Siempre nos quedará París. Es probablemente la frase más inmortal de la historia del cine. Cuatro palabras que pronuncia Rick instantes antes de despedirse de Ilsa en el aeropuerto de Casablanca al final de la mítica película de 1942. Cuatro palabras que resumen la melancolía de un pasado perdido, de un amor que fue pero nunca más será y de todos los recuerdos concentrados en la ciudad. El personaje interpretado por Humphrey Bogart se despide así de ese mundo pasado, pero sabiendo que todo lo vivido perdura, inmutable pese a las circunstancias. Una nostalgia que también retrata Stefan Zweig, esta vez recurriendo a la Viena de finales del siglo XIX y principios del XX, en su libro El mundo de ayer, todo un canto a la nostalgia y al tiempo pasado que, como siempre, pensamos que fue mejor.

En esas utopías pretéritas no cabe esperanza alguna para la recuperación. Rick no volverá a reencontrarse con Ilsa, a la vez que Zweig nunca volvería a ver esa Viena que añoraba. Una sensación tan poderosa que llevó al autor a suicidarse en Brasil, seguro de que los nazis triunfarían y acabarían con todo lo que un día fue suyo. Sin embargo, hay algunas utopías que se resisten a morir. En la década del auge de la extrema derecha en todo el mundo, con una Francia que parece dirigida irremediablemente hacia el precipicio de una presidencia dirigida por Rassemblement National (RN), París resiste. 

La capital francesa se ha erigido como una extraña aldea de irreductibles galos que decide seguir viviendo en una ciudad con una configuración partidista más propia del siglo pasado que de este. Las elecciones municipales solo han sido una nueva confirmación de que París sigue siendo una excepción en las tendencias ultras que amenazan Francia. Si alguien busca en los resultados de la segunda ronda los votos que sacó RN no encontrará absolutamente nada. El partido de Marine Le Pen ni siquiera pudo concurrir a esa fase de los comicios después de que solo les votaran 13.000 personas, un exiguo 1,61% de los votantes. 

Para completar el desastre, RN quedó incluso relegado por detrás del otro partido de extrema derecha, Reconquête (REC), fundado por el polemista Eric Zemmour. Sin embargo, tampoco ellos tuvieron mucha suerte, tan solo lograron 84.809 votos, apenas unas décimas por encima del 10% necesario para pasar a segunda vuelta. Ante las nulas posibilidades de conseguir la alcaldía, REC decidió renunciar y ni tan siquiera presentarse, dejando esa fase definitiva sin ningún representante de la extrema derecha. Algo insólito y que parece de ciencia ficción en un país donde las encuestas dan a Jordan Bardella, actual presidente de RN y sucesor de Le Pen ante su posible inhabilitación, favorito para las presidenciales, tanto en primera como en segunda vuelta.

Mientras tanto, dos partidos a los que durante estos años se les ha dado por muertos en el escenario internacional son completamente hegemónicos. Por un lado, el gran triunfador, el Partido Socialista (PS), que pese a las polémicas y el desgaste por su apoyo a Sébastien Lecornu, ganó de forma incontestable en París. Su candidato, Emmanuel Grégoire, recogerá el testigo de Anne Hidalgo con una fuerza de 428.143 votos y más de un 50% en la segunda ronda. Por otra parte, Les Républicains (LR), la antaño derecha gaullista y el partido de Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy, ahora galvanizada por la extrema derecha, logró en París un buen resultado comparado con su situación nacional, quedando segunda con un 41% de los votos en segunda ronda para su candidata, Rachida Dati. 

Ambos partidos históricos aglutinaron en primera ronda el 63% de las papeletas, ampliándose —por las retiradas en segunda— al 91%. Un bipartidismo casi perfecto. No es algo nuevo en la ciudad del amor. En prácticamente todas las elecciones ambas formaciones han sido primera y segunda fuerza, incluso en 2020, cuando el macronismo era una formación muy relevante en la capital, LR pudo aguantar con dos puntos de ventaja en la primera vuelta, un margen que subió a los 11 en la segunda. En cuanto a los socialistas, llevan gobernando de forma ininterrumpida en este siglo, siempre con ventajas cercanas a los 10 puntos en segunda ronda. 

Pero ¿por qué sucede esto? Los expertos lo atribuyen a muchos factores, pero uno de los más importantes es el dominio ideológico que los socialistas han logrado establecer en París. “Existe una cierta hegemonía alrededor de un conjunto de políticas públicas y de una visión de la ciudad que Hidalgo terminó de cristalizar durante su anterior legislatura. No hay que negar que todo el tiempo que llevan los socialistas ha hecho que se establezcan una serie de consensos que, por ejemplo, la izquierda no ha sabido implantar en otros lugares como Madrid”, afirma Marc Sanjaume, profesor de Ciencias Políticas en la Universitat Pompeu Fabra. 

Entre esas políticas puestas en marcha por Hidalgo están la reducción al máximo posible del uso del coche con la peatonalización de zonas icónicas como los bordes del Sena, la promoción del uso de la bicicleta y dotar a la ciudad de espacios verdes. Un modelo de ciudad que, pese a las divisiones que suscitó en la urbe y el desgaste de la propia alcaldesa, parecen haber permeado a los parisinos, volviendo a dar su apoyo al sucesor de Hidalgo.

“El PS, pese a su crisis, ha aguantado muy bien estos años en las municipales, y tiene alcaldías muy importantes por toda Francia. En el caso de París, Grégoire se ha aprovechado del impulso de Hidalgo y de sus políticas, de hecho, el electorado de izquierdas ha votado masivamente la continuación de estas. El parisino que vive en el centro— quizás no tanto el de la periferia, que no vota— ve que su ciudad es mucho más ‘vivible’ que hace unos años, y aprueba la transformación radical que ha implementado Hidalgo”, describe Guillermo Fernández Vázquez, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid.

Otro de los factores más determinantes para que se dé esta “isla” es la espectacular división entre lo rural y lo urbano en Francia. Es cierto que en muchos países se han visto grandes cambios en la forma de votar entre las ciudades más grandes y los pueblos, pero quizás en el país galo es uno de los sitios donde este fenómeno se vuelve más radical. “Es una división que en Francia es tremenda. El país vive de unos polos urbanos de mucha modernidad, como puede ser París, pero eso convive con lugares que están completamente abandonados y con unos servicios públicos muy deficientes”, señala Sanjaume.

Para Fernández Vázquez, hay otra cuestión clave: el apellido Le Pen nunca ha tenido éxito en la capital. “Aunque Jean-Marie y Marine proceden de Bretaña, ambos se establecieron en París. Y lo curioso es que son las dos regiones donde peor les ha ido. Hay factores culturales que son determinantes para su poco éxito y que vienen de la estigmatización constante que ha tenido el partido en la ciudad. La gente que les votaba no lo decía en alto, lo escondía… y en buena medida eso les hacía ser una formación poco reconocible en París”, comenta Fernández Vázquez. En este sentido, es determinante atender a la composición interna de la capital. La ciudad de las luces es un lugar étnicamente diverso y multicultural, una idiosincrasia que choca completamente con los postulados antiinmigración de RN.

Sin embargo, ese mensaje sí es muy efectivo en esos lugares de Francia que no tienen el dinamismo económico de París. Del sentimiento de abandono que aflora en estos lugares fuera del área parisina se alimenta buena parte del discurso de la extrema derecha, que coloca a París como un lugar lleno de élites alejadas de la realidad del francés de a pie. “RN ha sabido detectar muy bien ese apego al territorio que tienen muchos franceses en contra de París, a la que ven como un nido de urbanitas, símbolo de buena parte de las cosas que odian, como por ejemplo las medidas ecológicas”, describe Sanjaume.

En este sentido, en Francia opera muy bien una lógica que también se ha visto en EEUU y que tiene que ver con la dialéctica de ganadores y perdedores de la globalización. “Existe una clase social, que suele vivir en las ciudades y particularmente en París, que ha visto cómo sus sueldos han subido, viven bien y disfrutan de esos privilegios. Mientras tanto, hay un conjunto de la población de las ciudades pequeñas y medianas y los pueblos cuyo nivel de vida ha ido bajando más y más”, explica el politólogo de la Universitat Pompeu Fabra. Ese resentimiento ha nutrido a RN y es uno de los factores clave para explicar su auge, pero ese discurso no tiene público en el lugar que precisamente usa como símbolo de esas élites que están hundiendo a los franceses rurales.

Otra de las cuestiones que explican el aguante de la izquierda en París es que en los barrios con la renta más baja los votantes no están apoyando, como sucede en otros lugares, a RN, sino que la izquierda ha sido capaz de canalizar ese descontento. En esos distritos más pobres, es llamativo cómo La Francia Insumisa (LFI) llega a superar el 20% de los votos, mientras que la extrema derecha continúa en números bajos. “El partido de Mélenchon está logrando un éxito tremendo entre la Francia más multicultural, la de origen migrante reciente. Ese grupo, con salarios bajos y renta pobre, ha sido uno de los sectores más abstencionistas. Pero LFI está sabiendo politizar y haciendo que voten. Eso solo lo está sabiendo hacer Mélenchon”, describe Fernández Vázquez. 

Sin embargo, y aunque los Le Pen no hayan tenido ningún éxito, Fernández Vázquez señala que el resultado de REC sí es reseñable. El de Zemmour es un partido aún más a la derecha que RN, pero con una composición demográfica y socioeconómica distinta que explica sus mejores números. “REC ha recibido el apoyo de una parte de los votantes de la derecha tradicional, de sus medios de comunicación y de los empresarios. Su electorado coincide con la parte de la sociedad más rica. Es un fenómeno difícil de explicar porque, a pesar de tener propuestas más radicales que RN, su grueso de apoyo está en los sectores más acomodados, bien vistos e integrados. Es esa ‘derecha del dinero’ la que les ha votado hasta el punto de pasar a la segunda ronda en un sitio tan hostil”, comenta Fernández Vázquez.

La única ciudad grande que se sale de este marco es Niza, donde RN, por medio de su alianza con el partido Unión de la Derecha por la República, del exlíder de LR Eric Ciotti, ha logrado la alcaldía. Sin embargo, una vez más, hay matices. “La gente identifica a Ciotti, pese a su deriva actual, con una derecha más tradicional, no tan demonizada como RN, lo que hace que pueda tener más éxito”, comenta Sanjaume. Además, el electorado de la Costa Azul, asegura Fernández Vázquez, es algo diferente al de otros que apoyan a RN: “Son unos votantes pertenecientes a una derecha de clase media-alta, conservadora en lo moral, antiimpuestos y obsesionada con la seguridad y la inmigración. En esos lugares hay mucho peso de clases acomodadas que estaban muy preocupadas por la llegada de los argelinos y por otros sectores que se sentían traicionados por la Francia oficial precisamente por la pérdida de Argelia”, zanja el politólogo.

París y Marsella, las dos ciudades más importantes de Francia, siguen en manos de socialistas que se negaron a aliarse con candidatos de La Francia Insumisa (LFI) y se erigieron como dique de las derechas, mientras que otros compañeros de filas cosecharon en las municipales de este domingo escasos frutos de sus pactos con el partido de izquierdas, según recoge EFE.

"París será el corazón de la resistencia contra la extrema derecha", dijo el nuevo regidor de la capital, Emmanuel Grégoire, que durante años fue número dos de la alcaldesa Anne Hidalgo y que prolongará el control de la ciudad por su partido que se inició hace 25 años, tras batir a la exministra conservadora Rachida Dati, quien contaba con el apoyo explicito de la extrema derecha.

Grégoire, que será investido el próximo fin de semana, hizo una lectura nacional de su victoria, de cara a las presidenciales del año próximo que auguró "violentas y cruciales" y en las que fustigó la alianza de la derecha tradicional con la ultraderecha que, a su juicio, "se perfila". 

"Han caído las máscaras y hay que denunciar esas alianzas para ganar unos puntos", dijo Grégoire, quien, tras su discurso, salió a recorrer la ciudad en bicicleta, un paseo retrasmitido en directo por televisión, a una de las cuales dio su primera entrevista de la noche mientras pedaleaba hasta el Ayuntamiento para fundirse en un abrazo con Hidalgo, quien le dio la llave de la ciudad, ante una multitud.

El primero en hacer un diagnóstico sombrío fue el secretario general del Partido Socialista (PS), Pierre Jouvet, que acusó al partido de Jean-Luc Mélenchon de "hacer perder a la izquierda", en bastiones socialistas -como Clermont-Ferrand o Limoges- o verdes -como Poitiers y Besançon-, cuyos alcaldes salientes habían fusionado sus listas con LFI. 

"Estos resultados son un fracaso del enfoque de la dirección del Partido Socialista", declaró el expresidente François Hollande.

El líder del partido, Olivier Faure, apeló a la reflexión y criticó a la izquierda radial por su discurso de ruptura, al tiempo que señaló que el PS "es el principal de la izquierda francesa", con la vista puesta en las presidenciales.

"El Partido Socialista nos arrastró con él", se quejó Mélenchon, al asegurar que LFI ha "salvado a muchas listas de la vieja izquierda tradicional": "Somos una fuerza útil donde otros son simplemente oportunistas sin rumbo", declaró. 

Sí que fueron determinantes los pactos con el partido de Jean-Luc Mélenchon para los socialistas en Nantes y para los ecologistas en Lyon -donde ganaron con solo 3.000 votos de diferencia, según datos ya oficiales-, pero la ola ecologista de 2020 se desinfla y pierde Burdeos, Estrasburgo, Poitiers y Annecy. 

LFI, que se presentaba por primera vez a las municipales, se adjudicó su principal victoria el pasado domingo en la primera vuelta, al hacerse con la segunda ciudad más importante de la región parisiense, Saint-Denis, con 150.000 habitantes, muchos de ellos salidos de la migración, como el flamante alcalde Bally Bagayoko, francés de origen maliense que asumió este sábado el cargo con un baile, ya viral. 

Este domingo sumó Roubaix, y otras muchas ciudades de los cinturones urbanos de París y Lyon, que acogen mucha población inmigrante.

Aunque la extrema derecha logró conquistar Niza con la victoria de Éric Ciotti, aliado de Marine Le Pen, en la quinta mayor ciudad de Francia, no pudo hacerse con el trofeo de Marsella.

De esa manera, Niza, la villa mediterránea, con 360.000 habitantes, pasará a convertirse en el mayor bastión de la extrema derecha gala, que también sumó ciudades como Carcasona, Orange, Castres o Carpentras a sus ya feudos como Perpiñán. 

No logró, sin embargo, imponerse en otros municipios del área mediterránea como Toulon o Nîmes.

"Esta es una gran victoria y una confirmación de la estrategia de implantación local de la Agrupación Nacional", dijo Marine Le Pen, en su cuenta de X.

También su mano derecha y presidente del partido, Jordan Bardella, celebró las victorias, con unos 1.300 alcaldes elegidos en todo el país bajo sus siglas en esta segunda vuelta, lo que representa "el comienzo de una alternancia que deberá, mañana, encarnarse a escala nacional", dijo con la mirada puesta en las presidenciales de 2027.  

La participación, según los sondeos, se situó en el 57% del censo, lo que supondría una abstención récord si se excluyen las elecciones de 2020, celebradas en plena pandemia, cuando fue del 41,86%. En 2014 votó el 62,13% de los inscritos en la segunda vuelta de las municipales y en 2008, el 65,24%.

Durante años, se nos ha repetido que la ultraderecha avanza como una fuerza inevitable, casi como un fenómeno natural. Pero la historia reciente demuestra justo lo contrario: cuando las sociedades se organizan, cuando la política responde y cuando la democracia se defiende con decisión, el voto ultra se contiene, se reduce o queda encapsulado en los márgenes.

Hoy en España sabemos que una parte sustancial de los votos a Vox es un grito de protesta, no una adhesión ideológica profunda. Eso no lo hace menos preocupante, pero sí más manejable. Un voto de protesta no es una condena: es una alerta. Y esa alerta, si se escucha bien, puede convertirse en una oportunidad para renovar la democracia.

Francia fue uno de los primeros laboratorios de esta reacción democrática. En 2002, cuando Jean‑Marie Le Pen se coló en la segunda vuelta presidencial, el país entero se sacudió. La respuesta fue un frente republicano amplio: votantes de izquierdas apoyando a Chirac, carteles improvisados llamando a parar a la extrema derecha, manifestaciones masivas. El mensaje fue nítido: con la democracia no se juega. El Frente Nacional no desapareció, pero quedó claro que una mayoría social estaba dispuesta a levantarse cuando veía en riesgo el pacto democrático básico.

Dos décadas después, la película se repite con Marine Le Pen. Llega a la segunda vuelta, acaricia el poder, pero se encuentra de nuevo con un muro de contención. Ese muro no son solo los partidos: son también millones de ciudadanos que, sin entusiasmarse con Macron, asumen que hay líneas que no se cruzan. No es épica de película; es un recordatorio muy práctico de cómo se frena, de forma pacífica, a la ultraderecha: con votos, con acuerdos, con movilización.

Alemania ofrece otro ejemplo clave. La AfD ha capitalizado el malestar económico, el resentimiento territorial y el rechazo a las políticas migratorias. Sin embargo, ha chocado con una decisión firme del resto de partidos: no pactar con ellos, no blanquearlos con gobiernos compartidos, obligarse a grandes coaliciones incómodas antes que abrirles la puerta del poder. Ese cordón sanitario no elimina a la AfD, pero envía un mensaje concreto al votante de protesta: tu enfado se escucha, pero este camino no lleva a gobernar el país.

En España, la historia está todavía escribiéndose, pero ya hay señales importantes. Vox irrumpe con fuerza a partir de 2018, aprovechando la fatiga, la polarización territorial y la sensación de abandono de amplias capas sociales. Sin embargo, su crecimiento tiene techo. En unas elecciones tras otras se constata que, cuando la posibilidad de un gobierno junto a la ultraderecha se vuelve real, una parte relevante del electorado se activa para impedirlo. Sucede entre votantes progresistas, pero también entre sectores moderados que pueden preferir políticas conservadoras, pero no un salto atrás en derechos y libertades.

Lo mismo hemos visto al otro lado del Atlántico. Jair Bolsonaro llegó al poder en Brasil a lomos del hartazgo y la indignación. Pero no era invencible. En 2022, una coalición amplia, unida por la defensa de la democracia y por la promesa de políticas sociales concretas, consiguió derrotarlo en las urnas. No fue una batalla de eslóganes, sino una disputa sobre el tipo de país que querían ser: uno encerrado en el odio o uno que intentaba, con todas sus contradicciones, reconstruir la cohesión social.

Todos estos casos tienen algo en común: el voto ultra se debilita cuando la política deja de mirar hacia otro lado y abandona la comodidad del gesto vacío. Funciona cuando hay tres movimientos simultáneos.

Primero, acuerdos claros entre fuerzas democráticas para trazar líneas rojas. No se trata de demonizar al votante, sino de fijar límites a quienes quieren dinamitar las reglas del juego desde dentro. Ese compromiso tiene un coste, exige renuncias y coaliciones incómodas, pero sostiene la credibilidad del sistema.

Segundo, renovación real de la oferta política. El voto de protesta no se va a evaporar escuchando discursos moralistas. Hace falta que las opciones democráticas se parezcan menos a un club cerrado y más a una puerta abierta: nuevas caras, nuevas agendas, nuevas formas de escuchar. 

Y tercero, respuestas tangibles a los agravios que alimentan el enfado. No basta con llamar “facha” al votante que llega justo a fin de mes, que vive con miedo a perder el trabajo o que siente que nadie le mira a la cara. Hay que hablar de vivienda, de barrios abandonados, de sueldos que no dan para una vida digna. Hay que demostrar, con políticas concretas, que la democracia sirve para algo más que para votar cada cuatro años.

Mirar estos ejemplos no es un ejercicio académico, es un espejo. Si tres de cada cuatro votos a una formación ultra son un voto de protesta, la pregunta no es solo “¿cómo lo frenamos?”, sino “¿qué hemos hecho para empujar a tanta gente a ese lugar?”. La buena noticia es que la historia reciente prueba que hay margen. Que el miedo no es el único relato disponible. Que se puede disputar ese voto no desde la condescendencia, sino desde el respeto y la firmeza.

La ultraderecha no es una ola imparable. Es la consecuencia de heridas abiertas. Y las heridas, cuando se atienden, cuando se escuchan, cuando se curan con políticas justas y con un relato de futuro compartido, dejan de sangrar. Lo que hagamos con ese voto de protesta hoy definirá si mañana seremos un país más encerrado en sus fantasmas o una sociedad madura, capaz de mirarse de frente y reconstruirse sin dejar a nadie tirado. La elección está abierta. Y, por fortuna, sigue estando en nuestras manos.

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José González Arenas es Secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

El juicio en Apelación contra Marine Le Pen por presunto desvío de fondos del Parlamento Europeo quedó este miércoles visto para sentencia, que será pronunciada el 7 de julio y que puede marcar el futuro político de la líder ultraderechista francesa, informa EFE.

Del veredicto dependerá que pueda encabezar una cuarta candidatura al Elíseo en las presidenciales previstas en 2027, para las que es la máxima favorita según los sondeos tras haber sido finalista en las dos últimas citas con las urnas, derrotada por el centrista Emmanuel Macron.

Le Pen, que rehusó hacer una última declaración ante el tribunal, aseguró en una breve declaración a los periodistas en el interior de la sala que "cuanto antes" se conozca la sentencia "mejor".

Condenada en primera instancia a cuatro años de cárcel, dos exentos de cumplimiento y el resto en arresto domiciliario, y a cinco de inhabilitación con aplicación preventiva, aspira a recibir una condena más ligera que le permita presentarse a las presidenciales.

A ello han dedicado sus esfuerzos durante la última jornada del juicio sus abogados, en seis horas de alegatos en los que han puesto la presión sobre los magistrados del tribunal: "Deben tomar una decisión jurídica con repercusión política", dijo su abogado Rodolphe Bosselut. En su alegato, aseguró que será "el último veredicto" contra su clienta y lo consideró "vertiginoso" para la corte: "En sus manos reposa la obra de su vida".

"Ha sacrificado su vida a la política y las elecciones están en el interés mediático de su veredicto", aseguró el letrado, que pidió al Tribunal de Apelación que no tenga en cuenta el "listón alto" fijado por los jueces de primera instancia.

Argumentos que rechazó el abogado del Parlamento Europeo, Patrick Maisonneuve, que ejerce la acusación particular y que consideró que "si bien el contexto político existe" el tribunal debe "pronunciarse sobre los hechos".

Los abogados de Le Pen insistieron en la línea de defensa establecida desde el primer día: si hubo delito, no hubo voluntad de cometerlo. "No se puede dejar de lado la buena fe" de mi clienta, afirmó Bosselut, quien hizo hincapié en la falta de alerta del Parlamento Europeo y en la transparencia total de su clienta.

Aseguró que Le Pen "no podía saber en el momento de los hechos que años más tarde sería acusada de desvío de fondos" y recordó que reconoció que "los asistentes parlamentarios pudieron trabajar para el partido", pero que "nunca tuvo voluntad de ocultarlo".

A ello añadió la que a su juicio fue una ausencia de demostración de que fuera ella quien ordenara un "sistema" que según la acusación había heredado de su padre para pagar con fondos de la Eurocámara a empleados que, en realidad, trabajaban para el partido.

Un sistema que entre 2004 y 2016 permitió desviar varios millones de euros y por el que la Fiscalía pidió en Apelación el pasado día 3 cuatro años de cárcel, tres de ellos exentos de cumplimiento, y cinco de inhabilitación aunque sin aplicación preventiva.

La defensa se obstinó en destacar la debilidad de las pruebas presentadas sobre ese "sistema", una serie de mensajes internos que apuntaban a las órdenes directas de Le Pen y una reunión de todos los eurodiputados de la que solo existen testimonios indirectos.

Aunque oficialmente los abogados de la defensa pidieron la absolución de su clienta, sus alegatos iban dirigidos a obtener una pena más ligera que la de primera instancia, que le permita lanzar una cuarta candidatura al Elíseo.

Algo difícil de concebir en caso de una condena fuerte, aunque Le Pen tendría todavía la oportunidad de recurrir ante el Supremo, que se pronunciaría antes de fin de año.

Pero la líder ultraderechista ya ha asegurado que no esperará a esa última instancia para mantener su candidatura o retirarse en favor de su delfín, el joven Jordan Bardella, de 30 años, también favorito en los sondeos. Su abogado abundó en esa misma idea hoy. 

Durante siglos, la monarquía francesa ungía al heredero al trono con el título de delfín. Pese a que los reyes ya no existen en Francia desde hace mucho tiempo, ese sobrenombre se sigue usando para referirse al heredero de una gran figura política. Paradójicamente, muy pocas veces estos delfines tienen éxito. Ni Luis XIV, ni Napoleón ni ya más recientemente François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing ni tampoco Nicolas Sarkozy o François Hollande, tuvieron sucesores que pudieran ganar las elecciones tras ellos. Ahora, el último que se enfrenta a esa maldición del delfín en Francia es Jordan Bardella, el joven heredero de Marine Le Pen al frente de Rassemblement National (RN).

El nombre de Bardella no es ni mucho menos nuevo. Procedente de un pobre suburbio de París e hijo de inmigrantes italianos, el joven de tan solo 30 años empezó a hacer carrera en el partido de extrema derecha desde que era prácticamente adolescente. Con su imagen amable, pausada y con un estilo que difiere del de buena parte de los líderes de extrema derecha mundial, Bardella pronto se hizo con el sobrenombre del “yerno perfecto”, transformándose en la cara amable de un partido que cada vez da menos miedo a los franceses. Bardella fue el candidato por primera vez en las elecciones europeas de 2019, que ganó, y siguió su ascenso meteórico con su nombramiento como presidente del partido en 2021. En 2024 volvería a ser candidato por partida doble, de nuevo a los comicios comunitarios y después a las legislativas anticipadas de unos meses más tarde.

El éxito electoral de Bardella en ambas citas fue innegable. En las europeas su victoria con el 31% de los votos obligó a Macron a dar un fallido golpe de timón, y solo unos meses después logró que la extrema derecha en Francia ganara la primera ronda de las legislativas por primera vez en su historia. Solo una unión de todas las fuerzas republicanas le privó de la victoria en la segunda, quedando en tercer puesto. Sin embargo, ahora Bardella está obligado a ir a por el premio gordo. La inhabilitación de Le Pen por el escándalo de los fondos del Parlamento Europeo deja al yerno perfecto solo ante el peligro como el candidato de la formación en la carrera al Elíseo.

Muchos anticipaban que el cambio de Bardella por Le Pen iba a ser un mero cambio de cromos. Una cara por otra por obligación que realmente no modificaría nada sustancial en la ideología del partido. Incluso, para algunos el joven presidente iba a ser un mero apéndice de su mentora, cuyo apellido y peso político le valdrían para continuar, pese a su inhabilitación, controlando el partido. Pero los últimos acontecimientos no parecen anticipar que Bardella sea un mero títere en manos de Le Pen, justo al contrario, el joven candidato podría tener la llave para llevar a RN al siguiente nivel. 

Ciertamente, aún queda más de un año para las presidenciales y es pronto para hacer cábalas de cómo podría ser el programa del partido de extrema derecha, tal y como advierte Francis Ghilès, investigador senior asociado del CIDOB, sobre todo aún sin saber el resultado de la apelación de Le Pen. Pero Bardella está comenzando a tener gestos disonantes con la línea tradicional de la formación, y ha empezado a hacerlos por un lugar que, pese a quizás no tener tanta importancia electoral, sí tiene un gran peso simbólico: la geopolítica. Y es que, especialmente desde la entrada de Marine Le Pen, el partido ha sido sinónimo de cercanía a Rusia. Famosos son los 9 millones que el entonces Frente Nacional cobró de un banco ruso en forma de préstamo y que la hija del fundador trató de desvincular una y otra vez de Vladimir Putin. 

Ahora, Bardella parece querer matizar esa posición histórica. Pese a que desde la invasión de Ucrania RN ha moderado sus posturas con respecto a Rusia, el joven ha dado un paso más allá y ha pasado a condenar claramente “sin la menor ambigüedad” las acciones de los rusos. “El nacionalismo conservador de Putin es muy atractivo para RN, porque en cierta forma se sentían muy vinculados a él. Sin embargo, al final era una carta que el resto de partidos usaban constantemente para atacarlos, algo que se incrementó tras la invasión de Ucrania, de la que la población francesa está profundamente en contra”, comenta Ghilès.

Pero no solo en ese lado Bardella ha cambiado el discurso. El otro gran volantazo de RN, aunque en este caso sí más seguido por Le Pen, es el que tiene que ver con Donald Trump. Si bien el partido de extrema derecha, tal y como explica Jean-Baptiste Harguindéguy, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Pablo de Olavide, ha mantenido una postura ‘gaullista’ consistente en que Francia debe tener su propia posición internacional alejada de la influencia de EEUU y de Rusia, el volantazo contra el magnate es evidente. El partido ha pasado de alabar y de poner a Trump como ejemplo a condenar agresivamente sus acciones, especialmente con respecto a la anexión a Groenlandia y al secuestro de Nicolás Maduro.

Bardella, de hecho, ha ido un paso más allá, llegando a pedir a Europa que se uniera frente al presidente de EEUU: “Lo que ocurre hoy en Groenlandia es para Europa una prueba de poder y de verdad. Hay que elegir, o aceptar el vasallaje o volver a ser actores soberanos, capaces de defender nuestros intereses y nuestra integridad”, dijo Bardella en el Parlamento Europeo. Un discurso que parecería de ciencia ficción hace unos pocos años. 

“Es algo que puede sorprender, pero tiene sentido y no es tan sorpresivo si atendemos a la tradición soberanista que tiene la extrema derecha francesa. En esa soberanía sagrada de Francia hay que buscar la oposición a Bruselas pero también a grandes empresas internacionales que, según RN, atentan contra ella. Cuando ahora salen a criticar lo que hace EEUU es congruente con ese historial”, señala Guillermo Fernández Vázquez, politólogo de la Universidad Carlos III y autor del libro Qué hacer con la extrema derecha: el caso del Frente Nacional.

Pero, ¿es ahora el RN de Bardella otanista y proeuropeo? “Es puro tacticismo electoral. El delfín de Le Pen ha sacado enseñanzas del pasado y de todo lo que ha ido fallando a lo largo de los años y lo está cambiando. RN ha tenido siempre una posición pragmática y posibilista en las relaciones internacionales. Durante esta última década pasaron de pedir la salida de la UE y la vuelta al franco a que un marco en el que estas demandas han desaparecido completamente. Este es un paso más en ese camino. Es un giro que no responde a convicciones ideológicas profundas, sino que es más bien un paso más en la estrategia de desdiabolización del partido”, comenta Harguindéguy, que también señala que los temas internacionales normalmente no han interesado demasiado a los votantes lepenistas, aunque ahora que el partido está tan cerca de gobernar, RN debe tomar una posición que será, si ganan, la de Francia.

Con todo, esta tensión geopolítica es solo la punta de un iceberg que podría cambiar a la extrema derecha francesa tal y como la conocemos. Dentro de RN hay una tensión entre un bloque más joven liderado por Bardella y que quiere dar otro giro al partido y la vieja guardia tradicional del antiguo Frente Nacional, más próximos a Le Pen. “Bardella viene de una corriente mucho más identitaria que su antecesora en la presidencia de RN. Le Pen añadió al partido un peso más social y una mayor conexión con minorías y mujeres. Mantuvo ese corazón antiinmigración y nacionalista, pero ampliando su base y modernizando el partido”, comenta Fernández Vázquez.

Sin embargo, Bardella tiene otros orígenes. Está mucho más centrado, explica el politólogo, en preservar la identidad nacional francesa y unos valores conservadores y tradicionales que quizás durante mucho tiempo no estuvieron en el centro de RN de Le Pen. “Pone su énfasis en teorías como el gran reemplazo o se fija en cuestiones como el conservadurismo moral. Por ejemplo, Bardella reivindica mucho el cristianismo, no tanto como religión sino como herencia cultural de Europa”, continúa. 

Otra de las cuestiones fundamentales en esta pugna interna es la económica. Para Ghilès este es el aspecto que decidirá las próximas elecciones en Francia y precisamente en el que RN no es fiable a ojos de los franceses. “Bardella apenas tiene experiencia, y los desafíos a los que se enfrenta son enormes. Tiene que bajar la deuda y arreglar la situación por la que está pasando Francia. En los debates puede mentir, pero los números no mienten y es evidente que, hasta ahora, no han podido convencer a los franceses de que ellos tienen la solución a esos problemas”, comenta el investigador del CIDOB.

En este caso, Bardella otra vez está tratando de adoptar un perfil algo diferente. Mientras Le Pen se había mostrado partidaria de medidas más sociales y de mayor gasto estatal, el joven delfín está orientándose a un perfil mucho más empresarial y liberal en lo económico. “RN siempre ha sido un partido al que se le ha dado bien ir a la contra, pero que ha tenido dificultades para construir una alternativa. Eso también vale para la economía, donde han dado bastantes tumbos. Eso sí, ahora Bardella pone en el centro a un grupo muy concreto: los multimillonarios. Y eso sí que puede ser un gran cambio, porque Le Pen trataba de tener un perfil mucho más popular”, comenta Harguindéguy. 

¿Y a qué multimillonarios se refiere el experto? A personas como Vincent Bolloré, que ha invertido buena parte de su fortuna en apoyar a RN con un entramado mediático favorable al puro estilo Fox News en EEUU. “Estos magnates han ubicado en la agenda los temas del partido, han dado mucho dinero a promocionar teorías como el gran reemplazo y ahora quieren su contraprestación. Bardella sabe todo esto y es consciente de que él es el candidato de todos estos multimillonarios. Y si ese giro implica 'matar a la madre', yo no descartaría que lo hiciera. Aunque hay que tener en cuenta que Le Pen sigue siendo la que tiene el control de las finanzas del partido y todo lo relacionado con su estructura”, asegura el politólogo de la Universidad Pablo Olavide.

Aunque quizás RN se lo tendría que pensar dos veces antes de iniciar un duelo fratricida entre sus dos cabezas. “Ahora mismo la formación puede sacar mucho rédito de ambos, ya que son figuras muy complementarias. A corto plazo no veo un RN sin Le Pen porque, pese a la inhabilitación, mantiene unas cuotas de popularidad muy altas y, además, ha conseguido conectar con franjas de la población, como las mujeres, que tradicionalmente no estaban en el electorado del partido. No obstante, Bardella está logrando una simpatía muy alta entre los jóvenes, un sector al que Le Pen llega, pero menos. Así que, realmente, ahora mismo la dupla entre ambos funciona. Ella es más humana, él más un robot, porque parece muy perfecto, pero le funciona, sobre todo en redes”, explica Fernández Vázquez. Quizás esa sea la fórmula que haga a Bardella escapar de la maldición del delfín.

La Fiscalía del Tribunal de Apelación de París solicitó este martes que se condene a Marine Le Pen a cinco años de inhabilitación por malversación de fondos europeos, los mismos que en primera instancia, pero sin ejecución inmediata, así como a 4 de prisión, aunque solo uno de cumplimiento firme con brazalete electrónico, y 100.000 euros de multa, informa EFE.

Tras escuchar una requisitoria algo menos severa que su condena en primera instancia, al pedir los fiscales que la inhabilitación no sea inmediata y rebajar a solo un año la prisión firme con vigilancia electrónica, en vez de dos, Marine Le Pen abandonó el tribunal sin hacer declaraciones. Posteriormente, expresó a BMFTV, su descontento: "Claramente, la Fiscalía (de Apelación) sigue la misma línea que la Fiscalía en primera instancia".

Aunque consideró que Marine Le Pen fue "instigadora y amplificadora" de un sistema fraudulento puesto en marcha por su padre Jean-Marie, la Fiscalía del Tribunal de Apelación estimó este martes que no era necesario mantener la pena de inhabilitación inmediata, teniendo además en cuenta que la líder ultraderechista tiene una sola condena en su historial, por difamación, no por un asunto penal. Una apreciación que valoró como "extremadamente positiva" el abogado de Le Pen, Rodolphe Bosselut, ya que supone que la Fiscalía ha tenido en cuenta la nueva línea de defensa de su clienta, que "ya no constituye criminalización ni riesgo de reincidencia".

Si el Tribunal, cuya sentencia se espera antes del verano, sigue el criterio de la Fiscalía, Le Pen podría presentarse a las elecciones presidenciales en 2027, en un momento en que la extrema derecha lidera las encuestas, si presentase un recurso en "casación", señaló a la prensa el abogado del Parlamento Europeo, Patrick Maisonneuve. Le Pen podría aún optar a las Presidenciales dependiendo de los plazos de la inhabilitación a la que sea condenada y si agota todas las vías judiciales de las que dispone, por lo que se abren varios escenarios y el único que cierra completamente la puerta a sus aspiraciones es que el tribunal confirme su pena de primera instancia, según varios analistas.

Junto con otras diez personas relacionadas con su partido, la Agrupación Nacional (RN), Le Pen había sido castigada en primera instancia, en marzo de 2025, por malversación de fondos públicos de la Eurocámara al haber utilizado asistentes parlamentarios para trabajar en el Frente Nacional (anterior denominación del RN), en vez de en el Parlamento Europeo. La inhabilitación dictada entonces contra la dirigente fue de ejecución inmediata, lo que la dejaría fuera de la carrera por el Elíseo si la sentencia en Apelación, aguardada para el verano, no lo evita.

Los dos fiscales que pronunciaron la larga requisitoria lanzaron duras críticas al esquema en el que participaron la veintena de condenados en primera instancia, la mita de ellos actuales cargos del RN. Aunque agradecieron el cambio de tono de Le Pen en Apelación, el fiscal Thierry Ramonatxo consideró inadmisible los "ataques mediatizados" en primera instancia a la institución judicial y citó las "amenazas explícitas de muerte" que sufrieron los magistrados que dictaron la condena en primera instancia.

El fiscal afirmó que quedó demostrado durante el proceso en apelación que "había una organización fraudulenta con la meta de financiar" el Frente Nacional (hoy RN) que, en esa época, sufría graves problemas económicos. "Un sistema pensado para desviar fondos públicos despreciando las reglas de probidad y del funcionamiento de lo público", lamentó. Recordó que el organismo afectado en primer lugar por este sistema, el Parlamento Europeo, está financiado por los impuestos, directa o indirectamente, de los franceses y del resto de ciudadanos de países miembros de la UE.

El otro abogado general de la requisitoria, Stéphane Madoz-Blanchet, aprovechó para criticar las prácticas de Marine Le Pen y aseguró que el hecho de ser una persona elegida por el sufragio universal "no representa un refugio contra la ley, pero sí una máxima exigencia".

En primera instancia, los jueces consideraron probado que Le Pen había heredado de su padre un sistema de financiación ilegal de su partido, mediante el uso de fondos destinados a asistentes parlamentarios entre 2004 y 2016. El perjuicio estimado para la Eurocámara fue de más de cuatro millones de euros.

En el juicio en apelación, Le Pen adoptó una estrategia de defensa basada en la involuntariedad y la buena fe. "Si he cometido un delito, no tenía el sentimiento de haberlo hecho", afirmó, subrayando que no existió intención de establecer un sistema para financiar ilegalmente su partido con fondos europeos. Argumentó que todas sus actuaciones fueron públicas y que el Parlamento Europeo nunca les advirtió de posibles irregularidades.

La fecha del 13 de enero lleva mucho tiempo marcada en las agendas de la Agrupación Nacional (RN). Se acerca el juicio en apelación de Marine Le Pen, otros once acusados y su partido en el caso de los asistentes parlamentarios europeos, y el partido de extrema derecha se prepara para la batalla.

Al término de este mes de audiencias y luego de deliberaciones, Marine Le Pen podría ver definitivamente frustradas sus esperanzas de presentarse a las elecciones presidenciales de 2027: ya ha advertido de que, en caso de ser condenada a una pena de inelegibilidad, como en primera instancia, apoyará la candidatura de Jordan Bardella.

Tras su condena el 31 de marzo de 2025 a cuatro años de prisión, dos de ellos en firme, y a cinco años de inelegibilidad con ejecución provisional, la RN desplegó una argumentación conspirativa, denigrando a los magistrados acusados de querer impedir la candidatura de su líder. Esa presión obligó a poner bajo protección policial a la jueza Bénédicte de Perthuis, atacada personalmente por los dirigentes del partido y amenazada de muerte, y suscitó la indignación de la institución judicial francesa, atacada también por el ecosistema político en casi todas las sentencias que dicta contra los cargos electos.

Pero la RN no ha aprendido la lección. A pocos días del inicio de su juicio en apelación, Marine Le Pen ha vuelto a desahogarse sobre la sentencia de primera instancia en La Tribune dimanche, atacando directamente a la presidenta del tribunal correccional, a la que acusa de haber dictado una sentencia política.

“La magistrada de primera instancia, Bénédicte de Perthuis, ha escrito que el objetivo es impedirme no solo presentarme, sino también ser elegida”, declaró. “Hubo un tiempo en el que podía recibir una bala. Ahora recibo una bala judicial. En realidad, eso significa tu muerte”.

Otro artículo de prensa reforzó el clima de tensión que rodea el inicio del juicio. El 30 de diciembre, el semanario alemán Der Spiegel se centró en la ofensiva del Gobierno estadounidense contra los opositores de sus aliados en Europa. Según la revista, la Administración Trump ha impuesto sanciones a varios activistas opuestos al partido de extrema derecha Alternativa por Alemania (Alternative für Deutschland, AfD) y habría considerado tomar medidas drásticas tras poner bajo vigilancia al partido calificado como “extremista de derechas comprobado”.

Der Spiegel también escribe que el Departamento de Estado americano consideró la idea de imponer sanciones a los jueces que condenaron a Marine Le Pen en primera instancia. La embajada de Estados Unidos en Francia, contactada por Le Monde, finalmente reaccionó para desmentir una “aparente filtración obsoleta y falsa”.

Tras la condena de la líder de RN, el ecosistema trumpista acudió en su ayuda, denunciando al unísono una justicia política que querría impedir la llegada al poder de una aliada potencial. “FREE MARINE LE PEN”, publicó Donald Trump en redes sociales, criticando “una caza de brujas” orquestada por “los izquierdistas europeos”, y estableciendo un paralelismo con sus propios asuntos judiciales. El presidente estadounidense recibió el apoyo de Elon Musk, Vladimir Putin y los aliados europeos de RN, como Viktor Orbán.

Todos estos elementos llevaron al presidente del tribunal judicial de París, Peimane Ghaleh-Marzban, a tomar la palabra. “Si tales hechos se confirmaran o llegaran a producirse, constituirían una injerencia inaceptable e intolerable en los asuntos internos de nuestro país, que debería provocar la reprobación de los poderes públicos”, advirtió el 6 de enero, durante una audiencia de toma de posesión de nuevos magistrados.

Pero las represalias estadounidenses contra un magistrado francés que desagrada a la Administración Trump no serían una novedad. Desde el 20 de agosto de 2025, Nicolas Guillou, juez francés del Tribunal Penal Internacional (TPI), se encuentra bajo sanción por Estados Unidos por haber participado en la emisión de órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ahora exministro de Defensa Yoav Gallant. Sanciones que “afectan a todos los actos de su vida cotidiana”, explicaba al diario Le Monde, como su imposibilidad de acceder al sistema bancario, pagar con tarjeta de crédito o comunicarse a través de los servicios estadounidenses.

Por su parte, la RN intentó dar la vuelta a la sartén, viendo en la defensa de la institución judicial por parte de Peimane Ghaleh-Marzban una presión sobre los magistrados del tribunal de apelación. En un comunicado de prensa publicado el miércoles 7 de enero, el partido explica, sin ironía, que permanece “atento a cualquier cuestionamiento o presión que se ejerza de manera inaceptable sobre la institución judicial”.

Sobre todo, acusa al presidente del tribunal judicial de París, cuyas declaraciones serían “susceptibles de perjudicar gravemente los intereses de los acusados”, en particular al “acreditar una 'noticia falsa'” [es decir, retomar la información de Der Spiegel, ndr]”. “La Agrupación Nacional teme que tales declaraciones puedan parecer una presión inadmisible sobre los magistrados de apelación basada en un rumor difundido por un medio de comunicación hostil”, añade RN en su comunicado.

Estas nuevas acusaciones contra la justicia, tras los virulentos ataques lanzados por Nicolas Sarkozy después de su condena en el caso libio, indignan a los profesionales, entre ellos la Unión Sindical de Magistrados (USM, mayoritaria), que ha reaccionado a las declaraciones de Marine Le Pen en La Tribune dimanche.

“La decisión en primera instancia se tomó de conformidad con la legislación aplicable y tras varias semanas de debates judiciales técnicos en los que todas las partes pudieron explicarse y presentar sus argumentos de forma contradictoria”, recuerda Alexandra Vaillant, secretaria general de la USM. “Por lo tanto, no se trata en absoluto de una decisión política, sino de una decisión judicial motivada, de hecho y de derecho, y conforme a la ley aprobada por el Parlamento”.

“La USM lamenta una vez más estos ataques públicos contra los magistrados por su actividad jurisdiccional”, añade. “No podemos más que lamentar tales declaraciones a pocos días del inicio del juicio en apelación de la señora Le Pen y recordar que, al igual que en el juicio ante el tribunal correccional, los magistrados del tribunal de apelación de París deberán tomar una decisión colegiada tras varias semanas de debates judiciales en los que las partes podrán hacer valer todos sus argumentos jurídicos. Se trata del ejercicio normal de una vía de recurso en un Estado de derecho.”

En cuanto a las recientes alertas sobre el riesgo de injerencia extranjera, la USM “recuerda que la justicia no puede impartirse bajo la presión de un Estado extranjero, sea quien sea y sea cual sea el caso en cuestión”. Ya había “alertado la Unión Internacional de Magistrados [...] sobre las sanciones americanas impuestas a algunos jueces del Tribunal Penal Internacional, incluido un juez francés, por su actividad jurisdiccional”. “Más allá del TPI, esas sanciones podrían afectar a jueces europeos en casos delicados y comprometer así el orden jurídico internacional, basado en el respeto del Estado de derecho”, afirma.

El Sindicato de la Magistratura (SM) está igualmente indignado. “A la luz de los recientes precedentes —la sanción al juez francés del TPI Nicolas Guillou y la crítica pública del presidente de los Estados Unidos a la decisión del tribunal correccional de París contra Marine Le Pen—, el Sindicato de la Magistratura presta la máxima atención a la información publicada por Der Spiegel”, declara el sindicato. “Si estas amenazas se confirmaran, constituirían un intento de intimidación a los jueces franceses con el fin de influir en el resultado de un caso en curso. Se trataría de una injerencia inadmisible en la vida judicial de nuestro país. Cabe recordar que corresponde al presidente de la República garantizar la soberanía y la independencia nacionales, así como la independencia del poder judicial. Por lo tanto, él será el primero, según la Constitución, en tener que responder.”

Los dos magistrados franceses de mayor rango, Christophe Soulard y Rémy Heitz, respectivamente primer presidente y fiscal general del Tribunal de Casación, han asistido a la audiencia solemne anual del tribunal supremo, a la que ha sido invitado excepcionalmente el juez del TPI, Nicolas Guillou.

“Las medidas de represalia de Estados Unidos contra el juez Guillou han suscitado, con razón, mucha conmoción e inquietud”, declara Rémy Heitz a Mediapart. “No obstante, soy mucho más cauteloso con la información del Spiegel, que aún no ha sido confirmada. Pero no debe haber ninguna presión sobre los jueces del proceso de apelación de la RN, y este juicio debe poder celebrarse con total tranquilidad”.

Christophe Soulard, también consultado por Mediapart, no ha querido hacer declaraciones. En la entrevista que nos concedió en junio de 2025, el primer magistrado de Francia lamentó la llegada de un “populismo antijudicial que consiste en hacer creer que los jueces han tomado el poder, que impiden al legislador aprobar las leyes que desea porque los magistrados anulan sus efectos, que impiden al Gobierno gobernar, todo ello en nombre de principios que los jueces habrían inventado más o menos ellos mismos...”

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, al que también hemos contactado, no ha respondido.

Traducción de Miguel López

Los expertos en el servicio público de radiodifusión siempre citan dos maneras de acabar con los medios de comunicación de todos. La corta, que apela directamente a su cierre o a su privatización, y la larga, que pasa por someterlos a un férreo control político. En España, al menos hasta ahora, la ultraderecha de Vox —y la derecha extrema del PP— apuestan por la segunda. En Alemania, Francia y el Reino Unido, en cambio, la hoja de ruta es la primera. Pero todas tienen puntos en común que revelan el objetivo del extremismo reaccionario en el viejo continente, a menudo con la vista puesta en los pasos que ya ha dado Donald Trump en Estados Unidos en nombre de la misma ideología.

La ofensiva de Alternativa para Alemania (AfD), liderada por Alice Weidel, contra los medios públicos no es un ajuste técnico ni una discusión presupuestaria: es una estrategia política de desmantelamiento de uno de los principales contrapoderes institucionales del país.

De cara a las elecciones federales del año pasado, el partido ultra presentó la reestructuración radical del sistema de radiodifusión pública —ARD, ZDF y Deutschlandradio— como un objetivo prioritario de su programa, con una propuesta que combinaba recorte estructural, redefinición ideológica y vaciamiento de la función social del servicio público.

El eje central de su plan, que sigue en vigor, a la espera de una oportunidad de hacerlo realidad desde el Gobierno federal, es la abolición total del canon obligatorio por hogar —18,36 euros mensuales— que financia actualmente el sistema.

La AfD lo denomina “GEZ-Zwangsabgabe”, una “tasa coercitiva” que, según su relato, obliga a los ciudadanos a sostener una “ideología unilateral” contraria a la cultura tradicional alemana. No se trata solo de una crítica al modelo de financiación, sino de una impugnación explícita del principio mismo de servicio público universal, concebido como garante del pluralismo y la cohesión democrática.

En sustitución del sistema actual, la AfD propone la creación del llamado Grundfunk, un “servicio básico mínimo” que reduciría drásticamente el alcance, la ambición y la presencia social de los medios públicos en Alemania.

La programación quedaría limitada a noticias, contenidos culturales y emisiones regionales, eliminando por completo el entretenimiento de alto presupuesto y las retransmisiones deportivas.

Además, el plan incluye una fuerte reducción —cuando no supresión— de las plataformas digitales y los servicios bajo demanda, justo en un momento en que el consumo informativo se desplaza aceleradamente hacia el entorno digital.

Este adelgazamiento no es solo funcional, sino simbólico: el objetivo declarado es transformar un sistema universal en un proveedor de nicho, con una huella mínima en la conciencia nacional.

Un cambio que debilitaría la capacidad de los medios públicos para fijar agenda, llegar a públicos diversos y actuar como espacio común de referencia informativa.

El marco ideológico que da sentido a la reforma es la Leitkultur alemana, un concepto que la AfD utiliza para contraponer la “cultura tradicional” a lo que denomina valores progresistas, “woke” o de izquierdas, que considera dominantes en la programación actual.

En la práctica, esto supone sustituir el mandato de pluralismo y diversidad por una “diversidad de opinión” alineada con sus propios valores identitarios. El pluralismo deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en una noción condicionada ideológicamente.

La propuesta del Rassemblement National (RN) de Marine Le Pen para los medios públicos franceses supone un salto cualitativo respecto a otras estrategias de control o presión política: no plantea reformar el sistema, sino desmantelarlo mediante su privatización total.

El plan, defendido públicamente por el presidente del partido, Jordan Bardella, apunta a una reestructuración profunda tanto en términos fiscales como ideológicos, con el objetivo declarado de reducir el gasto público y, de forma menos explícita, alterar el equilibrio del ecosistema mediático francés.

La iniciativa se articula en torno a una privatización gradual de los principales medios públicos nacionales, incluidos los canales y emisoras que integran France Télévisions.

Según Bardella, la venta de estas redes permitiría generar un ahorro estimado de 3.000 millones de euros anuales para el Estado, aunque el proceso no se llevaría a cabo de manera inmediata, sino de forma progresiva. El argumento económico funciona aquí como palanca de legitimación de una operación que, en realidad, tiene consecuencias estructurales sobre el acceso universal a la información.

Uno de los elementos más reveladores del plan es la distinción entre medios nacionales e internacionales. El RN propone privatizar los canales de mayor audiencia y presencia en la vida cotidiana de los ciudadanos —France 2, France 3 y France Info—, mientras que plantea mantener bajo control estatal aquellos medios vinculados a la proyección exterior de Francia.

En este segundo grupo se incluyen France 24, Radio France Internationale (RFI), el canal Arte —por su estatus derivado de un tratado con Alemania— y los medios destinados a los territorios de ultramar.

Esta separación no es técnica, sino política. El RN asume que los medios públicos son prescindibles como servicio interno, pero indispensables como herramienta de influencia internacional y diplomática.

El pluralismo informativo doméstico se considera un coste; el soft power, una inversión estratégica. El resultado es una concepción instrumental del servicio público, reducido a su utilidad geopolítica.

Siguiendo la pauta de la AfD en Alemania, el RN sostiene que los medios públicos se han convertido en espacios dominados por ideologías “progresistas”, “woke” o de izquierda, hostiles a su proyecto político.

Desde esa premisa, la privatización se presenta como una forma de “liberar” las ondas y favorecer una mayor pluralidad. Sin embargo, el efecto previsible no es la neutralidad, sino el traslado del poder informativo al mercado, donde la lógica comercial sustituye al mandato de servicio público y la diversidad depende de la rentabilidad.

El contexto financiero refuerza la fragilidad del sistema. La eliminación del canon televisivo en 2022 dejó a los medios públicos franceses dependientes de un mecanismo de financiación basado en una parte del IVA, cuya vigencia expira en 2025.

Esta incertidumbre presupuestaria actúa como acelerador político: el RN aprovecha la debilidad estructural para presentar la privatización como una salida “realista” a un problema creado, en parte, por decisiones previas de política fiscal.

En el Reino Unido, la estrategia de Reform UK, el partido liderado por Nigel Farage, hacia la BBC no se plantea tampoco como una reforma puntual ni como una modernización del servicio público, sino como un desmantelamiento deliberado de su modelo fundacional.

En su manifiesto electoral de 2024, Our Contract with You, Farage traza una hoja de ruta destinada a forzar a la corporación a abandonar su estatus de institución nacional protegida y a competir en el mercado como un operador comercial más, privado y condicionado por la lógica de la suscripción.

El eje central de la propuesta es la abolición total del canon televisivo, una licencia anual obligatoria de 174,50 libras para cualquier hogar que consuma televisión en directo. En sintonía con la AfD, Reform UK justifica esta eliminación no solo en términos económicos, sino ideológicos, acusando a la BBC de estar “institucionalmente sesgada”.

El canon, que históricamente ha garantizado la independencia financiera de la corporación frente al Gobierno y el mercado, es presentado como un privilegio injustificado que debe desaparecer.

En sustitución de la financiación pública, el partido propone transformar la BBC en una plataforma basada en suscripciones voluntarias. Este cambio obligaría a la radiotelevisión pública a competir directamente con gigantes del entretenimiento global como Netflix o Disney+, desplazando su lógica de funcionamiento desde el servicio universal hacia la captación de clientes.

El acceso a la información dejaría de ser un derecho vinculado a la ciudadanía para convertirse en un producto condicionado por la capacidad de pago.

Este viraje económico iría acompañado de una reducción drástica del mandato editorial. Reform UK plantea que la BBC abandone la programación de entretenimiento, artes y contenidos culturales para centrarse exclusivamente en noticias e información.

En la práctica, esto supondría amputar una parte sustancial de su función social y cultural, y eliminar aquellos contenidos que históricamente han contribuido a construir un espacio común de referencia para la sociedad británica.

El componente ideológico del plan aparece de forma explícita en su apuesta por un enfoque editorial “patriótico”. Bajo una administración alineada con Reform UK, la noción de imparcialidad —pilar histórico de la BBC— sería sustituida por una orientación que priorice una narrativa nacional alineada con los valores del partido.

El que ya ha pasado de la teoría a la práctica es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, líder oficioso y modelo a seguir de los ultras europeos. Durante el primer año de su segunda administración ha impulsado una reconfiguración agresiva del ecosistema mediático público que responde, en gran medida, a las directrices del denominado Proyecto 2025: concentrar poder en el Ejecutivo y neutralizar lo que el Gobierno define como “sesgo ideológico” en las instituciones informativas.

Las primeras medidas ejecutadas apuntaron al núcleo del sistema federal de medios internacionales. En marzo de 2025, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14238, que ordenaba el desmantelamiento de las funciones “no estatutarias” de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM), responsable de supervisar redes como Voice of America (VOA) o Radio Free Asia. Más de 1.300 empleados fueron enviados a licencia administrativa, se cerraron transmisores y se suspendieron subvenciones.

El caso de VOA resultó especialmente simbólico: su señal informativa fue sustituida temporalmente por contenidos de One America Network (OAN), una cadena comercial abiertamente alineada con Trump.

La ofensiva continuó en el ámbito doméstico. En julio de 2025, el presidente firmó una ley de rescisión presupuestaria que canceló 1.100 millones de dólares destinados a la Corporación para la Difusión Pública (CPB) para los ejercicios fiscales 2026 y 2027.

Aunque NPR y PBS son formalmente entidades privadas, dependen de la CPB para canalizar fondos a más de 1.500 emisoras locales. El impacto ha sido inmediato y desigual: una de cada cinco estaciones de NPR se enfrenta al cierre, especialmente en áreas rurales donde la financiación federal cubría entre el 50 % y el 70 % de los presupuestos operativos.

El resultado es un proceso de liquidación financiera y captura ideológica del modelo de medios públicos estadounidense. Un sistema concebido para garantizar información accesible y plural está siendo sustituido por un entramado fragmentado, debilitado o directamente subordinado al poder ejecutivo.

En España, a diferencia de Alternativa para Alemania (AfD), Vox no ha formulado un proyecto programático tan sistematizado y explícito para los medios públicos. Sin embargo, lo ocurrido allí donde el partido de Santiago Abascal ha tenido ocasión de gobernar, en particular en las comunidades autónomas en las que compartió tareas ejecutivas con el PP, identifica un patrón de comportamiento que ofrece una pista clara sobre su concepción del papel de los entes públicos de comunicación.

Uno de los ejes fundamentales de esta estrategia es la alteración de las reglas de control institucional. Vox —y el PP— ha impulsado o respaldado reformas legales en varias comunidades autónomas destinadas a rebajar los umbrales de votación necesarios para nombrar a los órganos directivos de las radiotelevisiones públicas. El paso de mayorías cualificadas —habitualmente de dos tercios— a mayorías simples elimina la necesidad de acuerdos amplios con la oposición y permite que el Gobierno de turno imponga sus nombramientos sin contrapesos. El consenso, concebido como garantía de independencia, es sustituido por la lógica de la mayoría coyuntural —algo que, por otra parte, también ha impulsado el Gobierno de España con el apoyo de sus socios en el Congreso para saltarse los vetos del PP a la hora de hacer nombramientos en RTVE—.

A partir de ese cambio estructural, se ha llevado a cabo una segunda fase centrada en la reconfiguración interna de los medios. En diferentes territorios se han llevado a cabo remodelaciones en las redacciones que han derivado en la marginación de periodistas críticos y en una presión editorial orientada a suavizar la cobertura informativa de las administraciones conservadoras.

o se trata necesariamente de censura explícita, sino de un clima de disciplina profesional que altera el ejercicio cotidiano del periodismo.

Estas dinámicas han tenido consecuencias medibles. Organismos de vigilancia internacional, como State Media Monitor, han degradado a varios entes autonómicos a la categoría de “Bajo control estatal”. El diagnóstico es sencillo: la interferencia política ha aumentado hasta el punto de convertir a medios concebidos como servicios públicos en instrumentos dóciles frente al poder político.

Vox, igual que sus homólogos de otros países, justifica este conjunto de intervenciones bajo la premisa de que los medios públicos están “capturados” por ideologías de izquierda o separatistas. Desde ese diagnóstico, plantea la necesidad de un “reset” ideológico que alinee la programación con lo que considera valores nacionales.

Las propuestas impulsadas por partidos de extrema derecha para reformar o desmantelar los medios públicos chocan frontalmente con el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), aprobado para reforzar la independencia editorial, la transparencia y el pluralismo informativo en los Estados miembros.

Lejos de ser un debate ideológico abstracto, muchas de estas iniciativas vulneran de forma directa varios de los principios jurídicamente vinculantes que establece la EMFA, especialmente en lo relativo a la independencia de los medios de servicio público.

La Corte de Casación de Francia confirmó la condena por difamación contra Marine Le Pen, quien había acusado en 2022 a la oenegé La Cimade de organizar la entrada de inmigrantes irregulares en el departamento de ultramar francés de Mayotte, informa EFE. De este modo, la líder ultraderechista resulta condenada a una multa de 500 euros, aunque exenta de cumplimiento.

En una entrevista al canal BFMTV en enero de 2022, la entonces candidata presidencial Le Pen había acusado a La Cimade -una oenegé contra la xenofobia y en favor de la integración de las personas inmigrantes- de "organizar la entrada de inmigrantes clandestinos" desde las islas Comoras al archipiélago de Mayotte, en las costas del sudeste de África, en el océano Índico. Tras haber sido condenada en primera y en segunda instancia, la líder ultranacionalista acudió a la Corte de Casación, la más alta instancia en el ordenamiento jurídico francés.

La Cimade se felicitó de la decisión y recordó que el Alto Tribunal validó el argumento de que "no hubo un ataque a la libertad de expresión desproporcionado en la sentencia condenatoria" contra Le Pen, según dijo en un comunicado.

"Los discursos falaces destinados a estigmatizar a las personas migrantes y a las asociaciones que las acompañan para así avivar las tensiones sociales y la violencia no pueden difundirse con total impunidad", aseveró la presidenta de la organización, Monique Guyot-Berni.

En otro proceso de mayor envergadura, la líder ultra está inhabilitada con efecto inmediato durante cinco años -lo que le impediría presentarse a las elecciones presidenciales de 2027 en las que es favorita- tras ser condenada por malversación de fondos del Parlamento Europeo.

La decisión, que no es firme, será de nuevo examinada por el Tribunal de Apelación entre el 13 de enero y el 12 de febrero de 2026. 

La semana clave que afronta el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, se abrió con una previsible victoria, la adopción en el Senado de su proyecto de presupuestos para 2026, con 187 votos a favor y 109 en contra, según ha informado EFE.

Una buena noticia lograda en terreno afín, donde la derecha y el centro cuentan con una amplia mayoría que no presupone nada de lo que sucederá en la Asamblea Nacional, donde hay una mayor dispersión de votos.

En la cámara baja la aritmética volverá a mostrar sus límites este martes, cuando está previsto que los diputados adopten de forma definitiva las cuentas de la Seguridad Social, aprobadas en primera lectura con solo trece votos de margen de 577.

A cambio, tuvieron que hacer concesiones a partidos de la oposición, sobre todo a los socialistas, entre las que destacó la suspensión de la reforma de las pensiones adoptada en 2023 y que retrasaba dos años la edad mínima de jubilación.

Además, se incrementaron las partidas sociales y para hospitales, todo lo cual agravó en más de 5.000 millones de euros el déficit de las cuentas.

Una losa que pesa ahora sobre los presupuestos generales para 2026, que antes de llegar al Senado fueron masivamente rechazados por los diputados, con un único voto a favor.

Ese proyecto, que marcará la supervivencia del Gobierno de Lecornu, tiene ahora otra fecha señalada en rojo, el próximo viernes, cuando una comisión mixta de senadores y diputados deberá ponerse de acuerdo sobre un proyecto común que será el que se presentará la semana próxima en ambas cámaras. Esa prueba es esencial para los planes del Ejecutivo de dotarse de un presupuesto de 2026 antes de que acabe este año.

Una tarea que, a día de hoy, parece complicada, ante la distancia sideral que aleja a unos de otros. Si el proyecto final busca atraer votos de los socialistas, amenaza con perder apoyos de la coalición centrista y de los conservadores, mientras que planea sobre el mismo el rechazo de los dos grupos mayoritarios, la extrema derecha de Marine Le Pen y la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon.

Con la agravación del gasto de la Seguridad Social, las cuentas ven comprometido el objetivo del Ejecutivo de situar el déficit por debajo del 5%, esencial para cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas de llevarlo a la senda del 3% en 2029.

Según los últimos cálculos del Ejecutivo, el desvío será ahora del 5,3%, apenas una décima menos que el de 2025, lo que obligará a más recortes en el proyecto que adopte la comisión mixta el viernes. Así lo señaló el ministro de Economía, Roland Lescure, que consideró "inaceptable" un déficit por encima del 5%.

Tan difícil parece que se logre un compromiso aceptable, que cada día son más las voces que piden a Lecornu que utilice el mecanismo constitucional que le permite adoptar los presupuestos sin voto parlamentario. Algo a lo que el primer ministro se comprometió a renunciar para dar carta de naturaleza a la negociación parlamentaria, pero a lo que puede recurrir si de esta no sale un proyecto mayoritario.

En caso de adoptar las cuentas sin voto, la oposición puede presentar una moción de censura, cuyo resultado sería muy delicado para un Lecornu que carece de mayoría en la cámara baja. Podría correr así la misma suerte que sus dos últimos antecesores, el conservador Michel Barnier, que perdió una moción de censura en diciembre de 2024 tras apenas tres meses en el cargo, y el centrista François Bayrou, que cayó en una moción de confianza en septiembre pasado.

Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional (RN, en sus siglas en francés) y mano derecha de la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, aparece en el disparadero de una denuncia por malversación y favoritismo presentada por la ONG AC Corrupción que sospecha el uso irregular de fondos públicos del Parlamento Europeo.

En su demanda 'contra X' (sin señalar directamente un presunto responsable) ante la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) francesa revelada este viernes por varios medios como BFMTV, AC Corrupción formaliza sus sospechas basadas en una información publicada por Le Canard Enchaîné.

El semanario satírico daba cuenta de las relaciones entre el RN y Pascal Humeau, que fue contratado oficialmente para formar a Bardella y a otros miembros del Parlamento Europeo de su partido en la gestión de los medios de comunicación a partir de 2019 gracias a dinero atribuido por la Eurocámara.

Sobre todo, según AC Corrupción Humeau se encargó a partir de septiembre de 2021 no para que conociera la actualidad europea sino para "la preparación de las elecciones presidenciales francesas de 2022, y por tanto para cuestiones de política interna".

A partir de ahí, el posible delito sería el desvío de fondos teóricamente atribuidos para un fin concreto en relación directa con el Parlamento Europeo, para otros objetivos.

Una cuestión que tiene un cierto paralelismo con la reciente condena de la formación de la extrema derecha y de 25 de sus dirigentes y empleados, y en particular de Le Pen (sentenciada sobre todo a una inhabilitación para ejercer cargos públicos), por uso indebido de dinero de la Eurocámara, que se consagró a finalidades propias del RN.

Una condena que ahora está pendiente del proceso en apelación que se desarrollará entre enero y febrero próximo, y que será fundamental para saber si la líder de la formación puede presentarse a las presidenciales inicialmente programadas para la primavera de 2027.

El jefe del Estado Mayor del Ejército francés, Fabien Mandon, ha generado una polémica por un discurso en que pedía que el país esté dispuesto a sacrificios, incluso a "perder" a sus "hijos" para disuadir a Rusia de hacer valer la fuerza más allá del actual conflicto con Ucrania.

"Rusia está convencida de que los europeos son débiles. Y sin embargo somos fuertes. Fundamentalmente más fuertes que Rusia", declaró Mandon este miércoles en el congreso de la Asociación de los Alcaldes de Francia (AMF), en un discurso que saltó a los medios generalistas este jueves a raíz de las criticas efectuadas desde las filas de los partidos de la izquierda radical y la ultraderecha.

El general se mostró convencido de que "tenemos todo para disuadir a Moscú. Lo que nos falta es la fortaleza para aceptar hacernos daño para defender a la nación. Si el país falla porque no está dispuesto a aceptar perder a nuestros hijos, a sufrir económicamente. Si no estamos dispuestos a eso, entonces estamos en riesgo".

Tras describir un panorama "muy negro", pidió a los alcaldes que transmitan ese mensaje con el objetivo de "que el país esté listo en tres a cuatro años para demostrar nuestra fuerza a Rusia para que renuncie a sus ambiciones".

A su parecer, la responsabilidad de Francia es mayor que la de los otros países europeos porque tiene "un ejército de referencia".

El jefe del Estado Mayor explicó que se quiere duplicar el número de reservistas para llegar a 80.000, junto a los 200.000 militares en activo.

El líder de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, ha mostrado su "desacuerdo total" con el general Mandon en un mensaje en redes sociales, en el que dijo que no le corresponde a él "invitar a los alcaldes ni a nadie a preparaciones guerreras que no ha decidido nadie".

Mélenchon añadió que tampoco le corresponde "prever sacrificios que serían la consecuencia de nuestros fracasos diplomáticos para los que no se le ha pedido su opinión. ¿Dónde está el presidente (Emmanuel) Macron? ¿Por qué permite eso?", se preguntó.

Sébastien Chenu, vicepresidente de la Agrupación Nacional (RN, extrema derecha) ha coincidido en que el jefe del Estado Mayor "no tiene legitimidad" para decidir eso a menos que "el presidente de la República le haya pedido que lo haga, y entonces es todavía más grave".

Esta controversia coincide con la publicación este jueves por el Gobierno de una "guía de supervivencia" destinada a preparar a la opinión pública a afrontar situaciones de crisis de todo tipo, sin descartar un conflicto armado.

Esa guía pretende que todos los franceses preparen un kit que permitiría sobrevivir en condiciones difíciles tres días, con entre otras cosas una linterna, una radio de pilas, los documentos administrativos esenciales, ropa caliente, agua caliente o una manta.

"Isabel Díaz Ayuso va a conseguir que el Madrid de los propietarios de toda la vida se convierta en el patio trasero de los ricos". La frase no es de ningún dirigente de la izquierda madrileña, sino de Carlos Hernández Quero, diputado de Vox y portavoz nacional de Vivienda. Su ascenso a la portavocía adjunta del Congreso en sustitución de Javier Ortega Smith, quien hasta hace tres años era el número dos del partido —lo que evidencia su ruptura con la dirección de Santiago Abascal— muestra un cambio discursivo en Vox. O, al menos, en un sector del partido ultraderechista.

En un mitin que protagonizó la pasada semana en Aluche, uno de los barrios de la periferia de la capital, Hernández Quero cuestionó la doctrina económica de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su política de puertas abiertas a las grandes fortunas de fuera. El diputado de Vox criticó a Ayuso por "ofrecer a multimillonarios extranjeros deducciones fiscales del 20%" que después "niega a los compradores españoles": "Ana y Anselmo no pueden comprar. A usted, fondo de la Ciudad de México, le abrimos la puerta y le ponemos la alfombra roja", señaló entre aplausos de los presentes.

El portavoz de Abascal, formado en el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP) —la escuela política que en España impulsa el entorno de Vox y que replica el modelo ideológico del laboratorio de ideas de Marion Maréchal—, cargó contra el "Madrid de todos los acentos", uno de los eslóganes de la presidenta madrileña. "Los barrios de Madrid le aburren. Lo suyo es que la ciudad sea lo más parecida a Miami, lo más pija, cutre y cosmopaleta del mundo. Su sueño es aumentar el número de propietarios de Caracas, Rabat y Nueva York. Nosotros lo que queremos es que los que compren sean los de aquí. Es lo único que debería importar a un gobernante español; gobernar para los de aquí, no para los de fuera".

Las palabras de Quero han suscitado críticas por parte de algunos exdirigentes de Vox como Juan Luis Steegmann, que le comparó con el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias. Pero también numerosos editoriales y artículos por parte de medios progresistas, que ya hablan de una 'lepenización' del partido de Abascal. Precisamente el giro ideológico planteado por Marine Le Pen tras asumir la presidencia del Frente Nacional interesó tanto al sociólogo Guillermo Fernández-Vázquez (Madrid, 1985) que escribió el libro 'Qué hacer con la extrema derecha en Europa: el caso del Frente Nacional (Ed. Lengua de Trapo)' en el que ahondaba en los motivos de Le Pen para atraer al votante de clase obrera, a las mujeres y al colectivo LGTBI.

El experto, sin embargo, no cree que se esté produciendo ese fenómeno con Vox. En conversación con infoLibre, considera que son los medios, especialmente los de izquierdas, los que están "exagerando" la trascendencia de este discurso y "haciéndole la campaña" a Quero. "Está encantado de que lo comparen con Le Pen, pero yo creo que es un error porque el suyo es un discurso bastante deshilachado y flojo. En los barrios del sur de Madrid, Vox es la muleta del Partido Popular. Y no puede ser otra cosa muy distinta. No resulta creíble que se ponga a criticar a Ayuso y más con una candidata como Isabel Moñino [portavoz en la Asamblea de Madrid]". Así, Fernández considera que este discurso es solo "una tendencia" que existe en Vox "desde hace mucho tiempo" y que convive "con otras más liberales" como la que lidera José María Figaredo, portavoz económico del partido.

Coincide Ana I. López Ortega, doctora en Ciencia Política por la Universitat de València y especialista en extrema derecha, delitos de odio y análisis y comportamiento electoral. "No es tanto un giro doctrinal como un reposicionamiento táctico. Vox mantiene sus ejes, que son el nacionalismo, la inmigración, la ley y el orden, pero ahora enfatiza mensajes para barrios obreros. El nombramiento de Hernández Quero es reciente y responde a esa estrategia comunicativa y una apuesta por la expansión electoral: cambiar interlocutor para hablar de vivienda y lo social, pero el marco ideológico sigue siendo el mismo y las prioridades de Vox persisten", apunta. A juicio de Cristina Monge, politóloga y doctora por la Universidad de Zaragoza, Vox "ha tardado mucho en darse cuenta del granero de votos que puede tener allí, porque es un fenómeno que está pasando prácticamente en toda Europa".

López Ortega asegura que el objetivo principal de Vox es "convertirse en el partido hegemónico de la extrema derecha y la derecha en España" y que, para ello, "están consolidando un bloque identitario-nacionalista e intentan capturar voto de protesta. "Con Marine Le Pen coinciden en nativismo, autoritarismo, racismo y xenofobia, pero divergen en contexto nacional ya que la tradición republicana y el papel de la Unión Europea en Francia no es idéntica al de España", sostiene. Además, considera que hay dos ejes importantes del discurso de Le Pen que le sirvieron para ampliar su base electoral con antiguos votantes de la izquierda que Vox tampoco cumple: el "feminacionalismo", que integra la  retórica de defensa de las mujeres para justificar políticas identitarias y xenófobas, y el proteccionismo económico, que contrastan con el antifeminismo y liberalismo fiscal de Vox.

A juicio del autor de 'Qué hacer con la extrema derecha en Europa', comparar a Vox con el Frente Nacional "es un éxito" para los de Santiago Abascal. "Obviamente comparten una misma familia ideológica, la de la derecha radical, están en el mismo grupo parlamentario en Bruselas y tienen reuniones de modo habitual. Pero, más allá de eso, hay que decir que Vox no tiene una relación especialmente estrecha con Le Pen", analiza Fernández-Vázquez. El experto recuerda que Abascal ha tenido "más afinidad ideológica" con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro húngaro, Viktor Orban, además de haber cultivado vínculo con la Heritage Fundation y el movimiento MAGA en Estados Unidos, así como acercarse a figuras como el chileno José Antonio Kast y el presidente argentino Javier Milei en Latinoamérica. "El espejo en el que más se mira Vox no es Le Pen", resume.

Quero busca dirigirse a los trabajadores precarizados y a quienes sienten pérdida cultural, un concepto acuñado por la extrema derecha francesa como "los olvidados". "Es efectivo porque personaliza la política: da voz a víctimas percibidas del cambio con la globalización y la desindustrialización y ofrece culpables fáciles", señala la experta en extrema derecha. Para Monge, los ultras quieren aprovecharse del descontento que hay en "en los sectores más precarizados de la sociedad" para incentivar "la pelea del penúltimo contra el último" para "culpar a los migrantes de problemas que en el fondo tienen que ver con deterioro de servicios públicos con fallos del sistema y con fallos de las democracias".

Fernández cree que Vox ha convertido la inmigración "en el eje fundamental de su estrategia": "Era un tema presente pero de segundo orden y ahora ya no". Y coincide en el diagnóstico con Monge. "Van a tratar de ir al sur y a otros barrios con menos rentas diciendo que el enemigo es el inmigrante y, a partir de ahí, poner un cierto elemento social en que 'la vivienda tiene que ser para los españoles', que 'los servicios públicos están saturados por los inmigrantes' y que 'acaparan las ayudas sociales'. "No es solo que la inmigración sea la temática, son las gafas con las que Vox lo ve todo: la política social, la de seguridad, la económica, la internacional...  Esas gafas les llevan a decir que no quieren migrantes, tampoco latinoamericanos", expone.

¿Qué implicaciones puede tener el discurso de Vox a derecha e izquierda? ¿Puede afectar de alguna manera a la presidenta madrileña? Los expertos no creen que sea así. "Es una cosa muy de nicho y una estrategia para sobrevivir", considera el sociólogo, que asegura que "a la derecha madrileña le gusta Ayuso como figura anti Sánchez". "Que Vox se ponga a confrontar con Ayuso no tiene ningún futuro, es una cosa contraintuitiva, no va a funcionar. Y más con Moñino, que es un perfil muy similar al de la presidenta madrileña". Así, considera que lo de Quero "es, fundamentalmente, marketing".

Ana López considera que la crítica contra los beneficios fiscales a los multimillonarios "existe pero no arrasa en la derecha". "Para muchos votantes del centro-derecha las deducciones son ley de atracción de inversión, la crítica es más fuerte en la izquierda y en sectores sensibles a la desigualdad", apunta. "Hay que entender que en la derecha nacional hay división: algunos ven las deducciones como correctas, otros, incluida una parte de Vox, las usan como argumento contra el llamado liberalismo elitista. El debate es principalmente nacional aunque la medida sea madrileña y no es un clivaje que liquide el apoyo a Ayuso: tensiona y polariza, pero la resonancia mayor viene desde la oposición y medios críticos", concluye.

Sobre las implicaciones para la izquierda, los tres expertos consideran que "la izquierda pierde si abandona lo social". "La receta es clásica: recuperar la agenda económica y hablar con credibilidad en barrios populares, no sirve solo el reproche moral", señala la experta en extrema derecha. Fernández Vázquez lo tiene claro: "La izquierda madrileña tiene un problema de que no crece y no llega. Y tanto el PSOE como Más Madrid no tienen buenos candidatos. Y parecería que la solución, o alguna de las soluciones, no la tienen muy lejos, porque al mismo tiempo que el discurso de Más Madrid es inaudible con Manuela Bergerot como portavoz, en los últimos tiempos ha emergido una figura mediática con bastante éxito, que es Emilio Delgado, y quien precisamente sí tiene un discurso en clave social y en clave del Madrid del sur, que es el que se rebela contra el modelo Miami".

El diputado de Más Madrid, que quiere convertirse en el cabeza de cartel en las próximas elecciones autonómicas, reaccionó esta semana a la intervención de Quero, criticando cómo desde la izquierda "se aplaude un discurso" que algunos como él llevan "haciendo y nutriendo de forma mucho más concreta y aterrizada desde hace años sin que haya producido celebración o artículo alguno ya no en la derecha sino en la propia izquierda": "No creo que tenga mucho mérito el último intento neofalangista de guiñar un ojo a los barrios trabajadores mientras votas para seguir hundiéndolos cada día", zanjaba.

La Asamblea Nacional francesa dio luz verde este miércoles por una amplia mayoría a la suspensión de la reforma de las pensiones, según ha informado EFE. Esta aprobación da oxígeno al Gobierno de Sébastien Lecornu al alejar una moción de censura de los socialistas.

Con 255 votos a favor y 146 en contra, la suspensión de la polémica reforma de las pensiones de 2023 salió adelante con el apoyo mayoritario del Partido Socialista, Los Verdes y la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, y la abstención del partido Renacimiento del presidente francés, Emmanuel Macron.

Votaron en contra de la suspensión de la medida más importante del segundo mandato de Macron la izquierda radical de La Francia Insumisa (LFI) y los comunistas.

"No me lo podía imaginar: ver a un partido de izquierdas, LFI, votar EN CONTRA de la suspensión de la reforma", lamentó el líder del Partido Socialista, Olivier Faure, en un mensaje en redes sociales.

Esta medida, a la que Lecornu se comprometió para que los socialistas no apoyasen o presentasen una moción de censura contra su segundo Gobierno, figura como un artículo introducido en el proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social.

Suspende hasta enero de 2028 el retraso de la edad de jubilación a los 64 años, así como el aumento del número de trimestres de cotización necesarios para cobrar una pensión completa.

Hace un mes, el primer ministro francés advertía que la suspensión de esta reforma debía ir acompañada de unos ingresos para financiarla. Lecornu hizo hincapié en que "no hay suspensión sin costes" y en que él no aceptará "cualquier cosa".

Otra de las concesiones a los socialistas para la supervivencia del Gobierno es la subida de impuestos a los ricos y a las grandes empresas. El pasado octubre, Lecornu propuso aumentar los tributos en 6.500 millones de euros el año que viene.

Esta medida, ya ha aprobada, no ha sido suficiente para los socialistas, quienes afirman que "si las cosas no avanzan (...) el Gobierno caerá". "Necesitamos dinero para corregir el proyecto" de presupuestos porque "no hay que hacer pagar a las clases populares y a las clases medias lo que no pagan los multimillonarios", afirmó el líder socialista Olivier Faure en una entrevista.

Carlos Hernández Quero, diputado de Vox y portavoz nacional de Vivienda, sustituirá a una de las figuras históricas del partido, Javier Ortega Smith, en la portavocía adjunta del grupo en el Congreso. Este nombramiento pone de relieve la pérdida de relevancia en la primera línea del partido del dirigente madrileño —en 2022 fue apartado de la secretaría general— pero también la consolidación de una nueva generación de cuadros formados en el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP), la escuela política que en España impulsa el entorno de Vox y que replica el modelo ideológico del laboratorio de ideas de Marion Maréchal, sobrina de Marine Le Pen y estrella en ascenso de la extrema derecha francesa.

El ISSEP nació en Lyon en 2018 como un centro de formación política asociado a la línea ideológica de Marion Maréchal, que defendía la necesidad de construir una derecha culturalmente más combativa, más conservadora en lo moral y orientada a la batalla identitaria. Un año después, el proyecto se implantó en Madrid.

El Instituto no se presenta como un órgano vinculado a Vox, pero su patronato, su profesorado y su alumnado incluyen nombres muy relevantes tanto del partido como de su entorno. Su oferta formativa combina cursos de liderazgo político, programas de comunicación pública y módulos de teoría ideológica que siguen el marco que Maréchal ha intentado consolidar en Francia como alternativa a la derecha liberal tradicional.

Carlos Hernández Quero cursó en 2020-2021 la primera edición del Programa de Liderazgo y Gobierno del ISSEP, dirigido, según su web, a “jóvenes con altas capacidades y potencial de liderazgo”. Estando aún en el curso, Vox le llamó para ofrecerle un puesto de comunicación en el Congreso de los Diputados, ofrecimiento que él atribuye al Instituto en una entrevista grabada para las redes del centro.

El director académico del instituto, el filósofo Miguel Ángel Quintana Paz, ha negado en varias ocasiones que exista una relación directa entre el ISSEP y Vox. En declaraciones concedidas a El Confidencial en 2020, sostuvo que el centro “no es una escuela de cuadros de ningún partido” y que su alumnado es “ideológicamente plural”. 

Sin embargo, el de Hernández Quero no es en absoluto un caso aislado. Según datos recopilados por infoLibre, más de veinte cargos de Vox a nivel nacional, autonómico y municipal han pasado por el ISSEP en los últimos cuatro años, incluyendo diputados en el Congreso —como Manuel Mariscal—, parlamentarios autonómicos —como Javier Pérez Gallardo—, responsables de comunicación y prensa —como Isidoro Sevilla o Carlos Bermejo—, y miembros de gabinetes —como Ricardo Camuñas— además de varios asesores parlamentarios o jurídicos. El instituto también tiene un programa de formación en legislación municipal para concejales por el que han pasado ediles de Vox de toda la geografía española. 

La presencia de exalumnos del ISSEP en distintos niveles de Vox se combina con la de sus profesores, que tampoco son figuras externas al partido. Además de Carlos Hernández Quero y Manuel Mariscal, que tras ser alumnos ahora forman parte del claustro, entre los docentes del Instituto figuran también los eurodiputados Jorge Buxadé y Juan Carlos Girauta o los diputados Ignacio de Hoces y Rocío de Meer, así como José Antonio Fúster, presidente provincial del partido en Madrid y Rosa Cuervas-Mons, jefa de prensa del grupo parlamentario. 

No obstante, más allá de cargos de la formación de Abascal, la lista de exalumnos incluye también a trabajadores de otras entidades de su órbita como la rama internacional de Disenso (la fundación del partido), Foro Madrid o El Toro TV, la cadena de televisión que sucedió a Intereconomía TV tras la quiebra del grupo. 

Las relaciones entre el ISSEP y Vox se entienden mejor si se sitúan en el marco del entramado empresarial y mediático que se articuló tras la quiebra del Grupo Intereconomía. Como publicó infoLibre, ese entorno no se deshizo con la liquidación de sus sociedades, sino que se reorganizó en torno a nuevas estructuras legales, medios afines y consultoras de comunicación vinculadas a antiguos directivos y colaboradores del grupo.

En varias entrevistas y en su libro de 2023, Macarena Olona se refiere a este núcleo como el “clan de Intereconomía”. Según su relato, figuras como Julio Ariza, su hijo Gabriel Ariza o Kiko Méndez Monasterio habrían desempeñado un papel determinante en la configuración de las dinámicas internas de Vox, en la purga y promoción de dirigentes y en la elaboración del discurso político. Olona sostiene que “Vox no se entiende sin la quiebra de Intereconomía”.

La Fundación ISSEP, que sostiene jurídicamente el Instituto en España, fue constituida precisamente por Gabriel Ariza, Miguel Menéndez Piñar (nieto de Blas Piñar y dueño de la editorial Homo Legens), Javier Tebas Llanas (hijo del presidente de La Liga, Javier Tebas Medrano, también profesor del Instituto) y las sociedades Tizona Comunicación S.L. —propiedad de Gabriel Ariza y Kiko Méndez-Monasterio—y Skelton Enterprise S.L. Es decir, el proyecto educativo nace dentro del mismo círculo de sociedades y personas que emergió tras el despiece del antiguo grupo mediático.

La editorial Homo Legens forma parte de ese mismo espacio. Procedente del grupo Intereconomía, fue recuperada por Gabriel Ariza antes de pasar a manos de Menéndez Piñar, quien también figura en el patronato del ISSEP. Su actual director, José Rodríguez Cuadrado, fue alumno del Instituto en 2023 antes de asumir dicho puesto, y es concejal de Vox en Majadahonda, ejemplificando la circulación de nombres entre la formación de Abascal —cuya esposa, Lidia Bedman, ingresó 63.600 euros de la editorial en 2022, cuando aún pertenecía a Gabriel Ariza, como publicó El Confidencial—, el ISSEP y el “clan de Intereconomía”. 

La presencia de Méndez-Monasterio en el claustro del ISSEP refuerza ese mismo eje. Asesor estratégico de Abascal, fue también uno de los nombres clave en la etapa final de Intereconomía y posteriormente pasó a administrar, junto a Gabriel Ariza, la agencia Tizona Comunicación, consultora política clave en la fundación del Instituto y en las decisiones internas del partido.

Las dos mociones de censura contra el segundo gobierno del macronista Sébastien Lecornu, que habían presentado la Francia Insumisa (LFI) y la extrema derecha de Marine Le Pen, no lograron este jueves los votos necesarios en la Asamblea Nacional para hacerle caer, según recoge EFE.

La moción de LFI, respaldada también por la extrema derecha de Marine Le Pen, logró 271 votos, por debajo de los 289 que necesitaba para salir adelante, mientras que la depositada por la Agrupación Nacional de Le Pen cosechó 144 votos. 

LFI, los comunistas, los Verdes y la extrema derecha habían anunciado su apoyo a la moción de LFI, mientras que Los Republicanos y, sobre todo, el Partido Socialista optaron por la vía contraria, con algunas excepciones.

De esta forma, la Asamblea Nacional rechazó por un estrecho margen de solo dieciocho votos la moción de censura presentada por LFI contra el gobierno, gracias a la decisión del Partido Socialista de dar una oportunidad a Lecornu a cambio de su promesa de suspender la reforma de las pensiones hasta enero de 2028, tras las elecciones presidenciales previstas en la primavera de 2027.

Tras el revés a su moción de censura, la jefa de filas de LFI en la Asamblea Nacional, Mathilde Panot, anunció la presentación de una nueva moción de destitución contra el presidente francés, Emmanuel Macron. 

Panot llamó también a los activistas y votantes del Partido Socialista a "romper filas" con el liderazgo actual de Olivier Faure, quien arremetió, por su parte, contra la "hipocresía" de los que votaron a favor de la moción de censura de LFI. 

"Hay hipocresía en esta Asamblea", ya que los que apoyaron la moción de censura "saben que, si se aprobara, el gobierno implementaría su presupuesto mediante una ley especial, y que todo aquello contra lo que dicen luchar se impondría entonces al pueblo francés" sin dar oportunidad a modificar las cuentas del Estado para 2026 durante la negociación parlamentaria.

Por su lado , el presidente de la ultraderechista Agrupación Nacional, Jordan Bardella, lamentó que la "mayoría negociadora ha conseguido hoy salvar sus posiciones en detrimento del interés nacional" y vaticinó, en un mensaje en redes sociales, que serán los franceses quienes "se preparan para sufrir la masacre social y fiscal de un presupuesto punitivo".

"Todos los que hoy se han negado a la censura serán responsables del sufrimiento futuro del país", dijo Bardella, cuyo partido perseguía, al igual que LFI, un adelanto electoral.

En la misma línea se expresó el líder del grupo Unión de Derechas por la República, Éric Ciotti, que va de la mano de la Agrupación Nacional en la moción de censura de los nacionalistas a Lecornu. "Francia merece algo mejor que un sistema que se derrumba", dijo.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, que mañana jueves encara dos mociones de censura en la Asamblea Nacional, despejó este miércoles el camino que seguirá la suspensión de la reforma de las pensiones, exigida por los socialistas para no dejarle caer: la presentará en noviembre y se incluirá como enmienda en los presupuestos de la Seguridad Social.

En sendas comparecencias en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Nacional y ante el Senado para explicar su programa, Lecornu fue desbrozando así el camino que seguirá esa suspensión, que se mantendrá hasta enero de 2028, con el objetivo de que las pensiones formen parte del debate de las elecciones presidenciales de 2027.

Pese a la urgencia por sacar adelante los presupuestos de 2026 antes del fin del año, la incertidumbre planea aún sobre la viabilidad del segundo Gobierno de Lecornu, a la espera del voto mañana de las mociones de censura, una presentada por la izquierda radical de La Francia Insumisa (LFI) y otra por el bloque ultranacionalista, compuesto por Agrupación Nacional (RN) y la UDR de Éric Ciotti.

Según los cálculos que circulan en los pasillos de la Asamblea Nacional, la votación de una de las mociones, la presentada por la LFI de Jean-Luc Mélenchon, podría tener ciertas posibilidades de salir adelante dependiendo de los socialistas que la apoyen (al no haber disciplina de voto) y se quedaría a solo una veintena de votos de ser aprobada.

La extrema derecha de Marine Le Pen dijo que la votará, pero haría falta la mayoría absoluta de 289 votos para derribar al Gobierno. Por ahora, se perfilan 270 dispuestos a votar la censura.

"Estamos presentando propuestas para el debate", defendió hoy en la Asamblea Nacional la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, al criticar las mociones que se votarán el jueves.

"Si nos censuran, ya no habrá Gobierno y no habrá debate", añadió. "El único debate que tendremos será sobre la incertidumbre económica, sobre el desorden económico, sobre la agitación en la que estaríamos sumiendo al país sin votar un presupuesto, clamó.

Pero, salvo un giro imprevisto de guión, Lecornu debería esquivar el riesgo de caída gracias a sus concesiones a las demandas socialistas (suspensión de la reforma de las pensiones, contribución fiscal de los más ricos y renuncia a gobernar por decreto).

Ahora bien, su equipo sabe que no es un cheque en blanco y vive con los días contados, ya que el Partido Socialista no descarta derrocarlo este otoño si no se cumplen sus condiciones o si no obtiene más concesiones durante el debate presupuestario.

"El Gobierno debe presentar una enmienda al Proyecto de Ley de Financiación de la Seguridad Social ya en noviembre", anunció el primer ministro sobre la tramitación de la suspensión de la reforma de las pensiones, durante la sesión de control al Ejecutivo en la Asamblea Nacional.

Eso permitirá, dijo, "avanzar con la mayor celeridad posible, con plazos que se cumplan".

Y será el Parlamento quien tendrá que decidir, añadió, aunque advirtió de que "no se puede votar una suspensión sin los elementos de ingresos correspondientes" para financiar el agujero adicional en las arcas del sistema de pensiones, que será de unos 400 millones de euros en 2026 y de 1.800 millones en 2027.

A continuación, en su discurso de política general ante el Senado, Lecornu anunció que propondrá confiar la gestión del sistema de pensiones a los interlocutores sociales.

El Parlamento tiene 50 días para examinar el proyecto de presupuesto de la Seguridad Social, que incluirá la suspensión de la reforma de las pensiones, y 70 días para el presupuesto del Estado de 2026.

Pero estos plazos, basados en la letra de la Constitución, podrían ser complicados de cumplir si se presentan cientos de enmiendas.

Y más teniendo en cuenta que tienen que ser aprobados con el consenso de la mayoría en un Parlamento fraccionado y sin la posibilidad, ya que el Gobierno de Lecornu ha renunciado a ello, de usar el as del artículo de la Constitución que permite la adopción de leyes sin voto.

Además de una posible avalancha de enmiendas, también planea como obstáculo que la tramitación de la suspensión de la reforma de las pensiones pueda verse comprometida por otras aportaciones en el mismo texto imposibles de respaldar para la izquierda.

En el peor de los casos y como último recurso, Lecornu podrá optar por una ley especial, que le permitiría seguir recaudando los impuestos existentes a la espera de la aprobación de un presupuesto real, como ya ocurrió en 2024, tras la exitosa moción de censura contra el Gobierno de Michel Barnier en diciembre de ese año.

El Partido Socialista (PS) y el conservador Los Republicanos (LR) dieron oxígeno, al menos en el muy corto plazo, al Gobierno macronista de Sébastien Lecornu al anunciar este martes que no respaldarán las mociones de censura de la extrema derecha y de la izquierda radical que se votan el jueves, según indica EFE.

Las posiciones de socialistas y conservadores, que se han alternado en el poder en la V República (desde 1958) hasta la llegada al Elíseo de Emmanuel Macron en 2017, eran esenciales para la supervivencia del segundo gobierno de Lecornu, formado hace solo dos días. Este enfrenta el jueves dos mociones de censura: una del ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen y la otra del izquierdista de La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, primer y tercer grupo parlamentario, respectivamente.

"Hacemos una apuesta, una apuesta arriesgada en la que solo el futuro nos dirá adónde llega", manifestó el líder parlamentario del PS, Boris Vallaud, desde la Asamblea Nacional, donde Lecornu había pronunciado antes su discurso de política general y anunciado la suspensión de la reforma de las pensiones de 2023, requisito de los socialistas para no apoyar la moción del resto de la izquierda.

Esto implicará que el progresivo aumento de la edad mínima de jubilación hasta los 64 años se quedará congelado en la situación actual, de 62 años y nueve meses, hasta enero de 2028, cuando pueda tomar nuevas decisiones el presidente que sea elegido en la primavera de 2027.

A su vez, Leconu ha propuesto aumentar los impuestos a los ricos y a las grandes empresas en 6.500 millones de euros el año próximo, lo que se entendió como otro guiño a los socialistas.

Por su parte, el líder de los diputados de LR, Laurent Wauquiez, aseguró que sus cerca de 40 diputados no votarán la moción de censura "a priori" y "no formarán parte de los que harán caer a los primeros ministros", en alusión a las caídas de Michel Barnier (diciembre de 2024 tras tres meses en el cargo) y François Bayrou (septiembre de 2025 tras nueve meses).

El anuncio de Wauquiez ha generado cierta polémica, pues la dirección de LR, pilotada por el exministro del Interior Bruno Retailleau, había alertado de que la suspensión de la reforma de las pensiones podría hacer cambiar la opinión del partido que ha sido socio del macronismo durante el último año. "Para evitar caer en una moción de censura, el gobierno hace pagar a los franceses un precio muy alto", criticó Retailleau, en un comunicado, en alusión a la suspensión de la reforma a la que los conservadores se han opuesto porque la consideran esencial para sanear las cuentas. Esta discrepancia ente los diputados y la dirección del partido se explica por la guerra soterrada que libran el antiguo ministro del Interior y Wauquiez.

Entre el resto de principales fuerzas políticas, los comunistas, que cuentan con un pequeño grupo, no dejaron claro si respaldarán la moción del jueves, a pesar de que su líder, Fabien Roussel, consideró "una primera victoria" la suspensión de la reforma de las pensiones. Los otros socios de la izquierda, los Ecologistas, sí que apoyarán la moción contra Lecornu.

El partido del presidente Macron, Renacimiento, el RN y el LFI también intervinieron tras el discurso de política general del nuevo primer ministro y refrendaron sus posiciones, de apoyo al gobierno los primeros y de censura los segundos y terceros.

La intervención de la Asamblea Nacional de Lecornu sucede pocas horas más tarde de la celebración del primer Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo, en el que se aprobó el proyecto de cuentas para 2026, que ahora deberá pasar por el arduo trámite parlamentario.

Lecornu prometió no gobernar con decretos -una opción permitida por la Constitución francesa con la que se aprobó la polémica reforma de las pensiones de 2023- y dijo que el peso legislativo corresponde a una Asamblea Nacional que representa a una Francia "diversa" fragmentada en tres bloques (izquierda, centro y ultraderecha).

En un mensaje a sus socios europeos, Lecornu aseguró que "en todos los casos" el déficit público del país cerrará por debajo del 5% del producto interior bruto (PIB) en 2026 y que tiene la intención de cumplir en 2025 con el objetivo de un déficit del 5,4% del PIB, después del 5,8% en 2024.

En lo que tiene que ver con la recaudación, una de las grandes novedades será un impuesto que gravará los holdings familiares y, en concreto, los activos que no están dedicados a fines operativos. Ese impuesto, sería una alternativa al conocido como impuesto Zucman que reclama la izquierda y que consistiría en gravar con un 2% el patrimonio de los que tienen más de 100 millones de euros, unos 1.800 contribuyentes en Francia, y que se calcula que podría recaudar hasta 20.000 millones de euros.

El presidente francés, Emmanuel Macron, va a nombrar a un primer ministro en las próximas horas, lo que confirma que descarta el adelanto de las elecciones legislativas, tras reunirse con los líderes de los principales partidos moderados del país, según indica EFE.

Esa es una de las principales conclusiones de las declaraciones de algunos de los asistentes al encuentro, en el que los líderes de la izquierda mostraron su profundo descontento porque el primer ministro no será nadie de su campo como reclamaban.

El primer secretario socialista, Olivier Faure, se quejó de que Macron no les ha dado "ninguna respuesta clara" en los puntos que le han pedido, como una renuncia a la aprobación de leyes por decreto o a la suspensión de la reforma de las pensiones, y advirtió sobre la posible censura del primer ministro que pueda nombrar. "Como no hemos obtenido ninguna garantía, no descartamos votar una moción de censura", señaló después de contar que, aunque se sienten "perfectamente legítimos" en la izquierda para reclamar un primer ministro, Macron no ha accedido a esa idea. El líder socialista añadió que si no se les tiene en cuenta "no hay otra opción que votar una moción de censura".

En una línea similar, la líder de los ecologistas, Marine Tondelier, denunció que, a la vista de lo que han escuchado en reunión, para el presidente "nombrar a un primer ministro ecologista o de izquierdas no es su opción". Tondelier advirtió de que "esto va a terminar muy mal" y de que "si (Macron) vuelve a nombrar a alguien de su mayoría, esto terminará como las veces anteriores". Es decir, con una moción de censura contra el Gobierno.

En el encuentro también participaron los principales responsables del macronismo, los antiguos primeros ministros Édouard Philippe y Gabriel Attal, y los líderes del partido de la derecha tradicional, los Republicanos, Bruno Retailleau y Laurent Wauquiez.

Ninguno de ellos hizo declaraciones a su salida de la cita del Elíseo a la que no habían sido invitados los dos grandes partidos de la Asamblea Nacional, la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen y la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon.

Esos dos partidos de los extremos del arco parlamentario exigen elecciones anticipadas. Y aunque hay diferencias entre ellos ambos desean que Macron se vaya, de hecho, Mélenchon lo exige abiertamente e incluso ha intentado la destitución.

El actual primer ministro en funciones, el macronista Sébastien Lecornu, dimitió el pasado lunes por la mañana apenas 14 horas después de que se anunciara la composición de su Gobierno. Macron le encargó que siguiera haciendo una labor de prospección dos días más para ver si era posible evitar unas elecciones anticipadas. El miércoles por la noche, el Elíseo ya avanzó que Macron nombraría a un nuevo primer ministro en 48 horas.

El primer ministro francés en funciones, Sébastien Lecornu, aconsejó este miércoles al presidente, Emmanuel Macron, que no adelante las elecciones legislativas y que nombre un nuevo jefe de Gobierno en las próximas 48 horas, al considerar que existen posibilidades de acuerdo para estabilizar el país.

En una entrevista en la televisión pública France 2, Lecornu despejó todas las dudas sobre su continuidad en el cargo al frente de un nuevo gobierno al asegurar que su "misión ha terminado", tras cumplir con el encargo de Macron de explorar pactos políticos para la estabilidad del país y éste "hablará a su debido tiempo", dijo sin más precisiones.

Tras esos contactos desde el lunes, concentrados en 48 horas, a los que asistieron todos los grupos menos la ultraderecha de Marine Le Pen y la izquierdista La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, Lecornu aseguró que "hay una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional que rechaza la disolución" y, por tanto, un adelanto electoral.

El político macronista también fue rotundo al afirmar que el próximo gobierno debe estar "completamente desconectado de las ambiciones presidenciales" para 2027 y, preguntado sobre quién debería encabezar ese ejecutivo, respondió que la decisión de la elección corresponde al presidente de la República.

"La situación ya es bastante difícil. Necesitamos un equipo que, al final, decida ponerse manos a la obra y resolver los problemas del país hasta las elecciones presidenciales de 2027", añadió.

También se expresó completamente en contra de la dimisión del presidente, como piden los extremos de derecha e izquierda y algunos conservadores.

"En una supuesta democracia representativa, al otorgar un mandato, si, en cuanto surge una pequeña tormenta, se empieza a decir 'tienes que irte', eso pesará sobre los próximos presidentes y luego sobre los alcaldes. Sigo siendo ministro de Defensa y les aseguro que no es momento de cambiar de presidente", afirmó.

Y advirtió, en ese sentido, que no se debe "subestimar la tensión internacional que (Macron) debe gestionar. Ya no somos lo suficientemente fuertes como para que Francia sea autosuficiente. El grado de energía y asunción de riesgos que un presidente puede asumir es esencial".

Preguntado sobre la reforma de las pensiones, uno de los principales escollos que han marcado las negociaciones políticas, Lecornu dijo que suspensión de esa impopular ley denostada por la izquierda costaría al menos 3.000 millones de euros en 2027 y, sin posicionarse, abogó por que ese debate siga un camino parlamentario.

"Hay que encontrar la manera de garantizar que se celebre el debate sobre la reforma de las pensiones", insistió.

Preguntado sobre si habrá pronto un proyecto de presupuestos para 2026, manifestó que "todos los partidos políticos" con los que se ha reunido le dijeron que "no se debe correr el riesgo de no tener un presupuesto para finales de diciembre".

"Me aseguré de que, aunque no sea perfecto, dado mi reciente nombramiento, el proyecto de presupuesto se presentaría el lunes, que es el último día posible para presentarlo y poder aprobarlo antes de finales de este año", declaró. "Habrá mucho que debatir en el Parlamento", reconoció.

En cuanto a la "justicia fiscal", el jefe del Ejecutivo saliente, que lleva 29 días en el puesto, señaló que también se podrá debatir sobre impuestos en el Parlamento y consideró que cualquier subida de los mismos habría que justificarla porque "es un símbolo para los franceses".

Sea como fuere, Lecornu concluyó que termina su misión con la sensación de que su misión "esta cumplida" y con el convencimiento de que lo ha "intentado todo".

La pelota está ahora en el tejado del presidente, que si sigue las recomendaciones de su fiel colaborador tendrá que encontrar un primer ministro que aglutine una mayoría parlamentaria.

Una misión complicada a la vista de las declaraciones de los diferentes líderes políticos que han desfilado estos dos últimos días por el despacho de Lecornu.

La izquierda exige un nuevo primer ministro de su campo que la derecha asegura que no aceptará, mientras que asuntos como la fiscalidad de los más ricos o la reforma de las pensiones presentan posturas muy alejadas.

En el trasfondo, asoma la amenaza de moción de censura al nuevo Gobierno que blanden sin complejos la extrema derecha y la izquierda de La Francia Insumisa.

Ninguno de los dos acudió al llamamiento con el primer ministro y exigen un adelanto electoral. Le Pen de las legislativas, para la que todos los sondeos le dan una victoria en la primera vuelta, mientras que Mélenchon pide la cabeza de Macron.