Marine Le Pen ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal de Casación con la misma naturalidad con la que los Men in Black apretarían el gatillo de su bolígrafo para borrar la memoria de testigos incómodos. De un solo golpe, su condena por malversación de fondos públicos en el caso de los asistentes parlamentarios europeos dejaría de existir, a ojos de la líder de los diputados de la Agrupación Nacional (RN).

Así fue cómo la líder de la extrema derecha francesa anunció en el telediario de las 20:00 horas de TF1, el martes 7 de julio, su cuarta candidatura a las elecciones presidenciales.

Un poco antes ese mismo día, había sido declarada culpable, por segunda vez en un año, de haber supervisado un sistema creado para reducir las cargas del Frente Nacional (FN, que pasó a llamarse RN en 2018) mediante la remuneración de los empleados del partido a través de contratos ficticios como asistentes parlamentarios en el Parlamento Europeo. Y condenada, en particular, a un año de prisión efectiva, que podrá cumplir en su domicilio y con una pulsera electrónica.

Aunque a las tropas lepenistas se les había prohibido hablar con la prensa antes de que su jefa se pronunciara, luego pudieron aparecer en todos los programas de radio y televisión para insistir en un argumento destinado a acallar cualquier crítica sobre la probidad de su candidata: al haberse presentado un recurso ante el Tribunal de Casación que suspende la pena dictada por el Tribunal de Apelación de París, Marine Le Pen vuelve a gozar de la presunción de inocencia. Se acabó la discusión.

La diputada de Pas-de-Calais tiene todas las razones para querer hacer olvidar esta resolución judicial. Es cierto que resulta sorprendentemente indulgente en cuanto a la pena impuesta, lo que vuelve a hacer a Marine Le Pen elegible en 2027. Pero es abrumadora en cuanto al fondo.

El Tribunal de Apelación ha insistido en la “especial gravedad” de la malversación de fondos europeos —2,8 millones de euros de dinero público— y ha considerado que este sistema fraudulento ocurrió “bajo el impulso determinante” de la expresidenta del FN y luego de RN y se prolongó “durante más de once años” (de 2004 a 2016). Y todo ello a costa de una “violación de la confianza en la que se basan los electores y que depositan en cada uno de sus representantes”.

El recurso de casación anunciado por Marine Le Pen “no anula la sentencia del tribunal de apelación. Solo suspende sus efectos”, consideró oportuno recordar Ludovic Friat, presidente de la Unión Sindical de Magistrados (USM), el sindicato mayoritario, el miércoles 8 de julio en la cadena BFMTV-RMC.

Pero con este recurso, la hija de Jean-Marie Le Pen gana un tiempo precioso que le permitiría eludir una posible condena definitiva antes de las elecciones presidenciales.

La apuesta es arriesgada. Sobre el papel, su destino judicial podría decidirse ya a principios de 2027. De hecho, un alto cargo del Tribunal de Casación asegura a Mediapart que el máximo órgano judicial se ha puesto ya en marcha para poder pronunciarse antes de la primera vuelta de las elecciones, el 18 de abril. Para ello, habrá que dar prioridad absoluta al examen de los recursos que presentará RN ante la Sala de lo Penal, cuyos plazos habituales suelen oscilar entre uno y dos años.

Si su recurso es desestimado a tiempo, la candidata se vería entonces obligada a llevar una pulsera electrónica y tendría restringidos sus desplazamientos durante los últimos meses de su campaña. No será fácil para el juez de ejecución de penas designado arriesgarse a imponer tales obligaciones a la líder de un partido a las puertas del poder, pero la sentencia del Tribunal de Apelación obliga a cumplir la parte firme de la pena de prisión bajo vigilancia electrónica.

El miércoles, los dirigentes del partido de Le Pen multiplicaron las señales indicando que RN haría todo lo posible para impedir tal escenario y retrasar el plazo más allá de la segunda vuelta. Con un plan en mente: si Marine Le Pen se instala en el Elíseo, estará protegida por su inmunidad presidencial.

“Si se desestimara el recurso, la decisión del Tribunal de Apelación de París pasaría a ser ejecutiva y, por lo tanto, se ejecutaría. Pero durante el mandato presidencial, quedará en cierto modo suspendida por la inmunidad presidencial y solo podrá ejecutarse una vez finalizado dicho mandato”, explicó el 8 de julio, en el plató de TF1, Marie-Suzanne Le Quéau, fiscal general adjunta del Tribunal de Apelación de París.

Las filas lepenistas quieren, por tanto, ganar tiempo. “En cuanto Marine Le Pen pueda presentarse, ya no habrá urgencia para que se pronuncie el Tribunal de Casación. Se entra en un procedimiento normal de casación”, opinó el alcalde de Perpiñán y vicepresidente de RN, Louis Aliot, en BFMTV-RMC. “El caso que se plantea hoy no entra dentro de los procedimientos acelerados”, coincidió el abogado de Marine Le Pen, Rodolphe Bosselut, en France Inter.

“Tiene un pie en el acelerador para las presidenciales, quiere llegar lo antes posible, y otro en el freno en lo judicial”, dijo a modo de ilustración Ludovic Friat en BFMTV-RMC. “Es probable que sus abogados presenten múltiples solicitudes en el marco de este recurso de casación.”

Para ralentizar el proceso, la candidata de RN podría, entre otras cosas, presentar una cuestión prioritaria de constitucionalidad (QPC), lo que tendría como efecto retrasar el examen de los recursos.

“No estoy jugando una contrarreloj, soy una ciudadana que ejerce sus derechos”, dijo Marine Le Pen el miércoles por la mañana en La Flèche (Sarthe), durante un acto destinado a demostrar la unidad del “binomio” que forma con su posible primer ministro, Jordan Bardella.

La líder ultra está hoy dispuesta a enzarzarse en un pulso con la justicia, aun a riesgo de ejercer presión sobre las instituciones en plena campaña para las elecciones presidenciales. “Ya no hay ningún escenario en el que no pueda presentarme en 2027”, afirmó el martes por la noche en TF1.

Para el mundo RN, “Marine Le Pen es la más indicada para saber si es inocente o culpable”, tal y como afirmó el diputado Jean-Philippe Tanguy en France Inter, al día siguiente de la condena en apelación de su jefa.

La que fuera número uno del partido, que en el pasado había hecho de su supuesta probidad un argumento de campaña, no considera en absoluto que una condena en apelación por malversación de fondos públicos la inhabilite para 2027. Enfrentando a los magistrados con el pueblo en una retórica trumpista, llega incluso a considerar que “los franceses” serían los únicos “jueces” si esta resolución judicial fuera confirmada como definitiva por el Tribunal de Casación antes de las presidenciales. Todo ello mientras se esfuerza por evitar la etiqueta de “candidata presidencial con antecedentes penales”.

Si Marine Le Pen quiere ganar tiempo, puede presentar en primer lugar una cuestión prioritaria de constitucionalidad (QPC), lo que retrasaría el examen de los recursos de casación. Si el Tribunal de Casación la considera admisible, la QPC se remite al Consejo Constitucional para su examen, lo que lleva varios meses. Los abogados de RN también pueden tomarse su tiempo para presentar sus escritos ante el Tribunal de Casación una vez interpuestos los recursos de casación. En ambos casos, se trata de una forma hábil de posponer una resolución judicial definitiva hasta después de las elecciones presidenciales y de eludir una posible condena penal.

Con o sin QPC, una vez que se le haya sometido el fondo del asunto, la Sala Penal del Tribunal de Casación puede dictar varios tipos de resoluciones. Si los recursos son admisibles, puede examinarlos y, a continuación, desestimarlos sin más. En tal caso, la resolución del Tribunal de Apelación se aplicaría de inmediato, lo que supondría que Marine Le Pen, definitivamente condenada, tendría que llevar una pulsera electrónica durante un período de varios meses a un año. Podría impugnar la ejecución de su pena, pero con posibilidades inciertas de éxito.

En caso contrario, aún quedan varias posibilidades. En caso de casación total con devolución, el expediente de los asistentes parlamentarios europeos de RN sería juzgado de nuevo por otro tribunal de apelación (o por el tribunal de apelación de París con una composición diferente), y todos los acusados gozarían de la presunción de inocencia (contrariamente a lo que se haya podido decir aquí o allá, no se volvería a la sentencia de primera instancia).

En su defecto, la Sala de lo Penal podría dictar una casación parcial, con o sin remisión a otro tribunal de apelación. En teoría, podría, por ejemplo, anular únicamente una disposición relativa a las penas impuestas si considera que carece de fundamento jurídico.

Dado que el Tribunal de Apelación de París se ha esmerado en redactar meticulosamente su sentencia, el escenario de una casación total o parcial no es el más probable. De hecho, el Tribunal de Casación solo juzga el derecho.

Traducción de Miguel López

En materia de seguridad vial, existe un fenómeno muy conocido: el efecto túnel. Se refiere a un estrechamiento del campo de percepción en situaciones de estrés, lo que conlleva el riesgo de volverse ciego ante el peligro, que ya no lo ves. Y, pum, el accidente.

El efecto túnel ha golpeado de lleno en las últimas horas a gran parte del mundo político y mediático, que en ocasiones parecían alimentarse mutuamente en una discusión digna de Catherine y Liliane (populares sketchs de humor satírico de dos secretarias que comentan la actualidad, ndt) en torno al caso de los puestos de trabajo ficticios de la Agrupación Nacional (RN). En un primer momento se centraron en la inelegibilidad de Marine Le Pen —había sido condenada a cinco años en primera instancia, lo que la inhabilitaba para presentarse a las elecciones de 2027— y, posteriormente, en el uso de la pulsera electrónica a la que finalmente ha sido condenada.

Ahora ya lo sabemos: a diferencia de la primera sentencia dictada en marzo de 2025, la líder de la extrema derecha se libra esta vez de una pena de inelegibilidad que le habría impedido presentarse a las próximas presidenciales, pero el tribunal confirma al mismo tiempo una pena de prisión que deberá cumplir en su domicilio y con vigilancia electrónica. Y, de repente, se arma el revuelo: la única pregunta que se ha planteado durante todo el día del juicio ha sido si podría hacer campaña con una pulsera. ¿Sí? ¿No?

Lo esencial ha quedado relegado a un segundo plano. Por segunda vez en un año, Marine Le Pen ha sido declarada culpable de haber supervisado un sistema de malversación de fondos públicos, que consistió en desviar 2,8 millones de euros de las arcas del Parlamento Europeo para financiar puestos de trabajo ficticios de asistentes parlamentarios.

El abogado del Parlamento Europeo, Patrick Maisonneuve, resumió someramente la situación en una pregunta que en realidad no lo era: “¿Se puede ser candidato a las presidenciales con una condena en firme por malversación de fondos públicos?”

No todos compartían la misma opinión, a juzgar, por ejemplo, por la declaración en X del exdiputado de RN y mediático abogado Gilbert Collard: “¡Marine Le Pen puede presentarse como candidata! ¡La pulsera electrónica no se lo debe impedir, todo lo contrario!”

Hubo que esperar a la intervención de la propia interesada en el telediario de las 20:00 horas de TF1 para conocer su decisión. Al anunciar que presentaría un recurso ante el Tribunal de Casación —lo que suspende la ejecución de su pena—, Marine Le Pen declaró que se presentará como candidata a las elecciones presidenciales, a pesar de su condena en primera instancia y en apelación. Y a pesar de que el calendario judicial corre el riesgo de impactar violentamente en la campaña electoral.

Así que ahí estamos. El debate público parece tan degradado que no queda claro, en una parte del espacio mediático y político francés, pero también en el seno de RN, que el doble reconocimiento de culpabilidad de una responsable política de primer orden en un escándalo tan grave no sea, en sí mismo, sinónimo de inhabilitación para las elecciones más importantes.

De hecho, muchos comentaristas han preferido ver más bien una muestra de habilidad en la decisión del Tribunal de Apelación de París que, para no ser tachado de “República de los jueces”, ha devuelto la patata caliente al campo RN.

Pero hay otra forma de abordar la situación. ¿No sería eso ya una forma de renuncia de la justicia si llegara a delegar las consecuencias de lo que constata en el delincuente a quien condena? La cuestión se plantea aún con mayor razón cuando el Tribunal de Apelación ha explicado, en un comunicado enviado a la prensa, que la pena de inelegibilidad impuesta a Marine Le Pen se ha reducido drásticamente, en comparación con la sentencia de primera instancia, por respeto a “la libertad de candidaturas, pero también a la libertad de elección del votante”. En su sentencia de 341 páginas, el tribunal justifica la medida invocando la “condición esencial para una expresión verdaderamente democrática del sufragio universal”.

Cabe preguntarse entonces para qué sirve una pena de inelegibilidad, cuya función misma es obstaculizar la libertad de presentarse a unas elecciones, a fortiori al término de un caso que el propio tribunal de apelación ha considerado de “especial gravedad”.

Y es que la inelegibilidad no es un capricho de los magistrados, sino fruto de la voluntad de quienes elaboraron la ley (spoiler: los políticos) para poder neutralizar a quienes han utilizado su mandato para cometer delitos cuya víctima es toda la sociedad.

Eso es precisamente lo que el tribunal de primera instancia había estimado en su sentencia: “La propuesta de la defensa de dejar que el pueblo soberano decida sobre una hipotética sanción en las urnas equivale a reivindicar un privilegio o una inmunidad que se derivaría de la condición de elegido o candidato, violando el principio de igualdad ante la ley.”

Pues el tribunal de apelación ha decidido lo contrario. Esto es válido para Marine Le Pen, que acapara toda la atención, pero también para su expareja, Louis Aliot, actual alcalde de Perpiñán, también declarado culpable, pero que podrá continuar con su vida como político como si nada hubiera pasado, ya que se le ha impuesto una pena de inelegibilidad condicional.

¿Qué tipo de delincuencia, aparte de la de los “cuellos blancos”, se beneficia de hecho de tal privilegio? Todos los días, en todos los tribunales de Francia, a las personas que se han aprovechado de su profesión para cometer delitos se les impide ejercerla, y eso no escandaliza a nadie.

Por el contrario, un político procesado tiene fácil acceso a los platós de televisión y radio para intentar hacer creer que los magistrados que juzgan a los políticos son jueces políticos. Y si estos jueces tienen el descaro de dictar penas de inelegibilidad, es una prueba fehaciente de que actúan en contra de la soberanía popular.

Es absurdo: juzgan a personas que podrían haber cometido un delito y utilizan los instrumentos que la ley (que ellos no votan) les ofrece para reprimir las infracciones constatadas. Pero resulta que en los casos de atentados contra la probidad cometidos en el ámbito político, no es raro que los sospechosos sean… políticos. ¡Vaya sorpresa!

A nadie se le ocurriría preguntarse si un juez que condena a un carnicero acusado de estafa es vegano. Entonces, ¿por qué se razona de forma tan estúpida cuando se trata de delitos de cuello blanco? Quizá porque, en estos casos, no se tienen en cuenta los hechos, sino cómo viven la sanción los encausados. La pasión sustituye a la razón.

Hoy en día resulta difícil no preguntarse si la aparente clemencia de la sentencia de apelación en el caso RN —y los motivos para no impedir que Marine Le Pen se presente como candidata— no es, al menos en parte, el resultado de la inmensa presión que se ejerció sobre los jueces tras la furia política y mediática que siguió a la sentencia de primera instancia.

Conviene recordar la increíble violencia contra los jueces que se desató en 2025, un año marcado también por la condena a Nicolas Sarkozy en el caso libio, lo que suscitó manifestaciones de preocupación por parte de los dos máximos magistrados del país.

Y hay que leer lo que se ha podido escribir aquí y allá estos últimos días a la espera de la sentencia sobre Le Pen. Le Journal du dimanche, propiedad del grupo Bolloré, por ejemplo, ha hablado de la “trampa judicial” tendida a RN, sin prestar mucha atención a los hechos juzgados.

Pero sin duda quien se llevó la palma fue el director del semanario Marianne, Frédéric Taddeï, que comenzó expresando su preocupación por el “poder que se ha conferido a esos jueces”. Antes de expresar su nostalgia por la época del general de Gaulle, cuando “esas famosas violaciones de la probidad se consideraban peccata minuta, aunque solo fuera porque nuestros políticos recurrían a ellas a menudo; pero luego se les ha rebautizado con nombres terribles: corrupción, tráfico de influencias, favoritismo, concusión, conflicto de intereses, asociación ilícita, estafa, malversación de fondos públicos…”.

Nada más lejos de la realidad. La corrupción ya figuraba en el Código Penal de 1810, al igual que la obtención ilícita de beneficios (bajo el nombre de “delito de injerencia”), la asociación ilícita, la estafa o la malversación de fondos públicos, esta última inspirada directamente en el derecho romano. En cuanto al tráfico de influencias, se creó en 1889 para colmar un vacío legal tras la dimisión del presidente Jules Grévy, arrastrado por un caso de tráfico de condecoraciones dos años antes. En la lista de Frédéric Taddeï, solo el favoritismo data de los años noventa.

¿Son peccata minuta las violaciones de la probidad? Leamos más bien al filósofo británico Thomas Paine, que logró la hazaña de ser a la vez una figura de la Revolución Americana de 1776 y diputado de la Convención Nacional en Francia, entre 1792 y 1795: “Es fácil ver que, allá donde faltan las virtudes republicanas, comienza la esclavitud”. Lo escribió en una obra titulada Common Sense (El sentido común). Justo lo que le falta al debate público francés sobre los “escándalos”.

Traducción de Miguel López

Durante meses la política francesa ha vivido atrapada en una paradoja incómoda. La principal favorita para disputar el Elíseo en 2027 no veía amenazada su carrera política por las urnas, sino por los tribunales. La condena en primera instancia contra Marine Le Pen por la malversación de fondos destinados a asistentes parlamentarios del Parlamento Europeo abrió un escenario extraordinariamente delicado para cualquier democracia liberal donde la principal dirigente de la oposición podría haber quedado apartada de la competición electoral por decisión judicial antes de que los ciudadanos pudieran pronunciarse sobre ella.

La sentencia dictada ahora por el Tribunal de Apelación modifica sustancialmente ese escenario. Mantiene la condena por malversación —es decir, confirma la existencia del delito—, pero rebaja las consecuencias políticas inmediatas. La pena pasa a ser de tres años de prisión, dos de ellos suspendidos, y uno mediante vigilancia electrónica con brazalete, mientras que la inhabilitación queda reducida hasta un punto que ya no impide su participación en las elecciones presidenciales de 2027. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, el fallo supone una cierta moderación respecto a la sentencia inicial. Desde el punto de vista político, sin embargo, representa algo mucho más importante y es que devuelve la decisión al terreno de lo estrictamente político. Esta sentencia no implica ningún cuestionamiento de la independencia judicial ni minimizar la gravedad de los hechos. La Justicia francesa ha confirmado que existió un sistema de utilización irregular de recursos del Parlamento Europeo para financiar actividades del entonces Frente Nacional. La responsabilidad penal permanece intacta. Lo que cambia es la proporcionalidad entre la sanción penal y sus efectos sobre la competencia democrática.

En una época en que la extrema derecha ha convertido la denuncia del supuesto "gobierno de los jueces" en uno de sus principales instrumentos de movilización política, impedir que Marine Le Pen concurriera a las presidenciales habría alimentado inevitablemente el relato victimista que lleva años construyendo. No porque dicho relato fuera cierto, sino porque habría encontrado un terreno extraordinariamente fértil para prosperar. A pesar de todo, ella, a buen seguro, intentará la vía de la victimización.

La democracia liberal siempre afronta un dilema complejo cuando debe sancionar penalmente a dirigentes políticos de primer nivel. Debe demostrar que nadie está por encima de la ley sin ofrecer, al mismo tiempo, la impresión de que es el poder judicial quien termina configurando la oferta electoral. Esa frontera es extremadamente delicada. En este sentido, la resolución del Tribunal de Apelación parece haber buscado precisamente ese difícil equilibrio. Le Pen continúa siendo una política condenada por corrupción, pero deja de ser una candidata excluida por decisión judicial. La responsabilidad política vuelve así a recaer sobre los ciudadanos franceses.

Sin embargo, el problema político no ha desaparecido. Simplemente ha cambiado de naturaleza. Ahora la incógnita deja de ser si Marine Le Pen puede presentarse. La legislación francesa se lo permite. Le Pen también ha decidido que, a pesar del brazalete, se presentará a las presidenciales. La decisión supone asumir un elevado coste simbólico, pero también transmite un mensaje político claro, el de que no está dispuesta a que una condena penal determine el final de su trayectoria ni a ceder el liderazgo electoral del Reagrupamiento Nacional. Y todo ello a pesar de que durante los últimos días la propia dirigente del Reagrupamiento Nacional había reiterado que no contemplaba realizar una campaña electoral llevando un brazalete electrónico. En todo caso, va a resultar complicado construir una imagen presidencial mientras se cumple una condena penal visible para toda la opinión pública. En este sentido, el propio sistema francés contempla reducciones de condena que podrían acortar considerablemente el tiempo efectivo de utilización del brazalete, incluso hasta seis meses en determinadas circunstancias. Quizás sea aquí, y en su ambición personal, donde sustenta su decisión de seguir adelante.

En este contexto, Jordan Bardella seguirá siendo una pieza esencial de la estrategia del Reagrupamiento Nacional, pero la decisión de Le Pen retrasa el relevo generacional que muchos daban por inminente. El partido mantiene así la fórmula que mejores resultados le ha proporcionado en la última década: Marine Le Pen como candidata presidencial y Bardella como dirigente encargado de ampliar la implantación electoral y reforzar la normalización del partido entre los votantes más jóvenes. Se aplaza de este modo el relevo en el liderazgo de RN, y todo ello a pesar de que Bardella parece ya maduro y una figura política con identidad propia. Tanto es así que algunos sondeos ya sugerían que su liderazgo podría ampliar el espacio electoral del partido entre determinados segmentos moderados que todavía mantienen reservas hacia Marine Le Pen.

Algo, sin duda, ha cambiado en el que, a día de hoy, es el principal partido del sistema político francés. Esto es que Reagrupamiento Nacional ha dejado de ser un partido construido alrededor de una familia para convertirse en una organización plenamente institucionalizada. La estrategia de "desdiabolización" iniciada hace más de una década ya no depende exclusivamente de su líder histórica. El partido ha logrado construir cuadros, estructura territorial y una marca política suficientemente sólida como para sobrevivir a la familia Le Pen. Este es probablemente el dato más relevante a día de hoy.

Durante años buena parte del sistema político francés descansó sobre la idea de que Marine Le Pen constituía una anomalía personal más que una expresión estructural de la sociedad francesa. Hoy esa interpretación resulta claramente insuficiente. Hoy el voto al Reagrupamiento Nacional responde a transformaciones y clivajes mucho más profundos  que incluyen la desindustrialización de amplias regiones, el deterioro de la cohesión territorial, la crisis del ascensor social, el debilitamiento de los partidos tradicionales, el desgaste del proyecto macronista y una creciente percepción de inseguridad económica y cultural.

La sentencia ha evitado que sean los tribunales quienes decidan quién puede competir por la Presidencia de la República. Esa responsabilidad vuelve a recaer sobre los ciudadanos franceses. Pero el hecho de que Marine Le Pen pueda presentarse no resuelve el problema político de fondo. Las encuestas continúan situando al Reagrupamiento Nacional en una posición extraordinariamente competitiva de cara a 2027 y muestran que la extrema derecha mantiene opciones reales de alcanzar el Elíseo. La cuestión ya no es si Le Pen tiene derecho a ser candidata. La cuestión es por qué, después de una condena por malversación de fondos públicos, sigue siendo una de las principales aspirantes a gobernar Francia. Esa pregunta interpela mucho más a la política francesa que a sus tribunales En otras palabras, la extrema derecha francesa está más cerca que nunca del Elíseo. Y precisamente por eso la sentencia conocida esta semana tiene una importancia que trasciende el caso Le Pen. No elimina el problema político francés. Lo hace visible.

Ya no será posible atribuir un eventual triunfo del Reagrupamiento Nacional a una supuesta persecución judicial ni a una conspiración institucional. Si la extrema derecha alcanza la Presidencia de la República será porque una mayoría suficiente de ciudadanos franceses así lo habrá decidido democráticamente. Ese es, precisamente, el verdadero desafío para las fuerzas republicanas.

Las democracias no derrotan a los populismos mediante sentencias. Los derrotan reconstruyendo proyectos de país capaces de ofrecer seguridad, prosperidad y horizonte de futuro. Francia acaba de evitar que fueran los tribunales quienes decidieran quién podía aspirar al Elíseo. Ahora corresponde a la política demostrar que todavía es capaz de convencer a los franceses de quién merece realmente ocuparlo. Tomen nota y observen.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

El enigma de los vínculos de dependencia entre la Agrupación Nacional (RN) del dúo Le Pen/Bardella y el sector más radical de la extrema derecha francesa se asemeja a la famosa máxima de El gatopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa: “Todo debe cambiar para que nada cambie.” En efecto, a pesar de las investigaciones judiciales en curso y de las declaraciones públicas sobre un supuesto distanciamiento, la RN sigue enriqueciendo, en condiciones sospechosas, a la denominada “GUD Connection”.

Mientras que la Fiscalía Europea llevó a cabo la semana pasada una oleada de registros en el marco de una investigación sobre las condiciones de adjudicación de contratos por parte del grupo parlamentario de la extrema derecha europea durante el periodo 2019-2024, un nuevo informe oficial del Parlamento Europeo, fechado a mediados de junio, al que ha tenido acceso Mediapart, señala posibles irregularidades financieras atribuibles a RN en un periodo más reciente (2024-2025).

Según nuestra información, este documento de 37 páginas, elaborado por la Dirección General de Finanzas del Parlamento Europeo, se encuentra actualmente en manos de la Comisión de Control Presupuestario, que debe emitir un dictamen el 14 de julio sobre las medidas que deben adoptarse al respecto. Estos nuevos elementos podrían por tanto ser remitidos a la justicia.

Al igual que en la investigación en curso, los hechos descubiertos por los servicios financieros del Parlamento Europeo se refieren a los contratos de comunicación adjudicados por RN, con fondos públicos, a una pléyade de empresas que tienen en común estar en manos de directivos que mantienen vínculos personales y políticos con la “GUD Connection”.

Esta denominación engloba una nebulosa vinculada a antiguos activistas del Grupo Unión Defensa (GUD, antiguo sindicato de estudiantes anticomunistas y de extrema derecha, ndt), entre los que se encuentra su emblemático líder en la década de 1990, Frédéric Chatillon, acusado de alimentar la nostalgia por el III Reich, de frecuentar cada vez más a figuras antisemitas y de defender una proximidad ideológica con dictaduras extranjeras, como la Siria de Bashar al-Assad o la Rusia de Vladímir Putin, por ejemplo.

Frédéric Chatillon, condenado por estafa en el caso de los kits de campaña del Frente Nacional (FN), es también amigo de la infancia de Marine Le Pen, mientras que una de sus hijas mantuvo una relación sentimental con Jordan Bardella.

Según este nuevo informe del Parlamento Europeo, cuyas conclusiones reveló Politico, los contratos firmados por el grupo Patriotas por Europa (PfE) —del que forma parte RN y que preside Jordan Bardella— con cinco empresas (e-Politic, Hermod Communication, Adhocrat, Recless y Citadelle Communication) plantean serias dudas sobre su legalidad.

Los investigadores señalan, entre otras cosas, “numerosas infracciones de la normativa aplicable”, ofertas que deberían haberse “considerado nulas”, empresas que no disponen de los medios “para cumplir el requisito mínimo de capacidad técnica” para la ejecución de los contratos en cuestión, así como pagos “que no se ajustan al contenido real de las facturas”. Estos investigadores expresan “serias preocupaciones en cuanto al cumplimiento del pliego de condiciones” presentado por el grupo parlamentario. Los importes considerados irregulares ascienden a 197.258,48 euros.

Al ser interrogado por los servicios del Parlamento, el grupo de los Patriotas por Europa (PfE) reconoció, en su respuesta del 20 de abril de 2026, la existencia de “incoherencias y lagunas procedimentales” en “la redacción y la firma de los contratos”. También admitió que la “coordinación y la verificación podrían haber sido, en algunos casos, más rigurosas”, aunque lo achacó a un “enfoque muy descentralizado”. No obstante, aseguró “que los contratos se habían elaborado de buena fe”.

Este argumento no ha convencido a los relatores, quienes consideran, por el contrario, que estas “numerosas irregularidades de carácter fundamental […] no pueden ser excusadas ni compensadas por la supuesta buena fe del grupo”. Contrariamente a lo que afirma este último, insisten, no se trata de “una simple diferencia de interpretación de las normas de contratación pública”, considerando que “las irregularidades se derivan, por el contrario, de violaciones de los principios fundamentales que rigen el derecho de la contratación pública”.

La atención de los servicios financieros del Parlamento Europeo se ha centrado, en particular, en el perfil de los directivos de varias de las empresas implicadas: Paul-Alexandre Martin (e-Politic), Mathieu Balavoine (Recless) y Nicolas Goury (Hermod Communication).

Paul-Alexandre Martin, cofundador de la empresa francesa e-Politic (recientemente rebautizada como e-nvictus) junto con Frédéric Chatillon, lleva casi quince años moviéndose entre RN y los grupúsculos de extrema derecha más radicales. Hoy al frente en solitario de la agencia de comunicación, el que fuera número dos del Frente Nacional de la Juventud (FNJ) nunca ha ocultado su amistad con miembros del movimiento neofascista francés y europeo, a pesar de que se supone que debe encarnar una imagen más presentable de la extrema derecha.

En sus redes sociales, Paul-Alexandre Martin, de 36 años, exhibe su cercanía a su mentor y amigo Frédéric Chatillon, veintidós años mayor que él, figura tutelar de la “GUD Connection”. “Paul-Alexandre Martin es un Chatillon baby”, comenta a Mediapart un antiguo allegado de Marine Le Pen. “Se viste como él, se peina como él.”

El joven empresario, cuyas actividades se han ido extendiendo progresivamente a varias empresas en Francia y en el extranjero, también ha mantenido una relación muy estrecha con Loïk Le Priol y Romain Bouvier, quienes serán juzgados en septiembre por lo penal por el asesinato del jugador de rugby Federico Martín Aramburú en 2022. También comparte sus vacaciones con Logan Djian, exlíder del GUD condenado en múltiples ocasiones por actos violentos, que luce tatuajes neonazis.

Desde su creación en 2014, e-Politic se ha convertido en una pieza fundamental de la comunicación del FN y, posteriormente, de RN, tanto en el Parlamento Europeo como en las campañas electorales en Francia. La agencia también ha dado trabajo a jóvenes militantes del partido que han llegado a ocupar puestos de responsabilidad, como la eurodiputada Julie Rechagneux o François Paradol, actual jefe de gabinete de Jordan Bardella.

Según Le Monde, la empresa de comunicación también ha contratado a Paul-Alexis Husak, un dirigente de la nueva generación del GUD. Tras su paso por los Zouaves de París, el activista fue detenido en 2022 en el marco de la investigación sobre un intento de expedición punitiva en torno a un partido de fútbol entre Francia y Marruecos.

Los perfiles de Matthieu Balavoine y Nicolas Goury, que dirigen respectivamente las empresas Recless y Hermod, no están menos vinculados a ese entorno. El primero es una figura destacada del movimiento identitario de Ruán, portavoz de la Asociación de Apoyo a los Denunciantes (Asla), una organización fundada por dirigentes identitarios para apoyar a los activistas de extrema derecha que son objeto de acciones judiciales.

Balavoine fue condenado en apelación, el 23 de marzo de 2026, a ocho meses de prisión condicional por violencia colectiva tras el ataque a una sede de la asociación SOS Méditerranée en Marsella, en 2018 (condena que ha recurrido en casación). Está casado, además, desde 2025 con una de las hijas de Jildaz Mahé O’Chinal, uno de los amigos más cercanos de Frédéric Chatillon, estrechamente vinculado a los círculos neofascistas italianos.

Nicolas Goury, director de la empresa Hermod, también procede de los círculos identitarios normandos. Delegado departamental adjunto de RN en Sena Marítimo y exasistente parlamentario en la Asamblea Nacional, fue señalado en 2017 por realizar una "quenelle" —un gesto con connotaciones antisemitas popularizado por el cómico Dieudonné— frente a la sede de la CGT en Ruán, de la que había sido expulsado tras afiliarse al partido de extrema derecha.

Se añade que la última empresa contratada señalada por el servicio antifraude, Citadelle Communication, está dirigida por Christophe Boucher, amigo desde hace treinta años de Frédéric Chatillon, con quien había creado una empresa en 2003.

Al ser preguntados por Mediapart, Frédéric Chatillon, Paul-Alexandre Martin, Mathieu Balavoine, Christophe Boucher y Nicolas Goury no respondieron.

El nuevo informe del Parlamento Europeo sobre los años 2024-2025 menciona nada menos que sesenta veces a e-Politic, que facturó 146.444,41 euros durante ese periodo. A esta suma hay que añadir 1.653.012 euros correspondientes a los servicios prestados al grupo Identidad y Democracia (predecesor de Patriotas por Europa), del que formaba parte RN durante la legislatura anterior (2019-2024). En ambos casos, las autoridades de control consideran que no se han respetado las normas de “transparencia” y de “buena gestión financiera”.

En materia de licitaciones, las normas del Parlamento exigen, en particular, una competencia leal y la recepción de un número mínimo de ofertas de empresas. Pero el informe constata que, durante el período 2024-2025, “el grupo PfE no ha cumplido varios de estos requisitos y/o no los ha documentado correctamente”.

Por ejemplo, los relatores dicen haber observado que los proveedores habían facturado al grupo de extrema derecha incluso antes de que concluyeran los procesos de licitación y se adjudicaran los contratos. Lo cual “pone en tela de juicio la credibilidad de la selección de los operadores económicos” y “hace pensar en una distorsión de la competencia”.

Estos nuevos datos se suman a los ya conocidos que justificaron la apertura de una investigación penal por parte de la Fiscalía Europea tras la remisión de un informe anterior sobre sospechas de irregularidades que afectaban al grupo Identidad y Democracia.

Este primer informe de 32 páginas, revelado por Le Monde y al que Mediapart también ha tenido acceso, ya alertaba de los “graves problemas de cumplimiento” del contrato firmado con la empresa e-Politic. Su director, Paul-Alexandre Martin, fue además objeto de la serie de registros llevados a cabo el martes 30 de junio, en el marco de las investigaciones en curso por sospechas de malversación de fondos públicos, favoritismo y abuso de confianza.

Otra empresa francesa, denominada Unanime, también ha sido señalada por las autoridades europeas por un contrato de 1,4 millones durante el mismo periodo 2019-2024. Creada en París en 2011, esta empresa fue propiedad de Frédéric Chatillon hasta 2023, antes de que este transfiriera sus participaciones a su holding italiano denominado Edda (el mismo nombre que la hija mayor de Benito Mussolini).

Cuando trabajaba para el grupo de RN, la empresa estaba dirigida además por una tal Sighild Blanc, nieta de dos antiguos nazis franceses, que no es otra que la esposa de Frédéric Chatillon. Fue ella quien firmó, entre otras cosas, varios presupuestos con Identidad y Democracia.

En Bruselas, los servicios de Unanime se centraron en la elaboración (impresión, envío y franqueo) de dos “libros negros”, uno sobre la “gestión de la crisis del coronavirus por parte de la UE” y otro sobre la “calamitosa gestión de la estrategia de vacunación de la UE”, de los que Jordan Bardella se encargó de la promoción.

La empresa también recibió el encargo de la revista del grupo, Vu d’Europe, a pesar de que, según el servicio antifraude, “no disponía de las capacidades técnicas necesarias” para hacerlo por sí misma. Este último señala en su informe que la pequeña estructura francesa “no prestó la mayor parte de los servicios contratados y, por el contrario, recurrió a subcontrataciones en cascada”, sin que ello respondiera, a su juicio, a una “lógica económica”.

Esta cadena de subcontratación hizo que los precios de los servicios prestados se dispararan un 31 % de media. Incluso restando “generosamente” los “honorarios de agencia”, la diferencia sigue siendo superior al 18 %, insiste el informe, que considera que “ninguna de las explicaciones aportadas por el grupo Identidad y Democracia permite subsanar las graves deficiencias constatadas tanto en el procedimiento como en la ejecución del contrato”.

Contactados por Mediapart, Marine Le Pen y Jordan Bardella no han respondido.

El martes 30 de junio, el presidente de RN reaccionó a los registros en las oficinas de sus proveedores publicando en su cuenta de X un mensaje conspiranoico que relacionaba esta noticia judicial con las elecciones presidenciales del año que viene. “Como siempre, los procedimientos judiciales marcan el calendario electoral”, afirmó.

El líder de extrema derecha, sin embargo, no se pronunció sobre los motivos por los que RN mantiene su vínculo con el ámbito de la “GUD connection”, a pesar del riesgo jurídico y reputacional que supone esta asociación.

La investigación de la Fiscalía Europea, que dio lugar a registros en las oficinas de proveedores de la Agrupación Nacional el martes 30 de junio, se abrió por sospechas de malversación de fondos públicos, favoritismo y abuso de confianza.

Paralelamente, RN es objeto de varias investigaciones judiciales. La más lograda se refiere al caso de los puestos de trabajo ficticios en el Parlamento Europeo, que supuso la condena del partido y de varios de sus dirigentes, empezando por Marine Le Pen, en primera instancia. La triple candidata a las elecciones presidenciales fue condenada a cuatro años de prisión, dos de ellos firme, a una multa de 100.000 euros y a cinco años de inelegibilidad. La sentencia del Tribunal de Apelación de París se acaba de dictar y la considera culpable, condenándola a tres años de prisión, de los cuales uno en firme, y a llevar una pulsera electrónica durante un año.

El partido de extrema derecha también es objeto de una investigación judicial iniciada en París el 3 de julio de 2024 por sospechas de estafa en el marco de las campañas presidenciales y legislativas de 2022, así como de las europeas de 2024. Este asunto dio lugar a un registro de la sede de RN el 9 de julio de 2025. También está en curso otra investigación en Marsella, relativa a la financiación de candidatos del partido por parte del empresario Pierre-Édouard Stérin.

Por otra parte, según Le Canard enchaîné, la asociación Anticor ha presentado una denuncia, constituyéndose en parte civil, por malversación de fondos públicos, falsificación y uso de documentos falsos y estafa en banda organizada contra Jordan Bardella, sospechoso de haber presentado una agenda falsa para justificar su actividad en el Parlamento Europeo.

Para terminar, desde 2016, la justicia investiga el dinero ruso del partido.

El informe del Parlamento Europeo señala asimismo que la empresa Hermod Communication firmó un contrato con el grupo de RN a pesar de que dicha empresa había presentado su oferta para la licitación fuera de plazo. Además, el contrato entró en vigor el 3 de octubre de 2024, mientras que se firmó a posteriori, el 23 de octubre de 2024.

Pero eso no es todo: el contrato no lo firmó el grupo de RN (ni su representante), sino el eurodiputado Gilles Pennelle, el mismo que, según Le Monde, habría presentado al director de Hermod como proveedor del grupo en el Parlamento Europeo. Cabe preguntarse si el eurodiputado (y exdirector general de RN) pudo acudir en ayuda del director de Hermod al firmar con su empresa un contrato derivado de una licitación que no había ganado.

Al ser preguntado al respecto, Gilles Pennelle asegura que firmó dicho contrato “tras la adjudicación del mismo”, y no “en nombre del grupo”, sino “para [su] comunicación personal como eurodiputado”. Sin embargo, el contrato, al que ha tenido acceso Mediapart, prevé efectivamente “prestar servicios de redes sociales al grupo PfE” y en él se “designa a Gilles Pennelle como el “grupo PfE’”. Al ser consultado, Nicolas Goury, director de Hermod, no ha respondido.

Traducción de Miguel López

Santiago Abascal ha sido durante mucho tiempo una excepción dentro de la extrema derecha europea. Mientras dirigentes como la italiana Giorgia Meloni o la francesa Marine Le Pen calibraban cuidadosamente su cercanía con Donald Trump para evitar que los intereses nacionales quedaran subordinados a la agenda de Washington, el líder de Vox hizo lo contrario. Convirtió su proximidad al presidente estadounidense en uno de los principales activos internacionales del partido, lo que le permitió aumentar su proyección dentro de la órbita del trumpismo y sus aliados.

Esa estrategia parece haber encontrado ahora su primer límite. La defensa pública de Meloni frente a las descalificaciones de Trump ha llevado a Abascal, por primera vez, a discrepar abiertamente del republicano. "No se puede tratar a los aliados como vasallos", afirmó este martes en Telecinco, después de que Trump cargara contra la primera ministra italiana, con quien el líder de Vox mantiene una estrecha relación política y personal. “No es nada bueno que Meloni esté sufriendo este tipo de descalificaciones absolutamente inaceptables”, prosiguió Abascal, para concluir que el estadounidense se está “equivocando”.

Hasta hace apenas unos meses, Meloni era presentada por Trump y su entorno como el modelo de la nueva derecha europea. Ambos exhibían sintonía política y compartían buena parte del discurso sobre inmigración, soberanía nacional o batalla cultural. Pero la relación comenzó a deteriorarse cuando afloraron los intereses de la Administración estadounidense. Primero, a propósito de la ofensiva contra Irán y el uso de bases militares. Meloni evitó implicar directamente a Italia en la operación y defendió que cualquier decisión debía respetar los procedimientos institucionales italianos.

Después llegaron los reproches por unas declaraciones de Meloni sobre el papa León XIV, las burlas tras la cumbre del G7 —cuando Trump aseguró que la dirigente italiana le había "suplicado" una fotografía para mejorar su popularidad, algo que ella negó y calificó de“invención”— y, finalmente, la publicación en Truth Social de una imagen de Meloni acompañada del comentario: "Necesitamos una orden de alejamiento". La primera ministra respondió con dureza: “Estos ataques constantes e injustificados son absurdos. En cuanto a mi popularidad, ser tu amiga no me ha ayudado en absoluto, ni depende de mi relación contigo. Mi popularidad depende de mi capacidad para defender el interés nacional de Italia, y eso es precisamente lo que siempre he hecho”.

Fue este último episodio el que llevó a Abascal a salir públicamente en defensa de su aliada con una frase inédita en su relación con Trump: "No es normal tratar a los aliados como vasallos". La idea, sin embargo, ya la había expresado antes la propia Meloni, que ha insistido en varias ocasiones que ser aliada de Estados Unidos no significaba renunciar a defender los intereses nacionales italianos cuando chocan con las prioridades de Washington, como ha ocurrido con Irán, Gaza o las críticas a León XIV.

Hasta ahora, tanto Abascal como la cúpula de Vox habían evitado cualquier crítica pública a Trump, incluso cuando sus decisiones afectaban directamente a Europa o a España. Al contrario, justificaron su incursión tanto en Venezuela como en Irán. En el primer caso, rebajaron el tono contra Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada, después de que el magnate la eligiera frente a María Corina Machado. La estrategia de la formación ultra ha consistido en justificar las medidas más controvertidas del republicano y trasladar la responsabilidad al Gobierno de Pedro Sánchez.

Esa postura contrasta con la de otras figuras de la extrema derecha europea, como Marine Le Pen, muy crítica con la intervención en Venezuela. Vox ha sido el último en asumir matices y solo ha dado el paso cuando ha visto atacada a una de los suyos. Abascal defendió a la primera ministra de Italia en Telecinco, la calificó de “amiga y aliada” y le trasladó todo su “respeto y apoyo”. E insistió: “Sería muy bueno que los aliados vean a los aliados como aliados y no como vasallos”. Todo un cambio respecto a su posición habitual.

Cuando Trump amenazó con imponer aranceles a productos europeos, Abascal tampoco criticó la medida. Al contrario, responsabilizó al Ejecutivo español de la situación y sostuvo en el Congreso que, si Italia sufría menos presión, era porque Meloni mantenía una buena relación con la Administración Trump —ironías de la vida—, mientras Sánchez había optado por el enfrentamiento político. Para Vox, el problema no era la política comercial del presidente estadounidense, sino el supuesto aislamiento internacional del Gobierno español.

Ese posicionamiento respondía a una apuesta política mucho más amplia. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, Vox ha reforzado su papel como principal interlocutor del trumpismo en Europa. Abascal fue invitado a los actos de investidura del presidente estadounidense, ha participado de forma recurrente en la Conservative Political Action Conference (CPAC) y ha intensificado los contactos con los principales laboratorios de ideas de la nueva Administración republicana. En febrero del pasado año, el propio Trump felicitó a Abascal por "su gran trabajo" en el CPAC celebrado en Washington.

La principal colaboración se produce a través de las fundaciones. Disenso, presidida por el propio Abascal, mantiene una colaboración estable con Heritage Foundation, uno de los think tanks más influyentes del universo conservador estadounidense y pieza central en la elaboración del programa político del segundo mandato de Trump. Ambas organizaciones han celebrado encuentros conjuntos, comparten foros internacionales y varios de sus responsables participan regularmente en las iniciativas impulsadas desde Madrid.

Disenso se ha convertido, además, en la plataforma con la que Vox trata de articular una red internacional de la nueva derecha, especialmente en el espacio iberoamericano. La denominada Iberosfera, impulsada desde la fundación, conecta a dirigentes conservadores y de extrema derecha de Europa y América con un discurso común sobre inmigración, soberanía nacional, identidad cultural y rechazo a las políticas climáticas. En esa estrategia, la alianza con el ecosistema político e intelectual de Trump ocupa un lugar central.

Esa red sigue plenamente operativa. Tampoco se aprecia un cambio de discurso entre algunos de los principales referentes internacionales de Vox. Jorge Martín Frías, director de Disenso, defendía hace apenas unos meses que la organización comparte con la Administración Trump buena parte de su diagnóstico sobre inmigración, libertad de expresión, desregulación económica o el papel de las instituciones europeas. Eurodiputados como Jorge Buxadé y Hermann Tertsch, dos de las figuras con mayor proyección internacional del partido, continúan situando al republicano como uno de los principales referentes del nuevo bloque soberanista occidental.

Por eso resulta especialmente significativa la reacción de Abascal. No porque anuncie una ruptura con Trump —nada indica que vaya a producirse—, sino porque introduce un matiz que hasta ahora había evitado cuidadosamente. El líder de Vox parece haber asumido una estrategia que otros aliados europeos del presidente estadounidense llevan meses aplicando, la de no aceptar de forma acrítica todas sus decisiones. Eso sí, con los ataques de Trump al presidente español, Pedro Sánchez, Abascal sigue sin tener ningún problema. Es más, los secunda, así como su exigencia de que España invierta más en defensa.

En Vox no explican qué motivos hay tras este giro, pero la derrota del principal aliado europeo de Trump, Viktor Orbán, ha pasado factura. La experiencia de los últimos meses ha demostrado que una identificación excesiva con el magnate puede convertirse en un problema cuando la Casa Blanca prioriza los intereses estadounidenses frente a los de sus aliados y la opinión pública percibe a los dirigentes europeos como “vasallos” a su disposición. 

También influye el creciente peso político de Meloni dentro del espacio conservador europeo. Su liderazgo se ha consolidado hasta convertirse en un referente más útil para partidos como Vox que el propio Trump en determinadas cuestiones relacionadas con la gobernabilidad, las relaciones con Bruselas o la gestión institucional, especialmente tras la derrota de Orbán. Abascal apostó por él tras las elecciones al Parlamento Europeo en 2024 y le debe la presidencia de Patriots, pero el ex primer ministro húngaro ya no es una figura con poder institucional.

A ello se suma el contexto interno, con la llamada “prioridad nacional” en el centro del debate. En este escenario, reforzar la imagen de un partido con autonomía política puede resultar más rentable que aparecer completamente alineado con una administración extranjera, especialmente cuando sus decisiones generan incomodidad entre potenciales votantes, como ocurrió con los aranceles y el voto del campo.

Nada de ello significa que Vox haya iniciado un proceso de alejamiento del trumpismo. Las conexiones políticas, organizativas e intelectuales siguen intactas y probablemente continuarán reforzándose durante los próximos meses. La alianza entre Disenso y Heritage Foundation permanece activa y Trump sigue siendo una referencia central en la batalla cultural que libra contra la izquierda y contra las instituciones europeas, tal y como reconoció Abascal este martes. Lo que sí parece haber cambiado es que el líder de la ultraderecha española ha comprobado que incluso las alianzas ideológicas necesitan límites cuando entran en conflicto con sus propios aliados europeos. También porque, llegado el caso, él podría ser el siguiente.

El Tribunal de Apelación de París condenó este martes a Marine Le Pen a tres años de prisión, dos de ellos exentos de cumplimiento, y a 45 meses de inhabilitación, de los cuales 30 quedan en suspenso salvo reincidencia. La pena firme se reduce así a un año de cárcel, que deberá cumplir bajo vigilancia electrónica, y a 15 meses de inhabilitación efectiva, lo que técnicamente le permite presentarse a las elecciones presidenciales francesas de 2027.

La líder de la extrema derecha francesa fue condenada además al pago de una multa de 100.000 euros en el caso de los asistentes parlamentarios europeos del antiguo Frente Nacional, hoy Reagrupamiento Nacional (RN). El tribunal confirmó que Le Pen, su partido y otros diez acusados participaron en un sistema de malversación de fondos del Parlamento Europeo destinados a pagar asistentes parlamentarios que, en realidad, trabajaban para la formación.

Horas después de conocerse la sentencia, Le Pen anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo francés y que presentará su candidatura al Elíseo. Lo hizo en el informativo de máxima audiencia de TF1, acompañada por Jordan Bardella, presidente del RN y considerado su sucesor natural.

La dirigente ultraderechista presentó ese binomio como una fórmula de reparto de poder: ella, candidata a la Presidencia de la República; Bardella, aspirante a primer ministro. “Nos complementamos, nos hemos preparado. Yo, para este inminente cargo de presidenta de la República, y Jordan, para el no menos importante cargo de primer ministro”, dijo, antes de definir la alianza como un “tándem ganador”.

La decisión judicial rebaja de forma significativa la condena dictada en primera instancia en marzo de 2025, cuando Le Pen fue sentenciada a cinco años de inhabilitación y cuatro años de prisión. Aun así, mantiene una condena penal por malversación de fondos públicos europeos que marcará inevitablemente la campaña presidencial francesa.

El punto clave será ahora la aplicación práctica de la pena. Un juez de ejecución deberá fijar las condiciones del brazalete electrónico, incluidos el domicilio, los horarios de salida autorizados y las restricciones de movimiento. Esas condiciones pueden ser determinantes para saber hasta qué punto Le Pen podrá desarrollar una campaña nacional antes de la primera vuelta presidencial, prevista para abril de 2027.

Durante la lectura de la sentencia, la presidenta del tribunal subrayó que los responsables políticos deben ser ejemplares en el cumplimiento de las normas. Los jueces dieron por probado que fondos europeos destinados a asistentes parlamentarios fueron desviados para remunerar a empleados que trabajaban para el partido, con un perjuicio económico superior a 2,8 millones de euros.

Le Pen, que niega haber organizado un sistema fraudulento, busca ahora transformar la condena en un argumento político contra lo que denuncia como una persecución judicial. Su margen electoral, sin embargo, dependerá tanto del recurso ante la casación como de las condiciones concretas que se le impongan para cumplir el año de vigilancia electrónica.

En abril de 2025, tras la condena de Marine Le Pen en primera instancia por malversación de fondos públicos, un allegado a la líder de Agrupación Nacional (RN) hizo suya una cita de El barbero de Sevilla: “Solo tenemos veinticuatro horas para maldecir a los jueces.” Una forma de justificar los virulentos ataques de sus seguidores contra la institución judicial, deseando al mismo tiempo que no duren demasiado.

Aunque se espera la sentencia del tribunal de apelación para el martes 7 de julio, la extrema derecha política y mediática ha reavivado su campaña contra los magistrados. El miércoles 1 de julio, en la cadena LCI, la propia Marine Le Pen recurrió a la teoría de la conspiración para comentar los nuevos registros que se habían llevado a cabo el día anterior en oficinas de proveedores del grupo RN en el Parlamento Europeo, en el marco de otro caso de malversación de fondos.

“Es curioso, esto siempre ocurre en el momento en que puede tener una influencia nefasta”, afirmó la tres veces candidata a la presidencia, cuya cuarta candidatura en 2027 depende de la sentencia del próximo martes. “A pocos días de la decisión del Tribunal de Apelación, el hecho de que se lleven a cabo estos registros no es una casualidad.”

El 10 de junio, el activista neofascista Jean-Eudes Gannat, que lleva años moviéndose entre la política —es concejal de la oposición en Segré (Maine-et-Loire)— y su compromiso con grupos marginales, fue condenado por el tribunal de Angers por injurias e incitación al odio. Poco después de que se dictara la sentencia, el interesado grabó un vídeo dirigido a sus seguidores, con la sentencia en la mano, en el que mencionaba los nombres de los jueces y del fiscal.

“Doy los nombres porque, cuando uno trabaja en la vida, si el trabajo está mal hecho o bien hecho, hay que rendir cuentas, y en Francia los magistrados rinden muy pocas cuentas… por ahora”, advirtió quien también es portavoz de la manifestación neofascista del C9M (Comité 9 de Mayo, un grupúsculo neonazi, ndt). En esa concentración parisina desfiló Gannat en 2025 junto a Marc de Cacqueray-Valménier, figura de la extrema derecha violenta, que luce en la pantorrilla un tatuaje en el que se representa a un juez ahorcado.

En los comentarios a su vídeo, publicado en varias redes sociales, decenas de activistas elogiaron su iniciativa de señalar a esos “jueces rojos”, considerando que “es algo que ahora debe ser sistemático”, mientras que otros difundieron fotos de los magistrados en cuestión.

El 18 de junio, el presidente de la publicación identitaria Frontières, Erik Tegnér, decidió grabarse a la salida del juzgado. Ese día, anunciaba —muy exaltado— a su comunidad su condena a seis meses de prisión condicional por haber divulgado información personal de abogados especializados en derecho de extranjería. “Una auténtica locura”, comentó, antes de exclamar “¡Qué vergüenza!” refiriéndose a los magistrados. El vídeo fue compartido incluso por Elon Musk, quien aviva en X el odio hacia los jueces por parte de toda la extrema derecha europea.

Unos minutos más tarde, Erik Tegnér lanzó una campaña de desprestigio contra uno de los magistrados que lo condenó, Youssef Badr. “Reivindica públicamente su ideología a través de tuits y entrevistas, […] estoy atónito”, dijo todo indignado el presidente de Frontières, refiriéndose también a “los izquierdistas [que] se han infiltrado en la magistratura y han creado un Estado profundo de la inmigración”. Ese fue el inicio de una ola de ciberacoso racista y amenazas contra el magistrado, alimentada por horas de emisión dedicadas al perfil de Youssef Badr en CNews, donde también trabaja Erik Tegnér.

Obligado a cancelar una conferencia ante estudiantes para “no exponerlos a ningún riesgo”, el magistrado presentó una denuncia. Para manifestar su “apoyo total y visceral”, los diputados de izquierdas de Seine-Saint-Denis han publicado un artículo de opinión en el que denuncian “un acto de terrorismo ideológico”. Youssef Badr también ha recibido el apoyo del ministro de Justicia. “Condeno firmemente los ataques racistas y las amenazas de las que es objeto un magistrado de Bobigny en las redes sociales”, escribió Gérald Darmanin en X. “En Francia, cuando no se está de acuerdo con una decisión, se recurre”.

El apoyo del ministro de Justicia no ha impedido que otro medio del grupo Bolloré mantuviera la presión sobre la judicatura. El 28 de junio, Le Journal du dimanche dedicó así su portada a un grupo de WhatsApp que reúne a cientos de magistrados y magistradas movilizados para impugnar los procedimientos disciplinarios iniciados tras el caso Lyhanna, publicando los mensajes que se intercambian y sin ocultar el número de teléfono de uno de los miembros del grupo. Al señalar “la exasperación de los franceses” frente a la institución judicial, el semanario de extrema derecha dedicó, como era de esperar, un artículo a Youssef Badr, “el juez que tuiteaba demasiado”.

Las críticas furiosas, la condena pública y las teorías conspirativas contra la justicia no son exclusivas de los activistas ultrarradicales ni de los medios de opinión. Los dirigentes de RN también se han especializado en ello desde el inicio de los procedimientos que les afectan.

Hace un año, tras la condena en primera instancia, los políticos de RN se plantaron y denunciaron en X “la dictadura de los jueces”, liderada por «tres mulás del derecho [que han] suprimido la democracia”. “Ante la dictadura, el pueblo tiene el deber de levantarse”, escribió el diputado Philippe Schreck, mientras que el eurodiputado André Rougé consideró que la fiscal y la presidenta del tribunal —de quienes dio los nombres— tendrían “que rendir cuentas ante la Historia de Francia” por haber “asesinado la democracia”.

Tras la condena, la presidenta del tribunal, Bénédicte de Perthuis, fue objeto de una campaña de acoso, acusada por los dirigentes de RN de ser una “jueza política” que había decidido impedir que Marine Le Pen se presentara a las elecciones presidenciales. En redes sociales, los numerosos mensajes amenazantes dirigidos contra ella llevaron a la Fiscalía de París a abrir una investigación, que posteriormente se trasladó a Bobigny (Seine-Saint-Denis). Su domicilio quedó bajo protección policial. Contactada por Mediapart para conocer el estado de este procedimiento, la Fiscalía de Bobigny no ha respondido.

Poco antes del inicio de su juicio de apelación, Marine Le Pen volvió a la carga en las páginas de La Tribune dimanche : “La magistrada de primera instancia, Bénédicte de Perthuis, escribió que el objetivo es impedirme no solo presentarme, sino también ser elegida”, había acusado. “Hubo un tiempo en el que uno podía recibir una bala. Hoy en día, recibes una bala judicial. Eso significa tu muerte, en realidad.”

Antes de la decisión del 7 de julio, el Tribunal de Apelación de París ha creado precisamente un puesto de portavoz, confiado a la magistrada Tania Jewczuk, encargada de realizar una labor pedagógica para intentar luchar contra la avalancha de ataques contra la justicia que se ha convertido ya en algo habitual. “El objetivo es anticiparnos al máximo”, explica a Mediapart. “Hay que preservar la seguridad de los jueces que van a dictar la sentencia y dar explicaciones sobre la resolución que se dicte. Sobre todo, no debemos volver a caer en lo que pudo ocurrirles a los magistrados en primera instancia”.

“Este ambiente es una auténtica locura”, comenta un magistrado, que ha preferido mantener el anonimato para no convertirse él mismo en una diana. “Estos acosos a los magistrados son métodos propios de la mafia, intimidación para que nos lo pensemos dos veces la próxima vez que juzguemos a alguien de ese bando político. Y funciona, de hecho están ganando”.

Traducción de Miguel López

La caída de Viktor Orbán en Hungría provoca movimientos políticos de calado que van más allá de su país o de la lucha abierta con la Comisión Europea y con la mayoría de los socios en cuestiones como el apoyo a Ucrania, la contemporización ante Rusia o las vulneración del Estado de derecho. Uno de los caudillos de la extrema derecha europea ya no gobierna y ese vacío debe cubrirse, como si en la manada de lobos ultras los otros ejemplares buscasen ese liderazgo o, al menos, reposicionarse en nuevos roles y relaciones.

Péter Magyar, el vencedor de Orbán, ya ha tenido su estreno en Bruselas, delante del resto de líderes de la Unión, y las consecuencias del cambio de Gobierno se hicieron notar. Los 27 aprobaron por primera vez en meses unas conclusiones de la Cumbre por unanimidad sobre Ucrania, la guerra en ese país o la condena a Rusia. También hubo consenso sobre inmigración, aunque en este caso las conclusiones fueron menos ambiciosas: una mera llamada “para continuar con el trabajo intenso” y anunciar que “el Consejo Europeo celebrará una discusión estratégica” en octubre. Aun así, la ausencia del elemento Orbán permitió que los países más duros en materia migratoria no tuviesen presión extra y llegasen a este compromiso con España o Francia.

Diplomáticos europeos y nacionales celebran en privado la llegada de Magyar a Hungría, asegurando que ahora “se percibe una mayor coordinación” sobre Ucrania o que se pueden tratar con Volodimir Zelenski “los siguientes pasos tras la apertura de bloques de negociación” para la futura adhesión de Ucrania a la UE. Algo impensable antes. Y un camino que en la reciente Cumbre ningún líder de la extrema derecha o euroescéptico quiso torpedear. Ni el eslovaco Robert Fico, ni el checo Andrej Babis, ni la italiana Giorgia Meloni.

Sobre estos tres dirigentes con poder de mando nacional y voz y voto dentro del Consejo están puestos ahora los ojos que escrutan posibles giros de guión en las relaciones de poder, las influencias y contrapesos dentro de la UE. En ellos y en dos franceses que esperan a 2027 para asaltar El Elíseo, Marine Le Pen o su delfín, Jordan Bardella. Los cinco, desde la caída de Orbán, se mueven en las procelosas aguas de la política comunitaria.

“Sobre Meloni toda mi solidaridad, no sólo la he mostrado públicamente, también se la he transmitido dentro del Consejo... porque el ataque no es político ni personal, no sé como calificarlo”. Quien se expresaba así tras la Cumbre Europea en relación a las acusaciones despectivas de Donald Trump en las que afirmaba que la primera ministra italiana había intentado desesperadamente sacarse una foto con él en el G7 fue ni más ni menos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, posiblemente el líder europeo más en las antípodas de la italiana.

Las palabras de Sánchez no fueron timoratas aunque ambos políticos hubiesen chocado dentro del Consejo a cuenta del debate migratorio, porque la italiana reprochó al español la reciente regularización decretada por el Gobierno asegurando que “afecta a los vecinos”. Inicialmente se habló de una fuerte discusión, de un choque, pero una fuente diplomática de un tercer país y conocedora del debate interno desmintió para infoLibre tales términos. Y desde Moncloa también.

No es sólo este apoyo del líder socialdemócrata más importante en la UE. Meloni se está moviendo en todos los frentes de la política comunitaria, abandonando espacios que ocupan sus aliados tradicionales. Viene de asistir esta semana en la Riviera francesa a una cumbre bilateral de los dos gobiernos con el presidente galo Emmanuel Macron, llena de guiños cómplices, sonrisas y abrazos. Macron, antes que Meloni, ha sufrido los embates del estadounidense y con más crudeza.

El efecto Trump, en este caso como coyuntura internacional, ayuda a estos acercamientos y de ahí se salta a otros ámbitos de encuentro. Así lo cree el eurodiputado italiano Sandro Gozi, de los liberales de Renew dirigidos por las filas de Macron. “Italia y Francia avanzan, entre ellas y en Europa, cuando construyen juntas”, destaca Gozi sobre una agenda europea conjunta en la que pide que “la cooperación franco-italiana deba volver a convertirse en un motor político de Europa”. Debemos asumir una ambición común: más acción, más soberanía, más Europa”.

Y si Meloni recibe los apoyos de socialdemócratas y liberales y ella sabe emplearlos en la esfera europea, también los obtiene ahora de la otra gran cabecilla ultra con la que llevaba tiempo enfrentada. “Él fue muy ofensivo, así que entiendo plenamente la reacción de Giorgia Meloni, que es de orgullo nacional”, aclaró Marine Le Pen en la radio francesa. “¿Es la ruptura definitiva entre las dos naciones? Desde luego no. ¿Es esto un enfrentamiento severo en la relación entre dos individuos? Desde luego sí”, reconoce la líder del Rassemblement National.

Meloni y Le Pen tomaron caminos diferentes en la escena europea en 2024 y eso las llevó al distanciamiento político y personal. Fratelli d'Italia se quedó como principal partido junto a los ultracatólicos polacos del PIS en ECR, el grupo parlamentario en la Eurocámara que rivalizaba por dirigir a la extrema derecha frente a los Patriots fundados por Le Pen, Orbán, Vox y La Lega de Matteo Salvini. El ex primer ministro húngaro lamentó que el choque entre las dos mujeres impidiese la creación de un supergrupo ultra en el Parlamento Europeo. “Estamos en manos de dos mujeres que deben llegar a un acuerdo”, suplicó entonces Orbán.

El acercamiento entre las 'jefas' de ECR y Patriots va más allá. El delfín de Le Pen –su sucesor si ella no puede presentarse a las presidenciales francesas– y líder de sus huestes en la Eurocámara, Jordan Bardella, acaba de viajar a Polonia para mantener encuentros de trabajo con los conservadores nacionalistas del PIS, la otra pata de ECR, también fuera del poder desde que Donald Tusk regresó de Bruselas para recuperar Varsovia para el PP europeo.

“Una visita que es una parada clave en una serie de viajes europeos”, dijo Bardella, en la que mantuvo una “muy provechosa” reunión con el presidente polaco para “discutir una serie de cuestiones e intercambiar opiniones sobre la actual dirección de Europa”. Rassemblement National perdió en Orbán a su principal líder centroeuropeo y ahora, reconocen, buscan aliados para “preparar la Europa del mañana”.

Hay más que se mueven en el ámbito euroescéptico. Los populares Tusk y Magyar han decidido recuperar el Grupo de Visegrado, antiguo foco de presión en los debates europeos ejercido por polacos, húngaros, checos y eslovacos. Esta alianza regional funcionó la década pasada en la UE como contrapeso al eje París-Berlín, al frente común del liberal Benelux o ante las reclamaciones en favor de la cohesión y una mayor integración procedentes del sur europeo. Pero la excesiva beligerancia de Orbán lo rompió. Ahora está de vuelta.

Los primeros ministros Robert Fico y Andrej Babis son los otros dos integrantes y ya no tienen problemas en aliarse con los conservadores tradicionales del PP europeo. Se benefician del giro más a la derecha de los populares en cuestiones migratorias, medioambientales o sobre competitividad industrial, además de que les une su impulso hacia el rearme. Sin Orbán delante, hasta el eslovaco y el checo no se muestran tan prorrusos y ni siquiera amagaron con bloquear las firmes conclusiones de la Cumbre en favor de Ucrania y contra Moscú. Incluso hablan ya de un proyecto de conexiones ferroviarias financiado conjuntamente por la Unión Europea.

En Bruselas observan estos movimientos. La conservadora Comisión Von der Leyen consiguió que Giorgia Meloni no pareciese tan peligrosa y euroescéptica cuando llegó al poder. Ahora otros peones populares intentan endulzar a los ultras centroeuropeos.

El discurso sobre la “prioridad nacional” ha entrado de lleno en el debate público de la mano de Vox, que ha arrastrado al Partido Popular a asumir sus postulados más ultras en materia migratoria para alcanzar un acuerdo tanto en Extremadura como en Aragón. La hostilidad contra los migrantes, envuelta en el celofán de la lucha contra la delincuencia y la preservación cultural, es una de las banderas de Vox desde su nacimiento, lo que ha provocado a su vez una radicalización del discurso de la formación de Alberto Núñez Feijóo. Pero a esto también se le añade un elemento que no es nuevo pero que la ultraderecha explota cada vez más: la saturación de los servicios públicos por culpa de “los de fuera”.

La sensación de agravio en el acceso a los servicios del estado del bienestar como la sanidad, la educación o la vivienda de protección oficial es campo abonado para el rechazo al extranjero, de ahí que utilicen el concepto de “prioridad nacional” para el acceso a ese tipo de casas o y al alquiler social en ambas comunidades. Es una estrategia calcada de la del Frente Nacional francés, que desde la década de los ochenta defiende el llamado "chovinismo del bienestar", un proteccionismo excluyente que induce entre las capas más necesitadas un recelo hacia los inmigrantes. Una estrategia que ha demostrado ser una valiosa herramienta de la ultraderecha, sobre todo en momentos de crisis, para tratar de ampliar su base social.

El proceso de regularización de medio millón de migrantes, según las previsiones del Gobierno, al que se dio luz verde la pasada semana en el Consejo de Ministros, sirvió de excusa al líder de Vox, Santiago Abascal —y posteriormente a la dirección nacional del PP— para abonar este discurso. El ultra aseguró que va a “dar muchos problemas a la sociedad española, va a producir un efecto llamada, va a traer drama en los mares, muerte, inseguridad en las calles y colapso en los hospitales y en el mercado de la vivienda”. Y añadió: “Eso lo van a pagar los españoles, no los diputados que promueven la regularización”.

En los últimos días otros dirigentes de la formación, entre ellos el secretario general, Ignacio Garriga, y el candidato de la formación en Andalucía, Manuel Gavira, han insistido en esa tesis. “Todo ha colapsado, hay hasta cuatro millones de españoles esperando una cita con un especialista, con una demora media de hasta 96 días” y “cada 18 minutos muere una persona en lista de dependencia”, señaló el primero. Gavira afirmó que la "inmigración masiva" se nota "en las guarderías, en los comedores escolares, en los colegios, en la atención sanitaria, en la vivienda, en el empleo o en las ayudas sociales contributivas y no contributivas”.

Por su parte, desde el Partido Popular han asumido el marco discursivo de Vox y lo han integrado como propio. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso aseguró que la regularización va a “reventar” los servicios públicos pese a que los migrantes en situación irregular ya están haciendo uso de ellos. En Génova han seguido el mismo discurso. La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, aseguró que la regularización es un “despropósito” y que va a “saturar” los servicios públicos. “Las consecuencias recaen directamente sobre las comunidades y los ayuntamientos”, manifestó.

Esto ya ha tenido sus primeras traslaciones a nivel legislativo. El PP valenciano aprobó el pasado octubre una resolución de Vox que pedía a la Generalitat incluir en sus estadísticas el uso que hacen los migrantes de las donaciones de sangre o emergencias sanitarias frente a la población nacional, además de medir el absentismo laboral de la población extranjera, entre otros indicadores. Según el PP, el propósito de la iniciativa era conocer los gastos reales en materia de sanidad y servicios sociales para administrar los recursos disponibles. No obstante, todo ello coincidió con la necesidad del entonces president, Carlos Mazón, de alcanzar un acuerdo para sobrevivir al aniversario de la dana.

De esta manera, las derechas desplazan problemas estructurales hacia una explicación identitaria y alimentan un relato excluyente en el que presentan los servicios públicos como un botín escaso que hay que reservar para los nacionales. Así, en lugar de asumir que las administraciones tienen que dedicar más recursos a esas áreas, culpan a los migrantes de su saturación.

Hace solo unos meses la Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal, publicó un informe titulado “La inmigración y su impacto económico negativo en el Estado de Bienestar”. La principal conclusión del informe, en el que no aparecían los nombres de sus autores, era que el inmigrante comienza a tener una contribución neta positiva a las arcas públicas cuando su salario medio es de al menos 45.150 euros anuales durante toda su vida laboral. El coste general de la inmigración es mayor que su aportación, añadía el informe, lo que agrava, según el texto, los problemas fiscales del estado de bienestar.

Para llegar a la conclusión señalada el informe analizaba varios ejemplos y calculaba, a lo largo de toda la vida de una persona, la diferencia entre la aportación del trabajador en forma de cotizaciones sociales e impuestos directos e indirectos y lo que recibe en forma de pensiones, subsidios de desempleo y ayudas sociales, además de los costes derivados de su educación y salud, así como gastos generales en materia de defensa, justicia e infraestructuras. 

Sin embargo, desde el Banco de España desmontaban la tesis de la formación y señalaban que la tasa de actividad de los extranjeros residentes en España está entre las más altas de la UE, es superior a la de los nacionales, y que el efecto medio directo de la inmigración sobre el crecimiento del PIB per cápita fue positivo entre 2022 y 2024, sobre todo vía empleo. 

Otro organismo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), añadía que los inmigrantes tienden a ser más jóvenes que los nativos, lo que aumenta su aportación a los ingresos públicos vía impuestos sobre el trabajo, y que los flujos migratorios suavizan la caída de la población en edad de trabajar y sostienen el crecimiento, aunque no basten por sí solos para compensar todo el envejecimiento. 

Vox también culpaba en ese informe a los migrantes del aumento de los precios de la vivienda. En ese sentido, el Banco de España reconoce que desde 2016 el crecimiento demográfico, debido en parte a los flujos migratorios y a la concentración territorial, ha sido un factor importante de aumento de la demanda y de los precios. Pero en el mismo análisis subraya que la presión sobre precios y accesibilidad también se explica por el escaso dinamismo de la oferta, la falta de suelo finalista y mano de obra para construir, el bajo peso del alquiler social, la incertidumbre regulatoria y el auge de usos alternativos como el alquiler vacacional o de temporada.

En cuanto a percepción de la inmigración como problema, ha subido con fuerza en la agenda pública, pero los datos oficiales muestran que esa percepción está siendo acompañada y amplificada por un ecosistema de discurso de odio que asocia migración con inseguridad, y por un racismo más normalizado y más digitalizado que sigue teniendo en el eje racista y xenófobo su manifestación más numerosa.

La preocupación social por la inmigración ha aumentado claramente respecto a hace dos años, aunque con picos y bajadas. Si tomamos como indicador el CIS —la mención espontánea de la inmigración como uno de los tres principales problemas de España— pasó del 11,7% en mayo de 2024 al 30,4% en septiembre de 2024. Después bajó, pero sigue en niveles relativamente altos: 20,3% en febrero de 2026 y 15,5% en abril. Así, la inmigración aparece en el barómetro como el cuarto problema nacional.

Siempre nos quedará París. Es probablemente la frase más inmortal de la historia del cine. Cuatro palabras que pronuncia Rick instantes antes de despedirse de Ilsa en el aeropuerto de Casablanca al final de la mítica película de 1942. Cuatro palabras que resumen la melancolía de un pasado perdido, de un amor que fue pero nunca más será y de todos los recuerdos concentrados en la ciudad. El personaje interpretado por Humphrey Bogart se despide así de ese mundo pasado, pero sabiendo que todo lo vivido perdura, inmutable pese a las circunstancias. Una nostalgia que también retrata Stefan Zweig, esta vez recurriendo a la Viena de finales del siglo XIX y principios del XX, en su libro El mundo de ayer, todo un canto a la nostalgia y al tiempo pasado que, como siempre, pensamos que fue mejor.

En esas utopías pretéritas no cabe esperanza alguna para la recuperación. Rick no volverá a reencontrarse con Ilsa, a la vez que Zweig nunca volvería a ver esa Viena que añoraba. Una sensación tan poderosa que llevó al autor a suicidarse en Brasil, seguro de que los nazis triunfarían y acabarían con todo lo que un día fue suyo. Sin embargo, hay algunas utopías que se resisten a morir. En la década del auge de la extrema derecha en todo el mundo, con una Francia que parece dirigida irremediablemente hacia el precipicio de una presidencia dirigida por Rassemblement National (RN), París resiste. 

La capital francesa se ha erigido como una extraña aldea de irreductibles galos que decide seguir viviendo en una ciudad con una configuración partidista más propia del siglo pasado que de este. Las elecciones municipales solo han sido una nueva confirmación de que París sigue siendo una excepción en las tendencias ultras que amenazan Francia. Si alguien busca en los resultados de la segunda ronda los votos que sacó RN no encontrará absolutamente nada. El partido de Marine Le Pen ni siquiera pudo concurrir a esa fase de los comicios después de que solo les votaran 13.000 personas, un exiguo 1,61% de los votantes. 

Para completar el desastre, RN quedó incluso relegado por detrás del otro partido de extrema derecha, Reconquête (REC), fundado por el polemista Eric Zemmour. Sin embargo, tampoco ellos tuvieron mucha suerte, tan solo lograron 84.809 votos, apenas unas décimas por encima del 10% necesario para pasar a segunda vuelta. Ante las nulas posibilidades de conseguir la alcaldía, REC decidió renunciar y ni tan siquiera presentarse, dejando esa fase definitiva sin ningún representante de la extrema derecha. Algo insólito y que parece de ciencia ficción en un país donde las encuestas dan a Jordan Bardella, actual presidente de RN y sucesor de Le Pen ante su posible inhabilitación, favorito para las presidenciales, tanto en primera como en segunda vuelta.

Mientras tanto, dos partidos a los que durante estos años se les ha dado por muertos en el escenario internacional son completamente hegemónicos. Por un lado, el gran triunfador, el Partido Socialista (PS), que pese a las polémicas y el desgaste por su apoyo a Sébastien Lecornu, ganó de forma incontestable en París. Su candidato, Emmanuel Grégoire, recogerá el testigo de Anne Hidalgo con una fuerza de 428.143 votos y más de un 50% en la segunda ronda. Por otra parte, Les Républicains (LR), la antaño derecha gaullista y el partido de Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy, ahora galvanizada por la extrema derecha, logró en París un buen resultado comparado con su situación nacional, quedando segunda con un 41% de los votos en segunda ronda para su candidata, Rachida Dati. 

Ambos partidos históricos aglutinaron en primera ronda el 63% de las papeletas, ampliándose —por las retiradas en segunda— al 91%. Un bipartidismo casi perfecto. No es algo nuevo en la ciudad del amor. En prácticamente todas las elecciones ambas formaciones han sido primera y segunda fuerza, incluso en 2020, cuando el macronismo era una formación muy relevante en la capital, LR pudo aguantar con dos puntos de ventaja en la primera vuelta, un margen que subió a los 11 en la segunda. En cuanto a los socialistas, llevan gobernando de forma ininterrumpida en este siglo, siempre con ventajas cercanas a los 10 puntos en segunda ronda. 

Pero ¿por qué sucede esto? Los expertos lo atribuyen a muchos factores, pero uno de los más importantes es el dominio ideológico que los socialistas han logrado establecer en París. “Existe una cierta hegemonía alrededor de un conjunto de políticas públicas y de una visión de la ciudad que Hidalgo terminó de cristalizar durante su anterior legislatura. No hay que negar que todo el tiempo que llevan los socialistas ha hecho que se establezcan una serie de consensos que, por ejemplo, la izquierda no ha sabido implantar en otros lugares como Madrid”, afirma Marc Sanjaume, profesor de Ciencias Políticas en la Universitat Pompeu Fabra. 

Entre esas políticas puestas en marcha por Hidalgo están la reducción al máximo posible del uso del coche con la peatonalización de zonas icónicas como los bordes del Sena, la promoción del uso de la bicicleta y dotar a la ciudad de espacios verdes. Un modelo de ciudad que, pese a las divisiones que suscitó en la urbe y el desgaste de la propia alcaldesa, parecen haber permeado a los parisinos, volviendo a dar su apoyo al sucesor de Hidalgo.

“El PS, pese a su crisis, ha aguantado muy bien estos años en las municipales, y tiene alcaldías muy importantes por toda Francia. En el caso de París, Grégoire se ha aprovechado del impulso de Hidalgo y de sus políticas, de hecho, el electorado de izquierdas ha votado masivamente la continuación de estas. El parisino que vive en el centro— quizás no tanto el de la periferia, que no vota— ve que su ciudad es mucho más ‘vivible’ que hace unos años, y aprueba la transformación radical que ha implementado Hidalgo”, describe Guillermo Fernández Vázquez, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid.

Otro de los factores más determinantes para que se dé esta “isla” es la espectacular división entre lo rural y lo urbano en Francia. Es cierto que en muchos países se han visto grandes cambios en la forma de votar entre las ciudades más grandes y los pueblos, pero quizás en el país galo es uno de los sitios donde este fenómeno se vuelve más radical. “Es una división que en Francia es tremenda. El país vive de unos polos urbanos de mucha modernidad, como puede ser París, pero eso convive con lugares que están completamente abandonados y con unos servicios públicos muy deficientes”, señala Sanjaume.

Para Fernández Vázquez, hay otra cuestión clave: el apellido Le Pen nunca ha tenido éxito en la capital. “Aunque Jean-Marie y Marine proceden de Bretaña, ambos se establecieron en París. Y lo curioso es que son las dos regiones donde peor les ha ido. Hay factores culturales que son determinantes para su poco éxito y que vienen de la estigmatización constante que ha tenido el partido en la ciudad. La gente que les votaba no lo decía en alto, lo escondía… y en buena medida eso les hacía ser una formación poco reconocible en París”, comenta Fernández Vázquez. En este sentido, es determinante atender a la composición interna de la capital. La ciudad de las luces es un lugar étnicamente diverso y multicultural, una idiosincrasia que choca completamente con los postulados antiinmigración de RN.

Sin embargo, ese mensaje sí es muy efectivo en esos lugares de Francia que no tienen el dinamismo económico de París. Del sentimiento de abandono que aflora en estos lugares fuera del área parisina se alimenta buena parte del discurso de la extrema derecha, que coloca a París como un lugar lleno de élites alejadas de la realidad del francés de a pie. “RN ha sabido detectar muy bien ese apego al territorio que tienen muchos franceses en contra de París, a la que ven como un nido de urbanitas, símbolo de buena parte de las cosas que odian, como por ejemplo las medidas ecológicas”, describe Sanjaume.

En este sentido, en Francia opera muy bien una lógica que también se ha visto en EEUU y que tiene que ver con la dialéctica de ganadores y perdedores de la globalización. “Existe una clase social, que suele vivir en las ciudades y particularmente en París, que ha visto cómo sus sueldos han subido, viven bien y disfrutan de esos privilegios. Mientras tanto, hay un conjunto de la población de las ciudades pequeñas y medianas y los pueblos cuyo nivel de vida ha ido bajando más y más”, explica el politólogo de la Universitat Pompeu Fabra. Ese resentimiento ha nutrido a RN y es uno de los factores clave para explicar su auge, pero ese discurso no tiene público en el lugar que precisamente usa como símbolo de esas élites que están hundiendo a los franceses rurales.

Otra de las cuestiones que explican el aguante de la izquierda en París es que en los barrios con la renta más baja los votantes no están apoyando, como sucede en otros lugares, a RN, sino que la izquierda ha sido capaz de canalizar ese descontento. En esos distritos más pobres, es llamativo cómo La Francia Insumisa (LFI) llega a superar el 20% de los votos, mientras que la extrema derecha continúa en números bajos. “El partido de Mélenchon está logrando un éxito tremendo entre la Francia más multicultural, la de origen migrante reciente. Ese grupo, con salarios bajos y renta pobre, ha sido uno de los sectores más abstencionistas. Pero LFI está sabiendo politizar y haciendo que voten. Eso solo lo está sabiendo hacer Mélenchon”, describe Fernández Vázquez. 

Sin embargo, y aunque los Le Pen no hayan tenido ningún éxito, Fernández Vázquez señala que el resultado de REC sí es reseñable. El de Zemmour es un partido aún más a la derecha que RN, pero con una composición demográfica y socioeconómica distinta que explica sus mejores números. “REC ha recibido el apoyo de una parte de los votantes de la derecha tradicional, de sus medios de comunicación y de los empresarios. Su electorado coincide con la parte de la sociedad más rica. Es un fenómeno difícil de explicar porque, a pesar de tener propuestas más radicales que RN, su grueso de apoyo está en los sectores más acomodados, bien vistos e integrados. Es esa ‘derecha del dinero’ la que les ha votado hasta el punto de pasar a la segunda ronda en un sitio tan hostil”, comenta Fernández Vázquez.

La única ciudad grande que se sale de este marco es Niza, donde RN, por medio de su alianza con el partido Unión de la Derecha por la República, del exlíder de LR Eric Ciotti, ha logrado la alcaldía. Sin embargo, una vez más, hay matices. “La gente identifica a Ciotti, pese a su deriva actual, con una derecha más tradicional, no tan demonizada como RN, lo que hace que pueda tener más éxito”, comenta Sanjaume. Además, el electorado de la Costa Azul, asegura Fernández Vázquez, es algo diferente al de otros que apoyan a RN: “Son unos votantes pertenecientes a una derecha de clase media-alta, conservadora en lo moral, antiimpuestos y obsesionada con la seguridad y la inmigración. En esos lugares hay mucho peso de clases acomodadas que estaban muy preocupadas por la llegada de los argelinos y por otros sectores que se sentían traicionados por la Francia oficial precisamente por la pérdida de Argelia”, zanja el politólogo.

París y Marsella, las dos ciudades más importantes de Francia, siguen en manos de socialistas que se negaron a aliarse con candidatos de La Francia Insumisa (LFI) y se erigieron como dique de las derechas, mientras que otros compañeros de filas cosecharon en las municipales de este domingo escasos frutos de sus pactos con el partido de izquierdas, según recoge EFE.

"París será el corazón de la resistencia contra la extrema derecha", dijo el nuevo regidor de la capital, Emmanuel Grégoire, que durante años fue número dos de la alcaldesa Anne Hidalgo y que prolongará el control de la ciudad por su partido que se inició hace 25 años, tras batir a la exministra conservadora Rachida Dati, quien contaba con el apoyo explicito de la extrema derecha.

Grégoire, que será investido el próximo fin de semana, hizo una lectura nacional de su victoria, de cara a las presidenciales del año próximo que auguró "violentas y cruciales" y en las que fustigó la alianza de la derecha tradicional con la ultraderecha que, a su juicio, "se perfila". 

"Han caído las máscaras y hay que denunciar esas alianzas para ganar unos puntos", dijo Grégoire, quien, tras su discurso, salió a recorrer la ciudad en bicicleta, un paseo retrasmitido en directo por televisión, a una de las cuales dio su primera entrevista de la noche mientras pedaleaba hasta el Ayuntamiento para fundirse en un abrazo con Hidalgo, quien le dio la llave de la ciudad, ante una multitud.

El primero en hacer un diagnóstico sombrío fue el secretario general del Partido Socialista (PS), Pierre Jouvet, que acusó al partido de Jean-Luc Mélenchon de "hacer perder a la izquierda", en bastiones socialistas -como Clermont-Ferrand o Limoges- o verdes -como Poitiers y Besançon-, cuyos alcaldes salientes habían fusionado sus listas con LFI. 

"Estos resultados son un fracaso del enfoque de la dirección del Partido Socialista", declaró el expresidente François Hollande.

El líder del partido, Olivier Faure, apeló a la reflexión y criticó a la izquierda radial por su discurso de ruptura, al tiempo que señaló que el PS "es el principal de la izquierda francesa", con la vista puesta en las presidenciales.

"El Partido Socialista nos arrastró con él", se quejó Mélenchon, al asegurar que LFI ha "salvado a muchas listas de la vieja izquierda tradicional": "Somos una fuerza útil donde otros son simplemente oportunistas sin rumbo", declaró. 

Sí que fueron determinantes los pactos con el partido de Jean-Luc Mélenchon para los socialistas en Nantes y para los ecologistas en Lyon -donde ganaron con solo 3.000 votos de diferencia, según datos ya oficiales-, pero la ola ecologista de 2020 se desinfla y pierde Burdeos, Estrasburgo, Poitiers y Annecy. 

LFI, que se presentaba por primera vez a las municipales, se adjudicó su principal victoria el pasado domingo en la primera vuelta, al hacerse con la segunda ciudad más importante de la región parisiense, Saint-Denis, con 150.000 habitantes, muchos de ellos salidos de la migración, como el flamante alcalde Bally Bagayoko, francés de origen maliense que asumió este sábado el cargo con un baile, ya viral. 

Este domingo sumó Roubaix, y otras muchas ciudades de los cinturones urbanos de París y Lyon, que acogen mucha población inmigrante.

Aunque la extrema derecha logró conquistar Niza con la victoria de Éric Ciotti, aliado de Marine Le Pen, en la quinta mayor ciudad de Francia, no pudo hacerse con el trofeo de Marsella.

De esa manera, Niza, la villa mediterránea, con 360.000 habitantes, pasará a convertirse en el mayor bastión de la extrema derecha gala, que también sumó ciudades como Carcasona, Orange, Castres o Carpentras a sus ya feudos como Perpiñán. 

No logró, sin embargo, imponerse en otros municipios del área mediterránea como Toulon o Nîmes.

"Esta es una gran victoria y una confirmación de la estrategia de implantación local de la Agrupación Nacional", dijo Marine Le Pen, en su cuenta de X.

También su mano derecha y presidente del partido, Jordan Bardella, celebró las victorias, con unos 1.300 alcaldes elegidos en todo el país bajo sus siglas en esta segunda vuelta, lo que representa "el comienzo de una alternancia que deberá, mañana, encarnarse a escala nacional", dijo con la mirada puesta en las presidenciales de 2027.  

La participación, según los sondeos, se situó en el 57% del censo, lo que supondría una abstención récord si se excluyen las elecciones de 2020, celebradas en plena pandemia, cuando fue del 41,86%. En 2014 votó el 62,13% de los inscritos en la segunda vuelta de las municipales y en 2008, el 65,24%.

Durante años, se nos ha repetido que la ultraderecha avanza como una fuerza inevitable, casi como un fenómeno natural. Pero la historia reciente demuestra justo lo contrario: cuando las sociedades se organizan, cuando la política responde y cuando la democracia se defiende con decisión, el voto ultra se contiene, se reduce o queda encapsulado en los márgenes.

Hoy en España sabemos que una parte sustancial de los votos a Vox es un grito de protesta, no una adhesión ideológica profunda. Eso no lo hace menos preocupante, pero sí más manejable. Un voto de protesta no es una condena: es una alerta. Y esa alerta, si se escucha bien, puede convertirse en una oportunidad para renovar la democracia.

Francia fue uno de los primeros laboratorios de esta reacción democrática. En 2002, cuando Jean‑Marie Le Pen se coló en la segunda vuelta presidencial, el país entero se sacudió. La respuesta fue un frente republicano amplio: votantes de izquierdas apoyando a Chirac, carteles improvisados llamando a parar a la extrema derecha, manifestaciones masivas. El mensaje fue nítido: con la democracia no se juega. El Frente Nacional no desapareció, pero quedó claro que una mayoría social estaba dispuesta a levantarse cuando veía en riesgo el pacto democrático básico.

Dos décadas después, la película se repite con Marine Le Pen. Llega a la segunda vuelta, acaricia el poder, pero se encuentra de nuevo con un muro de contención. Ese muro no son solo los partidos: son también millones de ciudadanos que, sin entusiasmarse con Macron, asumen que hay líneas que no se cruzan. No es épica de película; es un recordatorio muy práctico de cómo se frena, de forma pacífica, a la ultraderecha: con votos, con acuerdos, con movilización.

Alemania ofrece otro ejemplo clave. La AfD ha capitalizado el malestar económico, el resentimiento territorial y el rechazo a las políticas migratorias. Sin embargo, ha chocado con una decisión firme del resto de partidos: no pactar con ellos, no blanquearlos con gobiernos compartidos, obligarse a grandes coaliciones incómodas antes que abrirles la puerta del poder. Ese cordón sanitario no elimina a la AfD, pero envía un mensaje concreto al votante de protesta: tu enfado se escucha, pero este camino no lleva a gobernar el país.

En España, la historia está todavía escribiéndose, pero ya hay señales importantes. Vox irrumpe con fuerza a partir de 2018, aprovechando la fatiga, la polarización territorial y la sensación de abandono de amplias capas sociales. Sin embargo, su crecimiento tiene techo. En unas elecciones tras otras se constata que, cuando la posibilidad de un gobierno junto a la ultraderecha se vuelve real, una parte relevante del electorado se activa para impedirlo. Sucede entre votantes progresistas, pero también entre sectores moderados que pueden preferir políticas conservadoras, pero no un salto atrás en derechos y libertades.

Lo mismo hemos visto al otro lado del Atlántico. Jair Bolsonaro llegó al poder en Brasil a lomos del hartazgo y la indignación. Pero no era invencible. En 2022, una coalición amplia, unida por la defensa de la democracia y por la promesa de políticas sociales concretas, consiguió derrotarlo en las urnas. No fue una batalla de eslóganes, sino una disputa sobre el tipo de país que querían ser: uno encerrado en el odio o uno que intentaba, con todas sus contradicciones, reconstruir la cohesión social.

Todos estos casos tienen algo en común: el voto ultra se debilita cuando la política deja de mirar hacia otro lado y abandona la comodidad del gesto vacío. Funciona cuando hay tres movimientos simultáneos.

Primero, acuerdos claros entre fuerzas democráticas para trazar líneas rojas. No se trata de demonizar al votante, sino de fijar límites a quienes quieren dinamitar las reglas del juego desde dentro. Ese compromiso tiene un coste, exige renuncias y coaliciones incómodas, pero sostiene la credibilidad del sistema.

Segundo, renovación real de la oferta política. El voto de protesta no se va a evaporar escuchando discursos moralistas. Hace falta que las opciones democráticas se parezcan menos a un club cerrado y más a una puerta abierta: nuevas caras, nuevas agendas, nuevas formas de escuchar. 

Y tercero, respuestas tangibles a los agravios que alimentan el enfado. No basta con llamar “facha” al votante que llega justo a fin de mes, que vive con miedo a perder el trabajo o que siente que nadie le mira a la cara. Hay que hablar de vivienda, de barrios abandonados, de sueldos que no dan para una vida digna. Hay que demostrar, con políticas concretas, que la democracia sirve para algo más que para votar cada cuatro años.

Mirar estos ejemplos no es un ejercicio académico, es un espejo. Si tres de cada cuatro votos a una formación ultra son un voto de protesta, la pregunta no es solo “¿cómo lo frenamos?”, sino “¿qué hemos hecho para empujar a tanta gente a ese lugar?”. La buena noticia es que la historia reciente prueba que hay margen. Que el miedo no es el único relato disponible. Que se puede disputar ese voto no desde la condescendencia, sino desde el respeto y la firmeza.

La ultraderecha no es una ola imparable. Es la consecuencia de heridas abiertas. Y las heridas, cuando se atienden, cuando se escuchan, cuando se curan con políticas justas y con un relato de futuro compartido, dejan de sangrar. Lo que hagamos con ese voto de protesta hoy definirá si mañana seremos un país más encerrado en sus fantasmas o una sociedad madura, capaz de mirarse de frente y reconstruirse sin dejar a nadie tirado. La elección está abierta. Y, por fortuna, sigue estando en nuestras manos.

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José González Arenas es Secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

El juicio en Apelación contra Marine Le Pen por presunto desvío de fondos del Parlamento Europeo quedó este miércoles visto para sentencia, que será pronunciada el 7 de julio y que puede marcar el futuro político de la líder ultraderechista francesa, informa EFE.

Del veredicto dependerá que pueda encabezar una cuarta candidatura al Elíseo en las presidenciales previstas en 2027, para las que es la máxima favorita según los sondeos tras haber sido finalista en las dos últimas citas con las urnas, derrotada por el centrista Emmanuel Macron.

Le Pen, que rehusó hacer una última declaración ante el tribunal, aseguró en una breve declaración a los periodistas en el interior de la sala que "cuanto antes" se conozca la sentencia "mejor".

Condenada en primera instancia a cuatro años de cárcel, dos exentos de cumplimiento y el resto en arresto domiciliario, y a cinco de inhabilitación con aplicación preventiva, aspira a recibir una condena más ligera que le permita presentarse a las presidenciales.

A ello han dedicado sus esfuerzos durante la última jornada del juicio sus abogados, en seis horas de alegatos en los que han puesto la presión sobre los magistrados del tribunal: "Deben tomar una decisión jurídica con repercusión política", dijo su abogado Rodolphe Bosselut. En su alegato, aseguró que será "el último veredicto" contra su clienta y lo consideró "vertiginoso" para la corte: "En sus manos reposa la obra de su vida".

"Ha sacrificado su vida a la política y las elecciones están en el interés mediático de su veredicto", aseguró el letrado, que pidió al Tribunal de Apelación que no tenga en cuenta el "listón alto" fijado por los jueces de primera instancia.

Argumentos que rechazó el abogado del Parlamento Europeo, Patrick Maisonneuve, que ejerce la acusación particular y que consideró que "si bien el contexto político existe" el tribunal debe "pronunciarse sobre los hechos".

Los abogados de Le Pen insistieron en la línea de defensa establecida desde el primer día: si hubo delito, no hubo voluntad de cometerlo. "No se puede dejar de lado la buena fe" de mi clienta, afirmó Bosselut, quien hizo hincapié en la falta de alerta del Parlamento Europeo y en la transparencia total de su clienta.

Aseguró que Le Pen "no podía saber en el momento de los hechos que años más tarde sería acusada de desvío de fondos" y recordó que reconoció que "los asistentes parlamentarios pudieron trabajar para el partido", pero que "nunca tuvo voluntad de ocultarlo".

A ello añadió la que a su juicio fue una ausencia de demostración de que fuera ella quien ordenara un "sistema" que según la acusación había heredado de su padre para pagar con fondos de la Eurocámara a empleados que, en realidad, trabajaban para el partido.

Un sistema que entre 2004 y 2016 permitió desviar varios millones de euros y por el que la Fiscalía pidió en Apelación el pasado día 3 cuatro años de cárcel, tres de ellos exentos de cumplimiento, y cinco de inhabilitación aunque sin aplicación preventiva.

La defensa se obstinó en destacar la debilidad de las pruebas presentadas sobre ese "sistema", una serie de mensajes internos que apuntaban a las órdenes directas de Le Pen y una reunión de todos los eurodiputados de la que solo existen testimonios indirectos.

Aunque oficialmente los abogados de la defensa pidieron la absolución de su clienta, sus alegatos iban dirigidos a obtener una pena más ligera que la de primera instancia, que le permita lanzar una cuarta candidatura al Elíseo.

Algo difícil de concebir en caso de una condena fuerte, aunque Le Pen tendría todavía la oportunidad de recurrir ante el Supremo, que se pronunciaría antes de fin de año.

Pero la líder ultraderechista ya ha asegurado que no esperará a esa última instancia para mantener su candidatura o retirarse en favor de su delfín, el joven Jordan Bardella, de 30 años, también favorito en los sondeos. Su abogado abundó en esa misma idea hoy. 

Durante siglos, la monarquía francesa ungía al heredero al trono con el título de delfín. Pese a que los reyes ya no existen en Francia desde hace mucho tiempo, ese sobrenombre se sigue usando para referirse al heredero de una gran figura política. Paradójicamente, muy pocas veces estos delfines tienen éxito. Ni Luis XIV, ni Napoleón ni ya más recientemente François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing ni tampoco Nicolas Sarkozy o François Hollande, tuvieron sucesores que pudieran ganar las elecciones tras ellos. Ahora, el último que se enfrenta a esa maldición del delfín en Francia es Jordan Bardella, el joven heredero de Marine Le Pen al frente de Rassemblement National (RN).

El nombre de Bardella no es ni mucho menos nuevo. Procedente de un pobre suburbio de París e hijo de inmigrantes italianos, el joven de tan solo 30 años empezó a hacer carrera en el partido de extrema derecha desde que era prácticamente adolescente. Con su imagen amable, pausada y con un estilo que difiere del de buena parte de los líderes de extrema derecha mundial, Bardella pronto se hizo con el sobrenombre del “yerno perfecto”, transformándose en la cara amable de un partido que cada vez da menos miedo a los franceses. Bardella fue el candidato por primera vez en las elecciones europeas de 2019, que ganó, y siguió su ascenso meteórico con su nombramiento como presidente del partido en 2021. En 2024 volvería a ser candidato por partida doble, de nuevo a los comicios comunitarios y después a las legislativas anticipadas de unos meses más tarde.

El éxito electoral de Bardella en ambas citas fue innegable. En las europeas su victoria con el 31% de los votos obligó a Macron a dar un fallido golpe de timón, y solo unos meses después logró que la extrema derecha en Francia ganara la primera ronda de las legislativas por primera vez en su historia. Solo una unión de todas las fuerzas republicanas le privó de la victoria en la segunda, quedando en tercer puesto. Sin embargo, ahora Bardella está obligado a ir a por el premio gordo. La inhabilitación de Le Pen por el escándalo de los fondos del Parlamento Europeo deja al yerno perfecto solo ante el peligro como el candidato de la formación en la carrera al Elíseo.

Muchos anticipaban que el cambio de Bardella por Le Pen iba a ser un mero cambio de cromos. Una cara por otra por obligación que realmente no modificaría nada sustancial en la ideología del partido. Incluso, para algunos el joven presidente iba a ser un mero apéndice de su mentora, cuyo apellido y peso político le valdrían para continuar, pese a su inhabilitación, controlando el partido. Pero los últimos acontecimientos no parecen anticipar que Bardella sea un mero títere en manos de Le Pen, justo al contrario, el joven candidato podría tener la llave para llevar a RN al siguiente nivel. 

Ciertamente, aún queda más de un año para las presidenciales y es pronto para hacer cábalas de cómo podría ser el programa del partido de extrema derecha, tal y como advierte Francis Ghilès, investigador senior asociado del CIDOB, sobre todo aún sin saber el resultado de la apelación de Le Pen. Pero Bardella está comenzando a tener gestos disonantes con la línea tradicional de la formación, y ha empezado a hacerlos por un lugar que, pese a quizás no tener tanta importancia electoral, sí tiene un gran peso simbólico: la geopolítica. Y es que, especialmente desde la entrada de Marine Le Pen, el partido ha sido sinónimo de cercanía a Rusia. Famosos son los 9 millones que el entonces Frente Nacional cobró de un banco ruso en forma de préstamo y que la hija del fundador trató de desvincular una y otra vez de Vladimir Putin. 

Ahora, Bardella parece querer matizar esa posición histórica. Pese a que desde la invasión de Ucrania RN ha moderado sus posturas con respecto a Rusia, el joven ha dado un paso más allá y ha pasado a condenar claramente “sin la menor ambigüedad” las acciones de los rusos. “El nacionalismo conservador de Putin es muy atractivo para RN, porque en cierta forma se sentían muy vinculados a él. Sin embargo, al final era una carta que el resto de partidos usaban constantemente para atacarlos, algo que se incrementó tras la invasión de Ucrania, de la que la población francesa está profundamente en contra”, comenta Ghilès.

Pero no solo en ese lado Bardella ha cambiado el discurso. El otro gran volantazo de RN, aunque en este caso sí más seguido por Le Pen, es el que tiene que ver con Donald Trump. Si bien el partido de extrema derecha, tal y como explica Jean-Baptiste Harguindéguy, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Pablo de Olavide, ha mantenido una postura ‘gaullista’ consistente en que Francia debe tener su propia posición internacional alejada de la influencia de EEUU y de Rusia, el volantazo contra el magnate es evidente. El partido ha pasado de alabar y de poner a Trump como ejemplo a condenar agresivamente sus acciones, especialmente con respecto a la anexión a Groenlandia y al secuestro de Nicolás Maduro.

Bardella, de hecho, ha ido un paso más allá, llegando a pedir a Europa que se uniera frente al presidente de EEUU: “Lo que ocurre hoy en Groenlandia es para Europa una prueba de poder y de verdad. Hay que elegir, o aceptar el vasallaje o volver a ser actores soberanos, capaces de defender nuestros intereses y nuestra integridad”, dijo Bardella en el Parlamento Europeo. Un discurso que parecería de ciencia ficción hace unos pocos años. 

“Es algo que puede sorprender, pero tiene sentido y no es tan sorpresivo si atendemos a la tradición soberanista que tiene la extrema derecha francesa. En esa soberanía sagrada de Francia hay que buscar la oposición a Bruselas pero también a grandes empresas internacionales que, según RN, atentan contra ella. Cuando ahora salen a criticar lo que hace EEUU es congruente con ese historial”, señala Guillermo Fernández Vázquez, politólogo de la Universidad Carlos III y autor del libro Qué hacer con la extrema derecha: el caso del Frente Nacional.

Pero, ¿es ahora el RN de Bardella otanista y proeuropeo? “Es puro tacticismo electoral. El delfín de Le Pen ha sacado enseñanzas del pasado y de todo lo que ha ido fallando a lo largo de los años y lo está cambiando. RN ha tenido siempre una posición pragmática y posibilista en las relaciones internacionales. Durante esta última década pasaron de pedir la salida de la UE y la vuelta al franco a que un marco en el que estas demandas han desaparecido completamente. Este es un paso más en ese camino. Es un giro que no responde a convicciones ideológicas profundas, sino que es más bien un paso más en la estrategia de desdiabolización del partido”, comenta Harguindéguy, que también señala que los temas internacionales normalmente no han interesado demasiado a los votantes lepenistas, aunque ahora que el partido está tan cerca de gobernar, RN debe tomar una posición que será, si ganan, la de Francia.

Con todo, esta tensión geopolítica es solo la punta de un iceberg que podría cambiar a la extrema derecha francesa tal y como la conocemos. Dentro de RN hay una tensión entre un bloque más joven liderado por Bardella y que quiere dar otro giro al partido y la vieja guardia tradicional del antiguo Frente Nacional, más próximos a Le Pen. “Bardella viene de una corriente mucho más identitaria que su antecesora en la presidencia de RN. Le Pen añadió al partido un peso más social y una mayor conexión con minorías y mujeres. Mantuvo ese corazón antiinmigración y nacionalista, pero ampliando su base y modernizando el partido”, comenta Fernández Vázquez.

Sin embargo, Bardella tiene otros orígenes. Está mucho más centrado, explica el politólogo, en preservar la identidad nacional francesa y unos valores conservadores y tradicionales que quizás durante mucho tiempo no estuvieron en el centro de RN de Le Pen. “Pone su énfasis en teorías como el gran reemplazo o se fija en cuestiones como el conservadurismo moral. Por ejemplo, Bardella reivindica mucho el cristianismo, no tanto como religión sino como herencia cultural de Europa”, continúa. 

Otra de las cuestiones fundamentales en esta pugna interna es la económica. Para Ghilès este es el aspecto que decidirá las próximas elecciones en Francia y precisamente en el que RN no es fiable a ojos de los franceses. “Bardella apenas tiene experiencia, y los desafíos a los que se enfrenta son enormes. Tiene que bajar la deuda y arreglar la situación por la que está pasando Francia. En los debates puede mentir, pero los números no mienten y es evidente que, hasta ahora, no han podido convencer a los franceses de que ellos tienen la solución a esos problemas”, comenta el investigador del CIDOB.

En este caso, Bardella otra vez está tratando de adoptar un perfil algo diferente. Mientras Le Pen se había mostrado partidaria de medidas más sociales y de mayor gasto estatal, el joven delfín está orientándose a un perfil mucho más empresarial y liberal en lo económico. “RN siempre ha sido un partido al que se le ha dado bien ir a la contra, pero que ha tenido dificultades para construir una alternativa. Eso también vale para la economía, donde han dado bastantes tumbos. Eso sí, ahora Bardella pone en el centro a un grupo muy concreto: los multimillonarios. Y eso sí que puede ser un gran cambio, porque Le Pen trataba de tener un perfil mucho más popular”, comenta Harguindéguy. 

¿Y a qué multimillonarios se refiere el experto? A personas como Vincent Bolloré, que ha invertido buena parte de su fortuna en apoyar a RN con un entramado mediático favorable al puro estilo Fox News en EEUU. “Estos magnates han ubicado en la agenda los temas del partido, han dado mucho dinero a promocionar teorías como el gran reemplazo y ahora quieren su contraprestación. Bardella sabe todo esto y es consciente de que él es el candidato de todos estos multimillonarios. Y si ese giro implica 'matar a la madre', yo no descartaría que lo hiciera. Aunque hay que tener en cuenta que Le Pen sigue siendo la que tiene el control de las finanzas del partido y todo lo relacionado con su estructura”, asegura el politólogo de la Universidad Pablo Olavide.

Aunque quizás RN se lo tendría que pensar dos veces antes de iniciar un duelo fratricida entre sus dos cabezas. “Ahora mismo la formación puede sacar mucho rédito de ambos, ya que son figuras muy complementarias. A corto plazo no veo un RN sin Le Pen porque, pese a la inhabilitación, mantiene unas cuotas de popularidad muy altas y, además, ha conseguido conectar con franjas de la población, como las mujeres, que tradicionalmente no estaban en el electorado del partido. No obstante, Bardella está logrando una simpatía muy alta entre los jóvenes, un sector al que Le Pen llega, pero menos. Así que, realmente, ahora mismo la dupla entre ambos funciona. Ella es más humana, él más un robot, porque parece muy perfecto, pero le funciona, sobre todo en redes”, explica Fernández Vázquez. Quizás esa sea la fórmula que haga a Bardella escapar de la maldición del delfín.

La Fiscalía del Tribunal de Apelación de París solicitó este martes que se condene a Marine Le Pen a cinco años de inhabilitación por malversación de fondos europeos, los mismos que en primera instancia, pero sin ejecución inmediata, así como a 4 de prisión, aunque solo uno de cumplimiento firme con brazalete electrónico, y 100.000 euros de multa, informa EFE.

Tras escuchar una requisitoria algo menos severa que su condena en primera instancia, al pedir los fiscales que la inhabilitación no sea inmediata y rebajar a solo un año la prisión firme con vigilancia electrónica, en vez de dos, Marine Le Pen abandonó el tribunal sin hacer declaraciones. Posteriormente, expresó a BMFTV, su descontento: "Claramente, la Fiscalía (de Apelación) sigue la misma línea que la Fiscalía en primera instancia".

Aunque consideró que Marine Le Pen fue "instigadora y amplificadora" de un sistema fraudulento puesto en marcha por su padre Jean-Marie, la Fiscalía del Tribunal de Apelación estimó este martes que no era necesario mantener la pena de inhabilitación inmediata, teniendo además en cuenta que la líder ultraderechista tiene una sola condena en su historial, por difamación, no por un asunto penal. Una apreciación que valoró como "extremadamente positiva" el abogado de Le Pen, Rodolphe Bosselut, ya que supone que la Fiscalía ha tenido en cuenta la nueva línea de defensa de su clienta, que "ya no constituye criminalización ni riesgo de reincidencia".

Si el Tribunal, cuya sentencia se espera antes del verano, sigue el criterio de la Fiscalía, Le Pen podría presentarse a las elecciones presidenciales en 2027, en un momento en que la extrema derecha lidera las encuestas, si presentase un recurso en "casación", señaló a la prensa el abogado del Parlamento Europeo, Patrick Maisonneuve. Le Pen podría aún optar a las Presidenciales dependiendo de los plazos de la inhabilitación a la que sea condenada y si agota todas las vías judiciales de las que dispone, por lo que se abren varios escenarios y el único que cierra completamente la puerta a sus aspiraciones es que el tribunal confirme su pena de primera instancia, según varios analistas.

Junto con otras diez personas relacionadas con su partido, la Agrupación Nacional (RN), Le Pen había sido castigada en primera instancia, en marzo de 2025, por malversación de fondos públicos de la Eurocámara al haber utilizado asistentes parlamentarios para trabajar en el Frente Nacional (anterior denominación del RN), en vez de en el Parlamento Europeo. La inhabilitación dictada entonces contra la dirigente fue de ejecución inmediata, lo que la dejaría fuera de la carrera por el Elíseo si la sentencia en Apelación, aguardada para el verano, no lo evita.

Los dos fiscales que pronunciaron la larga requisitoria lanzaron duras críticas al esquema en el que participaron la veintena de condenados en primera instancia, la mita de ellos actuales cargos del RN. Aunque agradecieron el cambio de tono de Le Pen en Apelación, el fiscal Thierry Ramonatxo consideró inadmisible los "ataques mediatizados" en primera instancia a la institución judicial y citó las "amenazas explícitas de muerte" que sufrieron los magistrados que dictaron la condena en primera instancia.

El fiscal afirmó que quedó demostrado durante el proceso en apelación que "había una organización fraudulenta con la meta de financiar" el Frente Nacional (hoy RN) que, en esa época, sufría graves problemas económicos. "Un sistema pensado para desviar fondos públicos despreciando las reglas de probidad y del funcionamiento de lo público", lamentó. Recordó que el organismo afectado en primer lugar por este sistema, el Parlamento Europeo, está financiado por los impuestos, directa o indirectamente, de los franceses y del resto de ciudadanos de países miembros de la UE.

El otro abogado general de la requisitoria, Stéphane Madoz-Blanchet, aprovechó para criticar las prácticas de Marine Le Pen y aseguró que el hecho de ser una persona elegida por el sufragio universal "no representa un refugio contra la ley, pero sí una máxima exigencia".

En primera instancia, los jueces consideraron probado que Le Pen había heredado de su padre un sistema de financiación ilegal de su partido, mediante el uso de fondos destinados a asistentes parlamentarios entre 2004 y 2016. El perjuicio estimado para la Eurocámara fue de más de cuatro millones de euros.

En el juicio en apelación, Le Pen adoptó una estrategia de defensa basada en la involuntariedad y la buena fe. "Si he cometido un delito, no tenía el sentimiento de haberlo hecho", afirmó, subrayando que no existió intención de establecer un sistema para financiar ilegalmente su partido con fondos europeos. Argumentó que todas sus actuaciones fueron públicas y que el Parlamento Europeo nunca les advirtió de posibles irregularidades.

La fecha del 13 de enero lleva mucho tiempo marcada en las agendas de la Agrupación Nacional (RN). Se acerca el juicio en apelación de Marine Le Pen, otros once acusados y su partido en el caso de los asistentes parlamentarios europeos, y el partido de extrema derecha se prepara para la batalla.

Al término de este mes de audiencias y luego de deliberaciones, Marine Le Pen podría ver definitivamente frustradas sus esperanzas de presentarse a las elecciones presidenciales de 2027: ya ha advertido de que, en caso de ser condenada a una pena de inelegibilidad, como en primera instancia, apoyará la candidatura de Jordan Bardella.

Tras su condena el 31 de marzo de 2025 a cuatro años de prisión, dos de ellos en firme, y a cinco años de inelegibilidad con ejecución provisional, la RN desplegó una argumentación conspirativa, denigrando a los magistrados acusados de querer impedir la candidatura de su líder. Esa presión obligó a poner bajo protección policial a la jueza Bénédicte de Perthuis, atacada personalmente por los dirigentes del partido y amenazada de muerte, y suscitó la indignación de la institución judicial francesa, atacada también por el ecosistema político en casi todas las sentencias que dicta contra los cargos electos.

Pero la RN no ha aprendido la lección. A pocos días del inicio de su juicio en apelación, Marine Le Pen ha vuelto a desahogarse sobre la sentencia de primera instancia en La Tribune dimanche, atacando directamente a la presidenta del tribunal correccional, a la que acusa de haber dictado una sentencia política.

“La magistrada de primera instancia, Bénédicte de Perthuis, ha escrito que el objetivo es impedirme no solo presentarme, sino también ser elegida”, declaró. “Hubo un tiempo en el que podía recibir una bala. Ahora recibo una bala judicial. En realidad, eso significa tu muerte”.

Otro artículo de prensa reforzó el clima de tensión que rodea el inicio del juicio. El 30 de diciembre, el semanario alemán Der Spiegel se centró en la ofensiva del Gobierno estadounidense contra los opositores de sus aliados en Europa. Según la revista, la Administración Trump ha impuesto sanciones a varios activistas opuestos al partido de extrema derecha Alternativa por Alemania (Alternative für Deutschland, AfD) y habría considerado tomar medidas drásticas tras poner bajo vigilancia al partido calificado como “extremista de derechas comprobado”.

Der Spiegel también escribe que el Departamento de Estado americano consideró la idea de imponer sanciones a los jueces que condenaron a Marine Le Pen en primera instancia. La embajada de Estados Unidos en Francia, contactada por Le Monde, finalmente reaccionó para desmentir una “aparente filtración obsoleta y falsa”.

Tras la condena de la líder de RN, el ecosistema trumpista acudió en su ayuda, denunciando al unísono una justicia política que querría impedir la llegada al poder de una aliada potencial. “FREE MARINE LE PEN”, publicó Donald Trump en redes sociales, criticando “una caza de brujas” orquestada por “los izquierdistas europeos”, y estableciendo un paralelismo con sus propios asuntos judiciales. El presidente estadounidense recibió el apoyo de Elon Musk, Vladimir Putin y los aliados europeos de RN, como Viktor Orbán.

Todos estos elementos llevaron al presidente del tribunal judicial de París, Peimane Ghaleh-Marzban, a tomar la palabra. “Si tales hechos se confirmaran o llegaran a producirse, constituirían una injerencia inaceptable e intolerable en los asuntos internos de nuestro país, que debería provocar la reprobación de los poderes públicos”, advirtió el 6 de enero, durante una audiencia de toma de posesión de nuevos magistrados.

Pero las represalias estadounidenses contra un magistrado francés que desagrada a la Administración Trump no serían una novedad. Desde el 20 de agosto de 2025, Nicolas Guillou, juez francés del Tribunal Penal Internacional (TPI), se encuentra bajo sanción por Estados Unidos por haber participado en la emisión de órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ahora exministro de Defensa Yoav Gallant. Sanciones que “afectan a todos los actos de su vida cotidiana”, explicaba al diario Le Monde, como su imposibilidad de acceder al sistema bancario, pagar con tarjeta de crédito o comunicarse a través de los servicios estadounidenses.

Por su parte, la RN intentó dar la vuelta a la sartén, viendo en la defensa de la institución judicial por parte de Peimane Ghaleh-Marzban una presión sobre los magistrados del tribunal de apelación. En un comunicado de prensa publicado el miércoles 7 de enero, el partido explica, sin ironía, que permanece “atento a cualquier cuestionamiento o presión que se ejerza de manera inaceptable sobre la institución judicial”.

Sobre todo, acusa al presidente del tribunal judicial de París, cuyas declaraciones serían “susceptibles de perjudicar gravemente los intereses de los acusados”, en particular al “acreditar una 'noticia falsa'” [es decir, retomar la información de Der Spiegel, ndr]”. “La Agrupación Nacional teme que tales declaraciones puedan parecer una presión inadmisible sobre los magistrados de apelación basada en un rumor difundido por un medio de comunicación hostil”, añade RN en su comunicado.

Estas nuevas acusaciones contra la justicia, tras los virulentos ataques lanzados por Nicolas Sarkozy después de su condena en el caso libio, indignan a los profesionales, entre ellos la Unión Sindical de Magistrados (USM, mayoritaria), que ha reaccionado a las declaraciones de Marine Le Pen en La Tribune dimanche.

“La decisión en primera instancia se tomó de conformidad con la legislación aplicable y tras varias semanas de debates judiciales técnicos en los que todas las partes pudieron explicarse y presentar sus argumentos de forma contradictoria”, recuerda Alexandra Vaillant, secretaria general de la USM. “Por lo tanto, no se trata en absoluto de una decisión política, sino de una decisión judicial motivada, de hecho y de derecho, y conforme a la ley aprobada por el Parlamento”.

“La USM lamenta una vez más estos ataques públicos contra los magistrados por su actividad jurisdiccional”, añade. “No podemos más que lamentar tales declaraciones a pocos días del inicio del juicio en apelación de la señora Le Pen y recordar que, al igual que en el juicio ante el tribunal correccional, los magistrados del tribunal de apelación de París deberán tomar una decisión colegiada tras varias semanas de debates judiciales en los que las partes podrán hacer valer todos sus argumentos jurídicos. Se trata del ejercicio normal de una vía de recurso en un Estado de derecho.”

En cuanto a las recientes alertas sobre el riesgo de injerencia extranjera, la USM “recuerda que la justicia no puede impartirse bajo la presión de un Estado extranjero, sea quien sea y sea cual sea el caso en cuestión”. Ya había “alertado la Unión Internacional de Magistrados [...] sobre las sanciones americanas impuestas a algunos jueces del Tribunal Penal Internacional, incluido un juez francés, por su actividad jurisdiccional”. “Más allá del TPI, esas sanciones podrían afectar a jueces europeos en casos delicados y comprometer así el orden jurídico internacional, basado en el respeto del Estado de derecho”, afirma.

El Sindicato de la Magistratura (SM) está igualmente indignado. “A la luz de los recientes precedentes —la sanción al juez francés del TPI Nicolas Guillou y la crítica pública del presidente de los Estados Unidos a la decisión del tribunal correccional de París contra Marine Le Pen—, el Sindicato de la Magistratura presta la máxima atención a la información publicada por Der Spiegel”, declara el sindicato. “Si estas amenazas se confirmaran, constituirían un intento de intimidación a los jueces franceses con el fin de influir en el resultado de un caso en curso. Se trataría de una injerencia inadmisible en la vida judicial de nuestro país. Cabe recordar que corresponde al presidente de la República garantizar la soberanía y la independencia nacionales, así como la independencia del poder judicial. Por lo tanto, él será el primero, según la Constitución, en tener que responder.”

Los dos magistrados franceses de mayor rango, Christophe Soulard y Rémy Heitz, respectivamente primer presidente y fiscal general del Tribunal de Casación, han asistido a la audiencia solemne anual del tribunal supremo, a la que ha sido invitado excepcionalmente el juez del TPI, Nicolas Guillou.

“Las medidas de represalia de Estados Unidos contra el juez Guillou han suscitado, con razón, mucha conmoción e inquietud”, declara Rémy Heitz a Mediapart. “No obstante, soy mucho más cauteloso con la información del Spiegel, que aún no ha sido confirmada. Pero no debe haber ninguna presión sobre los jueces del proceso de apelación de la RN, y este juicio debe poder celebrarse con total tranquilidad”.

Christophe Soulard, también consultado por Mediapart, no ha querido hacer declaraciones. En la entrevista que nos concedió en junio de 2025, el primer magistrado de Francia lamentó la llegada de un “populismo antijudicial que consiste en hacer creer que los jueces han tomado el poder, que impiden al legislador aprobar las leyes que desea porque los magistrados anulan sus efectos, que impiden al Gobierno gobernar, todo ello en nombre de principios que los jueces habrían inventado más o menos ellos mismos...”

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, al que también hemos contactado, no ha respondido.

Traducción de Miguel López

Los expertos en el servicio público de radiodifusión siempre citan dos maneras de acabar con los medios de comunicación de todos. La corta, que apela directamente a su cierre o a su privatización, y la larga, que pasa por someterlos a un férreo control político. En España, al menos hasta ahora, la ultraderecha de Vox —y la derecha extrema del PP— apuestan por la segunda. En Alemania, Francia y el Reino Unido, en cambio, la hoja de ruta es la primera. Pero todas tienen puntos en común que revelan el objetivo del extremismo reaccionario en el viejo continente, a menudo con la vista puesta en los pasos que ya ha dado Donald Trump en Estados Unidos en nombre de la misma ideología.

La ofensiva de Alternativa para Alemania (AfD), liderada por Alice Weidel, contra los medios públicos no es un ajuste técnico ni una discusión presupuestaria: es una estrategia política de desmantelamiento de uno de los principales contrapoderes institucionales del país.

De cara a las elecciones federales del año pasado, el partido ultra presentó la reestructuración radical del sistema de radiodifusión pública —ARD, ZDF y Deutschlandradio— como un objetivo prioritario de su programa, con una propuesta que combinaba recorte estructural, redefinición ideológica y vaciamiento de la función social del servicio público.

El eje central de su plan, que sigue en vigor, a la espera de una oportunidad de hacerlo realidad desde el Gobierno federal, es la abolición total del canon obligatorio por hogar —18,36 euros mensuales— que financia actualmente el sistema.

La AfD lo denomina “GEZ-Zwangsabgabe”, una “tasa coercitiva” que, según su relato, obliga a los ciudadanos a sostener una “ideología unilateral” contraria a la cultura tradicional alemana. No se trata solo de una crítica al modelo de financiación, sino de una impugnación explícita del principio mismo de servicio público universal, concebido como garante del pluralismo y la cohesión democrática.

En sustitución del sistema actual, la AfD propone la creación del llamado Grundfunk, un “servicio básico mínimo” que reduciría drásticamente el alcance, la ambición y la presencia social de los medios públicos en Alemania.

La programación quedaría limitada a noticias, contenidos culturales y emisiones regionales, eliminando por completo el entretenimiento de alto presupuesto y las retransmisiones deportivas.

Además, el plan incluye una fuerte reducción —cuando no supresión— de las plataformas digitales y los servicios bajo demanda, justo en un momento en que el consumo informativo se desplaza aceleradamente hacia el entorno digital.

Este adelgazamiento no es solo funcional, sino simbólico: el objetivo declarado es transformar un sistema universal en un proveedor de nicho, con una huella mínima en la conciencia nacional.

Un cambio que debilitaría la capacidad de los medios públicos para fijar agenda, llegar a públicos diversos y actuar como espacio común de referencia informativa.

El marco ideológico que da sentido a la reforma es la Leitkultur alemana, un concepto que la AfD utiliza para contraponer la “cultura tradicional” a lo que denomina valores progresistas, “woke” o de izquierdas, que considera dominantes en la programación actual.

En la práctica, esto supone sustituir el mandato de pluralismo y diversidad por una “diversidad de opinión” alineada con sus propios valores identitarios. El pluralismo deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en una noción condicionada ideológicamente.

La propuesta del Rassemblement National (RN) de Marine Le Pen para los medios públicos franceses supone un salto cualitativo respecto a otras estrategias de control o presión política: no plantea reformar el sistema, sino desmantelarlo mediante su privatización total.

El plan, defendido públicamente por el presidente del partido, Jordan Bardella, apunta a una reestructuración profunda tanto en términos fiscales como ideológicos, con el objetivo declarado de reducir el gasto público y, de forma menos explícita, alterar el equilibrio del ecosistema mediático francés.

La iniciativa se articula en torno a una privatización gradual de los principales medios públicos nacionales, incluidos los canales y emisoras que integran France Télévisions.

Según Bardella, la venta de estas redes permitiría generar un ahorro estimado de 3.000 millones de euros anuales para el Estado, aunque el proceso no se llevaría a cabo de manera inmediata, sino de forma progresiva. El argumento económico funciona aquí como palanca de legitimación de una operación que, en realidad, tiene consecuencias estructurales sobre el acceso universal a la información.

Uno de los elementos más reveladores del plan es la distinción entre medios nacionales e internacionales. El RN propone privatizar los canales de mayor audiencia y presencia en la vida cotidiana de los ciudadanos —France 2, France 3 y France Info—, mientras que plantea mantener bajo control estatal aquellos medios vinculados a la proyección exterior de Francia.

En este segundo grupo se incluyen France 24, Radio France Internationale (RFI), el canal Arte —por su estatus derivado de un tratado con Alemania— y los medios destinados a los territorios de ultramar.

Esta separación no es técnica, sino política. El RN asume que los medios públicos son prescindibles como servicio interno, pero indispensables como herramienta de influencia internacional y diplomática.

El pluralismo informativo doméstico se considera un coste; el soft power, una inversión estratégica. El resultado es una concepción instrumental del servicio público, reducido a su utilidad geopolítica.

Siguiendo la pauta de la AfD en Alemania, el RN sostiene que los medios públicos se han convertido en espacios dominados por ideologías “progresistas”, “woke” o de izquierda, hostiles a su proyecto político.

Desde esa premisa, la privatización se presenta como una forma de “liberar” las ondas y favorecer una mayor pluralidad. Sin embargo, el efecto previsible no es la neutralidad, sino el traslado del poder informativo al mercado, donde la lógica comercial sustituye al mandato de servicio público y la diversidad depende de la rentabilidad.

El contexto financiero refuerza la fragilidad del sistema. La eliminación del canon televisivo en 2022 dejó a los medios públicos franceses dependientes de un mecanismo de financiación basado en una parte del IVA, cuya vigencia expira en 2025.

Esta incertidumbre presupuestaria actúa como acelerador político: el RN aprovecha la debilidad estructural para presentar la privatización como una salida “realista” a un problema creado, en parte, por decisiones previas de política fiscal.

En el Reino Unido, la estrategia de Reform UK, el partido liderado por Nigel Farage, hacia la BBC no se plantea tampoco como una reforma puntual ni como una modernización del servicio público, sino como un desmantelamiento deliberado de su modelo fundacional.

En su manifiesto electoral de 2024, Our Contract with You, Farage traza una hoja de ruta destinada a forzar a la corporación a abandonar su estatus de institución nacional protegida y a competir en el mercado como un operador comercial más, privado y condicionado por la lógica de la suscripción.

El eje central de la propuesta es la abolición total del canon televisivo, una licencia anual obligatoria de 174,50 libras para cualquier hogar que consuma televisión en directo. En sintonía con la AfD, Reform UK justifica esta eliminación no solo en términos económicos, sino ideológicos, acusando a la BBC de estar “institucionalmente sesgada”.

El canon, que históricamente ha garantizado la independencia financiera de la corporación frente al Gobierno y el mercado, es presentado como un privilegio injustificado que debe desaparecer.

En sustitución de la financiación pública, el partido propone transformar la BBC en una plataforma basada en suscripciones voluntarias. Este cambio obligaría a la radiotelevisión pública a competir directamente con gigantes del entretenimiento global como Netflix o Disney+, desplazando su lógica de funcionamiento desde el servicio universal hacia la captación de clientes.

El acceso a la información dejaría de ser un derecho vinculado a la ciudadanía para convertirse en un producto condicionado por la capacidad de pago.

Este viraje económico iría acompañado de una reducción drástica del mandato editorial. Reform UK plantea que la BBC abandone la programación de entretenimiento, artes y contenidos culturales para centrarse exclusivamente en noticias e información.

En la práctica, esto supondría amputar una parte sustancial de su función social y cultural, y eliminar aquellos contenidos que históricamente han contribuido a construir un espacio común de referencia para la sociedad británica.

El componente ideológico del plan aparece de forma explícita en su apuesta por un enfoque editorial “patriótico”. Bajo una administración alineada con Reform UK, la noción de imparcialidad —pilar histórico de la BBC— sería sustituida por una orientación que priorice una narrativa nacional alineada con los valores del partido.

El que ya ha pasado de la teoría a la práctica es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, líder oficioso y modelo a seguir de los ultras europeos. Durante el primer año de su segunda administración ha impulsado una reconfiguración agresiva del ecosistema mediático público que responde, en gran medida, a las directrices del denominado Proyecto 2025: concentrar poder en el Ejecutivo y neutralizar lo que el Gobierno define como “sesgo ideológico” en las instituciones informativas.

Las primeras medidas ejecutadas apuntaron al núcleo del sistema federal de medios internacionales. En marzo de 2025, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14238, que ordenaba el desmantelamiento de las funciones “no estatutarias” de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM), responsable de supervisar redes como Voice of America (VOA) o Radio Free Asia. Más de 1.300 empleados fueron enviados a licencia administrativa, se cerraron transmisores y se suspendieron subvenciones.

El caso de VOA resultó especialmente simbólico: su señal informativa fue sustituida temporalmente por contenidos de One America Network (OAN), una cadena comercial abiertamente alineada con Trump.

La ofensiva continuó en el ámbito doméstico. En julio de 2025, el presidente firmó una ley de rescisión presupuestaria que canceló 1.100 millones de dólares destinados a la Corporación para la Difusión Pública (CPB) para los ejercicios fiscales 2026 y 2027.

Aunque NPR y PBS son formalmente entidades privadas, dependen de la CPB para canalizar fondos a más de 1.500 emisoras locales. El impacto ha sido inmediato y desigual: una de cada cinco estaciones de NPR se enfrenta al cierre, especialmente en áreas rurales donde la financiación federal cubría entre el 50 % y el 70 % de los presupuestos operativos.

El resultado es un proceso de liquidación financiera y captura ideológica del modelo de medios públicos estadounidense. Un sistema concebido para garantizar información accesible y plural está siendo sustituido por un entramado fragmentado, debilitado o directamente subordinado al poder ejecutivo.

En España, a diferencia de Alternativa para Alemania (AfD), Vox no ha formulado un proyecto programático tan sistematizado y explícito para los medios públicos. Sin embargo, lo ocurrido allí donde el partido de Santiago Abascal ha tenido ocasión de gobernar, en particular en las comunidades autónomas en las que compartió tareas ejecutivas con el PP, identifica un patrón de comportamiento que ofrece una pista clara sobre su concepción del papel de los entes públicos de comunicación.

Uno de los ejes fundamentales de esta estrategia es la alteración de las reglas de control institucional. Vox —y el PP— ha impulsado o respaldado reformas legales en varias comunidades autónomas destinadas a rebajar los umbrales de votación necesarios para nombrar a los órganos directivos de las radiotelevisiones públicas. El paso de mayorías cualificadas —habitualmente de dos tercios— a mayorías simples elimina la necesidad de acuerdos amplios con la oposición y permite que el Gobierno de turno imponga sus nombramientos sin contrapesos. El consenso, concebido como garantía de independencia, es sustituido por la lógica de la mayoría coyuntural —algo que, por otra parte, también ha impulsado el Gobierno de España con el apoyo de sus socios en el Congreso para saltarse los vetos del PP a la hora de hacer nombramientos en RTVE—.

A partir de ese cambio estructural, se ha llevado a cabo una segunda fase centrada en la reconfiguración interna de los medios. En diferentes territorios se han llevado a cabo remodelaciones en las redacciones que han derivado en la marginación de periodistas críticos y en una presión editorial orientada a suavizar la cobertura informativa de las administraciones conservadoras.

o se trata necesariamente de censura explícita, sino de un clima de disciplina profesional que altera el ejercicio cotidiano del periodismo.

Estas dinámicas han tenido consecuencias medibles. Organismos de vigilancia internacional, como State Media Monitor, han degradado a varios entes autonómicos a la categoría de “Bajo control estatal”. El diagnóstico es sencillo: la interferencia política ha aumentado hasta el punto de convertir a medios concebidos como servicios públicos en instrumentos dóciles frente al poder político.

Vox, igual que sus homólogos de otros países, justifica este conjunto de intervenciones bajo la premisa de que los medios públicos están “capturados” por ideologías de izquierda o separatistas. Desde ese diagnóstico, plantea la necesidad de un “reset” ideológico que alinee la programación con lo que considera valores nacionales.

Las propuestas impulsadas por partidos de extrema derecha para reformar o desmantelar los medios públicos chocan frontalmente con el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), aprobado para reforzar la independencia editorial, la transparencia y el pluralismo informativo en los Estados miembros.

Lejos de ser un debate ideológico abstracto, muchas de estas iniciativas vulneran de forma directa varios de los principios jurídicamente vinculantes que establece la EMFA, especialmente en lo relativo a la independencia de los medios de servicio público.

La Corte de Casación de Francia confirmó la condena por difamación contra Marine Le Pen, quien había acusado en 2022 a la oenegé La Cimade de organizar la entrada de inmigrantes irregulares en el departamento de ultramar francés de Mayotte, informa EFE. De este modo, la líder ultraderechista resulta condenada a una multa de 500 euros, aunque exenta de cumplimiento.

En una entrevista al canal BFMTV en enero de 2022, la entonces candidata presidencial Le Pen había acusado a La Cimade -una oenegé contra la xenofobia y en favor de la integración de las personas inmigrantes- de "organizar la entrada de inmigrantes clandestinos" desde las islas Comoras al archipiélago de Mayotte, en las costas del sudeste de África, en el océano Índico. Tras haber sido condenada en primera y en segunda instancia, la líder ultranacionalista acudió a la Corte de Casación, la más alta instancia en el ordenamiento jurídico francés.

La Cimade se felicitó de la decisión y recordó que el Alto Tribunal validó el argumento de que "no hubo un ataque a la libertad de expresión desproporcionado en la sentencia condenatoria" contra Le Pen, según dijo en un comunicado.

"Los discursos falaces destinados a estigmatizar a las personas migrantes y a las asociaciones que las acompañan para así avivar las tensiones sociales y la violencia no pueden difundirse con total impunidad", aseveró la presidenta de la organización, Monique Guyot-Berni.

En otro proceso de mayor envergadura, la líder ultra está inhabilitada con efecto inmediato durante cinco años -lo que le impediría presentarse a las elecciones presidenciales de 2027 en las que es favorita- tras ser condenada por malversación de fondos del Parlamento Europeo.

La decisión, que no es firme, será de nuevo examinada por el Tribunal de Apelación entre el 13 de enero y el 12 de febrero de 2026. 

La semana clave que afronta el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, se abrió con una previsible victoria, la adopción en el Senado de su proyecto de presupuestos para 2026, con 187 votos a favor y 109 en contra, según ha informado EFE.

Una buena noticia lograda en terreno afín, donde la derecha y el centro cuentan con una amplia mayoría que no presupone nada de lo que sucederá en la Asamblea Nacional, donde hay una mayor dispersión de votos.

En la cámara baja la aritmética volverá a mostrar sus límites este martes, cuando está previsto que los diputados adopten de forma definitiva las cuentas de la Seguridad Social, aprobadas en primera lectura con solo trece votos de margen de 577.

A cambio, tuvieron que hacer concesiones a partidos de la oposición, sobre todo a los socialistas, entre las que destacó la suspensión de la reforma de las pensiones adoptada en 2023 y que retrasaba dos años la edad mínima de jubilación.

Además, se incrementaron las partidas sociales y para hospitales, todo lo cual agravó en más de 5.000 millones de euros el déficit de las cuentas.

Una losa que pesa ahora sobre los presupuestos generales para 2026, que antes de llegar al Senado fueron masivamente rechazados por los diputados, con un único voto a favor.

Ese proyecto, que marcará la supervivencia del Gobierno de Lecornu, tiene ahora otra fecha señalada en rojo, el próximo viernes, cuando una comisión mixta de senadores y diputados deberá ponerse de acuerdo sobre un proyecto común que será el que se presentará la semana próxima en ambas cámaras. Esa prueba es esencial para los planes del Ejecutivo de dotarse de un presupuesto de 2026 antes de que acabe este año.

Una tarea que, a día de hoy, parece complicada, ante la distancia sideral que aleja a unos de otros. Si el proyecto final busca atraer votos de los socialistas, amenaza con perder apoyos de la coalición centrista y de los conservadores, mientras que planea sobre el mismo el rechazo de los dos grupos mayoritarios, la extrema derecha de Marine Le Pen y la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon.

Con la agravación del gasto de la Seguridad Social, las cuentas ven comprometido el objetivo del Ejecutivo de situar el déficit por debajo del 5%, esencial para cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas de llevarlo a la senda del 3% en 2029.

Según los últimos cálculos del Ejecutivo, el desvío será ahora del 5,3%, apenas una décima menos que el de 2025, lo que obligará a más recortes en el proyecto que adopte la comisión mixta el viernes. Así lo señaló el ministro de Economía, Roland Lescure, que consideró "inaceptable" un déficit por encima del 5%.

Tan difícil parece que se logre un compromiso aceptable, que cada día son más las voces que piden a Lecornu que utilice el mecanismo constitucional que le permite adoptar los presupuestos sin voto parlamentario. Algo a lo que el primer ministro se comprometió a renunciar para dar carta de naturaleza a la negociación parlamentaria, pero a lo que puede recurrir si de esta no sale un proyecto mayoritario.

En caso de adoptar las cuentas sin voto, la oposición puede presentar una moción de censura, cuyo resultado sería muy delicado para un Lecornu que carece de mayoría en la cámara baja. Podría correr así la misma suerte que sus dos últimos antecesores, el conservador Michel Barnier, que perdió una moción de censura en diciembre de 2024 tras apenas tres meses en el cargo, y el centrista François Bayrou, que cayó en una moción de confianza en septiembre pasado.

Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional (RN, en sus siglas en francés) y mano derecha de la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, aparece en el disparadero de una denuncia por malversación y favoritismo presentada por la ONG AC Corrupción que sospecha el uso irregular de fondos públicos del Parlamento Europeo.

En su demanda 'contra X' (sin señalar directamente un presunto responsable) ante la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) francesa revelada este viernes por varios medios como BFMTV, AC Corrupción formaliza sus sospechas basadas en una información publicada por Le Canard Enchaîné.

El semanario satírico daba cuenta de las relaciones entre el RN y Pascal Humeau, que fue contratado oficialmente para formar a Bardella y a otros miembros del Parlamento Europeo de su partido en la gestión de los medios de comunicación a partir de 2019 gracias a dinero atribuido por la Eurocámara.

Sobre todo, según AC Corrupción Humeau se encargó a partir de septiembre de 2021 no para que conociera la actualidad europea sino para "la preparación de las elecciones presidenciales francesas de 2022, y por tanto para cuestiones de política interna".

A partir de ahí, el posible delito sería el desvío de fondos teóricamente atribuidos para un fin concreto en relación directa con el Parlamento Europeo, para otros objetivos.

Una cuestión que tiene un cierto paralelismo con la reciente condena de la formación de la extrema derecha y de 25 de sus dirigentes y empleados, y en particular de Le Pen (sentenciada sobre todo a una inhabilitación para ejercer cargos públicos), por uso indebido de dinero de la Eurocámara, que se consagró a finalidades propias del RN.

Una condena que ahora está pendiente del proceso en apelación que se desarrollará entre enero y febrero próximo, y que será fundamental para saber si la líder de la formación puede presentarse a las presidenciales inicialmente programadas para la primavera de 2027.