El presidente ruso, Vladímir Putin, llega 20 años más tarde que la China comunista a la hora de censurar internet, por lo que se ve obligado a tomar medidas más radicales para garantizar el control absoluto de la red por medio de un nuevo telón de acero digital.

Mientras en el cortafuegos chino la introducción de palabras clave -Tiananmen, Tibet, Falun Gong o Taiwán- bloquea el sistema, en el GULAG que el Kremlin intenta construir en Rusia la táctica es de acoso y derribo, lo que ha provocado un brusco desplome de los índices de popularidad del líder ruso hasta los niveles previos a la guerra.

Paradójicamente, ni la campaña militar en Ucrania ni la subida de los precios habían causado tanto descontento como la ralentización de internet y el bloqueo de las redes sociales, que afecta desde hace meses a la práctica totalidad de los rusos, desde el campo a la ciudad, desde los nostálgicos de la URSS a los más jóvenes, de los más belicistas a los más pacifistas.

Esta guerra busca consumar la desconexión informativa, intelectual y tecnológica del mundo occidental, en lo que rusos y chinos llaman 'el internet soberano'.

Putin, un hombre analógico sin teléfono móvil, ha colocado en unos pocos meses a Rusia en la cola de la lista de países por su libertad digital. Al mismo nivel que China, Irán o Pakistán, y sólo por delante de Corea del Norte, donde hay nulo acceso a la red.

Rusia suma actualmente cuatro puntos de cien posibles, en gran medida por los continuos cortes -una nueva ley permite interrumpir el internet móvil sin justificación-, no sólo en las regiones fronterizas con Ucrania, sino en las grandes ciudades. El último aviso tuvo lugar el viernes y afectó a varios barrios céntricos de la urbe de 13 millones de habitantes por presuntos motivos de seguridad.

Según el proyecto OONI, el bloqueo de Telegram, el principal medio de información y comunicación en Rusia, alcanzó a finales de esta semana el 95 %, más aún que en el caso de las redes de mensajería Signal o WhatsApp.

Los combates en Ucrania no llegan a todos los hogares, pero esta guerra alcanza los teléfonos y los ordenadores de todos los rusos. Según The New York Times, la mitad de las 50 webs más populares se quedarán fuera de las 'listas blancas' propuestas por el regulador ruso y filtradas por las fuerzas de seguridad.

Aunque es criticado tanto por los expertos como por militares, gobernadores y diputados, la alternativa oficial, MAX, alcanzó los 77,5 millones de usuarios en febrero, cada vez más cerca de los 95,7 millones de Telegram y los 80,3 millones de WhatsApp.

Con todo, para el ideólogo del imperialismo ruso, Alexandr Duguin, esto no es suficiente. Es necesario bloquear completamente la red hasta después del verano para que los rusos aprendan a disfrutar de una "vida auténtica".

"¿Qué hacer?", se preguntó Lenin. Ahora, el nuevo revolucionario es Pável Dúrov, el fundador de Telegram. Y, en respuesta a esa pregunta, llamó a los rusos a la resistencia digital.

"Bienvenidos de nuevo a la Resistencia Digital, hermanos y hermanas rusos. Toda la nación está movilizada para sortear estas absurdas restricciones. Miles de personas están creando VPN y proxies. Por nuestra parte, seguiremos adaptándonos para que el tráfico de Telegram sea más difícil de detectar y bloquear", proclamó en su cuenta de la red de mensajería.

Los rusos no se han quedado de brazos cruzados. Las barricadas ahora son las redes VPN (Virtual Private Network), una excepcionalidad hace unos meses que ya emplean más de 50 millones de rusos, al igual que ocurre en Irán.

El Ministerio de Información Digital admitió abiertamente que está intentando ralentizar las VPN y, de hecho, ya restringido ya el acceso a cerca de medio millar de esos servicios y también ha eliminado del App Store en Rusia varias aplicaciones VPN que podrían permitir el acceso a recursos censurados.

Pese a que el Estado ha invertido cientos de millones de dólares en la censura digital, algunos populares servicios como PAPER consideran que el regulador ruso de las telecomunicaciones, Roskomnadzor, no ha logrado bloquear ni una sola red VPN que haya contrarrestado dichos bloqueos.

El propio Dúrov anunció el sábado la renovación de los protocolos de Telegram "para la lucha contra la censura" y llamó a los rusos a "hacer acopio de varias VPN".

Además, según la prensa local, la realidad es que los especialistas en ciberseguridad han detectado más de 200 vulnerabilidades en MAX, por lo que los altos funcionarios y los directivos empresariales siguen sin confiar en el GULAG digital que propone Putin.

La incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio entre EEUU e Irán se ha convertido en el tema que rodea toda la actualidad. Las vidas iraníes y libanesas, el mercado del petróleo, el precio de los alimentos y la geopolítica global cambia casi cada día, a merced de las decisiones de Donald Trump. 

El cambio de opinión constante de este mandatario —que hace semanas aseguraba que esta guerra duraría apenas unos días— ha hundido la economía global, pero su narrativa sigue siendo la de una “victoria contundente”, como aseguraba este miércoles su secretario de Guerra, Pete Hegseth. Y es que el país americano siempre ha invertido muchos esfuerzos en la creación de esta autoimagen. Recientemente, altos cargos dieron una orden directa a sus embajadas que les obligaba a difundir propaganda política favorecedora en sus redes sociales, como X (Twitter), según ha adelantado el medio británico The Guardian. 

El comunicado, firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, el pasado 30 de marzo, da instrucciones a esta red diplomática para “contar la historia de América” y coordinar su labor con el Departamento de Operaciones Psicológicas del Ministerio de Guerra, que forma parte del Pentágono. La prioridad de estas instituciones a partir de ahora es luchar contra cualquier forma de discurso “antiestadounidense”, reclutando a influencers, académicos y líderes comunitarios como herramienta de presión política en los más de 160 países en los que se encuentra.

Esta nueva forma de controlar la narrativa e influir en la opinión pública de las ciudadanías no solo se encuentra centrada en la guerra en Oriente Medio, sino que intenta imponer la visión de Washington en demás asuntos de interés público. En España, por ejemplo, el pasado 2 de abril la embajada de EEUU en Madrid hizo una publicación en relación a la eutanasia de Noelia, una práctica rechazada por la política conservadora y no alienada con los intereses del gobierno de Trump. 

Las respuestas al tuit parecían desacreditar cualquier intento de influencia americana, en su mayoría apuntando la hipocresía de un estado que privatiza la sanidad y promueve guerras con miles de pérdidas de vidas humanas por intereses económicos. Sin embargo, la capacidad expansiva de la propaganda estadounidense es inmensurable y sus raíces están muy arraigadas en el imaginario colectivo y político.

Por su parte, Irán también ha desplegado la estrategia de utilizar sus embajadas para un fin similar. Sin embargo, la forma y el contenido distan bastante de las de su homólogo americano. En este caso, la sorna, el humor ácido y la crítica política protagonizan las redes de las instituciones diplomáticas persas, trasladando a un plano digital una batalla, esta vez, cultural.

La velocidad y la visibilidad que ofrecen las redes sociales ha sido aprovechado por Teherán para encontrar este hueco. Un país con escaso poder movilizador en Occidente ha conseguido, a través de la viralidad que permiten las comunidades digitales, alzar la voz y expresarse en el panorama de la opinión pública.

Sus publicaciones satíricas contra Estados Unidos se han visto alineadas con el desconcierto y el rechazo generalizado a las decisiones de Trump, muchas de ellas calificadas como posibles "crímenes de guerra", según expertos de la ONU y la organización civil Human Rights Watch (HRW). 

La capacidad de difusión propagandística que ofrecen las redes sociales permite democratizar también las proclamas de países con diferente peso político. Este enfrentamiento digital iraní pretende conectar con audiencias globales, alimentando la desacralización del estado americano, tan ansiado en un momento de desestabilización política y económica, producido por unas maniobras imperialistas que no se sabe cuando llegarán a su fin. 

Quienes recuerdan esos tiempos, hace algo más de dos décadas, quizá se reconozcan en la idea de que publicar en internet era un acto de optimismo. La promesa de las redes sociales era horizontal y democrática. Cualquiera podía ser emisor, cualquiera podía encontrar su público, la conversación fluía en abierto.

Un cuarto de siglo después, esa promesa está en revisión. El informe de Ofcom —el regulador mediático británico—, publicado hace unos días, pone cifras a lo que muchos usuarios llevan años experimentando: la mitad de la población conectada del Reino Unido se ha convertido en lo que los analistas denominan fantasmas digitales, consumidores pasivos de contenido que no dejan rastro de interacción pública.

Solo el 49% de los adultos británicos que usan internet publican, comparten o comentan activamente en redes sociales. En 2024, esa cifra era del 61%. Doce puntos porcentuales de caída en apenas dos años. Hay que esperar y ver cómo evolucionan los datos, pero todo apunta a un cambio estructural en la relación de una generación con el espacio público digital.

El informe de Ofcom identifica uno de los motores de este repliegue. Casi la mitad de los adultos —el 49%— reconoce estar preocupado por cómo sus publicaciones pasadas podrían causarles problemas en el futuro, frente al 43% del año anterior. El rastro digital, que durante años se percibió como un activo —visibilidad, red de contactos, reputación construida post a post—, ha pasado a ser percibido como un lastre.

La consecuencia lógica es el refugio en los formatos efímeros: las stories de Instagram, los snaps, los contenidos que desaparecen a las 24 horas. La permanencia, que antes era un signo de solidez, se ha convertido en una señal de vulnerabilidad. Y donde la permanencia persiste, muchos usuarios prefieren directamente no publicar.

Ya hay quien ha puesto nombre a este comportamiento: zero posting. El usuario permanece en las plataformas —consume el feed, ve vídeos, sigue perfiles—, pero  abandona la producción propia de contenido. No cierra la cuenta. No se va. Pero desaparece como sujeto activo y se queda como espectador. Y eso está cambiando la naturaleza misma de las redes sociales.

La conciencia de que X, Instagram o YouTube son un problema es cada vez mayor. El mismo informe de Ofcom revela que el porcentaje de personas en el Reino Unido que cree que las redes sociales son buenas para su salud mental ha caído del 42% al 36% en un año. Y la percepción de que los beneficios de estar conectados superan los riesgos ha pasado del 72% al 59%. El balance, que durante años se asumía ampliamente positivo, está perdiendo consenso.

Esta erosión de la confianza no es exclusiva del mercado británico. Según datos recogidos por el Digital 2025 Global Overview Report de DataReportal —un servicio privado de análisis digital—, el Digital News Report del Reuters Institute y estudios de Deloitte y Edelman —las consultoras de comunicación más grandes del mundo—, la Generación Z, la primera que creció con las redes como infraestructura social, es también la que más activamente intenta autorregularse. 

El 63% ha planificado o realizado algún tipo de detox digital, y el 68% ha tomado descansos de las plataformas específicamente por razones de salud mental. La generación que las adoptó con más naturalidad es la que hoy las gestiona con más cautela.

En España, el diagnóstico es parecido. El Estudio Anual de Redes Sociales 2025 de IAB Spain constata que el tiempo de uso diario ha descendido en absolutamente todas las redes sociales analizadas. La intensidad media de uso bajó de una hora y ocho minutos a una hora y un minuto. No es una caída dramática, pero su universalidad —ninguna plataforma se salvó— apunta a una saturación sistémica, no a la crisis particular de una aplicación.

Hasta un 33% de los usuarios españoles afirma haber dejado de usar alguna red social en el último año. Y también un tercio declara haber publicado menos contenido propio que en el año anterior. Los datos de Edelman de febrero de 2026 registraron, además, una caída del 2,5% en usuarios activos entre 2023 y 2024, seguida de estancamiento.

El caso más llamativo es el de X (la red propiedad del oligarca tecnológico de extrema derecha Elon Musk), que justo ahora cumple 20 años de existencia. Según datos de GfK DAM, la plataforma antes conocida como Twitter ha perdido el 36% de sus usuarios activos en España, y el estudio de IAB cifra en un 28% la tasa de abandono. Y no es solo una cuestión de controversia reputacional en torno a la propiedad de la compañía —que también—. X ejemplifica con nitidez el agotamiento de un modelo basado en la conversación abierta, pública y confrontacional.

Facebook, por su parte, propiedad del también multimillonario Mark Zuckerberg, dueño a su vez de Instagram y WhatsApp, ha alcanzado sus niveles más bajos de uso y valoración desde que se inició el registro en 2009. El abandono es especialmente pronunciado entre los perfiles más jóvenes, que nunca la adoptaron con la intensidad de las generaciones anteriores.

Es cierto que el 86% de los internautas españoles —32,4 millones de personas— sigue usando redes sociales. Pero ese porcentaje lleva tiempo funcionando como un techo estructural. El crecimiento se ha agotado, y la discusión ya no es cuántos usuarios entran, sino qué hacen dentro.

Porque el hecho de que los usuarios publiquen menos en abierto no significa que se comuniquen menos. Significa que se comunican en otro sitio. La conversación se ha desplazado hacia lo que la industria de la atención —la que gana dinero consumiendo nuestro tiempo— ha bautizado como dark social: los grupos de WhatsApp, los mensajes directos en Instagram o TikTok, los canales de Discord, los correos electrónicos. Canales donde la interacción es más íntima, más controlada y donde los algoritmos de analítica apenas pueden rastrear el origen del tráfico.

Las estimaciones actuales apuntan a que aproximadamente el 84% de todo lo que se comparte en internet ocurre a través de estos canales privados o semicerrados. Es una cifra que, si se confirma con solidez metodológica, implica que la conversación digital visible —la que circula por los feeds públicos, la que miden los estudios de engagement, la que monetizan las plataformas— es apenas la punta de un iceberg mucho más vasto e invisible.

El dark social no es un fenómeno nuevo, pero su consolidación como destino preferente responde a factores concretos: la percepción creciente de toxicidad en los espacios abiertos, la fatiga de los algoritmos diseñados para maximizar la atención a cualquier coste y la búsqueda de entornos donde la confianza sea real y el juicio de extraños, inexistente.

En España, esta tendencia se materializa de manera especialmente clara en la persistencia de WhatsApp como plataforma dominante. No por sus capacidades técnicas, sino por lo que ofrece simbólicamente: privacidad percibida, grupos de confianza, ausencia de exposición pública. WhatsApp no es exactamente una red social en el sentido convencional del término, pero es donde ocurre buena parte de la vida social digital española.

Lo que está pasando está desencadenando otro fenómeno relevante: un cambio que recorre transversalmente todos estos datos y que las plataformas llevan años acelerando con sus propias decisiones de diseño: la transformación de las redes sociales en canales de entretenimiento pasivo basados en vídeo algorítmico.

El usuario de 2026 ya no abre Instagram para ver qué ha publicado su círculo cercano. Abre Instagram para que el algoritmo le sirva contenido basado en sus patrones de consumo, con independencia de si sigue o no a quien lo produce. La distinción entre red social y plataforma de entretenimiento se ha vuelto semántica. Lo que técnicamente sigue siendo una red social funciona cada vez más como una televisión personalizada.

Este giro —que algunos analistas describen como el paso de Social Media a Interest Media, de redes sociales a redes de intereses— no es neutro. Debilita uno de los argumentos originales que hicieron hegemónicas a estas plataformas: que conectaban a personas entre sí. Lo que conectan ahora, en buena medida, es a personas con contenido. La experiencia es más cómoda, más adictiva en algunos casos y sustancialmente más pasiva.

El criterio que decide qué aparece en tu pantalla ha cambiado. Ya no es a quién sigues, sino qué has mirado en los últimos minutos. En el modelo original de las redes sociales, el algoritmo organizaba lo que veías en función de a quién conocías. Tu muro se llenaba de tus amigos, tus familiares, tus compañeros de trabajo. El motor era la conexión interpersonal.

En el modelo actual, ese principio ha sido desplazado. Lo que aparece en pantalla ya no depende de quién eres socialmente, sino de qué comportamiento has exhibido en los últimos minutos. El algoritmo calcula tus intereses en tiempo real y sirve contenido en consecuencia, con independencia de si sigues o no a quien lo produce.

TikTok es el ejemplo más puro y precoz de este modelo. Su algoritmo no requiere que el usuario siga a nadie para inferir que le interesan, por ejemplo, los vídeos de cocina coreana o los tutoriales de carpintería: basta con medir cuántos segundos se detiene en cada pieza.

El resultado es una experiencia que puede resultar perturbadoramente precisa desde el primer uso y que ha redefinido las expectativas de los usuarios sobre cómo debe funcionar una plataforma.

Instagram replicó la lógica con los reels y la sección Para ti. Aunque nació como una red para seguir a amigos, hoy una parte sustancial del tiempo de uso transcurre en contenidos que el algoritmo selecciona al margen de quién está en la lista de seguidos.

YouTube, por su parte, se ha consolidado para muchos usuarios como sustituto de la televisión lineal, precisamente porque su sistema de recomendación permite encontrar contenido sobre intereses muy específicos —tutoriales, deportes, podcasts, divulgación científica— sin necesidad de buscar activamente. Incluso Facebook, la red social más asociada al modelo original de conexiones personales, ha introducido feeds de vídeo basados en recomendación algorítmica para retener a una audiencia que ya no interactúa con sus contactos.

Una de las consecuencias menos discutidas de este giro es la ruptura de la ecuación entre seguidores y alcance. En el modelo anterior, acumular seguidores era la estrategia central de cualquier creador o marca: más seguidores equivalía a más audiencia potencial.

En el ecosistema del Interest Media, esa lógica se debilita. Una pieza de contenido coincidente con la demanda puede alcanzar a millones de personas aunque el creador cuente con apenas unos cientos de seguidores, porque el algoritmo la distribuirá a quienes tengan ese interés específico.

Es una meritocracia del contenido concreto, no de la audiencia acumulada. Lo que importa ya no es el tamaño de la comunidad construida, sino la capacidad de cada vídeo, cada post, cada pieza individual de retener la atención en un entorno de competencia extrema.

Si se consolida el modelo, los influencers que basen su negocio únicamente en el volumen de seguidores verán debilitada su capacidad de negociación. La monetización dependerá cada vez más de la capacidad de entrar de forma legítima en las conversaciones privadas (dark social) y de producir contenido que cada algoritmo, por sí mismo, considere relevante para un interés específico del usuario.

Este modelo explica también, en parte, el fenómeno del zero posting. Si el contenido de tus contactos ya no ocupa un lugar central en la experiencia de las plataformas, el incentivo para publicar decrece: ¿para qué compartir si nadie en tu red va a verlo necesariamente?

La promesa original —publicas, tus amigos lo ven— se ha roto. Lo que queda es competir con creadores profesionales por la atención de un algoritmo que favorece el entretenimiento de alta producción. Muchos usuarios han decidido, racionalmente, no jugar esa partida.

Los datos de Ofcom, IAB Spain, GfK DAM y Edelman apuntan todos en la misma dirección. No hacia el fin de las redes sociales, sino hacia su redefinición. El usuario que está emergiendo de esta transición es más selectivo, más cauto con su huella pública, más interesado en la privacidad que en el alcance. Ha pasado de la fascinación por la exposición a algo más parecido a la gestión del riesgo. Puede que sea madurez. Puede que sea agotamiento. Probablemente, ambas cosas a la vez.

Decir que hay muchos influencers en España —lo que en castellano se llama, desde hace siglos, “influente”— es como decir que hay muchos cantantes: cierto, incontestable y, por sí solo, casi inútil. Si creemos lo que dice el Estudio Anual de Influencer Marketing 2025 —obra de la asociación española de publicidad, marketing y comunicación digital—, hay en el país 207.000 perfiles activos con más de 10.000 seguidores. Otras estimaciones elevan esa cifra a 235.000. Son números que impresionan hasta que se mira qué hay en realidad debajo de ellos.

El Real Decreto 444/2024 estableció una categoría legal específica —Usuarios de Especial Relevancia— para aquellos creadores que superasen simultáneamente tres umbrales: más de 300.000 euros de ingresos anuales, más de un millón de seguidores en una plataforma o dos millones entre varias, y al menos 24 vídeos publicados al año. A día de hoy, 119 personas figuran inscritas voluntariamente en el Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual. Son quienes han dado el paso por iniciativa propia; el número de creadores obligados a hacerlo por cumplir los requisitos legales es, previsiblemente, bastante mayor.

La distancia entre los UER inscritos legalmente y las estimaciones del numero real de quienes cuentan con audiencias relevantes no es una anomalía estadística. Es la estructura real de un sector que ha sido descrito sistemáticamente como una oportunidad económica de primera magnitud mientras esconde una pirámide laboral en la que la base es vastísima y el vértice casi no existe. Quienes se dedican a esta actividad reconocen que vivir profesionalmente de ello es muy difícil. La Asociación Española de Creadores de Contenido estima que solo 1.187 personas en España generan ingresos suficientes para vivir exclusivamente de lo que producen en YouTube —apenas 2.932 superan los 100.000 suscriptores en esa plataforma—. La economía del sector tiene una distribución muy desigual que los datos agregados tienden a ocultar.

La Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) asegura haber identificado, con criterios más amplios que los del registro oficial, a más de 1.600 creadores a los que atribuye un impacto significativo sobre sus audiencias y a los que ha sometido, dice, a supervisión directa. Para materializarla, la institución ha licitado en 2026 servicios de análisis especializados por casi 180.000 euros. El regulador los trata como trata a los medios de comunicación audiovisuales —como agentes con responsabilidades específicas frente a audiencias vulnerables— hasta el punto de reclamar para ellos la capacidad de invocar el derecho al secreto profesional.

Sean 1.187 o 1.600, las evidencias indican que es un ecosistema con una amplia base y una cúspide muy estrecha, donde la visibilidad y la rentabilidad se distribuyen de forma desigual. Más que un sector accesible, se configura como un espacio altamente selectivo, en el que el acceso efectivo —vivir de ello— está al alcance de muy pocos. En ese sentido, su estructura se asemeja a la de ciertas élites profesionales o creativas: como ocurre con algunos cuerpos superiores de la Administración, donde el acceso está limitado por filtros muy exigentes, o con industrias culturales como la música o el cine, donde una minoría concentra la atención y los ingresos mientras la mayoría permanece en posiciones precarias o complementarias.

También comparte rasgos con otros ámbitos marcados por el llamado “efecto estrella”, en los que el reconocimiento y la recompensa no crecen de forma proporcional al número de participantes, sino que se concentran en unos pocos perfiles dominantes. Igual que sucede con determinados nichos del deporte profesional o con la alta dirección empresarial, el ecosistema de los influencers combina una enorme competencia en la base con una fuerte concentración de oportunidades en la cima, lo que refuerza su carácter de mercado abierto en apariencia, pero muy restringido en la práctica.

El negocio que sí existe, y el relato que lo infla

Eso no quita que, independientemente de lo que ocurra en el escalón individual, el mercado agregado del marketing de influentes en España sea real y creciente. En 2024 alcanzó una inversión récord de 125,9 millones de euros, con un crecimiento del 58,9% respecto al año anterior, lo que representó el 2,3% de toda la inversión en medios digitales del país. Más de 10.000 creadores colaboran de forma regular y documentada con marcas.

El interés de los anunciantes es comprensible. El 86% de los internautas españoles de entre 12 y 74 años —unos 30 millones de personas— usa redes sociales. De esos, el 49% sigue activamente a creadores de contenido. Entre los jóvenes de 12 a 24 años, la penetración supera el 80%. Y el 38,6% de los usuarios reconoce que las recomendaciones de esos creadores influyen directamente en sus decisiones de compra. Para una marca que busca conversión, esos números son difíciles de ignorar.

Pero el sector lleva años acompañando esos datos reales con otros que no lo son tanto. El ejemplo más llamativo es el del 85% de adolescentes españoles que supuestamente sueña con convertirse en creador de contenido, una cifra atribuida al Ministerio de Educación y Formación Profesional que ha anidado en informes sectoriales, comunicados de prensa y presentaciones ante inversores. El problema es que ese informe no existe. Lo que circula con esa atribución proviene de materiales promocionales elaborados por consultoras del propio sector —principalmente 2btube y MKD— que citan al ministerio de forma vaga, sin número de expediente, sin fecha ni enlace. Los medios lo han reproducido sin comprobarlo.

Lo que sí existe, con fuente verificable y probablemente origen de esa cifra desproporcionada, es un dato del estudio El ocio digital de la población adolescente de la Fundación FAD Juventud y la Fundación La Caixa: el 85% de los jóvenes ha creado y subido algún tipo de contenido propio a las redes. Pero eso es haber posteado algo alguna vez. No es una aspiración profesional. Los datos reales sobre aspiraciones son bastante más modestos: el estudio más amplio realizado hasta la fecha, promovido por Red.es junto a UNICEF y la Universidad de Santiago de Compostela, con casi 100.000 encuestados, concluye que el 21,3% de los adolescentes cree que podría llegar a ser influente, y que solo el 7,8% dedica tiempo activamente a intentarlo. Son cifras sociológicamente significativas, pero radicalmente distintas al 85% que el sector ha convertido en hecho institucional.

La confusión no es inocente. Sirve para inflar la magnitud cultural del fenómeno y justificar demandas regulatorias. Y ha calado en las instituciones con consecuencias concretas.

Quiénes son los 119: un retrato de la élite oficial

El listado del Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual —los 119 creadores que en el momento de redactar esta información habían formalizado voluntariamente su condición de Usuarios de Especial Relevancia— no es un censo del fenómeno influente en España. Es, más bien, una radiografía de su capa más visible y, en muchos casos, más antigua. Analizados por perfil de actividad principal, el registro revela una composición que desmiente algunos tópicos sobre el sector y confirma otros.

El grupo más numeroso es el de moda, estilo de vida y belleza, con alrededor de 30 perfiles: Dulceida, Maria Pombo, Marta Pombo, Marta Lozano, Rocío Osorno, Jessica Goicoechea, Gala González, Violeta Mangriñán o Laura Escanes, entre otros. Es la categoría que popularizó el modelo de negocio tal como se conoce hoy —colaboraciones con marcas de moda, cosmética y viajes, contenido aspiracional, audiencias femeninas jóvenes— y sigue siendo la más representada. Que casi una cuarta parte del registro pertenezca a este nicho dice algo sobre qué tipo de creador ha tenido más incentivos, o más asesoramiento, para cumplimentar el trámite.

El segundo bloque en tamaño es el de juegos, retransmisiones en directo y deportes electrónicos, con una veintena larga de perfiles: Ibai Llanos, El Rubius, IlloJuan, El Xokas, Knekro, DjMaRiiO, Folagor, Jordi Wild, Yosoyplex o Adri Contreras. Es el grupo de más reciente consolidación como sector económico, el que ha construido audiencias más jóvenes y masculinas, y el que ha generado los mayores fenómenos de masas del último lustro —desde los combates de boxeo amateurs hasta la Kings League. Su presencia nutrida en el registro refleja también que son perfiles con estructuras empresariales más formalizadas: varios de ellos operan a través de sociedades limitadas, no como autónomos.

El tercer grupo relevante es el de deportistas de élite con presencia digital consolidada: Carlos Alcaraz, Marc y Álex Márquez, Sergio Ramos, David Villa, Ilia Topuria, Vinícius Jr. o Ibán García. Su inclusión en el registro es reveladora: el decreto los obliga no por lo que hacen en la pista o en el campo, sino por el volumen de sus audiencias digitales y los ingresos que generan a través de ellas. Son, en la práctica, marcas personales que utilizan las redes sociales con una lógica idéntica a la de cualquier creador de contenido, aunque su actividad principal sea otra.

Un cuarto bloque significativo es el de rostros procedentes de la televisión tradicional que han completado con éxito la transición al entorno digital: Cristina Pedroche, Paula Echevarría, Belén Esteban, Nuria Roca, Tamara Falcó, Lara Álvarez, Sandra Barneda o Jesús Calleja. Su presencia subraya que el registro no es un inventario de nativos digitales, sino de cualquier persona con audiencia masiva y facturación suficiente, independientemente de su origen mediático.

Más pequeños en número pero significativos en términos de lo que revelan son otros dos grupos. El de gastronomía y cocina —Dabiz Muñoz, Alfredo Vozmediano (avozmechef), Anna Recetas Fáciles, Marta Sanahuja (Delicious Martha) o el italiano Federico Zompicchiatti (Zazzaelitaliano)— refleja la profesionalización de un nicho que ha encontrado en YouTube y en Instagram un canal de negocio propio. Y el de divulgación y educación —Javier Santaolalla (física), Anna Cuevas (Tecnonauta), Rodrigo Septién (Destripando la Historia), Romuald Fons (marketing digital) o Eugenio Monesma (etnografía)— es el que más directamente se solapa con funciones que el periodismo y la academia han desempeñado tradicionalmente, aunque desde lógicas distintas.

Hay además una categoría que el propio registro hace visible casi por accidente: la de entidades colectivas y estructuras empresariales inscritas como UER. La Kings League, Team Heretics, Porcinos FC, Post United, Xbuyer & Minibuyer, Laian Studios, Arta Media Film o la discográfica Divucsa. No son personas físicas con audiencias: son empresas o proyectos colectivos que han alcanzado el umbral legal de relevancia. Su presencia en el mismo listado que los creadores individuales ilustra hasta qué punto el decreto diseñó una categoría pensando en personas y se encontró con que el fenómeno ya había generado estructuras corporativas propias.

Ninguno de los 119 inscritos tiene el contenido político como actividad principal, aunque hay perfiles donde la política aparece de forma secundaria o instrumental. Ibai Llanos se ha pronunciado con regularidad sobre fiscalidad, derechos LGTBI y política vasca, con peso suficiente como para que sus declaraciones generen cobertura mediática propia. Tamara Falcó transita ocasionalmente el territorio político-social desde un perfil conservador y católico. La Vecina Rubia hace sátira política sistemática, aunque en clave humorística.

El caso más significativo es el de El Xokas (Joaquín Domínguez Portela). Es probablemente el perfil del registro con el posicionamiento político más explícito y consistente: streamer con audiencia muy joven que ha hecho del discurso político —de corte nacionalista español, crítico con el independentismo, con posiciones que en ocasiones rozan la derecha populista— una parte sustancial de su marca, no un elemento ocasional. Sus directos mezclan gaming y entretenimiento con opinión política de forma deliberada. Lo que lo hace especialmente relevante es el modelo que encarna: el creador que usa la cercanía y la aparente espontaneidad del formato streamer para trasladar posiciones políticas a audiencias que han abandonado los medios tradicionales, sin que sus seguidores lo perciban necesariamente como consumo político.

El registro confirma, en cualquier caso, que la élite oficial del sector no produce contenido político de forma significativa. Quienes más influyen políticamente en redes entre los jóvenes —perfiles de TikTok e Instagram de ideología explícita, tanto de izquierda como de ultraderecha— no están en este listado, probablemente porque no alcanzan los umbrales económicos del decreto o simplemente porque no se han inscrito. El resto lo componen, sin excepción, perfiles cuya actividad central es el entretenimiento, la aspiración o el estilo de vida. El debate sobre si los influentes están sustituyendo a los medios informativos queda, a la vista del registro oficial, sin respaldo en la élite del sector: los 119 que han dado la cara ante el regulador no son, en su inmensa mayoría, gente que informe. Son gente que influye.

Sin embargo, el reciente informe Understanding Young News Audiences at a Time of Rapid Change, publicado por el Reuters Institute de la Universidad de Oxford, sintetiza una década de datos del Digital News Report global y dibuja un paisaje en el que los influencers no compiten con los medios de comunicación: los sustituyen.

El informe del Reuters Institute detecta algo que conecta directamente con los datos sobre el sector en España: el 51% de los usuarios jóvenes de redes sociales presta más atención a creadores individuales o personalidades que a medios o periodistas tradicionales. La arquitectura de las plataformas —TikTok, Instagram, YouTube— favorece estructuralmente a las personas sobre las instituciones. Premia la autenticidad percibida, la cercanía y la frecuencia de publicación. No el rigor ni la verificación. Algo que tiene que ver más con la publicidad que con el periodismo.

Solo el 28,8% de los jóvenes lee diarios. No es que hayan dejado de consumir información: es que consumen la que les llega mientras hacen otra cosa, en plataformas que no están diseñadas para informar sino para retener. Y en esas plataformas, la persona que habla a cámara desde su cuarto tiene ventajas estructurales sobre el periodista que firma un reportaje. La distinción importa porque son actividades radicalmente distintas: el periodismo descansa sobre la independencia editorial respecto a quien paga; el modelo de negocio dominante de la creación de contenido se basa precisamente en fusionar esa independencia con el mensaje comercial. La autenticidad que las marcas compran es que no haya distancia entre la voz del creador y el producto que promociona. Una investigación coordinada por la Comisión Europea en 22 países concluyó que la inmensa mayoría de los creadores no identificaba de forma adecuada sus publicaciones comerciales. Los incumplimientos son sistemáticos, no excepcionales.

La pregunta sobre si el fenómeno tiene más presencia mediática que importancia real es difícil de resolver. Hay datos que apuntan a una evidente sobredimensión: la inmensa mayoría de los 207.000 perfiles activos no llegan a vivir de ello, la aspiración de “ser influencer” afecta a uno de cada cinco adolescentes —no a cuatro de cada cinco, como el sector ha intentado instalar—, y buena parte del seguimiento masivo que generan se construye sobre una promesa de éxito que el mercado real no puede absorber.

La segunda sostiene que el fenómeno es exactamente tan grande como las cifras del mercado y del comportamiento indican: las marcas invierten porque funciona, los reguladores supervisan porque el impacto sobre las audiencias es real, y los jóvenes se informan por estas vías porque los medios convencionales no han logrado competir en los entornos donde esa generación pasa su tiempo. No es que los influentes hayan hincado el diente al periodismo: es que el periodismo no ha llegado donde los jóvenes están.

Lo que ninguna de las dos lecturas discute es la existencia del fenómeno y sus efectos reales. Que un joven de 18 años dedique 6,95 horas diarias al ocio digital y consuma contenido producido mayoritariamente por creadores individuales no es un dato sobre el mercado publicitario. Es un dato sobre cómo se construye la identidad, el prestigio social y las expectativas laborales de una generación.

El Reuters Institute concluye, sin mucho margen para el optimismo, que hay pocas razones para esperar que los jóvenes adopten hábitos informativos que, a diferencia de las generaciones anteriores, nunca han tenido. Si eso es correcto, el debate sobre si los influentes están sobredimensionados es secundario. La pregunta relevante es qué tipo de ecosistema informativo se construye cuando la atribución de relevancia —qué importa, qué no, quién habla con autoridad sobre qué— la decide, en última instancia, un sistema de inteligencia artificial cuyo único objetivo es que la gente no deje de hacer scroll.

La CNMC persigue con una mano la publicidad encubierta que los creadores no etiquetan, y propone con la otra extenderles garantías propias del secreto profesional periodístico. La contradicción resume bien el estado del debate: un sector que ha aprendido a definir sus propios términos, unas instituciones que no terminan de decidir qué son exactamente estos nuevos actores, y millones de jóvenes que se dejan llevar por ellos sin haber elegido hacerlo. El dato del 85% nunca existió. El fenómeno, en cambio, sí.

Es una realidad. En los últimos años, la asistencia al cine ha ido bajando paulatinamente mientras las plataformas de streaming ganan cuota de pantalla, lo que ha supuesto el cierre obligado de varias salas. Según el último informe de Comscore, una empresa que se dedica a medir las audiencias, en 2024 la asistencia ya había descendido un 5% con respecto al año anterior. Datos que no mejoraron en 2025, cuando la cifra volvió a caer un 8%. La asistencia a salas de cine en 2025 registró un total de 65 millones de espectadores, mientras que la taquilla alcanzó la cifra de 453 millones de euros. 40 millones menos que, por ejemplo, en 2023.

Las cifras no son esperanzadoras, así que la pregunta parece obligada: ¿está todo perdido? No. Hay un grupo social que está reanimando la taquilla con su regreso a las salas de cine: los jóvenes. Muchos han encontrado en el cine el perfecto remedio contra el uso compulsivo de las pantallas, el multitasking y el síndrome de la doble pantalla. Sergio es un ejemplo de ello. Este estudiante de 25 años acude asiduamente a la Cineteca de Madrid porque, reconoce, “en casa es casi imposible ver una película sin mirar el móvil”.

Según un estudio de Cinema United, el porcentaje de miembros de la Generación Z que acuden al menos 6 veces al año al cine ha incrementado de un 31% en 2022 a un 41% en 2025.

Cada vez parece más evidente que somos incapaces de ver una película en casa sin echar un vistazo al móvil. Esta tendencia cada vez más habitual se conoce como el síndrome de la doble (o segunda) pantalla. Aunque todavía no está reconocido médicamente, es una práctica real y muy extendida, sobre todo, entre el público más joven. Así lo refleja el último Barómetro de OTT Cine, elaborado por la consultora audiovisual GECA. 

Los jóvenes de entre 18 y 34 años son los que en mayor medida afirman utilizar el teléfono mientras ven películas, con más del 50% declarando usarlo gran parte del tiempo o de forma intermitente. Una práctica muy relacionada con el uso abusivo de las pantallas, una situación en la que, según un estudio de Cáritas, se encuentran el 36% de los jóvenes españoles. 

Sergio cuenta que suele tener el móvil al lado cada vez que ve una película en casa: “En casa me gustaría dejarlo más lejos para evitar la tentación, sin embargo en el cine nunca siento la necesidad de mirarlo”. Algo similar a lo que le ocurre a Alonso, estudiante de 22 años de Biología y asiduo a los cines de su barrio: “Cuando veo películas en casa intento siempre dejar el móvil fuera de la habitación porque si no, lo miro aunque no busque nada en concreto. En el cine directamente lo dejo en el bolsillo del abrigo para no tenerlo ni cerca”

Ni que decir tiene que de todo esto son conscientes las grandes plataformas como Netflix. El actor Matt Damon, protagonista de algunas de las películas más importantes de Hollywood, sorprendió con unas declaraciones en las que aseguraba que "Netflix quiere que la trama de una película se repita tres o cuatro veces en los diálogos porque la gente está con sus teléfonos móviles mientras la ve". Pese a que la productora norteamericana ha desmentido esto, parece que la lógica que explica el actor es muy plausible en los tiempos que corren.

Jorge Ramiro Pérez Suárez, experto en Espacios Digitales en la Universidad Europea, subraya que se ha producido un “profundo cambio sociocultural en el que las tecnologías se han incorporado a todos los ámbitos de la vida desde una edad muy temprana”. Reconoce que hemos de admitir que la tecnología no es políticamente neutra: “tiene un claro sesgo marcado por las plataformas tecnofeudalistas y por el capitalismo digital”.

“La mayor parte de nuestras interacciones vienen mediadas por la tecnología”, por eso en muchos casos, cuenta, “es casi imposible desaprender estas acciones que ya hemos naturalizado”. Pérez Suárez subraya que en los estudios de su grupo en Conocimiento e Investigación en Problemáticas Sociales, se ha identificado que los jóvenes prefieren interacciones “mucho más sencillas, visuales y dicotómicas”. 

“Esto hace que se pierda muchísimo contexto y profundidad, la idea de tiempo libre o aburrimiento resulta abisal y sobre todo tiene un impacto muy profundo en la concentración, la manera de retener y enfrentarse al conocimiento o incluso de expresarse”, añade.

¿Qué es lo primero y lo último que haces al despertarte o al irte a dormir? Reducir los tiempos de uso del móvil se ha colado de lleno en las listas de objetivos de año nuevo de gran parte de la población, desde los más jóvenes a los más adultos. 

Según la última encuesta online de RTVE de finales de 2025, “el 71% de los encuestados cree que debería reducir el tiempo que pasa en el móvil, en particular, de aplicaciones como Instagram o TikTok, conocidas por favorecer el scrolling sin control”. Un sentimiento que es especialmente fuerte en la franja de edad de 25 a 34 años. Los datos de la encuesta exponen que los usuarios de la Generación Z pasan más de cuatro horas diarias frente a la pantalla. 

Pero, ¿qué opinan los protagonistas? Sergio subraya que querría “reducir su uso y dependencia del móvil”, que ronda entre las cinco y seis horas al día. Natalia, estudiante de 24 años, coge el móvil más de lo que le gustaría pese a que no se siente orgullosa de ello. “Muchas veces entro en TikTok cuando me he metido hace 2 minutos. Sé que no voy a ver nada nuevo que me interese, pero siento la necesidad de entrar en la aplicación”, cuenta a infoLibre. 

Sergio encuentra el cine como "un refugio en el que no existen distracciones”. El cine siempre ha sido un lugar para evadirse, conectar con la película y, a la vez, desconectar del ajetreo de los días. Es, a su vez y a diferencia de casa, un sitio de reunión, de comunidad a donde acuden personas con un interés genuino en la obra que se va a proyectar.

El experto en Espacios Digitales cuenta que, por una parte, “existe un reclamo de un pasado analógico como una suerte de nostalgia ochentera y noventera que, de otro modo, también resulta en una máscara ideológica”, pero que, por otra, “va a haber elementos que se conviertan en productos gourmet: aquellas ilustraciones, películas o libros que no usen la IA y que vuelvan a la autenticidad y a la artesanía”. 

“El cine es una poderosísima herramienta política y cultural que puede convertirse como remedio contra muchísimas cosas. De hecho me parece que es la mejor ventana que existe a la experiencia humana”, sostiene. “Es lógico que los jóvenes miren al cine como un lugar que se salga de la norma y que encuentren en él un refugio colectivo donde evadirse y desarrollar comunidad”, concluye.

La última película que Natalia disfrutó en el cine fue Marty Supreme y cuenta que le encantó tanto que aunque durase casi 3 horas ni se le pasó por la cabeza mirar el móvil. Aunque a Noelia, lo que más le gusta del cine, cuenta, “es el concepto de compartir con la gente”. “En el cine no hay vecinos tocapelotas o molestias inesperadas, solo sois unos cuantos que os habéis reunido en un sitio porque os morís de ganas por ver esa película”.

Sergio, por ejemplo, disfrutó tanto de La estrella azul de Javier Macipe que no se despegó de la pantalla hasta los créditos: “Me negaba a que se acabase, me la habría vuelto a ver otra vez seguida”. Alonso vuelve al cine cada semana por lo que hace sentir apagar el móvil. “Siento un enorme alivio cuando lo apago, como si el ruido se cortara”. “El cine siempre será algo especial contra lo que las plataformas no podrán competir, tiene algo de sagrado, como un lugar de culto”, concluye.

Durante décadas, las grandes plataformas digitales han estado operando bajo un principio casi sagrado: lo que publican sus usuarios no es responsabilidad suya. La Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de Estados Unidos les otorgó un escudo legal que las blindaba frente a miles de demandas y convertía cualquier intento de atribuirles responsabilidad en un ejercicio jurídico destinado al fracaso. Ese escudo se está agrietando, y lo que está entrando por las grietas, además de un reproche moral, es una abultada factura.

En Los Ángeles, un jurado popular declaró esta semana a Meta —la matriz de Instagram y Facebook— y a YouTube —propiedad de Alphabet, la empresa madre de Google— responsables de negligencia por haber diseñado ambas plataformas de una manera que dañó la salud mental de una joven de veinte años. La indemnización fue de seis millones de dólares, repartidos entre daños compensatorios y punitivos, con Meta asumiendo el 70% de la responsabilidad y Google el 30%.

Una cifra modesta comparada con lo ocurrido unos días antes en Nuevo México, donde Meta fue condenada a pagar 375 millones por permitir que Instagram se convirtiera en un entorno propicio para la explotación sexual infantil y por engañar a los usuarios sobre la seguridad de sus aplicaciones. Snap y TikTok se libraron en el juicio de Los Ángeles gracias a que prefirieron llegar a acuerdos extrajudiciales con la demandante antes de que el jurado emitiera su veredicto. Nadie sabe cuánto pagaron por no ser señaladas en este caso, pero eso no las librará de ser acusadas en en otros procedimientos.

Lo que hace jurídicamente relevantes estos fallos es que no se basan en el contenido que circula por las plataformas sino en cómo están construidas. Los demandantes no están acusando a Meta o a Google de publicar algo ilegal. Las acusan de haber diseñado productos defectuosos: el scroll infinito que elimina cualquier punto natural de parada, las notificaciones de intervalo variable que imitan la lógica de una máquina tragaperras, los algoritmos que priorizan el contenido que más engancha aunque sea el más dañino. Eso no es contenido de terceros. Eso lo fabricaron ellas. Y ahí es exactamente donde la Sección 230 deja de protegerlas.

La norma, aprobada en 1996, cuando internet era todavía un espacio marginal y sus riesgos apenas se intuían, fue concebida para proteger a los proveedores de servicios digitales de la responsabilidad por lo que sus usuarios publicaran. Su lógica parecía razonable en aquel contexto: no tenía sentido hacer responsable a una plataforma de mensajería por los insultos que un usuario enviara a otro, del mismo modo que no se considera responsable a una empresa de telefonía por las conversaciones que se producen a través de sus líneas.

Pero las redes sociales del siglo XXI no son una infraestructura pasiva. Son sistemas activos de recomendación, ordenación y amplificación del contenido, diseñados con una intención precisa: mantener al usuario el mayor tiempo posible dentro de la plataforma. Y ese diseño, argumentan los demandantes con creciente éxito, es una decisión de ingeniería cuyas consecuencias dañinas sus autores deben asumir.

Los juristas recurren a la industria tabacalera para explicar el giro histórico que están protagonizando estos procesos. Al igual que ocurrió con las tabaqueras en los años noventa, lo determinante no está siendo solo el daño, sino la evidencia de que las empresas lo conocían. Documentos internos de Meta han demostrado que sus propios equipos sabían que los filtros de belleza de Instagram generaban dismorfia corporal en adolescentes, que sus algoritmos podían empujar hacia contenido relacionado con trastornos alimenticios, y que la empresa eligió priorizar el engagement sobre el bienestar. Sabían, callaron y siguieron optimizando. Ese es el patrón que en los años noventa arruinó a Philip Morris. Y ese es el patrón que los jurados de Los Ángeles y Santa Fe han empezado a penalizar.

La base científica que sustenta estas demandas no es especulativa. El cerebro reacciona a las redes sociales de forma parecida a como reacciona a las drogas. Recibir un “me gusta” libera dopamina —el neurotransmisor que el cerebro segrega cuando anticipa o recibe una recompensa— en sus zonas más instintivas.

Con el tiempo, el usuario desarrolla lo que los investigadores llaman una disociación entre el “querer” y el “gustar”, un deseo compulsivo de revisar la plataforma que no va acompañado de satisfacción real, o que incluso coexiste con una satisfacción decreciente. El usuario sigue abriendo la aplicación aunque sepa que no va a encontrar nada que le importe, del mismo modo que un fumador enciende un cigarrillo sin esperar ya ningún placer particular de él. Los adolescentes son especialmente vulnerables porque su corteza prefrontal —la región que regula el control de los impulsos— aún no está completamente desarrollada. No es una metáfora clínica. Es neurobiología con implicaciones jurídicas.

Los mecanismos concretos mediante los que las plataformas explotan esa vulnerabilidad están bien documentados. El scroll infinito, desarrollado por el diseñador Aza Raskin —que después se arrepentiría públicamente de haberlo inventado—, elimina los momentos naturales de pausa que en cualquier otra actividad actúan como señales de que ha llegado el momento de parar. "Es como si estuvieran tomando cocaína conductual", ha llegado a decir Raskin.

La reproducción automática de vídeos hace lo mismo en el terreno audiovisual. Las notificaciones de intervalo variable —que llegan de forma impredecible, como los premios de una tragaperras— generan un hábito de comprobación compulsiva que los psicólogos conductuales llevan décadas identificando como uno de los mecanismos de condicionamiento más potentes conocidos.

Y los algoritmos de recomendación, optimizados para maximizar el tiempo de uso, aprenden rápidamente que el contenido que genera más actividad neuronal es el que activa el sesgo de negatividad: la indignación, el miedo, la comparación social desfavorable. El contenido más rentable tiende a ser también el más tóxico, y los sistemas están diseñados para servirlo con precisión creciente.

La investigación ha empezado a documentar además cambios estructurales en el cerebro asociados al uso intensivo. Niveles más bajos de materia gris en ciertas áreas, alteraciones en los patrones de atención, mayor impulsividad. En adolescentes, cuyo sistema nervioso está todavía en formación, estos efectos pueden condicionar el desarrollo cognitivo de forma duradera. La correlación entre el uso excesivo de redes sociales y el aumento de la depresión, la ansiedad y las ideas suicidas en jóvenes está suficientemente documentada como para que ya no pueda descartarse como alarmismo de padres preocupados.

El problema central es que el diseño adictivo no es un efecto secundario del modelo sino su columna vertebral. Las redes sociales ofrecen sus servicios de forma gratuita porque su negocio no consiste en vender un producto al usuario sino en vender al usuario —su atención, sus datos, su comportamiento— a los anunciantes. En ese modelo, el tiempo que el usuario permanece en la plataforma es literalmente la unidad de medida de la rentabilidad. Cada scroll de más es un anuncio más, un dato de comportamiento más, una fracción de céntimo más. El usuario no es el cliente. Es la materia prima.

Investigaciones con universitarios estiman que, si los usuarios pudieran desactivar todas las funciones de diseño persuasivo, su tiempo de pantalla se reduciría una media del 37%, con casos individuales que llegan al 65%. Una reducción de ese calibre no sería un ajuste menor para estas empresas: sería un colapso de las métricas sobre las que se construyen sus valoraciones bursátiles y se justifican sus ingresos publicitarios. El mercado global de publicidad digital, que valía 350.000 millones de dólares en 2020, alcanzará este año los 768.000 millones, un crecimiento impulsado casi exclusivamente por el aumento del engagement. Sin adicción, no hay negocio a esta escala. Esa es la aritmética del modelo.

La diferencia con otros sectores que también pueden generar dependencia es reveladora. En un modelo de suscripción —Netflix, Spotify— la empresa es indiferente a la intensidad del uso siempre que el cliente renueve. Un abonado que apenas consume el servicio es tan rentable como uno que lo usa doce horas al día, y de hecho consume menos infraestructura. Una tabaquera puede ser indiferente a si el cliente fuma el cigarrillo o lo tira, siempre que lo compre. En las redes sociales, en cambio, el beneficio no se produce con la compra inicial del servicio —que es gratuita— sino con cada minuto adicional de uso. La adicción no es un riesgo colateral del modelo. Es el modelo.

Tristan Harris, exdiseñador de Google convertido en crítico del sector, lleva años argumentando que estas empresas no pueden reformarse significativamente desde dentro porque sus incentivos financieros están estructuralmente orientados a consumir el tiempo de ocio de las personas. La arquitectura de las plataformas, sostiene, no está diseñada para servir al usuario sino para servirlo a él como producto. Los veredictos judiciales de estos días parecen haberle dado la razón, al menos en los tribunales.

Lo ocurrido en Los Ángeles y Santa Fe es, en términos procesales, un ensayo general. El juicio californiano funciona como caso piloto para más de 1.500 demandas similares consolidadas en ese estado, y sus resultados orientarán el valor de miles de reclamaciones pendientes y la posibilidad de acuerdos globales. En junio comenzará en Oakland un juicio federal impulsado por distritos escolares contra Meta, ByteDance —la matriz de TikTok—, Snap y Google. En julio, otro proceso estatal en California involucrará a las cuatro grandes plataformas. En mayo, un juez de Nuevo México decidirá si impone a Meta cambios estructurales en la arquitectura de sus productos, como verificaciones de edad efectivas que hoy no existen o no funcionan con ninguna fiabilidad.

Meta y Google han confirmado que apelarán, y los expertos prevén que la disputa llegará al Tribunal Supremo, que tendrá que pronunciarse de forma definitiva sobre si las protecciones legales actuales cubren el diseño de algoritmos adictivos. Es una pregunta a la que la Sección 230, redactada treinta años antes de que existiera el scroll infinito, no puede responder.

La batalla, previsiblemente, se extenderá además hacia nuevas fronteras: Baltimore ha demandado a xAI, la empresa de Elon Musk, alegando que su chatbot Grok genera imágenes sexuales explícitas de menores, y más de 130 demandas apuntan ya contra la plataforma de videojuegos Roblox por reclamos similares de desprotección de la infancia. La teoría del "diseño defectuoso" está encontrando aplicaciones que sus impulsores iniciales apenas anticipaban.

Hay algo significativo en que sean jurados populares —no legisladores, no reguladores, no académicos— quienes estén forzando este punto de inflexión. El Congreso estadounidense lleva años intentando aprobar la Ley de Seguridad Infantil en Internet sin lograrlo, paralizado por el poder de lobbying de las plataformas, por la dificultad de alcanzar consensos en un sistema político fracturado y por la genuina complejidad de legislar sobre tecnologías que evolucionan más rápido que los ciclos parlamentarios. Doce ciudadanos reunidos en una sala de Los Ángeles han conseguido en días lo que la política no ha logrado en años: establecer, con fuerza de ley, que estas empresas conocían el daño que causaban y eligieron no actuar. Que la ignorancia, en este caso, no es una defensa.

Las plataformas llevan años presentándose como meros intermediarios neutrales, espacios donde las personas se expresan libremente y la empresa solo pone la infraestructura. Es una imagen que siempre tuvo más de relato corporativo que de descripción precisa, pero que funcionó durante tiempo suficiente como para construir sobre ella un muro legal casi impenetrable.

Los veredictos de estos días dicen que ese muro tiene fecha de caducidad. Que el scroll infinito, las notificaciones diseñadas para generar ansiedad y los algoritmos optimizados para maximizar el tiempo de pantalla son decisiones de ingeniería con consecuencias reales sobre personas reales, y que tienen autor, tienen destinatario y tienen precio. Son, simplemente, un producto. Y los productos defectuosos no son neutrales.

La deserción de ministerios, medios y universidades de plataformas estigmatizadas ha dejado un vacío que hoy ocupan la desinformación y el extremismo. Frente a la dictadura del algoritmo y la lentitud del Estado, es hora de que la sociedad civil recupere el espacio digital. 

Imaginen una inmensa plaza donde cualquiera puede dirigirse a cientos de miles de personas sin filtros, sin que un algoritmo comercial decida en la sombra quién escucha qué. Una plaza donde es posible compartir conocimiento, organizar comunidades y llegar a audiencias que hace tiempo dieron la espalda a los medios tradicionales. Esa plaza existe. Se llama Telegram. 

Ahora imaginen que en esa misma plaza las instituciones que deberían vertebrar nuestra sociedad —ministerios, universidades, grandes editoriales científicas, medios de referencia— han decidido no aparecer. No porque carezcan de medios, sino porque tienen miedo. Temen que su logotipo quede asociado a un rincón de internet con fama de oscuro, donde ciertamente anidan la piratería, el extremismo y la desinformación. Al desertar para proteger su reputación, dejan el terreno libre para que otros lo colonicen. 

Esta deserción no es una hipótesis pesimista. Es una realidad que la ciencia ya está cuantificando. 

En un estudio reciente desde la Universidad de Granada analizamos la presencia de las principales editoriales académicas en Telegram. Los resultados son demoledores: el 78% de los canales que operan bajo el nombre de gigantes como Elsevier, Springer o Nature son fraudulentos. Suplantan logotipos para ganar credibilidad, ofrecen artículos pirateados y prometen publicaciones exprés a cambio de dinero. Lo más revelador: ninguna de las trece editoriales analizadas se había molestado en abrir un canal oficial verificado para proteger su identidad y a sus usuarios. El vacío institucional no es neutral; es una invitación.

Ese caso es solo el síntoma de una patología mayor. Una investigación en curso, que sistematiza centenares de estudios científicos publicados en la última década sobre esta plataforma, está trazando el mapa completo de lo que ocurre cuando el Estado y el rigor académico abandonan la red. Lo que emerge es lo que podríamos llamar el círculo vicioso del estigma: Telegram arrastra una justificada fama de refugio de lo ilícito; esa fama genera aversión en las organizaciones legítimas; su retirada produce un inmenso vacío; y ese vacío lo fagocitan desinformadores, estafadores y extremistas cuya actividad confirma, a su vez, el estigma inicial. Un bucle que se retroalimenta y que nadie parece dispuesto a romper. 

La pandemia nos dejó el ejemplo más nítido de ese fracaso. Mientras los ministerios de sanidad arrastraban los pies para abrir canales oficiales, los movimientos antivacunas ya habían tejido una red continental perfectamente engrasada para inocular el miedo. En el periodismo ocurre algo similar: mientras los grandes medios vuelcan sus titulares con desgana, verificadores independientes y reporteros en zonas de conflicto han comprendido que Telegram es la mejor infraestructura para llegar a unas audiencias exhaustas de la televisión convencional. 

¿Cuál es la respuesta? No puede venir exclusivamente del algoritmo ni del Estado. El algoritmo de plataformas como X o TikTok solo busca retener nuestra atención para maximizar beneficios, premiando la indignación y la ira. El Estado se mueve con la lentitud burocrática del siglo XX frente a crisis que cambian a velocidad digital. Entre un Estado que a menudo no escucha y un algoritmo que no duda, el ser humano pierde centralidad. 

Es desde esta convicción desde la que nace ANEMOS —"aliento" en griego—, un espacio de la sociedad civil que reúne a ciudadanos e instituciones que entienden la democracia no como un procedimiento automático sino como una experiencia viva. ANEMOS parte de una tesis clara: ni el algoritmo ni el Estado pueden sustituir al ser humano. La tecnología debe estar al servicio de la dignidad; las instituciones, al del bien común. Y la verdad —sometida hoy a una presión sin precedentes— es el oxígeno sin el que no hay pensamiento autónomo, ni deliberación, ni democracia posible. 

Ocupar los espacios digitales que hemos abandonado es, exactamente, uno de esos compromisos. No para imponer una verdad oficial ni para censurar, sino simplemente para estar. Para ofrecer un contrapeso. Para demostrar que, incluso en los callejones más ruidosos de la red, es posible sostener una conversación pública basada en los hechos, el respeto y la dignidad. 

Nuestra inacción institucional no es una postura neutral. Es un subsidio implícito, un regalo invaluable a quienes no dudan en ocupar el espacio vacío para sus propios fines. Las universidades deberían reclamar su nombre en plataformas donde otros venden pseudociencia a su costa. Las asociaciones ciudadanas deberían abrir canales para quienes buscan pensamiento autónomo en medio de la saturación informativa. La ciencia ha hecho ya su trabajo: ha diagnosticado la enfermedad y cuantificado el daño. 

Ahora toca dar el siguiente paso. Ocupemos la plaza antes de que nos cierren las puertas. 

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Carlos Castro es profesor del Departamento de Información y Comunicación de la Universidad  de Granada y miembro de ANEMOS.

Un jurado de Los Ángeles ha declarado este miércoles culpables a Meta y Youtube de perjudicar la salud mental de menores en una histórica demanda sobre la adicción a las redes sociales y por la que tendrán que pagar una indemnización de 3 millones de dólares (unos 2.6 millones de euros).

El juicio comenzó a finales de enero en el Tribunal Superior de Los Ángeles con la demanda de una joven de 20 años que alegó que se volvió adicta a aplicaciones como Instagram y YouTube durante su infancia. Ambas plataformas deberán pagar 3 millones de dólares en concepto de indemnización por daños morales y otros perjuicios económicos. De acuerdo con la sentencia, Meta es responsable del 70% de dicho coste y YouTube del resto.

El jurado de este histórico juicio, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, seguirá deliberando para decidir qué daños punitivos adicionales deberán pagar las empresas por dolor o fraude.

El resultado de esta demanda representa una importante victoria contra dos gigantes tecnológicos y sienta las bases para la resolución de alrededor de 1.500 casos similares contra empresas de redes sociales.

La demanda de la joven, identificada como K.G.M., incluía a las herramientas TikTok y Snapchat, que lograron alcanzar un acuerdo en términos no revelados para evitar el primero de una serie de juicios históricos contra las plataformas de redes sociales.

Esta resolución se suma a la sentencia dictaminada ayer por un jurado de Nuevo México que también encontró culpable a Meta de ocultar información sobre deficiencias en sus plataformas y prácticas comerciales que facilitaban la explotación sexual infantil y fue condenado a una multa de 375 millones de dólares (324 millones de euros).

Estos litigios forman parte de una ola más amplia de casos que cuestionan las prácticas de la industria tecnológica y podrían sentar precedentes sobre los límites de responsabilidad de las redes sociales en EEUU.

Hubo un tiempo en que acceder a las noticias era un acto deliberado. Comprabas el periódico, encendías el telediario a una hora fija o tecleabas la dirección de un medio en el navegador. Elegías. Hoy, para la mayoría de los jóvenes de entre 18 y 24 años, ese gesto ha desaparecido casi por completo. Las noticias ya no se buscan: aparecen. O no aparecen. Y quien decide, en uno u otro caso, no es el lector ni el periodista. Es el algoritmo.

Lo documenta el informe Understanding Young News Audiences at a Time of Rapid Change que acaba de publicar el Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford. Un estudio que sintetiza más de una década de datos del Digital News Report —la encuesta más amplia sobre consumo informativo a escala global, que en 2025 abarcó 48 mercados— y retrata cómo la generación más joven de adultos no ha dejado de informarse, pero ha dejado de decidir cómo, cuándo y sobre qué se informa.

El cambio más visible es estadístico, pero su significado es estructural. En 2015, el 36% de los jóvenes de 18 a 24 años identificaba las páginas web y aplicaciones de medios como su principal fuente de noticias. En 2025, ese porcentaje ha caído al 24%. En paralelo, las redes sociales han pasado del 21% al 39%, convirtiéndose en la fuente predominante. Pero el dato más revelador no es ese salto, sino lo que implica: el acceso directo —teclear la URL de un medio, abrir su aplicación— ha caído al 14% entre los más jóvenes, frente al 28% de los mayores de 55 años.

Lo que los investigadores llaman el paso de un consumo online-first a un consumo social-first. Cuando alguien accede a las noticias a través de redes sociales, no está eligiendo leer sobre un tema concreto. Está navegando por un feed diseñado por una empresa privada para maximizar el tiempo de permanencia, y las noticias aparecen —o no— en función de esa lógica, no de la relevancia periodística ni del interés ciudadano.

El informe describe cómo los jóvenes consumen noticias “de manera menos intencional y más incidental”. Llegan a la información porque estaban en la plataforma por otra razón —entretenimiento, contacto social, ocio— y las noticias se cruzan en su camino. O no se cruzan. Eso también lo decide el algoritmo.

En cualquier caso, señala el informe, sería un error interpretar estos datos como que los jóvenes viven al margen de la realidad. El 60% de los ciudadanos de 18 a 24 años declara sentirse “siempre conectado a internet”, frente al 40% de los mayores de 55. Consumen enormes cantidades de contenido digital, en formatos y plataformas múltiples. El problema no es la desconexión, sino la fragmentación y, sobre todo, la pérdida de la capacidad de una persona de decidir activamente qué noticias consume, qué medios consulta, qué temas sigue, cuándo y cómo se informa.

El consumo diario de noticias entre los jóvenes ha caído 15 puntos porcentuales desde 2017, hasta situarse en el 64% en 2025. Entre los mayores de 55 años, la caída es de apenas 5 puntos, hasta el 87%. La brecha se agranda. Y la explicación no es que los jóvenes sean más apáticos o más ignorantes: es que el modelo de acceso incidental a través del scroll, estructuralmente, produce menos exposición sostenida a la actualidad que el hábito deliberado de consultar un medio.

Además, el informe detecta que solo el 35% de los jóvenes declara estar “muy” o “extremadamente” interesado en las noticias, frente al 52% de los mayores de 55. Pero aquí también hay matices importantes: el interés existe, solo que se orienta de forma diferente. Los jóvenes prefieren noticias locales, internacionales, de ciencia, de entretenimiento o de bienestar mental antes que de política. Aparentemente, el desinterés no es por la realidad, sino por el modo en que la prensa tradicional la empaqueta.

En 2025 había seis redes sociales distintas que más del 10% de la población encuestada declaraba usar semanalmente como fuente de noticias, según el informe. Hace una década, solo eran dos. Eso significa que el ecosistema se ha fragmentado. Y los jóvenes lo habitan con mayor intensidad que cualquier otro grupo: usan una media de 4,6 plataformas semanales frente a las 3,4 de los mayores de 55 años.

Pero esa diversidad tiene su reverso. Ninguna de esas plataformas tiene como misión fundamental informar a la ciudadanía. Sus algoritmos están diseñados para retener atención y generar interacción, no para garantizar que los usuarios reciban información relevante, verificada o plural. El resultado es una arquitectura de distribución noticiosa que los medios no controlan y que los usuarios no perciben como tal.

El desplazamiento dentro de las propias redes sociales también es significativo. Facebook, que en 2014 era usada para noticias por el 47% de los jóvenes, ha caído al 16% en 2025. En su lugar han emergido Instagram (30%), YouTube (23%) y TikTok (22%). Son plataformas esencialmente audiovisuales, donde el contenido efímero, la brevedad y el impacto emocional inmediato marcan las reglas. No está diseñado para contextualizar ni para dar continuidad a la cobertura de temas complejos.

Según el informe, las plataformas que más han crecido entre los jóvenes de 18 a 24 años para el consumo de noticias son tres, y el crecimiento se mide comparando 2014 con 2025:

TikTok es el caso más llamativo, sencillamente porque partía de cero. En 2014 su uso para noticias entre jóvenes era del 0% (la plataforma prácticamente no existía). En 2025 ha llegado al 22%. Además, si se mide el uso general —no solo para noticias— casi la mitad de los jóvenes, el 47%, la usa semanalmente. Instagram ha pasado del 4% en 2014 al 30% en 2025. Es el crecimiento más grande en términos absolutos entre las plataformas ya existentes, y se ha convertido en la red social más usada para noticias entre los jóvenes, por encima de todas las demás. Y YouTube ha pasado del 20% al 23%. El crecimiento es más modesto en comparación, pero el informe destaca que es la única plataforma que crece en todos los grupos de edad, incluidos los mayores de 55 años, lo que la convierte en un caso especial.

El informe es directo al señalar las consecuencias para el periodismo: “Los jóvenes sin un sentido de lealtad hacia determinadas marcas son mucho menos propensos a pagar por su contenido” y “el consumo social-first es más vulnerable a las decisiones de las empresas tecnológicas, cuyas elecciones pueden cambiar el destino de los medios que dependen de ellas”. No es solo un problema editorial. Es un problema de sostenibilidad económica del periodismo de calidad.

Hay otro fenómeno que el informe documenta con claridad y que agrava el diagnóstico: en las redes sociales, los jóvenes no consumen noticias de medios, las consumen de personas. El 51% de los usuarios jóvenes de redes sociales declara prestar más atención a creadores individuales o personalidades que a medios o periodistas tradicionales. Entre los mayores de 55 años, la proporción se invierte: el 46% presta más atención a los medios.

La arquitectura algorítmica favorece a las personas sobre las instituciones. Ya no es necesariamente relevante la praxis profesional porque TikTok, YouTube o Instagram premian la autenticidad percibida, la cercanía y la constancia de publicación. No el rigor. Los medios tradicionales, los que sí cumplen con las reglas de verificación del periodismo profesional, tienen más dificultades para competir en ese terreno.

Y cuando los medios sí consiguen audiencia a través de un periodista con perfil propio en redes, asumen un riesgo nuevo que el informe ilustra con un ejemplo elocuente: el periodista Dave Jorgenson construyó el canal de TikTok de The Washington Post hasta convertirlo en uno de los más exitosos del sector. Cuando abandonó el medio en 2025 para crear su propia empresa, se llevó consigo a una gran parte de esa audiencia. El algoritmo había premiado a la persona, no a la institución.

La investigación del Reuters Institute no se limita al análisis del mercado informativo. Subraya reiteradamente la dimensión democrática del problema. “El consumo de noticias aumenta la participación política, mejora el conocimiento de la actualidad y mejora la resiliencia frente a la desinformación”, recuerda el informe, citando múltiples estudios. El problema no es solo que los jóvenes lean menos noticias en papel o visiten menos webs de medios. Es que el modelo de consumo incidental, algorítmicamente gestionado, no produce la misma nutrición cívica que el consumo deliberado.

Cuando las noticias llegan porque el algoritmo las inserta en un feed de entretenimiento, el procesamiento cognitivo es distinto. No hay elección, no hay contexto, frecuentemente no hay recuerdo de la fuente. El informe documenta que los usuarios que acceden a las noticias de forma incidental a través de redes sociales “son menos propensos a recordar la marca informativa que las proporcionó”, lo que debilita la conexión directa con los medios y, con ella, la posibilidad de establecer una relación de confianza y seguimiento sostenidos.

Los jóvenes no están, por tanto, simplemente consumiendo las noticias de otra manera. Están consumiéndolas en un entorno donde las reglas de selección, prominencia y repetición las fija un sistema de inteligencia artificial cuyo objetivo es la retención, no la información. Y eso tiene consecuencias sobre qué temas importan, cuáles desaparecen, qué voces se amplifican y cuáles quedan silenciadas.

Con todo, el informe del Reuters Institute trata de huir de la resignación. Documenta también iniciativas que intentan revertir, al menos parcialmente, esta tendencia: medios de origen australiano como The Daily Aus que producen noticias breves, sin jerga y diseñadas específicamente para redes sociales; medios holandeses como Spilnews que hacen periodismo para jóvenes dirigido por jóvenes; plataformas latinoamericanas que combinan entretenimiento e información con gran éxito entre audiencias menores de 30 años.

Lo que todas estas iniciativas tienen en común es que no esperan que los jóvenes vuelvan a los medios tradicionales: van donde los jóvenes están, con formatos que encajan en sus hábitos de consumo y con contenidos que responden a sus preguntas reales. No es rendirse al algoritmo: es aprender a competir en el terreno que el algoritmo ha creado.

Porque el diagnóstico del informe es claro: “Hay pocas razones para esperar que los jóvenes adopten hábitos informativos que, a diferencia de las generaciones anteriores, nunca han tenido". El hábito de elegir las noticias, de construir una dieta informativa propia, deliberada y diversa, es algo que esta generación nunca conoció. Y recuperarlo, si es que aún es posible, requerirá algo más que buenos artículos. Requerirá repensar, desde sus cimientos, cómo el periodismo llega a quienes más lo necesitan.

La familia del presunto agresor de Miguel Ángel Llamas, cabeza de lista de Podemos en las elecciones de Castilla y León, ha denunciado la difusión de la imagen del mismo a través de las redes sin consentimiento, pide respeto y explica que tiene un grado de discapacidad y dependencia reconocidos.

"Pedimos respeto por nuestro familiar y lamentamos la difusión, sin su consentimiento, de fotografías en las que se le identifican y que han sido ampliamente difundidas por conocidos representantes políticos de nuestro país", señala un comunicado remitido este domingo a los medios de información.

La presunta agresión por la que se le acusa, ocurrida este pasado sábado junto a la caseta electoral de Podemos en una céntrica dalle de Valladolid, "bajo ningún concepto podría ser por motivos o tintes ideológicos como quiso hacer ver el candidato de Podemos, el motivo es muy sencillo: su madurez mental", añade la nota que firma Mariví, hermana del denunciado.

"Esa discapacidad que tiene reconocida corresponde a la de un niño de seis años, y muy difícilmente ha podido identificar a Miguel Ángel Llamas y lo que esta persona encarna y representa", añade la familia de la persona que rompió un cristal de la caseta de Podemos mientras el candidato se encontraba dentro junto a su hijo de tres años, durante la jornada de reflexión, para recoger enseres propios.

Miguel Ángel Llamas salió de la caseta y se encontró con esta persona a la que fotografió y cuya imagen difundió a través de una red social junto a restos de los cristales rotos, antes de interponer una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional situada en el barrio de Las Delicias.

"Rogamos respeto y que sea la justicia la que determine qué pasó", concluye el comunicado de la familia que a su vez ha denunciado ante la Policía Nacional la difusión no consentida de la imagen del presunto agresor.

Todos estos hechos, concluye el comunicado, "están denunciados ante la Policía Nacional" y "tras la amplia difusión de su fotografía nuestro familiar tiene miedo de salir a la calle y de posibles represalias; por ello, rogamos que dejen de difundir su imagen", ha pedido.

En declaraciones a EFE, la hermana del presunto agresor ha explicado que se enteró de los sucedido por un familiar que había visto la imagen difundida en la red social X.

"Le está haciendo muchísimo daño porque no sabe gestionar estos temas, es una persona vulnerable; se han ensañado con él y no lo podemos consentir", ha agregado Mariví antes de informar que puso la denuncia este pasado sábado por la tarde.

Por su parte, el cabeza de lista de Podemos, Miguel Ángel Llamas, no ha querido valorar el comunicado emitido por los familiares, tampoco la denuncia interpuesta, y se ha remitido a la actuación policial.

"No quiero polemizar con nadie. La denuncia la formalicé en la comisaría de policía en Valladolid en el día de ayer. No quiero insistir en ello. Fue una situación muy dolorosa y que la policía haga su trabajo. No voy a hacer más declaraciones", ha respondido a los periodista este domingo en Zamora, a la salida del colegio electoral donde ha depositado su voto.

Y más allá: en estas dos últimas semanas hemos sabido que Irene Montero ha denunciado ante la Policía Nacional que ha recibido amenazas de muerte por parte de una organización de extrema derecha considerada terrorista por el FBI, que Rita Maestre está siendo acosada en su casa desde marzo del año pasado y que dos hombres han sido detenidos por amenazar de muerte a Ione Belarra a través de redes sociales. 

Sin restar gravedad a la violencia verbal, no se sabe cuándo estas palabras pueden pasar a los hechos. Ni quién será la próxima. La pregunta que estos matones misóginos quieren provocar es: ¿vale la pena? Yo pensaría que claro que no y, sin embargo, ellas siguen ahí. Y sí da miedo. ¿Hay que abandonar ciertos espacios? 

Hace unos días, vi una serie nórdica, se titula Un hombre mejor. Cuenta la historia de Tom, un trol machista y solitario que detrás de un seudónimo pasa la vida acosando a mujeres a través de redes sociales. La serie arranca con una voz que dice: “La agenda del feminismo radical aquí está ligada a tal nivel de prestigio que el precio se oculta a toda costa. El hombre escandinavo está deprimido, les quitan a sus hijos, satura las cárceles y las estadísticas de suicidio. Noruega ama la fragilidad y odia a los hombres auténticos. ¿Y quién ha provocado ese desastre? El feminismo estatal. El poder vaginal de Noruega avergüenza a los triunfadores y hace creer a los ciudadanos más incompetentes que son perfectos solo por intentarlo”. Me resuena. Una noche, escribe unas amenazas de violación contra una cómica feminista. Unos hackers revelan su identidad y empieza la trama de esta miniserie que les recomiendo ver. 

Más de la mitad de los hombres españoles de 15 a 29 años ven el feminismo como una herramienta de manipulación política y en el caso de las mujeres roza el 39%, según el barómetro de Fad Juventud. España lidera en Europa la percepción de que la igualdad discrimina a los hombres: lo cree el 49% de la población. “Me echaría antes una pareja de 200 kilos que no sea feminista que al mayor modelo de Victoria’s Secret que sí lo sea”, dice un usuario de Tik Tok. Cuánta misoginia puede contener una sola frase. 

Lo que no puede ser es que el mismo dedo que señala al feminismo como un movimiento agresivo se olvide casi siempre de apuntar hacia el daño que ha hecho y hace la violencia de género: 1.354 mujeres muertas desde que empezaron a registrarse las cifras en el año 2003. Once mujeres asesinadas en lo que va de año, el doble que en 2025. Eso sí me parece agresivo, eso sí me parece radical. Se pide al feminismo que rebaje sus formas mientras no se hace nada para que la violencia que se extinga. Es la misma reacción por la que se castiga a la persona que denuncia. 

Del troleo en redes a la agresión física. De la falta de educación y debate a que llamen a la puerta de tu casa en plena noche mientras tus hijos duermen. De los insultos machistas y la revelación de datos personales a la persecución callejera. ¿Funcionará esa herramienta llamada Hodio que se ha presentado esta semana para monitorear la toxicidad y violencia en las redes sociales? Lo que no acabo de entender es qué hacen los gobiernos alimentando las mismas redes que van a vigilar, los espacios donde se produce esa violencia. Quizá no debería ser un canal de comunicación institucional y quizá tampoco debieron entender el “zasca”, una onomatopeya para el golpe brusco, como lenguaje político.

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en Toledo y Xirivella (Valencia) como presuntos autores de las amenazas y el ciberacoso que denunció sufrir en su cuenta de Instagram la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

Fuentes policiales han indicado a EFE que ambos arrestados son españoles. El detenido en Toledo tiene 49 años y cuenta con antecedentes policiales; el de Xirivella tiene 30 años y no tenía detenciones previas.

Ambos arrestos, practicados en el mes de febrero, se enmarcan en la investigación que seguían agentes especializados en ciberamenazas destinados en la Brigada Provincial de Información de Madrid.

Uno de los investigados habría remitido más de 300 mensajes con contenido vejatorio, así como mensajes con carácter intimidatorio y amenazante a la parlamentaria, hechos que motivaron su denuncia y la apertura de diligencias para esclarecer su origen.

La investigación permitió identificar a los presuntos autores y proceder a su detención en ambas provincias, con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Toledo de Valencia, y con la Brigada Local de Información de la Comisaría Local de Xirivella.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de HODIO, una herramienta para rastrear la huella de los discursos de odio y la polarización en redes sociales y exigir a los responsables de las plataformas digitales que rindan cuentas por su permisividad con estos contenidos.

Esta herramienta permitirá medir la presencia, evolución y el alcance de estos mensajes en redes y sus resultados serán expuestos públicamente "para que todo el mundo sepa" quién frena estos contenidos, quién "mira hacia otro lado" y quién "hace negocio con ello".

El jefe del Ejecutivo ha anunciado el lanzamiento de esta herramienta durante la inauguración del Foro contra el Odio en Madrid, que reúne a expertos, plataformas y personas afectadas para debatir sobre la proliferación de mensajes discriminatorios en redes sociales.

Sánchez ha explicado que esta nueva herramienta será transparente y rigurosa, estará basada en criterios académicos reconocidos y combinará análisis cuantitativo y revisión experta para garantizar precisión y representatividad.

Ha destacado la importancia de comenzar a hablar de la "huella del odio", al igual que se discute sobre la "huella de carbono" para impedir el impacto social y democrático que estos mensajes están generando en la convivencia.

En los últimos años, el traslado de youtubers e influencers españoles al Principado de Andorra ha generado un debate tan intenso como polarizado. A menudo presentado como una “fuga fiscal”, este fenómeno ha puesto sobre la mesa cuestiones mucho más profundas que la simple comparación entre tipos impositivos.

En realidad, el caso de los creadores de contenido digital evidencia los límites de un sistema fiscal construido sobre categorías del siglo XX y aplicado a profesiones que operan en un entorno global, digitalizado y radicalmente diferente.

¿Hasta qué punto la fiscalidad tradicional es capaz de dar respuesta a estos nuevos modelos de negocio? El convenio para evitar la doble imposición entre España y Andorra introduce matices que a menudo pasan desapercibidos en el debate público.

La idea central es clara: la residencia fiscal es un elemento necesario, pero no suficiente. Para entender dónde deben tributar realmente los youtubers, hay que preguntarse dónde se realiza la actividad artística y dónde se encuentra la audiencia que genera valor económico.

Aunque en el relato mediático Andorra aparece a menudo como un paraíso fiscal, jurídicamente no lo es. Desde 2011, cuando entró en vigor el acuerdo de intercambio de información fiscal con España, el Principado dejó de ser considerado una jurisdicción no cooperativa, es decir, un país que no comparte información de carácter tributario o que no colabora con otros Estados. En 2015, con la firma del Convenio para evitar la doble imposición, esta integración se hizo aún más profunda.

Esto implica que España y Andorra intercambian información fiscal de manera regular. Por tanto, el simple hecho de trasladarse allí no garantiza inmunidad tributaria y la clave pasa a ser determinar dónde se genera realmente la renta.

El punto de partida es determinar la naturaleza jurídica de su actividad. Tanto la normativa española como la andorrana coinciden en considerar que los creadores de contenido generan rendimientos de actividades económicas, ya que movilizan medios propios –equipo, tiempo, habilidades y, sobre todo, imagen personal– para producir un servicio. Ahora bien, ¿pueden considerarse artistas?

Según el modelo de convenio de la OCDE, la categoría “artista” incluye actores, músicos, deportistas y cualquier profesional que participe en espectáculos que generen entretenimiento. También pueden incluirse perfiles que actúan en anuncios o programas televisivos.

De acuerdo con esta interpretación amplia, los youtubers e influencers pueden perfectamente encajar dentro del concepto de artista. ¿Por qué? Porque basan su actividad en su propia imagen; generan espectáculo, entretenimiento o narrativa personal. Además, monetizan su notoriedad de manera directa o indirecta. Y, por último, obtienen publicidad y contratos derivados de su popularidad.

Si se admite esta consideración, las consecuencias fiscales son muy significativas, como demuestran estudios recientes.

El convenio entre España y Andorra establece, en su artículo 16, que los artistas y deportistas pueden ser gravados por el país donde ejercen su actividad, aunque sean residentes fiscales en otro Estado. Eso significa que si un creador de contenido es residente en Andorra pero ejerce su actividad artística en España, España puede gravar las rentas generadas en este territorio.

Este punto desmonta parcialmente la percepción de que trasladarse a Andorra implica automáticamente “dejar de tener que pagar impuestos en España”.

En la economía digital, el creador de contenidos no actúa en un escenario físico. El escenario es la pantalla del consumidor. Por eso, el lugar donde se realiza la actividad no puede identificarse únicamente con la ubicación física del youtuber, sino con la localización del público que da sentido y valor económico al contenido.

Esto implica que, si se da alguna de las siguientes condiciones, existe un argumento sólido para concluir que la actividad artística se está ejerciendo principalmente en España, aunque la persona viva físicamente en Andorra:

Incluso si un creador de contenido cumple formalmente los requisitos para ser residente fiscal en Andorra (183 días, centro de intereses económicos, etc.), eso no tiene por qué impedir que España pueda exigir impuestos sobre las rentas generadas en su territorio, según el Convenio suscrito entre ambos Estados.

La clave está en distinguir que la residencia fiscal determina qué país grava la renta mundial. Pero también que el lugar de realización de la actividad artística determina qué país puede establecer una imposición sobre esas rentas concretas.

En un entorno digital, el segundo criterio gana protagonismo y obliga a reinterpretar conceptos clásicos como “territorialidad” o “fuente de la renta”.

En el caso de los youtubers e influencers, plataformas como YouTube o Twitch facilitan datos detallados sobre la procedencia geográfica de las visualizaciones, lo que permitiría a la Administración acreditar el origen territorial del valor generado.

El caso de los creadores de contenido digital revela que la fiscalidad del siglo XX no puede gestionar de manera eficiente las profesiones del siglo XXI, siendo necesario entender mejor el contexto y las características de la actividad digital.

Los youtubers pueden ser considerados artistas, con consecuencias fiscales específicas. Además, la residencia en Andorra no tiene por qué impedir que España grave rentas generadas por actividades ejercidas (material o virtualmente) en su territorio.

La audiencia, como hemos visto, es un indicador central para determinar dónde se realiza la actividad artística: la lengua, los referentes culturales, la localización percibida del contenido y la notoriedad mediática en un país refuerzan este criterio. Todos ellos son elementos clave en la determinación de la soberanía fiscal de un Estado concreto. De hecho, las plataformas proporcionan datos empíricos que pueden fundamentar esta atribución territorial.

Adoptar una interpretación funcional del convenio de tributación entre Andorra y España evita la desconexión entre la realidad económica y la realidad fiscal.

En definitiva, la fiscalidad de los creadores de contenido digital no es solo un debate sobre dónde tributan los youtubers, sino sobre cómo los Estados pueden adaptarse a una economía sin fronteras físicas pero con impactos económicos territorializados. El criterio de la audiencia puede convertirse en el puente conceptual necesario entre estos dos mundos.

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Antoni Bergas Forteza es profesor de Derecho Financiero y Tributario, Universitat de les Illes Balears. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

El malestar social no surge de repente; se acumula gota a gota. Cuando el cercanías llega tarde otra vez, cuando a fin de mes apenas quedan unos euros, cuando para conseguir una cita médica hay que esperar semanas, o cuando trabajar no deja margen para proyectar una vida digna. Pero no es solo algo personal. Muchas personas viven experiencias parecidas. Compartimos frustraciones y obstáculos, y reconocerlo como algo colectivo ayuda a entender que nuestras dificultades no son fallos individuales, sino consecuencias de estructuras sociales, económicas y culturales.

Gran parte de ese malestar circula y se amplifica en entornos digitales: redes sociales, plataformas y aplicaciones que conectan experiencias, pero también influyen en cómo se perciben y se sienten.

Imponer agenda siempre ha dependido de tres elementos: recursos económicos, conocimiento técnico y redes de influencia. Eso no es nuevo; lo que ha cambiado con las redes sociales es la velocidad y el alcance con que el malestar se transmite. Las plataformas digitales multiplican y distribuyen nuestras emociones en cuestión de segundos. Pueden ofrecer explicaciones simplificadas, relatos emocionales o narrativas polarizantes que condicionan cómo vemos y sentimos la realidad.

La conversación pública ya no se construye únicamente en instituciones democráticas ni en medios de comunicación —que nunca fueron completamente públicos—, sino en plataformas privadas gestionadas por intereses comerciales que priorizan la atención, la viralidad y el beneficio.

Hablar de las redes siempre nos lleva a otra cuestión: el poder nunca ha sido neutral ni plenamente democrático, tampoco en la revolución digital. Por entonces, se difundió la idea del emprendedor hecho a sí mismo, que desde un garaje transformaba el mundo gracias a su talento, sin necesidad del Estado. La realidad es muy distinta. El sector tecnológico ha estado históricamente dominado por hombres blancos,  mayoritariamente heterosexuales y formados en universidades de élite. Las plataformas digitales son un espacio más donde operan las mismas dinámicas de poder que han marcado la historia durante siglos. No es casualidad: desde los orígenes de Silicon Valley, algunos ideólogos del sector, como George Gilder, alertaban contra lo que llamaban el “afeminamiento” del mundo tecnológico, promoviendo un discurso abierto al desprecio hacia la diversidad y a la exclusión de mujeres y minorías. Hoy esa lógica persiste: Meta abandona programas de diversidad, Twitter se rebautiza como X y se impulsa un discurso contra la “cultura woke”. 

Algunos lo llaman tecnofascismo o tecnofeudalismo, pero quizá el término más adecuado sea tecnocapitalismo: empresarios que buscan enriquecerse a costa de todo, aprovechando la mano de obra gratuita y la atención de millones de usuarios. No hablamos de señores feudales medievales, sino de ricos queriendo ser más ricos.

Atribuir todos los males al entorno digital sería simplificar demasiado. No se trata de demonizar las plataformas, sino de reconocer que no las gobernamos colectivamente, y que su influencia depende de quién controla lo que vemos y leemos. Al igual que en el siglo XIX la fábrica era un campo de disputa política, nunca neutral, hoy el entorno digital funciona de manera similar. En aquel tiempo, el patrón imponía las reglas y podía despedir a quien quisiera si se alzaba la voz; hoy, las plataformas concentran poder y beneficio privado, y seguimos jugando en desventaja: no decidimos las reglas del juego y los algoritmos no los controlamos nosotros, aunque determinen cómo percibimos, compartimos y sentimos la información.

Por eso, la batalla no se gana ignorando la tecnología, sino democratizándola. Eso implica exigir transparencia, regulación, protección de derechos digitales y modelos alternativos que no dependan únicamente del lucro. Gobernar la esfera digital significa convertirla en una herramienta de información, educación y debate democrático, y no en un instrumento de acumulación privada o manipulación emocional. Entre las medidas concretas están la responsabilidad fiscal de las grandes corporaciones, normas claras sobre contenido y diversidad, y estrategias de participación ciudadana que permitan disputar la narrativa dominante.

El malestar existe y siempre existirá. Lo decisivo no es su existencia, sino quién lo cuenta y cómo lo interpreta. Construir sentido común es, al final, una cuestión de poder: quien narra la experiencia compartida define el rumbo político de la sociedad. La pregunta no es si las redes son buenas o malas; el problema es que hoy no las gobernamos nosotros. El futuro digital dependerá de nuestra capacidad colectiva para disputar esa narrativa y poner la tecnología al servicio del bien común.

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Ángel Muelas es codirector de ‘Ideas en Guerra’.

Cada vez más, las redes sociales cuentan con herramientas algorítmicas que personalizan el contenido que se muestra al usuario, algo que tiene incidencia más allá de las nuevas formas de consumo. “Se sospecha ampliamente que los algoritmos de feed influyen en las actitudes políticas”. Así comienza el estudio de la revista Nature elaborado por un equipo de expertos que constata que “el algoritmo de X promueve contenido conservador y degrada las publicaciones de los medios tradicionales”. 

Esto es algo que se venía sospechando desde hace tiempo. Las redes sociales han cambiado nuestra forma de consumir y digerir información y contenido. En España, más de una cuarta parte de la ciudadanía utiliza las redes como su principal fuente de información, según el último informe de la Universidad de Navarra Digital News Report. X, Instagram y TikTok se han convertido en los canales informativos más consultados por la ciudadanía en detrimento de los medios tradicionales.

La red social X (antes conocida como Twitter hasta la compra de Elon Musk en 2022), pese a haber perdido volumen de negocio en los últimos años, aún se mantiene como una de las redes sociales más populares con más de 550 millones de usuarios. Desde la llegada del magnate norteamericano a la compañía, la aplicación ha sufrido varias transformaciones siempre bajo la sospecha de que su adquisición traía consigo intenciones políticas. 

Uno de estos cambios se dio al introducir el feed “para ti” en enero de 2023 como alternativa al de “siguiendo”. Este cambio, inspirado en la plataforma TikTok, aparentemente, solo servía para personalizar el contenido que muestra la aplicación con el fin de conseguir mayor retención entre los usuarios. 

La diferencia entre ambas ventanas es simple: mientras “siguiendo” solo muestra el contenido de las cuentas que sigue el usuario en orden cronológico, “para ti” (también conocida como ‘For You Page’) muestra además publicaciones de cuentas que el usuario no sigue, priorizando unas y ocultando otras. Es decir, mientras antes elegíamos nosotros el contenido en función de las cuentas que seguíamos, ahora delegamos ese proceso en una herramienta.

Pero, ¿quién elige qué enseña este feed personalizado? La respuesta es aparentemente sencilla: el algoritmo. Según el estudio, este algoritmo “modifica sustancialmente la actitud del usuario hacia la actualidad política”, lo que suele derivar en posiciones conservadoras. Noticias falsas, desinformación, clickbait… Muchas de estas tendencias son recomendadas por el algoritmo ya que generan una interacción mayor de los usuarios, algo que, según el estudio “preocupa a intelectuales y académicos públicos”. 

Además, la “activación” o “desactivación” del algoritmo es tan fácil como deslizar la pantalla de un lado a otro, algo que, en muchas ocasiones se realiza de manera completamente involuntaria. Según los expertos, el consumo de este contenido ha derivado en la creación de lo que denominan como “burbujas de filtro”, con contenido cada vez más polarizado. Estas burbujas se refieren al aislamiento intelectual y el sesgo informativo provocado por los algoritmos de redes sociales y buscadores. 

El estudio se realizó en 2023 con una muestra de 4.965 usuarios estadounidenses activos de X. Durante 7 semanas, los expertos midieron “las actitudes políticas y el comportamiento en línea” de los usuarios. Los autores asignaron aleatoriamente a estos un feed algorítmico o cronológico con el fin de observar los cambios significativos al pasar de uno a otro.

Tras esto, los expertos comprobaron una tendencia clara a posiciones políticas más conservadoras en los usuarios que usaron la ventana “para ti”, sobre todo en tres aspectos: “Particularmente con respecto a las prioridades políticas, las percepciones de las investigaciones criminales sobre Donald Trump y las opiniones sobre la guerra en Ucrania”, asegura el estudio.

Tras la continua exposición a este tipo de contenido sesgado, los usuarios son llevados de manera indirecta a “seguir cuentas de activistas políticos conservadores”. Estos efectos, además, se vuelven persistentes y las actitudes “continúan incluso después de desactivar el algoritmo”. Por lo tanto, esta ventana algorítmica no solo hace que el usuario varíe sus posiciones políticas hacia la derecha, sino que se mantenga fiel a ese contenido. 

A ‘X’ esto le sale, además, muy rentable. La interacción de los usuarios con la plataforma (likes, comentarios o retuits) también aumentó de forma considerable entre aquellos que utilizaron el feed algorítmico. De hecho, estos interactuaron entre un 12%-15% más que los que usaron el cronológico, lo que se traduce en mayor retención del usuario y, por lo tanto, mayor beneficio económico para la plataforma.

La “asimetría” de resultados entre los que usaron una ventana y otra demuestra los efectos políticos que conlleva el algoritmo. El estudio reconoce que, cuando sucede al contrario, es decir, al “cambiar del feed algorítmico al cronológico”, no se perciben efectos comparables. La ventana algorítmica cambia a quién escuchas, altera los marcos de opinión y reorganiza el ecosistema informativo.

Para Walter Quattrociocchi, catedrático de Informática y director del Laboratorio de Ciencias de datos y Complejidad de la Universidad de Roma La Sapienza (Italia), este estudio “representa uno de los experimentos de campo independientes más rigurosos sobre feeds algorítmicos realizados hasta la fecha”. El algoritmo ha aprendido que lo que más atrae a los usuarios es lo radical, no lo moderado. Por eso, el experto de La Sapienza asegura que la clave está en “la dinámica de la plataforma y los modelos de negocio”. “Los sistemas algorítmicos se optimizan para la atención y la interacción, no para los resultados políticos”, concluye. 

Elon Musk ha hecho de la tecnología un imperio que busca influir en la política nacional e internacional de EEUU. De hecho, jugó un rol fundamental para la segunda legislatura de Donald Trump tras donar unos 200 millones de dólares para su campaña electoral y consolidarse como uno de sus principales apoyos públicos. “Sin mí, Trump habría perdido las elecciones y los demócratas controlarían la Cámara de Representantes”, llegó a reconocer Musk en uno de sus mensajes en ‘X’.

En agradecimiento, a finales de 2024, Trump puso a Musk al frente del Departamento de Eficacia Gubernamental con el fin de “desmantelar la burocracia, reducir el exceso de regulaciones, los gastos innecesarios y reestructurar las agencias federales” para “salvar a Estados Unidos”, aseguró el presidente en un comunicado en su red social Truth Social. La relación del magnate tecnológico y el poder político —es decir, con la Casa Blanca—, pese a sus desavenencias, siempre ha sido estrecha.

Twitter pasó a manos de Elon Musk en octubre de 2022 por unos 44.000 millones de dólares para convertir la red social en un púlpito para la extrema derecha. En principio, Musk compró la red social, entre otros planes estratégicos y políticos, para acabar con lo que él mismo denomina como “el virus woke”. Ahora, solo hay que echar un vistazo a su perfil de X para ver qué clase de mensaje quiere que tenga cada vez más calado en la sociedad.

Sus seguidores en X desde la compra se han duplicado. Y es que Elon Musk ya no solo es el hombre más rico del mundo, sino que ha pasado a convertirse en un referente ideológico para la extrema derecha. En un estudio, que llevó a cabo Associated Press en colaboración con Bright Data y en el que se recopilaron más de 20.000 publicaciones de ‘X’, se reveló que durante estos últimos años la cuenta de Elon Musk (@elonmusk) había servido para amplificar un discurso ideológico conservador y como empuje para cuentas de políticos y activistas de extrema derecha.

En la lista de beneficiados por Musk se encuentran personalidades como Tommy Robinson, condenado a prisión por realizar declaraciones difamatorias sobre un refugiado sirio; Bjoërn Hocke, dirigente del partido ultraderechista alemán Alternativa por Alemania (AfD); Matteo Salvini; Alice Weidel; o Eva Vlaardingerbroek. También españoles como Rubén Pulido y el colectivo Foro Madrid, ambos vinculados a Vox. Se estima que, en total, “estas cuentas sumaron cerca de cinco millones de nuevos seguidores desde que Musk asumió el control de la red social hasta enero de 2025”, según el estudio.

Si queremos que las cosas cambien, cada individuo y cada colectivo debe actuar desde su ámbito, con las pequeñas o grandes medidas que estén a su alcance. No hacerlo es, de hecho, una forma de complicidad.

La primera trampa del sistema actual es hacernos creer que nada depende de nosotros. Es mentira.

Cada acto cuenta: cómo hablamos, qué compartimos, qué toleramos, a quién votamos, qué callamos.

La democracia no se degrada solo por los poderosos, sino también por ciudadanos perezosos.

Las redes han sustituido la conversación por el exabrupto y el matiz por el insulto.

Debemos:

Hablar crea comunidad. El aislamiento crea súbditos.

La política no es un espectáculo ni un concurso de pureza ideológica.

Hay que:

La izquierda —y los demócratas en general— deben dejar de confundir la coherencia con la autodestrucción.

La fragmentación solo beneficia a quienes desean desmantelar derechos.

No se trata de renunciar a principios, sino de:

Quien antepone siglas, egos o matices estériles a estos mínimos está trabajando —consciente o inconscientemente— para el adversario.

La izquierda ha abandonado demasiado a menudo el terreno moral, dejándolo en manos de hipócritas.

Es urgente:

La moral no es patrimonio de la derecha ni de la religión institucional. Es una exigencia humana básica.

La promesa de crecimiento infinito y felicidad inmediata es una estafa.

Debemos:

Sin límites no hay libertad; solo adicción.

No se trata de demonizar la tecnología, sino de ponerla en su sitio.

Eso implica:

Una ciudadanía distraída es una ciudadanía dócil.

Asociaciones, ateneos, sindicatos, cooperativas, parroquias comprometidas, movimientos vecinales.

Ahí se aprende democracia real:

Sin tejido social no hay democracia, solo administración del descontento.

Tan importante como actuar es no caer en trampas:

Nada de eso cambia nada. Solo nos vuelve irrelevantes.

No somos héroes ni salvadores. Pero tampoco somos espectadores.

La historia no avanza sola ni siempre hacia adelante. A veces retrocede porque demasiados miran hacia otro lado. Si algo hemos aprendido quienes hemos vivido dictaduras, transiciones y gobiernos municipales con pocos medios pero mucha convicción, es que la democracia se cuida cada día o se pierde.

No sabemos si llegaremos a ver los frutos. Pero sí sabemos algo con certeza:

si no hacemos nada, los frutos serán amargos.

Algo tendremos que hacer.

Y esta vez, hacerlo de verdad.

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Joaquim Canadell Casanova es socio de infoLibre.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha multado multa con 10.000 euros al agitador de ultraderecha Vito Quiles por desobedecer a la Policía durante la manifestación feminista del 25 de noviembre de 2025 en Madrid, según informa EFE.  

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha confirmado la sanción en declaraciones a los medios de comunicación, tras la entrega de los reconocimientos por el Día Internacional de la Mujer a ocho mujeres que representan "un ejemplo de superación y lucha por la igualdad" en distintos ámbitos de la sociedad. 

La Delegación del Gobierno ha iniciado un procedimiento de sanción contra Vito Quiles por desobediencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tras "intentar boicotear" la manifestación del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, del año 2025.  

Martín ha hecho un llamamiento a que "termine esa violencia en las calles que algunos agitadores continuamente están perpetrando y que lleva a algunas personas a vivir situaciones absolutamente insoportables".  

"Una cosa es el periodismo y otra cosa muy distinta es el acoso", ha afirmado el delegado del Gobierno, quien ha reivindicado el ejercicio del periodismo con profesionalidad y que "se terminen los espacios y las oportunidades para que los violentos, los acosadores, puedan trabajar con impunidad en las calles".  

"Nadie está por encima de la ley. Todos debemos cumplir con las normas y atender a las instrucciones que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan dar en un momento determinado, precisamente para garantizar nuestra seguridad. Cualquiera que haga tenga un comportamiento como el que supuestamente ha tenido este señor, si la policía eleva una propuesta de sanción, será sancionado", ha resaltado Martín.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha denunciado que sufre desde hace alrededor de un año una situación de acoso después de que alguien difundiera su dirección en internet en anuncios anónimos que ofrecen servicios sexuales, lo que ha provocado que hombres acudan a su casa pensando que pueden pagar por sexo, informa EFE.

En un mensaje difundido en redes sociales, Maestre ha explicado que durante meses han acudido a su domicilio hombres que llaman al timbre o a la puerta, en ocasiones por la noche y en algunos casos en estado de embriaguez, tras haber obtenido la dirección a través de canales de internet.

Según ha relatado, la situación comenzó hace aproximadamente un año y en uno de esos episodios un hombre llegó a subir hasta su vivienda y llamó al timbre dirigiéndose a ella por su nombre.

La portavoz de Más Madrid decidió entonces acudir a la Policía para presentar una denuncia, y tras varias semanas de investigación, ha señalado que los agentes le comunicaron que alguien estaba difundiendo su dirección en internet “como si fuera un lugar donde se ofrecen servicios sexuales”.

La concejala ha vinculado lo ocurrido con una forma de violencia digital y ha señalado que se trata de un acoso político dirigido contra ella “por ser mujer, por ser de izquierdas y por ser feminista”. “Es una forma de decir: sé dónde vives y puedo acosarte cuando quiera en tu lugar más sagrado, que es tu casa”, ha afirmado.

La portavoz de Más Madrid ha asegurado que continuará con su actividad política y ha advertido a quienes la acosan de que “no lo van a conseguir”.

En respuesta a esta denuncia, en declaraciones a la prensa tras la Junta de Gobierno, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha trasladado la “condena y repulsa total y absoluta” del Gobierno municipal ante los hechos denunciados por Maestre.

Sanz ha asegurado que la portavoz de Más Madrid cuenta con “todo el apoyo y respaldo” del Ayuntamiento y con la ayuda de la Policía Municipal para reforzar su protección si fuera necesario.

“Vamos a darle toda la protección que necesite y, si es necesario incrementarla, se incrementará”, ha señalado, al tiempo que ha expresado el apoyo del equipo de Gobierno municipal ante la situación que está sufriendo la concejala.

Imagine a un ciudadano que recibe en su teléfono un vídeo que afirma que una vacuna provoca esterilidad. Lo mira con escepticismo, teclea el titular en Google, lee dos resultados, habla del tema con su cuñado esa tarde y llega a una conclusión: probablemente es falso, aunque algo de verdad tendrá. Ha hecho, cree él, “su propia investigación”. Y esa convicción, según un exhaustivo informe que acaba de publicar el Pew Research Center, es compartida por el 82% de los adultos estadounidenses.

El estudio, basado en una encuesta a 3.560 adultos realizada en diciembre de 2025 y complementada con nueve grupos focales, ofrece un retrato inquietante de la relación de los estadounidenses con la información. No tanto por lo que revela sobre sus hábitos de consumo —la fatiga, el desenganche progresivo, la sensación de saturación—, sino por lo que descubre sobre su confianza en sí mismos: la certeza de que, en un ecosistema informativo cada vez más contaminado por actores que difunden falsedades de manera sofisticada y deliberada, ellos son suficientemente capaces de navegar solos.

Esa confianza, que a primera vista podría parecer una virtud cívica, esconde una paradoja que los propios datos del informe evidencian: cuanto más se cree alguien capaz de detectar la desinformación por sus propios medios, menos probable es que busque ayuda, contraste fuentes con rigor o confíe en las instituciones encargadas de verificar los hechos. Y en el momento en que eso ocurre, las campañas de desinformación más sofisticadas ya han ganado la partida.

El dato más revelador del informe de Pew no es el de cuántos estadounidenses dicen verificar la información. Es la diferencia abismal entre lo que piensan de sí mismos y lo que piensan de los demás. El 79% de los encuestados se declara al menos “algo seguro” de saber qué pasos dar para comprobar la exactitud de una noticia. Pero solo un 25% extiende esa misma confianza al resto de sus conciudadanos.

Esa brecha entre el yo y el nosotros no es una anomalía estadística. Es un patrón cognitivo bien documentado en psicología social: el llamado “efecto del mejor que la media” o ilusión de superioridad, por el cual los individuos tienden sistemáticamente a sobrestimar sus propias capacidades en comparación con las del grupo. 

En condiciones normales, el fenómeno produce pocos daños graves. Pero en un entorno donde agentes estatales, grupos extremistas y redes de desinformación coordinada generan contenido falso diseñado específicamente para eludir los filtros del pensamiento crítico, esa ilusión se convierte en una vulnerabilidad de primer orden.

El informe también documenta que el 94% de los encuestados considera al menos “algo importante” que la gente haga su propia investigación para verificar la exactitud de las noticias. Dos tercios lo consideran “extremadamente o muy importante”. Y el 82% afirma hacerlo al menos de vez en cuando. Sería tranquilizador si no fuera por la pregunta que el propio Pew introduce a continuación: ¿qué entienden exactamente por “hacer su propia investigación”?

El 84% de los encuestados asocia el concepto con algo razonable: comparar la información entre varias fuentes. El 77% lo vincula a leer estudios científicos o académicos, y el 72%, a usar Google u otros buscadores. Hasta aquí, nada que objetar. El problema aparece cuando se desciende al resto de la lista.

Alrededor del 70% de los estadounidenses —siete de cada diez— considera que “hacer su propia investigación” incluye cuestionar lo que dicen los grandes medios de comunicación. Otro 70% añade a esa categoría poner en duda lo que afirman las fuentes oficiales y gubernamentales. El 63% incluye buscar testimonios de primera mano e historias personales. Y el 38% llega a considerar que hablar con amigos o familiares es también una forma válida de verificar la exactitud de una noticia.

El escepticismo ante el poder mediático e institucional no es intrínsecamente malo. Tiene una larga y respetable tradición en el periodismo de investigación y en la filosofía política. El problema surge cuando ese escepticismo deja de ser una herramienta analítica y se convierte en un sustituto de ella. Cuando “cuestionar a los medios” no significa contrastar sus afirmaciones con otras fuentes fiables, sino simplemente rechazarlas porque proceden de una institución que el ciudadano ha decidido, de antemano, que es corrupta o parcial.

Los datos del informe apuntan en esa dirección cuando se desglosan por ideología política. Los republicanos conservadores son significativamente más propensos a incluir el cuestionamiento de los grandes medios y de las fuentes gubernamentales dentro de su definición de “investigación”. No como punto de partida crítico, sino como práctica definitoria. El efecto es paradójico: cuanto mayor es la desconfianza en las instituciones de verificación, mayor es también la confianza en la propia capacidad para verificar sin ellas.

Para entender por qué esta actitud resulta especialmente peligrosa en el momento actual, conviene recordar cómo ha evolucionado la desinformación en la última década. Lo que en los años noventa o dos mil era principalmente propaganda política torpe —el bulo chapucero, el rumor de bar amplificado por un correo en cadena— se ha transformado en operaciones coordinadas de alta precisión, diseñadas por equipos profesionales, financiadas en ocasiones por Estados, y calibradas mediante análisis de datos para maximizar su impacto emocional y su viralidad.

Estas campañas no aspiran ya a convencer a todo el mundo de una mentira burda. Su objetivo es más sofisticado: sembrar la duda, erosionar la confianza en cualquier fuente de autoridad, crear la sensación de que la realidad es inaccesible y de que todo está manipulado. En ese terreno, el ciudadano que desconfía sistemáticamente de los medios, del Gobierno y de los expertos, y que confía a cambio en su propio juicio y en el relato de sus allegados, no es un obstáculo para la desinformación. Es su objetivo ideal.

Los grupos focales recogidos en el informe de Pew ofrecen testimonios que iluminan esa contradicción desde dentro. Algunos participantes reconocen que “hacer tu propia investigación” requiere habilidades que no todo el mundo posee: saber evaluar la credibilidad de una fuente, identificar sesgos, entender el contexto de un dato estadístico, distinguir entre una publicación científica revisada por pares y una web de apariencia científica financiada por grupos de interés. Y sin embargo, incluso quienes verbalizan esa complejidad terminan defendiendo que la responsabilidad última recae en el individuo.

El 44% de los encuestados señala a los propios individuos como los principales responsables de comprobar la exactitud de las noticias. Solo el 22% señala a los medios de comunicación, el 9% a las escuelas y los docentes, y el 9% al Gobierno. Las empresas tecnológicas y las redes sociales, pese a ser los canales por los que circula la inmensa mayoría de la desinformación, reciben apenas un 4% o 5% de esa responsabilidad percibida.

El escenario se complica cuando se añade otro elemento central del informe: la fatiga informativa. El 52% de los encuestados se declara agotado por la cantidad de noticias que recibe. El 48% considera que la mayor parte de esas noticias no es relevante para su vida. Dos tercios han dejado de usar alguna fuente concreta de noticias en algún momento, y seis de cada diez han reducido su consumo general.

La combinación resulta tóxica: ciudadanos que creen en su capacidad para verificar la información, pero que al mismo tiempo están saturados y han reducido su exposición a fuentes diversas, limitándola a menudo a aquellas que ya confirman sus creencias previas. El contraste de versiones que ayudaría genuinamente a detectar falsedades queda reemplazado por el confort de la cámara de eco.

La brecha generacional añade otra capa de complejidad. Los menores de 30 años tienden masivamente a “encontrarse” las noticias —el 73% de ellos— en lugar de buscarlas activamente, mientras que el 73% de los mayores de 65 las busca de forma deliberada. Solo el 35% de los jóvenes considera que seguir las noticias regularmente es una parte muy importante de ser un buen miembro de la sociedad, frente al 65% de los mayores de 65. Y una quinta parte de los menores de 30 reconoce que a veces le cuesta entender las noticias que recibe.

Los jóvenes no están necesariamente menos informados que sus mayores; tienen acceso a información por otros canales y con otros formatos. Pero la idea de que “la noticia te encuentra” —que el algoritmo te traerá lo que necesitas saber— entrega el control de la agenda informativa a plataformas cuyo interés no es la calidad periodística, sino el tiempo de pantalla. Y en ese terreno, el contenido emocional, polarizador y frecuentemente inexacto viaja más rápido y más lejos que el riguroso.

Hay un detalle en el informe que sintetiza con crueldad la contradicción de fondo. Solo el 8% de los encuestados cree que los ciudadanos tienen la responsabilidad de pagar por las noticias. Únicamente el 16% ha pagado por alguna suscripción, membresía o donación a un medio en el último año. Y, sin embargo, el 80% considera que los ciudadanos tienen la responsabilidad de estar informados cuando votan.

El periodismo independiente —el que verifica, el que contrasta, el que tiene redactores especializados capaces de leer un estudio científico y explicar sus limitaciones— tiene costes. Su financiación a través de la publicidad lleva décadas en declive estructural. No obstante, el 45% de los estadounidenses considera que los medios deberían financiarse principalmente mediante publicidad y patrocinios, y solo alrededor de un 10% u 11% menciona las suscripciones o la financiación pública como vía principal.

La paradoja es perfecta: la misma ciudadanía que reclama para sí la responsabilidad de verificar la información —y que se muestra escéptica ante los medios profesionales— no está dispuesta a financiar las instituciones que podrían hacerlo con mayor rigor y recursos. Cerca de tres cuartas partes de los encuestados creen que los medios están al menos “algo bien” financieramente, una percepción que el propio Pew señala como un factor que probablemente reduce la urgencia percibida de contribuir económicamente.

Volvamos al ciudadano del principio, con su teléfono y el vídeo sobre la vacuna. Es posible que llegue a la conclusión correcta. Es posible incluso que sus dos búsquedas de Google y su conversación con el cuñado le sirvan para descartarlo. La desinformación no siempre gana la batalla individual. Lo que hace, con una eficacia mucho mayor, es ganar la guerra de la confianza: convencer a millones de personas de que el sistema de verificación profesional —el periodismo, la ciencia, las instituciones— está tan corrompido que más vale fiarse del propio instinto.

El informe del Pew Research Center no dice que los ciudadanos estadounidenses sean crédulos o estúpidos. Dice algo más matizado y, en cierto sentido, más preocupante: que son personas razonables atrapadas en un ecosistema diseñado para sobrecargarlas, desorientarlas y hacerles creer que pueden prescindir de los mediadores institucionales del conocimiento. Y que esa creencia —la de la autosuficiencia informativa— es precisamente el vector que las campañas de desinformación más avanzadas explotan con mayor eficacia.

Verificar información en el siglo XXI no es navegar por Google durante diez minutos. Es una práctica que requiere formación, tiempo, acceso a fuentes especializadas y, sobre todo, la humildad de reconocer que uno puede equivocarse. El 79% de los estadounidenses cree tener esa capacidad. Solo el 25% cree que la tienen sus vecinos. En algún punto entre esas dos cifras vive la ilusión más peligrosa de la era de la desinformación: la de que uno, personalmente, es inmune a ella.