El Canal de Isabel II, empresa pública que pertenece mayoritariamente a la Comunidad de Madrid, despidió de forma improcedente a Rafael Laso cuando ostentaba el cargo de director financiero de la sociedad. Así lo ha resuelto el Juzgado de lo Social número 41 de Madrid. El despido se dio tras la llegada a la empresa de Mariano González, el actual consejero delegado (CEO), y a raíz de las desavenencias entre este y el ya ex director financiero en relación a la gestión de la filial del Canal de Isabel II en Brasil.

La clave del caso reside en que el afectado tenía un puesto como personal laboral fijo previo a su nombramiento como director financiero. La sentencia, del pasado mes de febrero, considera probado que la empresa que se encarga de la gestión del ciclo del agua en la comunidad podría haberlo recolocado en un puesto similar a ese cargo anterior, pero no lo hizo. A pesar de ello, el juzgado ha permitido a la sociedad pública decidir si readmitirlo o pagarle una indemnización. El Canal de Isabel II ha optado por la segunda opción. 

La sentencia abre la puerta, por tanto, a que las empresas públicas tengan la posibilidad de despedir a empleados contratados como personal laboral de forma indefinida utilizando esta misma fórmula. A pesar de que el afectado tenía plaza fija e indefinida tras pasar un proceso de selección pública, fue despedido de forma improcedente y, si la justicia no cambia de parecer tras el recurso que este ha interpuesto, el Canal de Isabel II podrá mantener la decisión simplemente procediendo a abonarle una mayor indemnización. Algunos expertos consultados por infoLibre hablan ya de vacío legal.

El ex director financiero fue contratado el 1 de junio de 2021, tras un proceso de selección público, para ocupar un puesto de adjunto al consejero delegado, que en aquel entonces era Pascual Fernández. Cuatro meses después, el 30 de septiembre, el ahora afectado recibió un ascenso. Ahí fue cuando pasó a ejercer como director financiero y de desarrollo de negocio, un puesto de alta dirección dentro del organigrama del Canal de Isabel II.

Poco más de dos años después, el 27 de octubre de 2023, fue despedido. En ese entonces, la empresa pública, ya con Mariano González como nuevo CEO, decide desistir de su contrato de alta dirección con Laso. Al ser un puesto de confianza el cese no requería de una argumentación extra. El afectado debía volver a su cargo anterior como adjunto al CEO, para el que tenía una plaza propia de trabajador laboral fijo, o a otro similar.

Así lo recoge el reglamento de contratación del Canal de Isabel II, que establece que cuando se asciende a un trabajador a un cargo de alta dirección, si la empresa decide cesarle del mismo sin un motivo detrás que lo justifique como procedente, este se incorporará a un puesto de similares características al que tenía antes de su promoción. El mismo reglamento indica que mientras dure su contratación como alta dirección, la relación laboral previa "quedará en suspenso", como en una especie de excedencia. Por tanto, para que se pueda reincorporar al puesto anterior es necesario que el mismo esté vacante o haya otro libre de las mismas características.

Pero el director financiero no volvió a su cargo previo como adjunto al CEO. La excusa del Canal de Isabel II para justificarlo fue que la empresa contaba ya con otra persona en ese puesto y, por tanto, argumentaba que el afectado no podía reincorporarse al mismo. 

El propio González aseguró al ex director financiero que consideraba que no tenía sentido que él volviera a ese puesto de adjunto, "vinculado al Comité de Dirección y que implicaba la asistencia a sus reuniones, cuando precisamente había sido cesado como miembro de ese comité", según recogen los hechos probados de la sentencia.

La persona que le sustituyó como adjunto fue Fernando Arlandis, que llegó a ese puesto el 7 de julio de 2023 después de casi dos años en los que la plaza había estado vacante y tan solo dos días después de haber sido cesado como Director General de Descarbonización y Transición Energética de la Comunidad de Madrid. Arlandis había ocupado ese puesto en la Consejería de Medio Ambiente y Agricultura, donde ya trabajó con el CEO del Canal de Isabel II, Mariano González, que había sido viceconsejero de la misma antes de saltar a la empresa pública. 

A pesar de lo argumentado por la empresa, la sentencia del Juzgado de lo Social es clara: "El hecho de que el puesto de trabajo del actor estuviera ocupado por otra persona no es causa que pueda justificar su despido". La jueza Belén Tomás constata que en el Canal de Isabel II "existían varios puestos" similares que podrían haber sido ocupados por el interesado y que no se le ofrecieron. Por todo ello, la magistrada declara el despido como improcedente.

La jueza no ve probado que "la decisión de extinguir su relación laboral haya obedecido a una represalia de la empresa", pero entiende como acreditado que el director financiero "actuó en los distintos ámbitos de su competencia, mostrando, cuando así lo consideraba, sus discrepancias con los distintos miembros del equipo directivo". La sentencia también recoge que el ex director financiero había tenido desavenencias en ese comité. 

Las discrepancias se produjeron principalmente a causa de Emissao, la filial del Canal de Isabel II en Brasil, que acumula varios ejercicios con balances deficitarios. Según recoge la sentencia, el entonces director financiero "cuestionó la viabilidad de la filial de Brasil". También hubo fricciones por el modo de abordar una denuncia anónima por acoso laboral recibida en el Comité de ética de la empresa, del que el ex director financiero formaba parte.

Aún así, "los hechos que constan acreditados no se consideran indicios suficientes para considerar que su cese como alto directivo, ni que el cese en su relación laboral ordinaria, haya obedecido a una represalia de la empresa por las opiniones o expresiones vertidas", detalla la jueza.

Por todo ello, la magistrada resuelve que el despido ha sido improcedente pero no nulo. Y en ese punto permite a la empresa pública optar por la readmisión del trabajador o por simplemente pagarle una indemnización, opción escogida por el Canal de Isabel II.

El ex director financiero ha decidido recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ante el que reclama la nulidad del despido y, por tanto, la obligación de reincorporarlo a su puesto de trabajo como personal laboral de la empresa pública. O, en su defecto, que la opción de optar por la readmisión o la indemnización se le permita escogerla a él y no a la empresa.

Esto último ya lo pidió ante el Juzgado de lo Social y le fue denegado. El hecho de permitir al Canal de Isabel II escoger la indemnización ante un despido improcedente abre la puerta a que las empresas públicas puedan despedir a sus trabajadores contratados como personal laboral indefinido a pesar de que hayan accedido vía concurso público y sean trabajadores fijos.

El catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla Jesús Cruz explica que esto se debe a un vacío en la legislación laboral. "La sentencia es correcta, coincido con lo que dice, pero está mostrando que la legislación tiene un hueco importante. La jueza no puede hacer otra cosa que esto porque el legislador no contempla la reincorporación obligatoria para estos casos", detalla.

"A una empresa del sector público por un despido disciplinario improcedente se le obliga a readmitir al trabajador si es personal fijo. Por tanto, si al director financiero le hubieran despedido de esa manera, la empresa tendría que readmitirlo. Lo que no se entiende es que la legislación deje el hueco de no haber previsto lo mismo para los casos en los que se produce también un despido improcedente pero en el que se da por causas objetivas [cuando el despido se produce por causas que afectan a la empresa o al puesto de trabajo, sin que el trabajador sea el responsable]", explica el catedrático.

El caso de Laso entraría en este segundo supuesto, ya que el despido se fundamentó en la supuesta causa objetiva de que no había cargos vacantes de esas características, aunque luego se demostrara que no era cierto. El experto es claro: "La coherencia indica que se deberían tratar del mismo modo todos los despidos improcedentes. Además, pagar una indemnización a una empresa privada le hace daño y es una sanción auténtica, pero en el ámbito de lo público no tiene ese impacto. Va al montante global de la Administración, no es algo que asuma como responsabilidad el gestor correspondiente y, por tanto, no le supone un problema".

infoLibre ha contactado tanto con el Canal de Isabel II como con la Consejería de Medio Ambiente, de la que depende la empresa pública, para preguntar por el caso. Entre otras cuestiones, se les planteaba por qué despidieron al trabajador o por qué no lo han readmitido. El Canal de Isabel II ha declinado contestar porque "la sentencia no es firme y el tema está judicializado actualmente". La Consejería de Medio Ambiente no ha dado ninguna respuesta.

Algo vamos avanzando: el escritor Javier Marías ha muerto en el Madrid de Isabel II y, esta vez, tanto la presidenta de la Comunidad como el alcalde han tenido la decencia que no tuvieron con Almudena Grandes, a la que ella ignoró y él ninguneó. Lo segundo es aún peor que lo primero, y han hecho un par de declaraciones institucionales, frías pero al menos educadas, para salir del paso. Parece que ambos han comprendido que tienen obligaciones institucionales y que hay situaciones en las que la ideología no puede sustituir a la cortesía. Aunque tal vez en eso no sean tan raros: los políticos tienden a confundir sus cargos con propiedades inmobiliarias y, además, creen que son suyas, no alquiladas.

En Madrid, por no apartarnos del territorio de la literatura, hace tiempo que vivimos un esperpento, pero tan cutre que Valle-Inclán se habría cortado la otra mano antes de escribir una línea sobre él y sus protagonistas. El último episodio ha sido la declaración de tres días de luto oficial en la región ¡por la muerte de Isabel II! Que, al parecer, es un personaje importantísimo para las y los ciudadanos que hemos nacido o residen aquí. La decisión, entre surrealista y oportunista, tan estrambótica como muchas otras de Ayuso, que se sube en marcha a cualquier cosa que ella crea que va en dirección a La Moncloa –donde me da que tiene las mismas posibilidades de llegar que tuvo su mentora, Esperanza Aguirre–, la verdad es que no hace falta ni pensarlo dos veces para que parezca un chiste y, en consecuencia, ha dado lugar a mil bromas: ¿Su sentido homenaje se debe a que habrá creído que la reina de Inglaterra le da nombre al Canal de agua de la ciudad, en lugar de provenir éste de nuestra Isabel II, la hija de Fernando VII y madre de Alfonso XII? ¿Le mandará un telegrama a Carlos III dándole las gracias por haber mandado construir la Puerta de Alcalá? Que no nos falte el sentido del humor, porque siempre es una opción mucho más agradable que la zafiedad, crispación malencarada y rudeza imperantes, que con tanto ahínco lamentaba el autor de Mañana en la batalla piensa en mí o Negra espalda del tiempo en sus libros y sus artículos.

En su día nos preguntamos si la aseveración del alcalde Martínez Almeida de que Almudena Grandes “no merecía” ser nombrada hija predilecta de la capital tenía alguna base sólida, es decir, si el regidor habría leído alguna de sus novelas y acaso no le parecían buenas. Porque, de lo contrario, estábamos ante un sectarismo de campeonato, sin límites, propio de personas que no respetan ni a los muertos. Hoy nos preguntamos qué sabrá la presidenta Díaz Ayuso de Isabel II, que aparte de salir en Los Simpson y con el oso Paddington por la televisión, ha tenido en su larguísimo reinado momentos tan convulsos como la guerra de las Malvinas, cuya reconquista a sangre y fuego se estima que dejó setecientas víctimas argentinas; o el Brexit, que ha sacado al Reino Unido de Europa, o las intentonas secesionistas en Escocia e Irlanda, por no hablar de los años de plomo del terrorismo y de las actuaciones militares de su país por medio mundo, de Irak a Afganistán, casi siempre de la mano de Estados Unidos.

¿Sabrá Díaz Ayuso, abanderada del patriotismo y la integridad nacional y eso, que la reina Isabel II y su familia han mantenido durante setenta años estratégicamente abierta la herida de Gibraltar, llevando a cabo, una y otra vez, lo que los diferentes gobiernos de nuestro país han considerado provocaciones intolerables y que causaron crisis diplomáticas de gran envergadura? ¿Sabrá que la monarca fue allí en 1954, lo que dio lugar al cierre del consulado español, nunca reabierto desde entonces? ¿Y que el atraque en su puerto del yate del actual Carlos III y su nueva esposa, Diana de Gales, como parte de su luna de miel, provocó el enfado de la Casa Real española, que les ofreció cualquier puerto de Andalucía, para no crear tensiones, y que, como represalia, Juan Carlos I y su esposa Sofía no asistieran a la boda del entonces príncipe, en Londres? La leyenda dice que Isabel II respondió airada a quienes le planteaban el asunto: “¡Hago lo que quiero porque son mi hijo, mi yate y mi peñón!” ¿Y sabe que, en 2012, la hoy emérita Sofía anuló su viaje a Gran Bretaña para participar en los actos destinados a celebrar los sesenta años de la llegada al trono de “la prima Lilibeth”, como la llamaba su esposo, hoy en Abu Dabi, como respuesta a la visita del príncipe Eduardo y su esposa a la roca? Lo digo para que no se ponga una camiseta de “Gibraltar, español” cualquier día de estos.

A lo mejor aquí hay demasiada gente que habla de oído, que no tiene la cultura que sería deseable en un cargo público de relevancia y que demuestra poseer muy poco conocimiento real de la historia de esa nación que tanto afirman amar. Vamos, que les hacen el examen para darles el pasaporte y lo suspenden. Tendrían que leer más a autores tan esenciales como Almudena Grandes y Javier Marías. Un buen libro mejora mucho hasta a la peor o el peor lector. De momento, al autor de Corazón tan blanco lo han tratado tal vez con desgana, pero al menos con respeto, y eso está bien. Algo es algo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha informado a la Fiscalía del fallecimiento de Rafael Palencia, empresario investigado en la pieza conocida como los papeles de Bárcenas, informa Europa Press.

En una providencia emitida este lunes, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado ha dado traslado al Ministerio Público "a los efectos legales oportunos" de los datos registrales del acta de defunción de Palencia. Pedraz ha comunicado que el pasado 14 de octubre falleció el empresario, según lo confirmado por el juzgado. 

Hace más de un año, el entonces titular del Juzgado -el juez José de la Mata- acordó la práctica de diligencias para indagar diferentes adjudicaciones concedidas a empresas -una de ellas relativa a Palencia- por parte de organismos dependientes de administraciones controladas por el PP. Según las pesquisas, esas sociedades habrían logrado los contratos a cambio de donativos al partido.

Contratos vinculados a Palencia 

En un auto de abril de 2020, el magistrado requirió en primer lugar a la secretaría general de la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES) -dependiente de Fomento- el expediente de redacción del proyecto para la construcción y puesta a punto de una planta de tratamiento de aguas residuales 'EDAR Monte Boyal' en la localidad de Casarrubios del Monte (Toledo).

Según explicó De la Mata, ese proyecto fue licitado mediante resolución en noviembre de 2002 y adjudicado a la sociedad Ondeo Degrémont, vinculada a Palencia, por un importe de 3,4 millones de euros. El juez reclamó conocer las otras ofertas presentadas, el informe que las valora, las actas de la mesa de contratación, la resolución de adjudicación y la ejecución del contrato.

Asimismo, también reclamó al Canal de Isabel II el expediente para la adjudicación de los servicios de explotación de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Madrid, en concreto sobre la Depuradora Viveros de la Villa. Este contrato es de 2007 y fue adjudicado a la sociedad Degrémont SA por un importe de más de 7,5 millones de euros.

El tercer contrato que pidió investigar De la Mata fue el de mantenimiento y conservación de la estación regeneradora de aguas residuales 'EDAR La Gavia'. En este caso, según el auto, Bárcenas puso en contacto al propio Palencia, "donante de fondos a la formación política", con la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid entre 2003 y 2007, Paz González, que era la entidad adjudicataria.

El empresario pretendía poder influir sobre esta adjudicación para su propio beneficio, en el sentido de que Degrémont fuera adjudicataria del servicio de mantenimiento y conservación en 2007 como lo había sido en 2006 formando una UTE con Dragados.

Los vecinos de Chamberí podrán disfrutar en 2023 de uno de los mayores parques públicos de la capital madrileña, con 55.000 metros cuadrados. Pero nadie les ha regalado nada. Todo comenzó hace 18 años. Corría el año 2003 cuando el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, presentó un proyecto para crear en terrenos del Canal Isabel II una gran área verde en un barrio con más cemento que hierba. Pero tres años después, con las obras en marcha, el vecindario descubrió por un cartelón a la entrada del recinto que se iba a contruir un campo de golf que la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, había declarado “de interés general” para acelerar el proceso urbanístico. Detrás de todo esto se adivinaba una oscura trama de corrupción supuestamente comandada por el número dos de Aguirre, Ignacio González, también presidente del Canal Isabel II.

La batalla vecinal contra el inesperado campo de golf comenzó con una pancarta en un balcón y pronto se constituyó una asociación, Parque Sí en Chamberí, que ha coordinado casi dos décadas de diálogo, acciones sociales y protestas contra el complejo. Toda su historia ha quedado plasmada en el documental De interés general, cuyo preestreno tuvo lugar en septiembre en la Sala Berlanga: “Creemos que el filme puede servir para que otras personas se den cuenta de que el compromiso social puede servir para luchar contra las injusticias. Que lo pequeño da lugar a lo grande”, cuenta Mercedes Arce, coprotagonista del documental y socia fundadora de la asociación.

Ahora, el documental se proyectará en los cines Verdi de Madrid este jueves 3 de febrero, a las 22.15 horas, y el sábado 5 y domingo 6, a las 11.30 horas. Precio: 8 euros el jueves y 6,50 euros el fin de semana

Carmen Ochoa, también coprotagonista del documental, desea que su historia se extrapole a otras situaciones, a otros vecindarios y otras ciudades donde hay gente librando batallas como la suya: “A veces puedes tener la sensación de que estás luchando contra un muro, pero al final esa pared está hecha de personas, por muy estrambóticas u horrorosas que sean. Ese es nuestro mensaje: el poder solidario puede combatir al poder real. Y ahora queremos que otros poderosos se den cuenta de lo que les puede pasar”.

La creación del documental: crowdfunding y enfoque social

Miguel Ángel Sánchez ha estado a cargo de la dirección del filme. Destaca que una de las razones que le llevó a abrazar este proyecto fue la sensación de que los abusos de los poderes fácticos no se combaten porque la ciudadanía al final no se atreve a dar el paso. “La intimidación lleva a la rendición frente a alguien con muchos más medios de ataque y de defensa que nosotros”, y el hilo del documental es una llamada a la acción: “Esto es lo contrario al aislamiento, una forma de comportamiento subversivo contra el poder político y económico. Agradezco que estos héroes anónimos hayan depositado su confianza en mí para inmortalizar este largo proceso.”

De izquierda a derecha: Francisco Osanz, presidente de la asociación vecinal El Organillo, Miguel Ángel Sánchez, director del documental, Mercedes Sánchez y Carmen Ochoa, coprotagonistas del mismo, y Juanjo Castro, director de fotografía, frente a los terrenos del campo de Golf.

El director afirma que la grabación no es un alegato contra el PP, sino contra aquel PP: “En la política hay una falta de autocrítica impresionante y la corrupción pasa muchas veces desapercibida. Uno de nuestros objetivos es que los culpables, de este y otros escándalos, sepan que en algún momento tendrán que rendir cuentas con la ciudadanía a la que deben servir.” El proyecto se financió a través de una campaña de crowdfunding transversal, ya que el documental cuenta con voces de muchos ámbitos: abogados, arquitectos y ecologistas han estado involucrados en la lucha y son muchas personas las que han aportado su tiempo y esfuerzo para sacar adelante esta iniciativa".

Miguel Ángel destaca que el mundo de la política ha quedado excluido del documental: “No queríamos restar protagonismo al movimiento vecinal y por ello quedaron al margen las siglas de los partidos políticos. El liderazgo ha sido ejercido por ciudadanos normales y esa es la historia que queremos contar”. Dicho esto, explica que en su momento sí trataron, sin éxito, de recabar el testimonio de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ya que durante su Gobierno se dió luz verde al proyecto del parque y se desbloquearon las negociaciones entre el Canal de Isabel II y la asociación: “Hablamos con su representante y su primera reacción fue preguntar si ofrecíamos dinero por obtener su declaración. La respuesta fue claramente negativa y hasta ahí llegaron nuestros contactos. Hubiera sido una buena forma de salvar parte de la cara del PP”, reflexiona el director.

Un vecindario frente a una trama de corrupción protegida por la política y la Justicia

Carmen Ochoa recuerda los inicios de la polémica como si hubieran ocurrido ayer. “Estábamos enfrentándonos a un cazurrismo sin precedentes, la peor forma posible de capitalismo macarra. Los involucrados en la operación del campo de golf no tenían nada de humano, iban a expoliar lo público para quedárselo ellos y sentimos un imperativo moral para impedir que se salieran con la suya. ¿Cómo iba a ser de interés general un campo de golf, como pregonaba Esperanza Aguirre?”, dice desde el otro lado del teléfono.

Destaca las dificultades que tuvieron en los procesos judiciales, en los que la cúpula del PP madrileño contó con el apoyo permanente del entonces fiscal del Tribunal de Justicia de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix: “Desde la Justicia se ignoraron por completo nuestras denuncias, por muy bien formuladas y documentadas que estuviesen.” Cabe destacar que años después Moix sería colocado al frente de la Fiscalía Anticorrupción a propuesta del PP durante el segundo mandato de Rajoy. “Tuvimos que esperar diez años para ser escuchados por la Justicia, un tiempo en el que perdimos la confianza en la independencia judicial”, cuenta Carmen. Pero pone el foco en el final positivo de la historia: “El último juez que llevó este tema dictó una sentencia clara: el campo de golf no era de interés general”.

En este punto, Mercedes Arce recuerda la importancia que tuvo la investigación periodística de Manuel Rico, publicada en el semanario Tiempo, que destapó la trama corrupta montada por Ignacio González para que su familia se enriqueciese con la adjudicación del campo de golf y que tiempo después le costaría el ingreso en prisión provisional y un asiento en el banquillo de los acusados por la adjudicación del campo de golf y otras tramas englobadas en el caso Lezo. “La investigación de Manuel nos llevó a presentar la primera denuncia en los tribunales. Si no hubiera sido por él, quizás no hubiéramos podido seguir avanzando”, relata Mercedes.

Tejido de redes sociales y el legado de su lucha

A lo largo de todos los años de lucha, desde Parque Sí en Chamberí han tejido redes de colaboración con organizaciones de distinta índole. Mercedes recuerda que desde el primer momento formaron parte de la Asociación contra el Plan General de Ordenación Urbana (hoy llamada Plataforma por el Derecho a la Ciudad de Madrid), en protesta por la iniciativa urbanística del consistorio madrileño en tiempos de Ana Botella. En aquel contexto se desarrolló un mapa de los horrores de la ciudad, que aún está activo y recoge operaciones urbanísticas cuestionadas a lo largo y ancho de la capital durante los sucesivos gobiernos del PP.

Carmen cuenta que también estuvieron incluídos en la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, donde estaban presentes representantes sindicales, Ecologistas en Acción y otras asociaciones vecinales, porque según cuenta “la primera venta del Canal, aunque de forma indirecta, fue el proyecto del campo de golf”.

Destaca que siempre mantuvieron la esperanza porque la participación ciudadana actúa de forma retroactiva, que otras personas se unan a tu causa te anima a seguir hacia adelante: “A lo largo de los años hemos organizado talleres sobre el distrito, sobre el barrio y sus necesidades… porque Chamberí parece un barrio de ricos, pero no tenemos casi nada en cuánto a servicios para la ciudadanía: una biblioteca pública para más de 100.000 personas, una única Casa de Cultura, ni una Escuela de Música… la falta de servicios es impresionante”, denuncia.

Ahora, después de la odisea, desde Parque Sí han puesto el foco en la difusión de su trayectoria frente al poder a través del documental: “Me gustaría poder dejar un legado y que las nuevas generaciones recojan el testigo y puedan organizarse para lograr cosas como las que nosotros hemos logrado”, desea Carmen, mientras confiesa que siente que se le ha pasado “toda una vida”. Por eso, ahora que han vencido en una batalla que nunca dieron por perdida pese a las dificultades, sentencia: “Queremos que nuestra historia no pase desapercibida y alcance a la ciudadanía”. Porque su historia sí que es, en definitiva, De interés general.

Ana Cuenca, la fiscal del caso Lezo, en el marco de la pieza 5 relativa al blanqueo de capitales de la trama, remitió un informe el pasado 22 de julio al juez instructor, Manuel García-Castellón, en el que le indicaba que de la documentación recibida por las autoridades judiciales suizas fruto de las diversas comisiones rogatorias "se desvela" que existen ingresos no declarados a la Hacienda pública española.

En el escrito, que avanzaba La Razón y al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público revela que esas cuentas bancarias suizas estaban a nombre de la sociedad Sparklingwater Management, detrás de la cual está Ildefonso de Miguel.

Además, indica que hubo hasta cuatro ingresos: uno de 1.717.284,99 euros el 1 de septiembre de 2008; otro de 214.198,82 euros el 4 de septiembre de 2008; otro de 250.000 euros el 30 de septiembre de 2008; y un último ingreso de 459.884 euros el 9 de febrero de 2011.

Las declaraciones, a devolver 

Con esos datos sobre la mesa, Cuenca solicitó a la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria que comprobara en sus bases de datos si esos ingresos habían sido declarados, y tras acreditarse que no fue así, interesó que se cuantificaran las posibles deudas tributarias generadas por esos ingresos no declarados.

La Agencia Tributaria emitió dos informes en mayo y en julio. En el último de ellos especificaba que esos cuatro ingresos (tres de 2008 y uno de 2011) no fueron declarados y que por tanto "generaron unas cuotas no ingresadas de 935.856,46 euros en el ejercicio de 2008 y de 204.369,49 en el ejercicio de 2011.

En ese informe de Hacienda se especifica además que la declaración de la renta de Ildefonso de Miguel en 2008 le salió a devolver, por lo que se le abonaron 12.570 euros, y que en 2011 se le devolvieron 2.275,72 euros.

En la providencia del juez de 23 de julio que recogía el informe de la fiscal sobre esas cuentas suizas, se acuerda también la petición del Ministerio Público de traducir al castellano la documentación remitida por Suiza en contestación a varias comisiones rogatorias que llegaron en inglés y en alemán.

Ignacio González en la pieza 5 

En esta pieza, el juez rechazó en julio la petición de la defensa del que fuera presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y de su esposa Lourdes Cavero para ser exonerados, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

La decisión se producía en consonancia con el criterio de la fiscal, y ello a pesar de que, en su escrito de alegaciones a la petición de la defensa, al que tuvo acceso Europa Press, la acusación pública ya avanzaba que existen elementos que sustentan "un eventual sobreseimiento". La fiscal aplaza la posición final sobre este asunto a la resolución de las diligencias aún pendientes.

"Ciertamente la citada representación apunta elementos que sustentan un eventual sobreseimiento de sus representados. No obstante, no se puede desconocer que la fuerza actuante mediante oficio de 13 de julio de 2021 del que se ha dado traslado al Ministerio Fiscal (...) solicitó la práctica de diligencias referidas a estos dos investigados que, tras su análisis, el Ministerio Fiscal considera pertinentes y útiles para agotar esta instrucción", decía Cuenca.

Por eso, y con el objetivo de poder emitir un informe valorando el global de las diligencias, considera mas adecuado "posponer su dictamen sobre la procedencia del sobreseimiento de ambos al momento en que se resuelva y, en su caso, se practiquen dichas diligencias", algo que prevé que sea en breve. En este mismo escrito dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, la Fiscalía instaba el archivo de las actuaciones en la pieza 5 de este macrosumario para Edmundo Rodríguez Sobrino, ex responsable del Canal de Isabel II en Latinoamérica.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye la causa Lezo, ha acordado procesar al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por la pieza relativa a las irregularidades cometidas en adjudicaciones asociadas a Canal Golf y que tenían como objetivo obtener comisiones ilegales con al intermediación de sociedades afines al exdirigente del PP, tal y como avanzó infoLibre en sucesivas informaciones publicadas en 2017 [ver aquí nuestro dosier]. Ahora da 30 días a las partes para que formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o soliciten el sobreseimiento de la causa, según informa Europa Press.

Esta es la tercera pieza de Lezo en la que González es propuesto para sentarse en el banquillo de los acusadosLezo , después de las piezas relativas a Emissao y al tren de Navalcarnero. En esta pieza separada número 2, además de al expresidente, García Castellón propone juzgar a su hermano Pablo Manuel González González, al exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, a José Antonio Clemente -socio de Pablo González-, y al cuñado del expresidente Juan José Caballero Escudier.

En el auto, en el que García Castellón decreta el sobreseimiento provisional y archivo respecto de otras ocho personas, explica que esta pieza comprende los hechos relativos a las ilicitudes cometidas con ocasión del concurso para la ejecución de las obras del proyecto de consolidación, impermeabilización y ajardinamiento sobre la cubierta del tercer depósito del Canal de Isabel II. Fue licitado por el Canal y adjudicado en marzo de 2003 a ACS Proyectos, Obras y Construcciones que, a partir de junio de 2004, pasó a denominarse Dragados.

Indica que al año de realizarse esta adjudicación, desde la dirección del Canal, ostentada por los investigados Ildefonso de Miguel e Ignacio González -presidente del ente público CYII y vicepresidente de la Comunidad de Madrid entre los años 2003 y 2012-, "con el fin de beneficiar a familiares de este último, se impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso, a pesar de que, atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación".

Señala que guiados con ese fin convinieron con Dragados que el Canal del Isabel II le adjudicaría directamente a esta sociedad dicho modificado imponiéndole para ello la condición de que subcontratara para determinados trabajos a la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería -TCT-. Los socios de esa empresa eran Clemente, Manuel González y Caballero, si bien estos dos últimos ostentaban su titularidad a través de personas interpuestas con el fin de ocultar sus vínculos familiares con el expresidente de la Comunidad de Madrid.

La aprobación y adjudicación directa a Dragados de dicho modificado tuvo lugar en la sesión del Consejo de Administración del Canal de Isabel II celebrada el 19 de julio de 2006, merced a la intervención de los investigados Ignacio González e Ildefonso de Miguel.

TCT no tenía capacidad de ejecución

En cumplimiento de lo acordado e impuesto por los investigados, el 15 de junio de 2006, con anterioridad a que se le adjudicase formalmente el citado modificado, Dragados subcontrató a TCT para la realización de determinados trabajos a pesar de conocer que esta sociedad "carecía de toda capacidad para ejecutarlos", ampliando hasta en cuatro ocasiones, entre el 10 de agosto de 2006 y el 14 de febrero de 2007, el objeto de dicha subcontratación. De esta manera, según el auto, el importe total de los trabajos que Dragados subcontrató con TCT ascendió a 3.067.864,83 euros.

Los socios de TCT, sabiendo que eran incapaces de ejecutar esos trabajos, los subcontrataron a su vez con las sociedades Onlygolf Planning and Design y Fieldturf España. Acordaron con ellas percibir una comisión del 8 por ciento por su intermediación, por lo que el beneficio aproximado para TCT fue de 381.000€. De esa cantidad, se repartieron entre los socios de TCT al menos 267.000 euros entre noviembre de 2006 y marzo de 2008 mediante 49 entregas en efectivo.

En su auto de fin de instrucción, el magistrado recuerda además que en 2006 el Canal adjudicó el concurso para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas de ese tercer depósito a una UTE formada por TCT, Soto Once SL e Iridium Concesiones de Infraestructuras (de Dragados).

En esa adjudicación "solo los investigados Jaime Ignacio González González e Ildefonso de Miguel Rodríguez conocían el vínculo familiar del primero de ellos con los socios de TCT, extremo que ocultaron de nuevo a los demás para evitar cualquier veto obligado por razón de tal vínculo".

Tras la adjudicación, esa UTE constituyó la sociedad Green Canal Golf que firmó en 2007 la concesión. Pero en junio de ese mismo año Green subcontrató con TCT el trabajo de mantenimiento del césped durante cinco años por un precio mensual de 9.875 euros. A su vez, ese mismo día TCT, "al carecer de capacidad para ejecutar ese trabajo", lo subcontrató con Onlygolf, reduciendo el canon mensual a 7.941 euros, consiguiendo así, por su mera intermediación un beneficio aproximado de 124.000€. El juez calcula en su auto que entre 2006 y 2012 obtuvieron un beneficio total cercano a los 505.000 euros, financiado con los fondos públicos destinados a ambos concursos del Canal de Isabel II.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha continuado indagando en la posible relación de las adjudicaciones públicas con empresas que aparecen como donantes al PP y sospecha de que la empresa Degrémont se benefició de otro concurso convocado por el Canal Isabel II en 2006 gracias a las cantidades aportadas al partido.

Así lo indica un informe de la UDEF con fecha del pasado 15 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, entregado al juez del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, en el marco de la pieza separada en la que se investigan las donaciones finalistas de empresarios a la formación política. Una investigación que se reabrió a raíz de las revelaciones que hizo el líder de la Gürtel, Francisco Correa, en el juicio por la primera época de actividades de la trama corrupta (1999-2005).

La UDEF recuerda que ya analizó en un informe elaborado en septiembre 2020 las presuntas irregularidades en las que se habrían incurrido con la adjudicación por parte del Canal Isabel II a Degrémont en 2007 en relación a la estación depuradora de aguas residuales de la ciudad de Madrid'EDAR Viveros de la Villa por el importe de adjudicación de más de 7,5 millones de euros.

Ahora pone el foco en un segundo contrato, que se tramitó por la vía de urgencia, ese mismo año en relación con el suministro y montaje de un turbocompresor de aire para la misma estación depuradora a la misma sociedad licitadora por un importe de licitación de 445.479,06 euros IVA incluido.

Comisiones para intermediarios

Según señalan los investigadores, el investigado Plácido Vázquez, consejero de Degrémont entre 2006 y marzo de 2010, "actuó como intermediario para la captación de licitaciones públicas a través de Francisco Correa", quien trasladaba el candidato y la licitación concreta al extesorero del PP Luis Bárcenas "para la consecución del contrato". "En caso que la gestión resultara con éxito se generaba una comisión abonada por la empresa de la que eran partícipes los intervinientes en la operación", añaden.

La UDEF destaca esta intermediación ya que el objeto de la pieza separada que está en instrucción es "comprobar si determinadas anotaciones reflejadas en los denominados papeles de Bárcenas o contabilidad B del PP, constituyen el soporte documental-contable, por rudimentario que sea, de transacciones reales que reflejarían las contraprestaciones en metálico obtenidas por el PP y determinadas personas, a cambio de interceder o presionar para conseguir que se produjeran determinadas adjudicaciones de obras públicas a los pagadores de tales ilícitas comisiones".

Por otro lado, la UDEF recuerda que en un informe incorporado a la causa a finales de 2019 ya se explicó que los presidentes de Degrémont, Rafael Palencia y Ángel Salado, "constan como aportantes de dinero metálico que se ingresa en la cuenta analítica del Partido Popular de ingresos obtenidos por el concepto de donativos y su correspondiente aplicación en concepto de gastos en el período comprendido entre 1998 y 2008".

Todas estas fechas son de interés para la policía judicial, ya que, tal y como subraya, Degrémont, "en sus distintas denominaciones sociales", fue adjudicataria de licitaciones públicas de las Administraciones Públicas en el periodo comprendido entre los años 2002 y 2009.

"Metodología de actuación"

La UDEF recuerda que Palencia, que ha comparecido como investigado en esta causa, explicó "la metodología de actuación" para la consecución de contratos en una conversación que mantuvo en junio de 2008, a instancias de Bárcenas, con el exgerente del Canal Isabel II Ildefonso de Miguel.

Según la grabación que hizo De Miguel de esta conversación, el presidente de Degrémont reconoció que "ayudaba" al PP entregando "periódicamente" unos 35.000 euros para que le "traten bien".

Los investigadores afirmaron en el informe entregado en septiembre de 2020 que no podía "desvincularse" el contenido de la conversación con la adjudicación en 2007 de la depuradora Viveros de la Villa, puesto que "coincidiendo" con este contrato "realizó una entrega" al extesorero del PP Álvaro Lapuerta y el entonces gerente del partido Luis Bárcenas de unos 30.000 euros, que calificó de "simbólica".

La Comunidad de Madrid, a través de Canal de Isabel II, hará públicos semanalmente los datos de presencia de coronavirus en las aguas residuales de la región. A través de un mapa con los distintos municipios de la región, distritos y calles de la ciudad de Madrid, los ciudadanos podrán conocer la tendencia de la presencia del virus en la zona seleccionada, según informa Europa Press.

Así lo ha anunciado este sábado la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, en la presentación de esta herramienta de visualización en el Centro de Control de la empresa pública en Majadahonda, que es "un elemento más de consulta en el que poder ver la evolución y tendencia de la presencia del virus en su lugar de residencia o de trabajo, entre otros, a disposición de los madrileños".

Los responsables del sistema Vigía para la detección temprana de coronavirus en aguas residuales han desarrollado un mapa de visualización en el que, a través de un código de colores, se podrá conocer la tendencia en cada zona, la fecha del último análisis validado, el indicador de la presencia del virus y un valor comparativo del último dato con respecto a los anteriores en ese mismo punto.

La actualización de este mapa se realizará semanalmente y, además, se acompañará con un informe resumen, que incluirá la tendencia general de la presencia en los municipios de la Comunidad de Madrid, en la ciudad de Madrid y en la variación en los 289 puntos de alcantarillado y depuradoras donde se toman muestras. Todos estos datos estarán disponibles cada martes en la web del Canal de Isabel II. 

Martín ha destacado la importancia del sistema Vigía en la gestión de la pandemia en la región, "ya que se ha convertido en una herramienta muy valiosa para la toma de decisiones de las autoridades sanitarias y ha logrado adelantar las dos últimas olas del covid en la Comunidad".

Según ha constatado el Gobierno regional en un comunicado, la publicación de esta información es un paso más en la consolidación del sistema Vigía, que se convertirá en una red permanente de monitorización al servicio de la sanidad pública y que cuenta, para ello, con un laboratorio de genómica donde poder analizar, en caso de que fuera necesario, otro tipo de virus en las aguas residuales.

El Ejecutivo autonómico asegura que el sistema Vigía es el mayor sistema de vigilancia temprana de covid-19 mediante el análisis de aguas residuales que se está desarrollando en España, y que la iniciativa supera a otras similares que hasta la fecha se han desarrollado en el país, tanto por el número de puntos de muestreo como por la población a la que se presta servicio: cubre 179 municipios, la totalidad de la región, con 6,8 millones de habitantes.

Laboratorio genómico

La red permanente de alerta en aguas residuales frente al covid-19 del proyecto Vigía se realiza a través del laboratorio de genómica de Canal de Isabel II, donde se podrían analizar todo tipo de virus.

Canal de Isabel II ha destinado cerca de cuatro millones de euros al sistema VigíaVigíay destinará otros 900.000 euros a este laboratorio de genómica, que contará con cinco centrífugas, dos cabinas PCR, una cabina de seguridad biológica, tres termocicladores, dos robots purificadores, un equipo de enfriamiento de muestras, una centrífuga de tubos y una lámpara doble de luz UV, entre otros dispositivos. Asimismo, contará con fungibles, reactivos y kit de análisis de muestras.

El equipo de personas destinado a la planificación y desarrollo de estos estudios para la salud pública es de 20 personas, con perfiles técnicos y científicos. A partir de marzo, que estará a pleno rendimiento, el laboratorio de genómica aumentará su capacidad de análisis semanales de 40 a 100, una cifra que respondería a las necesidades de vigilancia de virus en situación de normalidad.

Ahora, y a consecuencia de la pandemia, esta labor se completará con otros análisis externos para poder dar respuesta a la demanda de información y ofrecer la mayor cantidad de datos posibles para la gestión sanitaria.

Hasta la fecha se han realizado más de 9.000 análisis, tomando muestras en los 289 puntos establecidos en la región. Además, en las últimas semanas, se están tomando muestras para tratar de detectar las distintas mutaciones de covid-19, es decir, la cepa británica, sudafricana o la brasileña.

En ese sentido, los técnicos de Canal están en contacto con laboratorios y expertos para ver qué metodologías podrían superar las barreras existentes a día de hoy para detectar y cuantificar estas variantes en las aguas residuales.

Según la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad los resultado que arroja esta herramienta, que permite rastrear al cien por cien de la población de Madrid,Madrid son "sin niguna duda acertados respecto a la evolución de la pandemia". Así, reflejó el pico máximo de la tercera ola el 20 de enero, y actualmente muestra un descenso del 50% respecto a ese valor máximo, según ha constado Martín.

El Canal de Isabel II ha detectado presencia de cadenas de ARN en aguas de SARS-COV-2 en el 75 por ciento de las muestras recogidas de sus aguas residuales, aunque la tendencia es "sensiblemente descendente".

Así lo ha indicado este miércoles el viceconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, Mariano González, en la comisión del ramo de la Asamblea de Madrid, en respuesta a una pregunta sobre este tema efectuada por el diputado socialistas Rafael Gómez Montoya.

González ha explicado que desde julio se han realizado 4.000 analíticas semanales para detectar el covid en estas aguas fecales, "no como una herramienta de alerta temprana, sino como elemento de apoyo en la toma de decisiones a la autoridad sanitaria". "Son unidades genómicas variables por litro de agua, que requieren análisis de los epidemológicos para contrastar con otra información para llegar a algunas conclusión", ha indicado.

Aunque se han detectado periodos de más y menos incremento de presencia de coronavirus en estas aguas, ahora la tenencia es "sensiblemente descendente". Los datos hay que cruzarlos con áreas de salud, serologías y PCR y llegar a ciertas conclusiones para la identificación de casos.

El compareciente ha explicado que este procedimiento de detección de moléculas en el agua no es nuevo, se viene utilizando para detectar otras enfermedades, antibióticos y drogas. Se trata de una presencia que se excreta a través de las heces y que acaba en las alcantarillas.

Desde julio, se ha efectuado un muestreo de 293 puntos del Canal, 50 de ellos en la capital, por parte dos laboratorios que trabajan en Cataluña y Valencia, con metodología similar. La presencia de los puntos de muestreo de las cuencas está definida por la autoridad sanitaria para que sean representativos de toda la región, ha apuntado el viceconsejero de Medio Ambiente.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha detectado irregularidades en la contratación por parte del Canal Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid, para beneficiar a uno de los empresarios que reconoció que donaba "periódicamente" más 30.000 euros al PP.

Así consta en un informe policial con fecha del pasado 15 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha sido entregado al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga la presunta 'caja B' del PP. Se trata del expediente de adjudicación y contratación que tuvo lugar en 2007 por el importe de más de 7,5 millones de euros con Degremont, empresa de Rafael Palencia, para el servicio de explotación de las depuradoras de aguas residuales urbanas de Madrid.

Palencia ya compareció como investigado ante el juez De la Mata después de que saliera a la luz una grabación realizada por el exgerente del Canal Isabel II Idelfonso de Miguel en junio 2008, según apunta el informe de la UDEF, en la que reconocía que "ayudaba" al PP entregando "periódicamente" unos 35.000 euros para que le "traten bien".

Los investigadores, tras analizar el contrato que el Canal Isabel II aportó tras un requerimiento judicial, concluyen que el ente público ha "vulnerado los principios generales de la contratación pública de publicidad, concurrencia objetiva y transparencia".

"Encaje" con una conversación grabada

A lo largo de 126 páginas, La UDEF ha podido estudiar pormenorizadamente esta documentación, sobre la que asegura que tiene "encaje" en el contenido de la conversación grabada durante la reunión que mantuvieron Palencia y De Miguel, a instancias del extesorero del PP Luis Bárcenas, en la que el empresario explica la forma de actuación para la consecución de contratos públicos.

Entre las irregularidades detectadas, los investigadores señalan, entre otros motivos, que se incluyeron "factores determinantes de la solvencia de los licitadores"; que el informe de valoración de propuestas y la resolución de adjudicación carecen de motivación y no se detalla la puntuación que se otorgó a cada oferta en base a la propuesta económica y técnica; y que el contrato se formalizó fuera del plazo establecido en el pliego administrativo.

Para la UDEF, estas irregularidades "no pueden desvincularse del contenido de la conversación", ya que el dueño de Degremont se refiere en ella a la adjudicación de Viveros de la Villa. Según recuerda el informe, Palencia señaló que "coincidiendo" con esta adjudicación "realizó una entrega", de unos 30.000 euros, que califica de "simbólica", al PP a través del extesorero Álvaro Lapuerta y el entonces gerente del partido Luis Bárcenas.

Añade la UDEF que esta donación "a su vez fue concomitante con la gestión que le hizo Ildefonso de Miguel en favor de la contratación con el fin de facilitar la misma y/o remover los obstáculos surgidos en su desarrollo".

El juez requiere más información

Por otro lado, el juez instructor José de la Mata ha dictado un auto con fecha de 14 de septiembre, al que también ha tenido acceso Europa Press, en el que acuerda que se requiera más información a la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES) —dependiente de Fomento—, al Canal Isabel II, al Ayuntamiento de Madrid y a la sociedad a entidad Suez Treatment Solution (antes Degremont) sobre las contrataciones que llevaron a cabo entre 2003 y 2007 a favor de Palencia.

El magistrado ya dictó un auto el pasado mes de abril en el que solicitaba documentación sobre tres proyectos relacionados con posibles donaciones al PP y ahora solicita los discos duros de los equipos informáticos así como otros soportes de almacenamiento de información y otros dispositivos electrónicos corporativos. También copia del contenido almacenado en el servidor y clientes asociados que gestiona el sistema de mensajería y copia de los mensajes de correo electrónico íntegros obrantes en las cuentas corporativas.

Con ello trata de "aflorar los procesos subyacentes" en el ciclo de contratación en 2003 por parte del Sepes, por el importe de 3,4 millones de euros, para la adjudicación del expediente de redacción del proyecto para la construcción y puesta a punto de una planta de tratamiento de aguas residuales 'EDAR Monte Boyal' en la localidad de Casarrubios del Monte (Toledo).

En cuanto al Canal Isabel II, el magistrado quiere seguir indagando en la adjudicación a Degremont de la depuradora Viveros de la Villa, mientras que al Ayuntamiento de Madrid requiere información para estudiar la licitación en 2007 para el mantenimiento y conservación de la estación regeneradora de aguas residuales 'EDAR La Gavia'. Sobre este último contrato, el juez recuerda que Palencia no consiguió la adjudicación pero apunta que Bárcenas le puso en contacto con la entonces concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento.

El Canal de Isabel II, la empresa pública madrileña que ejerce una de las acusaciones particulares como perjudicada en el caso Lezo, acaba de pedir para Ignacio González la misma pena que para los otros cinco principales implicados en la ruinosa compra de la compañía brasileña Emissao. Pide iguales condenas pese a que fue el expresidente madrileño quien en todo momento tuvo el mando y quien, según las investigaciones, se reservó para sí el doble de dinero cobrado en mordidas. Tras el auto dictado por el juez Manuel García Castellón el pasado 18 de noviembre, el caso está ya en la recta final hacia el juicio que sentará en el banquillo al antiguo delfín y luego sucesor de Esperanza Aguirre así como a otras seis personas.

La investigación ha concluido que fue Ignacio González quien entre 2012 y 2014 dirigió aquella operación ilegal de compra de Emissao, que le costó al erario madrileño 31 millones de dólares, una cifra superior entre nueve y 13 millones de dólares a la que distintos informes señalaban como la admisible. Y fue él quien, al ordenar cómo debían repartirse las comisiones, se embolsó el doble (1,8 millones de dólares) que cada uno de sus cuatro principales colaboradores.

Tres de ellos y el empresario que vendió Emissao al Canal acabaron por confesar, lo que permitió cerrar el círculo. Pero las penas que solicita el Canal los equipara a González, que durante casi una década tuvo su feudo en la empresa de aguas, buque insignia del conglomerado público de la Comunidad de Madrid y quien en todo momento ha proclamado su absoluta inocencia. Para todos ellos, la acusación que ejerce la empresa pública solicita en su escrito de conclusiones once años de cárcel: ocho por malversación, que es el máximo previsto por el Código Penal para quien desvía dinero de la Administración; y otros tres por fraude a la Administración, delito susceptible de ser castigado con hasta seis años de reclusión y que consiste en concertarse con un tercero para favorecerle con contratos públicos. Exactamente las mismas condenas solicita el Canal para el antiguo dueño de Emissao, Sebastiao Cristovam, quien terminó por detallar ante el juez cómo transfirió desde Suiza las mordidas: "corretagem", dijo en portugués. En total, 5,8 millones de dólares que fluyeron desde Suiza hacia Panamá y la República Dominicana.

Solo para la séptima acusada, María Fernanda Richmond, que era directora financiera del Canal y que no recibió comisiones, se reclama en este escrito una pena inferior: dos años por fraude y siete por malversación.

El Canal coincide con el juez de la Audiencia instructor del caso, Manuel García Castellón, en que González, que durante casi una década dirigió la empresa de aguas, fue quien ejerció la "permanente supervisión y vigilancia" de aquella operación ilegal cuyo punto álgido se sitúa en noviembre de 2013. La adquisición del 75% de la mercantil brasileña se hizo ese mes por 31 millones de dólares.

A finales de 2012, el hasta entonces propietario de Emissao, Sebastiao Cristovam, había ofrecido el 80% de la empresa por 23,7 millones de dólares. Y ya en enero de 2013, los técnicos de la gran filial hispanoamericana del Canal, la colombiana Inassa, habían cuantificado en 19,09 millones de dólares el valor de aquel 80%. En resumen, cuando en noviembre de 2013 el buque insignia de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid se hizo con el 75% de Emissao debería haber pagado –y así lo recalca el Canal en su escrito de conclusiones– "una cantidad comprendida entre 22.231.005 dólares y 17.901.245 dólares". 

Una confesión que actuó como acelerante

No fue así. Al Canal aquella compra le costó los 31 millones arriba mencionados. Pero esa cifra, y ahí radica la clave del caso, incluía el importe de "las ilícitas comisiones que se iba a repartir": 5,8 millones de dólares que Sebastiao Cristovan transfirió desde Suiza a González y los suyos. ¿Quienes formaban este equipo delictivo? Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa, la filial colombiana del Canal de Isabel II que operaba como su cabeza de puente en América; los directivos locales de Inassa Diego García Arias y Ramón Navarro Pereira; y el exdelegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro. Todos ellos, salvo Moro, le acabaron contando a los investigadores los detalles del asunto. E hicieron algo más que, salvo terremoto, se acabará traduciendo en la presumible solicitud de atenuantes por parte de otras acusaciones, entre ellas la de la Fiscalía cuando presente su escrito.

Ese algo más lo constituye la devolución del dinero, algo que los juristas suelen denominar como reparación del daño. Entre noviembre de 2017 y enero de 2018, Rodríguez Sobrino devolvió el dinero. Según un informe de la Guardia Civil esencial para la acusación, "el hecho de que devolviese 2,7 millones de dólares implicaría que, en esas fechas, aún gestionaba 1,8 millones de dólares que le corresponderían a Ignacio González".

Fechado el 4 de noviembre de 2019, ese mismo informe narra también cómo Ramón Navarro y Diego García "depositaron cheques en la Audiencia Nacional para devolver parte de los fondos desviados, aunque finalmente no han podido ser compensados y han sido devueltos a sus representaciones procesales para que materialicen la devolución de los fondos por otro canal".

Diego García Arias aparece en la causa como un arrepentido de gran relevancia: fue el primero que ante los fiscales Anticorrupción que se desplazaron a Colombia en 2017 ofreció una cascada de datos que luego confirmó Ramón Navarro. La declaración del primero de los dos directivos colombianos actuó como el gran acelerante que inflamó de manera definitiva un caso donde la compra de Emissao constituye una de las dos vertientes principales junto con la de los desmanes del campo de golf del Canal con que la familia González dio un auténtico pelotazo. Ambas facetas amenazan a Ignacio González con devolverlo a la cárcel, donde en 2017 ya permaneció seis meses como preso preventivo tras el estallido de la Operación Lezo.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto enviar a juicio al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por presuntos delitos de malversación y fraude en la compra de la empresa Emissao con fondos públicos del Canal de Isabel II, en una operación en la que se habrían desviado 25 millones de euros.

Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 atiende así la petición de la Fiscalía Anticorrupción que pedía la conclusión de la instrucción de esta pieza separada del caso Lezo sobre la adquisición de la empresa brasileña a cargo del Canal Isabel II, una vez que ya estaba bajo el mando de González, así como sobre el presunto reparto de comisiones derivados de la operación de compra.

Anticorrupción también pedía el procesamiento del que fuera mano derecha de Ignacio González y expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino; el ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro; la exdirectora del Canal María Fernanda Richmond; el exgerente de Inassa Diego García Arias; el exdirector de otra filial del Canal Ramón Navarro; así como el representante de Emissao Sebastiao Cristovam.

Con este auto de procesamiento, el magistrado considera pertinente el cierre de la segunda pieza de este caso que estalló en abril de 2017 con la detención del exvicepresidente madrileño, pues ya dictó otro auto en relación a la pieza sobre Inassa, en la que procesó a una veintena de ex altos cargos del Canal de Isabel II, en este caso por la compra de la empresa colombiana a finales de 2001.

Aquí tienes el auto:  

La Fiscalía Anticorrupción solicita 7 años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta para los exconsejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo, antiguos colaboradores de Alberto Ruiz-Gallardón, por la pieza 1 del caso Lezo, esto es, la compra de la sociedad colombiana Inassa a cargo del Canal de Isabel II en el año 2001.

Anticorrupción les acusa de un delito de malversación de caudales públicos, como a los otros 20 procesados en esta causa, todos ellos técnicos y exconsejeros de la empresa pública de aguas así como gestores e intermediarios en la operación, para quienes reclama entre 6 y 7 años de prisión y entre 12 y 15 años de inhabilitación absoluta.

En concepto de responsabilidad civil, la fiscal pide que los 22 procesados indemnicen al Canal de Isabel II de forma conjunta y solidaria con el "sobreprecio pagado por la adquisición" de la sociedad panameña a través de la cual el Canal de Isabel II compró Inassa, lo cual asciende a algo más de 19 millones de euros, "sin perjuicio de la cantidad mayor que pueda fijarse en el trámite de conclusiones definitivas".

La operación de compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II por 73 millones de dólares a través de una sociedad radicada en Panamá --Aguas de América (SAA)-- se enmarca, según el escrito de la Fiscalía, en la "expansión internacional" que en el año 2001 el Canal de Isabel II inició en Colombia mediante la adquisición del 75% de Inassa, para lo cual "utilizó una sociedad vehículo de nueva creación" llamada Canal Extensia, participada en un 75% por la empresa pública madrileña y en un 25% por la mercantil valenciana Técnicas Valencianas del Agua. La adquisición estaba sometida a la previa autorización, primero, del consejo de administración del Canal y, segundo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Desde su creación en el año 1996, Inassa pertenecía a la sociedad Aguas de Barcelona (Agbar) y a distintos socios locales colombianos. Su principal activo era la sociedad también colombiana Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A), que se nutría de los ingresos obtenidos por la prestación del servicio de concesión municipal que le fue otorgada por el Ayuntamiento de Barranquilla.

Plagada de ilicitudes

Para Anticorrupción, la adquisición de Inassa estuvo "plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta", pues lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América, entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa y el 51% de la sociedad dominicana Watco, "provocándose un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido, principalmente, al sobreprecio abonado y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados que no redundaron en ningún beneficio" para la Comunidad de Madrid.

Según el relato de hechos que hace la fiscal, en la compra asumieron un papel relevante los acusados Francisco Olmos Fernández-Corugedo, Francisco Javier Vilaplana Oliva, Esteban Palacios Ortega, Ángel Conde Álvarez y Santiago García Benavides, quienes en marzo de 2000 "consiguieron que Agbar, a la que estaban vinculados profesionalmente, vendiera su participación en Inassa a la panameña SAA, sociedad de su propiedad y del resto de socios colombianos de Inassa".

De forma paralela, "iniciaron un proceso de licitación privado dirigido a vender la sociedad SAA, el cual culminó a principios del año 2002 con su venta al Canal de Isabel II, lo que se llevó a cabo por un precio muy superior a su valor real, obteniendo así, a costa del erario público autonómico, cuantiosas plusvalías de las que se beneficiaron tanto ellos como los socios colombianos locales".

Según Anticorrupción, fueron los exdirectivos del Canal Juan Pablo López Heras y José Antonio de Cachavera, con el beneplácito del entonces director gerente Arturo Canalda, los que elaboraron un dosier explicativo sobre esta operación que desvelaba que la compra del 75% de Inassa a través de la sociedad panameña.

Y aunque en el documento se hacía mención "de forma atemperada" a los riesgos, obviaron "valorarlos", de modo que el consejo de administración del Canal de Isabel II, en un papel que la fiscal considera "esencial", acabó aceptando el pago de 73 millones de dólares con un "sobreprecio injustificado de, al menos, una cantidad comprendida entre 23 millones y 35,4 millones de dólares (entre 25,4 millones y 38,7 millones de euros)".

Palmaria y consciente dejación de funciones

"En definitiva, la palmaria y consciente dejación de las funciones que los acusados tenían encomendadas en sus respectivos ámbitos de actuación como miembros del ente Canal de Isabel II para la protección de los intereses públicos permitió que se desviaran cuantiosos fondos públicos a financiar una operación que causó indebidamente un menoscabo económico a dicha entidad en beneficio exclusivo de terceros", subraya la Fiscalía.

La compra de Inassa no habría sido posible sin el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que en el año 2001 presidía Gallardón, si bien Anticorrupción ha quitado toda responsabilidad a los que entonces eran consejeros, salvo a Calvo y Bravo, quienes a su vez también eran consejeros del Canal y, por tanto, "emitieron su voto conociendo todos los detalles de la operación y los perjuicios económicos que se derivarían de la misma".

Junto a Calvo y Bravo, Anticorrupción pide condena para el resto de miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II del año 2001. Ignacio López Galiacho, Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz Latorre, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho se enfrentan a 6 años de prisión y 14 de inhabilitación absoluta.

Para el ex director gerente del Canal Arturo Canalda, la fiscal solicita 7 años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta, al igual que para los técnicos Cachavera y López Heras, mientras que para Ángel Conde, Santiago García Benavides, Esteban Palacios, Francisco Javier Vilaplana y Francisco Olmos, personas vinculadas a la operación en calidad de compradores, vendedores y gestores, pide 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación absoluta.

Un documento ahora incorporado al sumario de la Operación Lezo ha reforzado las sospechas que ya albergaban los investigadores sobre el pelotazo que la construcción de un campo de golf en el centro de Madrid proporcionó a partir de 2006 al clan familiar de Ignacio González, entonces número dos de Esperanza Aguirre y más tarde presidente de la Comunidad.

Promovido por el Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de Madrid y que hasta 2012 tuvo como máximo responsable al propio González, la construcción del campo de Chamberí fue adjudicada a Dragados. Primero, y para la instalación del césped artificial, la empresa de Florentino Pérez subcontrató a la empresa Tecnoconcret, prácticamente sin actividad y de la que era accionista el cuñado del político madrileño. Y luego le dio entrada en el consorcio al que el Canal de Isabel II adjudicó la explotación del campo. Por la instalación del césped y como ya desveló infoLibre, Tecnoconcret cobró de Dragados tres millones. Una vez descontado lo que pagó a un subcontratista por la ejecución real de los trabajos, Tecnoconcret se reservó una comisión neta de 600.000 euros.

El documento que ahora ha conducido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a "inferir" que la contratación de Tecnoconcret por Dragados pudo ser fruto de instrucciones expresas cursadas por el Canal de Isabel II es un cuadro de ofertas elaborado por la constructora y aportado por sus representantes a requerimiento del juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Manuel García Castellón. En la esquina inferior derecha del cuadro, justo debajo de la columna correspondiente a la oferta presentada por Tecnoconcret y en el apartado "Observaciones", aparece la siguiente leyenda: "A Pet CYII".

"Hay que tener en cuenta que entre la documentación aportada por Dragados –dice un informe de la UCO fechado el pasado 8 de agosto– se ha hallado un documento denominado "cuadro comparativo de ofertas", relativo al hoyo número 4 "golf prueba", en el que se observa la inscripción "A Pet CYII" en el apartado observaciones de la columna donde se consignaba la oferta económica de Tecnoconcret". De esa anotación, prosigue el texto, "se infiere que la contratación de esta sociedad por parte de ACS-Dragados podría haberse realizado a petición del CYII [Canal de Isabel II]". 

Las explicaciones de Dragados

Tras recibir ese informe, el juez  reclamó a Dragados que explicase el significado exacto de esa anotación. La respuesta de la constructora, a la que ha tenido acceso este periódico, dice que, "consultado el jefe de obra"–es decir, el del campo de golf inaugurado por Esperanza Aguirre en marzo de 2007 y cuyas presuntas y múltiples irregularidades ya fueron denunciadas sin consecuencias ese año tanto por la prensa como por los vecinos–, este "cree recordar" lo siguiente: "Que se refiere a que fue a petición del Canal de Isabel II por lo que se restringió inicialmente la contratación de la instalación del césped a un hoyo de prueba, concretamente el hoyo 4 y que, según resulta de la propia hoja comparativa que se acompaña al requerimiento, el contrato se adjudicó a la mejor oferta técnica y económica, que fue la presentada por Tecnoconcret".

El texto no aclara por qué si lo que se hizo "a petición del Canal de Isabel II" fue contratar en primera instancia solo un hoyo de prueba, la anotación remarcada por la Guardia Civil figura solo en la columna de Tecnoconcret y no, por ejemplo, también bajo las de las otras tres empresas que presentaron ofertas, todas ellas, en efecto, de cuantía superior. O junto al enunciado que explica el contenido del cuadro. Ese enunciado expone que el objeto del contrato es justamente el "Hoyo nº 4 Golf Prueba".

Dragados tampoco explica qué compartimentos del cuadro, que solo contiene cifras de precios, constatan la mejor calidad técnica de Tecnoconcret. De hecho, distintos testigos han admitido a lo largo de la investigación que Tecnoconcret no hizo nada en realidad. La empresa en la que participaba José Juan Caballero, cuñado de Ignacio González, que había sido subcontratada por Dragados, subcontrató de hecho a su vez a otra mercantil especializada en instalación de césped artificial. Uno de los socios de esa mercantil, Onlygolf, declaró hace más de un año que el único sentido de la presencia de Tecnoconcret era "malversar y robar".

 El informe de la Guardia Civil destaca que ya en octubre de 2017 el antiguo jefe de la división de arquitectura del Canal de Isabel II, que declaró como testigo, afirmó "que la instalación concreta de césped artificial fue un tema «especial» y que su instalación fue un asunto controlado-decidido" por un arquitecto que ya ha muerto.  El testigo declaró –narra la UCO– que "le parece que efectivamente algún responsable del CYJ1 podría haber orientado a Dragados para que subcontrataran a Tecnoconcret y que sospecha que pudiera haber sido Adrián Martín López de las Huertas". En 2006,  Martín López de las Huertas, igualmente imputado en la Operación Lezo, era director de Innovación del Canal de Isabel II. En julio de 2009 ascendió al cargo de gerente, en el que permaneció hasta 2016.

La UCO también tomó declaración a quien ostentaba el puesto de jefe de obra de Dragados en 2006. El testigo confirmó "la relación de Tecnoconcret y José Juan Caballero". Para la Guardia Civil ese punto posee relevancia por cuando, teóricamente, la sociedad Ecosistemas SL, a través de la cual Caballero se incorporó a Tecnoconcret, no entró en su accionariado "hasta el año 2008".

El hallazgo casual de una sociedad panameña desconocida hasta ahora y a la que Edmundo Rodríguez Sobrino –el hombre de Ignacio González en Latinoamérica– y Adrián de la Joya –el empresario que recibió 2,5 millones de OHL como mediador en el supuesto pago por la adjudicación del tren de Navalcarnero– transfirieron "importantes sumas" en 2007 ha abierto una nueva línea de investigación en el caso Lezo. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que tras esa compañía que había permanecido oculta, Yolan Investments Inc., podría estar Ignacio González.

Así se desprende de un informe de la UCO fechado en junio y que había permanecido bajo secreto hasta hace solo días. En ese informe, la Guardia Civil relata cómo el análisis de los extractos bancarios de dos cuentas, una a nombre de una mercantil de Rodríguez Sobrino (Landy Corp.) y otra de De la Joya (Frankford Trade), condujo a "identificar una coincidencia que resulta especialmente relevante para la investigación".

Y esa coincidencia consiste en lo siguiente: que el expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino,  y Adrián de la Joya, "dos investigados sin aparente relación entre ellos" pero ambos presuntos "intermediarios para canalizar" supuestos sobornos destinados al político madrileño y su mano derecha en e Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, habían transferido respectivamente un millón de dólares y medio millón de euros a la sociedad panameña Yolan Investments Inc. Entre una y otra transferencia solo hubo "un lapso de cuatro meses". Las dos operaciones se efectuaron desde sendas cuentas radicadas en Suiza, país donde también Yolan Investments Inc. posee un depósito abierto en el Lombard Odier.

Fechado en junio, el informe de la Guardia Civil alerta de que esa coincidencia apunta a "una operativa de pago de comisiones". 

Los investigadores sintetizan por qué alcanzan esa conclusión. Y lo hacen así: "Dos investigados sin aparente relación entre ellos, que habrían actuado como intermediarios en el presunto cobro de comisiones para cargos públicos —Ignacio González e Ildefonso de Miguel— transfirieren importantes sumas de dinero (1 M $ Edmundo (...) y 500.000 euros Adrián) a una cuenta suiza en el Lombard Odier titulada por la sociedad panameña Yolan Investments Inc. [Lo hacen] en fechas próximas (un lapso de 4 meses aproximadamente en el 2007)". Y todo eso constituye "a juicio policial, indicios que apuntan a una operativa de pago de comisiones".

A raíz del informe de la UCO, el juez que en la Audiencia Nacional instruye la Operación Lezo, Manuel García Castellón, ha enviado una comisión rogatoria al paraíso fiscal de Bahamas. En ese archipiélago caribeño se ha localizado otra cuenta de Yolan Investments Inc.

La UCO también ha pedido al magistrado que interrogue al gestor suizo que figuraba como presidente de Yolan Investments, Marc Chatel. 

Disuelta justo antes del estallido de 'Lezo'

Desde la cuenta de Bahamas, Yolan Investments –que reproduce la estructura típica de las empresas pantalla diseñadas con el exclusivo fin de ocultar la identidad de su verdadero propietario– pagaba su minuta al bufete panameño que se ocupaba de su gestión y que, a tenor del informe de la UCO, ha colaborado con la investigación. Los responsables de ese bufete, Tapia, Linares & Alfaro, informaron a España de que "en el año 2015 se vendió la totalidad de las participaciones (10.000) de Yolan Investments a otra mercantil". Oficialmente, Yolan fue disuelta en el Registro Mercantil de Panamá en febrero de 2017, dos meses antes del estallido de la Operación Lezo.

Imputado desde primera hora en la Operación Lezo, las pesquisas desarrolladas en España y en Colombia sitúan al expresidente de Inassa, la principal filial del Canal de Isabel II en Latinoamérica, como una figura clave en el reparto de los -presuntos– sobornos que la compra de la empresa brasileña Emissao a finales de 2013 reportó a Ignacio González y su círculo.

Como desveló el principal arrepentido de la trama y adelantó infoLibre, el colombiano Diego García Arias, fue González quien –supuestamente– ordenó cómo debían repartirse las millonarias comisiones pagadas por el anterior propietario de Emissao. Pero el expresidente de Madrid tomó precauciones: su parte del botín –1,8 millones, el doble que cada uno de sus presuntos cómplices– la mantuvo bajo custodia Rodríguez Sobrino.

Sobre el papel de Adrián de la Joya, el informe recalca que el empresario recibió 2,5 millones de dólares en diciembre de 2007 de dos filiales mexicanas de la constructora española OHL. "Según el propio Adrián de la Joya –explica la Guardia Civil–, esos pagos no obedecían a trabajo o servicio alguno, sino que los recibió a propuesta de Javier López Madrid —yerno del ex Presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir—, quien tras la transferencia de los fondos le habría dado instrucciones de transferir parte de esos fondos (dos terceras partes, siendo el dinero restante el beneficio de Adrián de la Joya por realizar la operación) a Ildefonso De Miguel, gerente de la empresa pública Canal de Isabel II en aquellos momentos".  No obstante –añade la UCO–, el empresario "se habría negado a transferir esos fondos (el propio Adrián lo calificó como una comisión) y decidió quedarse los 2,5 millones de dólares".

Un informe de Hacienda incorporado al sumario de la Operación Lezo ha sacado a la luz los contratos opacos de patrocinio de los que se valió el Canal de Isabel II para destinar 5,4 millonesa medios de comunicación afines: La Razón, que obtuvo por esa vía 3,5 millones; ABC, a la que la empresa de aguas que durante una década operó como feudo absoluto de Ignacio González asignó 1,5 millones; La Gaceta (375.000 euros) e Intereconomía (62.500 euros). El informe analiza contratos suscritos entre enero de 2012 y el primer semestre de 2015. Su reedición quedó interrumpida en junio de 2015 tras el ascenso a la Presidencia de Madrid de Cristina Cifuentes, quien finalmente dimitió en abril de este año tras el escándalo desatado por el caso máster.  

Elaborado por inspectores de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, el informe llegó a la Audiencia Nacional a finales de junio. Sus autores destacan que fueron firmados "al margen de los procedimientos de adjudicación" pública. Y que la empresa de aguas de Madrid no alcanzó sin embargo, ningún acuerdo de la misma naturaleza "con El País y El Mundo, que son medios de información general como mucha mayor tiradaEl PaísEl Mundo que los primeros".

Todos esos contratos –relata el informe– se articularon como pactos "para la difusión de las actividades medioambientales, empresarial y culturales de Canal de Isabel II SA y para informar sobre el estado de los embalses de la Comunidad". 

Con importes que oscilaban entre un millón por año para La Razón y los 62.500 euros garantizados por un único semestre a IntereconomíaLa Razón, su clausulado solo obligaba en el mejor de los casos a los patrocinados a cumplir tres requisitos: publicitar cada día el estado de los embalses, difundir una noticia trimestral de carácter ambiental, una por mes de índole empresarial y otra más sobre las actividades culturales del Canal.

El informe hace constar que en los contratos con Audiovisual Española 2000 SL, empresa editora de La Razón, no existe "un compromiso de publicación de noticias a partir de un umbral mínimo de cobertura de frecuencia diaria, mensual o trimestral".

El doble papel de Rodríguez Sobrino

"Se da la circunstancia –dice el informe– de que Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero de Audiovisual Española 2000 SA, fue también presidente de Inassa y es objeto de investigación en el procedimiento judicial del caso Lezo". Las oscuras operaciones de la empresa colombiana Inassa, cabeza de puente del Canal de Isabel II en Latinoamérica, centran una de las principales líneas de investigación en Lezo.

Hacienda, que se refiere a estos acuerdos opacos como convenios o contratos de manera indistinta, preguntó al Canal de Isabel II qué norma se había aplicado para su firma.

La respuesta aparece reflejada en el acta levantada tras una visita de los inspectores a la empresa pública, igualmente incorporada al sumario de Lezo. "En relación con la solicitud de aclaración sobre la existencia o no de algún criterio o instrucción establecido por el Grupo empresarial del Canal para la selección de las empresas a las que se patrocina y la elección de las entidades encargadas de la publicidad y propaganda, el representante de la entidad manifiesta que las empresas encargadas de las campañas de publicidad son seleccionadas mediante procedimiento de contratación pública a petición del servicio y supervisados, como en el resto de la empresa, por la Subdirección de Contratación. En relación con el patrocinio, el criterio de selección de las empresas no sigue este procedimiento".

“Suplico al juzgado (…) se proceda a remitir exposición razonada al Excelentísimo Tribunal Supremo en relación con la citación, en calidad de investigado, de Don José Ignacio Echániz Salgado”. Quien en esos términos pidió el 2 de agosto a la Audiencia Nacional que dé los pasos para que el Supremo impute en el caso Lezo al diputado al Congreso por el PP José Ignacio Echániz fue Pedro Calvo, dirigente del mismo partido. Los dos comparten mesa en el Comité de Derechos y Garantías del PP, ahora bajo la batuta de Rafael Hernando.

Al igual que Echániz, Calvo formaba parte del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón que en noviembre de 2001 dio vía libre a que el Canal de Isabel II adquiriese la firma colombiana Inassa mediante una operación en la que los investigadores observan visos de ilegalidad: la compra se articuló a través de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Panamá y, sobre todo, se cerró por un precio diez veces superior al valor fijado un año antes.

Los indicios delictivos que tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez perciben en la compra de Inassa explican por qué Calvo se convirtió en imputado ya en enero. Y por qué, con Gallardón a la cabeza, todos los demás miembros de aquel gabinete han sido llamados a declarar por el juez que investiga el caso. Todos salvo Echániz, que goza de aforamiento por ser diputado, de ahí que solo el Supremo pueda llamarle en calidad de imputado.

La inopinada petición de Calvo respecto de Echániz figura en el recurso planteado por su defensa contra la providencia con la que, el 31 de julio, el juez citó para septiembre a los seis exconsejeros de Gallardón que todavía no han declarado. En su recurso, el abogado Jorge Argote, defensor de Calvo, enfatiza que en esa relación de investigados hay un hueco: "En esa lista falta un miembro de dicho Consejo de Gobierno, don José Ignacio Echániz Salgado".

Este miércoles, infoLibre intentó contactar tanto con Pedro Calvo como como José Ignacio Echániz a través del PP. No fue posible. El penalista Jorge Argote rehusó atender la llamada de este periódico.

Órdago al juez instructor

Otros juristas conocedores de la instrucción de Lezo subrayan que al pedir la imputación de Echániz lo que busca Calvo es lanzar un órdago al instructor del caso, Manuel García Castellón, con la esperanza de que el juez derive la pieza completa de Inassa al Supremo y de que, una vez allí, las imputaciones queden en agua de borrajas. 

Sea como sea, la estrategia de defensa de Calvo para que la pieza completa donde se investiga la adquisición de la empresa colombiana Inassa quede en manos del Supremo ha derivado en una situación insólita: la de un dirigente del PP que insta a la Audiencia a solicitar a otro tribunal, el Supremo, la imputación de un compañero de partido. Un compañero con el que, además, comparte su pertenencia al mismo órgano de decisión, el siempre sensible en todas las formaciones políticas Comité de Derechos y Garantías.

Fuentes consultadas por este periódico recuerdan que cuando en una causa hay varios potenciales responsables penales y alguno de ellos está blindado por el aforamiento, lo habitual es que el juez instructor practique ciertas diligencias antes de enviar lo que se conoce como exposición razonada al tribunal que tiene la potestad de investigar al aforado en cuestión. Porque una exposición razonada consiste, básicamente, en una especie de auto donde un juez desgrana ante otro tribunal los motivos por los que considera que debe tomar declaración a un determinado aforado. Y esos motivos han de aparecer en la exposición debidamente fundados.

La defensa de Calvo no coincide con esas tesis. "¿Por qué –se pregunta Argote en su recurso– el ministerio fiscal excluye expresamente de ser citado como investigado a un miembro del Consejo de Gobierno que es diputado al Congreso?". "Esta defensa –prosigue el abogado– no quiere pensar que sea porque se pretenda eludir la competencia del Tribunal Supremo". 

Calvo ya declaró como investigado ante el juez de la Audiencia que instruye el caso, Manuel García Castellón. Lo hizo en enero, el mismo mes en que compareció también como imputado otro exconsejero madrileño, Juan Bravo, quien cesó como presidente de Adif tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. El PP no ha adoptado medidas cautelares contra ninguno de los cargos de Gallardón imputados en Lezo.

En junio, y tras varios meses de confusión sobre su situación procesal, le tocó el turno a Gallardón, que negó cualquier ilegalidad. Y desfilaron también otros integrantes de su Ejecutivo como Manuel Cobo y Carlos Mayor Oreja.

Ahora, y a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, el juez ha ordenado que los días 11 y 12 de este mes declaren en calidad de investigados –imputados– el resto de quienes integraban el Gobierno que validó el desembarco del Canal de Isabel II en Inassa mediante el pago 73 millones de euros (83,6 millones de euros al cambio de la época) por el 75% de la compañía. 

Era Pedro Calvo quien en el momento de la compra, avalada por el Gobierno madrileño el 14 de noviembre de 2001, simultaneaba su cargo como consejero de Medio Ambiente de Madrid con la presidencia del Canal de Isabel II, el mayor conglomerado público de la Comunidad de Madrid. Echániz dirigía entonces el departamento de Sanidad.

En agosto, el digital vozpopuli ya avanzó que la defensa de Calvo había pedido la imputación de Echániz. Pero hasta ahora no había trascendido que, más allá de que ambos pertenecieran al Gobierno de Gallardón hace casi dos décadas, hoy comparten hoy el rango de vocal en el Comité de Derechos y Garantías del PP.

A partir de abril de 2017, cuando fue detenido y encarcelado el principal protagonista del caso y que hasta dos años antes había presidido la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la Operación Lezo fue constatando que las sombras de sospecha que desde una década antes ya planeaban sobre el Canal de Isabel II eran más oscuras y más extensas de lo que diversas investigaciones periodísticas habían señalado. Desde noviembre, González se encuentra en libertad bajo fianza de 400.000 euros.

Un informe emitido el pasado 25 de julio por la Cámara de Cuentas de Madrid ha venido a reforzar las sospechas de juego sucio en uno de los mayores contratos de publicidad que investiga la Audiencia Nacional dentro de la Operación Púnica. Relativo al Canal de Isabel II, el dictamen del órgano fiscalizador concluye que la empresa de aguas adjudicó en enero de 2014 a una misma compañía –Arena Media, del grupo Havas– 5,56 millones por una amalgama de servicios publicitarios que se agruparon sin que nadie explicase el porqué, lo que lesionó el principio de transparencia. Y que se cuantificaron en un importe multimillonario (4,6 millones sin IVA) sin que tampoco nadie se molestara en dejar en el expediente administrativo una sola pista de cómo se había alcanzado esa cifra.

¿Es este uno de los contratos públicos que, supuestamente, utilizó la Comunidad de Madrid durante los mandatos de Esperanza Aguirre e Ignacio González para financiar campañas del PP? El interrogante sigue hoy abierto, pero es justamente el que alimenta la investigación judicial sobre la millonaria adjudicación del contrato bautizado como de "Servicios de gestión de compra de medios y diseño de campañas y acciones de comunicación de Canal de Isabel II Gestión SA". El contrato, de 15 meses de duración e "incorrectamente" prorrogado –denuncia la Cámara–, se extendió hasta 2015. Su ejecución coincidió por tanto con dos años electorales: 2014, en que se celebraron comicios europeos; y 2015, en que hubo elecciones autonómicas y municipales en mayo y, finalmente, generales en diciembre.

Como desveló infoLibre, el expediente administrativo lleva desde el otoño de 2016 en manos de la Oficina Antifraude de la UE (OLAF). En el escrito con el que reclamó la documentación del contrato, la OLAF hizo constar que "posiblemente" se había cofinanciado con dinero europeo.

Ante el juez del caso, el que en 2014 era director general de Arena Media, David Colomer, ya admitió como testigo que ignora "si tiene sentido" que un gobierno dedique una partida de semejante envergadura a propaganda mediática sobre el uso racional del agua.

Cuando el magistrado le interpeló sobre por qué el Ejecutivo regional había externalizado la tarea de insertar anuncios en lugar de encomendársela a su Dirección General de Medios, el testigo respondió así: "Buena pregunta".

El ejecutivo negó no obstante que los fondos se hubieran usado para financiar al PP. Y descartó que parte de los trabajos hubieran sido subcontratados a Alejandro de Pedro, el experto en reputación online que, según la investigación, lavó en internet la imagen de diversos dirigentes del PP con cargo a contratos públicos de teórica índole institucional .

Expertos en publicidad consultados en su día por este periódico explicaron que cuando una central de medios contrata publicidad a gran escala en periódicos, radios o televisiones, suele obtener espacios gratuitos en esos mismos medios. Y esos espacios puede dedicarlos, si quiere, a insertar anuncios de sus clientes prioritarios. 

El mensaje del conseguidor Alejandro de Pedro

El porqué de las preguntas que tanto la UCO (la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) como el juez formularon al exdirector general de Arena Media sobre Alejandro de Pedro tiene su explicación en las conversaciones interceptadas en la Operación Púnica. En uno de los sms cruzados entre el empresario y la que durante la etapa de Aguirre y González fue directora general de Comunicación, Isabel Gallego, constata que De Pedro le pidió que le transmitiera un mensaje a Salvador Victoria, en 2014 número dos del Gobierno de Madrid y presidente del Canal de Isabel II, apenas dos semanas después de que Arena Media hubiese obtenido el contrato.

El mensaje decía literalmente esto: "Isa solo una cosa me imagino que estarás en la asamblea [de Madrid]. Podrías decirle a salva si puede desayunar conmigo, sé q han adjudicado el tema pero yo sigo igual, sin noticias. Quería q me pusiera ya la reunión con arena".

El exdirector de Arena confirmó en su declaración que se había reunido con Salvador Victoria antes de que la adjudicación se formalizara. Pero le restó importancia al asunto: Victoria quería conocer la empresa para saber simplemente cómo había podido hacer una oferta que Colomer vino a definir como muy buena.

Pero si los investigadores de Púnica ya albergaban dudas sobre el objetivo real de ese contrato, el informe de la Cámara de Cuentas madrileña desgrana ahora los puntos que oscurecen esa adjudicación. Constituye, dice el documento [pincha aquí y ve a la página 270 del pdf], "un ejemplo de la falta de determinación precisa y de justificación adecuada de la naturaleza y extensión de las necesidades que el contrato iba a atender".

Las "carencias del somero informe de necesidad e idoneidad" –añade el informe– impiden "conocer las razones por las que un conjunto de prestaciones heterogéneas se agrupan en un solo contrato frente a la situación anterior y a la posterior". Es decir, que ni antes se había seguido ese método ni después volvió a aplicarse.

El órgano fiscalizador cita, aplicando su contenido a este caso, una Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (RTACRC) que dispara al núcleo del problema: "La amalgama de tan distintas prestaciones, la indefinición deben llevarnos a concluir que efectivamente se vulnera el principio de transparencia".

Pero hay más aún. Al abordar el aspecto de la cuantificación del contrato, la Cámara dice esto: "El expediente declara en diversos de sus trámites que el presupuesto máximo de licitación es de 4.600.000 euros (IVA excluido) pero carece de cuaqluier justificación o explicación de cómo ha llegado a determinarse dicha cantidad o de su adecuación a las necesidades previstas, al objeto del contrato, a la duración del mismo o al mercado".

El colofón final del informe se refiere a la duración del contrato. El pliego de condiciones, recuerda la Cámara, "declaraba expresamente que el plazo de ejecución del contrato era de 15 meses y que no era procedente la prórroga del mismo". Pese a ello, "el órgano de contratación aprobó incorrectamente la prórroga del contrato".

"O pagan o demandan". Ese fue el mensaje que, según el colombiano Diego García Arias, exgerente de Inassa y principal arrepentido del caso Lezo, transmitió el grupo Essentium a los directivos del Canal de Isabel II en Latinoamérica cuando supo que había sido excluido de la que inicialmente iba a ser una operación conjunta, la compra de la firma brasileña Emissao. Siempre según García Arias, Essentium conocía las graves irregularidades que rodeaban esa operación, realizada a finales de 2013. Así que para asegurarse el silencio del holding, Ignacio González y su círculo de confianza articularon una costosa fórmula pagada con dinero público: adjudicarle un contrato multimillonario a Essentium, el grupo que capitanea Susana Monje, exvicepresidenta del Barça, y ahora en liquidación. En julio de 2014, una de sus filiales, Assignia Infraestructuras SA, obtuvo del Canal una adjudicación de 14,44 millones, IVA incluido, para un proyecto de suministro de agua de riego en el municipio de Rivas Vaciamadrid.

Todo eso lo declaró este miércoles García Arias ante el magistrado que investiga el caso, Manuel García Castellón. Como ya desveló infoLibre, García Arias efectuó el año pasado en Colombia una primera confesión demoledora en la que no solo detalló, casi al céntimo, cuánto pagó en comisiones el antiguo dueño de Emissao a Ignacio González y cuatro de los suyos –el propio arrepentido también– y de qué forma y dónde se ocultó el dinero sino que señaló al político madrileño como el que ordenó el sistema de reparto: de un total de 5,4 millones de dólares, González se reservó para sí 1,8 millones y dejó que sus cuatro –presuntos– cómplices se quedaran 900.000 dólares cada uno. La parte del entonces jefe del Ejecutivo madrileño quedó camuflada en cuentas de Panamá abiertas a nombre de dos compañías instrumentales de Edmundo Rodríguez, que en Latinoamérica era su hombre fuerte. Los 900.000 dólares de García Arias ya están en poder de la justicia española.

Uno de los partícipes del botín de Emissao fue Luis Vicente Moro, ex alto cargo del Gobierno de Aznar y considerado uno de los testaferros de González. Y resulta que Luis Vicente Moro fue miembro del consejo de administración de Essentium hasta dos meses antes de la compra de Emissao.

Contactadas por infoLibre, fuentes cercanas a Ignacio González evitaron entrar en el fondo del asunto pero remarcaron que el exgerente de Inassa reconoció ante el juez García Castellón que no había hablado sobre la eventual demanda de Essentium con el político sino con su hombre fuerte en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez. El relato del exdirectivo colombiano sobre ese episodio, subrayan las citadas fuentes, es por tanto de mera "referencia" en lo que concierne al expresidente de Madrid.

Essentium, declaró este miércoles García Arias ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, lanzó la amenaza porque conocía los agujeros de la compra de Emissao, cifrada en 29,5 millones de dólares más 1,5 de aportación de capital. Entre esas irregularidades –o ilegalidades– destaca una: materializada a través de una compañía que solo operaba con cuentas de Panamá, la transacción no contaba con la autorización previa del Consejo de Gobierno de Madrid.

Los investigadores ya le seguían la pista al contrato a Assignia sobre el que ayer se extendió García Arias. Se la seguían desde el primer momento, como lo acredita el hecho de que el juez que instruyó el caso en su fase inicial, Eloy Velasco, ya lo mencionó en el auto por el que envió a prisión a Ignacio González y a otros presuntos miembros de la trama el 18 de abril de 2017. "También existen indicios -escribió entonces el magistrado- de que Adrián Martín, como Director Gerente del Canal de Isabel II, habría intervenido activamente en la manipulación de los procesos de licitación de un contrato público de obras en Rivas Vaciamadrid, dirigiendo y asegurando su adjudicación a una sociedad del grupo empresarial Essentium".

Una ruidosa cocina y sospecha de micrófonos

García Arias, que seguirá declarando el viernes, le contó al juez García Castellón algo a lo que ya se había referido en su primera confesión, cuando todavía estaba preso en una cárcel colombiana donde –como explicaron a este periódico fuentes conocedoras del caso– pagaba por dormir tumbado. Lo que relató entonces y ha vuelto a explicar este miércoles es que se vio con González cuatro veces en España.

Y que la última de ellas lo hizo en 2016, un año después de que la investigación sobre su ático de lujo en Estepona hubiese forzado al PP a descabalgar al político en favor de Cristina Cifuentes. Celebrada en el despacho privado abierto por González, a esa cuarta reunión acudió García Arias en compañía de Edmundo Rodríguez, que ya había sido destituido como presidente de Inassa.

Lo extraño –dijo García Arias en Colombia y volvió a repetir este miércoles en Madrid– fue que el anfitrión no los condujo a su oficina sino a una especie de cocina ruidosa. El hombre que había sido gerente de Inassa –y así se lo dijo al juez y a la Fiscalía en su declaración en Colombia– llegó a la conclusión de que entre aquellas paredes había micrófonos. Uno de los puntos más controvertidos del caso Lezo lo conforman los múltiples indicios de que Ignacio González sabía que se le estaba investigando.

El antiguo equipo de Alberto Ruiz-Gallardón cuando presidía la Comunidad de Madrid ha acusado al expresidente regional Ignacio González y al exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel de crear "un perverso dosier" falso contra ellos sobre la compra de Inassa, un asunto por el que están siendo investigados por la Justicia en la causa de Lezo.

Así consta en un escrito de once páginas, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la defensa del expresidente del Canal y exdiputado en la Asamblea de Madrid Pedro Calvo denuncia al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que se está produciendo "un juicio paralelo" en el caso.

El escrito hace suyo el contenido de otro presentado por el abogado de Juan Bravo, exconsejero de Hacienda con Gallardón, en el que se denuncian "las mentiras" de Ildefonso de Miguel acerca de su persona y las "manipulaciones" de un informe.

Calvo, Juan Bravo y Gallardón figuran como investigados en la causa por la supuesta sobrecompra en 2001 de la empresa Inassa. También se investiga en la causa a Carlos Mayor Oreja, exconsejero madrileño de Justicia y expresidente del Canal, y al exconsejero de Presidencia Manuel Cobo.

La defensa de Calvo ha solicitado al juez que archive su acusación al no existir "ni el más mínimo" sobreprecio en la compra de la citada sociedad.

"En el escrito contamos la verdad de las acusaciones de la Fiscalía y qué es lo que hay en las actuaciones", ha aseverado a Europa Press el letrado de quien fuera hombre de confianza de Gallardón. "Espero que con la mayor brevedad se sobresea [la causa de su cliente]", ha dicho.

Informe falso

En el escrito, se expone que los dirigentes del CYII, a la sazón, año 2004, "encargaron y manipularon el informe Cuatrecasas"informe Cuatrecasas, porque estaban pretendiendo crear "un perverso dosier, con finalidades de utilización política, y con ánimo y acción torticeras".

"Y no les importaba faltar a la verdad y a la probidad", agrega el texto. Además, critica que la Fiscalía vincula en su querella a su patrocinado "al Gobierno de la Comunidad presidido por el Sr. Ruiz Gallardón, al Consejo de Administración de CYII de 2001, .. con Don Ignacio González, Don Ildefonso de Miguel, Don Edmundo Rodríguez Sobrino".

"Con ello se crea una indebida apariencia de confabulación, connivencia. Llega a insinuarse que la creación de Canal Extensia, la adquisición de Inassa, solo se realizó para facilitar futuras actuaciones delictivas de otro equipo político", señala.

Al respecto, destaca que cuando se redactó la querella, y en los años 2001, 2002, 2003 y en los años sucesivos, era "un hecho público, notorio, y hasta mediático, el enfrentamiento radical entre los dirigentes políticos de la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II, en los años 2001, 2002 y hasta 2003, con los siguientes dirigentes políticos, que asumieron esas responsabilidades a partir del año 2003".

"Enfrentamiento radical que es y era públicamente conocido, y que hace incompatible la realidad, con el relato de la querella del Ministerio Público", apostilla.