¿Puede la misma empresa deshacerse en elogios hacia un sistema de reciclaje en Portugal y rechazarlo al mismo tiempo en España? Sí puede. De hecho, Coca-Cola, Mercadona y Dia lo hacen. ¿Puede una patronal oponerse en España a un modelo de reciclaje y al mismo tiempo pertenecer a una organización europea que lo defiende como la mejor opción? Sí puede. De hecho, las patronales de bebidas refrescantes y de aguas minerales están en esa situación.

Las multinacionales hacen negocios en diferentes países, lo que las obliga a adaptarse a marcos regulatorios y condiciones de mercado diferentes. Pero es difícil encontrar que la misma compañía defienda posiciones tan opuestas en dos países vecinos como ocurre con el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) para envases de un solo uso.

El SDDR es un modelo de gestión de residuos en el que el consumidor paga un pequeño sobrecoste al comprar una botella de plástico o una lata de bebida (el depósito), que se le reembolsa cuando el envase es devuelto (la devolución) de tal forma que se asegure su recuperación y reintroducción en la cadena de producción (el retorno). En 13 países europeos ya funciona con éxito un sistema así para botellas de plástico o latas (puedes leer aquí el reportaje sobre cómo España se queda cada vez más sola en su rechazo al SDDR).

En España ha existido en la última década una oposición frontal al SDDR liderada por Ecoembes, la empresa que coordina el reciclaje de envases domésticos ligeros y que tiene como accionistas a todos los grandes productores y envasadores (aquí puedes consultar quiénes son los dueños de Ecoembes). Entre ellos están cuatro compañías –Coca-Cola, Mercadona, Dia y Lidl– que son también socias de la entidad SDR Portugal, que impulsa en este país el modelo de retorno de envases.

En Portugal el SDDR se denomina Sistema de Depósito e Reembolso (SDR), de ahí el nombre de la compañía lusa. Constituida en septiembre de 2021 como una asociación sin ánimo de lucro, su objetivo es “crear y gestionar un sistema de depósito, devolución y retorno de envases de bebidas de un solo uso”. En Portugal se aprobó por ley la implantación de un SDDR, que debería haber empezado a funcionar en enero de 2022, pero el Gobierno luso aún está pendiente de decidir quién se encargará de gestionarlo. Los principales productores y envasadores portugueses crearon la asociación para hacerlo ellos.

La página web de SDR Portugal recoge de forma sucinta y clara las principales ventajas que tiene un sistema de retorno. Lo que se relata coincide, por cierto, con las conclusiones de decenas de estudios a nivel internacional sobre los beneficios de los SDDR implantados en países de Europa, en Canadá, en diferentes territorios de Estados Unidos o en Australia.

El SDDR, sostiene la asociación, “permitirá a Portugal reciclar y reutilizar más y mejor las decenas de millones de envases de bebidas no reutilizables”, con tasas de reciclaje previstas en torno al 90%. Es una “alternativa sustancialmente más sostenible y eficiente” para el reciclaje y la reutilización, puesto que “garantizará muy eficazmente” la reincorporación de los envases “al circuito de producción y, con ello, a un verdadero sistema de economía circular”.

Con el SDDR, afirman los productores y envasadores lusos, se conseguirá “que los envases de bebidas no reutilizables sean considerados como una materia prima y no como un residuo, como ocurre en la actualidad” y tendrá “enormes beneficios medioambientales”.

La entidad pone cifras a ese impacto medioambiental favorable: el aumento de las cantidades recuperadas de envases “permitirá evitar la emisión anual de 108.000 toneladas equivalentes de CO2 en la producción de nuevos envases”; la mejora de la calidad del material recogido, al ser utilizado en la producción de nuevos productos, “evitará la emisión anual de 109.000 toneladas equivalente de CO2”; se reducirá el littering (basura dispersa abandonada en parques o playas) “entre un 30 y un 40% en total, y entre un 70 y un 90% en el littering de envases de bebida; habrá una “reducción de la basura marina” y también una “reducción de contaminantes (entre el 18 y el 26%)”.

El SDDR también tendrá importantes efectos positivos en la economía. Para empezar, la industria y distribución del gran consumo calcula que se crearán más de 1.500 puestos de trabajo. Además, como está previsto que se duplique “con creces” la cantidad de envases de PET –el plástico que se utiliza en las botellas– recuperados de alta calidad, ello “brindará la oportunidad de invertir en la duplicación de las capacidades nacionales de reciclado de PET”.

Todas estas explicaciones constan en una página web que está presidida por los logos de las 24 empresas que forman parte de SDR Portugal, que en conjunto controlan el 90% del mercado de bebidas refrescantes y el 80% del comercio minorista de alimentación.

Periodistas de infoLibre y de Investigate Europe, dentro de una amplia investigación sobre la amenaza que suponen los residuos de plástico en Europa cuya publicación se inicia este jueves (puedes leer aquí y aquí otros reportajes de la serie), plantearon a Coca-Cola, Mercadona, Dia y Lidl una serie de preguntas para saber qué razones explican que mantengan “dos posturas aparentemente contradictorias sobre el SDDR en Portugal y en España”. En el primer país impulsan ese sistema de recogida de residuos, que pretenden gestionar y cuyos beneficios difunden públicamente, mientras que en España forman parte de Ecoembes y de otras patronales sectoriales que llevan años oponiéndose a la implantación de un SDDR.

Coca-Cola ofreció la siguiente explicación: “En España, nuestra posición respecto al SDDR está estrictamente alineada con la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra), que está trabajando con el resto de la industria para implantar la mejor solución para cumplir con los plazos marcados por la normativa aprobada recientemente en nuestro país". Anfabra, como parte de Ecoembes y también de la patronal de Alimentación y Bebidas (FIAB), se opone a la puesta en marcha de un SDDR en España.

Al mismo tiempo, en su respuesta, Coca-Cola admite que “los sistemas SDDR han demostrado ser la forma más eficiente de garantizar una alta tasa de recogida en los países en los que se han implantado”.

En otras palabras: Coca-Cola no apuesta en España por el sistema que sabe que es más eficaz para la recogida de botellas de plástico y se escuda detrás de la posición de la asociación de bebidas refrescantes, donde es probablemente la compañía con más poder a la hora de tomar decisiones y fijar postura.

Mercadona ha sido especialmente activa en la lucha contra el SDDR, sobre todo cuando el Gobierno de Ximo Puig lo intentó implantar en la Comunidad Valenciana. El proyecto al final no salió adelante y su gran defensor, el secretario autonómico de Medio Ambiente Julià Alvaro, fue destituido a principios de 2018.

Una portavoz de la multinacional que preside Juan Roig explica así su postura: “En Mercadona siempre hemos entendido que hay que trabajar por una solución global para todos los envases, no solo botellas y latas de bebidas. El SDDR da respuesta a una parte mínima de los residuos de envases que se generan en nuestro país, y a un coste muy elevado (coste que finalmente acabará pagando el consumidor). Somos de la opinión de que esa inversión debería ir destinada a mejorar la gestión de todos los residuos de envases”.

Es más, dicha portavoz entiende que “la postura de Mercadona es la misma en España y en Portugal”. Algo que sostiene en el hecho de que en ambos países respeta la legalidad: “Portugal aprobó en 2018 la implantación por ley de un SDDR, y desde la compañía se respeta esa decisión (como no puede ser de otra manera), mientras que en España se ha condicionado su implantación al incumplimiento de los objetivos”. Efectivamente, las leyes de envases y de residuos aprobadas en España el año pasado establecen la obligación de crear un SDDR si no se consiguen determinadas tasas de recogida separada de botellas de plástico en 2023, 2025, 2027 y 2029. El objetivo para 2023 es el 70%, listón que casi con toda seguridad se superará, puesto que Ecoembes asegura que en 2021 la tasa ya estaba en el 71%.

Dia, por su parte, respondió con una declaración genérica sobre su compromiso “con el medio ambiente y con la implementación de las medidas necesarias para cumplir y superar los objetivos que marca la normativa vigente, ya sea optimizando los sistemas actualmente existentes o implementando otros que resulten técnica y económicamente viables”. Al igual que Mercadona, su portavoz también hace referencia a la situación legal en el país vecino: el SDDR es allí “obligatorio, razón por la que en 2022 Dia se asoció a SDR Portugal con el objetivo de dar cumplimiento a la norma y avanzar en la implementación de las obligaciones que se establecen”. 

Hay que señalar que infoLibre e Investigate Europe no preguntaron a ninguna de las cuatro multinacionales si tenían previsto respetar la legalidad, sino si consideraban que los argumentos que utilizan para defender el SDDR en Portugal (tasas de recogida del 90%, mayor calidad de los envases recogidos, menores emisiones, creación de puestos de trabajo…) también son aplicables en España. Ni Coca-Cola, ni Mercadona, ni Dia respondieron a esa sencilla pregunta.

Quien sí lo hizo, con todo tipo de detalle, fue Lidl. En su caso, los periodistas incluyeron en sus preguntas referencias al hecho de que la cadena de supermercados no solo defiende el sistema de retorno en Portugal, sino que en Alemania presume de la eficiencia y los beneficios del SDDR propio implantado en sus tiendas, y también lo ha apoyado públicamente en Austria y Reino Unido.

“Gracias a nuestra experiencia internacional e implementación en otros países como en Alemania, sabemos que el SDDR para plásticos de un solo uso sería una de las mejores opciones para contribuir de forma positiva al medio ambiente. En efecto, en Alemania el reciclaje de materiales de un solo uso alcanza ya el 98,5%, y a su vez, gracias a la recogida separada, proporciona más materiales reutilizables de alta calidad. Es decir, a través de este sistema se permite el reciclaje de botella a botella o lo que es lo mismo, que una botella vuelva a ser otra botella tras su proceso de reciclaje”, indica el portavoz de Lidl en España.

Por otro lado, añade dicho portavoz, “también nos encontramos con una ventaja desde el punto de vista de reducción de emisiones de CO2. Su sistema de compresión [de las máquinas del SDDR] supone ahorrar espacio a la hora de transportar las distintas botellas para reciclar. Con ello, y según se desprende del estudio Ifeu realizado en Alemania, se lograría compactar en un solo camión todo el material para el que hasta ahora serían necesarios 26 camiones”. Ifeu son las siglas del Instituto de Investigación Energética y Medioambiental de la ciudad alemana de Heidelberg.

“En definitiva, contamos con datos que avalan el éxito de este sistema y por tanto siempre y cuando se logre el consenso entre todos los actores partícipes en España, desde Lidl apoyaremos la implementación de este sistema de reciclaje”, concluye la cadena de supermercados alemana.

Las dos principales patronales del sector de las bebidas también tienen posturas diferentes sobre el SDDR según dónde firmen los comunicados. En Europa piden cosas a las que en España se oponen.

La Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra) forma parte de Unesda, la patronal europea del sector, mientras que la Asociación de Aguas Minerales de España (Aneabe) está integrada en Natural Mineral Water Europe (NMWE, antes denominada EFBW).

Pues bien, en septiembre de 2020, las dos patronales europeas firmaron una declaración conjunta en la que solicitaban “un amplio despliegue de sistemas SDDR bien diseñados en los países de la UE” (puedes ver aquí el comunicado conjunto en inglés).

"Tanto Unesda como la EFBW consideran que un SDDR bien diseñado es un sistema de recuperación eficaz para alcanzar los objetivos europeos de recogida de botellas de bebidas y para salvaguardar la calidad del PET reciclado que necesitan nuestras industrias. Además, también puede contribuir a los objetivos climáticos de la UE, por ejemplo, al requerir el uso de menos materiales vírgenes gracias al reciclado en circuito cerrado, lo que se traducirá en una menor huella de CO2. Por este motivo, cada vez son más los Estados miembros de la UE que se plantean la introducción del SDDR”, se lee en la declaración conjunta.

Anfabra y Aneabe no solo son accionistas de Ecoembes, punta de lanza contra el SDDR en España, sino que su gran apuesta es Reciclos, un falso sucedáneo de SDDR. Como ha desvelado la investigación de infoLibre e Investigate Europe, Reciclos es un sistema abierto al fraude y con un diseño completamente ilógico, que dice pretender fomentar el reciclaje estableciendo límites a las botellas y latas que se pueden reciclar (puedes leer aquí el artículo sobre Reciclos).

En febrero de 2021, Anfabra y Aneabe (a través de la Federación España de Industrias de Alimentación y Bebidas) firmaron junto a otras patronales del sector del gran consumo una declaración en Barcelona mostrando su apoyo a Reciclos, iniciativa que calificaban como “pionera en Europa” y en la que realizaban afirmaciones sin ningún tipo de evidencia científica o fáctica, como que Reciclos “puede contribuir a frenar” el littering.

Es decir, las dos patronales reclamaron en septiembre de 2020 en Bruselas "un amplio despliegue" de los SDDR en la UE y cinco meses después respaldaron públicamente en Barcelona la estrategia de Ecoembes para evitar la implantación del SDDR en España.

infoLibre e Investigate Europe plantearon a Anfabra y Aneabe una serie de cuestiones para aclarar esa contradicción. En concreto, preguntaron si estaban de acuerdo con que un SDDR es la mejor forma de recoger más envases y de mayor calidad y de contribuir a los objetivos climáticos, tal y como se afirma en la declaración europea, y también si comparten la conclusión de los estudios internacionales que sostienen que un SDDR reduce de forma considerable el littering.

Ambas organizaciones respondieron a los periodistas, pero con afirmaciones genéricas que no abordan las cuestiones planteadas.

Anfabra asegura que “el SDDR es una realidad impuesta normativamente que implicará nuevas dinámicas, tiempos de preparación y puesta en marcha, así como grandes inversiones por parte de toda la cadena de valor”. Esto en realidad no es cierto, ya que el SDDR no se ha “impuesto” en España, sino que la ley “condiciona” su puesta en marcha a que se incumplan unos objetivos determinados de recogida separada de botellas de plástico en 2023, 2025, 2027 y 2029. Si se logran esos objetivos, no es necesario implantar un SDDR.

La breve respuesta de Anfabra se completa con la siguiente afirmación: “En línea con nuestro firme compromiso con la sostenibilidad y circularidad de los envases, nuestro sector seguirá avanzando para encontrar las soluciones que mejor encajen con la realidad y las particularidades del mercado y los consumidores en España, en colaboración con toda la cadena de valor, otros sectores y, en particular, nuestros clientes del retail”.

Aneabe, aunque sin responder tampoco a las cuestiones concretas, transmite una posición más matizada. “Nuestra prioridad es continuar trabajando, junto a nuestras empresas asociadas, para alcanzar la plena circularidad de nuestros envases, que es uno de los retos del sector”, asegura la patronal de aguas minerales, que añade lo siguiente: “Por este motivo, estamos centrando nuestros esfuerzos y nuestra atención en la tramitación del Reglamento Europeo sobre Envases y Residuos de Envases, porque creemos, firmemente, que la nueva normativa es una oportunidad única para lograr la circularidad completa para los envases de bebidas, acompañando a las empresas en este viaje con las condiciones y herramientas más adecuadas”.

El Reglamento Europeo que menciona Aneabe está ahora en fase de negociación en las instituciones comunitarias. El primer borrador difundido, en octubre del año pasado, establece la obligación de implantar un SDDR salvo que un Estado logre una recogida selectiva del 90% de botellas de plástico en 2026 y 2027. Pero, lógicamente, nadie puede saber si se aprobará finalmente dicho Reglamento y cómo quedará redactado.

“Desde Aneabe queremos seguir impulsando, como hasta ahora, la recogida de botellas de bebidas de PET, de la manera más eficiente y sostenible posible. En la actualidad, en España, se recoge ya, de forma separada, un 71% de las botellas de bebidas de menos de tres litros, según los últimos datos de Ecoembes”, destaca también esta asociación.

Por último, infoLibre e Investigate Europe recabaron la opinión sobre el SDDR a la Asociación España de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas). No existen en su caso posturas contradictorias, pero es una voz autorizada en el sector ya que representa tanto a los grandes distribuidores como a los pequeños supermercados. “El debate de ‘SDDR sí o SDDR no’ está superado, hay otros objetivos para la cadena con un gran poder transformador, como la ecomodulación, las medidas de prevención en su conjunto o el porcentaje de plástico reciclado en envases de PET”, señala María Martínez-Herrera, directora de Sostenibilidad de Asedas.

No obstante, la directiva de Asedas pone el énfasis en alguno de los posibles inconvenientes de un SDDR. “Tenemos que decir que el almacenamiento en tienda es complicado por las propias características del supermercado de proximidad, situado en zonas urbanas y basado en la rotación de productos, por lo que tiene muy poco espacio”, explica, en referencia a aquellas tiendas más pequeñas que optasen por recoger los envases devueltos de forma manual y no a través de máquinas.

“En nuestra opinión, tenemos que abordar el debate desde un punto de vista amplio y centrado en objetivos. El mayor desafío es que un envase no se convierta en desperdicio y, para ello, es necesario que todo ciudadano, empresa y administración haga sus deberes y asuma su responsabilidad”, concluye Martínez-Herrera.

Para las multinacionales embotelladoras de agua, el lavado de cara ecológico y la creación de redes de influencia es una cuestión de supervivencia. Mientras las reiteradas sequías ponen en peligro el suministro de agua potable en algunos departamentos franceses y se multiplican los vínculos entre el descenso de las capas freáticas y las extracciones industriales, las compañías intentan pintar de verde, o dar la impresión de que lo hacen, una actividad a menudo dañina para el medio ambiente.

En la foto publicada en el periódico La Montagne el pasado mes de marzo, un nutrido grupo de alumnos de una escuela infantil de Puy-de-Dôme se agolpa junto el cercado de una granja de ovejas. El alumnado “ha descubierto el mundo del pastoreo y la agricultura de montaña”, puede leerse en el pie de foto. Lo que los niños no saben es que forman parte de un plan de comunicación local de Danone, cuya marca Volvic está acusada de poner en peligro los recursos hídricos del departamento, como reveló Mediapart (socio editorial de infoLibre). Mientras que la multinacional acaba de prometer nuevas inversiones para reducir sus extracciones de agua de cara al verano, el proyecto educativo “Un pastor en mi escuela” es un concentrado de la estrategia de las virtudes ecológicas de Danone, que implica a responsables políticos locales y acciones aparentemente ecológicas.

Mediapart ha tenido acceso al contrato de colaboración entre Danone y el Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia, autoproclamado “el mayor parque natural regional de la Francia metropolitana” y que tiene casi 400.000 hectáreas. Este contrato lo ratificaron los políticos locales en diciembre de 2020 y tiene validez durante un periodo de un año. El objetivo de este documento no es tanto proteger el medio ambiente como la imagen de la marca Volvic.

El aspecto educativo de las acciones previstas y apoyadas por Danone con 10.000 euros se resume en unas pocas líneas. Pero el documento se vuelve muy preciso cuando se trata de describir lo que los representantes políticos pueden y no pueden hacer. “El socio [el parque natural] se compromete a no dañar la reputación de Danone Eaux y, más ampliamente, del grupo Danone y sus filiales”, puede leerse. Además, el organismo público debe abstenerse de “comunicar externamente temas que puedan tener un impacto en el negocio o la reputación de Danone Eaux sin compartir primero el contenido con Danone Eaux”. Uno de los principales problemas del parque son las repetidas sequías, que están dañando el ecosistema del departamento y de las que Danone es en parte responsable.

En concreto, esta cláusula podría traerle problemas a Lionel Chauvin, en el ejercicio de sus funciones al servicio de Auvernia. Desde el pasado mes de febrero, este consejero departamental del Puy-de-Dôme preside el parque regional. Simultáneamente, Chauvin es miembro del organismo público encargado de “definir la gestión de los recursos hídricos de la Chaîne des Puys”. Labor en virtud de la cual puede tener que tratar cuestiones relacionadas con las extracciones de agua de las empresas industriales, incluida Danone.

No hay riesgo de mezclar cuestiones, replican desde la dirección del parque. “Desde febrero de 2021, ninguna deliberación en el orden del día de los órganos que usted menciona ha hecho necesario que se ausente el presidente del Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia. Si fuera el caso, se ausentaría sin ningún género de dudas”. En la misma línea se manifiestan en Danone, que tratan de restarle importancia a la cuestión: “Se trata de una cláusula habitual en este tipo de contratos que no impide en absoluto que el sindicato mixto del Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia se exprese”.

Si, a pesar de estas precauciones, se produjera una “crisis susceptible de tener un impacto en la reputación de una de las partes o del grupo Danone […], los respectivos dirigentes de las partes entrarán en contacto rápidamente para examinar, evaluar y gestionar la crisis y encontrar una forma mutuamente satisfactoria de afrontarla”, añade el documento. En definitiva, una forma de poner a los responsables del parque regional al servicio de la comunicación de crisis de Danone.

Cuando se le pregunta por estos métodos y por la sinceridad de su compromiso con el medio ambiente, la empresa destaca sus “logros” en favor del medio ambiente. Como “la instalación de colmenas en el impluvio, que permite medir la calidad ambiental de la flora mediante el polen recogido” o “la creación de una reserva regional de 60,5 hectáreas, que alberga 15 especies y más de 500 individuos hibernantes”.

Por su parte, Jean-Christophe Gigault no duda de la sinceridad de Danone. Este excargo público encarna a la perfección los diferentes niveles de la estrategia de influencia de la empresa en el territorio. Como teniente de alcalde de Volvic, al frente de medio ambiente hasta las últimas elecciones, supo de primera mano los 3,7 millones de euros que la empresa paga anualmente al ayuntamiento por el recargo aplicado por el agua mineral. En 2020, este maná representó nada menos que el 43% de los ingresos operativos reales de Volvic.

Y, como administrador del Comité de Medio Ambiente para la protección del impluvio de Volvic (Cepiv), organismo que agrupa a los cuatro municipios del impluvio (Volvic, Charbonnières-les-Varennes, Pulvérières y Saint-Ours-les-Roches) y que está financiado en dos terceras partes por Danone, supervisó las obras financiadas aquí y allá por la embotelladora para garantizar la lealtad de los políticos. Entre los proyectos financiados por el Cepiv, destacan la creación o el mantenimiento de plantas de tratamiento de agua, la instalación de cuencas para filtrar el agua de lluvia, el saneamiento de la red de alcantarillado, pero también la organización de los muy mediáticos campamentos de trabajo ecológico, en los que participan empleados de Danone, ONG y ciudadanos de a pie. Desde hace algunos años, el Cepiv financia incluso... la brigada ecuestre de la Policía Municipal de Volvic, que recorre el impluvio.

Por último, como director regional de la Liga para la Protección de las Aves (LPO), Chauvin ha podido beneficiarse de la generosidad de la empresa. Danone ha desembolsado 200.000 euros en diez años, es decir, alrededor del 0,2% de su facturación en Volvic, para apoyar acciones de protección del milano real, el ave que flanquea todas sus botellas de plástico, según la LPO. ¿Podría esta relación privilegiada suponer un conflicto de intereses, cuando la LPO forma parte de la comisión local del agua (CLE) del plan de desarrollo y gestión del agua (Sage) del Allier Aval y participa como tal en la gestión del agua?

Una pregunta fuera de lugar, según Jean-Christophe Gigault: “La financiación aportada por Danone se realiza en forma de mecenazgo, por lo tanto a cambio no hay ninguna contrapartida [...], sobre un tema que no concierne a los recursos hídricos y cuya acción [la protección del milano real] no se desarrolla en el territorio del impluvio de Volvic, sino en Auvernia”.

En el Conservatorio de Espacios Naturales de Auvernia (CEN), tampoco le hacen ascos a la generosidad de Danone. El director de la organización, Pierre Mossant, admite a Mediapart que los diversos proyectos que cuentan con el apoyo del Cepiv, por importe de 125.000 euros entre 2005 y 2015, representan “obviamente” un “riesgo de respaldar el lavado de imagen verde”. Sin embargo, refuta el otro riesgo existente para la estructura, el de que exista conflicto de intereses cuando participe en los órganos locales de decisión sobre el agua –como el esquema de desarrollo y gestión del agua– como representante de los usuarios. “No existe conflicto de intereses porque no hay flujo financiero. Es estrictamente bilateral, no interviene en absoluto en las decisiones del SAGE”, apunta Pierre Mossant.

Nestlé Waters no es ajena al lavado verde lavado verde y a la búsqueda de influencias. Las prácticas de la empresa suiza de los Vosgos se han convertido recientemente en un caso de libro sobre el lavado de cara verde. Al igual que sus dos compadres Coca-Cola y Danone, la empresa participa desde hace un cuarto de siglo en la campaña nacional “Gestos limpios”, cuyo objetivo es “sensibilizar al público” en la “lucha contra los vertidos ilegales”. Una participación particularmente cómica, al día siguiente de la revelación por parte de We Report en Libération de la existencia de vertederos ilegales... en terrenos de Nestlé, en los Vosgos.

Una práctica que ha sido admitida por un alto directivo de la filial de Nestlé en los Vosgos, que admite que la empresa tenía conocimiento de nueve vertederos ilegales de residuos plásticos en sus instalaciones. Esto no impidió que permaneciera de brazos cruzados tras las primeras denuncias de los vecinos en 2014. Una contaminación masiva del suelo que representa potencialmente un riesgo para las capas freáticas de las que procede el agua de Vittel, Hépar y Contrex, y los medios acuáticos de esta región más allá del perímetro de las aguas minerales, según Jean-François Fleck, de la asociación Vosges Nature Environnement.

Al igual que sus homólogas francesa y estadounidense, la empresa suiza no siempre opera bajo su propia bandera. Incluso aunque esto signifique difuminar las pistas, como sucedió con La Vigie de l'eau. Esta asociación de Vittel para la “cultura y educación científica y técnica sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible”, que realiza numerosos talleres en las escuelas y se presenta como “independiente”, es sospechosa ante la Justicia de haber incurrido en interés ilegal en beneficio de la multinacional. Se cuestiona la financiación por parte de Nestlé de la asociación, en el momento del nacimiento de ésta, por importe de 300.000 euros, y de su participación en el proceso de gestión local del agua.

La asociación tendrá que defenderse ante el tribunal de Nancy el próximo mes de septiembre, junto a una antigua concejala. “Ningún miembro activo de Nestlé participa ya en el consejo de administración de La Vigie de l'eau desde 2016, e incluso antes, nunca ha influido en las acciones y orientaciones”, modera la asociación acusada, que espera “que se haga Justicia y sin escuchar a las voces, que han hecho mucho ruido, en este debate”.

“Es la garantía científica de Nestlé”, replica Renée-Lise Rothiot, portavoz del colectivo ciudadano Eau 88 de Vittel. “Su función es ocuparse del lobby de Nestlé en los ámbitos educativo y cultural”lobby. Y no faltan ejemplos. Como una exposición temporal titulada “Aguas subterráneas para proteger” y montada por La Vigie de l'eau en octubre de 2018, en colaboración con Agrivair, una filial de Nestlé Waters. Esta exposición, que recibió 17.260 euros de Nestlé, según reconoce la multinacional a Mediapart, explicaba a los visitantes, entre otras cosas, que el agua mineral, “protegida de forma natural, no pasa por ningún tratamiento”. A diferencia… del agua del grifo. Aunque La Vigie de l'eau reconoce la financiación de Nestlé e incluso que la exposición fue “un servicio prestado a petición de Agrivair”, asegura que no hubo “ninguna presión relativa al contenido”.

Para garantizar la calidad de “su” agua y demostrar que está del lado de la sociedad civil para proteger el medio ambiente, la empresa suiza también lleva a cabo proyectos con varias asociaciones de los Vosgos que promueven la “jardinería sin pesticidas”. Estructuras que realmente mantienen vínculos estrechos y discretos con la multinacional. Como Plaine de jardin, que realizó, en 2017, una “encuesta sobre las prácticas de 3.000 jardineros aficionados de Vittel-Contrexéville” y de los municipios de alrededor. Y que, en agosto de 2020, participa en la Semana de las Alternativas a los Plaguicidas en la región de Vittel, en la que también participa Nestlé. En apariencia, la empresa suiza y la asociación de la ley de 1901 comparten la misma preocupación por el medio ambiente y la capa freática y colaboran regularmente. Sin embargo, los estatutos de la asociación cuentan una historia diferente: un ejecutivo de Nestlé Waters preside la asociación y un empleado de una filial de Nestlé ejercer de secretario.

En el verano de 2019, es la asociación Les Jardiniers de l'Épine la que surge discretamente de la tierra en Vittel. Una estructura que promueve su “escuela de apicultura” y su “jardinería natural”, en la zona conocida como “de la Espina”, situada frente a la planta de embotellado. Hay que leer con detalle los estatutos de esta asociación para cómo se presenta a Nestlé Waters Vosges y Agrivair como “colaboradores”. Para la empresa suiza, esta vinculación tiene un carácter ético: “Nestlé Waters ha prestado y seguirá prestando su apoyo a todas las actividades, incluidas las asociaciones, relacionadas con la preservación de los recursos hídricos o la revitalización de la región de los Vosgos”.

El modus operandi de Coca-Cola, que posee cinco fábricas en Francia, es mucho menos discreto. La Camarga se ha convertido en un importante escaparate de su operación global de desminado, denominada “Replenish” (llenar) . Este programa pretende “devolver a la naturaleza el 100% del agua utilizada” en el mundo por Coca-Cola para producir sus decenas de marcas de bebida. Un objetivo que se habría alcanzado en 2017, según la empresa. Esto es suficiente para que nos olvidemos de sus explotaciones en India y México, a las que se acusa de secar territorios y privar a los habitantes del acceso al recurso.

De 2015 a 2020, el productor de bebidas refrescantes fue uno de los principales socios privados de una operación a gran escala llevada a cabo en el emplazamiento de los estanques y marismas de las salinas de la Camarga. Una superficie de 6.500 hectáreas adquirida en 2008 a la empresa Salins du Midi para el Conservatorio del litoral, una institución pública. Un espacio de dunas y estanques dañados tras décadas de producción de sal, sinónimo de artificialización del terreno, que debía ser reconectado a las redes naturales de agua dulce.

Durante cinco años, el Parque Natural Regional de la Camarga, la Sociedad Nacional de Protección de la Naturaleza (SNPF) y el instituto de investigación Tour du Valat recibieron financiación de Coca-Cola, canalizada a través del WWF, para llevar a cabo este trabajo. Los resultados fueron aclamados a nivel local. En 2020, el WWF estimó que la primera fase del proyecto había “cumplido su objetivo esencial”, es decir, “devolver a la naturaleza más de 1.700 millones de litros de agua dulce al año gracias a importantes obras hidráulicas”. Una cifra que Coca-Cola enarbola inmediatamente en sus soportes de comunicación.

Coca-Cola no precisa el volumen total de agua que emplean sus plantas en Francia. En 2010, la empresa explicaba al periódico Le Monde que produce 1.700 millones de litros de bebidas al año. A pesar de los esfuerzos por reducir las pérdidas durante la fabricación, Coca-Cola calcula que se necesita una media de 1,2 litros de agua para producir un litro de bebida (sin contar el agua utilizada para producir los ingredientes utilizados en la producción, como el azúcar). Es decir, cerca de 2.000 millones de litros tomados cada año solo en Francia. Una tendencia que no tiene visos de invertirse pronto; a principios de 2020, la firma estadounidense anunció que quería invertir 1.000 millones de euros en Francia durante los próximos cinco años para modernizar sus fábricas y crear una nueva línea de producción.

“La línea que separa el lavado verde de la sinceridad es complicada, somos conscientes de ello", coincide Jean-Jacques Bravais, director administrativo y financiero del Tour du Valat, una estructura reconocida en todo el mundo por su conocimiento de los humedales. “Las empresas son a la vez parte del problema y parte de la solución”, continúa. ¿Con la condición de no entrar en una relación de dependencia? “Ningún mecenas ha intentado nunca influir en nuestro trabajo”, asegura Jean-Jacques Bravais, para quien un contrato como el firmado por Danone con el Parque Regional de Auvernia sería impensable: “Nunca hemos tenido este tipo de cláusulas, de lo que podemos hablar públicamente. No se aprobaría. Sería un motivo inmediato para romper la relación con el patrocinador”.

Prolija a la hora de exponer sus acciones en la Camarga, Coca-Cola lo es mucho menos cuando se trata de hablar de finanzas. “No hablamos de nuestras inversiones”, dice la empresa. El WWF, por su parte, reconocer la suma de 1,7 millones de dólares (más de 1,4 millones de euros) inyectada por Coca-Cola en el periodo 2014-2020.

La memoria de actividades de 2015 de la Tour du Valat da una idea de las partidas de gasto que cubre la compañía; 130.000 euros se dedican a “seguimiento científico” y “análisis de la calidad del agua”, 78.000 euros a trabajos de “conexiones hidráulicas” o 7.000 euros a la financiación de “instrumentos de comunicación”. Calderilla para la empresa que facturó 33.000 millones de dólares (casi 28.000 millones de euros) en 2020.

Sin embargo, sobre el terreno, la presencia de la multinacional irrita a algunos actores locales. “Este tipo de asociación me plantea un problema porque Coca-Cola utiliza nuestro territorio para lavar su imagen”, señala un concejal de un pueblo próximo al parque. “Su financiación sigue siendo más bien anecdótica en comparación con todo lo que gastan las autoridades públicas o las asociaciones medioambientales. Para Coca, es una campaña publicitaria de bajo coste para un proyecto que se habría llevado a cabo de todos modos, incluso sin ellos”, señala un activista medioambiental, que prefiere que no se mencione su nombre “para no ofender” a las grandes organizaciones del sector.

De hecho, el dinero de Coca-Cola, canalizado vía WWF, sólo financió una parte de los trabajos de reconexión hidráulica realizados. Del resto se encargaron actores públicos como la Agencia del Agua, la región y el programa “Life + MC Salt” de la Comisión Europea, que inyectó casi 1 millón de euros en la operación en 2010, cuatro años antes de la llegada de Coca-Cola.

Preguntado por su participación en la financiación de todo el proyecto de renaturalización, el embotellador estadounidense no responde. WWF estima que es “bastante baja”, sin poder dar una cifra precisa. Fuentes conocedoras del caso lo cifran en aproximadamente un 10%.

Además, estos trabajos forman parte de un proyecto mucho más amplio realizado en toda la Camarga a través del Contrato Delta y financiado con 32 millones de euros, fundamentalmente con dinero público. En estas condiciones, la contribución de la Coca-Cola es más propio del riego por aspersión... o por goteo.

Para la empresa estadounidense, estos pocos cientos de miles de euros gastados se recuperan en gran medida con la mejora de su imagen. En sus publicaciones, el WWF apoya el comunicado de la multinacional al escribir que el proyecto habría “permitido, tras cuatro años de trabajo, devolver a la naturaleza más de 10.000 millones de litros de agua dulce”. Sin embargo, este método de cálculo es muy cuestionado: en 2018, una amplia investigación del periódico online estadounidense The Verge revelaba que Coca-Cola habría “exagerado enormemente sus resultados relativos al agua”.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Los sindicatos han convocado tres jornadas de huelga en Coca-Cola European Partners por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 360 empleos en España, ya que consideran que la compañía no ha acreditado debidamente las causas de este ajuste de plantilla, según ha informado CSIF en un comunicado recogido por Europa Press.

En concreto, las movilizaciones y paros en los centros afectados comenzarán el próximo 15 de marzo con un paro de tres horas y una concentración de 11.00 a 14.00 horas, mientras que para las jornadas del 18 y el 22 de marzo está previsto que se lleve a cabo un paro total de 24 horas y se realizarán concentraciones en las puertas de las plantas de 11.00 a 14.00 horas.

El sindicato ha explicado que la multinacional no ha acreditado que existan causas técnicas, productivas ni organizativas para la presentación de este ERE, que afectará a cerca del 10% de la plantilla, sino que se trata de una voluntad de externalización y supresión de posiciones fijas de empleo.

De esta forma, considera que los 360 despidos se deberían de convertir en bajas voluntarias y recolocaciones, pero bajo "ningún concepto en bajas traumáticas".

Según CSIF, la compañía se ha reafirmado en la conveniencia de este ERE para conseguir una mayor optimización de los procesos organizativos actuales y así evitar duplicidad de puestos y tareas, ya que se trataría de optimizar los recursos existentes y la estructura del personal ante los cambios de hábitos en el consumo que propicia un mercado cambiante.

Los sindicatos que están presentes en el comité reiteran que la externalización es "desproporcionada" y solicitan concreción de las funciones y proveedores externos. Además, en la voluntad de llegar al objetivo final de despidos cero, han indicado la necesidad de ampliar las prejubilaciones a los trabajadores que no están impactados por el despido colectivo.

Si los clubes tuvieran que vivir sólo del fútbol, hace mucho tiempo que habrían quebrado. En sus cuentas de resultados casi lo de menos es el balón. El Real Madrid ingresó en 2019 –las cifras de 2020 están distorsionadas por la pandemia, que vació los estadios– 205,7 millones de euros por la venta de entradas y 54,3 millones más gracias a sus abonados y socios. Por las retransmisiones de los partidos, 173 millones y por explotar sus instalaciones deportivas, 27 millones de euros. Pero en concepto de patrocinios y publicidad facturó mucho más, 295,1 millones. Es decir, el 40% de su cifra de negocio procede de la gigantesca valla publicitaria en que se ha convertido el club blanco. Sólo con lo que ingresa por su actividad comercial casi podría pagar los astronómicos sueldos del primer equipo, que suman una nómina anual de 308,47 millones de euros.

Cada esquina del estadio Santiago Bernabéu o del campo de entrenamiento de Valdebebas, una manga de las camisetas de los jugadores o los coches, cosméticos y trajes que utilizan Sergio Ramos, Marcelo o Isco proporcionan al Real Madrid el verdadero sustento con que cierra sus ejercicios económicos.

Según un informe de la firma de investigación de mercados Nielsen, el valor mediático generado por el Real Madrid –la visibilidad del patrocinador traducida a euros– para la aerolínea dubaití Emirates ascendía en 2018 a 147,83 millones de euros, el de Adidas a 75,63 millones –casi el doble del que le proporciona el Manchester United– y el de Movistar a 34,71 millones. Y eso sólo considerando partidos e informativos de televisión y su presencia en las redes sociales. Los analistas de Nielsen excluyeron de la medición a la prensa y los medios digitales, así como la web del club y las cuentas de los jugadores en las redes sociales.

Es a ese valor mediático donde se ha agarrado el fondo Providence para buscar el máximo rendimiento a su reciente inversión en el club. Como ha publicado infoLibre, el objetivo de los estadounidenses es multiplicar los ingresos por patrocinio de los blancos en un corto periodo de tiempo, cuatro años que pueden llegar a nueve –tras la renegociación del acuerdo el pasado año– dependiendo del éxito del proyecto. Incluso instaron a la contratación por más de un millón de euros a un ejecutivo estrella para duplicar sus beneficios en esta partida. A cambio, el club recibirá del fondo más de 200 millones de euros para financiarse. Aunque no todos los contratos de patrocinio del club merengue entran en su perímetro de negocio, el área que les permitirá recuperar su inversión. Fuera han quedado los más golosos, como los que Florentino Pérez ha firmado con la aerolínea Emirates y el fabricante de ropa deportiva Adidas, precisamente los dos principales socios comerciales del Real Madrid.

Emirates lleva desde 2013 luciendo logo en las camisetas del primer equipo. Y en ellas seguirá al menos hasta 2022, a cambio de 261,5 millones de euros las cinco temporadas. Cada año sale a unos 50 millones de euros: 41,5 millones en 2016/2017, que se van incrementando hasta alcanzar los 50,7 millones el último ejercicio, según el contrato renovado en 2017, uno de los miles de documentos de Football Leaks compartidos por la revista Der Spiegel con la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre.

La “falta de ambición” de Adidas“falta de ambición” de Adidas

Adidas es socio comercial del Real Madrid desde mucho antes, 1998, aunque sus relaciones han tenido altibajos. Pese a ello, en mayo de 2019 ambos firmaron la extensión del acuerdo de patrocinio nada menos que hasta 2028. Según los documentos de Football Leaks, el canon fijo que la marca alemana pagó al club merengue en 2017 ascendió a 43,8 millones anuales, más otros 34 millones de royalties, el 22,5% de los 150 millones de euros que facturaba por las ventas. Hasta la renovación, vestir a los madridistas le costaba a Adidas unos 84 millones de euros al año. El nuevo contrato garantiza a los blancos aún más dinero: unos ingresos anuales que fuentes periodísticas han llegado a cifrar en 110 millones de euros durante una década.

No obstante, el Real Madrid acabó muy decepcionado con el rendimiento de las tiendas que gestionaba Adidas a través de una filial, Global Merchandising. Las ventas declinaban pese a cada nuevo y mayor éxito deportivo del equipo de fútbol. Hasta el punto de que el director general del club, José Ángel Sánchez Periáñez, llegó a redactar una carta dirigida al consejero delegado de la firma alemana, Kasper Rørsted, para quejarse de la falta de “ambición” de la marca a la hora de vender los artículos del Real Madrid.

“No importa el éxito sin precedentes de nuestro equipo o los extraordinarios jugadores que lo integran, vuestras previsiones de ventas siempre oscilan entre 125 y 140 millones de euros. Tras conseguir la 13ª Champions vuestras previsiones para la temporada son de 120 millones, lo que se traduce en una reducción del 15% respecto al año pasado y en un horizonte de ventas por debajo de los logros de hace cuatro años”, se lamentaba Sánchez Periáñez, quien critica la “falta de inversión, la gestión deficiente y la falta de surtido e inventario” de la tienda que Adidas tiene en el Santiago Bernabéu.

Así que el pasado julio, el club cambió de socio y suscribió un acuerdo con la empresa estadounidense Legends Hospitality para que se haga cargo de las ventas de material deportivo de Adidas tanto en las tiendas físicas como en internet.

Litigio con Cepsa, socio de Movistar

El que estaba llamado a ser el contrato del siglo era el patrocinio del estadio Bernabéu por el grupo petrolero IPIC (International Petroleum Investment Company), dueños de Cepsa. A cambio de un pago anticipado de 425 millones de euros en 2017 –los tres primeros años de un contrato de 20–, el estadio de Concha Espina iba a ser rebautizado con el nombre de la compañía de Abu Dabi. El dinero debía servir para financiar la costosísima reforma del Bernabéu.

El contrato fue firmado en octubre de 2014, aunque el acuerdo se había alcanzado en una reunión previa, celebrada en abril, en el Hotel Emirates Palace de Abu Dabi, con ocasión de un foro empresarial hispano-emiratí presidido por el rey Juan Carlos I. En nombre de IPIC lo selló Jadem Al Qubaisi, que fue arrestado en agosto de 2017 por su implicación en el desvío de 3.000 millones de dólares del fondo soberano 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Desde la firma y hasta 2017, IPIC ya pagaba 12 millones de euros al Real Madrid por el patrocinio de Cepsa.

Sin embargo, ese año IPIC se fusionó con Mubadala Development por decisión del Gobierno del emirato, formando un gigantesco fondo de inversión soberano cuyo vicepresidente es Mansur Bin Zayed Al Nahyan, también propietario del Manchester City. La relación con el grupo emiratí dio un vuelco.

Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulara en 2015 el Plan General de Urbanismo de la capital, el Real Madrid tuvo que hacer algunos cambios en el proyecto del estadio. Los de Abu Dabi consideraron “sustanciales” esas modificaciones y las esgrimieron para resolver el contrato con el club. Por el contrario, el equipo de Florentino Pérez alegaba que el proyecto se mantenía al 100% como se había firmado con la petrolera y llevó la disputa a la Corte Internacional de Arbitraje de París, que en teoría debe dictar un laudo en breve. Cepsa desapareció de inmediato de los espacios publicitarios del club, mientras que el nombre del estadio madrileño permanece virgen hasta hoy.

Tras Adidas y Emirates, Movistar es el patrocinador que más rendimiento mediático obtiene de su inversión en el Real Madrid, 50 millones de euros según los cálculos de Nielsen. Hasta 2018 su contrato le garantizaba al Real Madrid 15 millones de euros anuales. Las negociaciones para su renovación las llevó en persona el propio Florentino Pérez. Movistar quería rebajar su factura a 10 millones, pese a que patrocinar al club blanco le redunda esos 50 millones de euros, según defiende el propio Real Madrid, más otros 11 millones en redes sociales. La compañía de José María Álvarez-Pallete argumentaba que al Barça le pagaba menos.

En el momento de renegociar el acuerdo, además, Movistar había puesto el ojo en algunos contratos para construir el nuevo Bernabéu. En concreto el que por entre dos y dos millones y medio de euros licitaba la ingeniería tecnológica del estadio y por el que competía con IBM, Siemens, Atos e Indra. También, informa el equipo directivo a Florentino Pérez antes de una reunión con Movistar, la operadora estaba interesada “de una forma u otra en prácticamente todos” los proyectos de suministros del recinto de Concha Espina, que sumaban 100 millones de euros.

Finalmente, Movistar no sólo se publicita en los primeros equipos de fútbol y baloncesto masculinos, sino que también ha añadido el femenino desde diciembre de 2020. Además, es socio tecnológico del club: le provee de fibra óptica y wifi tanto en el Bernabéu como en Valdebebas y se encarga de buena parte del proyecto de digitalización del club.

Proveedores de servicios y patrocinadores

Nivea es el cuarto patrocinador en aportación de ingresos al club. Llegó en 2012 sólo con su filial en España, pero desde la temporada 2017/2018 ya es patrocinador global. Tiene contrato hasta 2022, por un total de 37,71 millones, a razón de 7,5 millones por temporada, cinco veces la factura que pagaba cuando comenzó a publicitarse con los jugadores blancos.

Caixabank fue durante tres años y hasta el pasado mes de junio patrocinador del Real Madrid, con un contrato que reportó a los blancos 15,2 millones de euros por tres temporadas y media. Como en el caso de Movistar, que proporciona al club todo tipo de servicios de telefonía, el banco catalán también era uno de sus suministradores de servicios. Funcionaba como socio en su operativa financiera: en su día cambió a Caja Madrid por La Caixa para la venta de entradas en internet, e incluso los pagos de nóminas y a proveedores los realizaban los merengues a través de la entidad catalana. A esa relación se le sumó desde 2017 la de patrocinio. Pero ambas se rompieron en junio del año pasado. Liberbank, fusionado desde el pasado diciembre con Unicaja, sustituyó entonces a Caixabank. El nuevo banco oficial del Real Madrid ha firmado por cinco temporadas, hasta 2026.

Otro patrocinador y proveedor de servicios para el club es Sanitas, el gigante de la sanidad privada. Tiene contrato hasta el próximo mes de junio en ambos casos. Como prestador de cuidados médicos para sus jugadores, la aseguradora le cobra al Real Madrid 1,35 millones de euros anuales. Como patrocinador, Sanitas pagó a los blancos los tres últimos años 9,9 millones de euros.

Ocho casas de apuestas

Audi lleva desde 2013 unido a los merengues y seguirá hasta 2022. Además de otras promociones, los futbolistas del primer equipo conducen sus coches de más alta gama, que les son entregados en un acto al que se convoca a la prensa. Cada año, los medios reproducen qué modelo ha escogido cada uno de ellos. En 2019, el barroco y delirante David LaChapelle, que lo mismo retrata a Kim Kardashian que a Lady Gaga, firmó la sesión fotográfica con el equipo y los vehículos. Este año, el evento ha sido mucho más sobrio. Cinco millones de euros al año le cuesta al fabricante alemán la promoción de su marca, según los documentos de Football Leaks.

Con los neumáticos surcoreanos Hankook, el Real Madrid ha renovado hasta 2023. Su primer contrato, firmado en 2016, le garantizaba 4,3 millones de euros anuales. El de Mahou era de un importe similar, 4,5 millones de euros, y el de Coca-Cola, 1,2 millones.

Un capítulo aparte merecen las casas de apuestas. El Real Madrid mantiene o ha mantenido relaciones de patrocinio con hasta ocho de empresas de juego: Codere, Betcart, Manbetx, Betfair, Bet Ghana, Bwin, Fonbet y KOK Sports. Hasta este año, al menos, Codere sigue siendo su casa oficial de apuestas en España, lo que a la marca le costaba 3,2 millones de euros anuales hasta 2019. Una situación que puede cambiar con la entrada en vigor del real decreto que obliga a los clubes a cancelar los contratos de patrocinio que mantengan con empresas de apuestas en territorio nacional antes del 31 de agosto.

Con Fonbet acaba de firmar este mismo mes de enero y con KOK Sports, el pasado mes de julio. La primera cubre Rusia, Bielorrusia y Kazajistán; la segunda, Asia, donde hasta junio de 2020 tenía un acuerdo con Manbetx por 2,2 millones de euros anuales. Bet Ghana tenía comprometidos 2,3 millones anuales para cubrir las apuestas en África y Betcart, por 1,2 millones anuales, se encargaba del Reino Unido, Portugal y Oriente Próximo. Con Bwin, su anterior socio de apuestas, el contrato llegó a los 4,5 millones en 2016, cuando fue sustituida por Codere.

La prolongación de la pandemia y de la crisis económica subsiguiente acrecienta los temores de que los esquemas de protección del empleo en marcha, los ERTE, dejen de hacer efecto. Hasta ahora han contenido la destrucción de puestos de trabajo, pero el miedo a que las suspensiones de contrato y las reducciones de jornada terminen convirtiéndose en despidos puede estar haciéndose realidad. “Este instrumento de ajuste temporal del empleo no es más que una medida coyuntural, antes o después buena parte de estos ERTE se transformarán en ERE”, advierte Confemetal, la patronal del sector metalúrgico, para pedir después “reformas” que convenzan a los mercados y a la UE de la solvencia de la economía española.

Las prestaciones y rebajas de cotizaciones de los ERTE seguirán vigentes hasta al menos el 31 de mayo pero enero ha comenzado con una mala señal: más de 20 ERE en otras tantas empresas que supondrán el despido de 4.511 trabajadores. La lista no es exhaustiva, incluye sólo a los de mayor alcance. Algunas empresas incluso han presentado al mismo tiempo un ERE de extinción y un ERTE de suspensión de contrato o reducción de jornada para los que no pierden su empleo. A esas cifras habrá que sumar, a lo largo del primer trimestre, el plan de bajas voluntarias y prejubilaciones de Banco Sabadell, que afecta a 1.817 personas, a los despidos del último ERE del Banco Santander, que se cerró el pasado 15 de diciembre e incluye a 3.572 trabajadores, así como a los que resulten de las fusiones de Liberbank y Unicaja, por un lado, y Caixabank y Bankia por otro.

Habrá que esperar a las estadísticas del Ministerio de Trabajo para comprobar la extensión de los despidos colectivos en enero. De momento, el recuento oficial sólo llega hasta el pasado noviembre. Para entonces, el número de trabajadores incluidos en un despido colectivo se había desplomado un 69,4% respecto a 2019, sólo 8.481 personas en 11 meses. Por el contrario, los incluidos en suspensiones de contrato y reducciones de jornada se habían multiplicado por 20 en comparación con el año precedente, hasta superar el millón de asalariados.

Entre las empresas que acaban de recurrir al despido colectivo las hay de todos los sectores productivos: comerciales, industriales, de seguros e incluso universidades. Algunas esgrimen el golpe del covid para justificar la medida; otras, sin embargo, son firmas con beneficios. O aducen causas estructurales para eludir el recurso a la solución coyuntural del ERTE. Las indemnizaciones ofrecidas, en cualquier caso, son exiguas: del mínimo legal de 20 días por año trabajado hasta 30 días. Fuera de este rango se encuentran las ofrecidas por los bancos, que en el Santander llegan a los 40 días.

Cadenas que cierran tiendas

Las tiendas de juguetes Imaginarium acaban de presentar su segundo ERE en seis meses. Al mismo tiempo ha solicitado el concurso de acreedores. Con pérdidas desde hace años, la crisis de consumo provocada por la pandemia ha dado la puntilla a una cadena que llegó a tener más de 400 tiendas en todo el mundo y, en España, 1.400 trabajadores. El pasado julio despidió ya a 104 personas en un ERE que impugnaron en los tribunales los sindicatos, y ahora dejará sin empleo a otras 125 de las 144 que le quedaban en plantilla. De forma que sólo permanecerán en la empresa 19 trabajadores y seguirán abiertas cinco tiendas.

Otra cadena comercial, pero de perfumerías, la alemana Douglas, quiere despedir a 600 trabajadores y cerrar 103 tiendas. Pero desliga la medida de los efectos del covid-19. Por el contrario, aduce que está “reorganizando” sus tiendas como parte de un proceso de digitalización obligado por el cambio de hábitos de los consumidores: sus ventas en internet se dispararon un 40,6% en 2020 respecto al año anterior. La pandemia, explica, sólo ha acelerado la necesaria adaptación al nuevo comportamiento de los clientes. Además, afecta al resto de sus tiendas en Europa, unas 500 de una red de 2.400. En 2018 ya cerró 53 tiendas, tras absorber Bodybell, Juteco e If.

A 125 personas va a despedir Beer&Food, propietaria de los restaurantes TommyMel's, Tony Roma's, Gambrinus y Carl's Jr. Desde marzo, y con todos los establecimientos cerrados por la pandemia, estaban en ERTE 503 de sus empleados en toda España. Las indemnizaciones alcanzan los 33 días por año trabajado con un tope 16 meses, pero según ha denunciado CCOO, al limitar a 18.000 euros el máximo que puede percibir cada trabajador, han resultado perjudicados 19 empleados, a los que correspondía una cuantía superior.

Paco Martínez es una firma comercial mucho más pequeña, de bolsos y maletas, y con un centenar de tiendas en España y Portugal, que también afronta dificultades para sobrevivir al coronavirus. Aduce causas económicas para despedir a 35 empleados.

Por contra, el ERE con mayor número de afectados en este comienzo del año será el de Eurest, que planea despedir a 1.300 personas. Se trata de la firma de restauración y catering a la que la Comunidad de Madrid adjudicó el servicio de comidas del polémico Hospital Isabel Zendal. Perteneciente a la multinacional británica Compass Group, cuenta con 11.000 trabajadores en toda España. Los empleos que plantea eliminar pertenecen a residencias, escuelas y hospitales, según ha denunciado el sindicato UGT, que califica de “coyunturales” los problemas de Eurest. De hecho, hasta ahora la empresa había mantenido a parte de su plantilla en ERTE para hacer frente a la disminución de actividad causada por el covid en los centros a los que sirven las comidas. Uno de las plantillas incluidas en el ERE va a ser la del Hospital Zendal de Madrid.

Grupos industriales

También culpa al coronavirus Tubacex. El grupo industrial vasco ha saltado a los titulares por el intento de convertirla en la GameStop nacional al tiempo que presentaba un ERE para despedir a unas 150 personas y un ERTE para el resto de la plantilla, hasta ahora compuesta por 800 trabajadores. El fabricante de tubos perdió 18 millones de euros en 2020, debido a la cancelación de pedidos de sus clientes. Muchos de ellos pertenecen a los sectores del petróleo y el gas, que han sufrido la caída del precio de ambos recursos el año pasado. La irrupción del coronavirus ha acelerado lo que Tubacex califica de “crisis estructural” y “sin precedentes”. En julio de 2020 planteó un recorte salarial del 20%, unos 10 millones de euros, que no salió adelante.

También ha combinado despidos y ERTE otro grupo industrial, MTorres, que suministra al sector aeronáutico. Plantea eliminar 164 puestos de trabajo y una suspensión de contratos entre el 15 de marzo y el 31 de diciembre para 232 empleados. Con dos centros en Navarra y Murcia, la empresa fabrica sistemas de ensamblaje para aviones. Los problemas que arrastran Boeing y Airbus, la dificultad de exportar a China tecnología de doble uso comercial y militar, así como a Rusia componentes estadounidenses, han hundido el mercado aeronáutico, según explica la empresa para justificar la medida. A lo que hay que añadir la “alta incertidumbre al respecto de las posibles restricciones a que pueda dar lugar el impacto del covid-19 a lo largo del año”.

ITP Aero Casting, perteneciente al grupo Rolls Royce y presidida por el exministro de Industria Josep Piqué, combina igualmente despidos y ERTE. Fabricante de motores para la aviación y con factorías en Bizkaia, despidió el día 1 de este mes a 83 trabajadores, con indemnizaciones de 20 días por año trabajado. También plantea la suspensión de empleo del resto del personal durante este año y el próximo. El comité de empresa cree que ITP Aero está “aprovechando” la crisis del covid-19 para recortar un 15% la plantilla y enarbola el informe que la Inspección de Trabajo elaboró sobre el ERE. A juicio de la autoridad laboral, la crisis del coronavirus en la que se ampara la empresa es una “situación excepcional y coyuntural”, por lo que su viabilidad quedaría garantizada mediante la aplicación de un ERTE. El comité acusa a ITP Aero de recortar la plantilla para facilitar la venta de la empresa, que es el objetivo de Rolls Royce, apunta.

Además, exigen al Gobierno vasco que impida los despidos teniendo en cuenta las ayudas públicas recibidas por la empresa, casi medio millón de euros entre 2017 y 2019. Los trabajadores de las fábricas de Barakaldo y Sestao llevan desde el pasado 7 de enero en huelga, mientras los sindicatos preparan la impugnación del ERE, que se está aplicando sin acuerdo, en los tribunales.

Aernnova también es vasca, pero alavesa, y también fabrica componentes para el sector aeronáutico. El ERE ha supuesto el despido de 55 personas y ya ha sido denunciado en el juzgado por el comité de empresa. Según recalca, es un fraude utilizar la pandemia para ejecutar un ERE. No hay crisis estructural, explican los sindicatos, por lo que la empresa podría haber presentado un ERTE para solventar la caída de actividad. Mientras la empresa aducía unas pérdidas de 42 millones de euros en 2020, el comité cifra en 290 millones los beneficios acumulados en los últimos cinco ejercicios.

En los juzgados terminarán igualmente los despidos en GEA Kelvion, empresa alemana de ingeniería térmica con factoría en Igorre, cerca de Bilbao. Han sido 147, con indemnizaciones de 30 días por año trabajado, que no han podido impedir los 36 días de huelga que mantuvo la plantilla a finales del año pasado. En Imasa, empresa asturiana de ingeniería, los 58 despidos se han pagado a 27 días por año, que han venido acompañados de un ERTE para el resto de la plantilla.

Con beneficios

La misma judicialización amenaza al ERE de Siemens Gamesa, el gigante eólico que quiere deshacerse de 266 trabajadores pertenecientes a sus instalaciones de Cuenca y As Somozas (A Coruña). Los sindicatos rechazan la medida amparándose en los beneficios de la empresa, 11 millones en el primer trimestre de su año fiscal, y en unas previsiones de ingresos que para este ejercicio alcanzan los 2.300 millones de euros, un 15% más que en 2020. Además, acusan a la empresa de deslocalizar la actividad a Portugal al tiempo que abre una nueva fábrica en Francia e intenta beneficiarse de los fondos europeos para la transición energética. Siemens Gamesa fabrica aerogeneradores. En su batalla contra el ERE, el comité de empresa se ha encontrado con un aliado en la Xunta, cuyo vicepresidente económico, Francisco Conde, ha pedido al Ministerio de Trabajo que forme un “frente común” con los trabajadores y deniegue la autorización del despido colectivo.

Los beneficios de 10 millones de euros en 2019 tampoco han impedido a Pascual recurrir al ERE: 137 despidos. Según la empresa, el motivo no es el covid sino que necesita una reorganización “inaplazable” para adaptarse al “nuevo escenario digital”. Pese a que las agencias de viajes son uno de los sectores más perjudicados por la crisis del coronavirus, Viajes Carrefour no ha aducido causas económicas para despedir a 200 de sus empleados. Sí causas productivas y organizativas. Finalmente permanecerá abiertas sólo 21 de las 82 agencias que posee. Las indemnizaciones se limitan al mínimo legal de 20 días por año trabajado. Los supermercados Supersol también van a despedir a parte de su plantilla, 252 personas. Fueron adquiridos el pasado agosto por Carrefour, que pagó 78 millones de euros por sus 172 locales.

La embotelladora Coca-Cola Iberian Partners prevé deshacerse del 10% de su plantilla, 360 trabajadores en toda España. La caída de ingresos provocada por el cierre de la hostelería y la restauración en 2020 equivale a un 23,5% sólo hasta septiembre. Pero la empresa alega un plan de reorganización y adaptación a los cambios en los hábitos de consumo para reducir sus gastos de personal. CCOO tacha el ERE de “desproporcionado y oportunista”. “Se aprovechan de la pandemia para ejecutar medidas de reducción de empleo que tienen como único objetivo maximizar sus amplios beneficios”, acusa el sindicato.

La aseguradora AXA Partners despedirá por su parte a 54 de sus trabajadores, en un ERE igualmente por causas organizativas y de producción, pero no económicas. CCOO ya ha anunciado que lo denunciará en el juzgado.

La Universidad Europea va a ser la primera privada que sufra un ERE. Quiere despedir al 12% de la plantilla, un total de 275 personas. Y, como en los casos anteriores, no es por causas económicas, porque produce beneficios, según denuncia el sindicato USO. La Universidad Europea es propiedad del fondo británico Permira desde 2018. Cuenta con campus en Madrid, Valencia y Tenerife, y con 20.000 alumnos matriculados. Los profesores ya estuvieron en ERTE el año pasado.

De los despidos no se libran siquiera las farmacéuticas. Es el caso de Roche Farma, que acordó en diciembre la supresión de 106 empleos como parte de su “transformación organizativa”. La crisis del coronavirus, sostiene la empresa, la obliga a cambiar de modelo de negocio para convertirse en un “aliado científico” del sistema sanitario.

De esta forma, el juzgado ha absuelto a los tres acusados por manifestarse a las puertas de la Catedral de Cuenca el día de la boda de Marcos de Quinto de toda responsabilidad penal derivada del delito de coacciones, injurias y contra los sentimientos religiosos que motivaron la apertura de juicio oral declarando de oficio las costas procesales.

Así lo ha asegurado en su sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que, aunque reconoce el "exceso verbal" con expresiones vertidas hacia Marcos de Quinto y su mujer, asegura que en la actualidad estas "carecen de relevancia jurídico penal desde que la reforma de LO 1/15 de 30 de marzo, que derogó la antigua falta de injurias, que castigaba las ofensas leves al honor de las personas".

Del mismo modo, reconoce que, aunque consignas como "hemos venido a joderte la boda y el resultado nos da igual" fueran "una evidente molestia para los novios denunciantes", "tampoco impidieron ni obstaculizaron el normal desarrollo ni de la ceremonia religiosa, más allá de que en el interior del templo se oían sus consignas proferidas desde la plaza".

Conjunto de razones por las que la jueza entiende que los hechos enjuiciados "no reúnen los requisitos o elementos propios de tipo penal de coacciones", que los define como "uso de violencia o intimidación por parte de los tres acusados para impedir a los novios celebrar su boda y así coartar su libertad, sin estar legítimamente autorizados, único delito por el que se decreta la apertura del juicio oral".

Ataque al coche nupcial

Durante el juicio oral, tanto De Quinto como su mujer expresaron que, uno de los tres acusados, había "golpeado violentamente y atacado" el coche nupcial, hecho que la jueza, tras el visionado de las pruebas, ha calificado este hecho como de no violento o intimidatorio, "sin observar tampoco la presencia junto al vehículo de ningún otro manifestante, sino sólo ciudadanos curiosos detrás del vehículo, un agente de policía a la derecha y un cámara".

Con todo, se ha calificado esta manifestación como una "protesta laboral autorizada protagonizada por ese reducido, compacto, organizado y disciplinado grupo de trabajadores, a los que la juzgadora ve en todo momento, salvo la excepción del vehículo nupcial, situados tras la línea imaginaria que les fue marcada por los agentes de la autoridad".

Por último, la magistrada tampoco ha visto comisión del delito contra los sentimientos religiosos que aludían los denunciantes, ya que los tres acusados "no accedieron en ningún momento al interior de la Catedral, pero es que también se ha acreditado que en el exterior no realizaron ningún acto de contenido intimidatorio o violento, sino que únicamente proferían consignas propias del conflicto laboral que mantenían con su empresa".

Ante esta sentencia se podrá poner recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cuenca en el plazo de diez días posterior a la notificación de la misma.

La defensa de los tres acusados por el escrache que sufrió el exvicepresidente de Coca-Cola, Marcos de Quinto, el día de su boda en Cuenca, ha pedido este miércoles la libre absolución de sus representados al entender que existió "un fallo a la hora de identificar a los acusados".

Mientras, la acusación ha mantenido su pena de prisión de 4 años y 6.000 euros de indemnización al entender que se perpetraron tres delitos de coacciones graves, injurias y contra los sentimientos religiosos, según informa Europa Press.

Durante el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal numero 1 de Cuenca, los dos abogados de la defensa han expuesto que los tres acusados sentados en el banquillo "en ningún momento fueron identificados por la Policía en la Plaza Mayor de Cuenca, sino que los identificó el gabinete jurídico de Coca-Cola".

Además, han incidido en que una de las acusadas se estaba manifestando en Cuenca "en su derecho a la libertad sindical" y que la concentración "tenía el fin de reivindicar derechos laborales".

"Si condenamos a los acusados por coacciones, también se debería condenar tanto a Subdelegación del Gobierno como a la Policía por cómplices, porque según Fiscalía se permitieron actos delictivos", ha argumentado la defensa.

A su juicio, "el acto más violento que hay, subjetivamente, es de alguien que golpeó un coche al final de la boda, para pedir 4 años de cárcel. Si lo queremos acreditar, habría que haber traído algunos daños en el vehículo, y no se ha traído nada a este juicio", ha aseverado.

Por último, creen que deberían haberse llevado más testigos al juicio "por ejemplo para probar el delito contra los sentimientos religiosos, por el que tenía que haber compadecido el sacerdote que ofició la misa".

"Entendemos que para Angélica –la mujer de De Quintos– fue duro que le estropeasen el día más importante de su vida, pero más duro es para los acusados que se les estropearan toda su vida con los despidos", han argumentado los defensores de los acusados, que han agregado que "si se pudo celebrar la boda, aquí no hubo ninguna coacción".

Indemnización "simbólica"

La Fiscalía no ha hecho variación a su informe de calificación, pidiendo los 15 meses de multa, a razón de 10 euros diarios, que ascendería a una multa total de 4.500 euros por un delito de coacciones leves.

Por su parte, el abogado de De Quinto ha pedido que se les acuse por hasta tres delitos, que son coacciones graves, injurias y contra los sentimientos religiosos.

En total, piden hasta 4 años de cárcel para cada uno y una indemnización "simbólica" para la pareja de 6.000 euros "porque el ánimo de lucro es cero".

Para la acusación, "ha quedado acreditado que los tres acusados tuvieron implicación directa, quedando claro que no estamos ante una manifestación pacífica, sino ante un hostigamiento cruel en un día tan importante como es el de una boda".

"La actuación de los tres acusados supera los límites constitucionales de la libertad de expresión y la libertad de reunión", ha entendido la acusación, indicando que "aunque ahora los tres han cambiado su aspecto físico, han sido reconocidos en este juicio".

A su juicio, haber estado durante tres horas interrumpiendo tanto el paso de los invitados como de la ceremonia en el interior del templo con proclamas que podían escucharse en el interior, "ha de merecer un reproche penal".

La abogada de Angélica Santos ha defendido en la misma línea que "la manifestación no fue para nada pacífica", y que el hecho de que la Policía "no pidiera ni DNI a la gente ni hubiera multas" es "irrelevante".

A su entender, "se profirieron insultos graves, se alteró el orden público, de desobedecieron las órdenes de los agentes de no traspasar el cordón policial".

Al mismo tiempo, ha dicho a la juez que "las palabras contra Angélica eran "vejatorias" pues decirle a una mujer que tiene nuez, "equivale a atentar contra su condición sexual". De esta forma, ha reiterado los tres delitos y misma pena que la defensa del exvicepresidente de Coca-Cola.

Declaraciones de los testigos 

Por la sala han pasado un total de tres testigos. El primero de ellos ha sido el comisario provincial de la Policía Nacional, Manuel Laguna, quien ha incidido desde el inicio que él acudió a la boda en calidad de invitado institucional y no como persona al mando del operativo montado en el exterior.

Ha relatado que, en la Plaza Mayor, ese día, "los manifestantes portaban equipos de sonido de grandísima potencia", a través de los cuales "pusieron la música de El padrino y hacían arengas e insultos muy graves a los contrayentes", como el calificativo de "terrorista" a De Quinto y a Angélica Santos "que tenía nuez". Todo esto, dentro de la Catedral "también era audible" por lo que "no se pudo escuchar a la novia cantar".

Laguna ha narrado que, al término de la boda, él se situó en la parte superior de las escalinatas y vio cómo cuando salieron los recién casados "hubo manifestantes que se dirigieron sobre el coche y golpearon la puerta".

Por último, ha indicado que "le consta" que la Policía pidió "en varias ocasiones" que se bajara la música que tenían puesta y que "no se pidió sancionar a nadie porque la competencia en materia de ruido es de la Policía Local".

También ha comparecido la responsable de la organización de la boda, quien ha relatado que cuando llegó "vio un grupo de en torno a 40 manifestantes".

Ha reconocido que no se acordaba bien de todos los insultos que se profirieron, "pero sí de que al señor De Quinto se le llamó terrorista y a la novia se le dijo desde travesti hasta puta".

Estuvieron también gritando que estaban dispuestos a hacer "cualquier cosa para joder la boda" y ha reconocido que "hubo muchas cosas planteadas que se tuvieron que cancelar o modificar".

Ha relatado también que cuando salieron los novios de la Catedral vio como los manifestantes "fueron hasta el coche de De Quinto y lo golpearon", reconociendo a uno de los acusados como uno de los integrantes de ese grupo.

El último de los testigos ha asegurado que vio "todo lo que ocurrió". "La situación estaba muy tensa, pedí a De Quinto que no saliera a recibir la novia, porque estaba la cosa de esa forma", ha relatado.

También ha incidido en que "se escucharon intimidaciones e insultos hacia los novios, desde hijo de puta a explotador hasta haciendo parecer que Angélica era un señor y no una señora".

Por último, ha afirmado que dentro de la Catedral "también se escuchaba el ruido de la calle, cosa que desconcentró a Angélica cuando cantó, ya que lo hizo con interrupciones", aunque no ha podido reconocer a ninguno de los acusados. "Recuerdo ver a un señor con barba, pero no a ninguno de estos", ha declarado.

Visionado de los vídeos de la boda 

Tras un receso, se ha procedido al visionado de videos de cámaras de seguridad del día de la boda. En ellos se ha podido ver y escuchar a los manifestantes dirigiéndose a los directivos de Coca-Cola en términos despectivos o frases como "esta gente tiene dinero y no quiere soltarlo del bolsillo".

Del mismo modo, la jueza ha podido escuchar los cánticos relatados en el escrito de la Fiscalía, como "la brasileña tiene mucha nuez", "hemos venido a joder la boda y el resultado nos da igual" o "Fuenlabrada no se quema" –en relación con la planta de embotellado que hay en la localidad– o "te quedan 3 o 4 años junto a él".

Acto seguido, se han reproducido una serie de vídeos desde el interior de la Seo conquense, en los que se ha podido escuchar cómo se oía el bullicio del exterior dentro del templo a la hora que Angélica iba a cantar. Con todo, el juicio ha quedado visto para sentencia.

Por segundo año consecutivo, Coca-Cola, Nestlé y Pepsi-Co encabezan la lista de empresas que más contaminan el planeta con sus plásticos, según la organización ecologista Greenpeace.

En el mes de septiembre, más de 70.000 personas voluntarias de todo el mundo han estado realizando limpiezas de playas y ríos, auditando las marcas de los residuos que encontraban para identificar a las 10 empresas responsables de esta crisis a escala global. En total, se han recolectado casi medio millón de objetos de plástico gracias a las 484 limpiezas que se han llevado a cabo en más de 50 países.

Ante esta situación, desde Greenpeace cuestionan la utilidad de la acción individual dentro de un marco en el que las principales responsables de la producción de millones de toneladas de plásticos desechables son las grandes empresas.

De acuerdo con la organización, Coca-Cola, Nestlé y Pepsi-Co "han intentado hacer un lavado de cara ecológico" ofreciendo falsas soluciones como el reciclaje, que, pese a su importancia, no puede ser la única medida que se adopte. "En sus manos está cambiar la situación de raíz, y para ello tienen que reducir drásticamente su producción de plásticos de un solo uso, que tenemos minutos en nuestras manos y tardan cientos de años en degradarse", afirman.

El listado de las cinco marcas más contaminantes lo completan Mondelēz, un conglomerado multinacional estadounidense, y Unilever, empresa multinacional británico-neerlandesa.

Cuenca, 30 de septiembre de 2017. El exvicepresidente mundial de Coca-Cola y ahora número dos de Ciudadanos por Madrid al Congreso de los Diputados, Marcos de Quinto, se casaba con la soprano brasileña Angélica de la Riva. Fuera, a las puertas de la catedral, donde se celebraba el enlace, numerosos extrabajadores de la planta de Coca-Cola en Fuenlabrada protestaban por el incumplimiento de las sentencias judiciales relativas al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que, en el año 2014, afectó a 1.253 trabajadores como consecuencia del cierre de las fábricas de Palma, Alicante y Asturias, además de la madrileña. Una concentración que, según avisó entonces De Quinto, llegaría "a los juzgados". Y lo ha hecho ahora: dos trabajadores han sido citados a declarar como investigados en dos juzgados de Madrid en relación a unas supuestas injurias y coacciones, según han informado a infoLibre fuentes del Comité de Empresa de Coca-Cola en Fuenlabrada.

"Les espero en los juzgados, donde aportaré el vídeo de su 'pacífica' manifestación. Vale ya de mentir y acosar con impunidad", dijo el reciente fichaje de Albert Rivera, quien además les deseó que "la vida les trate la mitad de mal" de lo que ellos pretendieron con su protesta, a la que se sumaron algunos conquenses, que corearon junto a los extrabajadores consignas como "Fuenlabrada productiva", "Marcos de Quinto, terrorista" o "Que viva la lucha de la clase obrera". 

La concentración, según las fuentes del Comité, fue comunicada a Delegación del Gobierno y autorizada. Además, dicen, los cuerpos de seguridad no actuaron en ningún momento contra ellos, "puesto que todo transcurrió dentro de lo normal". Las citaciones se producen en la fase de instrucción y en dos juzgados distintos. Por el momento, desconocen a qué podrían enfrentarse los dos trabajadores, aunque aseguran que confían en que se archive la causa porque, en su opinión, las acusaciones de injurias y coacciones son "absolutamente falsas". 

Denunciaron el incumplimiento de las sentencias judiciales

La protesta tuvo lugar tres años después del ERE de Coca-Cola y tras un largo proceso judicial. El presidente del Comité, Juan Carlos Asenjo, lamentó durante la concentración que el cierre de la planta madrileña tuviera "unas connotaciones especiales, porque meses antes se calificaba como la perla de Coca-Cola en España, porque era la más grande, la que más inversión y tecnología tenía". De hecho, después de anunciarse el despido masivo, la Audiencia Nacional dictó la readmisión en Fuenlabrada de los trabajadores en las mismas condiciones y en los mismos puestos. Poco tiempo después, la sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo. 

Pero, según denunció entonces, "la corrupción de estos empresarios y los hilos de poder que mueven consiguieron que la sentencia no se cumpliese en los estrictos términos que la justicia había decidido". Así, añadió, "programaron, ofertaron y vendieron a la Audiencia Nacional un proyecto alternativo para reincorporar a empleados a través de un centro logístico de innovación, de excelencia", aunque, dijo, los 256 empleados que fueron readmitidos trabajaban "en un almacén fantasma, un gueto que no interactúa con el resto de la organización, con un trabajo completamente marginal". 

Por eso, amenazaron incluso con pedir amparo al Tribunal Constitucional o con acudir al Tribunal de Estrasburgo. Pero finalmente, a finales de 2018, Coca-Cola y los trabajadores llegaron a un "preacuerdo" que supondría "el fin del conflicto". En ese preacuerdo —ratificado por más del 95% de la plantilla— se contempla el compromiso de la compañía de estudiar en un periodo de dos años la posibilidad de abrir un centro mixto, con actividad industrial y logística, en la zona central de Madrid (un radio de 70 kilómetros), "siempre y cuando encaje con la estrategia" de la compañía a nivel europeo en estos dos campos.

En este centro se designarían los trabajadores menores de 58 años, según recogió entonces el Comité de Empresa. Los empleados mayores de 52 años pasarán a un estado de prejubilación de dos años (de enero de 2019 a enero de 2021), en función de su edad.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha quitado importancia a los tuits que escribió el exvicepresidente de Coca-Cola Marcos de Quinto antes de incorporarse a la candidatura de la formación al Congreso en las próximas elecciones generales, enmarcándolos en la libertad de expresión, y ha asegurado que el número dos de la lista por Madrid defiende los valores y principios del partido.

"Si Marcos de Quinto se ha caracterizado por algo hasta ahora es por decir lo que piensa en cada momento, como cualquier ciudadano español, y por no estar en política", ha declarado este martes Rivera, que se ha negado a "hacer de comentarista" de todo lo que haya dicho el exdirectivo de Coca-Cola antes de sumarse a Ciudadanos.

Así ha respondido, durante una visita a la Fundación ONCE Perro Guía, en Boadilla del Monte (Madrid), cuando los periodistas le han preguntado por algunas declaraciones que Marcos de Quinto hizo en el pasado, tanto en las redes sociales como fuera de ellas.

Por ejemplo, hace varios años De Quinto se mostró en contra de que Coca-Cola retirara un anuncio en el que aparecía el actor vasco Gotzon Sánchez, colaborador de una plataforma de apoyo a presos de ETA, pues consideraba que cuando se hace una campaña de publicidad nadie debe preguntar al actor cuáles son sus ideas políticas, sus creencias religiosas o su orientación sexual.

De Quinto se ha pronunciado también sobre el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, diciendo que su elección responde a que "cuando los partidos de siempre te roban y salir a la calle es jugártela, solo quieres que alguien venga y lo arregle, y lo demás importa menos".

Además, el nuevo fichaje de Ciudadanos cuestionó en Twitter que la dotación presupuestaria de la Ley contra la Violencia de Género llegue "a quien tendría que llegar", y también vinculó los asesinatos de mujeres con la inmigración: "En España, los nacionales somos el 89,9% y los extranjeros el 10,1%. Si este 10,1% comete el 37% de los crímenes machistas, habrá que hacérselo mirar. Estadísticamente significativo". En ambos casos, la opinión de De Quinto es similar a la de Vox.

Sin embargo, Rivera ha defendido al candidato a diputado, "una persona libre que hace lo que cree conveniente y que ha tenido muchas disputas en las redes sociales con dirigentes de otros partidos y con gente que piensa muy distinto" entre sí. "Ha tenido rifirrafes con los separatistas, con los de Podemos y con mucha otra gente", ha destacado, subrayando que, en cualquier caso, las opiniones que ha expresado "están dentro de la legalidad".

Asimismo, el presidente de la formación naranja ha dicho que conoce a Marcos de Quinto y puede asegurar que "es una persona progresista y liberal que defiende los valores y principios de Ciudadanos".

A continuación, ha expresado su deseo de que, tras las elecciones generales del 28 de abril, Cs pueda gobernar y De Quinto pueda ser ministro. En este sentido, ha defendido que él prefiere que el Gobierno de España tenga como ministro a De Quinto antes que al secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, por ejemplo.

"Estoy muy orgulloso de que gente que no estaba en política esté hoy dando un paso" adelante y decida hacerlo "con Ciudadanos", ha manifestado.

Por otro lado, Rivera ha evitado adelantar quiénes encabezarán las listas de Cs al Congreso por las circunscripciones de Navarra, Salamanca, Ávila y Soria, aún pendientes de designar por el partido. "En las próximas horas lo comunicaremos y lo presentaremos", ha dicho.

Aunque los periodistas le han preguntado por ello, el líder de Cs ha eludido pronunciarse sobre si alguno de los puestos en circunscripciones de Castilla y León lo podría ocupar Silvia Clemente, expresidenta de las Cortes y exmilitante del PP. La victoria de Clemente en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León fue anulada al detectarse una irregularidad en la votación, tras lo cual se proclamó a su principal rival, el diputado 'naranja' Francisco Igea, como candidato a la Presidencia de la Junta.

Rivera se ha limitado a afirmar que el objetivo es formar "un gran equipo" no solo para tener un buen grupo parlamentario en el Congreso, sino sobre todo para constituir un equipo de gobierno, incluyendo a personas "con experiencia profesional" que no estaban en política, otras con experiencia política como cargos públicos de Cs y también "gente que tiene experiencia en la gestión pública y que han estado en otras formaciones o colaborando con otros gobiernos".

Coca-Cola y los representantes de los trabajadores de la planta de Fuenlabrada han alcanzado un preacuerdo que supone la "paz social" y el "fin del conflicto" que permanecía abierto desde hace casi cinco años, según han informado desde la compañía y el Comité de Empresa, informa Europa Press.

En ese preacuerdo –ratificado por más del 95% de la plantilla– se contempla el compromiso de la compañía de estudiar en un periodo de dos años la posibilidad de abrir un centro mixto, con actividad industrial y logística, en la zona central de Madrid (un radio de 70 kilómetros), "siempre y cuando encaje con la estrategia" de la compañía a nivel europeo en estos dos campos.

Además, el documento suscrito este jueves contempla el cierre de la planta de Fuenlabrada como centro logístico, han explicado a Europa Press fuentes de Coca-Cola European Partners.

En este centro se designarían los trabajadores menores de 58 años, según recoge el Comité de Empresa. Los empleados mayores de 52 años pasarán a un estado de prejubilación de dos años (de enero de 2019 a enero de 2021) respectivamente en función de su edad.

Los trabajadores celebran este preacuerdo –que pone fin al ERE presentado por la patronal en 2014 y declarado nulo por el Tribunal Supremo en 2015– como "un triunfo de toda la clase trabajadora y social".

Casi 10.000 voluntarios de Greenpeace han estado realizando decenas de limpiezas en playas y ríos de 42 países diferentes a lo largo de los últimos meses para auditar las marcas de los residuos plásticos que más contaminan cada entorno e identificar las empresas responsables, entre las que han destacado Coca-Cola, Pepsi-Co y Danone.

En total han sido 238 operaciones de limpieza, informa la ONG, que han recolectado casi 200.000 envases y objetos desechables de plástico, unos resultados que visibilizan la falta de responsabilidad que las tres multinacionales practican en sus respectivos modelos de negocio, en los que la producción y venta de millones de toneladas de plásticos "contribuyen a la destrucción del planeta a escala masiva".

La campaña de plásticos de Greenpeace opera no solo sobre el medio ambiente, también frente las empresas para forzar su compromiso “hacia un futuro sostenible”, para lo cual propone cambios que empiecen por fomentar “la venta a granel”, “rediseñar los sistemas de distribución”, “la eliminación o la reducción del consumo de envases de un solo uso” y la “responsabilidad empresarial con el medio ambiente”.

La contaminación por plásticos inunda la práctica totalidad de los océanos, llegan a las playas, flotan en el agua, se depositan entre rocas o en el mismo fondo marino, e incluso las aves, los peces, los crustáceos y las ballenas están ingiriendo partículas de este material derivado del petróleo.

Tres de cada cinco consumidores españoles reconocen que compran productos rebajados que no necesitan, según se desprende del último informe realizado por el comparador de seguros Acierto.com.

En concreto, el 70% de los encuestados reconoció haber comprado algún producto al ver el anuncio, mientras que para el 63%, visualizarlo incrementó su confianza hacia la marca, el 12% lo hizo porque le divirtió el spot y el 25% restante porque llegó a sentirse identificado.

El packaging tampoco pasa desapercibido como muestra que tres de cada cinco encuestados afirmó haber adquirido algún artículo porque tenía un envase bonito. El estudio también revela que hasta el 62,5% compra productos rebajados aunque no los necesite, mientras que el 23% matizó que se trata de bienes no perecederos.

¿Qué razones te hacen confiar en una marca?

Respecto a la imagen de las marcas, dos de cada cinco compradores asocian determinados valores como la honestidad y la tradición a al menos una de ellas. La alimentación es la gran protagonista de esta lista, con marcas como Cola Cao, Coca Cola, Casa Tarradellas, La Piara y Chocolate Valor, que se sitúan a la cabeza.

Por último, el 62% de los encuestados reconoce que prefiere comprar onlineen lugar de hacerlo en la tienda convencional.

Numerosos extrabajadores de la planta de Coca-Cola en Fuenlabrada (Madrid) se manifestaron este sábado por la tarde ante la catedral de Cuenca, donde se celebraba la boda de Marcos de Quinto, exvicepresidente de la multinacional, para exigir a la compañía que "cumpla las sentencias judiciales" sobre el ERE del año 2014.

De Quinto, por su parte, ha publicado una serie de tuits en los que asegura que recurrirá a los tribunales por la manifestación a las puertas de su boda: "les espero en los juzgados", además de desear a los "cobardes sin-padre" que "la vida les trate la mitad de mal que ellos trataron de tratarme".

Los extrabajadores anunciaron también que pedirán el amparo del Tribunal Constitucional y, si fuera necesario, el de Estrasburgo. Así lo señaló Juan Carlos Asenjo, presidente del Comité de Empresa de Coca-Cola en Fuenlabrada, que recordó que los tribunales decretaron la readmisión de los trabajadores, pero "la corrupción de estos empresarios y los hilos de poder que mueven consiguieron que la sentencia no se cumpliese en los estrictos términos que la justicia había decidido", según informa Las Noticias de Cuenca.

Asenjo señaló que el motivo de su visita a Cuenca era el incumplimiento de las sentencias por parte de la empresa y De Quinto: "O cumplen, o nos van a tener los años que sean necesarios enfrente protestando y desenmascarándoles hasta que vayamos a Estrasburgo si fuera necesario".

Coca-Cola era sólo una bebida, el secreto de cuya fórmula se alardeaba de estar a buen recaudo, bajo llave, pero su departamento de marketing supo capitalizar en torno a sí esos sueños e ilusiones, e identificar con la marca un nuevo futuro a ritmo del estribillo de "al mundo entero quiero dar un mensaje de paz".

Hoy, en 2017, la generación de la que formaban parte esos mismos niños de hace cuarenta y cinco años, vive atormentada en una sociedad acuciada a ritmos de ERE's (expediente de regulación de empleo) en la que los trabajadores parecen condenados a no superar los 50 años de edad en sus puestos de trabajo, sino a ser expulsados del mercado laboral en los momentos en los que más vulnerables son, pareciendo una misión imposible ser capaces de alcanzar la orilla de la jubilación, ahora ya a los 67 años y sin ninguna garantía en los niveles de sus pensiones.

Bankia, Bosal, Coca-Cola y otras muchas empresas han lanzado sus ERE amparadas en la reforma laboral impuesta por Mariano Rajoy, quien ha dinamitado la protección al factor trabajo imperante en España desde mitad del siglo XX. El presidente del Gobierno ha adelantado por la derecha, y por la vía del ultraliberalismo más reaccionario, lo regulado por gobiernos franquistas con ministros de Trabajo como Girón de Velasco, lo mejor de lo cual se supo mantener a lo largo de los cuarenta años de restauración democrática. Eso sirvió de válvula del adecuado equilibrio de relación entre empresas y trabajadores, el cual ha saltado por los aires el Sr. Rajoy, con el foco puesto en que los beneficios en las empresas sean lo fijo, y lo variable y desregulado, los salarios.

Hace unos años se podía oír a los trabajadores reconocer que su único patrimonio eran sus puestos de trabajo, con la protección que sobre ellos representaban las normas laborales. Hoy cualquier empresa, o empresario, puede plantear un ERE y reducir su plantilla de trabajadores a través de ello, amparado en motivos organizacionales. Esto es todo un despropósito que, de facto, quiebra el Estado de derecho, priorizando la decisiones empresariales por encima de los derechos de los trabajadores.

En enero de 2014 los responsables de las plantas embotelladoras de Coca-Cola en España, empresas con beneficios, integrados en la plataforma CCIP, presentaron un ERE que afectaba a 1.200 personas. Este ha sido decretado como nulo por la Audiencia Nacional en sentencia del 12 de junio de 2014 y ratificado como tal por el Tribunal Supremo el 15 de abril de 2015 y el 18 de enero de 2017. A pesar de estas sentencias, los trabajadores no han recuperado ni sus puestos de trabajo, ni sus salarios, ni sus condiciones laborales, hasta el extremo que la Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Empleo, haya emitido un informe el 22 de marzo de 2016 en el que se pone de manifiesto que las condiciones de trabajo impuestas por Coca-Cola tras el ERE decretado nulo atentan contra la "dignidad humana".

Hace unos años, incluso ya en el siglo XXI, pocos podríamos imaginar que la lucha por el puesto de trabajo volviera a ocupar las calles de nuestras ciudades y pueblos, pensando que esas reivindicaciones ya formaban parte de los recuerdos del pasado. Pero la realidad se ha desvelado ante nuestros ojos y "la formula Coca-Cola" resulta que no tenía que ver nada con su composición, contenidos o mezcla, sino con una determinada forma de hacer en materia laboral, despreciando a las propias personas que han ayudado a hacer crecer ese proyecto empresarial y que ahora son abandonadas y tiradas a la cuneta. Quizá para trasladar la producción que hasta ahora protagonizaban hacia otros parajes como África donde, casualmente, la presidenta de Coca-Cola European Partners, Sol Daurella, tiene importantes intereses personales y familiares.

Porque en este caso, como tantas veces en la vida, la pista definitiva se articula en torno a una frase que se hizo famosa para desentrañar el caso Watergate: "…siga la pista del dinero". El dolor causado y aún no reparado a pesar de tres sentencias judiciales que decretaron nulo el ERE tiene su contraparte en el beneficio de unos pocos, contra el interés de muchos… Esa es "la fórmula Coca-Cola".

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Mario Martín Lucas es socio de infoLibre

Contra la parálisis negociadora de la patronal y el Gobierno, movilizaciones; contra la pobreza y la precariedad en el trabajo, derogación de las reformas laborales de 2010 y 2013; contra el “insoportable tufo” de la corrupción, “cambios en profundidad” y “desalojo de los políticos” implicados de sus lugares de gobierno. CCOO y UGT presumieron este Primero de Mayo de haber sacado a la calle a medio millón de personas en toda España para exigir los derechos laborales perdidos durante la crisis, pero también para reclamar que se depuren responsabilidades por la corrupción. “Mientras nos estaban robando”, acusó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, “nos pedían que nos apretáramos el cinturón e implantaban políticas de austeridad”.

“Hemos dejado atrás la recesión, pero los ciudadanos no hemos salido de la crisis”, advirtió desde el escenario instalado en la Puerta del Sol el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo. Y lo recalcó Pepe Álvarez cuando proclamó que el “compromiso con los salarios” de ambos sindicatos se mantiene “intacto”. “La CEOE debe ser consciente de que si no se consigue un acuerdo que mejore la capacidad adquisitiva de los sueldos y reparta los beneficios de las empresas, el conflicto estará servido”. Antes de comenzar la manifestación, en el Paseo del Prado de Madrid, y ante los periodistas, el líder de UGT había avisado a la patronal del “calvario” que pueden sufrir las empresas si no suben los salarios: “Luego que no se quejen de que aumenta la conflictividad”.

En su último discurso en el Día del Trabajo, Fernández Toxo, que no repetirá en la dirección de CCOO tras el congreso de junio, apuntó en la misma dirección cuando alertó a los empresarios de que si la mesa de negociación “no da resultados”, serán la “movilización, la manifestación y la huelga” las que impulsarán “el cambio que necesita este país”. Los sindicatos reclaman una subida salarial entre el 1,8% y el 3% para este año, mientras que la CEOE no ofrece más que un 2% con un 0,5% adicional pero variable.

También fueron tajantes ambos responsables sindicales a la hora de exigir la desaparición de la reforma laboral, no sólo la de 2012, elaborada por el Gobierno del PP, sino también la de 2010, que firmó el último Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. “No hay que negociarlas, hay que derogarlas”, sentenció Pepe Álvarez, porque “matan trabajadores, desregulan las relaciones laborales e impiden las subidas salariales en los convenios”.

Gritos a favor de la moción de censura

“No sé si tienen razón o no quienes piden una moción de censura [contra el Gobierno], pero sí sé que hay que acabar con estas políticas”moción de censura, apuntó Fernández Toxo, quien fue interrumpido por gritos de “sí, sí” y “moción de censura”. Ya antes Pepe Álvarez había tachado de “insoportable” la corrupción. “Ni un día más esta pornografía de mensajes entre unos y otros”, zanjó. A su juicio, España debería reflexionar sobre “por qué es un Estado tan corrupto”. Y ante la proliferación de casos, recetó “cambios en profundidad”.

Después el dirigente de CCOO relacionó la corrupción y las políticas del Gobierno con la “desafección” de la ciudadanía hacia los políticos y las instituciones. “¿Cómo puede conformarse [el Ejecutivo] con un unos Presupuestos no expansivos si el paro es del 18%?”, se preguntó. “Se ha resignado a los mandatos de la troika y de una Unión Europea insensible al dolor de los ciudadanos”, contestó inmediatamente. “Luego se escandalizarán con el aumento de los partidos fascistas, que aprovechan el caldo de cultivo de la gestión neoliberal de la crisis para amenazar la democracia”, razonó Fernández Toxo, “ése es el riesgo asociado al paro, la pobreza y la desigualdad generadas por las políticas de los gobiernos”.

Aunque el respaldo a la moción de censura no fue expreso, Álvarez y Toxo sí que tiraron de las orejas a los partidos de izquierda. El segundo recordó la existencia de una mayoría en el Parlamento que apoya políticas de ese signo. El primero alabó el “acuerdo de las fuerzas de izquierda” en Portugal, del que dijo sentir una “envidia sana”. Un acuerdo así, dijo, haría falta en España para “acabar la Transición mal acabada”.

Podemos, tras la pancarta de Coca-Cola

A la manifestación del Primero de Mayo acudió la primera plana de Podemos, con Pablo Iglesias e Íñigo Errejón a la cabeza, acompañados de Irene Montero, Rafael Mayoral, el diputado canario Alberto Rodríguez, Juan Carlos Monedero y Ramón Espinar. Todos ellos se situaron tras la pancarta de los trabajadores de la fábrica de Coca Cola en Fuenlabrada. Con su propia pancarta desfiló Izquierda Unida, encabezada por Alberto Garzón y Mauricio Valiente. Por el PSOE acudieron el exministro de Educación Ángel Gabilondo, el diputado Rafael Simancas y el concejal del Ayuntamiento de Madrid Antonio Miguel Carmona. También hicieron el recorrido hasta la Puerta del Sol el ex secretario general de UGT Cándido Méndez y quien fue su número dos, Toni Ferrer.

Según los sindicatos, la convocatoria reunió a 50.000 personas. Entre ellas se encontraban no sólo los trabajadores de Coca Cola, sino también los de las empresas multiserviciosempresas multiservicios, que pedían “la aplicación del convenio”. Estas empresas se han convertido en uno de los frentes de lucha de los sindicatos durante los últimos años, también en los tribunales. Ofrecen sus plantillas a otras empresas –desde seguridad hasta jardinería o servicios de camareros de piso en los hoteles, por ejemplo– pero a precio inferior al marcado por el convenio del sector, al que no pertenecen. También los trabajadores despedidos de Telemadrid o los de la empresa municipal de limpieza de Getafe marcharon hasta Sol.

 La criminalización de los piquetes

CCOO y UGT dieron protagonismo a dos de sus referentes: los sindicalistas amenazados con penas de cárcel por hacer piquetes y el presidente del comité de empresa de Coca Cola en Fuenlabrada. Rubén Ranz, para quien el fiscal pide siete años de prisión por atentar contra la autoridad y contra los derechos de los trabajadores el 29 de marzo de 2012, clamó contra quienes “han podrido las instituciones” y ahora van a permitir que la fiscalía les meta en la cárcel. “No somos como ellos, no somos delincuentes, no pueden ponernos al mismo nivel que Ignacio González”, reclamó el sindicalista de UGT, que fue detenido por un piquete ante un bar en Madrid durante la primera huelga general contra el Gobierno del PP.

Juan Carlos Asenjo, representante de CCOO en Coca Cola, aseguró que los trabajadores habían “vencido a la mayor multinacional del mundo” gracias a la movilización. Y lamentó que se estén “perdiendo los derechos conquistados” por falta de ella. Aunque la plantilla de Fuenlabrada no renuncia a la acción legal y recurrirá al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Estraburgo para continuar su batalla –quieren que las instalaciones vuelvan a ser productivas y no un mero almacén logístico–, Asenjo prometió “hacer lo que haga falta” para “tumbar” a Coca Cola.

Como recalcó luego Pepe Álvarez en una nueva llamada a la movilización: “El movimiento obrero no ha hecho ninguna conquista sin mojarse”.

Eso sí, en el universo tuitero algunos se rasgaban las vestiduras, mientras que otros directamente se lo tomaban a guasa:

El portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ramón Espinar, ha sido visto bebiendo Coca-Cola este martes durante la hora del almuerzo en el Senado, justo después de que la Mesa de la Cámara Alta rechazase la petición de retirar de la institución todos los productos que comercializa dicha empresa, informa Europa Press.

La petición estaba firmada por dos senadores del grupo parlamentario de Unidos Podemos, Iñaki Bernal y Vanessa Angustia, compañeros del también secretario general del partido morado en la Comunidad de Madrid. Además de pedir que no se vendan los productos de Coca-Cola en el Senado, reclamaban que "se prive de su publicidad y no se le permita utilizar eventos de autorización institucional".

El motivo que alegan es el incumplimiento por parte de Coca-Cola de la sentencia del Tribunal Supremo, que le insta a reabrir el centro de Fuenlabrada (Madrid) y a reincorporar a sus trabajadores.

Pero fuentes de la formación morada han indicado que la iniciativa registrada buscaba denunciar que los refrescos que se venden en la Cámara alta son únicamente de la marca Coca-Cola. De ahí que los senadores los consuman, han alegado estas mismas fuentes, tras conocer la fotografía en la que aparece Espinar consumiendo una de las bebidas de la marca en el comedor del Senado.

Al respecto, el vicepresidente primero del Senado, Pedro Sanz, ha explicado en rueda de prensa que la institución "tiene un contrato con una empresa para el suministro de servicios" que no se puede "modificar ni condicionar el contrato a efectos de que traiga un producto o traiga otro".

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha admitido que el portavoz del partido en el Senado, Ramón Espinar, ha cometido un error al consumir Coca-Cola en la Cámara Alta tras pedir el boicot a esta empresa, y se ha mostrado convencido de que ahora participará más en la campaña contra esa marca. Iglesias ha respondido así en los pasillos del Congreso a los periodistas al ser preguntado por la polémica fotografía. 

Iglesias ha recordado el refrán que señala que "no hay mal que por bien no venga" para explicar que el "error" de Espinar le permite también recordar ante "millones de españoles" que se debe mantener el boicot a Coca-Cola hasta que no respete a sus trabajadores.

El propio Espinar, tras conocerse la polémica, ha querido pedir disculpas por el "error". "Vayan por delante las disculpas: he podido hablar con las espartanas de Coca-Cola En Lucha y transmitirles mis disculpas, mi calor y mi apoyo. He cometido el error de tomar un refresco y me he disculpado con quien creo que debía", ha afirmado.

Asimismo, el senador ha achacado a los medios que, "el día que hemos conocido que el PP utilizaba dinero de la Sanidad pública para financiar sus campañas en Madrid y la dimisión por corrupción del Presidente de Murcia", un refresco "acapare la actualidad política". "No puedo evitar que me suene a cortina de humo", ha advertido.

Por su parte, el diputado por Jaén Diego Cañamero ha restado importancia al incidente y lo ha enmarcado en un intento de Espinar de "quitarse el sueño" después de comer durante el Pleno de la Cámara Alta.

"Tendría mucho sueño esa criatura y se ha tomado una Coca Cola, no tiene importancia, es por el sueño, por que el Senado cuando comes, te sientas ahí a escuchar y escuchar, y muchas veces escucha uno cosas que no son de agrado y te entra un poco de modorra", ha explicado en declaraciones en la Cámara Baja. "Seguramente habrá sido eso, una cabezadilla que le ha dado", ha apostillado.

Un "chollo" para poner en evidencia la "demagogia" de Podemos

El portavoz adjunto del PP en el Congreso Carlos Floriano ha señalado que Ramón Espinar, es un "chollo" para poner en evidencia la "demagogia" de las políticas populistas de la formación morada.

En los pasillos de la Cámara Baja, Floriano ha censurado que Podemos trate de implantar la prohibición de consumir Coca-Cola en España mientras a Espinar se le haya pillado no ya bebiendo una botella de este refresco, sino dos.

A ello se suma, según ha recordado, el episodio que protagonizó recientemente "especulando" con una vivienda protegida cuando Podemos se "rasga las vestiduras" con los desahucios y con el problema de la vivienda en España.

A juicio del dirigente popular, estos ejemplos son "bastantes sencillos" pero "ilustrativos" de que los populismos se mueven con una "hipocresía" que "repugna".

Iñaki Bernal, senador navarro de IU, y Vanessa Angustia, senadora de En Marea, han registrado este lunes una petición dirigida a la Mesa del Senado para que se retiren todos los productos que comercializa Coca-Cola, se les prive de su publicidad y no se le permita utilizar "eventos de autorización institucional" mientras no cumpla con "las sentencias" y hasta que los trabajadores tengan un futuro real en Fuenlabrada".

Asimismo, piden al Senado que haga "todo lo posible" para "obligar" a Coca-Cola y al Gobierno a hacer cumplir las "resoluciones judiciales". Todo ello, argumentan, en solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola: "Si Madrid no fabrica, Madrid no consume".

Ambos senadores apuntan que la compañía, "a pesar de los grandes beneficios económicos que cada año registra en nuestro país", no ha cumplido ni con el auto ni con el fallo de ejecución que la "obligaba a readmitir a los trabajadores que fueron despedidos", y que ahora prestan servicio en un "almacén virtual". Según exponen en una nota, esto no es "ni remotamente" el centro pionero de logística e innovación "al que se comprometió Coca-Cola".

Comisiones Obreras pedirá este lunes al patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) que la responsable de Recursos Humanos del organismo, Antonia Fernández de Pineda, abandone la directiva del lobby de ejecutivos DCH. En esa cúpula, Fernández de Pineda coincide con los directores de Recursos Humanos de Ferrovial, Coca Cola, Vodafone, Banco Santander, Repsol, Abengoa o Eulen, compañías con las que la fundación mantiene relaciones: o imparten formación bonificada –las empresas obtienen descuentos en sus cuotas a la Seguridad Social para financiarla– o subvencionada.

DCH, además, lleva desde 2015 organizando con Fundae jornadas y eventos. El pasado febrero celebró una entrega de premios y el próximo día 16 desarrollará el II Encuentro de Tendencias en Formación, en el que participarán el director-gerente de la fundación, Alfonso Luengo Álvarez-Santullano, y el presidente del lobby, Juan Carlos Pérez Espinosa. En el patronato de Fundae, la antigua Fundación Tripartita, se sientan las organizaciones empresariales y sindicales, así como la propia Administración. Colabora con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la gestión de la formación profesional para el empleo. Tiene un presupuesto de 31 millones de euros. En 2015 distribuyó 2.085 millones de euros, de los que 1.848 millones procedían de la cuota para Formación Profesional que pagan empresas y trabajadores –un 0,7%–, 134 millones los aportó el Estado y otros 100 el Fondo Social Europeo.

De ahí que CCOO considere inadecuado no sólo que la responsable de RRHH de una fundación que gestiona subvenciones públicas comparta asiento con directivos de empresas que las reciben, sino también que organicen eventos de forma conjunta con ese lobby de los recursos humanos. En su página web, DCH se presenta como un “grupo exclusivo” con más de 500 asociados, todos ellos directivos de Recursos Humanos, que permiten crear “una red de contactos de gran valor profesional”.

Investigada por la Audiencia Nacional

Además, el presidente de DCH, Juan Carlos Pérez Espinosa, fue socio y consejero de una empresa de formación, GG Global Group, al igual que su mujer, Ruth Benito Blanco. GG Global Group fue investigada en 2001, primero por el Inem (el actual SEPE) y después por la Audiencia Nacional por un posible fraude de subvenciones. En concreto, por una subvención de 494.607 euros para impartir tres cursos. Según el informe elaborado por el Inem sobre las irregularidades descubiertas en las ayudas de ese año, los investigadores sospechaban que los participantes en esos cursos habían sido “contratados para participar en ellos durante el tiempo de su duración”.

En esa misma investigación, el Inem formuló un total de 45 denuncias, de las que 13 fueron trasladadas a la Brigada de Delincuencia Económica tras apreciar una posible responsabilidad penal. Entre las organizaciones afectadas se encontraban la Federación de Comercio y Hostelería de UGT, y la patronal de Hostelería y las confederaciones de empresarios de Cádiz y Castilla-La Mancha. Un total de 15,54 millones de euros en subvenciones se pusieron bajo la lupa del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.

Una derivada del caso aún seguía abierta en 2012 en la Audiencia de Madrid. Dos empresas de formación vascas, Ikasi y Urolalde, denunciaron a Global Group, entre otras empresas, por un posible delito de apropiación indebida. Según explica el tribunal en el auto que ordenó la reapertura de la investigación, el delito se refería a “una cadena de subcontrataciones” en la prestación de cursos de la Forcem –como se llamaba entonces Fundae– que no fueron abonados a las empresas que finalmente los impartieron.

Directivos apuntados como alumnos

La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo no ha contestado a los reiterados intentos de infoLibre para obtener su versión. Sí lo ha hecho el presidente de DCH, Juan Carlos Pérez Espinosa, quien asegura que la investigación a GG Global Group fue archivada y no dio lugar a ningún tipo de responsabilidad, aunque no pudo precisar cuándo se cerró. Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, en cada uno de los cursos bajo sospecha estaban apuntados 15 alumnos. Al menos nueve de ellos eran directivos de GG Global Group. Incluida la esposa de Pérez Espinosa.

“No es extraño, sino muy habitual, son cursos bonificados para los empleados de la propia empresa”, responde el responsable de DCH. Pérez Espinosa dice que desde el pasado día 1 ya no es su presidente, cuya junta directiva se renueva cada tres años. También niega que DCH sea un lobby. “Es una organización sin ánimo de lucro que permite a sus miembros compartir experiencias y buenas prácticas en el ámbito de la formación en las empresas”, detalla. Además, considera “loable” su colaboración con Fundae, porque las jornadas que organizan de forma conjunta “sirven para acercar a la fundación y a las grandes empresas y para que compartan sus buenas prácticas”.

Pérez Espinosa, quien también preside Facthum, una consultora de recursos humanos, asegura que mientras estuvo en GG Global Group se encargó del área internacional de la empresa, por lo que residió durante dos años en América Latina. Dejó la firma por “diferencias de gestión” hace casi 10 años, según dice, aunque no consiguió “desvincularse como socio” porque no llegó a un acuerdo.