenio subieron en 2022 un 2,78%, cinco puntos y medio por debajo del IPC medio del año, que fue del 8,4%. Según la Agencia Tributaria, los salarios de las grandes empresas crecieron un poco más, el 4%, el año pasado. Mientras, los ingresos de las pequeñas aumentaron un 10,6% y los de las medianas un 11,7%, alcanzando su “máximo histórico” , aunque la patronal de ambas, Cepyme, matiza que esa mejora está “distorsionada” por la inflación. En su balance de actividad, BME explica que los dividendos de las empresas cotizadas españolas han tenido “históricamente una gran relevancia”. Y destaca que el mercado español lidera la rentabilidad por dividendo entre las principales bolsas. En 2022, se situaba en el 4%, por delante de Reino Unido, Alemania, Francia y Estados Unidos. Sólo Italia la supera, con un 5%. La empresa del Íbex 35 con mayor rentabilidad por dividendo es la inmobiliaria Merlín Properties, con un 11,08%, seguida de Enagás, con un 11% y Telefónica, con un 8,8%. Endesa renta un 8,1%, ACS un 7,3%, BBVA un 6,2%, Ferrovial un 2,8% y Repsol un 4,2%.

El año pasado fueron los bancos los que lanzaron los mayores programas de recompra de acciones. Así, sólo la suma de las operaciones de Banco Santander y BBVA alcanzó los 4.419,6 millones de euros, lo que equivale al 30,6% de las recompras del ejercicio.

El banco de Ana Patricia Botín ejecutó recompras por importe de 1.900 millones de euros en 2022 –la mitad de los 3.482 millones con que retribuyó a sus accionistas–. Para este año ya ha anunciado un nuevo programa de 921 millones. El BBVA ha empezado este mismo marzo el suyo, por importe de 422 millones de euros. Caixabank cerró 1.800 millones en recompras en 2022. El programa de Telefónica el año pasado ascendió a 350 millones de euros. Y el de Ferrovial, a 446 millones. Repsol también tiene previsto recomprar acciones por valor de 910 millones este ejercicio.