El Consejo de gobierno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha aprobado este martes el Plan Económico-Financiero 2025-2028, que supone un recorte de 33 millones de euros para paliar el déficit presupuestario por el que la UCM tuvo que pedir un préstamo a la Comunidad de Madrid, informa EFE.

Según explica el rector Joaquín Goyache en un comunicado, la universidad cerró 2024 con un déficit presupuestario ajustado de -33,19 millones, lo que hace "necesario poner en marcha medidas para restablecer el equilibrio".

Este desequilibrio se debe principalmente a factores estructurales y a una financiación que "no ha crecido al mismo ritmo que lo han hecho los gastos". Entre 2019 y 2024, los ingresos aumentaron un 15%, mientras que el gasto total aumentó un 27%.

Una parte importante corresponde a "gastos sobrevenidos y difícilmente controlables" por la Universidad, como el gasto energético, incrementos salariales, obligaciones legales y mayores costes sociales.

Ante ello, se ha diseñado "un plan progresivo" que se aplicará entre 2025 y 2028 y que incluye una serie de "medidas de eficiencia en el gasto, optimización patrimonial e incremento de ingresos propios". También contempla actuaciones asociadas tanto al Personal Docente e Investigador (PDI) como al Personal Técnico, de Gestión, de Administración y Servicios (PTGAS).

Todo ello con el compromiso de "preservar la actividad académica, la calidad de la docencia, la investigación y los servicios que sostienen la vida universitaria". Las medidas propuestas en personal "no pretenden debilitar nuestras estructuras, sino que van enfocadas a una reordenación de las mismas, a través de las jubilaciones previstas, garantizando su sostenibilidad", añade el rector.

Se mantiene el programa de estabilización del profesorado PDI y, "en la medida de lo posible, su promoción", mientras se impulsará el rejuvenecimiento del PTGAS, así como "la reducción de la temporalidad, la estabilización y la eficiencia organizativa, salvaguardando la continuidad de los servicios" que sostienen la actividad universitaria.

En ambos colectivos, la subida salarial pendiente "se hará efectiva en la nómina" en cuanto reciban la transferencia pendiente de la Comunidad de Madrid, concluye el rector.

El plan se ha aprobado después de que la Comunidad de Madrid concediera un préstamo de casi 34,5 millones de euros, solicitado por la UCM por el que la universidad deberá pagar unos intereses anuales de cerca de 900.000 euros, según dijo en su día el rector.

Elegido en abril para hacer frente a Donald Trump, Mark Carney, primer ministro canadiense, presentó su primer presupuesto federal el martes 4 de noviembre. Se trata de un momento importante para Canadá y para el Gobierno liberal, que ahora debe definir los límites de su oposición al presidente estadounidense y reactivar una economía bajo presión.

La economía canadiense, muy dependiente de su vecino del sur, no pasa por su mejor momento. Según las estadísticas nacionales, el producto interior bruto (PIB) retrocedió cinco veces en los ocho primeros meses de 2025, con una caída del 0,3% en agosto. Tan solo en el segundo trimestre, el descenso fue del 1,6%.

Pero hay que señalar que, si bien la guerra comercial con Estados Unidos ha acelerado el malestar, especialmente al afectar al sector manufacturero, este ya existía anteriormente. Según datos del Banco Mundial, el PIB per cápita constante de Canadá en paridad de poder adquisitivo disminuyó entre 2022 y 2024, lo que situó al país, en 2024, por debajo del nivel de 2019.

En otras palabras, las políticas del ex primer ministro Justin Trudeau ya eran un fracaso. Incluso antes de que Donald Trump se desatara, los liberales ya tenían dificultades electorales. Solo el auge nacionalista anti-Trump permitió a Mark Carney, sucesor de Justin Trudeau al frente del Partido Liberal de Canadá, ganar las elecciones a la Cámara de los Comunes, aunque sin mayoría absoluta.

En esas circunstancias, el presupuesto de 2026 y las previsiones para los próximos cinco ejercicios eran muy esperados. La promesa de Mark Carney y de su ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, era presentar un “presupuesto generacional” capaz de redefinir los perfiles del modelo económico canadiense.

El sábado 1 de noviembre, Mark Carney, exdirector del banco central, anunció un presupuesto para entrar en una “nueva era”, para “definir el nuevo siglo” y para hacer que el país pase “de la dependencia a la resiliencia”. El lunes, el ministro Champagne aumentó las expectativas: “Es el tipo de presupuesto que se recordará”.

Más allá de los efectos de estilo, este presupuesto trasciende el caso canadiense: da una idea de la alternativa que los neoliberales tradicionales pueden ofrecer a la política trumpista. En este sentido, la propuesta presentada en Ottawa el martes 4 de noviembre no ha decepcionado.

Lo más llamativo es que el presupuesto retoma las grandes líneas de las políticas neoliberales del pasado. El Estado apoya firmemente al sector privado, en nombre de la “competitividad”, y ese apoyo se financia en gran parte con recortes en los servicios públicos. Pero este principio general se lleva a un extremo que parece definir un capitalismo de Estado al servicio exclusivo del capital privado.

Champagne ha presentado un presupuesto con un déficit de 78.000 millones de dólares canadienses, (unos 48.000 millones de euros), a pesar de que este presupuesto prevé ya 13.000 millones de dólares (8.000 millones de euros) de recortes presupuestarios anuales durante cinco años. Estos ahorros se apoyan en la reducción del número de funcionarios, prevista en 40.000 en cinco años, pero también una “revisión general del gasto”.

Hay que decir que este nuevo presupuesto federal se basa en un engaño, la división contable entre gastos “operativos” y “gastos de capital”. Se trata de la institucionalización de la vieja —y falsa— división entre gastos “buenos” y “malos”. El gasto en inversión es bueno, y el gasto de funcionamiento de los servicios públicos, malo.

Evidentemente, eso es engañoso: en realidad, el mantenimiento diario de los servicios públicos y los salarios dignos para los funcionarios que garantizan su funcionamiento constituyen bases indispensables para el futuro y representan inversiones. Pagar mal y sobrecargar de trabajo a un profesor es un peligro tan grande para el futuro de una economía como una escuela en mal estado.

Pero Mark Carney ha decidido basar su presupuesto en este truco de magia que le permite continuar, y acelerar, la política de Justin Trudeau. Como resultado, ha logrado la hazaña —que no es nueva, como demuestra el caso francés— de combinar una austeridad reforzada con un déficit récord. Por un lado, llueven miles de millones, por otro, se aprieta el cinturón.

Para el capital, las compuertas están abiertas. En los próximos cinco años, el gasto adicional ascenderá a 141.000 millones de dólares canadienses (unos 87.000 millones de euros). Una gran parte se destinará al nuevo El Dorado del capitalismo contemporáneo: la defensa. A pesar de su aparente oposición a Donald Trump, Carney se toma muy en serio la promesa que le hizo al presidente estadounidense de alcanzar un nivel del 5% del PIB en gastos militares.

Nada menos que 72.000 millones de dólares canadienses (44.000 millones de euros) adicionales se destinarán a ese sector en cinco años, sobre un presupuesto total de defensa de 81.000 millones. En comparación, el gasto total en infraestructuras será de 51.000 millones de dólares canadienses en diez años, es decir, unas tres veces menos.

Al mismo tiempo, el Gobierno de Carney recurre a los habituales medios neoliberales para “impulsar el crecimiento” (supercharging growth): recortes de impuestos sobre el capital y desregulación. Las inversiones permitirán así a las empresas obtener generosas deducciones fiscales.

En cuanto al medio ambiente, ahora se sacrifica claramente en aras de las esperanzas —limitadas, como veremos— de crecimiento. Se eliminarán los límites a las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el petróleo y el gas. También se suprimirán los impuestos relacionados con la propiedad de aviones privados, mientras que se distribuirán diversas ayudas para proyectos de extracción, en particular de “minerales críticos” (subvencionados con 214 millones de dólares).

Un detalle espinoso: el Gobierno de Carney también suprime el impuesto relacionado con la propiedad de viviendas vacías, al tiempo que afirma querer luchar contra la especulación inmobiliaria y la escasez de viviendas.

Pero, como guinda del pastel, este presupuesto también marca el regreso a una política migratoria superrestrictiva. Utilizando una retórica que podría haber sido propia de la derecha estadounidense, el Gobierno de Carney afirma querer “recuperar el control” de la inmigración reduciendo los nuevos permisos de residencia temporal de 673.650 en 2025 a 385.000 en 2026, lo que supone un descenso del 42 %. Ottawa, además, pondrá el acento en la “inmigración de alto nivel” de investigadores, también mediante medidas fiscales.

La impresión general que se desprende del primer presupuesto de Mark Carney es doble. Por un lado, la continuación de las viejas recetas neoliberales que, a pesar de la evidencia de lo contrario, siguen creyendo que las reducciones de impuestos sobre el capital favorecen el crecimiento, y por otro, una especie de alineamiento con el trumpismo, desde la negación del cambio climático hasta la represión de la inmigración, pasando por las inversiones masivas en defensa.

Este presupuesto subraya el espejismo de una alternativa neoliberal al trumpismo. La evolución del capitalismo conduce a un desplazamiento del punto central de las políticas económicas hacia un conjunto de opciones comunes al trumpismo y a sus adversarios centristas. La lógica es la de un creciente apoyo del Estado al capital, que se basa, en particular, en una militarización de la economía, junto con la destrucción de los servicios públicos y el rechazo de la inmigración.

En realidad, este proyecto de presupuesto no propone realmente una salida a la crisis canadiense, salvo una doble huida hacia adelante en base a la lógica militarista y extractivista. Pero Carney es incapaz de proponer una visión en la que Canadá encuentre una nueva especialización en la división internacional del trabajo.

A decir verdad, el presupuesto de Carney no convence mucho en Canadá. Es cierto que el propio Gobierno propone unas previsiones de crecimiento bastante tímidas y poco acordes con sus rimbombantes anuncios. La derecha conservadora critica el aumento del déficit, mientras que los liberales del PLC habían previsto un déficit de 42.000 millones de dólares canadienses, y la izquierda del NDP y los autonomistas del Bloque Quebequense denuncian la austeridad del presupuesto.

La situación es delicada para el Gobierno. A los liberales les faltan cuatro votos para alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes. Si los tres partidos de la oposición unen sus votos, el presupuesto puede ser rechazado. Si eso ocurriera, Mark Carney ya ha advertido que convocará nuevas elecciones.

La amenaza fue reiterada por el ministro Champagne tras la presentación del presupuesto, pidiendo a la oposición que "se lo pensara dos veces” antes de rechazarlo. Así pues, solo la amenaza puede hacer que se apruebe este texto, lo que demuestra que la alternativa centrista al trumpismo es un callejón sin salida.

Traducción de Miguel López

Por dieciocho votos, el jueves 16 de octubre, la Asamblea Nacional francesa no censuró al Gobierno de Sébastien Lecornu, que por el momento prolonga su mandato. La moción de censura, presentada por La Francia Insumisa (LFI) con el apoyo de Los Ecologistas y los comunistas, y también votada por la extrema derecha, solo obtuvo 271 votos de los 289 necesarios para derrocar al primer ministro y a su equipo. Como era de esperar, la moción presentada por la Agrupación Nacional (RN) también fue rechazada, con solo 144 votos a favor.

No había mucho suspense, ya que el Partido Socialista (PS) había apoyado oficialmente al Gobierno de Lecornu, tras obtener de éste, el martes 14 de octubre, el abandono del uso del art. 49.3 de la Constitución y la promesa de suspender la reforma de las pensiones. Eso no impidió que la diputada insumisa Aurélie Trouvé intentara convencer in extremis a los últimos socialistas indecisos.

“La suspensión anunciada no es más que una ilusión, un engaño, un subterfugio”, advirtió Trouvé desde la tribuna, dirigiéndose a los escaños socialistas, desiertos en ese momento, pasando a enumerar todas las razones que hacen que el proyecto de presupuesto del ejecutivo —que se debatirá y enmendará a partir de la próxima semana— sea “una devastación” que, según ella, tiene como objetivo recortar “todos los presupuestos que hacen la unidad” del país.

A su llegada a la Asamblea Nacional el jueves por la mañana, el líder de los diputados socialistas, Boris Vallaud, advirtió: “Todo el mundo debe atenerse a la posición común”, dijo, en referencia a la no censura aprobada dos días antes. Desde la tribuna, el diputado socialista Laurent Baumel intentó defender la línea de su grupo, argumentando que “la no censura de hoy no es, evidentemente, en ningún caso un pacto de no censura”. Todo ello bajo los gritos de “¡Vendidos!” lanzados desde los escaños de la RN y la cautela mezclada con rabia de los pocos insumisos que se quedaron para escucharlo.

En el momento de la votación, organizada en los salones contiguos al hemiciclo, siete diputados socialistas se despegaron finalmente de la consigna. Entre ellos, varios representantes de ultramar, pero también Paul Christophle y Fatiha Keloua Hachi, que ya habían censurado al Gobierno de Bayrou en enero. En Los Ecologistas, Delphine Batho, Dominique Voynet y Catherine Hervieu no votaron a favor de la moción de censura, al igual que Yannick Monnet y la diputada polinesia Mereana Reid Arbelot del grupo comunista.

Aunque Boris Vallaud se felicitó el martes por haber provocado “una fisura en el dogma macronista” al arrancar la promesa de una suspensión de la reforma de las pensiones, el PS también ha creado numerosas fisuras en su propio bando. Como forma de hacer las paces con los antiguos socios del Nuevo Frente Popular (NFP), Laurent Baumel dedicó el “preámbulo” de su discurso a sus colegas de izquierda favorables a la moción de censura, asegurándoles que los comprendía “íntima y perfectamente”.

Una precaución que no ha calmado el enfado del resto de la izquierda ante la escapada en solitario del partido de Olivier Faure. “Toda esta secuencia da argumentos a quienes quieren que las dos izquierdas sean irreconciliables y acusan de traición al PS, que, de hecho, se aísla de sus socios de izquierda y ecologistas”, dice irritada Clémentine Autain, que, sin embargo, sigue convencida de que la necesidad de derrotar a la extrema derecha en 2027 acabará con estas disensiones.

Mientras tanto,  se ve cada vez más comprometida la celebración de unas primarias que reúnan bajo una misma bandera a los socialistas que votaron en contra y a los no socialistas que votaron a favor. El martes por la mañana, durante una reunión telemática entre diferentes figuras favorables a la celebración de dicho proceso de designación, entre ellas Lucie Castets, solo Marine Tondelier seguía creyendo en ellas.

La moción de censura, además de dividir a los miembros del antiguo NFP, ha puesto de manifiesto las fracturas internas de las formaciones políticas. En primer lugar, en el PS, donde las últimas veinticuatro horas han sido tormentosas. Como muestra del malestar entre sus filas, Laurent Baumel tomó la palabra el jueves por la mañana ante unos escaños prácticamente vacíos, ya que solo estaban presentes dos diputados socialistas, entre ellos el presidente del grupo, Boris Vallaud. “Estamos entrando en el túnel presupuestario, todo el mundo estaba en su circunscripción”, intentó justificar este último.

En Los Ecologistas, que a principios de semana habían anunciado que censurarían “en bloque” al Gobierno, las disensiones también han aumentado en los últimos días. “Los diputados están en manos de LFI y saben que la censura nunca se aprobará, por eso han decidido pulsar el botón, pero en el fondo saben muy bien que es una estupidez”, lamentaba el miércoles por la noche un dirigente del partido, remitiéndose a la página de Facebook de los ecologistas, inundada de críticas de los votantes.

El miércoles, en el Senado, el grupo ecologista, muy “dividido”, se mostró mucho menos ofensivo que en la Asamblea tras la declaración de política general de Lecornu. El senador Guillaume Gontard reconoció que era “lógico” que sus colegas diputados censuraran, pero se guardó mucho de apoyarlos en el fondo, dejando un amplio margen para un llamamiento al “compromiso”.

En cuanto al Partido Comunista Francés (PCF), esta vez fue su secretario nacional, Fabien Roussel, quien se opuso a sus propia gente, felicitándose ruidosamente por la suspensión de la reforma, “una primera victoria para 500.000 trabajadores”. El jueves, en el hemiciclo de la Asamblea, la comunista Émeline K/Bidi no tuvo empacho alguno en concluir que la única solución posible a la crisis actual era la salida del presidente de la República.

Tal y como había anunciado, la extrema derecha votó a favor de la moción de censura presentada por LFI, que sin embargo tenía como objetivo “cuestionar la asistencia médica del Estado”. El cambio estratégico es importante para las filas de Marine Le Pen, quien llevaba dos años repitiendo que nunca censuraba a priori a un Gobierno, prefiriendo intentar obtener, mediante la negociación con Michel Barnier y luego con François Bayrou, pequeñas victorias políticas para reforzar su imagen de respetabilidad. “¡Nueve veces! ¡Nueve veces!”, lanzó burlándose el insumiso Manuel Bompard, en referencia a las nueve mociones de censura anteriores que la RN había rechazado.

“Yo censuro todo, basta. La broma ya ha durado bastante”, había advertido la líder del grupo de extrema derecha el 8 de octubre, mientras Emmanuel Macron aún buscaba un primer ministro para sustituir a Sébastien Lecornu, que había dimitido. Desde la tribuna de la Asamblea, Marine Le Pen continuó con su objetivo de distanciarse del “sistema”, tras haber escenificado sus recientes desplazamientos a la cumbre ganadera o al congreso de bomberos, mientras los demás partidos políticos debatían con Macron y Lecornu.

Denunciando un “espectáculo patético”, un “veneno para nuestra democracia”, Le Pen se centró el jueves en el proyecto de presupuesto del primer ministro, para ella un “acto último de un sistema político sin aliento y sin ideas”. Luego se centró en los socialistas y en Los Republicanos (LR), cuyas voces no serían suficientes para derrocar al Gobierno. “La insondable tontería de las posturas de unos y otros podría salvaros”, lamentó dirigiéndose a Sébastien Lecornu.

En los últimos días, los dirigentes del partido de extrema derecha se regocijaban, ante la actitud de los dos partidos que han gobernado el país durante décadas, de poder sacar del armario los carteles del Frente Nacional (FN, ex RN) que denunciaban a la “UMPS” y que “no han envejecido ni un ápice”.

Su aliado, Éric Ciotti, también intentó convencer a sus antiguos colegas de LR, denunciando desde la tribuna “un gobierno rehén del Partido Socialista” y llamando a la disidencia con respecto a las instrucciones del líder del grupo parlamentario Derecha Republicana (DR), Laurent Wauquiez. “¡Censurad! ¡No os comprometáis! ¡No os traguéis esas humillaciones, ese sapo, atreveos a ser valientes!”, les pidió.

Tras la declaración de política general de Lecornu, numerosos dirigentes —no diputados— del partido dirigido por Bruno Retailleau habían pedido censurar al Gobierno. Finalmente, solo Alexandra Martin, diputada por Alpes Marítimos, votó a favor de la moción presentada por LFI. Otros tres miembros de LR prefirieron votar a favor de la presentada por la RN, que no tenía ninguna posibilidad de ser aprobada, ya que la izquierda ya había anunciado que no la apoyaría.

Tras el rechazo de esas dos mociones, ha llegado el momento de examinar el presupuesto, lo que podría llevarse a cabo sin recurrir al artículo 49.3, algo que no ocurre desde 2022. La situación actual parece aún más incierta que la de los últimos meses. Tras los resultados del jueves, la presidenta del grupo LFI, Mathilde Panot, pidió a los militantes y votantes socialistas que “rompan filas” para crear un polo de “resistencia” ante una disolución de la Asamblea que, en su opinión, “ahora ya es inevitable”.

Traducción de Miguel López

El proyecto de presupuesto para el año 2026 fue finalmente presentado este martes 14 de octubre en el Consejo de Ministros, pocos minutos antes del discurso de política general del primer ministro Sébastien Lecornu. Al prometer al Partido Socialista (PS) la suspensión de la aplicación de la reforma de las pensiones hasta 2028, parece haberse asegurado de no ser censurado el jueves, momento en el que se estudiarán las mociones de la Agrupación Nacional (RN) y de La Francia Insumisa (LFI).

En caso de rechazo, el proyecto de ley de presupuestos para 2026 será estudiado a partir del domingo por la noche o el lunes por la mañana por la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional. Pero lo menos que se puede decir es que el proyecto, presentado por Roland Lescure, ministro dimisionario y reelegido para el cargo de Economía, es de los más duros para los servicios públicos y el modelo social, además de ser excesivamente indulgente con los ultra ricos y las grandes empresas.

El presupuesto de Lecornu propone reducir el déficit público del 5,4 % del PIB en 2025 al 4,7 % en 2026. Es decir, prácticamente el mismo nivel de esfuerzo —sin contar los dos días festivos suprimidos, que ya no se contemplan— que el que se esperaba con la propuesta presupuestaria de François Bayrou a mediados de julio de 2025, y que muchos calificaron de austero.

En miles de millones de euros, la cura de austeridad propuesta por Lecornu es de algo más de 30.000 millones de euros para 2026, según el dictamen del Alto Consejo de Finanzas Públicas (HCFP). Una cura de austeridad que se distribuirá de la siguiente manera: 17.000 millones de euros de recortes en el gasto y cerca de 14.000 millones de euros de aumentos en los ingresos.

En cuanto al gasto público, solo hay tres partidas que aumentarán con respecto a 2025: el gasto militar (+6.700 millones de euros), la retención de ingresos en beneficio de la Unión Europea (+5.700 millones de euros) y los intereses de la deuda (+8.100 millones de euros).

Por lo demás, se avecina una época de vacas flacas, sobre todo para los ministerios no soberanos. Cabe citar trabajo y empleo, que se recortará en 2.500 millones de euros en 2026 con respecto a 2025, según el dossier de prensa facilitado por Economía, debido, en particular, a una “mejor orientación de los dispositivos de inserción”.

Pero también cohesión territorial, que integra la vivienda y la política urbana, que se reducirá en 900 millones de euros; o el presupuesto asignado a solidaridad, inserción e igualdad de oportunidades, que perdería 800 millones de euros en 2026 con respecto a 2025.

En cuanto a las partidas presupuestarias más pequeñas, también cabe mencionar el nuevo recorte en ayuda al desarrollo (− 700 millones), deportes y juventud (− 300 millones) o cultura (− 200 millones). Por último, según el dictamen del HCFP, también se producirá un “reajuste de las ayudas para la eco-renovación de viviendas’” y, en términos más generales, una “restricción de las ayudas a la planificación ecológica fuera de la agricultura”.

Además, en 2026 se lograrán ahorros sustanciales gracias al famoso “año blanco” que se propondrá para los salarios públicos y las revalorizaciones de las prestaciones sociales. Esto supondrá un ahorro de 3.600 millones de euros.

Por lo demás, en materia de recortes presupuestarios, el ámbito de las administraciones de la Seguridad Social es el más perjudicado. El objetivo nacional de gasto en seguro médico aumentaría solo un 1,6 % en 2026, mientras que las necesidades sanitarias son muy superiores, sobre todo debido al envejecimiento de la población.

En comparación con lo que representaría una evolución necesaria del gasto en seguro médico, los ahorros propuestos para el presupuesto de Lecornu son de algo más de 7.000 millones de euros. Lo que, en opinión del HCFP, “supone un esfuerzo de control mucho mayor que en años anteriores”.

Este objetivo podría alcanzarse gracias a una reducción de los reembolsos por asistencia sanitaria y medicamentos, que correrán a cargo de los asegurados, mediante un aumento de las franquicias, de las cotizaciones de los empleadores y de los seguros médicos complementarios, por un total de 3.400 millones de euros, según la opinión del HCFP. Las medidas de regulación y reducción de precios de los productos sanitarios también deberían generar un ahorro significativo, de unos 2.300 millones de euros.

Por último, en lo que respecta a las entidades locales, el esfuerzo requerido sería de alrededor de 2.000 millones de euros en 2026. No sería excesivo en comparación con 2025, ya que el año que viene hay elecciones municipales y las inversiones del bloque comunal deberían paralizarse en gran medida.

En cuanto a los ingresos fiscales, Economía anuncia que “el esfuerzo en 2026 se basaría principalmente en un esfuerzo adicional de los contribuyentes con mayores recursos”. Pero eso es completamente falso. Hay que decirlo desde ya: las grandes empresas y los ultrarricos saldrán muy bien parados en 2026. Juntos, incluso verán reducida su carga fiscal con respecto a 2025.

De hecho, en 2025 se aplicó un recargo en el impuesto de sociedades a los grupos con facturación superior a 1.000 millones de euros. Se suponía que iba a reportar 8.000 millones de euros. Este recargo se mantendrá en 2026, pero su tipo se reducirá a la mitad, lo que supone un rendimiento previsto 4.000 millones menos.

Por otra parte, en lo que respecta a los hogares que ingresan más de 500.000 euros al año por pareja, la contribución diferencial sobre las rentas altas (CDHR), que se aplicó en 2025 para garantizar que pagaran al menos un 20 % de impuesto sobre la renta, se prorrogará sin cambios en 2026. Se espera que recaude 1.500 millones de euros el próximo año.

A esto se añadirá un pequeño impuesto sobre las sociedades holding que no afectará a los bienes profesionales, tal y como prometió Lecornu en las últimas semanas. Este impuesto solo reportará unos mil millones de euros a las arcas del Estado.

Este último impuesto debía ser una solución de compromiso con respecto a la famosa tasa Zucman, que lleva el nombre del economista que lo promueve, un impuesto mínimo del 2 % anual sobre patrimonios superiores a 100 millones de euros, y que es reclamado por todos los partidos de izquierda, incluido el Partido Socialista.

Recordemos que la tasa Zucman debía reportar veinte veces más —entre 15.000 y 25.000 millones de euros— que el tímido impuesto sobre los holdings propuesto por el Gobierno Lecornu. “Se ha hecho todo lo posible para salvar a Bernard Arnault y a los multimillonarios franceses”, reaccionó Gabriel Zucman en la red social X.

El aumento de la carga fiscal en este proyecto de presupuesto para 2026 se basa, de hecho, en el tejido económico clásico y en los hogares: se prevé, en particular, una reducción de las desgravaciones de las cotizaciones sociales (desgravaciones generales, exenciones de cotizaciones, ventajas en especie) por un importe de 5.600 millones de euros, según el dictamen del HCFP. Pero también se prevé un recorte de 3.300 millones de euros en ventajas fiscales, principalmente gracias a la fijación de una deducción del 10 % sobre las pensiones de jubilación y a la fiscalización de los ingresos de los estudiantes —algo sobre lo que el Gobierno ya se ha comprometido a volver (ver caja negra)—, los vales de comida y las dietas.

Por último, se prevé recaudar 1.300 millones de euros gracias a un impuesto sobre los paquetes pequeños (procedentes de ventas online de fuera de la UE, ndt) y 1.500 millones de euros adicionales gracias a la lucha contra el fraude.

Dicho esto, todos estos esfuerzos, por muy injustamente distribuidos que estén, podrían resultar inútiles para alcanzar el objetivo de un déficit público del 4,7 % en 2026. De hecho, según estima el HCFP, el escenario económico tenido en cuenta por el Gobierno para elaborar su presupuesto “se basa en hipótesis optimistas, que asocian una importante consolidación presupuestaria a una aceleración de la actividad gracias a una recuperación de la demanda privada”.

Para entendernos, el Gobierno subestima el impacto de su política de austeridad sobre el crecimiento en 2026, porque un menor crecimiento supone menos ingresos fiscales y, por lo tanto, un déficit público que disminuirá menos de lo previsto.

El HCFP añade que la previsión de crecimiento del PIB del Gobierno —del 1 % para 2026— supondría una recuperación de la demanda interna privada cuya magnitud “parece voluntarista habida cuenta del clima general de incertidumbre, en particular para la inversión de las empresas y, en cierta medida, la demanda de los hogares”. Además, las previsiones de aumento de la masa salarial (2,3 %), en la que se basan los ingresos por IVA y cotizaciones sociales, “son un poco elevadas”, añade el HCFP.

Queda por ver si, conscientes de esas incertidumbres, los parlamentarios se pondrán de acuerdo para cambiar el rumbo de austeridad marcado por el proyecto de presupuesto de Lecornu. Recordemos que éste prometió no recurrir al artículo 49.3 durante todo el debate presupuestario. Una novedad en el segundo mandato de Macron.

No obstante, el primer ministro dispone aún de una última baza para imponer su voluntad: alargar los debates para que el Parlamento no pueda aprobar el presupuesto dentro del plazo de tiempo de que dispone: setenta días para el proyecto de ley de finanzas y cincuenta días para el proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social.

En ese caso, Lecornu podría recurrir a decretos y imponer una ley de finanzas para 2026 que sería su proyecto de presupuesto inicial, es decir, el presentado el martes 14 de octubre en el Consejo de Ministros, y cuyo contenido acabamos de describir.

Este artículo se actualizó el miércoles 15 de octubre tras las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, en el programa matinal de RTL, donde aseguró que el Gobierno propondría finalmente no gravar los ingresos de los estudiantes.

Traducción de Miguel López

El inicio del segundo mandato de Ursula von der Leyen está siendo un camino tortuoso de pequeñas crisis políticas que pueden derivar en una enmienda a la totalidad. Cuando fue elegida en 2019, la covid no había brotado y la alemana disfrutó de un primer año tranquilo. En 2022, Rusia atacaba Ucrania y ella puso su ya engrasada Comisión Europea al frente de las sanciones de los 27 contra Moscú. Pero ahora, con la guerra de Ucrania todavía sangrando y el genocidio de Gaza tensando las costuras de su coherencia política, el Parlamento Europeo no da respiro. Acaba de superar dos mociones de censura –y ya van tres en total–, mientras sus presupuestos para la UE son más que discutidos. El PP europeo, su familia política, lidera esta última gran revuelta.

El borrador del Marco Financiero Plurianual para 2028-2034 presentó importantes cambios en sus partidas y estructura. Contemplaba una reducción de los fondos para agricultura y pesca al tiempo que disparaba las inversiones militares. Estos recortes levantaron críticas en España, Francia, Italia o Polonia, algunos de sus principales receptores y grandes socios comunitarios. Sin embargo, Von der Leyen contaba con que sus camaradas, los democristianos del Partido Popular Europeo, le diesen el suficiente apoyo en la Eurocámara para contar con una baza negociadora ante los países. Un sostén que, contra todo pronóstico, se está quebrando.

En los comités parlamentarios de Agricultura y Desarrollo Rural, de Pesca, Desarrollo Regional o Asuntos Económicos y Monetarios, eurodiputados conservadores levantan la voz contra la propuesta presupuestaria de la Comisión. Reuniones en privado entre el equipo de la presidenta e importantes legisladores populares no han calmado los ánimos en Bruselas y esta semana hasta el líder de la bancada, Manfred Weber, ha reconocido que “los problemas se están discutiendo entre amigos”.

Las palabras del alemán, rival de Von der Leyen dentro de la CDU, no ocultan la crisis abierta ahora mismo entre los populares con su Comisión, donde controlan a la mayoría de comisarios. “Somos el gran partido, así que la gran mayoría de alcaldes y líderes regionales están dentro de nuestra familia del PP europeo, pero somos también el partido de los campesinos”, explicó Weber, “y en ambos aspectos no estamos plenamente satisfechos con los programas nacionales de reformas”.

Porque Von der Leyen y su comisario de Presupuestos incluyeron, además, en el borrador de los siguiente presupuestos comunitarios una novedosa arquitectura en la que Fondos de Cohesión y la PAC se fusionaban para su distribución en paquetes nacionales individuales a cada Estado miembro. Weber puso el dedo en la llaga al criticar que “se concentran las decisiones del presupuesto de la UE en las capitales”.

El popular croata Karlo Ressler es una de las voces discordantes con la Comisión. “Los fondos europeos son un catalizador clave de inversión, por lo tanto es crucial mantener la política de cohesión. Las autoridades regionales y locales deben seguir involucradas”, denuncia sobre la propuesta de que Bruselas y las capitales dirijan las partidas de cohesión y agrícolas. “Los fondos europeos no pueden convertirse en una mera colección de planes nacionales bajo la excesiva centralización de la Comisión”

Los legisladores populares muestran sus dientes conscientes de las explicaciones que tendrán que dar en sus circunscripciones ante electores del mundo de la agricultura y la ganadería, al tiempo que sus jefes locales pueden exigir responsabilidades si el pastel a repartir es menor, y también quedan de lado en su gestión. De ahí que Andrey Novako, coordinador de los conservadores dentro de la Eurocámara en las cuestiones de cohesión, ya hable de “un poder de veto” en cualquier reforma que vaya en detrimento de las regiones. “Estamos sobre el terreno, vemos y escuchamos, tenemos nuestros líneas rojas, sobrepasarlas sería un obstáculo para aprobar el presupuesto a largo plazo”, asegura el búlgaro.

La amenaza de tumbar las cuentas va tan en serio que Von der Leyen y el comisario de Presupuestos, el polaco Piotr Serafin, antigua mano derecha del primer ministro Donald Tusk, uno de los líderes populares del continente, muy probablemente van a tener que rehacerlas, de ahí las reuniones privadas que se están manteniendo en Bruselas. Otro eurodiputado popular de peso, el rumano Siegfried Muresan, ha advertido que “no vamos a aprobar un presupuesto que promueve planes nacionales fragmentados sin vínculos con los objetivos europeos”. 

Por si la revuelta de los socios del este –bastión de votos, escaños y gobiernos conservadores– no fuese suficiente, en España e Italia las aguas tampoco bajan calmadas entre las filas populares. Según las cuentas de la Comisión, el Marco Financiero Plurianual del 2028-2034 ascendería a los dos billones de euros y el 48% de ese dinero se destinaría a estos controvertidos Planes Nacionales y Regionales. Forman el primer gran pilar de  la propuesta, con 300.000 millones para agricultura y otros 218.000 millones para cohesión. Cifras inferiores a las transferencias actuales que no gustan ni en Madrid ni en Roma.

El italiano Herbert Dorfmann, voz autorizada en cuestiones agrícolas, califica como “un desastre e incoherente” las partidas destinadas al campo. Dorfmann, tirolés italiano y línea directa con sus colegas austriacos, cree que “tras dos años escuchando a la presidenta de la Comisión decir lo importante y estratégica que es la agricultura”, el recorte de fondos y su fusión con los regionales es “inaceptable”. Se suma la popular española, Carmen Crespo, quien cree que existe “la necesidad de establecer un presupuesto independiente y sólido” para el campo e insiste en que ya en septiembre el Parlamento Europeo, con su Informe de Iniciativa sobre el futuro de la PAC, dejó claro que “rechaza firmemente el fondo único y el recorte del 22% que fija la Comisión Europea en su propuesta”.

Los recortes para agricultores y ganaderos han provocado fuertes protestas en las calles de Bruselas, con tractoradas, balas de paja incendiadas o piquetes frente al Parlamento Europeo. El campo tiene a Von der Leyen en el ojo de su diana y ella confiaba con el apoyo de los suyos para sacar adelante los presupuestos de la UE. La otra gran pata parlamentaria en la que apoyarse, los socialdemócratas, los calificaron como “una auténtica barbaridad” que supondría “el final de la agricultura europea”. Si quiere superar esta moción, a la presidenta de la Comisión le tocará rehacer sus números.

La Corporación de Radiodifusión Pública de Estados Unidos (CPB) anunció este viernes el inicio de un cierre gradual de sus operaciones como consecuencia de los recortes presupuestarios implementados por la Administración de Donald Trump, que por primera vez en casi seis décadas ha eliminado la financiación destinada a este organismo, según informa EFE. 

La CPB, que financia de manera directa o indirecta a la radio pública NPR y la televisión pública PBS, subrayó en un comunicado que durante casi 60 años ha cumplido su misión ante el Congreso de "construir y mantener un sistema de medios públicos confiable que informe, eduque y sirva a las comunidades de todo el país".

"A pesar de los extraordinarios esfuerzos de millones de estadounidenses que llamaron, escribieron y solicitaron al Congreso que preservara la financiación federal para la CPB, nos enfrentamos a la difícil realidad de cerrar nuestras operaciones", dijo en la nota su presidenta y directora ejecutiva, Patricia Harrison.

El grupo informó este viernes a sus empleados de que la mayoría de sus puestos serán eliminados al cierre del año fiscal, el próximo 30 de septiembre.

Un pequeño equipo de transición permanecerá hasta enero del año próximo para garantizar un cierre "responsable y ordenado" de las operaciones.

"Los medios públicos han sido una de las instituciones más confiables en la vida estadounidense, brindando oportunidades educativas, alertas de emergencia, diálogo cívico y conexión cultural a cada rincón del país", afirmó Harrison. 

La CPB es una corporación sin ánimo de lucro autorizada por el Congreso en 1967 y que se encarga de administrar la inversión del Gobierno estadounidense en la radiodifusión pública. 

Hasta ahora ayudaba a respaldar las operaciones de más de 1.500 cadenas de radio y televisión públicas administradas y operadas localmente en todo el país. Además, era la mayor fuente individual de financiación para la investigación, la tecnología y el desarrollo de programas para la radio, la televisión y servicios en línea relacionados. 

Su presidenta había señalado en un comunicado anterior que los medios que notarán un impacto mayor por la falta de financiación e incluso podrían verse obligados a cerrar en algunos casos son las cadenas que están en localidades con poca población, zonas rurales y comunidades indígenas. 

La retirada de fondos sufrida se incluye en un paquete de recortes de unos 9.000 millones de dólares a la ayuda exterior y la comunicación pública promovido por la Administración de Trump y aprobado el 18 de julio por la Cámara de Representantes, de mayoría republicana.

Trump ha criticado públicamente a medios como NPR o PBS, a los que acusa de tener un sesgo izquierdista.

La deuda pública española bajó hasta el 104,4% del PIB en el tercer trimestre del año, tres puntos menos que en el mismo periodo de 2023, pero sigue batiendo récords si se mide su volumen en términos absolutos, 1,63 billones de euros. El repunte ha sido de 57.304 millones, un 3,6%. Hace unos días, la Comisión Europea ha validado el plan fiscal que el Gobierno español le había enviado en octubre, porque considera que establece una senda “creíble” para garantizar que la deuda pública bajará o se situará en niveles “prudentes”. Y es que, tras la entrada en vigor el pasado abril de las nuevas reglas fiscales de la UE y teniendo en cuenta el débil crecimiento económico europeo –lastrado por la mala salud de sus dos principales motores: Alemania y Francia–, la consolidación fiscal, como la llaman los economistas, y la austeridad, como se bautizó en la penúltima crisis, vuelve al centro de atención de expertos y políticos, y ocupa titulares.

La época en que los gobiernos pusieron en marcha grandes planes de gasto para luchar contra la parálisis económica causada por el covid y para afrontar la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania ha quedado atrás. Entonces Bruselas suspendió las reglas fiscales europeas, fijadas en un 3% de déficit y un 60% del PIB para la deuda pública. Ahora, los vientos soplan del lado contrario. Según calcula Bruselas, de 2025 a 2028 la eurozona deberá aplicar un ajuste fiscal de 1,9 puntos porcentuales de PIB. El país que más tendrá que apretarse el cinturón es Finlandia, 4,8 puntos porcentuales, mientras que a Alemania sólo le sobran 0,4 puntos y a Irlanda, ninguno. El ajuste español debe ser de 3,6 puntos porcentuales de PIB, sólo una décima menos que el francés.

Para hacerse una idea de la profundidad del recorte, se puede comparar con los casi siete puntos porcentuales del ajuste sufrido por la economía española entre 2011 y 2013, los años de la gran crisis financiera y de la austeridad impuesta por Bruselas tras el rescate a la banca. Es decir, el esfuerzo fiscal que se le pide a España es la mitad del que tuvo que hacer una década atrás. Además, esta vez “la senda que ha mandado el Gobierno a Bruselas está bien dosificada en el tiempo”, por lo que el ajuste debería ser mucho menos doloroso, apunta Diego Martínez, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea. La incógnita, añade, es que el Gobierno aún no ha concretado cómo va a llevarlo a cabo.

Para reducir la deuda sólo hay dos caminos: recortar el gasto público y subir los impuestos. Tras la crisis financiera, la mayor parte del ajuste fiscal se llevó a cabo mediante recortes del gasto público, un 56%; el resto fueron subidas de impuestos. El FMI, en su más reciente Monitor Fiscal, apremia a los gobiernos a “reconstruir los colchones fiscales” y a contener la deuda pública “ahora y no más tarde”. Dice que retrasarlo sólo aumentará la necesidad de hacer “una corrección mayor” más adelante. Justifica la oportunidad del momento en el hecho de que la inflación se está moderando y los bancos centrales han bajado los tipos de interés, por lo que las economías se hallan “en mejores condiciones para absorber el efecto económico del endurecimiento de la política fiscal”.

Porque de lo que no hay duda es de que esos ajustes tienen un inevitable impacto en la economía y en los hogares, como el mismo FMI reconoce. Los recortes en las transferencias de dinero público afectan a los ciudadanos, en especial a los de rentas más bajas. Habrá menos subsidios y prestaciones o éstos serán de menor cuantía, por ejemplo, si se recorta el gasto social. El resultado inmediato es una reducción del consumo de los hogares. Y un aumento de la desigualdad. Otro tanto ocurre si se bajan los salarios de los funcionarios. Finalmente, si se recorta la inversión pública, inevitablemente caerá la actividad económica.

Como recuerda Philipp Heimberger, economista del Vienna Institute for International Economic Studies, en Consolidación fiscal y sus efectos sobre el crecimiento en la eurozona, los ajustes fiscales siempre frenan la actividad económica en el corto plazo. Así, un recorte del 1% del PIB se traduce en una pérdida de crecimiento del 1% los dos primeros años y del 3,5% en cinco años. De hecho, explica, entre 2011 y 2013, en lo peor de la anterior crisis, las ratios de deuda pública respecto al PIB de los países del sur de Europa empeoraron con la austeridad porque sus economías entraron en recesión y se redujo el denominador de la fórmula.

El Banco de España ya ha cuantificado el impacto que el ajuste previsto puede tener en la economía. En las proyecciones económicas que publicó la semana pasada, cifra en un 3,9% lo que crecerá el gasto de promedio entre 2025 y 2027, cuatro décimas porcentuales más de lo que prevé el Gobierno en el Plan Fiscal enviado a Bruselas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por su parte, también cree que el gasto se desviará sólo un poco menos: tres décimas. Tras señalar que el Gobierno no ha concretado suficientemente cómo va a llevar a cabo el ajuste fiscal al que se ha comprometido, el Banco de España plantea dos posibles escenarios, dependiendo de cómo se dibuje ese recorte. El primero, reduciendo la inversión pública, frenará el crecimiento del PIB en un un 0,5%. El segundo, rebajando el resto de las partidas de gasto pero protegiendo la inversión pública, rebajará un 0,3% el PIB en 2027.

De ahí que el FMI pida un “diseño cuidadoso” del ajuste fiscal, para evitar que los países terminen en lo que denomina como “crecimiento anémico”. Pero también recomienda como medida paliativa un aumento de los impuestos progresivos que, a su juicio, afectará menos a la actividad económica que el recorte del gasto público, considerando que las rentas más altas –las que más impuestos pagarán– reducen menos su consumo porque cuentan con un mayor colchón patrimonial. “El problema que tienen las subidas de impuestos en los tramos superiores es que genera un aumento de la recaudación poco relevante”, precisa Diego Martínez. Lo mismo ocurre con los impuestos a las energéticas o la banca, por cuyo mantenimiento lucha el Gobierno en el Congreso.

Para Carlos Martín Urriza, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares y portavoz de Economía del Grupo Parlamentario de Sumar, la austeridad no es el camino. En su lugar, aboga por “encauzar el capital hacia inversiones más productivas”. Se refiere tanto a los Fondos Next Generation de la UE para la transición digital y la ecológica, como al capital humano, consiguiendo “un mercado de trabajo lo más amplio posible”. Martín Urriza cree que es la receta adecuada para un país que tiene infrautilizados sus recursos laborales, con una tasa de paro elevadísima, un alto porcentaje de contratos a tiempo parcial indeseados o demasiados trabajadores subempleados. Por lo que propone “elevar los estándares laborales”, subiendo el Salario Mínimo Interprofesional o mejorando el cumplimiento de la jornada de trabajo, para que prevalezcan las empresas más productivas.

Bajando al detalle, el FMI recomienda eliminar las subvenciones a los combustibles, que en los países en desarrollo “favorecen desproporcionadamente” a los más ricos, mientras que en los países más avanzados sus beneficios recaen en gran medida en las rentas medias. A España, en concreto, le sugiere que “mejore la eficiencia” de los beneficios fiscales; es decir, de las deducciones, exenciones y bonificaciones de las que disfrutan determinados contribuyentes, actividades o inversiones. En los últimos Presupuestos del Estado, su cuantía ascendía a 45.268 millones de euros. “Es una gran fuente de ingresos a los que se está renunciando”, admite Diego Martínez. Carlos Martín coincide en que hay que “redefenir” el catálogo de exenciones y deducciones, sobre todo en el impuesto de sociedades, pues sus deficiencias de diseño permiten a la empresas el “escaqueo fiscal”.

A Estados Unidos, el FMI le recomienda en cambio que suba los impuestos indirectos y aumente de forma progresiva el impuesto sobre la renta, mientras que a Reino Unido le pide que elimine exenciones al IVA. Con Francia es más expeditivo y le aconseja que redefina sus prioridades de gasto “dentro de un recorte general del gasto público”.

La razón de tanta dureza estriba en que la deuda pública francesa ha escalado hasta el 112% del PIB, y está casi ocho puntos por encima de la española. Tal es así que la prima de riesgo gala ha igualado a la griega y superado a la española. Algo impensable en los peores años de la crisis financiera cuando el diferencial de la deuda española con la alemana se disparó hasta casi los 500 puntos básicos y la griega superó los 1.000. Ahora la prima de riesgo de España se sitúa por debajo de los 70 puntos básicos. La de Francia ha llegado a exceder los 90. Merece la pena recordar también que el déficit público francés superará este año el 6%, mientras que el español se quedará en el 3%.

La alarma es de tal envergadura que el ex economista jefe del FMI Olivier Blanchard urgió la semana pasada a abordar en Francia un recorte del gasto público y un aumento de los ingresos que sume 150.000 millones de euros “a largo plazo”. A su juicio, la mayor parte del ajuste debería realizarse en el lado del gasto, pero sin comprometer la inversión pública. “A menos que le pidamos a Elon Musk que haga el trabajo, no podemos solucionar el problema reduciendo los gastos operativos [de la Administración]”, advierte Blanchard en referencia a los recortes masivos de funcionarios que ha anunciado el multimillonario elegido por Donald Trump para encabezar el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

No obstante, en un artículo publicado en el periódico Le Point y firmado junto con François Ecalle, asesor honorario del Tribunal de Cuentas francés, Blanchard no duda en proponer recortes en las prestaciones sociales. Y no le bastan las pensiones, también plantea pasar la tijera a las prestaciones de desempleo y familiares, al reembolso de los medicamentos o incluso al equivalente francés del Ingreso Mínimo Vital, allí llamado Ingreso de Solidaridad Activa (RSA). También aboga por aumentar la tasa de empleo de los trabajadores de más edad. En resumen, un programa de recortes sociales que no satisfará precisamente a la izquierda gala, movilizada en pleno contra la reforma de las pensiones propulsada por Emmanuel Macron.

Por lo que a España se refiere, el plan fiscal recién validado por Bruselas prevé que la ratio de deuda pública respecto al PIB siga bajando hasta el 102,5% este año e incluso llegue al 98,4% en 2027 y al 90,6% en 2031. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, fía esa senda al crecimiento español –Bruselas lo ha elevado al 3% este año–, que permitirá “proteger el Estado del bienestar de cara al futuro” al tiempo que sostener las inversiones, según aseguró en su cuenta de X.

“El crecimiento económico, en efecto, amortigua el ajuste fiscal, pero ese esfuerzo lo pide Bruselas en términos estructurales, es decir, descontando el efecto del ciclo económico sobre los ingresos”, detalla Diego Martínez. De forma que eso le permite al Gobierno “comportarse un poco como el doctor Jeckyll y Míster Hyde”, añade, “y eso es bueno: puede meter mejor el cuchillo en decisiones estructurales si tiene un ciclo económico que le ayuda a generar ingresos de forma automática, con el viento a favor”.  

Sin embargo, Philipp Heimberger advierte de que la Comisión Europea subestima los efectos negativos sobre el crecimiento económico del ajuste fiscal que exige. “Las ratios de deuda pública de la zona euro probablemente no se reducirán a medio plazo tanto como se espera”, explica, “de hecho, la consolidación fiscal durante el periodo de ajuste bien puede desacelerar la economía o al menos conducir a un estancamiento”. De hecho, calcula que la Comisión Europea ha infravalorado en 3,1 puntos porcentuales la previsión para 2033 del peso de la deuda pública sobre el PIB español y aún más, 3,9 puntos porcentuales, la de Francia.

"Este Parlamento inicia un camino de solidaridad con las personas dependientes, con las personas que requieren ayuda para sus necesidades básicas". Era 5 de octubre y José Luis Rodríguez Zapatero tomaba la palabra en el Congreso de los Diputados para celebrar que la Ley de Dependencia que había impulsado su ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, había recibido una amplia luz verde. Sólo CiU, PNV, EA y Nafarroa Bai votaron en contra. Según dijeron, porque invadía competencias. Poco más de dos meses más tarde entraba en vigor la que el propio Caldera había descrito como "la norma social más importante de principios de este siglo". Era diciembre de 2006. Hace ahora 18 años.

Mucho ha llovido desde entonces, pero si en todo este tiempo ha habido algo que ha marcado la vida de la norma eso ha sido la crisis económica y los posteriores recortes. Los consejos de ministros que en 2012 y 2013 celebraba cada viernes el Gobierno de Mariano Rajoy terminaban siempre —o casi— con un nuevo tijeretazo a los servicios públicos. Y la dependencia, claro, no se libró de ello. En diciembre de 2013, cuando la Ley apenas tenía siete años, el Ejecutivo conservador celebró el aniversario aprobando un decreto con dos medidas importantes: por un lado disminuyó las intensidades de los servicios ofrecidos bajo el amparo de la ley y, por otro, introdujo incompatibilidades. Es decir, estableció que si se recibía una prestación no se podía recibir otra. Por ejemplo: o ayuda a domicilio o centro de día.

Fue un punto de inflexión. A partir de entonces, el dinero que cada persona con dependencia reconocida percibía en prestaciones y servicios se mantuvo más o menos estable, o incluso aumentó hasta dos años después. Sin embargo, ya en niveles lejanos al máximo que se alcanzó en 2010, cuando el gasto público se situó en 8.145 euros por cada dependiente, una cifra que hoy, 14 años después y ya con la Ley de Dependencia mayor de edad, se sitúa en 5.982 euros. Un 26,6% menos. Es el dato que resulta "muy preocupante" para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que este lunes ha presentado su balance del decimoctavo aniversario de la ley.

La organización habla claramente de "déficit de financiación". Al menos si el objetivo es poder atender a todas las personas en lista de espera, es decir, con el grado de dependencia reconocido pero todavía pendientes de recibir una prestación o servicio del sistema público. En octubre de este año eran 291.649, una cifra para la que los directores y gerentes de Servicios Sociales estiman que son necesarios 1.750 millones adicionales. Y eso sólo para mantener la inversión en torno a los 6.000 euros por cada una de ellas.

Pero eso tampoco es lo ideal, señala José Manuel Ramírez, presidente de la asociación. A su juicio, la caída hasta ahora imparable de lo que se destina a cada dependiente ha tenido una consecuencia muy clara. Y muy negativa. "Lo que refleja ese dato es que las prestaciones y su intensidad han caído, es decir, que lo que se ofrece a los dependientes es cada vez menos. En resumen: estamos yendo hacia un sistema de dependencia low cost", lamenta. Y eso es "poco eficaz". Aumentan las personas atendidas, sí, pero es que al mismo tiempo desciende la calidad de las prestaciones que reciben.

Este 2024 finalizará, según las estimaciones de la organización, con 1,5 millones de personas recibiendo una ayuda a la dependencia, un dato que supone el mayor incremento en esta estadística de los últimos 12 años y que se explica —o así al menos lo entienden los directores y gerentes de Servicios Sociales— por el plan de choque aprobado por el Gobierno en el año 2021, un documento de 34 páginas que pretendía revertir todo lo que se había destruido en años anteriores. Porque a la fase de "despegue inicial" de la norma le siguieron etapas duras.

Fue sobre todo la que tuvo lugar entre 2012 y 2015, cuando se produjo el "estrangulamiento financiero" y la aprobación de medidas "inexplicables", como lo fue precisamente la declaración de incompatibilidades. Fue entonces cuando empezó a producirse el "fenómeno sangrante" de que personas con una necesidad de ayuda reconocida fallecían antes de percibirla. "Tanto fue así en aquellos años, que el número de personas con derecho reconocido disminuyó, de forma que el flujo de entradas no reponía las bajas que se producían a pesar de que el fenómeno de la dependencia estaba ahí", dice el informe presentado este lunes.

En 2015 empezó a recuperarse la situación y entre periodos mejores y peores llegó 2020. Y con él, la pandemia. Y con ella la revelación de la importancia de los cuidados. Fue ahí cuando llegó el plan de choque. Y cuando entraron 287.636 personas más al sistema. Con ellas ya subirán hasta los 3.699.078 los dependientes atendidos, el dato más positivo de todos estos años.

Hay otra cara de la misma moneda. Y es que 900.000 personas han fallecido con un grado de dependencia reconocida pero todavía sin la prestación. "Es lo peor que seguimos soportando, que cada 15 minutos muere alguien en esa lista de espera", lamenta Ramírez. Esta es, además, cada vez más delgada, pero sobre todo porque las prestaciones o los servicios de los dependientes de Grado I —los menos graves— son los primeros en salir de ella. Según las previsiones, este año terminará con 155.000 personas desatendidas, si se tiene en cuenta a quienes están esperando su valoración de dependencia —que son alrededor de 24.000— y a quienes, ya teniendo su ayuda reconocida, todavía no la perciben, que son 131.083 personas. Todas ellas conforman lo que los directores y gerentes de servicios sociales han denominado "limbo de la dependencia", que en 2024 disminuirá, según prevé la organización, un 13,7%.

Pero hay otro dato preocupante. Y es que hay otras 136.954 personas que ni siquiera han sido valoradas. Es decir, en la primera fase del procedimiento. Según los cálculos de la organización, 2024 será uno de los años que finalice con más gente en esta lista. Así, si tenemos en cuenta todos los datos,  este año "cerrará con alrededor de 291.649 personas desatendidas esperando algún tipo de trámite de la dependencia, tan sólo 4.782 menos que en 2023". "Con este ritmo de reducción, se tardarían 61 años en lograr la plena atención", sentencia la organización.

Para ello los directores y gerentes de Servicios Sociales tienen claro que es necesaria una mayor financiación. Y que quienes tienen que ampliar su esfuerzo en este sentido son las comunidades autónomas.

En teoría, el sistema de la dependencia es financiado de manera tripartita entre el Estado, las comunidades y los usuarios. El problema que ha ocurrido durante todos estos años es que cuando una de las dos administraciones —la central o la autonómica— aumentaba su aportación, la otra descendía la suya. Y así "difícilmente se podrá atender con solvencia las necesidades que habrá de exigirle el inminente reto demográfico del envejecimiento de buena parte de la población al que España se afrenta en los próximos años". Por ello también insta a que se incrementen las intensidades de los servicios y las cuantías de las prestaciones. Y en todas las comunidades por igual.

Por último, Ramírez exige simplificar el "disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios". Como prueba, un dato: el 92% de la reducción del "limbo de la dependencia" de los últimos años no se ha producido porque la situación se ha resuelto, sino porque la persona que estaba a la espera ha fallecido antes.

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) ha pedido este jueves una evaluación más "homogénea" de los avances y retos del Sistema Nacional de Salud (SNS) ante la "gran disparidad" existente entre los servicios públicos sanitarios de las comunidades autónomas. Semergen también ha reclamado este jueves una mayor "coordinación" al Ministerio de Sanidad en la implementación de estrategias de salud nacionales de Atención Primaria.

En la presentación de un informe que analiza el impacto Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria (PAPyC) en 2022 y 2023, la sociedad científica y profesional ha resaltado que aún persisten importantes desafíos en áreas que "requieren una acción urgente". Entre ellas, cita la mejora de los recursos humanos, la accesibilidad a pruebas diagnósticas que garanticen la equidad entre comunidades autónomas, la garantía de la continuidad de la atención asistencial y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del sistema.

El denominador común que destacan los médicos de atención primaria en los ámbitos de análisis es la necesidad de implementar acciones que respondan "de manera equitativa" a los retos de las distintas regiones, motivo por el que solicitan a Sanidad una "mayor coordinación ministerial". "La coordinación entre las diferentes administraciones y los profesionales del sector será clave para optimizar los recursos y mejorar la atención a los pacientes", apuntan desde Semergen, cuyo presidente, José Polo, incide: "Hay gran disparidad. ¿Por qué no se grita? ¿por qué no se dan voces?".

La organización ha hecho hincapié en el problema asistencial de personal sanitario, que en los próximos años notará plazas vacantes, bajas o jubilaciones, y ha sostenido que las convocatorias de ofertas públicas de empleo (OPEs) siguen siendo "insuficientes", especialmente en áreas rurales o puestos de difícil cobertura.

Semergen subraya que los movimientos de personal que generan las OPEs son "difíciles de encajar en ciertos momentos como el verano o momentos de alta presión asistencial" por el impacto que tiene en la actividad diaria de los centros, y piden pensar en opciones que permitan "fijar el médico al territorio". Por ello, la sociedad insiste en la conveniencia de ir más allá de la ampliación de plazas públicas y pide poner el foco en la escasa estabilización del personal y en la fuga de talento hacia otras especialidades como urgencias.

La solución, según los médicos, "debe ser integral", con medidas como la revalorización de los puestos sanitarios, la mejora de las condiciones laborales o los incentivos a tutores de residentes en medicina de familia que permitirán "mejorar la calidad de la formación" y, a largo plazo, "garantizar un relevo generacional adecuado" en la atención primaria.

Además, ponen el acento en la necesidad de ampliar y desarrollar la cartera de servicios en atención primaria, así como en su aplicación coordinada, como respuesta a los problemas de accesibilidad a pruebas diagnósticas: "Es urgente que la cartera se amplíe de manera equitativa en todas las comunidades, tanto en el acceso a las pruebas diagnósticas como a la capacidad para indicarlas".

Por último, los médicos buscan mejorar la "visibilidad y prestigio" de la Atención Primaria y la Medicina de Familia con la puesta en marcha de una "gran campaña de comunicación a nivel nacional", cuyo objetivo sea "devolver el prestigio" a este sector.

"Esta campaña debe visibilizar y reconocer el valor de la labor que desempeñan estos profesionales en la salud de la población y contribuir a un cambio de percepción que atraiga a más jóvenes a esta especialidad", inciden desde Semergen.

Con el mismo fin de atraer más interés en la atención primaria, Semergen concluye que se debe invertir más en proyectos de investigación para hacer de este ámbito asistencial "una opción atractiva" para los profesionales, aunque celebra que en los últimos años la investigación mantiene una "velocidad de crucero".

17 de octubre de 2012. Un grupo de unos 200 estudiantes se sienta en unas escaleras de asfalto cercanas al Museo de Escultura al Aire Libre situado en el número 40 del madrileño Paseo de la Castellana. Algunos llevan cuadernos y bolígrafos y todos escuchan atentamente a quien, micrófono en mano, se pone frente a ellos. Es Juan Varela, profesor de Filología Italiana en la Universidad Complutense de Madrid que, por un día, decidió trasladar su aula a "la puñetera calle". No lo hizo porque sí. La crisis económica mundial que azotaba especialmente a España desde 2008 y que había provocado ya entonces varios tijeretazos a la universidad pública asfixiaba a docentes y alumnos. Y decidieron decir basta. Fue, no por casualidad, explicando la Canción de la Avaricia, del poeta Dante Alighieri.

Han pasado más de 12 años desde entonces, pero todavía hoy se recuerda. Aquella clase fue el pistoletazo de salida a muchas otras que llegaron después. Y que, hasta 2015, sacaron a las calles de Madrid a más de 900 profesores y profesoras de las seis universidades públicas de la región que escenificaron así la asifixa económica que ponía en peligro su viabilidad. Pero poco consiguieron en tres años. Y por eso este jueves se ha repetido la escena inédita que en su día protagonizó Varela. Esta vez, frente a la Asamblea de Madrid. Y con Marisa Montoya, catedrática de Física de la Tierra y Astrofísica de la UCM al frente. Esta vez, con una clase magistral sobre los "Puntos de inflexión del sistema climático", un tema que, igual que pasó con la poesía de Dante en su momento, también ha sido escogido con segundas intenciones.

Lo explica la profesora de Derechos Humanos y Filosofía del Derecho de la Carlos III, María Eugenia Rodríguez Palop. La universidad ha decidido regresar a la calle, este jueves en el sentido más literal de la expresión, por una infrafinanciación crónica, pero no solo. El ataque que sufren estas instituciones también tiene mucho que ver con la "ola reaccionaria" que lidera la extrema derecha y en España cohabita con el conservadurismo de Isabel Díaz Ayuso. "Es una corriente negacionista, acientífica y que no quiere de ninguna manera que la universidad sea líder en el conocimiento y en la investigación", lamenta la también exeurodiputada. La propia Montoya también lo entiende así. Su clase, explica al terminarla, ha servido como "muestra del trabajo de investigación que se ve amenazado si no se dota a la universidad de recursos".

Es, por tanto, una cuestión ideológica. Porque además las circunstancias que llevaron a la universidad pública a la movilización en 2012 no son las mismas que ahora, aunque los términos que resuenan son los mismos.

La clase de Montoya ha sido un recuerdo de la lucha que muchos y muchas ya hicieron en su día. Palop, por ejemplo, fue una de las redactoras de aquel manifiesto de La uni en la calle, el movimiento que impulsó esas movilizaciones y que hoy, confirma Germán Garrido, vuelve para quedarse. Él también estuvo presente en 2012. "Nos hemos vuelto a organizar. Volvemos a estar presentes las seis universidades públicas y nuestra idea es reactivar todo", explica desde el otro lado del teléfono. De fondo se escucha el gentío que este jueves también se concentró frente a la Asamblea de Madrid al acabar la clase de la catedrática de la Complutense. Lo hicieron convocados por CCOO, UGT y CGT y con un objetivo muy claro: que dentro de la Cámara regional, donde se debatían las enmiendas de los Presupuestos de 2025, se hablara de ellos.

"Teniendo en cuenta la poca antelación de la convocatoria, hemos tenido una asistencia bastante importante. Ha habido estudiantes, profesores, personal de administración... Y de todas las universidades", cuenta Carlos de Castro, profesor de Sociología de la Autónoma (UAM). "Se ha hecho todo con bastante prisa, así que el balance es positivo", remacha. Los carteles que anunciaban la movilización apenas se habían empezado a difundir 48 horas antes, casi al mismo tiempo que en centros como la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM se aceleraba la organización. Allí nació, pocas horas antes de la manifestación, la primera pata de la Plataforma en Defensa de la Universidad Pública. Pero quedan más.

Se trata, dicen, de un "espacio de organización amplio, abierto, democrático y horizontal con vocación de integración amplia" y un objetivo muy claro: "revertir el expolio y desmantelamiento de las universidades públicas". Para ello, solicitan a los rectores que interpongan una demanda para restituir los presupuestos que se deberían recibir y avanzar en la reducción de los precios públicos. También, que se reúnan con la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. "Nuestra principal e inmediata lucha tiene que ver con la falta de financiación de la universidad, pero nuestras reivindicaciones no terminan ahí", expone Garrido.

En frente siguen teniendo la Ley de Universidades que pretende aprobar el Gobierno madrileño y que, entre otras cosas, contempla un "régimen sancionador frente el vandalismo, la ocupación y los escraches" para mantener el "decoro" dentro de las facultades, un movimiento que desde la universidad se ha interpretado como una reacción a las acampadas en apoyo a Gaza tan criticadas desde la Puerta del Sol. Y tiene más. De aprobarse la norma, serán las propias universidades las que deberán asumir el 30% de su financiación. ¿Cómo? Con recursos propios. "Ese va a ser nuestro gran caballo de batalla. Si eso sale adelante veremos cómo se incrementan las tasas y se cierran titulaciones", denuncia Garrido.

Lo dice con conocimiento de causa. Ya pasó y ya lo vivió. Los propios rectores madrileños recordaron en una carta abierta enviada a Ayuso que tras la crisis financiera "la Comunidad de Madrid redijo drásticamente la subvención nominativa y aumentó los precios de las matrículas a los estudiantes". En concreto, según recogió el ya desaparecido Observatorio del Sistema Universitario en un informe, entre 2009 y 2015 la región incrementó en un 40,2% lo que los estudiantes debían abonar por estudiar en un centro público. El problema es que desde entonces, y aunque se han reducido esos precios —que en Madrid siguen siendo no obstante los más elevados de todo el país— eso no se ha traducido "en la correspondiente recuperación de la subvención". Dicho de otro modo: las universidades públicas acumulan ya 15 años de "grave infrafinanciación".

No hay comparación posible con otras autonomías, además. Según el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), la región de Ayuso es la que menos invierte por cada uno de sus estudiantes: 5.362 euros, un 24,4% menos que la media nacional. A la vez, es la que más cobra en tasas: 1.620 euros de media por cada alumno, un 28% más que la media del resto del país. Y esto, que en 2012 podría tener una explicación detrás, hoy ya ni siquiera la tiene.

"En aquellos años salimos a las calles por los recortes que se aplicaban a todo lo público, también a la universidad. Lo que ocurre es que en ese momento se hizo en un contexto de crisis económica global. Hoy no estamos en esa situación. Es más, la Comunidad de Madrid es la más rica de toda España y la que ha puesto en marcha el peor programa de recortes encubiertos", lamenta De Castro. "Si ahora que supuestamente estamos creciendo se aplican estas políticas, qué no pasará cuando esto cambie", añade Garrido.

Por eso el momento es ahora. "Es absolutamente urgente que nos movilicemos, que ocupemos las calles", asegura Palop, que extiende incluso la necesidad de la protesta. A la vivienda, a la sanidad, "a la defensa de todo el sector público". "Lo que estamos viendo en Madrid es un laboratoio que con toda seguridad se va a extender por toda España, empezando por las comunidades del PP. Lo estamos viendo también en Andalucía", señala.

Allí, los rectores de sus diez universidades públicas también se pusieron de acuerdo para mostrar su "firme rechazo" a la "estrategia de privatización" del sistema que ha puesto en marcha, acusan directamente, la Junta de Juanma Moreno. Lo hicieron después de que la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios, integrada en la Universidad Pontificia Comillas, con sede en Madrid, aterrizara en el campus de Bormujos de Sevilla de forma "exprés" y sin autorización. "Sienta un preocupante precedente", lamentaron, denunciando la cada vez mayor privatización de su sector.

Hace apenas unos días, UGT denunció también lo que consideran que es "un ataque sistemático" contra la institución, que según los Presupuestos de 2025 recibirá en 2024 87 millones menos. "Un hecho que evidencia la falta de compromiso del gobierno regional con la educación pública", denunció el sindicato. Víctor Molina, profesor de la Universidad de Sevilla, confirma que todo ello les ha llevado a movilizarse. Y que seguirán.

Según señala UGT, todo responde al interés privatizador como motivo principal. Allí ya son tres los centros de este tipo, pero en regiones como Madrid ya ascienden a 14. Por eso es en esa autonomía donde por ahora se recuperará aquello que en 2012 se llamó Marea Verde y cuyas camisetas se han vuelto a ver este jueves frente a la Asamblea. "Esta va a ser una batalla a largo plazo", sentencia De Castro.

Este domingo, 9 de junio, los europeos están llamados a las urnas. Lo que determinen con sus votos tendrá repercusiones, entre otros planos, en el económico. Prueba de ello son la normativa de la cadena alimentaria, la Directiva sobre cooperación fiscal, la de Servicios de Comunicación Audiovisual, que refleja la nueva realidad del mercado audiovisual conjunto; o el Reglamento que recoge las directrices que deberán aplicar los estados miembros a la hora de diseñar sus planes estratégicos para adaptarse a la actualizada Política Agrícola Común (PAC).

Este 2024 ya se ha dado luz verde a la transposición de una Directiva europea que regula la conciliación familiar y la vida profesional de progenitores y cuidadores del espacio común europeo. Antes, en 2023 entre las directivas trasladadas al ámbito estatal cabe señalarse el paquete de cinco que simplificaron las normas de los Mercados de Valores e Inversión en España; o la Directiva DAC7, dirigida a mejorar la cooperación entre países miembros en el ámbito de la fiscalidad. En 2022 fue cuando salieron adelante la citada directiva del Audiovisual o el Reglamento ligado a la PAC, y otras como la Directiva que fija un espacio ferroviario único para la Unión. En el ejercicio anterior se armaron en España 11 iniciativas legislativas que transpusieron directivas, entre las que se encontraban la relacionada con el blanqueo de capitales o la Ley Ómnibus de transposición de Directivas Europeas, con medidas aplicadas como consecuencia de la invasión de Ucrania, muchas de las cuales contribuyeron a aliviar los bolsillos de los ciudadanos.

En la misma línea, en 2020, 27 iniciativas legislativas derivaron de decisiones europeas, entre las cuales hay que situar algunas como las asociadas con la armonización del Impuesto sobre el valor añadido (IVA) o la eficiencia energética. Y en 2019, por último, hubo leyes con germen europeo como las de secretos empresariales, propiedad intelectual, los contratos de crédito inmobiliario u otras de la órbita financiera. Es más, un 53,6% de las leyes aprobadas por las Cortes Generales españolas, Congreso y Senado, durante la IX legislatura de la Eurocámara en general, tuvieron su origen en las instituciones europeas, según un análisis de la Oficina del Parlamento Europeo en el país.

“Aunque la gente piense que son unas elecciones que sirven para poco, es mentira. La mitad de la legislación española de los últimos años es resultado de decisiones europeas, con lo que son muy importantes”, confirma Juan Gimeno, ex rector de la UNED, coordinador general de la Plataforma por la Justicia Fiscal y miembro de Economistas Frente a la Crisis. Y, sobre lo que hay en juego el 9J, mantiene: “Hasta ahora había un cierto equilibrio entre la socialdemocracia, los conservadores y los liberales, que hacía un Gobierno, se puede decir centrista, escorado a la derecha, pero que ha permitido que en la última Presidencia haya habido avances importantes hacia una Europa más social”. “Se aprobaron el pilar social, los fondos Next Generation, como respuesta a la crisis de la covid, que supusieron un cambio de sensibilidad y de reacción económica, frente a lo que se hizo a primeros de la década anterior; o el plan verde”, enumera. A ello suma “emisiones de deuda mancomunada europea, que es una especie de principio de obligaciones conjuntas, casi un decir ‘no va a haber más remedio que tener un Presupuesto europeo que merezca tal nombre’, no como lo actual, que son cantidades muy pequeñas, apenas algo más del 1% del PIB -Producto Interior Bruto- europeo”.

En definitiva, Gimeno cree que “se han abierto esperanzas", pero al mismo tiempo han "crecido posiciones muy de ultra derecha, populistas, anti europeas, extremadamente nacionalistas… que pueden suponer que no sólo se frustren esos avances, sino que se retroceda enormemente”, avisa.

Entre esas sombras, coloca la lupa en un aspecto: “No hay más que ver las propuestas que se están haciendo en temas de inmigración”, encauza. Y ello “cuando ya el pacto que se alcanzó in extremis en esta materia no era muy satisfactorio desde el punto de vista de casi todas las organizaciones de esa área. En un continente que necesita mano de obra extranjera para crece y sobrevivir. Tener esas actitudes tan demagógicas es tirar piedras sobre nuestro propio tejado”, asevera.

“Además -encadena-, después de que tras la pandemia se abrió la mano, hay que volver a la senda del equilibrio presupuestario, eso es inevitable, pero puede ser más o menos duro. Podemos regresar a criterios con el coste social que sufrimos en la primera mitad de la década pasada, o puede hacerse algo más flexible, buscarse recursos europeos o atender la petición que han hecho cien europarlamentarios para consolidar una cierta reforma fiscal que apunte ingresos para la propia Unión, unido a homogenización, evitar que las grandes empresas evadan impuestos o que haya competencia fiscal entre estados…”.

En cualquier caso, Gimeno quiere dejar claro que el resultado que arrojen las urnas este domingo “afectará" a "la vida cotidiana" de los españoles. "Va a significar que nuestros presupuestos, nuestras políticas, se mantengan con preocupación social y con posibilidades de seguir creando empleo, etc, o que volvamos a restringir derechos o programas sociales”. En definitiva, regresar a los recortes o no.

En ese sentido, Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social (CES), se muestra esperanzado: "Pienso que no veremos en la UE en los próximos años una política de austeridad como la que se impuso en 2010. Fue un error de política económica, como se reconoce hoy de forma amplia", traslada a infoLibre. Considera que "las nuevas reglas fiscales aprobadas por la Unión tienen la flexibilidad necesaria para hacer que los ajustes fiscales se hagan gradualmente y de acuerdo a las circunstancias específicas de cada estado".

"Como decimos desde el CES en el nuevo Informe de gobernanza económica europea -aporta luego-, esas reglas fiscales nacionales tienen que ser complementadas y equilibradas por el avance de la UE en la puesta en marcha de bienes públicos europeos como la unión bancaria, la unidad de mercados de capitales, que permita utilizar el ahorro en Europa; y una unión fiscal que dé a la UE capacidad presupuestaria y financiera" para costear "las enormes inversiones que hay que hacer para afrontar los retos económicos, industriales y sociales". A su parecer, de los sufragios que se depositen el 9J dependerá "la capacidad de la Unión para hacer frente a esos retos y, de esa forma, ayudar a los estados nacionales a cumplir las nuevas reglas fiscales, evitando el riesgo de nuevas políticas de austeridad".

Para Daniel Fuentes, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá, "la economía europea vive desde 2008 en una dinámica de shock-reacción que poco o nada tiene que ver con los ciclos económicos. De ahí la frustración con las políticas más convencionales", dice, entre las cuales sitúa "las 'austeritarias'".

En relación a la fiscalidad que viene, defiende que la UE "va a tener que ser imaginativa y, a la vez, responsable" a la hora de "aplicar las nuevas normas fiscales" que, a su juicio, son "una versión mejorada de las anteriores", al "contexto actual". "Por una parte", engarza, "se necesitan más recursos", para asuntos como "defensa y seguridad exterior, descarbonización de la economía, lucha contra el calentamiento global, transición energética o envejecimiento de la población"; y, por otra, "el endeudamiento público es elevado". Junto a lo expuesto, Fuentes deja caer la conveniencia de avanzar en tres ámbitos: "Profundizar en el mercado de capitales, para que el ahorro fluya de manera eficiente, en la unión bancaria y en la emisión de deuda comunitaria". "Lo que no debemos permitir es que Europa pierda el tren de la inversión. El impacto sobre la prosperidad futura sería irrecuperable. Y con él, el deterioro de la cohesión social", remata.

Sin abandonar la inversión, a Judith Arnal, investigadora senior de Real Instituto Elcano y CEPS, le llama la atención que en los debates que se están produciendo en torno a los comicios del 9J se esté elaborando "una lista muy larga de todas las necesidades financieras" que tiene la Unión. Ella las resume en las que serían las tres puntas de un triángulo: transición ecológica y transformación digital, defensa y ampliación de la propia UE. "Nos centramos mucho en todo lo que tenemos que gastar, pero detecto poco debate en torno a de dónde vamos a sacar el dinero para cubrir todo eso", advierte, para apostillar: "Porque además, no sólo se trata de cubrirlo con fondos públicos, sino que éstos, que han de ser proporcionalmente menos, tienen que estar lo suficientemente bien diseñados como para poder ser catalizadores de inversión privada".

En ese contexto, Arnal hace notar la existencia de "una institución europea que ha pasado muy por debajo del radar", el "mecanismo europeo de estabilidad, que concedió el programa de asistencia financiera para la recapitalización bancaria a España", en el que "los estados miembros de la zona euro tienen desembolsados 80.000 millones de euros, de los que a España le corresponden casi 10.000. Esto otorga a esta institución financiera una capacidad de préstamo de 422.000 millones"".

¿Por qué están en el cajón? "Es una institución que básicamente no se emplea porque ha sido muy afectada por el 'efecto estigma' derivado de cómo se gestionó la crisis de deuda soberana de la zona euro y nadie quiere hacer uso de ella. Pero es una pena tener esa capacidad y que no esté habiendo un debate serio de cómo hacerlo", explica. Aboga, asimismo, por que se aborde "qué puede hacer el Banco Europeo de Inversiones (BEI)" para financiar los elementos a las que apuntaba y "qué necesita el sector privado para movilizar ese capital". Y concluye: "Todos tenemos súper identificadas las necesidades, en qué nos queremos gastar el dinero, pero estamos dedicando comparativamente mucho menos tiempo y muchos menos esfuerzos en ver de dónde va a salir el dinero. Antes de introducir nuevos recursos propios para la UE, o nuevos impuestos, hay que tratar de agotar todas las vías financieras que tenemos sobre la mesa en estos momentos".

La consolidación fiscal —la reducción del déficit presupuestario y de la deuda pública— se hace, básicamente, de dos maneras: aumentando impuestos o recortando gastos. Y el camino que se elige tiene consecuencias para los gobiernos, como acaba de demostrar la investigación Consolidación fiscal y votación: los costos electorales de la estabilidad presupuestaria, firmado por los profesores de Economia Aplicada Santiago Lago, María Cadaval y Ana Herrero.

Lo que los investigadores han encontrado es que los efectos negativos sobre la intención de voto de un hipotético aumento del impuesto sobre la renta personal se concentran entre individuos que expresan una preferencia por partidos como el PP y Vox. Por el contrario, la vía de los recortes en programas relacionados con los ingresos, como la atención médica, la educación y las pensiones, “no logra atraer a los votantes que prefieren otras opciones políticas y es menos atractiva para aquellos que previamente han declarado una intención de votar por los partidos gobernantes” en estos momentos.

”Lo que observamos es que la intención de voto de los ciudadanos (en relación con la consolidación fiscal) varía según su ideología política”, explica María Cadaval, profesora de la Universidad de Santiago. “Los votantes de izquierda que apoyan a los partidos en el Gobierno prefieren políticas de austeridad a través de los impuestos” y los “de derecha aprueban en mayor medida los recortes de gasto”.

Dicho de otro modo: los votantes más inclinados a la izquierda tienden a desmovilizarse más —o a cambiar de bando— cuando las políticas de consolidación fiscal que están en vigor son recortes. Y cuando las medidas para reducir el déficit y la deuda son subidas de impuestos, los que se desmovilizan más —o tienden a cambiar de signo político— son los ciudadanos que se autoubican a la derecha.

Cuando quien hace los recortes es la derecha, explica la profesora Cadaval, tiene una lectura distinta cuando la hace la izquierda. Cuando la derecha hace recortes de gastos es “porque son necesarios”. Cuando la izquierda hace recortes de gastos, “es que son unos traidores”. Hay una percepción muy distinta. “Hay cosas que solo puede hacer la derecha y hay cosas que solo puede hacer la izquierda”.

“En todos los casos”, sea la política que sea” la que se implemente para llegar a cabo la consolidación fiscal, explica a su vez la profesora Herrero, “las personas encuestadas muestran una menor probabilidad de votar al partido que está tomando las decisiones”. Todo el mundo castiga la consolidación, “pero es verdad que proporcionalmente los de izquierda castigan más los recortes de gasto y los votantes de derecha más los aumentos de impuestos”.

La preocupación por reducir la deuda y el déficit tiene sesgo ideológico: es mayor entre las personas con mayor nivel educativo, más edad e ideología de derecha (o que manifiestan intención de votar al PP o a Vox) que entre las personas con menos estudios, más jóvenes o que se de¡claran de izquierdas (o apoyan a los partidos del Gobierno).

Los electores de derechas, sin embargo, se lo piensan dos veces cuando se les pregunta si esos recortes de los que son partidarios deben llevarse a cabo en educación, sanidad o servicios sociales. “Contestan muy alegremente: ‘Hay que recortar el gasto porque es ineficiente’, pero ya luego cuando les dices: ‘Vale, muy bien, pues entonces dígame qué partida de gasto es la que yo voy a recortar, educación, sanidad o servicios sanitarios’, dicen: ‘No, no, eso no me lo toques”.

Del lado de la izquierda también hay contradicciones cuando se desciende a la letra pequeña. Si se les pregunta qué opinan de una subida de impuestos a través del IRPF ya no se muestran tan seguros de su apuesta inicial por que el ajuste se haga por la vía de los ingresos. Ahí también hay “una contradicción que es importante”, destaca Cadaval.

Es algo que ocurre, además, con independencia de qué administración este en el origen de la decisión. Los investigadores trataban de averiguar si los ciudadanos son más comprensivos con las medidas de consolidación fiscal cuando viene impuestas por Bruselas, pero no encontraron diferencias. El efecto sobre las tendencias de voto de los electores ante los recortes o del incremento de impuestos no tiene en cuenta la administración que toma la decisión. “Aquí no hemos encontrado diferencias significativas. A los ciudadanos, a la hora de decidir el voto, lo que les importa es el contenido y no tanto quién toma la decisión, si es el Gobierno nacional o la Unión Europea”, explica Ana Herrero.

Si hace unos años otras investigaciones indicaban cómo los votantes se mostraban más comprensivos con las medidas, fuesen cuales fuesen, cuando llegaban impuestas desde Bruselas —las consideraban menos ideológicas—, ahora eso ha cambiado. “A los entrevistados les da igual que sea Europa, que sea el Gobierno central o que sea la comunidad autónoma” quien esté en el origen de las medidas, señala Cadaval, pero castigan, eso sí, al Gobierno central, que es quien hace los ajustes. 

El estudio confirma, basándose en datos empíricos, que si el Gobierno actual, situado posiciones progresistas, pone en marcha estrategias de consolidación fiscal basadas en recortes, sufrirá el castigo de sus propios votantes. Lo que paradójicamente acabará favoreciendo a los partidos conservadores, que son genuinamente partidarios de esas medidas. La reducción en la probabilidad de votar por el Gobierno de coalición sería elevada entre las mujeres, los empleados y los votantes declarados de PSOE y Sumar, pero también papor parte de los indecisos y de aquellos que creen que el sector público juega un papel necesario en la sociedad. 

Del mismo modo, un Gobierno conservador que decidiese recortar déficit y deuda subiendo los impuestos, acabaría siendo penalizado por sus electores ideológicamente más afines, lo que a su vez alimentaría la posibilidad de una victoria en las urnas de los partido progresistas, tradicionalmente partidarios de que la consolidación fiscal se lleva a cabo incrementando la fiscalidad. 

El trabajo se basa en una encuesta telemática realizada en marzo de 2022 que fue diseñada expresamente para responder a la pregunta sobre los efectos electorales de la consolidación fiscal. En ella se recogieron las opiniones de 1.501 personas seleccionadas para que fuesen representativas del onuunto de la población española.

Sus conclusiones sacan a la luz que los ciudadanos, en general, tienen “una comprensión bastante precisa de lo que significa la deuda pública”, pero no tanto de las reglas fiscales de la Unión Europea. Solamente “un porcentaje pequeño sabe realmente de lo que van, a otra gente simplemente le suena y casi la mitad no sabe de lo que estamos hablando”. 

¿Quiénes están mejor informados? Los ciudadanos que tienen mayor interés en temas relacionados con la política y con asuntos económicos. Y también aquellos que tienen un nivel educativo más alto, según las conclusiones del estudio (los investigadores no hallaron relación con el nivel de ingresos).

“Uno de los resultados más interesantes” para los que tienen que tomar decisiones de este tipo, explica la profesora Herrero, es qué pasa con los no votantes, es decir, los que se abstienen, los que son indecisos o los que tienden a votar nulo”. Y en este caso, la conclusión es que “el votante es claramente más sensible a las caídas de gasto que a los aumentos de impuesto. Es decir, que si tú quieres movilizar ese voto, que ahora mismo a efectos de elección de diputados no cuenta absolutamente nada, es más probable que te voten si ejecutas consolidaciones por la vida de aumentar los impuestos que si recortas los gastos”.

“Cuando se recorta el gasto”, apunta Cadaval en conversación con infoLibre, ”la probabilidad de votar por el Gobierno de coalición se reduce también entre los abstencionistas y los indecisos, no sólo entre sus votantes más afines”.

Herrero asegura que, “en general, el ciudadano medio tiene mucha desinformación sobre quién toma las decisiones. Hay mucho castigo de políticas realizadas a nivel regional y local que se materializa en las elecciones generales”. La gente no visualiza correctamente quién tiene en realidad la responsabilidad sobre sanidad y educación y acaba castigando al gobierno central por lo que hace su comunidad autónoma. “En general hay bastante confusión en este asunto”. 

Los barómetros fiscales —un estudio periódico titulado Opiniones y actitudes fiscales de los españoles— revelan que “gran parte de la gente sigue pensando que la sanidad y la educación son competencias del Gobierno central. Es verdad que hemos mejorado en los últimos años, pero todavía hay mucho desconocimiento”. 

Como era de esperar, los resultados muestran que las preferencias por los ajustes fiscales basados en recortes de gasto son más pronunciadas en individuos con un fuerte interés en los asuntos económicos, una ideología de derecha y fuentes de información con una línea editorial conservadora. Los mismos que en estos momentos tienen intención de votar a PP y Vox.

En contraste, la preferencia por dar mayor peso a los impuestos en la composición del ajuste es mayor entre empleados, estudiantes y amas de casa; individuos con un intenso interés en la política y aquellos que tienen la intención de votar en las generales por PSOE o Sumar. Son personas que responden más favorablemente a preguntas sobre la calidad de la gestión de los servicios públicos y sobre el papel del sector público y que consideran que la relación entre calidad y costo de los servicios españoles es similar o mejor que en otros países europeos.

El estudio recuerda que la austeridad fiscal, como respuesta a los problemas de insostenibilidad presupuestaria, aumenta la polarización política y reduce la participación electoral. Los gobiernos tienden a temer que la implementación de recortes fiscales los saque del poder debido a las consecuencias electorales negativas de reducir el gasto o aumentar los impuestos.

Javier Milei sigue su estrategia de choque para convertir el país sudamericano en la sociedad libertaria de sus sueños. La estrategia del nuevo presidente argentino es clara: utilizar su legitimidad en las urnas para imponer cambios masivos mediante el noqueo y la paralización de la oposición social y parlamentaria. Y aprovechar la oportunidad para poner en marcha los medios de represión futuros para hacer frente a las inevitables consecuencias sociales y económicas de sus políticas. 

Un ejemplo de libro de la aplicación de esta estrategia se produjo el miércoles 27 de diciembre. Ese día, los sindicatos presentaron un recurso ante los tribunales contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por Javier Milei el 20 de diciembre, que modifica sectores enteros de la legislación social y económica del país. 

En esta ocasión, las organizaciones sindicales organizaron una manifestación que tuvo un notable éxito y superó las expectativas. Pero al mismo tiempo que la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia, se llenaba de manifestantes que coreaban "No somos la casta, somos los trabajadores", el Presidente enviaba al Congreso una gigantesca "ley ómnibus" de 664 artículos que prevé una nueva oleada de reformas, que esta vez van desde la educación y la cultura a la justicia, pasando por la ley electoral, las jubilaciones, las normas medioambientales... y la convalidación del DNU. 

Esta última provocación pretende claramente demostrar a los sindicatos su irrelevancia, sobre todo porque son el blanco directo de las reformas. El DNU restringe considerablemente el derecho de huelga, mientras que la "ley ómnibus" aumenta las penas para los piquetes al prever hasta seis años de prisión. 

La ofensiva de Javier Milei es de largo alcance. Para entender ese alcance hay que ver los detalles de las reformas que ha lanzado y el método que ha empleado. Éste se basa en dos principios destinados a crear un shock: la acumulación de medidas adoptadas y la rapidez de la acción.  

Tras anunciar una devaluación del peso del 50% y recortes presupuestarios masivos a los pocos días de tomar posesión, el 10 de diciembre, Javier Milei sorprendió a todos una semana después firmando un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 366 artículos.

Este tipo de decreto está previsto en el artículo 99.3 de la Constitución argentina y permite al Presidente adoptar medidas legislativas en situaciones de emergencia. Se trata, por tanto, de una forma de decreto-ley que, sin embargo, tiene límites, ya que no debe referirse a cuestiones fiscales, electorales o penales y debe ser convalidado por el Parlamento. Sin embargo, el Congreso no puede debatir sobre los detalles del decreto y debe aprobarlo o rechazarlo en su totalidad. 

Por tanto, los DNU no son nada nuevo en Argentina, pero hasta ahora su uso ha sido limitado y selectivo. Javier Milei retoma aquí una táctica clásica de las tácticas de choque neoliberales: el uso de textos gigantescos que afectan a ámbitos diversos y muy amplios y que requieren una aceptación en bloque 

Una táctica llevada a cabo con la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", la famosa "ley ómnibus" de 351 páginas presentada una semana después del DNU. Cabe recordar que este tipo de leyes se utilizaron con mucha regularidad durante la crisis de la eurozona a petición de la Troika. 

Antes de entrar en los detalles de las medidas propuestas por Javier Milei, hay un punto que merece una mirada más atenta: el bloqueo del poder. Como hemos visto, la "ley ómnibus" prevé la validación del DNU, y por tanto de un conjunto de 366 artículos en un solo artículo. Pero va mucho más allá al modificar la ley electoral para el Congreso, pasando de un sistema proporcional a un sistema de mayoría simple estilo británico y dando al gobierno, y por tanto al Presidente, el poder de establecer las circunscripciones hasta un año antes de la votación. Se trata claramente de un instrumento extremadamente poderoso para controlar las mayorías parlamentarias y excluir a los partidos pequeños de la representación nacional. 

Pero lo peor son sin duda los artículos 3 y 4 de la ley, que declaran "la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, de seguridad, social, sanitaria, administrativa, de defensa y arancelaria" hasta el 31 de diciembre de 2025. Disposiciones que ya figuran en parte en el DNU. 

Durante los próximos dos años, el presidente argentino podrá gobernar por decreto-ley todas esas cuestiones, es decir, prácticamente todas las políticas sociales, sin la aprobación del Congreso. La ley permite al ejecutivo incluso renovar esta "emergencia" por iniciativa propia durante dos años más.

En otras palabras: si se aprueba la ley, Javier Milei podrá gobernar por decreto-ley sin ningún debate parlamentario durante todo su mandato. Una vez más, el recurso a la emergencia pública no es nada nuevo; incluso lo utilizó el presidente peronista saliente Alberto Fernández. Pero la novedad aquí es la duración y la escala de esta emergencia, que convertirá a Argentina en nada menos que una "dictadura legal" durante los próximos cuatro años. 

Y para completar el bloqueo del poder, el texto endurece la represión en caso de "resistencia a la autoridad". Si un funcionario se niega a obedecer una orden, la pena de prisión pasa de un año a tres años y medio. Y cuando esta negativa tiene lugar durante una manifestación (definida como una reunión de al menos tres personas), la pena puede aumentar a seis años. 

Además, la ley establece ahora que "la proporcionalidad de los medios empleados debe interpretarse siempre a favor de las fuerzas de seguridad". En otras palabras, Javier Milei acaba de establecer una forma de presunción de legítima defensa para las fuerzas del orden. Es decir, más vale no oponerse a este sistema. 

Con la capacidad que le dará la "emergencia pública", se puede apostar que las medidas anunciadas por Javier Milei serán sólo el primer paso de su plan para transformar radicalmente Argentina. El alcance de estas primeras reformas, que se extienden a lo largo de los mil artículos del DNU y de la "ley ómnibus", es ya considerable. 

El núcleo de este proyecto es, por supuesto, económico. Pretende reducir enormemente el papel del Estado en la economía, pero también favorecer al capital en su lucha contra el trabajo. Al justificar el decreto, Javier Milei afirma que es "imprescindible adoptar medidas para superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales consecuencia de una serie de decisiones intervencionistas".

Como resultado, el artículo 2 de la DNU establece que "el Estado nacional promoverá y asegurará el establecimiento en todo el territorio de un sistema económico basado en la libre decisión", en particular "organizando la mayor desregulación posible del comercio, los servicios y la industria", "levantando las restricciones a la oferta y la demanda" y abriendo el país al comercio internacional. 

Con estos textos, la legislación argentina incorpora ahora un vocabulario libertario que parece sacado de un libro de Hayek o Rothbard. Y sus efectos son tangibles, pues se han modificado o anulado más de 3.500 reglamentos, incluidos los controles de alquileres y la liberalización del mercado laboral. Se han suprimido todas las medidas que controlaban los precios o las cantidades vendidas. 

También se han abolido en gran medida las normas medioambientales, empezando por la prohibición de la exploración minera en zonas periglaciares.  

El Estado está al frente de esas medidas. La "ley ómnibus" permite al ejecutivo suprimir, trasladar o reducir todas las administraciones locales, poniendo a disposición a los funcionarios afectados para cualquier tarea. 

También habrá que privatizar empresas públicas. La "ley ómnibus" permite esta venta, que el DNU está preparando para transformarlas en sociedades anónimas. Eso afecta a las 41 empresas públicas, entre ellas la compañía aérea Aerolíneas Argentinas, Correos, la industria militar, los ferrocarriles y, por supuesto, la petrolera YPF. 

El ejecutivo argentino se coloca ahora claramente del lado del capital, muy mimado ahora, con una reducción de las cotizaciones sociales, una amnistía para la evasión fiscal (sin penalización hasta 100.000 dólares) y una promesa de clemencia por el incumplimiento de ciertas normas, en particular la no declaración de los trabajadores del servicio doméstico. 

Los trabajadores, en cambio, estarán menos protegidos por la ley y sufrirán directamente los efectos de la aceleración de la inflación inducida por el levantamiento de los controles de precios combinado con la devaluación. Las pensiones no estarán mejor protegidas: se ha suprimido su indexación a los precios y los futuros aumentos quedarán a discreción del gobierno. 

El derecho de huelga se verá severamente restringido. En los sectores llamados "esenciales", que incluyen la sanidad, la producción de agua y energía, las telecomunicaciones, la aviación comercial, las aduanas y, sobre todo, la educación, los servicios mínimos se han fijado en el 75% de los servicios normales, lo que limita el derecho de huelga al 25% de los empleados de estos sectores. 

En los sectores llamados "trascendentales", que incluyen un gran número de actividades, desde el transporte hasta la industria en su conjunto, sin olvidar los medios de comunicación, la banca, la hostelería y la agroindustria, los servicios mínimos serán del 50%. En resumen, a partir de ahora el derecho de huelga se verá restringido en la mayor parte de la economía argentina.

Además, se restringirá el derecho de manifestación. El artículo 326 de la "ley ómnibus" estipula que organizar, convocar o coordinar una manifestación que "impida, obstruya o dificulte el tráfico o los transportes públicos o privados" o que "cause lesiones a las personas" o "daños a los bienes" podrá ser penado con cinco años de cárcel, aunque los "organizadores" no estén presentes en la manifestación. 

Para garantizar el cumplimiento de esta norma, cualquier manifestación deberá declararse con 48 horas de antelación, indicando el recorrido, los nombres de los organizadores y los objetivos de la concentración, y el Ministerio de Seguridad Interior puede decidir prohibirla. En caso de daños, los organizadores serán directamente responsables civiles.  

Se trata de hecho de una severa restricción del derecho de manifestación, que también permite apuntar a las organizaciones sindicales. Además, se ha endurecido la represión de los piquetes, con penas de prisión de hasta 6 años. Hay que tener en cuenta que una manifestación se define como una reunión de tres personas, por lo que la ley representa un ataque al derecho a la libertad de movimiento. 

Evidentemente, estas medidas van mucho más allá de la liberalización iniciada en 2015 por el presidente Mauricio Macri. Por otra parte, el Gobierno sigue manteniendo por el momento las restricciones a la importación y parte de los controles de capitales, lo que constituye una concesión del presidente Milei con respecto a su programa inicial de dolarización rápida. Sin embargo, sigue siendo un libertario puesto que, con la "ley ómnibus" ha comenzado a liberalizar y mercantilizar otros ámbitos de la sociedad. 

Así, el endurecimiento de la represión sindical y de la "resistencia a la autoridad" van de la mano junto a una relajación de la norma de la legítima defensa, no sólo para las fuerzas del orden. Esta es una de las obsesiones de los círculos libertarios, aunque la liberalización de la venta de armas no figure (¿todavía?) en el orden del día. 

Numerosas instituciones se suprimen pura y simplemente porque no corresponden a la visión libertaria, sobre todo en el ámbito de la cultura, donde desaparecerán el Fondo Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de las Artes. 

Además, siguiendo la visión de Murray Rothbard de que en una "sociedad libre" debe existir el "derecho a la discriminación", Javier Milei suprime el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). En la misma línea, la ley electoral suprime todas las cuotas de género. 

La jungla de la "ley ómnibus" incluye otros elementos bastante significativos, como la posibilidad de revender entradas para acontecimientos deportivos o culturales en mercados libres, y la obligación para las universidades, cuya financiación se verá congelada, de financiar ellas mismas los cursos de estudiantes extranjeros. 

El DNU y la "ley ómnibus" señalan el camino hacia una revolución política, económica y social sin precedentes por su amplitud y rapidez. En un texto publicado el 27 de diciembre, los diputados y gobernadores peronistas de la oposición denunciaron una ley "que no tiene precedentes en la historia argentina, ni en la del mundo". Pero los peronistas sólo podrán bloquear esos textos con una parte de la derecha, en particular los radicales, considerados los más reacios a los planes de Milei y a la alianza entre la derecha macrista y los libertarios. 

Por su parte, los sindicatos también intentan organizarse. El jueves 28 de diciembre, el principal sindicato, la CGT, se reunió para definir una estrategia y acaba de convocar una huelga general para el 24 de enero. El sindicato habla de "ataque a los derechos individuales y colectivos". Sin embargo, ahora será necesario organizarse con los demás sindicatos y definir una estrategia que vaya más allá de un simple bloqueo de un día. 

Además, los sindicatos ya tienen que contar con la represión de la ministra de Seguridad, la muy derechista Patricia Bullrich, que el miércoles se jactó de haber recibido "20.000 llamadas" denunciando presiones e intimidaciones de los sindicatos. 

Lo cierto es que el método de Javier Milei implica riesgos. Sin duda, roza ampliamente los límites de la legalidad. La constitucionalidad del DNU es cuestionada por muchos y, en teoría, este proyecto debe ser convalidado por el Congreso en un procedimiento especial. La decisión de incluirlo en el "proyecto de ley ómnibus" es, una vez más, muy cuestionable. 

Además, esta ley deberá ser validada por las dos Cámaras del Parlamento, siendo necesaria la mayoría absoluta para determinados artículos. Por tanto, será decisivo el comportamiento de radicales y centristas. 

Pero Javier Milei no es de los que se dejan engañar: ha advertido que no aceptará ningún cambio en el DNU y que, si es rechazado, convocará un referéndum. Para él, el tiempo es un factor clave: debe aprovechar el estado de gracia creado por su elección antes de que se noten los primeros efectos regresivos de sus medidas. 

Una cosa parece segura: como buen libertario, el presidente argentino está más preocupado por defender la propiedad y el poder económico que la democracia. Más que nunca, Argentina se enfrenta a una gran contrarrevolución destinada a cambiar profundamente su sociedad.  

Traducción de Miguel López

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha firmado este martes el decreto que paraliza la renovación de todos aquellos funcionarios públicos que fueron contratados hace menos de un año, que según algunas fuentes serían unos 7.000.

Según informa Europa Press, esta era una de las medidas anunciadas a principios de mes dentro del 'plan motosierra' con el que el ultraderechista pretende reducir el gasto público. El Gobierno deja así sin ampliar todos los contratos que expiran el 31 de diciembre, mientras prepara una auditoría para conocer el número de trabajadores del Estado.

La medida afectará a aquellos trabajadores de la administración central del Gobierno y de los organismos descentralizados del Estado, así como de aquellas empresas públicas y sociedades anónimas de mayoría estatal, como la energética Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

A la espera de que el Gobierno y los sindicatos ofrezcan el número de contratos que se han visto afectados, fuentes consultadas por el diario argentino 'Clarín' sostienen que serían unos 7.000.

Existen algunas excepciones, como las de aquellas personas con algún tipo de discapacidad, o las que están dentro de las cuotas fijadas por la Ley de identidad de género, así como las de aquellos que precisan mantenerse en los puestos por la imposibilidad de mantenerlos vacantes.

Los sindicatos ya han anunciado que las protestas continuarán e inciden en la necesidad de avanzar en un gran paro nacional y el primer paro total de aquellas actividades relacionadas con las empresas y entidades públicas.

Durante la campaña electoral, el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, prometió recortar el gasto público "con la motosierra". A veces hacía lo que decía. Desde su elección el 19 de noviembre, el hombre al que le gustaba caracterizarse de "Capitán AnCap" (capitán anarco-capitalista) ha olvidado en gran medida, bajo la presión de la derecha tradicional, sus sueños de dolarización y cierre del Banco Central. 

Pero hay un punto en el que el nuevo presidente está perfectamente de acuerdo con los seguidores del ex presidente Mauricio Macri: la drástica reducción del gasto público. El martes 12 de diciembre, dos días después de la toma de posesión de Javier Milei, su ministro de Finanzas, Luis Caputo, ex miembro del gobierno Macri, anunció un verdadero "plan motosierra". 

En un discurso televisado que ha sido aplazado y retomado varias veces, Caputo, ex ejecutivo del Deutsche Bank y de JPMorgan, empezó justificando la necesidad de una rápida reducción del gasto público. Acusando a la administración kirchnerista saliente de haber alimentado la inflación (actualmente del 133% anual) a través del gasto público, afirmó encontrarse con la "peor herencia de la historia argentina". La narrativa del gobierno se basa en esta idea: si no hay un shock presupuestario masivo y rápido, el país está condenado a la hiperinflación. 

Por eso, la nueva política se resumirá en esta frase, repetida a lo largo del discurso: "No hay más plata". El Banco Central (BCRA) dejará de financiar los déficits públicos y el Estado Federal intentará eliminar en un año su déficit primario, es decir, su déficit sin incluir el costo de la deuda pública. La medida será, pues, brusca: habrá que eliminar un déficit del 5,2% del PIB argentino. 

Para lograrlo, las medidas anunciadas adoptan la forma de una motosierra. Primero están los clásicos aperitivos, destinados a vender las medidas más violentas: la reducción del 34% de los puestos en la administración pública y el fin de la "publicidad oficial" financiada por el Estado en los medios de comunicación. 

Pero las medidas más importantes y dolorosas están aún por llegar. Primero, la suspensión de todos los contratos públicos firmados en el último mes. A continuación, la congelación de todas las obras públicas. Luego, el fin de las subvenciones a los precios del transporte y la energía, la desindexación de las pensiones y la supresión de varios programas sociales. Por último, el fin de las transferencias federales a las provincias. En total, un ahorro de gastos del 2,9% del PIB. 

A esto se añade el aumento temporal de los impuestos sobre las importaciones y exportaciones (con excepción de la soja) y la suspensión de la rebaja del impuesto sobre la renta decidida por el Gobierno anterior. El total asciende al 2,2% del PIB. 

Huelga decir que se trata ya de un choque considerable, no muy distinto del emprendido por Grecia en 2010, que pretendía reducir su déficit público en diez puntos del PIB en tres años. Se verán en peligro sectores enteros de la economía, dependientes del mercado interior y de la contratación pública. 

La obra pública, en particular, dependerá a partir de ahora únicamente del gasto de las provincias –cuyos presupuestos acusarán el fin de las transferencias federales– o proyectos financiados por organismos internacionales como el Banco Mundial o el Banco de Desarrollo de América Latina... Ese sector representa entre el 15 y el 20% del PIB argentino. 

Pero lo más destacado de los anuncios del 12 de diciembre es la brutal devaluación del peso argentino, que perderá más de la mitad de su valor oficial en dólares, pasando de algo menos de 400 pesos por dólar a 800 pesos. Este cambio irá acompañado de un nuevo régimen cambiario en virtud del cual el Banco Central, el BCRA, estará autorizado a ajustar a la baja el valor del peso en dólares en un 2% cada mes. 

Ciertamente, esta cifra sigue estando por debajo del tipo de cambio no oficial, cercano a los 1.100 pesos por dólar, pero ese nivel no es el "nivel real" del peso; corresponde a un mercado estrecho en el que el acceso al dólar está muy restringido. Las anteriores autoridades habían tratado de evitar la devaluación del peso para no alimentar aún más la inflación.

El mantenimiento de un tipo oficial relativamente alto con un control estricto de las importaciones tenía sin duda algunas inconveniencias, sobre todo para los grupos agro-exportadores, pero evitó caer en una nueva espiral inflacionista. Hay que recordar que, a pesar de su elevadísima tasa de inflación, Argentina no se encuentra en un periodo de hiperinflación, que se define como un nivel de subidas de precios del 50% mensual. 

El problema de Argentina es la dependencia de las importaciones, ya que su economía se basa principalmente en las exportaciones agrícolas. Una devaluación brutal del peso también aumenta bruscamente el coste de las importaciones y, por tanto, los precios al consumo. Eso será especialmente significativo ya que aumentarán los impuestos a la importación, volviendo a un tipo de cambio de importación no inferior a 1.320 pesos por dólar. Al mismo tiempo, se reducirán los controles a la importación. 

Esta decisión la aprovecharán principalmente los exportadores agrícolas que, a pesar de una subida moderada de los impuestos a la exportación, se beneficiarán de un fuerte aumento de su competitividad, en detrimento de la mayoría de los trabajadores y pensionistas, que no tendrán ninguna protección contra la subida de precios que se avecina. Los que también se beneficiarán serán los titulares de ahorros en dólares, que verán aumentar su poder adquisitivo. 

En resumen, estamos ante una política de clase característica del neoliberalismo. Por eso no sorprendió que, en un comunicado de prensa publicado poco después de los anuncios de Luis Caputo, el FMI celebrara las "valientes decisiones iniciales" del nuevo gobierno argentino "para fortalecer las finanzas públicas". 

Con semejante política, parece inevitable una recesión violenta y profunda. Luis Caputo no oculta que "durante algunos meses, la situación será peor que antes". Es tan consciente de ello que incluso ha concedido algunos ajustes sociales menores para tratar de amortiguar el golpe a los más pobres, como una duplicación de las ayudas familiares y un aumento del 50% en los vales de comida. Son medidas que delatan la certeza de un violento aumento de la pobreza en el futuro, en un país donde los niveles de pobreza ya alcanzan al 40% de la población. 

Es la clásica promesa de las políticas de austeridad, que siempre se presentan como un "mal necesario" temporal que conduce a un futuro feliz. Pero la cuestión del alcance y la duración de la recesión no es tan sencilla de resolver. 

Para los diseñadores de esta política, la austeridad permite restablecer una forma de "verdad económica". Dado que el dinero se considera una perturbación del buen funcionamiento de los mercados, de la que la inflación es el síntoma, los recortes presupuestarios y monetarios permitirían restablecer el equilibrio real entre la oferta y la demanda. 

Por supuesto, eso implica inevitablemente una reducción de la demanda, que se consigue inicialmente subiendo los precios para reflejar los "precios reales" y un recorte del gasto social. El riesgo de inflación provocado por la devaluación se verá entonces compensado por la caída de la demanda, permitiendo finalmente que la inflación baje... gracias a la inflación. En declaraciones publicadas por el diario conservador La Nación, el equipo de Milei no oculta que el objetivo de la recesión es reducir el aumento de los precios. Por lo tanto, es buscada y deseada.  

En el plan de austeridad, esta vuelta a la "realidad" permitirá sentar las bases de un crecimiento "sano", donde la inversión privada pueda beneficiarse de costos realistas y confianza en el futuro. Pero las experiencias pasadas de recortes presupuestarios cuentan una historia diferente. Ocurre (a menudo) que la violencia de la recesión impide precisamente este ajuste.

En este caso, la compresión de la demanda es tal que provoca una compresión de la oferta y de los ingresos fiscales, obligando a nuevos ajustes. Esto se ve a menudo alimentado por el hecho de que las políticas de austeridad de clase son contraproducentes: lejos de animar a las élites económicas a invertir en el país, los flujos de dinero van hacia unas élites que se aprestan a invertirlos en el extranjero. 

Esa fue la espiral infernal en la que cayó Grecia en la década de 2010. Ese riesgo no puede descartarse para Argentina en 2023, dado el deplorable estado de su economía y la falta de confianza en el peso de los más ricos del país. No hay nada pues que permita afirmar que Argentina saldrá de la crisis al cabo de unos meses porque el gasto público se habrá reducido violentamente. Esta visión económica "mágica" se basa únicamente en modelos cuestionables y no en hechos pasados. 

La realidad es que el país debe prepararse para una crisis violenta que, lógicamente, afectará primero a los más vulnerables y a los trabajadores. Los más ricos se beneficiarán de la devaluación del peso, pero tendrán poco interés en invertir sus dólares en una economía asolada por el hundimiento de la demanda y sin perspectivas. 

La verdadera cuestión ahora será saber si la movilización social será capaz de frenar esta política, que no coge a nadie por sorpresa y que fue aprobada por el 56% de los votantes en las elecciones del 19 de noviembre. 

La apuesta de Javier Milei es sin duda que el rechazo de la administración peronista saliente, su incapacidad para gestionar la crisis inflacionista y la pérdida de nivel de vida garanticen el apoyo de la opinión pública, o al menos una forma de neutralidad, ante el shock presupuestario que se avecina. 

Al final, eso es lo que ocurrió en 1979 cuando Margaret Thatcher llegó al poder. El choque neoliberal conservador hizo que el PIB británico se contrajera un 2,1% en 1980. El desempleo pasó del 5% en 1979 al 12% en 1984. Pero fue tal el rechazo a las políticas laboristas y al periodo inflacionista de los años 70, alimentado por una intensa batalla cultural, que la primera ministra británica pudo mantener su popularidad y proseguir su política de transformación social. 

Pero también hay otra dimensión en este asunto: la estrategia del shock permite crear un punto de no retorno en la medida en que cualquier paso atrás sería aún más costoso. Por no hablar de que esa estrategia siempre va acompañada de una dimensión represiva que, en el caso británico, se encarnó en la huelga de los mineros de 1984-85. 

Es innegable que la experiencia Thatcher parece ser el punto de referencia del equipo de Milei. En su discurso inicial, Luis Caputo no sólo anunció que quería romper con la administración anterior, sino también con "cien años de decadencia". Como en el Reino Unido y Estados Unidos en los años 80, el objetivo es cambiar la sociedad y avanzar hacia la mercantilización generalizada. 

Aquí es donde, sin duda, el candidato Milei aún puede entender y apoyar al presidente Milei. Habrá que ver si la sociedad argentina lo va a aceptar y va a estar dispuesta a asumir el coste de un beneficio a menudo ilusorio.

Traducción de Miguel López

La isla caribeña de Dominica puede haber vendido miles de pasaportes a extranjeros más de lo que ha dado a conocer públicamente su gobierno, según revela el análisis de los presupuestos del Estado que ha llevado a cabo el consorcio OCCRP y sus socios, entre los que se encuentra infoLibre, como parte del proyecto Dominica: Pasaportes del Caribe.

La investigación ha revelado cómo decenas de personajes de currículo cuestionable, desde oligarcas hasta funcionarios de regímenes represores e individuos que después fueron acusados de delitos y huyeron de la justicia, han conseguido el pasaporte de Dominica en los últimos años. Por un precio mínimo de 100.000 dólares, los compradores obtienen acceso sin visado a 130 países, incluidos los de la Unión Europea.

El de Dominica es uno de los mayores programas que otorgan la ciudadanía a cambio de inversiones: permitió a la isla ingresar 1.200 millones de dólares sólo entre 2017 y 2020, según los datos del propio Gobierno de la isla. Una bendición para el pequeño país desde que se creara a principios de la década de los 90, porque constituye una parte significativa de los ingresos del Estado.

Pero cuando OCCRP comparó los nombres de los nuevos dominiqueses publicados en la gaceta oficial del país con los nombres destapados por diferentes filtraciones de documentos, así como con las cifras presupuestarias publicadas, encontraron serias discrepancias que no han sido explicadas por el Gobierno.

Esas diferencias demuestran que, en el mejor de los casos, el sistema de información de la isla puede estar ofreciendo una imagen incompleta de quién ha adquirido la nacionalidad dominiquesa. En el peor de los casos, los hallazgos ponen en entredicho la transparencia financiera del programa y sugieren que los isleños podrían no estar beneficiándose de sus ingresos en la medida en que deberían.

Los boletines oficiales de Dominica, que abarcan los años 2007 a 2022, incluyen los nombres de unos 7.700 nuevos ciudadanos. Pero la partida destinada a los procesos de naturalización tal y como figura en los presupuestos nacionales de Dominica entre mediados de 2016 y mediados de 2022 indica que el Gobierno recaudó tasas de naturalización equivalentes a más de 19.000 nuevos ciudadanos sólo en esos años.

Para los ejercicios fiscales que terminaron en 2017 y 2018, por ejemplo, la tasa de naturalización de Dominica, que era de 750 dólares antes de ser rebajada a 250 dólares en octubre de 2017, recaudó casi tres millones de dólares para la isla. Según cálculos conservadores, la cifra se traduciría en 4.000 naturalizaciones en esos dos años –aunque es probable que también incluya a algunas personas que se naturalizaron por métodos tradicionales como el matrimonio o la inmigración–.

Sin embargo, en las gacetas correspondientes a estos dos ejercicios presupuestarios sólo se incluyeron los nombres de 1.664 personas, a pesar de que el boletín debe servir como registro oficial de los compradores de pasaportes del país.

La oposición política de Dominica lleva tiempo denunciando que el Gobierno no facilita datos completos sobre el número de pasaportes expedidos ni sobre los ingresos exactos recaudados. Thomson Fontaine, líder del opositor Partido de los Trabajadores Unidos de Dominica y antiguo economista del FMI, explica a Heidi.news, socio de OCCRP, que el programa “se ha disparado en los últimos 10 años”, pero criticó su “absoluta falta de transparencia”.

Sarah Kunz, profesora de sociología de la Universidad de Essex que investiga los programas de ciudadanía en vigor en todo el mundo y que revisó las conclusiones de OCCRP, asegura que la venta de pasaportes se basa en el secretismo. “Los programas que otorgan la ciudadanía a cambio de realizar inversiones en el país suelen quedar fuera de las estructuras democráticas de gobierno, como los mecanismos presupuestarios”, advierte. “Como ocurre con cualquier recurso valioso, la ausencia de supervisión democrática y de transparencia sobre cuántas ciudadanías se venden y a quién permite el abuso por parte de gobiernos, intermediarios del sector privado y clientes”, critica Kunz.

El Gobierno de Dominica no ha respondido a las preguntas que OCCRP le ha enviado sobre el número de las ciudadanías que ha concedido, y no aclara si publicará los nombres de las personas que no aparecen en los boletines.

En cambio, durante una rueda de prensa en la que se refirió a este reportaje antes de su publicación, el primer ministro, Roosevelt Skerrit, arremetió, sin pruebas, contra lo que calificó de ataque financiado por la oposición y lanzado por periodistas internacionales empeñados en destruir el programa. El sistema de visas oro “sufraga una parte significativa del desarrollo económico y social [de Dominica] y el coste total del programa nacional de empleo, cerca de cinco millones de dólares cada mes”, dijo Skerrit en su defensa. “Se ha utilizado”, continuó, “para construir miles de viviendas, mejorar la atención sanitaria, ayudar a la seguridad nacional”.

Gran parte de la documentación disponible en relación con los compradores de pasaportes se encuentra en los Archivos Nacionales de Dominica, en la capital, Roseau, una ciudad de unos 15.000 habitantes formada por una docena de manzanas con edificios de la época colonial de colores aguamarina, lima y rosa.

En los archivos, que fueron visitados por los periodistas de OCCRP, se pueden ver ejemplares de los boletines semanales del gobierno atados con cuerdas, revistas de pocas páginas en las que se nombra a miles de compradores de pasaportes.

El año pasado, el Government Accountability Project (Proyecto para la Rendición de Cuentas del Gobierno), un grupo estadounidense sin ánimo de lucro que denuncia irregularidades y defiende los derechos humanos, consiguió docenas de estos boletines de diversas fuentes, tanto de dentro como de fuera de Dominica. Además de bibliotecas y colecciones privadas, muchos se obtuvieron de la Universidad de las Indias Occidentales Mona en Kingston (Jamaica). Esos ejemplares fueron facilitados a OCCRP y a sus socios.

Los registros de los boletines oficiales pretenden ofrecer una visión global de los nuevos dominiqueses. “La CBIU [Unidad de Ciudadanía por Inversión] de Dominica [...] publica los nombres de sus ciudadanos económicos [los que obtienen la ciudadanía a cambio de dinero] en el boletín oficial trimestral y ofrece un presupuesto detallado de dónde se invierten los fondos de la CBI”, señala un informe de CS Global Partners, la empresa encargada de la promoción comercial del Gobierno dominicano.

Pero, además de las discrepancias entre las gacetas y las cifras publicadas sobre tasas de naturalización de Dominica, una revisión de diferentes filtraciones sobre los pasaportes de Dominica confirma que faltan algunos nombres. Estas filtraciones contienen más de 100 personas que obtuvieron la ciudadanía de Dominica, pero que no figuraban en las gacetas.

Por razones desconocidas, los boletines de Dominica dejaron de publicar los nombres de los nuevos ciudadanos en marzo de 2019. Desde entonces hasta diciembre de 2022 –la última gaceta que pudo ver OCCRP– los boletines no incluyeron el nombre de un solo nuevo titular de pasaporte. No está claro si se han publicado nuevas listas desde entonces.

Las discrepancias descubiertas en las relativamente modestas tasas de naturalización recaudadas por el Gobierno sugieren que más personas pueden haber adquirido la ciudadanía de Dominica de lo que se reconoce de forma oficial.

Pero una partida presupuestaria diferente, mucho mayor, que suma la inversión mínima de 100.000 dólares pagada por cada nuevo ciudadano, va en dirección contraria: esas cifras de ingresos son considerablemente inferiores a lo previsto.

Por ejemplo, hay boletines que muestran que 382 personas adquirieron la ciudadanía en 2010 y 2011. A un precio de referencia de 100.000 dólares por inversor, el resultado sería unos 38 millones de dólares en ingresos. En realidad, la cifra real sería algo inferior, porque los familiares de los solicitantes principales disfrutan de un descuento al obtener la nacionalidad.

Pero los ingresos por ciudadanía que figuran en los presupuestos del país para ese periodo son muy inferiores a esa cifra. Para el periodo comprendido entre julio de 2009 y julio de 2012 –es decir, incluyendo seis meses adicionales a esos dos años–, ascienden a sólo 15,6 millones de dólares.

Hay otras razones para cuestionar estas cifras. En 2011 y 2012, el presupuesto nacional reportó exactamente la misma cantidad de ingresos del programa de pasaportes, poco más de seis millones de dólares.

Jessica Tillipman, decana de Estudios Jurídicos sobre Contratación Pública de la Universidad George Washington (EEUU), califica este hecho de coincidencia improbable. “Cada vez que te encuentras con una anomalía en una cuenta como esta, tienes que parar e investigar más a fondo”, apunta Tillipman, que considera como una “bandera roja” las cifras repetidas.

Más recientemente, el Gobierno de Dominica también se ha contradicho públicamente sobre los ingresos de su programa de ciudadanía. En el Parlamento, el primer ministro Skerrit dijo que entre junio de 2018 y julio de 2019, Dominica vendió poco menos de 2.000 pasaportes y había recibido alrededor de 170 millones de dólares. Pero el presupuesto nacional registra sólo 80 millones de dólares de ingresos por pasaportes para el mismo periodo de tiempo. Los boletines, mientras tanto, muestran que casi 4.000 personas obtuvieron la ciudadanía entre agosto y diciembre de 2018, aproximadamente el doble de lo que Skerrit admitió en el Parlamento.

Kristin Surak, autora del nuevo libro The Golden Passport (El pasaporte dorado), afirma que varios gobiernos tienen problemas con la forma en que declaran los ingresos de sus programas de visas oro. Además de países más pequeños, como Dominica, los críticos deberían cuestionar otros países más grandes que también venden pasaportes o visados, como Estados Unidos o Turquía.

“En muchos países, los datos no se comunican con la claridad que deberían”, advierte: “Puede ser complicado obtener cifras básicas y a veces no siempre cuadran”. “Varía de un país a otro, y también varía con el tiempo”, precisa, citando las mejoras aprobadas en Malta, Granada y Santa Lucía. “En comparación con otros países, Vanuatu y Dominica se inclinan hacia el lado problemático del espectro”.

Este miércoles ha concluido el foro anual del Banco Central Europeo, que ha reunido durante tres días a los miembros del BCE en la localidad portuguesa de Sintra. El resultado, aunque no era impensable, sí que ha llegado más lejos de lo que se esperaba: los tipos seguirán subiendo más y estarán más altos más tiempo del que se esperaba. Es la conclusión tanto de los banqueros del BCE, pero también del Banco de Inglaterra, de la Reserva Federal de los EEUU, alentados a su vez por el Fondo Monetario Internacional, que ha defendido que queda terreno por recorrer.  

La número dos del FMI, Gita Gopinath, lanzó un mensaje directo a los banqueros: no se debe dejar de subir tipos de interés. Gopinath se basó en tres “verdades incómodas”: La primera, es que la inflación está tardando demasiado en irse. La segunda, es que las turbulencias financieras podrían generar tensiones en los objetivos de estabilidad y de precios. La tercera es que el FMI ve ahora más riesgo de inflación al alza que antes de la pandemia.

“Yo soy bastante duro, y quiero ser claro: lo que están haciendo es una animalada”, explica a infoLibre Juan Laborda, profesor de Economía Financiera en la Universidad Carlos III de Madrid. "A diferencia de los economistas que ahora revisan al alza, yo antes sí consideraba el crecimiento que estamos viendo ahora, pero empiezo a notar cierto agotamiento", añade el economista, que prevé una recesión que podría empezar a finales de 2024, en caso de que la política monetaria no cese.

Hay otra manera de controlar el ciclo económico, más allá de la política monetaria del BCE: la política fiscal, que sí está en manos de los gobiernos nacionales. En España, el Gobierno ha lanzado una política fiscal expansiva, apoyada en los fondos europeos, que se ha traducido en un flujo constante de liquidez al tejido económico, justo lo contrario a lo que hace el BCE con la palanca monetaria. 

La moderación de esta política es inminente: el próximo año Bruselas exigirá volver a las reglas fiscales, que limitará el gasto del Estado. Esto se intensificará en el caso de que el Partido Popular llegue a la Moncloa: Feijóo ya se ha comprometido a recortar gasto para cumplir con los objetivos. El FMI también ha hecho énfasis en esta línea, pidiendo ajustes fiscales, reducir el gasto para enfriar la demanda también por esa vía: "Como mínimo, es fundamental que los gobiernos de la zona del euro resistan cualquier tentación de diluir la reducción del déficit proyectada con las políticas actuales", ha advertido. 

La presión para acometer una política de recortes está servida. El escenario que asoma en el horizonte es, por tanto, de una política monetaria que encarecerá el crédito durante un tiempo indeterminado y, paralelamente, una política fiscal presumiblemente menos expansiva que la que hemos tenido en años anteriores, lo que reducirá la capacidad de consumir e invertir de los hogares y de las empresas. “La combinación de ambas es explosiva. Yo preveo que va a llevar a Europa a una recesión en la segunda mitad de 2024”, critica el economista Juan Laborda.

Subir los tipos de interés es una política monetaria de carácter contractivo y su objetivo teórico es reducir la inflación. Esto quiere decir que encarece las hipotecas y los préstamos con el fin de que los hogares y empresas reduzcan el consumo y la inversión. Es una manera de enfriar una economía supuestamente recalentada, para contener los precios y pinchar el suflé de la inflación. El problema que señalan diversos economistas es que el shock inflacionista no viene de una economía recalentada, sino de otro tipo de impacto. 

“La inflación tiene unas causas que no tiene nada que ver con lo que históricamente se produce en los ciclos económicos y que solían justificar una política monetaria contractiva. La inflación, en este caso, está en el ámbito de la energía y de los alimentos, y el problema viene de las estrategias especulativas que se forman en los mercados donde cotizan estos productos, desde que se desregularon en 2005”, critica Laborda. 

El economista se refiere al desarrollo legislativo que permitió a cualquiera participar en los mercados internacionales de materias primas, por ejemplo, del petróleo, el carbón, el trigo o el maíz. Asimismo, se eximió a los derivados –por ejemplo, contratos de futuros– de ser regulados por los gobiernos, permitió la creación de herramientas financieras más complejas que aumentaron la participación de los fondos y los bancos en este mercado y facilitó, por tanto, la especulación financiera.

Un ejemplo: en el caso de que los países exportadores de petróleo decidan reducir la oferta de esta materia prima, el precio subirá por una simple ley de oferta y demanda: habrá menos producto en el mercado para una misma demanda. Sin embargo, si los inversores internacionales prevén que este escenario puede agravarse, como ocurrió tras las sanciones europeas al gas ruso, tienen ingentes herramientas para invertir en esta materia prima, que se encarecerá aún más, de manera "artificial".

“Pasó algo parecido en 2008, tras las subidas de los precios energéticos desde 2005. Se debió a que de repente las materias primas entraron como un activo más en las carteras de los fondos institucionales y se produjeron subidas de precio más allá de las justificadas por sus fundamentales”, añade Laborda. 

Una vez producido el shock inicial, la economía ortodoxa dice que hay una manera por la que pueda perpetuarse: a través de un aumento de los salarios de los trabajadores, que aumentan los costes de las empresas, por lo que suben los precios de sus productos y provoca, de nuevo, mayores reivindicaciones salariales.

Sin embargo, el organismo en marzo asumió que esta vez “de manera excepcional”, el origen es diferente: las empresas han aprovechado las aguas revueltas para hinchar sus beneficios empresariales, lo que ha alimentado el fenómeno inflacionista. El FMI coincide: las empresas subieron sus márgenes de beneficios por encima del valor de la energía importada. 

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha vuelto a referirse a este hecho esta semana: "Necesitamos que las empresas absorban los crecientes costes laborales a través de sus márgenes", ha apuntado Lagarde, para quien si la política monetaria es suficientemente restrictiva, la economía puede lograr una desinflación general, al tiempo que los salarios reales recuperan parte del terreno perdido.

"Si las empresas recuperaran el 25% de la pérdida de margen que apuntan nuestras proyecciones, en 2025 la inflación se situaría claramente por encima de la prevista en el escenario de referencia, casi en el 3%", ha advertido Lagarde. 

El resultado de la política monetaria ha sido la subida de tipos de interés más rápida e intensa del organismo: 400 puntos básicos en menos de un año. Es decir, del 0% al 4%. Por lo que han opinado los miembros del BCE, la escalada va a continuar. En España, esto se ha traducido en un encarecimiento de las hipotecas de unos 250 o 300 euros de media, que va afectando a las familias según van renovando sus cuotas hipotecarias, que suele suceder cada seis meses o cada año. Como la escalada empezó en julio del año pasado, entre otoño y diciembre está garantizado que alrededor de cuatro millones de familias vean sus presupuestos asfixiados por la hipoteca.

Esto afecta de manera especial a España, donde la hipoteca a tipo variable tiene un peso preponderante respecto a la fija, algo que ocurre de manera más intensa que en otros países europeos. Eso lo hace más sensible a la política del BCE. Como explicó el economista Daniel Fuentes este miércoles en infoLibre: “Nuestra economía es más procíclica que otras, en parte por su estructura –con sectores como el turismo, que exacerban la dinámica del ciclo–; en parte, también, por nuestra mayor vinculación a los tipos de interés variables y a precios spot como los de la energía, etc. Son cuestiones estructurales difíciles de cambiar de un día para otro, pero que conviene abordar”.

“Yo he alucinado con el análisis que ha hecho el BCE”, lamenta Laborda. “Lo que están diciendo es increíble. Creo que tienen una formación económica muy baja, con Mario Draghi [expresidente del organismo] esto no hubiera pasado. No tiene nada que ver con la panda que hay ahora. ¿Quién ha colocado a estos individuos? ¿Ante quién rinden responsabilidades? Hay un error brutal de política monetaria”, critica. 

Este jueves se va a hacer público el dato provisional del IPC de España en junio, que se espera que caiga por debajo del 2% por primera vez desde que empezó la crisis inflacionista, tras la pandemia, mucho antes de la invasión de Ucrania. Este dato no justifica una política monetaria excesivamente restrictiva, ya que está por debajo del objetivo deseable. No obstante, esta política es común para toda la zona euro. La media europea se encuentra en torno al 6% y los países más expuestos a la economía rusa, superan el 10%. 

Esto supone un riesgo extra para España, a la que se le aplicará la misma receta para otros países que, siguiendo la pauta ortodoxa, estaría más justificado. No obstante, este miércoles el vicepresidente del organismo y exministro económico de Rajoy, Luis de Guindos, ha sido claro: “Creo que [otra subida de tipos en] julio es un hecho consumado. En septiembre, dependerá”, ha indicado.

¿Cuál es la alternativa? Según el economista Juan Laborda, nada. “Hay un banco central que no está haciendo esto y le está yendo mucho mejor. Es Japón: mantiene los tipos al 0%. Si mezclamos las subidas de tipos de interés con la consolidación fiscal que se espera en 2024 es una combinación completamente explosiva”, critica Laborda.

Tras tres años de relajación fiscal, las economías del euro tienen que volver al redil. La suspensión temporal de las medidas de contención de gasto, como consecuencia de la pandemia y que fueron extendidas por el shock económico que supuso la invasión rusa de Ucrania, volverán el año que viene, aunque aún no se conoce exactamente cómo serán. 

Hasta ahora, los países tenían que mantener un déficit fiscal por debajo del 3% y un ritmo de reducción de deuda pública que garantice que esté por debajo del 60% en, como máximo, 20 años.  Pero lo cierto es que en algunos casos no ha sido posible hacer que los países lo cumplieran.

Por ejemplo, España solo cumplió el objetivo de déficit un año: en 2018, cuando los gastos fueron un 2,59% por encima de los ingresos. Es por esto que la Comisión Europea está a favor de diseñar itinerarios individualizados, según las circunstancias económicas de cada país. El objetivo también es dejar margen para que no se vean afectadas las inversiones en transición ecológica. El camino no va a ser fácil: Alemania está presionando para endurecer las condiciones. Por ejemplo, defiende que los países deben liquidar al menos deuda por valor del 1% de su PIB cada año.

“La inflación se desploma. Ya se está desplomando y se va a desplomar. Posiblemente, volvamos a hablar de deflación. Si añadimos la consolidación fiscal de 2024 y una posible recesión en países anglosajones, yo tengo una visión muy deflacionista de la economía. Cuanto más los escucho más lo veo”, incide Laborda. El economista cree que la combinación de estos elementos será determinante para machacar a la economía: “Preveo una recesión en la segunda mitad de 2024 para Europa”, remacha. 

El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) cerró 2021 con un superávit de 402,23 millones de euros, el segundo mayor de su historia. La cifra recorta a la mitad el resultado de su ejercicio récord, el año del covid, cuando alcanzó un excedente de 821,3 millones. Por tanto, ha recortado en 51% la ganancia con que terminó el peor año de la pandemia, según consta en el informe sobre las cuentas anuales el organismo, al que ha tenido acceso infoLibre.

Por establecer una comparación: en 2018 el Sermas tuvo un superávit de 43,85 millones de euros y de 57,27 millones en 2017. En 2016 fue sólo de 11 millones. El año precedente perdió 192 millones. Pero su mayor déficit corresponde a 2019, el ejercicio inmediatamente anterior a la pandemia, cuando sus cuentas registraron un desfase de 886,8 millones de euros.

Ese excedente de 402 millones, después de los 821,3 millones del año anterior, se registró en el año en que Madrid volvió a ser la comunidad con menor gasto público sanitario por habitante: 1.236 euros, 713 menos que Asturias, la que más dinero público per cápita destinó a la salud. En 2021, además, se mantuvieron cerrados uno de cada seis centros de salud en Madrid, de los 90 que se clausuraron en el año del covid. Y en el que siguieron sin actividad también los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha prometido abrir a partir del próximo mes de octubre. Mientras, se desarrollaban tres olas de contagio del covid y tres fases de vacunación.

Es más, en 2021 unas 800.000 personas estaban en lista de espera –quirúrgica, de consultas externas y/o pruebas diagnósticas–. Las demoras totales para el diagnóstico y tratamiento de un problema de salud se prolongaban entre ocho y 10 meses, según el informe Diagnóstico de la salud y del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y CCOO. Según sus cálculos, Madrid debería invertir más de 3.000 millones de euros en la sanidad pública para igualarse con el resto de España.

Por el contrario, la Comunidad madrileña lideraba en 2021 el gasto per cápita en sanidad privada, con 789 euros, según otro informe, elaborado por la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que reúne a los principales grupos de salud privados, desde Fresenius hasta Adeslas o Asisa.

Si en 2020 fue sorprendente el abultado superávit, en 2021 también resultan reseñables tanto el resultado como la disminución respecto al ejercicio anterior. Mientras en 2020 los ingresos del Sermas crecieron un 32,06%, sobre todo gracias a las transferencias que recibió para hacer frente a los estragos del covid-19, en 2021 han sufrido una rebaja del 7,8%. En 2020 también se dispararon los gastos, un alza inevitable por el tsunami que debió afrontar la sanidad pública por culpa del coronavirus: un 11,23%. Por el contrario, el año pasado los gastos del Sermas se contrajeron un 4,46%.

Aun así, la partida que más influye en el recorte del superávit del Sermas en 2021 es el de las provisiones –reservas para hacer frente a obligaciones de pago previstas para el futuro–. En 2020 los responsables de la sanidad madrileña apuntaron 837,12 millones de euros como “exceso de provisiones”. Pero la Cámara de Cuentas, en su informe de fiscalización de ese año, dictaminó que el Sermas había contabilizado como exceso de provisiones la suma de las partidas completas de 2019 y 2020, en lugar de registrar sólo el aumento experimentado por ese concepto tal y como establece el Plan General de Contabilidad Pública. De esa forma, había aumentado “artificialmente” tanto los ingresos como los gastos en 769,3 millones de euros. Esas provisiones son reservas para hacer frente al pago de las liquidaciones de los convenios y conciertos que el Gobierno madrileño ha firmado con las empresas privadas que gestionan muchos de los hospitales públicos de la Comunidad. Junto con las reclamaciones judiciales que esos grupos privados han presentado por discrepancias en el monto final de las liquidaciones, las provisiones totales consignadas por el Sermas se elevan en 2021 nada menos que a 1.235,6 millones de euros, seis millones más que en el ejercicio anterior. Según las cuentas anuales, las reclamaciones judiciales contra el Sermas por los hospitales de gestión privada aumentaron un 11,35% en 2021. Por ejemplo, el grupo Quirón pide a la Consejería de Sanidad 7,2 millones de euros sólo por las liquidaciones que ésta le debe por gestionar los hospitales de Villalba y Valdemoro.

Pero la deuda de la Comunidad de Madrid con estas empresas privadas es mucho mayor. En 2018, el informe de la Cámara de Cuentas autonómica desveló que el Gobierno regional tenía una deuda de 722,3 millones de euros con los cinco hospitales bajo concesión administrativa: los cuatro gestionados por Quirón Salud y el de Torrejón de Ardoz. En 2021 El País publicó que Bruselas había obligado a la Comunidad de Madrid a aflorar esa deuda, que hasta el 31 de diciembre de 2019 había crecido hasta alcanzar los 944 millones de euros. Según el último informe anual de Fresenius, la multinacional dueña de Quirón Salud, la deuda asciende a 1.250 millones por la asistencia médica a pacientes de la sanidad pública en ejercicios anteriores.

Sin embargo, tras el tirón de orejas de la Cámara de Cuentas, los 837,12 millones en provisiones que engordaban los ingresos del Sermas en 2020 han quedado reducidos a sólo 33,75 millones en 2021. Esos 803,37 millones de euros en que se han recortado las provisiones se añaden a la reducción de 106,41 millones que han sufrido las transferencias y subvenciones recibidas por el Sermas, una vez terminada la fase álgida de la pandemia. Las transferencias constituyen la mayor fuente de ingresos de la sanidad madrileña: el 99% de su presupuesto de ingresos, que se elevaba en 2021 a 10.557,7 millones de euros. En 2020, debido al covid, esa partida se había disparado un 22,72%, al incluir 1.955,6 millones más que en 2019.

Aun así, el Sermas mantiene un superávit récord debido a que también ha reducido sus gastos en 2021, un 4,46%. En este caso, el principal responsable del ahorro ha sido el menor consumo de material quirúrgico y asistencial, que ha experimentado una rebaja del 38%. Traducido en euros, la partida de aprovisionamientos ha caído un 24,53%, una vez relajada la emergencia del covid. Por el contrario, siguieron aumentando los gastos de personal, aunque menos que en 2020. El año pasado crecieron un 6,86%, un punto menos que el año de la pandemia.

En el balance del Sermas figura un aumento de 143,77 millones de euros en la partida del inmovilizado material que corresponde al valor del Hospital Enfermera Isabel Zendal. La cifra supera los 130,32 millones en que se consignó su construcción en las cuentas de 2020, a los que se añaden otros 11,97 millones en equipamientos médicos. El coste, por tanto, duplica el previsto en un principio, 78 millones de euros.

Con lo dados que somos en este país a las conmemoraciones, en un amplio abanico que va desde las bodas reales hasta los goles de Iniesta, extraña que estos días haya pasado desapercibida una efeméride que nos afectó de manera demoledora. El 23 de julio del año 2012, Luis de Guindos, ministro de Economía del Gobierno Rajoy; Luis María Linde, gobernador del Banco de España; y Olli Rehn, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, firmaron el memorando que hacía efectivo el rescate para España. Si el término “rescate” era un eufemismo de intervención económica perpetrada mediante cirugía de guerra, de Guindos superó la pirueta calificando la operación de “préstamo en condiciones muy favorables”, como si nos fuéramos a comprar un adosado en Torremolinos.

Tal amnesia selectiva tiene como función no sólo que olvidemos aquel episodio, sino que además evitemos realizar comparaciones con nuestro presente, uno en el que Alberto Núñez Feijoó encabeza las encuestas electorales. Ahora somos golpeados por una crisis bélica, energética e inflacionaria que, como les contábamos la semana pasada, hace aflorar el cinismo, cuando no el catastrofismo. En esta temporada hemos leído unas cuántas malas noticias, pero también que el Gobierno ha arrancado a la UE una excepción ibérica que ha reducido un 50% el precio de la luz, que se han desvinculado los alquileres del IPC, tasándose la subida máxima en un 2%, y que se ha puesto en marcha una legislación laboral que ha favorecido la contratación indefinida hasta triplicarla.

El hecho es que atravesamos serias dificultades a causa de un contexto internacional desfavorable. El hecho, también, es que en esta legislatura se están tomando decisiones, concretas y útiles, que indican una dirección inédita en Moncloa que frena una inercia neoliberal de décadas. Dejar constancia de ello puede que moleste a la derecha y también a esa izquierda empeñada en calificar a este Ejecutivo de coalición como fracaso: el viaje a las catacumbas del identitarismo, allí donde sólo se enuncian principios sin tener que tomar decisiones, requiere del combustible de la derrota. Lo cierto es que dejar constancia de que hay serios problemas, pero que esos problemas se están enfrentando desde una óptica progresista vale no para encumbrar a Sánchez y Díaz, sino para dejar constancia de que la política vale para algo en un tiempo donde los ultras se alimentarán de su desprestigio.

Ampliar la democracia, es decir, situar la soberanía popular como mandato de la economía, sólo puede empezar a producirse si se reconoce el cambio de rumbo. No conozco ningún caso donde fomentando el desánimo y el fatalismo la gente haya sacado conclusiones acertadas para la defensa de sus intereses comunes: el “sálvese quien pueda” tiene un final donde esperan los salvapatrias. Pero para afirmar que existe un cambio de rumbo debemos conocer cuál era la dirección anterior, de ahí que sea tan importante conocer lo sucedido hace una década. En el año 2012 el Partido Popular ostentaba un poder omnímodo, por sus victorias en las elecciones autonómicas y generales del año anterior, pero también por la connivencia del aparato mediático, económico e institucional, que no dudó en impulsar a Rajoy en aquella auténtica restauración conservadora.

En aquel año 2012, el Gobierno del PP presentó, de la mano del ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, unos presupuestos generales que calificó como “los más austeros” vistos nunca. Aquella frugalidad consistió en un recorte de 27300 millones de euros. Se eliminó entre un tercio y la mitad del dinero destinado a los ministerios, precarizando nuestra administración pública a un nivel inaudito. Se recortaron las becas en un 11,6%, un 5,6% en dependencia o un 74% en cooperación internacional. El servicio público de empleo vio reducido su presupuesto en un 15 ,6%, en un momento donde el paro rozó los seis millones de personas. La reforma laboral del PP, aprobada en febrero por decreto, abarataba el despido, destruía la negociación colectiva y hacía endémica la temporalidad. Tenía un objetivo a cumplir: que la crisis recayera sobre los trabajadores y no sobre las grandes empresas.

En materia fiscal, el Gobierno del PP subió todos los impuestos, pero especialmente los indirectos, como el IVA, aquellos que se pagan independientemente de la renta. Además, decretó una amnistía fiscal para que aflorara el dinero negro, que más tarde supimos que tan sólo gravó a la mayoría de los defraudadores con un tipo del 3%. Además del propio recorte presupuestario, lanzó el plan de Estabilidad donde se recortaban otros 10.000 millones de euros, especialmente de sanidad y educación. Con el real decreto del 16 de abril el Sistema Nacional de Salud dejó de ser universal. Aunque ya habíamos conocido la pandemia de Gripe A en 2010 y un par de años más tarde nos enfrentamos al episodio del ébola, lo peor estaba por venir: en el desastre del coronavirus influyeron muchos factores, pero aquellos recortes no pueden pasarse por alto.

En aquel año 2012, mientras que el rey Juan Carlos protagonizaba el rocambolesco episodio de Botsuana, el sistema bancario seguía el camino de la Corona, demostrándonos que aquella orgía del ladrillo no iba a ser en balde. En mayo Bankia se hunde. Su rescate, según cifras del Banco de España en 2021, costó 65.725 millones de euros. Ese hundimiento no es más que otro de los eufemismos utilizados para tapar que Bankia mintió en su salida a bolsa, con la connivencia del auditor, Deloitte, que tan sólo certificó que la información presentada era “consistente con las políticas contables utilizadas por los administradores de Bankia”, es decir, que la mentira era al menos coherente con quien la enunciaba.

La realidad es que Bankia, que en principio no iba a ser más que la marca comercial del BFA, la fusión de siete cajas de ahorros, incluida Caja Madrid, acabó escindida de su matriz. El BFA se quedó con los 31.800 millones de euros en activos inservibles del ladrillo mientras que Bankia intentó una capitalización desesperada mediante su salida a bolsa: no es que no reuniera los requisitos legales, es que se inventaron un nombre para encubrir la precaria salud de la entidad. El capitán de aquella operación, para más inri, fue Rodrigo Rato, el ministro de Economía en el gobierno de Aznar y padre intelectual del ladrillazo. La primera parte de la escapada hacia adelante, quedarse con el dinero de la gente, funcionó. Pero en mayo de 2012, cuando Bankia y el BFA presentaron sus cuentas a la CNMV, esta vez sin la firma de Deloitte, todo el mundo supo que la fiesta había terminado.

El 9 de mayo se nacionalizó el 100% del BFA y la mitad de Bankia, en una operación que resultó el preludio exigido por el FMI para que, un mes después, el 9 de junio, el Gobierno pudiera solicitar el rescate. El sistema bancario español recibe 100000 millones de euros, pero España queda a expensas de la troika, compuesta por la Comisión Europea, el BCE y el FMI. La exigencia son nuevos recortes públicos, más la congelación de las pensiones, del subsidio por desempleo, la subida de los impuestos, un nuevo hachazo a las plantillas públicas y un recorte de 14000 millones de euros a las infraestructuras. En sus primeros seis meses, el Gobierno de Rajoy había culminado una transición radical hacia un nuevo modelo de país. Podría parecer que aquel presidente era, en el mejor de los casos, un hombre atolondrado, pero nunca ha existido un político tan capaz a la hora de llevar a cabo un proyecto político: el del poder económico más fanático.

Todo aquel destrozo, todos aquellos recortes, se realizaron bajo la coartada de que España tenía que recuperar la confianza de los inversores. Pero la prima de riesgo, incluso después del rescate, llegó a superar los 600 puntos básicos. Cada vez que España colocaba deuda pública en los mercados internacionales, como manera de financiarse, tenía que pagar unos intereses astronómicos. La realidad es que hasta que Mario Draghi, entonces gobernador del BCE, no pronunció su frase, “whatever it takes (haremos lo que sea necesario)”, comprando deuda pública, la situación no se empezó a estabilizar. Draghi sabía bien, antes había sido el jefe del banco de inversión Goldman Sachs en Europa, cómo funcionaba la gran impostura.

La realidad es que si la Gran Recesión del 2008 tuvo un origen estadounidense, la gigantesca estafa ocurrida cuando el sistema financiero alteró el mercado de la vivienda, sus métodos se habían seguido en España al pie de la letra, resultando nuestros bancos especialmente afectados por el despropósito. La cuestión fue que cuando se atisbaba el control de aquella primera crisis, los “brotes verdes”, llegó un segundo tsunami. Los bancos de inversión norteamericanos trataron de recuperar beneficios apostando contra la deuda pública del sur de Europa, en connivencia con unas agencias de calificación que ponían nota a nuestra deuda de una manera similar a como hicieron con las hipotecas subprime. Los países euromediterráneos tenían problemas reales en su estructura bancaria y económica, pero el negocio consistía en apostar contra la confianza de su deuda y embolsarse ingentes cantidades en operaciones a futuro, de ahí que los recortes nunca tuvieran ningún efecto en la confianza de aquellos cuatreros.

Pero aquellos recortes impuestos por la troika, inútiles respecto a su intención declarada, si tuvieron una intención no confesable: poner de rodillas la soberanía de la zona euromediterránea para adaptar esos territorios al proyecto UE capitaneado por Alemania y los Países Bajos. El gobierno del PP, siempre patriota, cedió en todos los aspectos, pasando de ser el poder Ejecutivo de España, al brazo ejecutor de la troika. El patriotismo sólo alcanzó para seguir echando más leña al fuego del independentismo catalán, pero nunca para poner líneas rojas a los hombres de negro, a los que nos llamaban PIIGS. Fue la clase trabajadora la que resistió mediante dos huelgas generales e infinidad de protestas. Aquella resistencia se contestó con palos y cárcel. Para el año 2014 había 260 sindicalistas con procesos abiertos y penas que alcanzaban los 120 años de prisión.

El actual Consejo de Ministros ha aprobado este martes el techo de gasto para los presupuestos de 2023. Máximo histórico: 196.142 millones de euros. En 2012 el techo de gasto fue de 118.565 millones de euros. La diferencia es notable, no sólo por la cantidad, sino también por la orientación. Hoy, en Europa, casi nadie defiende las políticas del recorte, más que por una cuestión social, por una razón de supervivencia del propio entramado de la UE. Pero la motivación no debe quitarnos la posibilidad: una vez que se ha abierto una brecha en el muro de la ortodoxia neoliberal sería trágico no pugnar para ampliarlo.

Creo que por eso conviene recordar que aquel año 2012 tuvo lugar, pese a que hoy caiga el velo del olvido sobre unos acontecimientos cruciales para entender la historia reciente de España. Algunos, quizá porque lo vivimos a pie de calle, a pie de oficina de desempleo, nos resistimos a olvidarlo. Puede que porque sintamos la dignidad de la memoria, por haber dicho no a aquella calamidad, a aquel proyecto de dominación, a aquel intento por ponernos de rodillas, a aquel sacrificio de todos para pagar los desmanes de unos pocos. Aquellas protestas dieron como resultado un Gobierno inédito en 80 años, uno que ha podido decepcionar en algunos aspectos, que se ha quedado corto en muchos otros, pero que, ni de lejos, es lo mismo que sucedió entonces. Repetir lo contrario, bien por interés, bien por torpeza, es abonar la mentira. Pero sobre todo el primer paso para que todo aquello se vuelva a repetir.

En el debate que se abre paso en Europa a favor y en contra de la vuelta al Pacto de Estabilidad, Pablo Casado está del lado de los halcones. Los países que defienden la vuelta al austericidio, que la RAE define como “el suicidio por austeridad”: la política económica basada en la reducción del gasto público mediante recortes. 

Las reglas de estabilidad de la Unión Europea exigen a los países miembros, bajo amenaza de sanciones económicas, recortes de deuda y de déficit público hasta situarlos por debajo del 60 y el 3% respectivamente. Pero están suspendidas desde que estalló la pandemia.

El líder del PP confirmó este martes, durante su intervención en un foro organizado por la asociación que agrupa a las principales empresas con intereses en el sector turístico, su apuesta por la tesis que defiende el canciller alemán, Olaf Scholz. 

El jefe de gobierno germano reafirmó en Madrid su deseo de que Bruselas vuelva a las reglas de estabilidad —suspendidas durante la pandemia— porque “el pasado ha mostrado que cuando resolvemos conjuntamente los problemas económicos en la UE es cuando mejor nos va. Y el pacto de estabilidad nos ha dado el marco necesario para el fondo de recuperación”, defendió Scholz el martes en una rueda de prensa conjunta con Pedro Sánchez —su ministro de Finanzas, el liberal Christian Linder, es de los que quieren recuperar las reglas cuanto antes—.

No es algo que defienda el presidente del Gobierno, como quedó patente en esa rueda de prensa. España no quiere que la relajación de la reglas de estabilidad sea inmediata para no estar atada de pies y manos en plena recuperación y defiende “reformarlas” para que tengan en cuenta, de un lado, la necesidad de “dar respuesta al reto climático“ y completar la transformación digital, y del otro el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las finanzas a medio plazo. En la misma línea de reforma están también, en principio, dos de los Estados más grandes, Francia e Italia, también con cifras de deuda y de déficit elevadas.

Casado está de acuerdo con Scholz y, sobre todo, con su ministro de Finanzas. De hecho, la necesidad de recortar deuda y déficit a pesar de la flexibilización del pacto durante la pandemia forma parte de su discurso desde hace año y medio. El líder del PP culpa a menudo a Sánchez y a su Gobierno del incremento de la deuda y del déficit público. 

En mayo de 2021 ya dejó clara su posición, que ha defendido en varias ocasiones en las cumbres europeas del Partido Popular: “Ajustar el gasto público “reduciendo los ministerios a la mitad, los asesores a la mitad”, acabando “con el gasto superfluo” y enviando “un mensaje a la economía productiva de que los primeros que se abrochan el cinturón son los poderes públicos”.

Entonces Casado llegó a poner una cifra encima de la mesa: “Nos va a tocar ajustar 50.000 millones de euros a partir del momento en el que acaben los estímulos del BCE, algo que aparentemente empezará a suceder en marzo, al menos en parte, cuando la institución gobernada por Christine Lagarde ponga fin al programa de compra de bonos puesto en marcha durante la pandemia.

Esta vez no fue tan lejos y no hablo de cifras de recorte, pero sí tomó partido por los ajustes. “Scholz reclama lo que venimos pidiendo nosotros, que es volver a la responsabilidad en las cuentas públicas”. Se trata, enumeró, de reducir la deuda pública, “un baldón que es insoportable y que alcanza a un incremento de 5.800 euros más por español desde que está en el Gobierno este equipo”, y de reducir el déficit estructural. 

A lo que hay que sumar, añadió recordando su proyecto para España, la reforma de las pensiones, la profundización de la reforma laboral de Mariano Rajoy, la implantación de la llamada mochila austriaca, un modelo de flexibilidad laboral que el PP ha convertido en uno de los ejes de su propuesta porque, según este partido, “redunda positivamente en el sistema público de prestaciones de desempleo y de pensiones”.

Casado cree que nuestro país no debe esperar al momento en que Bruselas ponga fin a la excepcionalidad que supuso el levantamiento de los límites de deuda y déficit para afrontar el gasto público extraordinario causado por la pandemia y el escudo social. Algo que ya están empezando a pedir los halcones, Holanda, Austria, Dinamarca, Letonia, Eslovaquia, República Checa, Finlandia y Suecia, algunos de los cuales en su día trataron de impedir, sin éxito, la creación de los fondos europeos de recuperación.

¿Por qué ya? Según el líder del PP, porque es necesario “prepararnos para un escenario en el que si se reducen las compras de los bancos centrales o se suben los tipos de interés”. Y hacer “una economía más competitiva” en un momento las incertidumbres geoestratégicas en Asia y en Europa, problemas de suministro energético o ante el riesgo de que la inflación no sea un fenómeno coyuntural.

Si eso sucede, pronosticó ante los principales empresarios del sector turístico, “países como España, con un 120% de deuda pública, un 5,4 de déficit público estructural y el peor paro de toda Europa, van a sufrir mucho más, llegando a ver comprometida su estabilidad”. 

La paradoja es que para recortar deuda y déficit Casado sigue proponiendo una reducción de impuestos que su equipo calcula en unos 10.000 millones de euros. Con el fin de reducir los riesgos causados por la economía de emergencia provocada por la pandemia, el PP propone el mismo plan que defendía antes incluso de que el virus se extendiese por Europa. 

“Lo que estamos planteando es que aprovechemos ya los fondos europeos para reducir esos riesgos y recuperar la competitividad” no sólo bajando impuestos sino abaratando la contratación mediante una reducción de las cuotas sociales con las que se financia la seguridad social. Y con “más flexibilidad laboral”, lo que significa ampliar el margen de maniobra de los empresarios a la hora de fijar las condiciones de los contratos.

A eso hay que sumar lo que Casado llama una “reducción de la burocracia”. España necesita, según el líder del PP, “adelgazar el sector público. Simbólicamente”, precisó, “reduciendo los ministerios” cuyo número hace que el dinero se vaya “en asesores y gasto superfluo”. Pero “también con mecanismos de la digitalización de la administración pública”.

Casado no sólo reivindicó a Scholz frente a Sánchez por la vuelta a la austeridad. Entre las virtudes del nuevo canciller alemán el líder del PP citó su capacidad de llegar a acuerdos con la CDU de Angela Merkel —de cuyo gobierno formó parte durante la etapa de la gran coalición— o haber “sido capaz de decir a los alemanes a pesar de ser socialista: tenemos que bajar los impuestos 30.000 millones de euros”. Aunque esta última medida no es de Scholz: la ha anunciado en el tabloide Bild su ministro liberal de Finanzas (los otros socios del Gobierno germano, el SPD y Los Verdes, proponen incrementar los impuestos a los más ricos). 

A pesar de ello, Casado no tuvo reparo en afirmar: “Nosotros pensamos que [la de Scholz] es la receta”.