Los dos investigadores de Human Rights Watch (HRW) en Israel y Palestina, uno de ellos el jefe del equipo de la organización, renunciaron este martes a sus cargos después de que la entidad bloqueara un informe que concluye que la negación de Israel al derecho al retorno a los refugiados palestinos es un "crimen de lesa humanidad", informa EFE.

Se trata de Omar Shakir, quien dirigió el equipo durante aproximadamente diez años, y de Milena Ansari, investigadora adjunta del equipo.

En la carta de renuncia de Shakir, a cuya copia tuvo acceso EFE, él alega que "algunos miembros de la organización, impulsados ​​por prejuicios, presiones, política o cobardía, han intentado manipular" sus conclusiones, y que el constante retraso de la publicación del informe que estaba finalizado le impide seguir representando a HRW.  "Sin embargo, a lo largo de mi mandato, el proceso de revisión garantizó la publicación de los hechos tal como los documentamos", completa Shakir en la carta.

Añadió que "la decisión de nuestro director ejecutivo, a finales de noviembre, de suspender la publicación de nuestro informe sobre la denegación del derecho al retorno de los refugiados palestinos, cuya publicación estaba prevista para el 4 de diciembre", así como "su continua anulación del proceso normal de investigación y su insistencia en que solo se publiquen las conclusiones que él dictaminó, han comprometido nuestro absoluto compromiso con la ley y los hechos", critica.

El informe, titulado Nuestras almas están en los hogares que abandonamos: La negación por parte de Israel del derecho al retorno de los palestinos y los crímenes contra la humanidad, fue retenido durante meses, e incluso se pidió a los investigadores "limitar la determinación de crímenes de lesa humanidad a las personas recientemente desplazadas en Cisjordania y Gaza", pero no a los palestinos y descendientes cuyo retorno ha sido denegado desde 1948.

"Esta propuesta de limitar la determinación de crímenes de lesa humanidad carece de fundamento jurídico o fáctico", insiste Shakir, sobre un informe cuya determinación de crimen de lesa humanidad se basa en el análisis jurídico establecido en tres publicaciones anteriores de Human Rights Watch, incluido un informe de 2023 sobre las Islas Chagos en el que se dictaminó ese mismo crimen a manos de Reino Unido.

Shakir carga contra HRW, y alega que "una organización de derechos humanos con principios" no debería temer ser acusada de ir en contra de la "preferencia" israelí de que este país "mantenga una mayoría demográfica judía en Israel/Palestina, forjada, por supuesto, mediante la limpieza étnica y mantenida durante el apartheid".

La no publicación "refleja las mismas tendencias autoritarias y discriminatorias sobre las que informamos. No es el Human Rights Watch para el que he trabajado todos estos años". 

A pocas semanas de que Donald Trump sume su primer año en el poder en su segundo mandato, el presidente ha generado una ola de alarma entre las ONG de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW). Expulsiones masivas, ataques a los colectivos LGTBI, a instituciones, declaraciones negando el cambio climático, insultos a rivales políticos, periodistas… El cambio o resignificación de la bandera nazi, la esvástica de "símbolo de odio" a "potencialmente divisiva", es la última de esta larga lista que apunta a seguir creciendo.

Hace ya meses, AI denunciaba que Trump y su Administración en sus primeros cien días atacaron “iniciativas e instituciones que se crearon para hacer de nuestro mundo un lugar más seguro y más justo". Por su parte, Human Rights Watch advierte que las revisiones y manipulaciones en el nuevo informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado socavan su credibilidad y ponen en peligro tanto a defensores como a solicitantes de asilo.

Porque el documento que se presentó en agosto fue despojado de secciones específicas presentes en informes previos, como denuncias de abusos por orientación sexual, violencia contra la mujer, corrupción gubernamental, violencia racial o étnica sistémica o negación de un juicio público justo.

“Nos pidieron reducir los informes de derechos humanos al mínimo requerido por ley”, dijo a CNN Michael Honigstein, exdirector de Asuntos Africanos en la Oficina de Derechos Humanos, Democracia y Trabajo del Departamento de Estado.

En Estados Unidos, Amnistía Internacional, en su informe "Caos y Crueldad: 10 ataques combinados contra los derechos humanos", afirma de manera muy dura y muy crítica que Trump ha "gobernado con crueldad y sembrado el caos, creando una emergencia de derechos humanos al debilitar de forma sistemática las salvaguardas, fomentar un clima de miedo y división y socavar el Estado de derecho". 

Paul O'Brien, director ejecutivo de Amnistía Internacional EEUU, resume: "La administración Trump ha adoptado plenamente tácticas autoritarias que suelen asociarse a dirigentes represivos para afianzar su propio poder y llevar adelante su agenda antiderechos”, para muestra, la imposición de aranceles con la que inició su mandato o la expulsión masiva de migrantes.

Agnès Callamard, secretaria general de AI y relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias nombrada por la ONU, añade que el "ataque sin cuartel a los conceptos mismos de multilateralismo, asilo, justicia racial y de género, salud global y acción climática está agravando el daño" de estas instituciones fundamentales.

Desde Human Rights Watch, la directora del Programa para EE.UU. Tanya Greene advierte que "la administración Trump ha infligido un daño enorme a los derechos humanos". La organización ha documentado cómo las deportaciones masivas han pasado de 600 diarias durante el primer mandato de Trump a aproximadamente 750 por día en lo que va de 2025. Dentro de estas, hay también solicitantes de asilo, pero el ICE, el servicio de control de fronteras, también tiene en su haber denuncias por desapariciones y detenciones arbitrarias.

Entre esas deportaciones, está la deportación masiva de más de 200 venezolanos a El Salvador que se realizó en abril del año pasado acusados todos ellos de terrorismo y de pertenecer a la banda Tren de Aragua. HRW denuncia, cómo en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) —ya en El Salvador—, las vejaciones y el maltrato de los guardias es algo habitual. 

Pero desde el Gobierno de Estados Unidos, Tommy Pigott, viceportavoz del Departamento de Estado, tienen una visión completamente opuesta, porque ellos defienden que están protegiendo precisamente los derechos humanos que otras administraciones ignoraban: "En tiempos recientes, ideologías dañinas han ofrecido un refugio para abusos de derechos humanos. La administración Trump no permitirá tales violaciones, incluida la mutilación de menores, legislación que restringe la libertad de expresión y prácticas de empleo prejuiciadas racialmente". 

A pesar de las palabras de Pigott, el dirigente estadounidense, sentenció sobre el periodista descuartizado en el consulado saudí, Jamal Jashogi, que "era polémico, son cosas que pasan". Trump aseguró que Bin Salmán y él, reunidos esta semana en La Casa Blanca, están muy orgullosos el uno del otro por la labor que realizan en materia de derechos humanos. "Tenemos a un hombre muy respetado en el Despacho Oval hoy, amigo mío desde hace mucho tiempo, muy buen amigo mío. Estamos muy orgullosos el uno del otro en lo que respecta a los derechos humanos y todo lo demás", dijo el estadounidense sobre el líder saudí.

Más allá de los derechos civiles, las medidas del gobierno de Trump han sido calificadas como una reestructuración política profunda. 

Amnistía Internacional advierte que los recortes a la ayuda exterior y la retirada de organismos multilaterales como la UNRWA (la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos), la OMS o la Corte Penal Internacional representan un desmantelamiento del compromiso estadounidense con los derechos humanos globales. 

En febrero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva retirándose de la Organización Mundial de la Salud, la UNRWA, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU o sancionando a la Corte Penal Internacional.

La salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo argumentó aduciendo que “ha demostrado un sesgo constante contra Israel” y ha posibilitado que otros países como Irán, China y Cuba lo utilicen para “protegerse a sí mismos a pesar de sus graves violaciones y abusos contra los derechos humanos”. 

De hecho, este mes de noviembre, decidió no participar en el Examen Periódico Universal (EPU) sobre Derechos Humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un mecanismo de revisión que existe desde hace años. AI tildó esta decisión de "precedente vergonzoso" y Amanda Klasing, directora de relaciones internacionales de la ONG en EEUU, destacó el aumento del “desprecio de la Administración Trump por la rendición de cuentas internacional” y los Derechos Humanos. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) también condenó el boicot, con su directora ejecutiva señalando que el gobierno se ha convertido en el principal adversario de las libertades de los ciudadanos estadounidenses.

En sus palabras, estas decisiones "no son sólo económicas, sino que representan el abandono del compromiso de EE. UU. con los derechos humanos, la salud pública y la paz y la seguridad mundiales".

"No están tan lejos de poder terminar, los españoles, saliendo del Acuerdo del Clima, de la UE o de organizaciones que a la ultraderecha no le gusta, viendo los pactos a los que se llega y por los que se negocia", asegura Bruno Guerra, periodista uruguayo especializado en antropología y comunicación política.

Amnistía Internacional también señala una "insidiosa propagación de prácticas autoritarias" en todo el mundo alentada por el "efecto Trump". Callamard advierte que su enfoque no solo daña a Estados Unidos, sino que instaura un modelo global peligroso: "Su ataque sin cuartel está animando aún más a otros dirigentes y movimientos contrarios al reconocimiento de derechos a unirse a esta embestida".

HRW denuncia que el nuevo informe del Departamento de Estado "transforma el informe en un arma que hace que los autócratas parezcan más presentables y minimiza los abusos más serios en esos lugares”.

Pero quizá “el síntoma más perturbador de esta deriva es la política de símbolos y movimientos”, alerta Bruno Guerra. Este noviembre, la Guardia Costera reclasificó la esvástica nazi de "símbolo de odio" a "potencialmente divisivo”, “es una medida que algunos compararon con normalizar las cruces del Ku Klux Klan”, dice. 

Simultáneamente, la Administración ha advertido que Antifa, el movimiento antifascista de izquierda, podría considerarse como grupo terrorista, mientras mantiene una postura tolerante hacia algunos grupos de ultraderecha como Proud Boys. Por su parte, “Steve Bannon y Elon Musk han realizado gestos nazis en mítines sin ninguna consecuencia” por parte del mandatario estadounidense, un problema en ciernes que “a medida que la sociedad se polariza, puede llevar a mayores problemas y no olvidemos que todavía puede cambiar la constitución para poder presentarse a un nuevo mandato”.

Pero lo de Trump no es nuevo, aunque en este segundo mandato se están haciendo más presentes los ataques y los guiños a la ultraderecha “al verse arropado por gobernantes y líderes de partidos políticos como Santiago Abascal, Marine Le Pen o Víktor Orban”, recuerda Laura González, que ha tratado temas de ultraderecha a lo largo de su carrera como periodista.

“Al estar arropado por este tipo de dirigentes, en una sociedad en la que cada día la ultraderecha tiene más peso, todas sus decisiones van a ser poco a poco aplaudidas por muchos”, dice González que recuerda cuando estuvo en Nueva York en la primera época del ‘Make America Great Again’ y cómo ahora esa fórmula “se repite por todo el mundo, igual que hubo una época en la que todos nos queríamos parecer a Obama y usar las fórmulas de Obama, ahora todos quieren ser Trump”, argumenta la periodista.

Para terminar, alerta de “Ayuso, una dirigente ‘trumpista’ que el día que ganó las elecciones se vieron banderas libertarias, que sigue creciendo entre la oposición en España y el liderazgo en Madrid y que veremos qué pasa con Vox en España, que sigue creciendo".

La organización Human Rights Watch (HRW) acusó este jueves a las fuerzas militares israelíes de causar muertes y sufrimientos "innecesarios" a pacientes palestinos mientras ocupaban hospitales en Gaza, algo que "equivale a crímenes de guerra". Según el último informe de la ONG recogido por EFE, varios testigos de tres hospitales de la Franja dijeron que los militares de Israel negaron electricidad, agua, alimentos y medicinas a los pacientes, así como dispararon a civiles, maltrataron a trabajadores sanitarios y destruyeron "deliberadamente" instalaciones y equipos médicos.

La organización entrevistó a nueve pacientes y dos miembros del personal sanitario que estaban presentes cuando el ejército israelí asaltó y ocupó entre 2023 y 2024 los hospitales Al-Shifa (en la ciudad de Gaza); Kamal Adwan (en Beit Lahia) y Nasser (en Khan Younis).

En estos complejos médicos, donde al menos 84 pacientes fallecieron por falta de atención sanitaria -sin contar los muertos por bombardeos o disparos-, las fuerzas militares de Israel interfirieron "gravemente" en el tratamiento de heridos y enfermos, apuntó la organización.

Así, los sanitarios entrevistados afirmaron que el ejército se negó a llevar medicinas y otros suministros a los pacientes y bloqueó el acceso a los hospitales y las ambulancias, lo que causó la muerte de heridos y enfermos crónicos, entre ellos niños en tratamiento de diálisis. Según HRW, esta privación de alimentos, agua y otros insumos por parte de las autoridades israelíes constituye "un crimen de lesa humanidad de exterminio y actos de genocidio".

Una de las fuentes citadas por la organización, Ansam al-Sharif, que fue hospitalizada tras perder una pierna en un ataque aéreo del Estado hebreo y necesitaba muletas para caminar, contó que ella y el resto de pacientes del hospital Nasser pasaron cuatro días sin comida, agua, ni medicinas. "La ocupación militar israelí de los hospitales de Gaza ha transformado lugares de curación y recuperación en centros de muerte y maltrato. Los responsables de estos horribles abusos, incluidos los altos mandos, deben rendir cuentas", anotó el director adjunto de Derechos del Niño de HRW, Bill Van Esveld.

HRW también cuestiona las evacuaciones forzosas de los hospitales ordenadas por las fuerzas israelíes, que pusieron en "grave peligro" tanto a los enfermos como al personal sanitario, ya que se vieron obligados a trasladarse sin asistencia incluso si iban en camilla o en silla de ruedas. Y denuncia que los militares quemaron o destruyeron ilegalmente algunos edificios de estos complejos médicos tras las evacuaciones.

Según los administradores del hospital Al Shifa citados por HRW, solo entre el 11 y el 17 de noviembre murieron en él 40 pacientes, en gran parte debido a los cortes de electricidad.

Todo ello sin que las autoridades israelíes hayan anunciado una investigación sobre presuntas violaciones graves del derecho internacional humanitario en los hospitales de Gaza -entre las que se incluyen "aparentes crímenes de guerra"- cometidas por militares de Israel.

HRW recuerda que el derecho internacional humanitario establece que las partes implicadas en un conflicto deben respetar y proteger los hospitales, así como tomar todas las precauciones posibles para minimizar los daños a los pacientes, el personal y las instalaciones.

El informe de HRW tiene lugar apenas unos días después de que Israel rompiera el martes el alto el fuego con Hamás con unos bombardeos que han provocado la muerte de más de 400 palestinos.

El tribunal del distrito de Pervomayskiy, en Biskek, capital de Kirguistán, prorrogó este martes la detención preventiva de ocho periodistas acusados de “incitar a los disturbios de masas”, unos arrestos que se producen en medio de una represión generalizada de la libertad de expresión por parte del Gobierno de esta república exsoviética situada en Asia Central.

El tribunal permitió a otros dos periodistas salir del centro de detención, pero les ordenó permanecer en arresto domiciliario durante los próximos dos meses. Finalmente, el tribunal puso en libertad a otro periodista, pero le prohibió salir del país.

Los 11 periodistas trabajaban en Temirov Live, un medio de investigación periodística en internet que ha sacado a la luz casos de corrupción de los funcionarios del Gobierno. El fundador del medio, Bolot Temirov, ha rechazado la acusación de que los periodistas hayan incitado a los disturbios con sus reportajes. “Uno podría reírse de este absurdo si no fuera tan triste”, ha declarado a OCCRP, la red de medios de investigación a la que pertenece infoLibre y para la que también trabaja Temirov Live.

“La vista judicial de hoy [por este martes] ha sido una oportunidad para que las autoridades demuestren en la práctica que declaran que en Kirguizistán hay libertad de expresión y no se producen persecuciones políticas”, ha añadido.

Las detenciones de los periodistas, el pasado 16 de enero, provocaron la indignación internacional de organizaciones como la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que pidió al Gobierno de Kirguizistán “que proteja la libertad de expresión”. “Estas últimas acciones de las autoridades parecen formar parte de un patrón más amplio de presión contra activistas de la sociedad civil, periodistas y otras personas críticas con las autoridades”, denunció entonces en un comunicado la portavoz de la organización de la ONU, Liz Throssell.

También ocho grupos internacionales, entre ellos Human Rights Watch, emitieron por separado una declaración conjunta en la que instaban al Gobierno a “dejar de intimidar y acosar a los periodistas”. Temirov Live, en particular, ha sido objeto de ataques por parte de las autoridades kirguís.

Así, en 2022, Bolot Temirov fue desposeído de su ciudadanía kirguís y deportado a Rusia, donde también tiene pasaporte. Esa medida se tomó después de que la policía registrara las oficinas de Temirov Live, donde los agentes dijeron haber encontrado una pequeña bolsa de marihuana. Bolot declaró que la policía la había colocado entre sus pertenencias.

Las autoridades del país también han puesto en el punto de mira a otro miembro de OCCRP, Kloop. De hecho, la Fiscalía de Biskek presentó una demanda en agosto de 2023 pidiendo al tribunal que ordenara su cierre. En una sentencia de 10 de febrero, el tribunal lo clausuró.

Los expertos que testificaron en las vistas contra Kloop llegaron a declarar que los informes sobre la corrupción en el país habían desencadenado crisis nerviosas y otros problemas de salud mental entre la población. Los abogados de Kloop han declarado que recurrirán la sentencia.

El país fue en su día, con mucho, la más libre de las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central. Sin embargo, en los últimos años, bajo un presidente, Sadyr Japarov, que combina la retórica populista con métodos de control al estilo ruso, la soga se ha tensado. Numerosos medios de comunicación independientes han sido presionados o cerrados. En la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, Kirguistán ha perdido 50 puestos en un año, pasando del nivel de Japón al de Sudán del Sur.

El Ejército de Colombia ha publicado este martes una lista a través de su cuenta oficial de Twitter en la que ha señalado a varios periodistas, partidos y políticos de izquierdas, así como agrupaciones de campesinos, como elementos de "oposición", aunque posteriormente ha eliminado la publicación tras las denuncias de varios profesionales de la información.

El portal de noticias Cuestión Pública ha denunciado dicha lista, de la que formaba parte después de haber creado un 'hilo' en Twitter acerca del supuesto fraude electoral que se produjo en las elecciones de 2018 y que habrían propiciado la victoria del actual presidente de Colombia, Iván Duque.

Si bien el Ejército eliminó la publicación tan pronto como Cuestión Pública se hizo eco de la misma, el portal de noticias tuvo tiempo de recopilar una serie de nombres de periodistas, partidos y políticos, así como asociaciones campesinas que habían sido también señalados por los militares como "oposición".

Entre ellos, figuraban figuras de la política nacional como los senadores de izquierdas como Aída Avella, de Unión Patriótica; el que fuera candidato presidencial en 2018 Gustavo Petro; Gustavo Bolívar, de la coalición Decentes; e Iván Cepeda, del Polo Democrático.

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), la formación política de la extinta guerrilla, así como varios de sus dirigentes, entre ellos Jorge Torres Victoria, alias 'Pablo Catatumbo'; Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko'; o Pastor Alape, también hacen parte de esa lista.

Según Cuestión Pública, dicho registro estaba formado por una treintena de cuentas, entre las cuales también estaba la de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); la de varias organizaciones campesinas; la del director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco; así como la de periodistas de medios de comunicación como la revista 'Semana' o la emisora Caracol Radio, entre otros.

El Ejército reconoce el "desacierto"

Tras la polémica suscitada por la lista, ya que la Constitución colombiana refleja en su artículo 219 límites a la intervención de los militares en asuntos políticos, el Ejército ha lanzado un comunicado reconociendo que "se erró en la utilización del término" y que desde la institución ya se ordenó "iniciar la indagación disciplinaria correspondiente".

El Ejército colombiano ha admitido que "la denominación que se destinó fue un desacierto y una falta de criterio absoluto" del administrador de su cuenta de Twitter y ha explicado que el único objetivo era "informarse acerca de contenidos ya públicos, sin ningún otro fin".

Grupos armados locales, conocidos como "sindicatos" o "pranes", y colombianos, como la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC, se han apoderado de numerosas minas de oro que funcionan en Venezuela de forma ilegal cometiendo "abusos atroces" contra los propios mineros y la población local que incluyen desapariciones, asesinatos y amputaciones para garantizarse el control de este lucrativo negocio, según ha denunciado Human Rights Watch (HRW).

En su informe Venezuela: Violentos abusos en minas de oro ilegales, HRW recoge a través de los testimonios de mineros, vecinos, periodistas y ONG locales, además de imágenes satelitales, la situación de violencia que sufre el llamado arco minero debido a la presencia de grupos armados de diversa índole que, en algunos casos con la "aquiescencia" del Gobierno de Nicolás Maduro, explotan ilegalmente los ricos recursos naturales de la nación caribeña.

"Venezuela cuenta con reservas de recursos sumamente valiosos como oro, diamantes y níquel, así como reservas de coltán y uranio", ha recordado HRW. La ONG se ha centrado en la minería del oro, que se concentra en los estados del sur de Venezuela, especialmente en Bolívar, porque "buena parte" es ilegal, de modo que "una gran cantidad de oro, cuyo total es difícil de cuantificar, precisamente, por su carácter ilegal, es sacado del país mediante contrabando".

La ONG ha indicado que "la migración económica interna debido a la crisis económica y humanitaria en Venezuela ha incrementado la cantidad de personas que buscan trabajo en la actividad minera", incluida la ilegal.

"Distintos sindicatoscontrolan distintas áreas mineras y cada uno impone allí las reglas y las aplica con brutalidad", explica HRW. En el caso de Bolívar, además de los sindicatos venezolanos, están presentes el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las FARC, de acuerdo con el International Crisis Group.Los sindicatos "ejercen un estricto control sobre las poblaciones que viven y trabajan allí, imponen condiciones de trabajo abusivas y someten a tratos brutales a quienes se acusa de robo y otros delitos, ha asegurado la ONG. "Todo el mundo sabe la reglas", ha comentado una residente local. "Son como el Gobierno ahí", ha añadido.Ligia Castro, una venezolana de 35 años que trabajó en las minas de El Algarrobo y La Cucharilla en 2018, ha contado a HRW que el sindicato le cortó las manos con un machete a una mujer a la que otra compañera había acusado de robar un par de pantalones y le ordenaron que dijera que había tenido un accidente, advirtiéndola de que sabían dónde encontrar a su familia.Ricardo Gómez, un minero de 49 años que estuvo en Las Claritas en 2017, ha recordado el caso de una compañera que obtuvo 10 gramos de oro de otro trabajador con el que había mantenido relaciones sexuales. El sindicato la capturó, la ató a un árbol y le cortó la cabeza con una motosierra para después descuartizar el resto del cuerpo, todo ello delante de los demás mineros. "Tengo todo grabado en mi mente", ha aseverado Gómez, que tras este crimen abandonó la mina "atemorizado".También ha contado a HRW el caso de un minero al que acusaron de robar un teléfono móvil. Primero le cortaron la mano con un hacha delante de sus compañeros y después se lo llevaron en un coche. Desde entonces se desconoce su paradero. Cuando la familia del hombre fue a la mina a preguntar qué había pasado, el sindicato amenazó a los otros mineros: "Si dices algo que nos perjudique, también vas a desaparecer".A las amputaciones, los asesinatos y las desapariciones se suman otros delitos. HRW ha mencionado a un pastor que trabajaba en una mina que asegura que varios miembros del sindicatoviolaron a sus hijas. "Sus padres temen represalias si denuncian el abuso", ha apostillado.Lo cierto es que en 2018 el estado de Bolívar registró la tasa más alta de muertes violentas en Venezuela, con 107 por cada 100.000 habitantes, y El Callao, la capital minera del país, con una población de 200.000 personas, fue el municipio más violento, con 620 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos del observatorio Venezolano de la Violencia.Además, de acuerdo con fuentes locales, entre 2012 y 2019 hubo denuncias sobre al menos 50 desapariciones en Bolívar cuyo paradero se desconoce. HRW ha indicado que "es muy probable que la cifra real sea mayor pero no hay estadísticas oficiales disponibles".Amenaza para la saludHuman Rights Watch ha señalado que la minería ilegal no solo se traduce en violencia, sino también en un grave riesgo para la salud de los mineros y de quienes viven cerca de estas explotaciones.Los trabajadores de las minas ilegales están expuestos al mercurio que usan para extraer el oro, a pesar de que está prohibido en Venezuela. HRW ha apuntado que el mercurio, incluso en pequeñas cantidades, "puede provocar graves problemas de salud y toxicidad en los sistemas nervioso, digestivo e inmunológico, así como en pulmones, riñones, la piel y los ojos"."Estudios realizados en zonas mineras en Bolívar hace ya varios años habían detectado altos niveles de exposición al mercurio, incluso en mujeres y niños, entre quienes los riesgos para la salud son incluso mayores. En el caso de las mujeres embarazadas, los riesgos incluyen discapacidad grave o la muerte del feto o del bebé cuando la gestación llega a término", ha destacado la ONG.HRW también ha indicado que "la epidemia de malaria que afecta a Venezuela tiene una estrecha correlación con el aumento repentino de la minería ilegal en el sur de Venezuela. "Los mineros suelen vivir a la intemperie, lo cual aumenta su exposición a los mosquitos" y "los pozos mineros deforestados, que se llenan con agua de lluvia, son propicios para los mosquitos que transmiten la malaria", ha explicado.De hecho, Human Rights Watch ha subrayado que "todas las personas entrevistadas que habían trabajo en minas o localidades mineras habían tenido malaria" en el contexto de un sistema de salud colapsado por la "emergencia humanitaria" en Venezuela, por lo que no todos habían podido recibir tratamiento. Algunos han contado que tuvieron que pagar hasta dos gramos de oro —unos 100 dólares— para comprar los medicamentos contra la malaria.A ello se suman las "severas condiciones laborales en las minas", tales como turnos de 12 horas sin equipos de protección y la presencia de niños, algunos de tan solo 12 años. HRW ha documentado el caso de un adolescente de 17 años que sufrió lesiones en la espalda por el retroceso de una manguera de alta presión que usó sin las debidas protecciones.Lucrativo negocioDe acuerdo con organizaciones locales e internacionales, cuya apreciación coincide con los testimonios recabados por HRW, "gran parte del oro extraído en Venezuela sería ilegal" y "una gran cantidad de oro sale de Venezuela mediante contrabando y, presuntamente, llegaría a países como Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Suiza"."Las personas entrevistadas también señalaron que las autoridades venezolanas tienen conocimiento de las actividades de minería ilegal", ha afirmado HRW. 10 personas han declarado que llegaron a ver a miembros de las fuerzas de seguridad yendo a las minas ilegales para cobrar sobornos, incluso algunos aseguran que vieron a "un mismo alto funcionario del Gobierno de Nicolás Maduro".Por todo ello, "es crucial que las refinerías y quienes compran oro se aseguren de que el oro venezolano que forma parte de sus cadenas de suministro no esté manchado con la sangre de víctimas venezolanas", ha reclamado el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.cada uno impone allí las reglas sindicatosInternational Crisis Group

sindicatos  estricto control

Ligia Castrosindicato cortó las manos con un machete a una mujer robar un par de pantalones

Ricardo Gómezsindicato

sindicato"Si dices algo que nos perjudique, también vas a desaparecer"

sindicatoviolaron a sus hijas

tasa más alta de muertes violentas en VenezuelaEl Callaomunicipio más violento

al menos 50 desapariciones no hay estadísticas oficiales

Amenaza para la salud

riesgo para la salud de los mineros

expuestos al mercurio

mujeres embarazadas

epidemia de malariaestrecha correlación intemperie

sistema de salud colapsado hasta dos gramos de oro

severas condiciones laborales presencia de niños

Lucrativo negocio

llegaría a países como Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Suiza

las autoridades venezolanas tienen conocimiento de las actividadesalto funcionario

Human Rights Watch (HRW) ha señalado este sábado las "graves violaciones de derechos humanos" ocurridas en Chile en el marco de las protestas que se suceden en el país desde octubre, informa Europa Press. "Han ocurrido muy graves violaciones de derechos humanos en el país", ha destacado el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco.

De forma paralela, Vivanco ha resaltado el papel de la misión que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha llevado a cabo en Chile. "Muy importante la misión técnica de la CIDH a Chile", ha indicado, al tiempo que la ha calificado de "clave".

La movilización popular en Chile comenzó el 14 de octubre por la cuarta subida del precio del metro en pocos meses y escaló para denunciar la desigualdad social y reclamar un cambio constitucional. Unas 20 personas han muerto y cientos han sido detenidas.

La organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este martes la detención de al menos 1.001 personas en la protesta opositora celebrada en Moscú este sábado, como recoge Europa Press.

HRW también ha recalcado el uso de "fuerza excesiva" contra los manifestantes pacíficos, algo que la organización asegura que es "una prueba más de la preferencia de las autoridades rusas por la represión sobre los derechos".

La manifestación convocada este sábado por la oposición se produjo una semana después de que otra movilización similar concluyese con más de mil detenidos y más de 70 heridos por la contundente represión policial.

"El Gobierno ruso afirma que los manifestantes están alterando la vida en la ciudad, pero según lo que vimos el 3 de agosto y el 27 de julio, no son los activistas sino la Policía la que está interrumpiendo la vida normal", ha afirmado el director de HRW para Europa y Asia Central, Hugh Williamson.

"La Policía ha convertido el centro de Moscú en una zona de operaciones especiales, atacando y golpeando a las personas por caminar pacíficamente por las calles", ha aseverado.

Según la organización, los agentes de Policía tiraron al suelo a personas que no se resistían y les arrastraron o llevaron a vehículos policiales.

Además, HRW afirma que los agentes utilizaron porras contra manifestantes que no representaban una amenaza y que alrededor de 18 personas fueron hospitalizadas por abrasiones, fracturas y al menos un traumatismo craneal.

La organización ha indicado que muchas de las personas detenidas en la zona no participaban en la manifestación.

"El Gobierno ruso está aumentando la presión en un aparente intento de silenciar a sus críticos", ha recalcado Williamson. "En lugar de asegurar unas elecciones libres y justas, las autoridades están tomando medidas enérgicas contra aquellos que legítimamente las demandan", ha añadido.

La organización Human Rights Watch (HRW) ha advertido este jueves de que los funcionarios de Estados Unidos están causando "daños severos y duraderos" a los niños migrantes al separarles de sus familias en la frontera.

HRW ha afirmado que los niños son regularmente separados de sus familiares adultos que no son sus padres, como abuelos, tíos y hermanos adultos, incluso cuando cuentan con una autorización escrita de los padres.

Además, la organización ha denunciado que niños de cinco años han sido retenidos en instalaciones de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos sin estar acompañados de adultos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos celebrará este viernes audiencias sobre la política de separación de familias del Gobierno.

"Las audiencias en el Congreso son el primer paso para explicar y abordar los enormes daños infligidos a los niños y sus familias en las celdas en la frontera", ha indicado el principal asesor de derechos de los niños de HRW, Michael Garcia Bochenek.

"Los altos funcionarios de inmigración deben aprovechar esta oportunidad para reconocer estas serias preocupaciones y anunciar el fin inmediato de la separación de familias", ha añadido.

HRW ha identificado 22 casos en los que los niños afirman que fueron separados de manera forzada de sus familiares, generalmente durante las primeras horas de detención.

La organización ha señalado que los agentes fronterizos de Estados Unidos deben identificar a los menores víctimas de la trata y tomar medidas para protegerles, pero ha recalcado que todos los casos de separación de familias involucran a niños que viajan con sus familiares para buscar asilo o unirse a otros miembros de la familia, sin ser víctimas de la trata.

Los niños separados de sus familias sufren insomnio, dificultades para concentrarse, cambios repentinos en el estado de ánimo y ansiedad constante, según HRW.

Para evitar que los niños migrantes sufran daños y defender la unidad familiar, la organización ha instado a que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos revise todos los casos de separación de familias, incluidos los de miembros que no sean los padres de los menores, para determinar si la separación era lo mejor para el interés del niño.

También ha pedido que el Congreso prohíba la separación de familias excepto cuando sea en beneficio de los intereses individuales del niño.

"La agencia fronteriza necesita una dirección clara de la Administración para poner fin a la separación familiar forzada y otras prácticas abusivas", ha subrayado Bochenek. "Le corresponde al Congreso proporcionar la supervisión para asegurarse de que la agencia fronteriza cumpla", ha aseverado.

Han pasado dos décadas pero el esqueleto derruido de los antiguos ministerios de Defensa de Yugoslavia y Serbia continúan tal y como se quedaron la madrugada del 30 de abril de 1999, después de que la aviación de la OTAN los demoliese con sus bombas. Es el recordatorio de una ofensiva que la mayoría de los serbios ven como una agresión histórica, y que significó el final de la guerra de Kosovo, iniciada tres años antes.

Desde una garita un soldado vigila el recinto, y una pancarta en cirílico dice: “Ministerio de Defensa y del Ejército de Serbia”. Es la única reseña que anuncia lo que significa ese tropel confuso de cemento y ladrillos rojos hundidos y perforados. A la escena, propagandística de por sí, el Ayuntamiento de Belgrado ha decidido colocarle en la fachada una enorme lona publicitaria con la imagen de varios militares tras la bandera nacional y la frase “Solo puede hacerlo quien no conoce el miedo, ¡adelante!”, atribuida a Vojvodas Živojin Mišić, considerado un héroe tras participar en guerras como las de finales del siglo XIX contra los turcos.

La operación Fuerza Aliada, como se llamó a la campaña de bombardeos, fue la segunda gran maniobra de guerra de la OTAN desde su creación —la primera se produjo en 1995 durante la guerra de Bosnia—, y la justificó alegando que el entonces presidente serbio, Slobodan Milošević, estaba llevando a cabo una campaña de limpieza étnica contra los albaneses de la provincia autónoma de Kosovo. Aun así, cuando el que fuera secretario general del organismo militar transnacional, Javier Solana, ordenó los ataques sobre lo que quedaba de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), lo hizo sin el consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU, una decisión que suscitó controversia y acusaciones de crímenes de guerra por la muerte de civiles en, al menos, 90 incidentes. Posteriormente también se supo que la Alianza Atlántica había llegado a utilizar uranio empobrecido en varias de las más de 23.500 bombas que arrojó, escudándose en la inexistencia de un texto que prohibiese expresamente su uso.

Una lona publicitaria cubre los restos del antiguo ministerio de Defensa de Yugoslavia. En ella se lee: “solo puede hacerlo quien no conoce el miedo, ¡adelante!”. ALBERTO MESAS

Como sucede en todos los conflictos las cifras cambian en función de quién las aporta, pero reuniendo los datos oficiales de ambos contendientes e informes como el de la ONG Human Rights Watch, en los casi 80 días que duró el asedio aéreo (del 24 de marzo hasta el 11 de junio) murieron entre 1.200 y 5.000 civiles, casi 500 soldados yugoslavos y más de 100 policías, y tres periodistas chinos. También perdieron la vida dos soldados estadounidenses en un accidente de helicóptero que en ese momento no estaba en combate. Los heridos de la población civil rondaron los 10.000 y los que huyeron a zonas alejadas del combate o buscaron refugio en otros países se contaron por decenas de miles.

Esto último es lo que le pasó a Čedomir, el propietario de un puesto callejero itinerante de comida típica que él mismo prepara, en el barrio de Stari Grad (el centro de Belgrado). Es sábado y su sobrina Ljerka, una adolescente de 17 años, está en la tienda y accede a hacer de traductora al inglés. “Lo intentaré, pero no habléis muy rápido”, advierte.

Čedomir cuenta cómo poco más de una semana después de que empezasen a caer las bombas tuvo que cruzar la frontera de Rumanía: “Mi padre era electricista en una empresa de reparación de aviones, un día llegó y sus jefes les dijeron a todos que ya no podían trabajar allí porque corrían peligro. Decían que los aviones estaban bombardeando fábricas como esa y que tenían que cerrar”. Efectivamente, después de los primeros días eliminando objetivos militares, la OTAN pasó a destruir infraestructuras económicas y estratégicas como puentes, edificios gubernamentales, plantas de industria pesada y energética o sedes de medios de comunicación.

“Entonces vivíamos en Savamala [en la orilla oriental del río Sava], yo tenía 12 años […] Mi hermana, que era enfermera, y mi madre, que cuidaba a mi abuela, se quedaron en Belgrado, pero a mi hermano pequeño y a mí nos mandaron con mi padre a Timisoara [al oeste de Rumanía]”. Allí, explica, su padre no tardó en encontrar trabajo en un taller de autobuses hasta que, casi tres meses después, regresaron: “Nos enteramos de que la guerra había terminado y queríamos volver a casa cuanto antes, pero mi padre desconfiaba [...] llamó a un montón de parientes y amigos hasta convencerse”.

Apenas un año después de la intervención transatlántica otra ONG, Amnistía Internacional, publicó un informe en el que acusaba a la OTAN de haber cometido crímenes de guerra durante la Operación Aliada, que en opinión del organismo violó el derecho internacional. Entre otras actuaciones, criticaba el bombardeo sobre las sedes de la radio y la televisión de Belgrado, donde murieron casi 20 civiles. Una semana después del dosier, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia contraatacó con otro texto. A través de la ex fiscal jefe suiza Carla del Ponte, la Corte de La Haya promulgó un análisis jurídico elaborado por expertos que exculpaba completamente a la OTAN de haber cometido irregularidades en las ofensivas aéreas y la eximía de responsabilidades penales por la muerte de civiles. No obstante, diez años después de la intervención transnacional, del Ponte publicó un libro en el que tildaba de controvertida la intervención de la OTAN.

Nacionalismo y odio

No es fácil encontrar en Belgrado a un serbio dispuesto a manifestar su opinión real acerca de la guerra y el conflicto kosovar. Muchos se excusan diciendo que ha pasado mucho tiempo y hay que dejarlo correr, o que eran jóvenes y no recuerdan bien lo que sucedió, otros rescatan ambiguas evasivas antibelicistas como “la guerra estuvo muy mal” o “es mejor para todos que haya paz”. Quizá porque hace calor y por los soportales donde ha aparcado no transita mucha gente Ranko, un taxista belgradense que ya conducía el suyo cuando Yugoslavia todavía eran seis repúblicas, se abre a decir lo que piensa.

A pesar de mostrarse apático hacia la política y asegurar que nunca ha votado, tiene interiorizado ese argumento del ellos frente al nosotros, de la Serbia que solo se defendió del agravio kosovar y por ello fue víctima de la injerencia militar extranjera: “[en 1998] Kosovo llevaba muchos años provocando y burlándose de Serbia, y luego los terroristas del UÇK empezaron a atacarnos […] Nosotros solo queríamos un país unido y sin enfrentamientos, pero entonces llegó Europa a bombardearnos [...] Me da igual lo que crean los putos albaneses y que Europa los haya reconocido. Ellos son de Serbia y siempre formarán parte de Serbia, aunque no les guste”.  

Una pancarta delante del Parlamento de Serbia (antiguo Parlamento de Yugoslavia) acusa a la guerrilla albanesa UÇK de haber secuestrado y asesinado a civiles serbios. ALBERTO MESAS

Es verdad que a principios de los 90 el UÇK, el autodefinido Ejército de Liberación de Kosovo, comenzó a crecer, a comprar armas de contrabando en Albania y a consumar ataques contra comisarías y autoridades yugoslavas en Kosovo, pero Ranko obvia, no se sabe si por interés o desconocimiento, los años anteriores de hostigamiento contra albaneses kosovares instigado por Serbia —cierre de medios en lengua albanesa, despidos masivos en empresas e instituciones públicas, prohibición de cátedra a profesores...—. Al hablar de la guerra de Bosnia tampoco cuenta cómo los líderes político y militar serbobosnios (Ratko Mladić y Radovan Karadžić, condenados a cadena perpetua en La Haya por crímenes de guerra y contra la humanidad) ejecutaron en torno a 8.000 bosnios musulmanes por razones étnicas, un antecedente sobre el que la OTAN cimentó su intervención.

Dudoso futuro de Serbia y Kosovo en la UE

Pese a la desconfianza general de la sociedad y el rechazo frontal —y en ocasiones violento— de algunos grupos, como el Partido Radical Serbio del ultranacionalista  Vojislav Šešelj, hace unos años el Gobierno serbio inició los trámites para entrar en la Unión Europea. Bruselas concedió 2025 como la fecha aproximada del ingreso serbio, pero le exigió a su Gobierno que completara ciertos objetivos en los ámbitos económico o de conquistas sociales para que llegue a producirse la incorporación. Entre esas metas está la que Serbia jamás ha aceptado: el reconocimiento de Kosovo como un país independiente y soberano. Este es el mayor escollo y donde Europa incide con más vehemencia para que ambos territorios logren un acuerdo mediante el diálogo. Sin embargo, en los últimos meses la tensión no ha parado de intensificarse por episodios como la imposición kosovar de aranceles a productos serbios, o su amago de crear un ejército propio; comportamientos que alejan sistemáticamente de Europa a las dos naciones.

Kosovo proclamó unilateralmente su independencia en el año 2008, e inmediatamente países como Estados Unidos, la gran mayoría de los países de la UE y las antiguas repúblicas que conformaban Yugoslavia, excepto Bosnia y Herzegovina, reconocieron esa independencia. Por supuesto Serbia se niega a hacer esa concesión y continúa considerando a Kosovo como una de sus provincias autónomas junto a Vojvodina (al norte). Debido a posibles similitudes con la situación en Cataluña, España tampoco ha llegado a reconocer jamás a Kosovo como un país independiente.

Ranko es tajante sobre el tema del ingreso de Serbia en la UE: “La Unión Europea es un timo, allí los jefes son Alemania y Francia y los demás países obedecen [...] Aquí hay muchas cosas que no funcionan bien, hay mucha corrupción, pero la UE no nos va a solucionar nada [...] Nosotros no queremos saber nada de Europa, ¿para qué?, Europa siempre nos ha maltratado”.

Un monumento en el Parque Tašmajdan de Belgrado recuerda a los niños muertos durante los bombardeos de la OTAN. A.M.

Con respecto a la hipotética entrada de Serbia en la OTAN, el pasado marzo el Instituto Europeo de Asuntos Exteriores publicó una encuesta cuyos datos son contundentes. Según el sondeo casi el 80% de los serbios se opone al ingreso en la Alianza transnacional. Del mismo estudio se desprende que más del 60% no está dispuesto a aceptar una disculpa oficial del organismo, cuya actuación tildan de “campaña al servicio de los intereses de Estados Unidos y Occidente”. Por el momento la incorporación de Serbia a la Organización continúa en el aire, algo que desea más el Gobierno que la población.

En 20 años han cambiado muchas cosas en Belgrado, se han asentado multinacionales como McDonald's o Starbucks, se han erigido edificios modernos de compañías extranjeras y se ha trabajado en su promoción, ofreciéndola al turismo como una capital europea moderna. Sin embargo, y tal y como sucedía a finales de los años 90, el nacionalismo excluyente hacia los albaneses continúa, muchos serbios exhiben pegatinas en sus coches con la frase "Kosovo es Serbia", en los mercadillos se siguen vendiendo souvenirs que hacen referencia a una Yugoslavia unida y a una Serbia con Kosovo en su territorio, y los principales periódicos generalistas siguen hablando y recordando la guerra desde las crónicas de desfiles militares y las fotos con banderas de la patria; y lo hacen porque, aunque hayan pasado 20 años, la intención es que no se olvide nunca.

El Tribunal de Distrito de Jerusalén, en Israel, ha dado luz verde este martes a la expulsión del investigador local de la ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW), Omar Shakir, que ha sido acusado de apoyar los boicots contra el Estado judío.

El veredicto ha tenido lugar después de que la organización presentara un recurso para evitar que las autoridades revocaran el permiso de trabajo de Shakir y lo expulsaran del territorio israelí. No obstante, la corte ha considerado un acto de "boicot" las investigaciones y llamamientos realizados por HRW a las empresas para que dejen de facilitar los abusos en asentamientos israelíes. La organización ha alertado en un comunicado de que la decisión del tribunal establece un precedente para el resto de organizaciones y trabajadores en defensa de los Derechos Humanos, que podrían ver en peligro su labor.

Así, ha condenado la decisión de la Justicia israelí y ha tildado la resolución de hipócrita. "Israel se describe como la única democracia de la región, pero va a expulsar a un defensor de los Derechos Humanos por su defensa pacífica de los mismos", ha indicado Tom Porteous, subdirector de programa de la ONG. "La decisión manda el terrible mensaje de que aquellos que critiquen el papel de las empresas en los abusos registrados en los asentamientos israelíes corren el peligro de ser expulsados de Israel y de Cisjordania", ha explicado. El tribunal ha dado a Shakir hasta el 1 de mayo para abandonar el país. La organización, por su parte, ha asegurado que recurrirá la decisión ante el Tribunal Supremo. "Las autoridades israelíes deben centrarse en acabar con los abusos de los Derechos Humanos en vez de amordazar a los grupos que los denuncian", ha aseverado Porteous.

El caso de Shakir

El 16 de noviembre de 2017, el Ministerio de Interior de Israel informó a HRW de que, basándose en una demanda presentada en un tribunal de Jerusalén contra el activista, se había iniciado un proceso de revisión del estatus migratorio de Shakir, de nacionalidad estadounidense.

La ONG presentó en enero de 2018 una solicitud para ampliar el permiso de trabajo de Shakir, que expiraba el 31 de marzo. Dos días antes de la fecha límite, el Ministerio de Interior prorrogó el visado un mes a la espera de que se resolviera el trámite. El 9 de mayo, Israel anunció la revocación del visado y su consecuente expulsión del país.

Sin embargo, un par de semanas después un tribunal de Jerusalén suspendió la orden de expulsión dictada por las autoridades israelíes contra el investigador. La sede jurisdiccional ordenó así volver al status quo por considerar que la decisión de revocar el visado estaba basada en "información antigua". Shakir, que es el director de HRW para Israel y Palestina, ha negado cualquier boicot, si bien reconoció que antes de incorporarse a la ONG participó en el activismo contra las empresas "que violan los Derechos Humanos" en las colonias judías de Cisjordania.

La organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha publicado este jueves su Informe Mundial 2019, en el que critica la actitud de España en asuntos como las resoluciones judiciales de La Manada, la aprobación de normas restrictivas como la ley mordaza o las devoluciones en caliente de los inmigrantes que entran en el país.

En el texto la organización recuerda que, a su llegada a la Moncloa, Pedro Sánchez "se comprometió a adoptar políticas de inmigración más humanas", sin embargo destaca que, hasta noviembre de 2018, unos 50.000 inmigrantes llegaron a las costas de España y que casi 60.000 saltaron las vallas de Ceuta y Melilla. HRW asegura que estos inmigrantes "se enfrentaron a condiciones deficientes en las instalaciones de acogida y obstáculos para solicitar asilo".

Las devoluciones en caliente supone un punto destacado del informe, que denuncia que el Gobierno de Sánchez —igual que hizo el de Rajoy— ha continuado efectuando esta práctica a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acusó a España de violar los derechos de dos inmigrantes en la frontera melillense.

Sentencia de la 'manada' y 'ley mordaza'

El texto también critica el fallo judicial a los integrantes de La Manada. Los cinco hombres que abusaron sexualmente de una joven en los sanfermines de 2017, fueron absueltos "del cargo de violación en grupo" al entender la Justicia que no se había producido tal violación.

La condena al rapero Valtònyc, amparada por la ley mordaza, también forma parte del apartado sobre España que presenta Human Rights Watch en su informe anual. La ONG recuerda que el rapero fue "condenado por glorificar el terrorismo e injurias contra la Corona". HRW también recuerda que la tuitera Cassandra Vera fue absuelta por el Tribunal Supremo por hacer un chiste sobre el presidente del Gobierno franquista, Carrero Blanco.

El 11 de diciembre de 2018, 154 países miembros de las Naciones Unidas firmaron el Pacto Mundial de la Migración Segura, Ordenada y Regulada, el primer acuerdo global que pretende hacer hincapié en los desafíos que la migración representa al tiempo que busca una mayor implicación por parte de los Estados a través de la cooperación y el desarrollo de políticas de integración. Dinamarca, país de referencia a nivel internacional por su Estado de bienestar y su sociedad tolerante y solidaria, firmó este pacto no vinculante por la migración una semana después de que su parlamento aprobase una ley que permitirá al Gobierno recluir a los refugiados pendientes de expulsión en una isla deshabitada.

El país escandinavo, que antaño fue un firme defensor de los derechos de los refugiados, ahora hace todo lo posible por demostrar que las personas migrantes no son bienvenidas en su territorio. Pero, ¿cuando dejó Dinamarca de buscar la dignificación de las personas desplazadas y empezó a jugar con los limites de los tratados internacionales en materia de derechos humanos? Para responder a esta pregunta, hemos elaborado un recorrido por las diferentes posturas que ha adoptado este país hacia los refugiados desde los años 50 hasta la actualidad:

Primer país en ratificar la Convención para los Refugiados de la ONU

Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Dinamarca acogió a migrantes provenientes de países del Este, judíos y alemanes. Fue el primer país en ratificar en 1951 la Convención para los Refugiados de la ONU y, en 1956, fundó el Consejo Danés para los Refugiados con el objetivo de dignificar la vida de todas las personas desplazadas.

Convención para el Estatuto de los Refugiados en 1951.

En los años 70, el país escandinavo se convirtió en el lugar de destino de las personas desplazadas con motivo de la guerra en Vietnam y el golpe de Estado en Chile. En esos años, el Gobierno danés se comprometió con la ONU a dedicar a la ayuda al desarrollo al menos el 0,7% de su Producto Nacional Bruto (PNB) y lo ha cumplido. En la década de los 90, esa cifra llegó incluso a alcanzar el 1% de su PNB. Debido a la crisis económica y a la crisis de migrantes, la cifra se ha visto reducida de nuevo al 0,7%.

A finales de siglo, Dinamarca se convirtió en uno de los primeros países europeos en desarrollar e implantar una ley para la integración de los extranjeros.

Giro a la derecha

En la atmósfera islamofóbica derivada del 11S, se celebraron en Dinamarca las elecciones generales en las que, por primera vez en sus 100 años de democracia, la derecha obtuvo la mayoría absoluta en el Parlamento.

El primer ministro, Anders Fogh Rasmussen, con el respaldo de la coalición formada por liberales y conservadores, modificó en 2002 la Ley de Integración de los Extranjeros con el objetivo de reducir el atractivo del país escandinavo de cara a los potenciales solicitantes de asilo. La ley del nuevo gobierno proponía, entre otras medidas: ampliar el plazo necesario para conseguir el permiso de residencia permanente de tres a siete años; negar el acceso a las ayudas gubernamentales hasta que no se consiguiera dicho permiso; forzar el retorno de aquellos refugiados que ya no fueran a ser perseguidos en sus países de origen porque la situación política hubiera cambiado; suprimir el derecho automático de reagrupación familiar; y expulsar inmediatamente a aquellos extranjeros a los que se les denegara la entrada en el país, en lugar del plazo de 15 días que estipulaba la anterior legislación.

Según los datos de ACNUR, en julio de 2014 había más de 320.000 refugiados eritreos en el mundo.

En noviembre de 2014, Human Rights Watch y la Agencia de la ONU para los Refugiados denunciaron un informe presentado por el Instituto Danés de Inmigración que sugería una revisión de las políticas de asilo para los refugiados provenientes de Eritrea. El estudio argumentaba que el Gobierno del país africano estaba aplicando una serie de medidas que permitirían que los refugiados que huyeron del país pudieran volver de manera segura, pero no solo no presentaba pruebas concretas sino que además, uno de los autores se desmarcó y dijo que no quería que su nombre figurase en el documento. Las duras críticas de la comunidad internacional obligaron al Servicio de Inmigración de Dinamarca a pronunciarse a través de un comunicado para asegurar que se estudiarían todas las solicitudes de asilo de refugiados eritreos sin tener en cuenta las conclusiones del informe.

Tras las elecciones generales de 2015 y en plena crisis de los refugiados sirios, el Ministerio de Inmigración, Integración y Vivienda danés publicó un anuncio en inglés y en árabe en cuatro periódicos libaneses con la intención de avisar a los potenciales solicitantes de asilo de las escasas posibilidades que tenían de obtener la residencia permanente.

El Parlamento de Dinamarca aprobó en 2016 una controvertida ley que otorgaba a las autoridades el poder para registrar a los refugiados y confiscar artículos con un valor inferior a las 10.000 coronas danesas (unos 1.340 euros). La coalición de centroderecha en el poder justificó semejante medida alegando que era la forma que tenía el Gobierno danés de cubrir la carga financiera que cada refugiado representa para el país. Asimismo, el parlamento anunció una reducción del 45% en las prestaciones sociales destinadas a refugiados e inmigrantes.

Ese mismo año, el Tribunal Supremo danés condenó a la activista y escritora Lizbeth Zornig Andersen y a su marido a pagar una multa de 3.000 euros cada uno por trasladar en su vehículo particular a una familia de refugiados sirios en su camino hacia Suecia a través de Dinamarca. Como ya contó infoLibre, la Justicia danesa condenó a tantas personas por ayudar a refugiados que surgió un movimiento social para recaudar dinero a través de diferentes plataformas de crowdfounding para que cualquiera pudiera colaborar en el pago de las multas. 

Clases de "valores daneses" 

El primer ministro, Lars Lokke Rasmussen, anunció en marzo de 2018 un paquete de medidas destinadas a a la eliminación de los guetos para 2023. Dinamarca es el único país que clasifica de manera oficial ciertas zonas urbanas como guetos, zonas en las que el desempleo supera el 40% y más de la mitad de sus residentes provienen de países no occidentales. Entre las medidas de Rasmussen destacaban las clases de "valores daneses": los niños a partir de un año tendrán que asistir durante al menos 25 horas a la semana a clases de instrucción para aprender las tradiciones danesas y el idioma; si los padres se niegan, se arriesgan a perder las prestaciones gubernamentales. 

El 31 de mayo de 2018, el Parlamento de Dinamarca votó a favor de prohibir el uso de prendas y objetos que cubran el rostro en espacios públicos; la medida se centra en el yihab y el burka, aunque también incluye las barbas postizas y las máscaras. Según la nueva ley, la policía puede ordenar a las mujeres que se quiten el velo o exigirles que se aparten de la vía pública; las multas por incumplimiento de la ley pueden llegar a alcanzar las 10.000 coronas. Para Amnistía Internacional, la prohibición “viola el derecho a la libertad de expresión y religión de las mujeres y las criminaliza por su elección de vestimenta”. El Gobierno danés y los partidarios de la ley argumentaron que la medida ayudará a la integración social ya que, para ellos, existía una presunta necesidad de garantizar que ninguna mujer se vea obligada a cubrirse el rostro.

Dinamarca despidió el año con el anuncio de la aprobación de un proyecto para convertir la isla de Lindholm en un centro de deportación para personas extranjeras en situación de “residencia tolerada”, es decir, migrantes declarados culpables de graves delitos que no pueden ser extraditados por peligro de tortura o ejecución en sus países de origen. Lindholm, situada en el mar Báltico y de 0,11 kilómetros cuadrados de superficie, alberga actualmente un crematorio y un laboratorio dedicado a la investigación de enfermedades contagiosas de animales.

El proyecto de remodelación durará cuatro años y supondrá una inversión de más de 100 millones de euros. A partir de 2021, la isla acogerá hasta 100 extranjeros a los que se les haya denegado el permiso de residencia o hayan sido condenados por violar el Código Penal y, aunque el Gobierno aseguró que no será una prisión, los extranjeros deberán pasar la noche en la isla so pena de ser encarcelados.

La isla Lindholm, situada en el mar Báltico y una superficie de 0,11 km2

La situación va a empeorar en 2019

El Parlamento escandinavo dio en diciembre el visto bueno al Proyecto de Ley de Presupuestos para 2019, que incluye iniciativas duramente criticadas por Amnistía Internacional por considerar que están destinadas a dificultar lo máximo posible las condiciones de vida de los solicitantes de asilo.

Una de esas iniciativas de la coalición en el poder pretende modificar la ley para mantener a los refugiados en estado de provisionalidad, lo que supondría pasar de la integración a la extradición. Otra de las iniciativas consiste en reducir el importe de las prestaciones sociales para las personas refugiadas que viven en Dinamarca, lo que se traduciría en una reducción de 2.000 coronas mensuales (unos 270 euros) para las familias monoparentales y 1.000 coronas mensuales (casi 140 euros) para las parejas. Además, el Proyecto de Ley contiene una propuesta para otorgar al Ministerio de Integración el poder para fijar el número máximo de personas refugiadas que podrían reunirse con sus familiares en Dinamarca cada mes.

En junio de 2019, los daneses tienen una cita con las urnas para elegir a sus representantes en el Parlamento. Aunque todavía faltan unos meses, los principales partidos ya empiezan a dibujar las líneas que seguirán sus programas electorales. El ultraderechista Partido Popular Danés pretende sacar a Dinamarca del Acuerdo de Schengen para acabar con el régimen de libre circulación.

Las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Foro Penal han advertido, en un informe publicado este miércoles, de que las fuerzas de seguridad venezolanas han detenido y torturado a decenas de militares y algunos de sus familiares acusados de conspirar contra el Gobierno del presidente del país, Nicolás Maduro, en los últimos años.

El informe de 10 páginas de HRW y el Foro Penal de Venezuela, que también acusa a las fuerzas de seguridad de torturar a civiles acusados de ayudar a un expolicía rebelde, sale a la luz cuando algunos países presionan al Tribunal Penal Internacional para que investigue al Gobierno por presuntos crímenes de lesa humanidad. En el informe se citan hasta 32 casos en los que personas detenidas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) o el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) fueron sometidas a golpes, intentos de asfixia con bolsas de plástico, cortes con hojas de afeitar en las plantas de los pies y descargas eléctricas.

"El Gobierno venezolano ha arremetido brutalmente contra militares acusados de conspiración", ha señalado el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco. Los agentes de inteligencia "no solo están deteniendo y torturando a militares, sino que en algunos casos también van tras sus familiares u otros civiles cuando no pueden encontrar a los supuestos responsables a quienes buscan", según ha añadido Vivanco.

En un caso citado en el informe, el día antes de que Maduro ganara la reelección el 20 de mayo del 2018 —unos comicios que los opositores y críticos consideran una farsa— oficiales armados sin identificación detuvieron a José Marulanda, compañero de una sargento del Ejército acusada de conspirar contra el Gobierno. Marulanda, un médico de 53 años, fue golpeado tan severamente en la cabeza en la sede de DGCIM que perdió la audición de su oído derecho, según ambas organizaciones.

Maduro ha acusado en reiteradas ocasiones a Estados Unidos y al Gobierno de Colombia de conspirar para derrocarlo. Funcionarios venezolanos también dicen que los grupos de Derechos Humanos minimizan actos violentos de la oposición, incluido una denuncia de incendiar a un hombre en una manifestación y atacar a la Policía con explosivos. Tanto HRW como Foro Penal han acusado previamente a Venezuela de torturar a opositores del Gobierno durante las protestas en 2017, en las que murieron más de 120 personas.

Sin embargo el informe publicado este miércoles, que documenta varios incidentes ocurridos en 2018, sugiere que el Gobierno está preocupado por la lealtad de los militares tras la crisis económica del país que provocó una ola migratoria sin precedentes. Más de 170 soldados fueron detenidos por traición, rebelión y deserción a principios de 2018, en comparación con los 196 en todo 2017, según varios documentos.

La Moncloa ha anunciado que, en su visita a Madrid, el presidente de China, Xi Jinping, y el de España, Pedro Sánchez, firmarán decenas de acuerdos económicos, culturales y de cooperación. No obstante, entre los múltiples asuntos comerciales, financieros, fiscales y geoestratégicos que se tratarán en la reunión entre ambos mandatarios no está previsto que en ningún momento se hable de un tema en el que el país asiático suspende con alarma: los derechos humanos. En su viaje a España, Xi Jingping ya ha sido recibido con honores militares —habitual en las visitas de Estado— por los reyes, se reunirá con Pedro Sánchez y esta mañana la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, le ha hecho entrega de las llaves de la ciudad. También está previsto que, tras un discurso en el Senado, las Cortes le entreguen las medallas de ambas cámaras.

En estas citas diplomáticas, China suele poner el acento en el carácter comercial y económico con la connivencia de unas democracias muy distanciadas del régimen de partido único y la violación de libertades que rigen la vida política del gigante oriental. En un informe reciente de la ONG Amnistía Internacional se denuncia, por ejemplo, la utilización del pretexto de la seguridad nacional para detener, procesar y condenar —con indicios de torturas o medidas como la incomunicación durante meses— a disidentes, artistas críticos o activistas que defienden los derechos humanos. El documento también es contundente a la hora de detallar las vulneraciones a derechos fundamentales como la libertad de expresión, religión o asociación, y pone de manifiesto las represivas políticas laborales y la exclusión que sufren en el país las minorías étnicas —como la tibetana o uigur—.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, le ha entregado este miércoles las llaves de la ciudad al presidente chino, Xi Jinping

En un régimen donde la pena de muerte es tan legal como opaca —la ONU lleva más de 40 años solicitando a China más transparencia en los datos de ejecuciones—, otro de los asuntos donde existen más restricciones es el derecho a la información. Tal y como arroja otro informe, de la ONG Human Rights Watch, la censura en Internet es sistémica. Miles de páginas web están prohibidas por el Gobierno —entre ellas conocidas redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram—, que en junio aprobó la Ley de Seguridad en Internet, consistente en someter a los cánones de censura del Estado chino a todas aquellas empresas que operen en el país. Así, por ejemplo, el buscador Google —que se ha adscrito a las directrices censoras chinas— omite automáticamente la información de las búsquedas que el Gobierno considera subversivas o peligrosas —como las protestas en la Plaza de Tiananmén en 1989—.

A principios de noviembre se conoció que el Gobierno chino trabaja en una especie de carné por puntos que valora a los ciudadanos en función de su comportamiento —se tendrán en cuenta, por ejemplo, acciones como fumar en sitios donde no está permitido o arrojar basura en lugares inapropiados—. Aunque China no ha aportado mucha información, la idea se basa en que, con una red de miles de cámaras, las autoridades chinas observarán a los ciudadanos en lugares públicos y sancionarán a aquellos que realicen acciones punibles —no se ha aclarado qué tipo de castigo conllevarían dichas acciones—. Desde Amnistía Internacional ya han avisado de que esta medida podría estar dirigida únicamente a ejercer más control social.

Visita esperada y sin polémica

A pesar de los continuos atropellos de derechos y libertades en China, la llegada de Xi Jinping a España no ha levantado protestas en la calle y la mayoría de medios están siendo complacientes. Todo lo contrario que cuando hace un año, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, visitó Madrid y la alcaldesa también le entregó las llaves de la ciudad. Entonces hubo bastante polémica —incluso días antes del viaje del dirigente israelí— por el conflicto con Palestina y la situación en los territorios donde Tel Aviv tiene desplegados asentamientos.

Ningún presidente chino había visitado España desde Hu Jintao en 2005. En mayo de 2017, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le trasladó a Xi Jinping la invitación de Felipe VI para venir a nuestro país, pero hasta ahora no se ha producido el viaje. Sin embargo Xi Jinping ya pisó brevemente suelo español en noviembre de 2016, cuando realizó una escala de unas horas en Gran Canaria durante la que mantuvo una reunión con la vicepresidenta del Gobierno en ese momento, Soraya Sáenz de Santamaría.

La Constitución de Argentina reconoce la jurisdicción universal para los crímenes de guerra, lo que significa que la Justicia puede investigar e imputar esos delitos sin importar dónde se cometieron, tal y como han manifestado grupos de defensores de los Derechos Humanos.

HRW ha señalado que su solicitud ha sido enviada al juez federal Ariel Lijo. Ni la oficina de Lijo ni la de la Fiscalía han respondido aún. Por su parte, la directora de la ONG para Oriente Próximo y África del Norte, Sarah Leah Whitson, ha manifestado que el grupo llevó el caso a Argentina porque el príncipe heredero asistirá esta semana a Buenos Aires, la capital del país, de cara a la celebración de la cumbre del G-20.

"Enviamos esta información a los fiscales argentinos con la esperanza de que investiguen la complicidad y responsabilidad del príncipe saudí por posibles crímenes de guerra en Yemen, así como la tortura de civiles, incluido Yamal Jashogi", ha manifestado.

Mohamed bin Salmán supervisa las fuerzas de seguridad saudíes y fue comandante de la coalición internacional en Yemen, tal y como indica la página web del Ministerio de Defensa de Arabia Saudí.

El Gobierno de Arabia Saudí también ha sido acusado de torturar y maltratar a ciudadanos saudíes, según ha denunciado HRW, que ha indicado que un grupo de mujeres activistas han sido torturadas mientras se encontraban bajo custodia policial desde el pasado mes de mayo.

"Si las autoridades de Argentina deciden investigar el caso esto supondría una fuerte señal de que incluso los altos cargos con poder como Mohamed bin Salmán no se encuentran por encima de la ley", ha aseverado Roth.

"El príncipe heredero saudí debe saber que podría enfrentarse a una investigación judicial si se atreve a viajar a Argentina", ha añadido

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha pedido a la Judicatura de Brasil y a otras instituciones clave que "resistan cualquier intento de socavar los Derechos Humanos, el estado de derecho y la democracia bajo el Gobierno" del nuevo presidente del país, Jair Bolsonaro.

Bolsonaro, un miembro del Congreso abiertamente pro-tortura, abiertamente fascista, ganó la segunda vuelta el 28 de octubre de 2018 y asumirá el cargo de presidente de Brasil el 1 de enero de 2019.

"Brasil tiene jueces independientes, fiscales comprometidos y defensores públicos, reporteros valientes y una sociedad civil vibrante", ha declarado José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

"Nos uniremos a ellos para enfrentar cualquier intento de erosionar los derechos democráticos y las instituciones que Brasil ha construido minuciosamente en las últimas tres décadas", ha añadido.

Bolsonaro derrotó al candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, después de una campaña marcada por la violencia política. Muchas de las víctimas eran lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT), mujeres y afro-brasileños, denuncia la ONG.

El 8 de octubre, un hombre apuñaló a muerte a un artista afro-brasileño, Romualdo Rosário da Costa, en Salvador, supuestamente después de que el hombre se enfadara cuando Da Costa reveló que había votado por Haddad en la primera ronda electoral.

Testigos dijeron que varios hombres gritaron el nombre de Bolsonaro durante una discusión con una mujer transgénero en São Paulo el 16 de octubre, y luego la mataron. El mismo Bolsonaro fue apuñalado durante un mitin en septiembre.

HRW denuncia además que, durante su carrera como congresista y como candidato presidencial, Bolsonaro ha respaldado prácticas abusivas que socavan el estado de derecho, defendió la dictadura del país y ha sido un defensor de la intolerancia.

Durante la campaña presidencial, Bolsonaro anunció que no aceptaría los resultados de las elecciones a menos que ganara, y amenazó con "disparar" a los partidarios del rival Partido de los Trabajadores amenazando incluso a los "proscritos de izquierda" que abandonen el país o irán a la cárcel.

Bolsonaro también ha expresado su deseo de duplicar el tamaño del Tribunal Supremo para poder incluir a personas que comparten sus puntos de vista. El compañero de carrera de Bolsonaro, el general retirado del Ejército, Antônio Hamilton Mourão, planteó la posibilidad de un "auto-golpe" por parte del presidente con el apoyo de las fuerzas armadas en caso de "anarquía".

Bolsonaro también ha respaldado prácticas abusivas que socavan el estado de derecho al declarar que la dictadura militar de Brasil (1964-1985) cometió un error al torturar a personas cuando debería haberlos matado, se refirió repetidamente a uno de los peores torturadores de la dictadura como un "héroe", y dijo que la Policía debería tener "carta blanca" para matar a los sospechosos criminales.

Bolsonaro ha hecho declaraciones abiertamente racistas, homófobas y misóginas. Ha comparado a los afro-brasileños con el ganado; ha llamado a refugiados "la escoria de la tierra"; dijo que preferiría que un hijo muriera en un accidente antes que ser gay; y le dijo a una congresista que no la violaría porque era "muy fea".

"Human Rights Watch supervisará de cerca la retórica y las acciones del gobierno de Bolsonaro", ha declarado Vivanco. "Continuaremos realizando la misma defensa rigurosa e independiente sobre los Derechos Humanos que hemos realizado desde hace décadas en pro de todos los brasileños, independientemente de su género, orientación sexual, raza, creencias políticas o religión".

El asesinato del periodista Yamal Jashogi en el consulado de Arabia Saudí en Estambul a principios de este mes ha situado a Turquía como árbitro investigador y mediador entre la postura intransigente del país árabe y las ambiguas acciones de varios países occidentales. Tras el anuncio de desaparición del periodista, Riad empezó negando tajantemente tener algo que ver con el asunto y aseguró que Jashogi salió vivo y por su propio pie del consulado. Después y ante la evidencia cada vez más clara de que el informador podría estar muerto, acabó admitiendo el “error” de su tortura y asesinato.  En cuanto a los países occidentales, se han limitado a condenar el asesinato y se han mostrado timoratos a la hora de implicarse en una investigación rigurosa debido a la influencia de Arabia Saudí sobre la exportación de petróleo y la importación de armas.

El Ejecutivo del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, inició las pesquisas nada más publicarse en los medios internacionales las sospechas de que Jashogi podría haber sido secuestrado cuando, el 2 de octubre, entró en el consulado saudí a formalizar los trámites burocráticos para casarse con su pareja —a la mujer, que lo acompañaba ese día, se le prohibió la entrada en el edificio—. Desde entonces, las averiguaciones de las autoridades turcas han hecho ir cambiando la versión oficial de Arabia Saudí, que ha terminado admitiendo el asesinato del periodista, muy crítico con el régimen y con el príncipe heredero de su país, Mohammed Bin Salman.

La implicación de Turquía por resolver un asesinato contrasta con el autoritarismo de Erdoğan que, entre otras violaciones de derechos civiles y libertades fundamentales, ha encarcelado a millares de personas y cientos de periodistas, despedido a miles de funcionarios críticos y censurado y cerrado decenas de medios de comunicación incómodos. Según denuncia un informe de Amnistía Internacional, desde golpe de Estado fallido durante el verano de 2016, casi 200 medios de comunicación —de izquierdas, pro kurdos o laicos— han sido cerrados por decreto y, conforme lo aportado por el Sindicato de Periodistas, se estima que en torno a 150 periodistas, muchos de ellos independientes, están encarcelados desde entonces a la espera de juicio y a algunos se los está encausando mediante retorcidos procedimientos que intentan asentarse sobre la base de leyes antiterroristas.

Violación constante de las libertades de prensa y expresión

Con 73 periodistas encarcelados en 2017, Turquía se alzó con el negativo galardón de ser el país del mundo con más profesionales de la información en prisión, y la persecución a la prensa crítica continúa. En febrero de este año seis periodistas fueron condenados a cadena perpetua, con cargos de pertenencia a la “estructura mediática” del movimiento islámico del antiguo aliado de Erdoğan, Fethullah Gülen, a quien Ankara culpa del golpe. Dos meses más tarde, en abril, otro tribunal sentenció a 15 trabajadores del diario opositor Cumhuriyet a penas de cárcel de entre tres y siete años. El pasado 4 de octubre, dos días después de la desaparición de Jashogi, Erdoğan aseguró durante un discurso por la inauguración del curso escolar que "con los medios de comunicación y esas cosas, no puede haber democracia".

A raíz del golpe, en Turquía han sido despojados de su puesto de trabajo en torno a 2.500 periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación y otros han sido detenidos por presuntos delitos de terrorismo tras compartir determinadas publicaciones en las redes sociales, dibujar caricaturas satíricas o expresar ciertas opiniones. Además, tal y como evidencia la ONG pro derechos humanos Human Right Watch, una orden judicial autorizó bloquear el acceso a Wikipedia y el Gobierno turco censuró y eliminó gran cantidad de contenido de la red social Twitter en el país.

Poder absoluto respaldado por la ley

El golpe malogrado también propició que el gobierno de Erdoğan llevase a cabo una purga de militares, funcionarios públicos y demás personal de la Administración, acusados de colaborar con los golpistas. Después de las detenciones y encarcelaciones masivas de los primeros días, se erigió la sospecha de que, en realidad, tal golpe había estado motivado desde el propio gobierno para, precisamente, apartar a personas e organismos críticos con las políticas del presiente turco.

El pasado mes de junio Erdoğan revalidó la presidencia de Turquía con el 52% de los votos pero más de un año antes, en abril de 2017, los electores aprobaron en referéndum una reforma de la Constitución que adecúa las instituciones turcas a un nuevo sistema de gobierno presidencialista que elimina la figura del primer ministro. Este cambio en la Carta Magna otorga numerosos poderes exclusivamente a la figura del presidente sin que tenga que pasar por el Parlamento, lo que algunos han interpretado como un recorte del estado de derecho y un menoscabo en la separación de poderes. Así, por ejemplo, el presidente podrá efectuar acciones de gobierno por decreto y la competencia en los nombramientos y destituciones de ministros y altos cargos de la función pública le competerán directa y únicamente a él.

El golpe de Estado como coartada

Desde aquella intentona golpista y hasta mediados de julio de este año, en Turquía ha estado vigente el estado de emergencia, cuya excepcionalidad ha permitido que se aprobaran medidas por decreto y sin ningún control parlamentario, y que finalmente ha sido sustituido por una ley antiterrorista mucho más restrictiva que la anterior. Escudado en la seguridad nacional y la protección institucional, en poco más de 2 años Erdoğan ha enviado a prisión preventiva a la espera de juicio a alrededor de 50.000 personas acusadas de pertenencia a la organzación terrorista FETÖ/PDY —designada así por el gobierno turco en referencia al movimiento islámico de  Gülen—, a quien se culpa de estar detrás del golpe fallido.

Con la coartada de aquel estado de emergencia, más de 130.000 funcionarios del país (15.000 solo en el Ministerio de Educación) han sido despedidos de forma sumaria y sin ningún proceso garantista por sospechas de vínculos golpistas y el sistema judicial, donde se detuvo hasta a un tercio de los jueces y fiscales de toda Turquía, permanece bajo una presión política extrema.

El Tribunal Supremo de India ha anulado este jueves la prohibición del sexo gay en el país que se remontaba la era colonial en un histórico fallo que ha sido recibido con júbilo por la comunidad LGTB india, que espera que allane el camino hacia el reconocimiento de la igualdad de derechos.

El Supremo ha anulado la Sección 377, que ilegalizaba el sexo consentido entre homosexuales y lesbianas y que se remontaba a hace 158 años. En 2013 se reintrodujo la penalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, que podían ser castigadas con hasta 10 años de cárcel.

"La comunidad LGTB tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano ordinario", ha defendido el presidente del Supremo, Dipak Misra, que ha presidido la sala de cinco magistrados que ha dictado la histórica sentencia.

Miembros de la comunidad LGTB india celebran el fallo del Tribunal Supremo de la India sobre las relaciones homosexuales en Bombay (India) | EFE

"Penalizar el sexo gay es irracional e indefendible", ha sostenido el juez, que ha defendido la necesidad de respetar a los demás y sus derechos. "Cualquier relación sexual entre dos adultos que consienten —homosexuales, heterosexuales o lesbianas— no puede considerarse inconstitucional", ha subrayado Misra.

Las dos mujeres malasias condenadas en agosto por supuestamente intentar mantener relaciones sexuales en un vehículo han recibido este lunes los seis varazos a los que fueron sentenciadas, según ha recogido el diario local New Straits Times.

Las mujeres, de 22 y 32 años, han sido azotadas con una vara de mimbre frente a cerca de cien personas, entre ellas el juez Mohd Zakri Wan Mohd y el presidente de la Asamblea Legislativa, Yahaya Alí.

La sentencia ha sido llevada a cabo en el Alto Tribunal de la Sharia de Terengganu, un estado conservador en el que gobierna el partido islamista opositor Partido Islamista Panmalasio (PAS).

Satiful Bahri Mamat, miembro del consejo ejecutivo del estado, ha detallado que "los procedimientos criminales según la sharia permiten al tribunal determinar dónde se llevará a cabo la sentencia y requiere que ésta sea presenciada por otros musulmanes".

Así, ha señalado que el castigo "no está destinado a torturar o causar daños", tal y como ha recogido la agencia británica de noticias Reuters. "La razón por la que es llevado a cabo en público es para que sirva de lección a la sociedad", ha zanjado.

Por su parte, la organización no gubernamental Amnistía Internacional ha dicho que la aplicación de la sentencia supone "un día espantoso" para los Derechos Humanos" en el país asiático.

"Infligir este brutal castigo a dos personas por intentar mantener relaciones sexuales consensuadas es un atroz revés a los esfuerzos del Gobierno por mejorar su historial de Derechos Humanos", ha manifestado Rachel Chhoa-Howard, investigadora de la ONG en Malasia.

En esta misma línea se han expresado los grupos locales Justicia para las Hermanas y Hermanas en Islam, quienes han pedido una revisión de las leyes que permiten que las mujeres sean latigadas o azotadas.

"Lo que ha tenido lugar (...) es un grave error y una parodia de la justicia", han resaltado, en medio del aumento de las preocupaciones por el incremento de la intolerancia contra miembros de la comunidad LGTBI en el país.

Malasia, con 32 millones de habitantes, cuenta con un doble sistema legal en el que las leyes civiles conviven con las doctrinas marcadas por la comunidad islámica e incluso por las familias. La sodomía es un delito castigado con hasta 20 años de cárcel, aunque su aplicación no es frecuente.