El Zendal sigue abonado a los contratos "por emergencia" más de un año después de inaugurarse

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante la inauguración del hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, que tiene lugar este martes.

La contratación en la Comunidad de Madrid recupera poco a poco la normalidad. Dos años después del estallido de la pandemia, es cada vez menor el uso que el Ejecutivo regional hace de las adjudicaciones exprés que contempla la legislación nacional para situaciones excepcionales. Si en los cinco primeros meses de la crisis sanitaria ocho de cada diez se hacían por la vía de emergencia –a dedo y sin publicidad–, en los cinco últimos esa proporción se ha situado en poco más de uno de cada diez. Una reducción de este tipo de licitaciones a la que se mantiene inmune, no obstante, la joya de la corona de la gestión sanitaria de Isabel Díaz Ayuso. Desde el principio, el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal ha funcionado a golpe de emergencia. Y, un año después de su puesta en marcha, lo sigue haciendo.

La Ley de Contratos del Sector Público habilita a la Administración a recurrir a esta fórmula excepcional cuando "tenga que actuar de manera inmediata" a causa de "acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional". Por eso, en cuanto se declaró la pandemia, Gobierno central y comunidades autónomas no dudaron en echar mano de esta figura. Había que dar respuesta cuanto antes a una crisis sanitaria sin precedentes. Se necesitaban mascarillas, medicamentos, pruebas de detección o respiradores. Y cuanto antes, lo que resultaba completamente incompatible con un procedimiento ordinario cuya resolución se puede prolongar durante meses.

"Se hizo en cada momento lo que se tenía que hacer, que era, por supuesto, contratar por emergencia, porque si lo llegamos a hacer por el procedimiento normal ni le digo dónde estamos", explicaba hace unos meses el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty. Solo entre 2020 y octubre de 2021, la administración regional suscribió por este procedimiento 5.210 contratos, por 1.109 millones de euros. Sin embargo, el uso de esta vía se ha ido reduciendo con el paso del tiempo, según los datos recopilados por este diario a través del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en tres periodos de cinco meses diferentes.

Cuchillas quitanieves y equipos de rescate

Durante los cinco meses posteriores a la declaración de la pandemia, constan publicadas en la base de datos regional 494 expedientes adjudicados. Y, de ellos, solo el 19% fueron por procedimiento abierto, abierto simplificado o negociado sin publicidad. El resto, ocho de cada diez, eran contratos de emergencia. La práctica totalidad guardaban relación con la emergencia sanitaria. Compra de guantes, equipos de protección individual, batas, respiradores o PCR. Puesta en marcha de los famosos hoteles medicalizados para sanitarios y pacientes afectados por coronavirus. O levantamiento del hospital de campaña de Ifema, convertido en escaparate propagandístico de la gestión sanitaria del entonces Ejecutivo de coalición hasta la puesta en marcha del Enfermera Isabel Zendal.

Una fase de relativa tranquilidad siguió a aquel largo confinamiento. Pero el segundo zarpazo no tardó en llegar. Y la utilización de la vía de emergencia continuó a pleno rendimiento. En el periodo de cinco meses comprendido entre septiembre de 2020 y enero de 2021 se publicaron en el Portal de la Contratación Pública 419 expedientes de licitación diferentes. Y aunque la mayoría volvían a ser extraordinarios, lo cierto es que lo eran en una proporción menor. En esta franja temporal, las licitaciones de emergencia pasaron a representar el 60,8% del total, frente al 24,3% por procedimiento abierto –se incluye aquí la modalidad de abierto simplificado– y el 14,9% de negociado sin publicidad.

Pero algunos de ellos poco tenían que ver con la pandemia. Por esta vía se compraron, para el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, equipos de rescate vertical –arneses, cuerdas de escalada o mosquetones– o un sistema integral de aeronaves pilotadas en remoto –drones– por 122.708 y 184.767 euros, respectivamente. Para el equipo de respuesta logística inmediata de voluntarios de Protección Civil, dos cuchillas quitanieves y otro par de extendedores de sal por 21.337 euros. Para el Hospital Universitario La Paz, una báscula de bebé electrónica digital portátil, sillones con ruedas, mesas, armarios o cajoneras. O para el Clínico San Carlos, un robot valorado en 514.552 euros que poco tenía que ver, según la descripción de la propia empresa, con la idea de hacer frente a la pandemia: "Ayuda a los cirujanos a realizar una artroplastia total de rodilla".

Un Zendal abonado a la emergencia

Ha pasado ya un año desde aquellas licitaciones. Doce meses en los que la oposición, incluida Vox, ha cargado con dureza contra el Gobierno regional por el uso "abusivo" de esta figura. Y el empleo de este procedimiento exprés, sin concurrencia competitiva, parece haberse reducido. En los últimos cinco meses –de septiembre de 2021 a enero de 2022–, se han publicado como adjudicadas en el Portal de la Contratación 399 licitaciones. Y de ellas, solo en 51 se utilizó el trámite excepcional. Es decir, en este último periodo se recurrió a la emergencia en poco más de uno de cada diez contratos –en el 12,8%, para ser más exactos–. Por contra, en el 69,1% se empleó el procedimiento abierto –de nuevo, incluyendo el abierto simplificado o el simplificado abreviado–, en el 17,8% el negociado sin publicidad y en el 0,3% la licitación con negociación.

La compra de mobiliario o carros de medicación para los hospitales ha comenzado a hacerse por el procedimiento ordinario. Al igual que los suministros de todo aquel material o equipos sanitarios que no tienen absolutamente nada que ver con el coronavirus. Si hace meses el Ejecutivo madrileño recurría a la emergencia para adquirir ecógrafos, ahora lo hace por el procedimiento abierto. Lo mismo ocurre con las batas de un solo uso o las gasas.

Incluso las pruebas y kits PCR están empezando a alejarse de la vía de contratación extraordinaria. Un ejemplo de ello, el contrato con Cepheid Iberia para el suministro de reactivos por 359.249 euros, en este caso por el procedimiento negociado sin publicidad. Otro, la licitación para la adquisición de test y discos de amplificación y detección de ácidos nucleicos Sars-Cov2 por PCR para el Hospital de Getafe, con el que se hizo Diasorin Iberia por el procedimiento abierto.

Un Zendal abonado a la emergencia

El que no se aparta de esta fórmula es, sin embargo, el convertido en nuevo escaparate propagandístico del Gobierno regional. Del medio centenar de adjudicaciones de emergencia registradas en los últimos cinco meses, 16 están relacionadas directamente con el Hospital de Emergencias Isabel Zendal. Un contrato para pequeñas obras de adaptación y mejora del centro, otro para la ampliación de las unidades ejecutadas en las obras de acondicionamiento de algunos espacios del edificio de usos múltiples o cinco para el suministro de sillones, bombas, mobiliario o gases medicinales.

Estas últimas labores llevan en manos de las dos mismas empresas desde que las instalaciones comenzaron a funcionar hace un año: Air Liquide y Nippon Gases. Exactamente lo mismo sucede con los servicios. La seguridad, para Ariete Seguridad, la firma vinculada a una exconcejala del PP en el Ayuntamiento de Alcorcón. El mantenimiento de equipamiento electromédico, para Ibérica de Mantenimiento. La lavandería, para Ilunion. La limpieza y desinfección, así como el mantenimiento del centro, para Ferrovial Servicios. La gestión de residuos peligrosos, para Cespa. Y la alimentación y vending, para Eurest. Contratos que se adjudicaron hace doce meses a dedo y que se van renovando a golpe de emergencia a la espera de que se ponga en marcha un procedimiento ordinario que nunca termina de llegar.

El resto de adjudicaciones exprés relativas a los cinco últimos meses están, en la mayoría de los casos, estrechamente vinculadas a la pandemia. Hay 16 contratos de compra de test de antígenos. Otros ocho más ligados al proceso de vacunación. Media decena tienen que ver con suministros vinculados a las pruebas de laboratorio. Tres más, con el uso de camas de entidades privadas para pacientes con covid y necesidad de cuidados continuados. Y otros tres que tienen que ver con una campaña de concienciación que fue adjudicada a un investigado en Púnica, un servicio de llamadas de información a pacientes y ciudadanos y el suministro de un implante de asistencia ventricular izquierda con destino al Servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital Ramón y Cajal.

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