La Unión Europea se mostró este jueves favorable a que una futura solución para el Sáhara Occidental que garantice la libre determinación del pueblo saharaui se base en el plan de autonomía propuesto por Marruecos "con el fin de alcanzar una solución justa, duradera y mutuamente aceptable del conflicto", informa EFE.

En un comunicado conjunto entre Marruecos y la Unión Europea, reunidos este jueves en su primer Consejo de Asociación desde 2019, la UE "pide a las partes que participen en las conversaciones sin condiciones previas y sobre la base del plan de autonomía propuesto por Marruecos, con el fin de alcanzar una solución política definitiva y mutuamente aceptable que garantice la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental".

"Una autonomía verdadera podría representar una solución más viable y anima a las partes a que presenten sus ideas en apoyo de una solución definitiva mutuamente aceptable", apuntan la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, y el ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita.

A su llegada al Consejo de Asociación con Marruecos, Kallas había avanzado que la posición renovada de la Unión Europea respecto al Sáhara Occidental refleja la última resolución sobre esta cuestión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del pasado mes de octubre, y "subraya el apoyo continuado de la UE para un proceso liderado por la ONU para encontrar una solución sostenible" a este conflicto.

En este contexto, la UE se mostró favorable a los esfuerzos de los representantes de Naciones Unidas "para facilitar y dirigir las negociaciones basándose en el plan de autonomía propuesto por Marruecos".

"La UE ha acogido con satisfacción la voluntad de Marruecos de comprometerse de buena fe con todas las partes interesadas a fin de aclarar las modalidades de este plan de autonomía y explicar cómo se desarrollaría la autonomía en el marco de la soberanía marroquí", se indica en el comunicado.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, no se refirió a la actualización de la posición europea a su llegada al Consejo de Exteriores de la UE a primera hora de la mañana, pero sí valoró el encuentro con Marruecos y aseguró que España seguirá trabajando para que la relación entre los Veintisiete y Rabat siga al "máximo nivel".

Marruecos, dijo Albares, "aporta a la Unión Europea una relación comercial exitosa"; para España es su segundo cliente fuera de la UE y un país "con el que tenemos mucho que compartir, mucho que dialogar", añadió.

Según indicó el Consejo de la UE en un comunicado, el Consejo de Asociación entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos supone una oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre asuntos políticos, económicos y comerciales, democracia y derechos humanos, así como sobre cooperación, incluyendo la migración, la transición ecológica, la innovación, el desarrollo socioeconómico inclusivo y sostenible, los contactos interpersonales y la seguridad. 

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha suspendido el procesamiento de visados de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Brasil, Colombia, Rusia e Irán. Un portavoz del Departamento de Estado confirmó a EFE la cifra de países afectados, sin precisar cuáles son, aunque la cadena Fox News ha tenido acceso al listado.

Algunos de los países de América Latina y el Caribe incluidos son Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. También figuran Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.

Según Fox News, la pausa comenzará el próximo 21 de enero y se mantendrá de manera indefinida mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de verificación.

Los visados de inmigración son aquellos que permiten residir de manera permanente en Estados Unidos, mientras que los visados de no inmigrante, destinados a estancias temporales como turismo, estudios o trabajos temporales, no se verán afectados por la suspensión.

Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, declaró que el objetivo de esta medida es evitar el ingreso a Estados Unidos de extranjeros que puedan recurrir a asistencia social y beneficios públicos.

En noviembre pasado, el Gobierno de Trump ordenó a los consulados de Estados Unidos en todo el mundo aplicar una guía que da instrucciones sobre negar visados a los solicitantes que se considere que probablemente dependerán de ayudas públicas.

De este modo, los funcionarios consulares pueden rechazar visados en función de una amplia gama de factores, como la salud, la edad, el dominio del inglés o la situación financiera.

El hachís marroquí, que es el más famosos y económico, conocido como La Mousse en el entorno criminal, es el que llega en narcolanchas a la península ibérica. El que se introduce en los famosos fardos de arpillera que se incautan todos los días del año en distintos puntos de España y, últimamente, también en origen.

Una vez que la droga se 'enfría' –en el argot, el tiempo preciso para eludir cualquier acción policial o robo por parte de otra banda criminal–, el alijo puede enviarse directamente a su destino, pero muchas veces se transporta a un punto clave en el negocio: la ciudad de Barcelona. Por naves apartadas de la capital catalana pasan miles de kilos de esa droga antes de su envío a otros países de Europa, grandes destinatarios de la misma, tales como Francia, Alemania, los países nórdicos y, por encima del resto, Países Bajos, donde el consumo, como se sabe, es tolerado.

El esquema que siguen los grupos criminales que son dueños de estos alijos se basa en el disfraz y en el engaño. Disfraz, porque se sirven de especialistas en el ocultamiento para preparar los envíos de las tabletas de cannabis hacia los puntos de destino perfectamente camuflados entre cargamentos lícitos. Y engaño, porque utilizan a conductores de camiones que proceden de países de Europa del Este y que acuden a un punto convenido a recoger un encargo sin tener conocimiento de la carga que llevan. Y claro, si el camión es interceptado y las autoridades localizan la droga, esos conductores van a prisión. Son los únicos que acaban pagando. Esta misma práctica se realiza en España con los transportes de cocaína. No hay más que revisar la hemeroteca reciente de Narcodiario.

Pero hay un ejemplo más cercano que ocurrió hace apenas 15 días y del que se informa en estas líneas en exclusiva. Un alijo de hachís con el anagrama '100 x 100 Natural Product' llegó a Barcelona y se envió a uno de esos lugares donde se prepara para su envío. En este caso, los encargados de esa labor colocaron los paquetes de droga en palés que contenían flores de Pascua. Los narcos siempre apuestan por productos voluminosos para tapar bien la droga abaratando costes. Y este fue el caso.

Una vez preparada la droga e introducido un dispositivo GPS –esencial para que la organización tenga conocimiento del punto exacto en el que se encuentra su mercancía– acudió uno de esos conductores de Europa del Este sin apenas recursos que no sabe nada acerca de lo que va a transportar en su camión. Los narcos disponen de una gran red de conductores procedentes de Polonia, Lituania, Rumanía o Moldavia, por poner ejemplos. Son pequeños empresarios que llegan con la documentación legal para el envío para ser cumplimentada.

El encuentro para la carga de la mercancía se produce en un lugar apartado de los ojos de curiosos para no llamar la atención, pero siempre alejado del lugar en el que se trabajó con los palés para esconder la droga, en este caso debajo de las flores de Pascua. Allí, miembros del grupo criminal rellenan la documentación que presenta el transportista con nombres de empresas falsas para dar una apariencia de legalidad a la operación. En cuanto el camionero se va –se le paga muy poco por su trabajo– la copia del documento se destruye.

Siguiendo con este último viaje, acabó siendo interceptado en la frontera de Bélgica. Así lo reportó la Policía de ese país, que señala que aparecieron 107 kilos de hachís en los palés, debajo de las flores de Pascua. En este caso, según la Policía Federal, fue el camionero, de origen polaco, el que llamó la atención de los agentes, que registraron a fondo el vehículo y dieron con el alijo. Las mismas fuentes detallaron que el destino del cargamento era Bélgica. Sin embargo, Narcodiario puede afirmar que la droga iría a parar al mercado de Países Bajos si no hubiese sido intervenida.

En esta ocasión, la pericia de los funcionarios sirvió para detectar la droga, pero eso es una excepción. Todos los días del año salen alijos de hachís -también de marihuana y, en ocasiones, de cocaína- desde el gran centro de distribución de Barcelona hacia distintos puntos de Europa, y muy pocos de ellos son intervenidos. Y cuando caen, el que paga los platos rotos es un transportista que, en la mayoría de los casos, no tiene ni idea de lo que lleva en su remolque. Así operan los narcos en la actualidad.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha avisado de que no se va "a ceder ni un centímetro de tierra saharaui" justo cuando España y Marruecos celebran su decimotercera reunión de alto nivel y en la que se mantiene el apoyo de Pedro Sánchez al plan autonomista de Rabat para la excolonia.

"Hoy se celebra en nuestro país una reunión de alto nivel con Marruecos y vamos a decirlo claramente, no vamos a ceder un centímetro de tierra saharaui", ha subrayado la vicepresidenta que aparece en un vídeo difundido a través de las redes sociales leyendo un poema del poeta saharaui Liman Boisha.

La también ministra de Trabajo termina la grabación con estas palabras: "Hoy y siempre, viva el Sáhara libre".

En la reunión de alto nivel que se celebra en el Palacio de la Moncloa participan también, junto a Sánchez, seis ministros, ninguno de ellos de Sumar, su socio en el Ejecutivo de coalición, que fue muy crítico, igual que sus socios de investidura y la oposición, con el giro radical que dio Sánchez al reconocer en abril de 2022 el plan autonomista de Rabat para el Sáhara.

Un plan que cuenta con el beneplácito de la ONU después de que el pasado 31 de octubre el Consejo de Seguridad aprobara una resolución que considera que "una autonomía genuina podría representar el resultado más factible" para el Sáhara Occidental.

La Reunión de Alto Nivel entre los Gobiernos de España y Marruecos que se celebra este 4 de diciembre en Madrid llega en un momento en el que Rabat acumula avances diplomáticos en torno al Sáhara Occidental. Hace poco más de un mes el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó, sin votos en contra, una resolución que respalda la propuesta marroquí de autonomía como base para una solución negociada del conflicto. El texto no reconoce la soberanía marroquí, pero supone un empuje político que deja a Rabat en una buena posición ante la cumbre de Madrid. 

España mantiene desde 2022 la hoja de ruta que marcó el giro del Gobierno en favor del plan marroquí. La reversión de la postura histórica del Gobierno español ha provocado una intensificación de la cooperación en materia migratoria entre ambos países y el Ejecutivo destaca la reducción de las llegadas irregulares a Canarias. En cambio, la reapertura de las aduanas de Ceuta y Melilla, anunciada hace casi un año, no ha producido el tráfico comercial que ambos países prometieron, y las restricciones marroquíes mantienen el tránsito prácticamente paralizado. Pese a ello, España impulsa inversiones millonarias en Marruecos, como la financiación de la mayor planta desaladora del país o la compra de trenes con vistas al Mundial de 2030.

La ciudad de Dajla —conocida como Villa Cisneros en la época colonial española— es hoy el principal escaparate de la estrategia marroquí para consolidar y legitimar su ocupación del Sáhara Occidental. Se trata de una ciudad situada en un territorio reconocido por Naciones Unidas como no autónomo y pendiente de descolonización, pero que Rabat administra de facto desde hace décadas. En 2020, Marruecos aprobó dos leyes que extienden su mar territorial y su zona económica exclusiva por toda la costa del territorio ocupado, una ampliación que no está reconocida internacionalmente pero que sirve de base para el despliegue de grandes proyectos portuarios y logísticos en la región.

El principal de ellos es el puerto de Dajla, un macroproyecto conocido como Dakhla Atlantique, en el que Marruecos planea desembolsar 1.100 millones de euros para establecer en 2028 uno de los principales nodos comerciales del norte de África y desplegar una flota pesquera con la que explotar el caladero de las aguas saharauis. La zona logística planeada para el puerto comprende 1.650 hectáreas, y se prevé que en sus primeros años de funcionamiento pasen por él más de dos millones de toneladas de mercancías. 

Al del puerto le acompañan otros grandes proyectos de energías renovables, entre ellos los desarrollos de hidrógeno verde en los que participan empresas españolas. Acciona forma parte de un consorcio seleccionado por Rabat para producir derivados de hidrógeno en varias zonas del Sáhara, mientras que Moeve (la antigua Cepsa) impulsa otro proyecto junto a la emiratí Taqa. En conjunto, estos planes energéticos movilizan inversiones de decenas de miles de millones de euros, se extienden por los territorios ocupados, y dibujan el plan de la “nueva Dubai” a la que se refiere la prensa marroquí al hablar de Dajla. 

De forma paralela, el régimen de Mohamed VI está impulsando el sector turístico en la zona con la esperanza de convertir Dajla en un destino vacacional de referencia para turistas nacionales y europeos. En internet se promocionan múltiples promociones inmobiliarias y hoteles de lujo, que conviven con la vigilancia y represión por parte de las autoridades marroquíes a los ciudadanos saharauis. El pasado mes de enero un periodista de Público, junto con otros dos ciudadanos españoles, fue expulsado de la ciudad cuando se encontraba en una misión de observación por la apertura del primer vuelo comercial entre Madrid y Dajla para denunciar la desaparición de activistas.

Sin embargo, la última institución pública en sumarse a la promoción del proyecto portuario Dakhla Atlantique no ha sido marroquí, sino española. La empresa pública PROEXCA, adscrita a la presidencia del Gobierno de Canarias, ha organizado una “misión empresarial” para que empresarios de las islas puedan recibir “información privilegiada” y tejer “alianzas estratégicas” para “capitalizar las oportunidades del futuro puerto” de Dajla, ciudad que la convocatoria de PROEXCA sitúa en Marruecos, a pesar de encontrarse en territorio ocupado. La presidencia del Ejecutivo autonómico no ha respondido a las preguntas de infoLibre sobre el viaje. 

La expansión de Dajla también tiene consecuencias directas en Canarias, donde instituciones y empresarios alertan del impacto económico del nuevo puerto. Según Antonio Moreno, presidente del Cabildo de Gran Canaria, la obra “supone un riesgo económico, político y reputacional que no podemos ignorar”, y está concebida para “competir directamente con los puertos canarios de La Luz y de Las Palmas”, con tasas más bajas, menores exigencias ambientales y sin el marco regulatorio europeo. Según su análisis, Marruecos repite en Dajla un patrón ya visto en Tánger o Agadir: construir alternativas para erosionar sectores estratégicos del archipiélago.

Pero el despliegue económico en torno a Dajla no se limita al nuevo puerto ni a los megaproyectos energéticos. Desde hace años, Marruecos impulsa una estrategia de promoción turística que presenta la zona como “la perla del sur de Marruecos” o “un pequeño paraíso” combinando eventos deportivos, promociones inmobiliarias, campañas dirigidas a viajeros europeos y acuerdos con aerolíneas. 

La ruta aérea anunciada entre Lanzarote y Dajla, presentada por la ministra de Turismo marroquí como un salto de “16.000 nuevos asientos” y una ampliación del 50% de la capacidad aérea de la ciudad, formaba parte del acuerdo estratégico con Ryanair para impulsar la proyección internacional de Dajla y convertirla en un “paraíso mundial de los deportes acuáticos”. Aunque Rabat negó haber subvencionado vuelos domésticos, evitó pronunciarse sobre los internacionales, y algunos medios españoles han informado de que la aerolínea opera estas conexiones a cambio de contratos publicitarios financiados por el Gobierno marroquí. La conexión con Lanzarote fue cancelada a finales de noviembre por falta de usuarios. 

Este impulso se entrelaza ahora con el calendario del Mundial 2030, que Marruecos organizará junto a España y Portugal. Las obras asociadas —desde nuevos estadios, incluido el que pretende ser el más grande del mundo, hasta infraestructuras de transporte en Casablanca, Rabat o Marrakech— han venido acompañadas de desalojos forzosos de miles de familias compensadas con apenas 1.000 o 1.300 euros, según denunciaron organizaciones locales a El Confidencial. Las protestas, lideradas en buena parte por jóvenes de la generación Z que reclaman “sanidad, no estadios”, han sido reprimidas con decenas de detenciones y se han saldado con, al menos, tres víctimas mortales. El proyecto deportivo, además de reforzar la narrativa de un Marruecos moderno y exitoso, forma parte de una estrategia más amplia de sportswashing que Rabat utiliza para consolidar su imagen internacional en medio de tensiones internas y represión política.

A esta ofensiva turística se suma una intensa actividad diplomática: ferias de inversión, foros económicos y visitas institucionales que presentan Dajla como un territorio plenamente integrado en Marruecos. No es un fenómeno nuevo. En 2015, José Luis Rodríguez Zapatero participó en un foro internacional organizado por Marruecos y celebrado en la ciudad, una visita que suscitó críticas del Gobierno del PP, del Frente Polisario y de sectores saharauis por considerarla un gesto de legitimación política de la ocupación marroquí, cuando la posición oficial de España seguía siendo que el Sáhara Occidental no pertenecía a Marruecos.

Si solo se atiende al discurso que sostienen tanto Rabat como Madrid desde hace ya tres años, sería inmediato concluir que España y Marruecos siguen gozando de una luna de miel sin sombra alguna en el horizonte. Sin embargo, si se va más allá de algunos datos innegables y, más aún, si se entra en el terreno de lo intangible, esa idílica imagen queda de inmediato trastocada, con la sensación generalizada de que Rabat ha logrado inclinar sustancialmente la balanza a su favor, sin que los intereses españoles queden plenamente salvaguardados.

El hecho de que haya sido Marruecos quien más se ha movilizado para concretar la nueva Reunión de Alto Nivel (RAN) —Madrid, 4 de diciembre— ya es una clara señal de que se siente en una posición de ventaja. En la anterior, celebrada en Rabat en febrero de 2023, ya logró la confirmación plena del giro que el gobierno español había dado en marzo del año anterior a favor de la marroquinidad del Sahara Occidental. Y en esta, tras el respaldo que ha obtenido en el Consejo de Seguridad de la ONU con la aprobación de la Resolución 2797, que identifica el plan de autonomía marroquí presentado en 2007 como la base sobre la que definir el futuro de ese disputado territorio, cabe esperar que busque un alineamiento aún más rotundo, en línea con lo que ya han hecho, entre otros, Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

Para ello cuenta no solo con que el viento de la historia continúe soplando abiertamente a su favor, sino también con elementos de presión muy concretos. El primero de ellos es, obviamente, Ceuta y Melilla, sabiendo que la economía de ambas ciudades sufre poderosamente si las aduanas con Marruecos no permiten un paso franco. Los mismos pasos que Marruecos cerró unilateralmente en 2018 y con los que, desde su reapertura (aparentemente definitiva) en enero de este mismo año, juega recurrentemente para mostrar su malestar con algún gesto político español y para dejar claro que cuenta con esa palanca para influir en la vida de ceutíes y melillenses. A eso se une, en el contexto de ambiciosos programas de nuevas infraestructuras en diversas partes del reino, la “zanahoria” para las empresas españolas interesadas en participar en dichos proyectos.

Nada de eso niega que las relaciones comerciales se siguen intensificando hasta el punto de que España ya es el primer socio comercial de Marruecos, con un volumen total de intercambios anuales que supera los 22.000 millones de euros, con una clara ventaja para España en la balanza bilateral por encima de los 3.000 millones de euros. Y lo mismo cabe decir de la colaboración en la lucha contra el terrorismo y hasta en el control de la inmigración irregular hacia las costas españolas. De hecho, en lo que va de año las llegadas de embarcaciones procedentes de las costas marroquíes a Canarias ha disminuido un 63%.

A cambio de todo ello, los sucesivos gobiernos españoles no han tenido reparos en apoyar las posturas marroquíes tanto en clave bilateral —haciendo caso omiso a las protestas de una sociedad civil mayoritariamente prosaharaui por lo que considera un abandono vergonzante— como en el marco comunitario —procurando frenar medidas contrarias a Rabat en los acuerdos de pesca o agrícola—. Eso incluye también pasar por alto los desplantes y la resistencia de Rabat a cumplir lo acordado (especialmente en relación con la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla), confiando sumisamente en que esa es la mejor vía para evitar el estallido de nuevas crisis vecinales.

Es bien evidente que Rabat nos ha tomado la medida en un juego en el que siente que no solo tiene el mango de la sartén en su mano, sino toda la sartén. Por eso no puede extrañar que se muestre dispuesto a aumentar sus demandas. Por una parte, es bien visible su intención de asegurar aún más su control del Sahara Occidental y, en esa línea, su próxima reivindicación es lograr el control de un espacio aéreo que hasta hoy se reserva España, desde Canarias. Por otra, Rabat pretende conseguir una demarcación de las fronteras marítimas con España que ya apunta directamente al control (como mínimo compartido) de las potenciales riquezas en minerales que alberga el Monte Tropic, como si esa montaña subterránea no formase parte de la plataforma continental de las islas Canarias. A cambio parece mostrarse generoso, ofreciendo garantías (¿?) sobre la estabilidad del archipiélago y de que no pondrá ningún obstáculo a su plena integración la dinámica económica africana.

En definitiva, a pesar de las apariencias, España no ha encontrado todavía la fórmula para neutralizar los problemas que genera la vecindad con Marruecos, sometida a sus recurrentes provocaciones. De momento, solo nos queda confiar en que el interés común por sacar adelante sin mácula el campeonato mundial de fútbol que, junto con Portugal, ambos países van a organizar en 2030 sea suficiente para evitar, al menos hasta entonces, una crisis como las que ya hemos vivido hasta ahora.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

La resolución de la ONU del 31 de octubre de 2025 sobre el futuro del Sáhara Occidental, bastante favorable a Marruecos, no podía llegar en mejor momento: un mes antes, el régimen de Mohammed VI se enfrentaba a unas protestas sociales cuya naturaleza y magnitud nadie había previsto. Impulsadas por miles de jóvenes, comenzaron el 27 de septiembre en varias ciudades del reino y continuaron durante casi una semana, para ir perdiendo fuerza progresivamente.

Con la aprobación de esta resolución, que reconoce el proyecto marroquí de autonomía en el Sáhara Occidental como “base de las negociaciones, sin condiciones previas” con los independentistas del Polisario, apoyados por Argelia, la diplomacia marroquí ha logrado un importante objetivo estratégico: relegar a un segundo plano la opción del referéndum, que podría conducir a la independencia de la “República Árabe Saharaui Democrática”, favoreciendo un proyecto que podría garantizar una cierta soberanía de Marruecos sobre este territorio del tamaño de media Francia.

Pero la forma en que se redactó la resolución (exclusivamente por Estados Unidos) y la aprobación con once votos a favor y tres abstenciones (Rusia, China y Pakistán), sin que Argelia participara en la votación, obliga a relativizar el éxito diplomático de Marruecos: una victoria, sin duda, pero una “victoria incompleta”.

Aunque el texto de la ONU reconoce, en un primer momento, el proyecto de autonomía marroquí como base para las negociaciones sin condiciones previas, “olvida” sin embargo incluir la famosa fórmula “bajo soberanía marroquí”, cuyo peso jurídico y relevancia diplomática no son desdeñables.

En un segundo párrafo, la resolución pide a ambas partes, Marruecos y el Frente Polisario, que busquen una solución “mutuamente aceptable que garantice la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental”. Ahora bien, uno de los mecanismos jurídicos fundamentales para la aplicación del principio de autodeterminación no es otro que el referéndum, y Marruecos considera hoy esa opción “obsoleta” y la rechaza de pleno, a pesar de que fue el rey Hassan II (1929-1999) quien la puso sobre la mesa de la ONU en 1981.

Incluso el enviado especial del secretario general de la ONU, Staffan de Mistura, no dudó en matizar, en una rueda de prensa en Bruselas el 5 de noviembre, lo que muchos consideraron una victoria de la diplomacia marroquí: “La resolución 2797, en sus párrafos cuidadosamente redactados, establece un marco para las negociaciones. No prescribe un resultado predeterminado”.

Eso explica sin duda la decisión de prorrogar una vez más por un año el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para la Organización del Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), cuando solo debía ser por tres meses.

En realidad, la redacción de esta resolución, que parece decir mucho pero no lo suficiente, refleja la aspereza de las negociaciones, incluso de los regateos que precedieron a la versión definitiva, entre el bando de los “aliados” de Marruecos (Estados Unidos y Francia) y el de los “amigos” de Argelia (Rusia y, en menor medida, China) para llegar a una redacción mínimamente consensuada. Pero si bien este ejercicio fue acrobático, el resultado no carece de interés: a pesar de todo, parece vislumbrarse una pequeña luz al final del túnel para resolver políticamente un conflicto que dura ya medio siglo.

La resolución refleja también, y sobre todo, el peso del apetito por el Magreb y el Sáhara Occidental, un territorio rico en recursos naturales, especialmente fosfatos, minerales, potencial eólico y solar y, según se dice, reservas de petróleo y gas.

En este sentido, Estados Unidos es el primero en frotarse las manos, que ocupa un lugar destacado en lo que parece un inmenso bazar, embrionario pero cargado de promesas económicas. En un discurso triunfalista pronunciado el 31 de octubre, día de la aprobación de la resolución, convertido en fiesta nacional en Marruecos, el rey Mohammed VI evocó explícitamente este paso, al tiempo que dio prioridad implícita a su aliado americano: “Se ha extendido ampliamente el reconocimiento de la soberanía económica del reino sobre sus provincias del sur después de que grandes potencias económicas como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia, España y la Unión Europea decidieran fomentar las inversiones en estas provincias y promover los intercambios comerciales con ellas”.

Según las declaraciones de los diplomáticos estadounidenses, realizadas tanto antes como después de la aprobación de la resolución, el despliegue económico en el Magreb debe inscribirse, en primer lugar, en una lógica de equilibrio entre los dos “hermanos enemigos” y en un entorno regional apaciguado. “Washington está trabajando activamente para alcanzar un acuerdo de paz entre Marruecos y Argelia, cuya firma está prevista para dentro de dos meses”, declaró a la cadena americana CBS, seis días antes de la votación de la ONU, el enviado especial de Donald Trump para Oriente Próximo, Steve Witkoff.

En Rabat, la voluntad de apaciguamiento se expresa al más alto nivel del Estado y figura en casi todos los discursos reales, incluido el del 31 de octubre: “Invito a mi hermano, su excelencia el presidente Abdelmadjid Tebboune, a un diálogo fraternal sincero entre Marruecos y Argelia para que, una vez superadas nuestras diferencias, sentemos las bases de unas nuevas relaciones basadas en la confianza, la fraternidad y la buena vecindad.”

A estas nuevas circunstancias se suma otro factor: la crisis política y diplomática que dura desde hace más de un año entre Francia y Argelia, creando un vacío que sin duda reforzará aún más la presencia americana en el Magreb. Los últimos dardos lanzados por el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, a su predecesor, Bruno Retailleau, que había convertido el sentimiento antiargelino en un tema electoralista, reflejan un cambio de rumbo, incluso el comienzo de una revisión de la diplomacia francesa hacia su antigua colonia.

“Tengo orígenes pieds-noirs y creo que me aprecian en Argelia, país con el que siempre he trabajado mucho, tanto cuando estaba al frente de la DGSI como cuando era coordinador de inteligencia”, afirma en una reciente entrevista concedida a La Tribune dimanche. La alusión de Laurent Nuñez a las elecciones de 2027 y, por extensión, a su predecesor, no puede ser más explícita: “Mi nombramiento ha sido bastante bien recibido [en Argelia]. Los comentarios en los medios de comunicación decían: es alguien más moderado, más abierto al diálogo, que también está más cerca del presidente de la República. Y además no soy miembro de ningún partido, no tengo una postura política, no aspiro a nada para 2027.”

Por invitación de su homólogo argelino, está prevista incluso una visita de Laurent Nuñez a Argel en diciembre.

En el palacio El-Mouradia, sede de la presidencia argelina, sigue soplando frío y calor para posicionarse mejor en lo que parece una “pax americana” con reflejos muy plateados: “La cuestión del Sáhara Occidental es un caso de descolonización. No voy a abandonar el Sáhara Occidental”, advirtió el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, una semana antes de la votación de la resolución de la ONU, ante una audiencia de altos mandos que aplaudían con entusiasmo cada una de sus frases.

Pero el 18 de noviembre llega el momento de la distensión. El tono cambia: ese día, la diplomacia argelina declara estar dispuesta a “apoyar cualquier iniciativa de mediación” entre el Polisario y Marruecos, para buscar una “solución justa, duradera y definitiva a la cuestión del Sáhara Occidental […] de conformidad con todas las resoluciones de la ONU”. ¿Incluida la última? “Incluida la última”, asegura el ministro argelino en una rueda de prensa.

En ese caso, ¿sobre qué base podría llevarse a cabo esa mediación? ¿Sobre la base del proyecto de autonomía marroquí, tal y como prevé la primera parte de la resolución, o bien según el principio de autodeterminación “del pueblo del Sáhara Occidental”, tal y como indica la última versión del texto de la ONU, lo que supone la celebración de un referéndum? Estas preguntas siguen ahí, a la espera de respuestas menos ambiguas.

El statu quo que ha congelado este asunto durante más de un siglo parece tener aún un largo camino por delante, lo que, en última instancia, convendría a todos. Incluidos los “hermanos enemigos” del Magreb.

Traducción de Miguel López

A estas alturas, casi todo el mundo ha oído hablar de la megainversión que los Estados del mundo árabe-musulmán ―especialmente los del Golfo― están destinando a proyectos de enorme envergadura. Desde ciudades futuristas surgidas de la nada hasta estadios y mundiales de fútbol, esta apuesta por los megaproyectos ―entendidos como iniciativas de gran escala y elevada inversión que transforman paisajes urbanos, economías y sociedades― responde a la necesidad de diversificar unas economías altamente dependientes del petróleo. 

Las monarquías y gobiernos regionales buscan, además, atraer inversión extranjera y ganar legitimidad internacional. Y, en buena medida, lo están consiguiendo. A través de la monumentalidad arquitectónica, estos Estados pretenden redefinir su lugar en el sistema internacional. Ya no se presentan como meros exportadores de petróleo, sino como exportadores de modernidad e innovación. 

Arabia Saudí es quizá el ejemplo más paradigmático de esta tendencia regional. El reino lanzó en 2016 la estrategia Visión 2030, un plan que buscaba diversificar su economía ―en 2024, el petróleo representó alrededor del 62% de los ingresos estatales― y reforzar su legitimidad internacional. El megaproyecto urbano NEOM es uno de sus ejemplos más ambiciosos, un complejo futurista donde se encuentran modernidad, lujo y energías renovables. Dentro de NEOM, The Line ―una ciudad lineal de hasta 170 kilómetros sin calles ni coches― concentra la mayor atención mediática, aunque también está Trojena, un complejo de montaña con treinta kilómetros de pistas de esquí, lagos artificiales y residencias exclusivas.

Trojena fue anunciada oficialmente en marzo de 2022, y apenas unos meses después, en octubre, Arabia Saudí ―donde cerca del 95% del territorio es desértico― obtuvo la adjudicación de los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029. El proyecto y su elección como sede no solo transforman la geografía, sino también la narrativa en torno al papel de Arabia Saudí en el escenario internacional: de ser un país percibido como aislado y socialmente restrictivo, a uno que busca situarse en la vanguardia de la innovación, atrayendo inversión extranjera y posicionándose como un actor internacional confiable. 

No obstante, algunos de estos megaproyectos han comenzado a mostrar signos de agotamiento. El Fondo de Inversión Pública saudí registró en 2024 una depreciación de 8.000 millones de dólares en este tipo de desarrollos, mientras que un informe interno de NEOM revela que el coste estimado del proyecto podría elevarse hasta los casi nueve billones de dólares y su finalización prolongarse más de medio siglo. En Trojena, los costes se habrían duplicado en dos años.

Aun así, la fiebre de los megaproyectos no ha dejado de extenderse por el Golfo, donde Emiratos Árabes Unidos y Catar, entre otros, siguen los pasos del gigante wahabí. En los Emiratos, el Louvre Abu Dhabi —inaugurado en 2017 junto a otros proyectos culturales como el Guggenheim Abu Dhabi— se ha consolidado como símbolo de la apuesta del país por el sector cultural y turístico. Su acuerdo de colaboración con Francia, de treinta años, refuerza una estrategia diplomática orientada a proyectar modernidad, tolerancia y apertura al mundo.

Catar, por su parte, destinó cerca de 200.000 millones de dólares a las obras vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA 2022​, el torneo más costoso de la historia. La inversión incluyó la construcción de estadios, un sistema de metro, una nueva terminal aeroportuaria y el desarrollo íntegro de la ciudad de Lusail, sede de la final. El evento se concibió como eje de la Qatar National Vision 2030, una estrategia orientada a reducir la dependencia del gas y a reforzar la posición del país como polo regional de innovación y diplomacia deportiva.

Sin embargo, Doha fue objeto de intensas críticas internacionales que revelaron la cara B de los megaproyectos. Informes de Amnesty International, Human Rights Watch y la Organización Internacional del Trabajo documentaron las duras condiciones y la falta de derechos de los trabajadores migrantes encargados de levantar estadios, hoteles y grandes avenidas de mármol. Y aunque las críticas al modelo persisten, el retorno positivo ha sido mayor: contratos millonarios, grandes eventos deportivos y una proyección internacional sin precedentes, razones por las que otros países han decidido seguir el mismo camino. 

En Jordania, el National Water Carrier Project —que incluye una planta para desalinizar agua del Mar Rojo en Aqaba y un acueducto de 450 kilómetros hasta Ammán— producirá cerca de 300 millones de metros cúbicos anuales, con un coste estimado de 3.500 millones de dólares. Irak, por su parte, aspira a consolidarse como corredor estratégico entre Oriente Próximo y Europa con el Gran Puerto de Al-Faw, valorado en unos 17.000 millones de dólares, mientras que Argelia ha anunciado un plan energético y minero de 60.000 millones de dólares hasta 2029 para modernizar su infraestructura y expandir su capacidad de energías renovables.

También en Egipto, la Nueva Capital Administrativa (NAC) está en construcción. Se trata de un megaproyecto urbano que aspira a descongestionar El Cairo. Con torres que rememoran obeliscos y avenidas monumentales, se erige también como la manifestación contemporánea de las ambiciones faraónicas del presidente al-Sisi. Sin embargo, desde el inicio de las obras, la deuda externa de Egipto se ha triplicado, diezmando aún más la ya aquejada economía egipcia. Se estima que el coste de la NAC ronda los más de 58.000 millones de dólares.

Pero si hay un país donde comienzan a verse las grietas en el plan de diversificación y desarrollo económico basado en megaproyectos, ese es Marruecos. Allí, la línea de alta velocidad Al Boraq ha hecho de Marruecos el único país del continente africano con un tren de alta velocidad. A esto se suma la expansión del puerto de Tánger Med, ya consolidado como uno de los mayores núcleos logísticos de África y del Mediterráneo. Además, con vistas a la Copa Mundial de la FIFA 2030, avanzan las obras de renovación de infraestructuras y la construcción de estadios en Casablanca, Rabat, Tánger, Agadir, Fez y Marrakech.

Estas iniciativas reflejan el impulso modernizador que Mohamed VI ha querido imprimir al país, pero también evidencian el contraste con la realidad social de la mayoría. Mientras se renuevan aeropuertos y se construyen estadios, crece el malestar ciudadano ante el deterioro de los servicios públicos, la desigualdad y el desempleo juvenil, que roza el 36%. Como resultado, en los últimos meses miles de jóvenes han salido a las calles de Casablanca, Rabat, Tetuán o Agadir bajo el movimiento Gen Z 212, que denuncia la falta de oportunidades, el aumento del coste de vida y la brecha entre la prosperidad que prometen los grandes proyectos y la precariedad del día a día.

En definitiva, los megaproyectos se han convertido en apuestas para diversificar economías agotadas por la dependencia del petróleo y el gas, pero también en escenarios donde se refuerzan narrativas de modernización, se legitiman los regímenes en el poder y se proyecta una imagen de fuerza hacia el exterior. Países como Catar o Emiratos Árabes Unidos los utilizan como instrumentos diplomáticos, ejerciendo como mediadores en conflictos internacionales, anfitriones de cumbres globales y patrocinadores de iniciativas culturales y deportivas que buscan presentarlos como referentes de un “nuevo Oriente Próximo” moderno, sostenible y confiable.

En buena parte del mundo árabe-musulmán, esa ecuación —grandes obras a cambio de legitimidad— se ha extendido con fuerza, y en este contexto, los megaproyectos ya no son solo inversiones económicas, sino también laboratorios políticos donde se ensaya un nuevo contrato social. El desarrollo urbano y la narrativa visual del progreso se convierten en estrategias para proyectar estabilidad y cohesión, sustituyendo la participación política.

Pero ese nuevo contrato social se sostiene sobre bases frágiles. Tras la monumentalidad persisten desigualdades profundas, modelos laborales precarios y sistemas de gobernanza centralizados que dificultan la redistribución económica. Casos como los de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, los sobrecostes en Arabia Saudí o las recientes protestas en Marruecos han puesto de relieve los límites financieros y humanos de este modelo, que enfrenta desafíos estructurales que amenazan su sostenibilidad.

Los megaproyectos condensan, en última instancia, el paso de la economía del recurso a la del espectáculo. Y aunque aún es pronto para medir su alcance real, algo ya está ocurriendo. La pregunta ahora es qué papel desempeñarán en el futuro económico y político de la región: ¿lograrán sostener las expectativas que han despertado o terminarán revelando sus propias limitaciones? ¿Serán capaces de generar cohesión social o profundizarán las desigualdades que pretenden superar? El tiempo dirá si se consiguen consolidar como motores reales de transformación o si, por el contrario, terminan siendo símbolos de una modernidad tan espectacular como efímera.

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Nahia Varela Molina es especialista en el mundo árabe-musulmán y colaboradora de la Fundación Alternativas.

Una amplia investigación policial desarrollada de forma conjunta por la Guardia Civil y la Gendarmería Real de Marruecos ha desembocado en la caída de la primera gran flota de aviones no tripulados diseñados exclusivamente para el transporte de drogas entre España y África, con capacidad para sobrevolar más de 200 kilómetros con una carga de varios kilos de estupefaciente en su interior. En el pasado se realizaron acciones operativas relacionadas con el uso de drones para transportes, entre las que destacó una en 2024 en la que se incautaron tres aparatos de fabricación ucraniana en el Campo de Gibraltar. En el mar, la Policía también desmanteló una red que disponía de drones submarinos, pero esta es la primera acción de gran calado contra el tráfico aéreo de drogas mediante aeronaves autónomas, no solo en España, sino a nivel global.

Las pesquisas comenzaron en ambos lados del Estrecho, cuando autoridades de los dos países implicados se percataron, mediante sus sistemas de vigilancia, de la llegada de artefactos aéreos no tripulados que volaban ajenos a la normativa vigente, sin permisos ni advertencias de su tránsito. Ahí comenzaron las sospechas. La mayor parte de los aterrizajes eran en horario nocturno.

Las aeronaves, además, estaban fabricadas de forma artesanal, partiendo de modelos lícitos pero dotándoles de un ala fija, a imagen y semejanza de un avión de hélices, pero en tamaño pequeño. En el centro disponían de un espacio diáfano para la carga de la sustancia estupefaciente.

Así se pudo llegar a la fase de explotación de la operación, desarrollada este lunes, 10 de noviembre de 2025, en la que se ejecutaron cinco registros domiciliarios en Alcalá de los Gazules, Vejer de la Frontera, Algeciras y San Roque, en el corazón del Campo de Gibraltar. Uno de los dispositivos resultó fundamental, pues permitió interceptar un vehículo que transportaba 57,2 kilos de hachís que habían sido previamente trasladados con los drones, y que tenía como destino su distribución por la Península y, en segunda instancia, por otros puntos de Europa.

El grupo criminal encontró una fórmula efectiva y difícil de seguir. Los vuelos partían de la localidad de Alcalá de los Gazules (Cádiz), donde habían instalado un sofisticado taller para la fabricación y mantenimiento de los aparatos, y aprovechaban las noches y condiciones meteorológicas favorables para operar sin ser detectados.

Durante una sola noche, la organización era capaz de introducir hasta 200 kilos de hachís, utilizando drones modificados con autonomía, precisión y capacidad de carga superiores a los modelos convencionales. Los aparatos volvían tras soltar la carga, que aterrizaba en zonas próximas a Vejer de la Frontera y Tarifa, empleando sistemas de geolocalización, radiofrecuencia, visores nocturnos y fluorescentes en los paquetes. En total fueron intervenidos 18 aparatos, ocho de ellos perfectamente preparados para volar y diez más desmontados.

El grupo estaba compuesto por individuos que contaban con conocimientos en sistemas de vuelo remoto, ensamblaje de componentes y modificación de aeronaves. Las estructuras bases las compraban a proveedores asiáticos, pero la mayor parte de los trabajos de mejora, refuerzo y adaptación los realizaban ellos en su propio centro de operaciones en Cádiz, modificando sistemas electrónicos.

Durante esa intervención, varios agentes resultaron heridos tras una persecución a los narcos y el posterior accidente, requiriendo uno de ellos intervención quirúrgica. El despliegue policial permitió localizar no solo los drones, sino también herramientas electrónicas, repuestos y aparatos, permitiendo desmantelar el entramado al completo.

Se incautaron 210 kilos de hachís y 320.000 euros en efectivo durante los citados allanamientos, lo que da una idea del potencial económico de la organización objeto de la investigación.

En total, nueve sospechosos han sido detenidos y puestos a disposición del Juzgado de Instrucción 4 de Algeciras y la investigación se mantuvo bajo coordinación de la Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar y su titular, Macarena Arroyo, una de las fiscales más especializadas en la lucha contra el tráfico de drogas en España.

El Sáhara Occidental continúa sin ser descolonizado 50 años después de que España abandonase el territorio y lo dejara ilegalmente en manos de Marruecos y Mauritania. El 14 de noviembre de 1975, los últimos vestigios del régimen franquista firmaron junto a estos dos países la Declaración de Principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara Occidental, más conocido como el Acuerdo Tripartito de Madrid, incumpliendo la promesa de celebrar un referéndum de autodeterminación y completar el proceso de descolonización.

Un acuerdo precipitado por la Marcha Verde, que tuvo lugar unos días antes, el 5 de noviembre. De madrugada, unas 350.000 personas marroquíes, en su mayoría campesinos, iniciaron la marcha hacia la colonia española tras ser movilizadas por orden del rey Hasán II. El monarca quiso aprovechar la agonía de Franco para ocupar ilegalmente el territorio.

La entrega de la soberanía del Sáhara contrasta con las palabras del entonces príncipe Juan Carlos durante su visita a El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, dos días antes de la Marcha Verde, cuando acudió a mostrar su apoyo a las tropas españolas. En su discurso aseguró que España "cumpliría sus compromisos" con el territorio, donde se esperaba un referéndum de autodeterminación.

Los compromisos se quedaron en palabras. Tras la ocupación marroquí, el Frente Polisario declaró la guerra al régimen de Hasán II y a Mauritania, lo que obligó a gran parte del pueblo saharaui a exiliarse en campamentos situados en el sur de Argelia. Aunque Mauritania se retiró del conflicto en 1979, la guerra con Marruecos continuó hasta comienzos de la década de 1990. Con la caída de la Unión Soviética, que respaldaba al Polisario, la ONU promovió un alto el fuego en 1991 bajo la promesa de celebrar un referéndum de autodeterminación. Para ello creó la MINURSO, una misión de paz encargada de supervisar el proceso. Sin embargo, la descolonización sigue sin llegar y parece cada vez más lejana debido al creciente poder diplomático de Marruecos.

Cincuenta años después de la firma de aquella declaración, las resoluciones de la ONU sobre el Sáhara Occidental reflejan un cambio respecto a los principios que la organización defendía en los años setenta. Entonces, la Carta de las Naciones Unidas establecía que todo proceso de descolonización debía culminar con un referéndum de autodeterminación o, en su defecto, con la asunción directa de la administración por parte de la ONU. España, sin embargo, optó por transferir su responsabilidad de manera unilateral a Marruecos y Mauritania. Por ello, ni la ONU ni la Unión Africana reconocieron nunca aquel acuerdo, firmado en secreto y sin la participación del pueblo saharaui.

Para Itziar Ruiz-Giménez, doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, el Sáhara Occidental sufre "una ocupación ilegal". "Marruecos ocupa un territorio que no le pertenece y lo hace incumpliendo de forma flagrante el derecho internacional y el principio de autodeterminación de los pueblos", explica. La experta subraya que España "lleva 50 años incurriendo en dejación de sus responsabilidades legales y morales, permitiendo el expolio de los recursos saharauis, la represión y las violaciones de derechos humanos en los territorios ocupados".

No obstante, la postura internacional ha evolucionado hacia un mayor respaldo implícito al control marroquí del territorio. El Consejo de Seguridad de la ONU, mediante una resolución impulsada por Estados Unidos y apoyada por la mayoría de países de la Unión Europea, renovó a finales de octubre el mandato de la MINURSO hasta 2026 y situó el plan de autonomía marroquí como base para alcanzar una "solución política realista y duradera".

Aunque el texto mantiene la referencia formal al "derecho a la autodeterminación" del pueblo saharaui, el énfasis se desplaza hacia una autonomía bajo soberanía marroquí. El nuevo enfoque supone el mayor respaldo de la ONU hasta la fecha a la propuesta presentada por Rabat en 2007. Ese plan prevé una autonomía limitada del Sáhara Occidental, con competencias administrativas, judiciales y económicas, pero sin renunciar al control político y militar de Marruecos.

No obstante, Ruiz-Giménez recuerda que el Consejo de Seguridad no es competente para decidir sobre la autodeterminación del territorio. "Dicho organismo no puede tomar ninguna decisión en ese ámbito, y así lo establece claramente la Carta de Naciones Unidas. Su competencia se limita al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales", incide.

Desde mediados de los años ochenta, la posición del Gobierno español frente al Sáhara Occidental comenzó a virar progresivamente hacia una mayor sintonía con Marruecos. Los ejecutivos de Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy fueron dejando cada vez más atrás la defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, priorizando la cooperación con Rabat en asuntos estratégicos como la gestión de la migración irregular, la lucha antiterrorista y el control fronterizo.

Isaías Barreñada, doctor en Relaciones Internacionales y miembro del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos (CEARC), señala que la histórica posición de "neutralidad activa" de los gobiernos españoles respondía también a intereses económicos derivados del acuerdo. "En los anexos secretos de la declaración conjunta, conocidos años más tarde, España cedió la explotación de los fosfatos del Sáhara a cambio de que Marruecos y Mauritania establecieran relaciones comerciales y pesqueras preferentes con nuestro país", explica.

El giro definitivo llegó en marzo de 2022, cuando el presidente Pedro Sánchez envió una carta al rey Mohamed VI en la que calificaba la propuesta marroquí de autonomía como la base "más seria, creíble y realista" para resolver el conflicto. Con ese gesto, el Gobierno español oficializó su apoyo al régimen marroquí tras la crisis diplomática de 2021.

Tras la acogida médica en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, Rabat relajó el control fronterizo y permitió la entrada de miles de personas en Ceuta, generando el colapso de la frontera. "Marruecos sabe dónde golpear, y Ceuta y Melilla son una palanca de presión muy efectiva", advierte Barreñada. El académico recuerda que incluso durante esos meses, Marruecos llevó el asunto a la Liga Árabe y logró una declaración que respaldaba sus reclamaciones sobre las dos ciudades autónomas como territorios pendientes de descolonización.

Cinco décadas después de la Marcha Verde, Marruecos no solo ha consolidado su control sobre el 80% del Sáhara Occidental, sino que ha desplegado una ofensiva diplomática que le ha permitido ganar influencia en los principales foros internacionales. De los 84 países que reconocían a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), apenas 47 mantienen hoy ese reconocimiento, mientras Rabat acumula apoyos en la Unión Africana y entre los miembros del Grupo de Amigos del Sáhara Occidental en la ONU, donde solo Rusia resiste a una tendencia marcadamente promarroquí.

Barreñada destaca que Marruecos ha desplegado "una diplomacia muy activa" para que se perciba su presencia en el Sáhara como "algo irreversible". "Marruecos busca la legalización de los hechos consumados y necesita que el mundo crea que el conflicto ya está cerrado", añade.

El papel de Estados Unidos también ha sido decisivo en ese proceso. La Administración de Donald Trump reconoció en 2020 la soberanía marroquí sobre el Sáhara a cambio de que Rabat normalizara relaciones con Israel. Desde entonces, Washington ha mantenido su respaldo político y militar.

Ruiz-Giménez coincide en que el poder de Marruecos se ha consolidado gracias al apoyo estadounidense y europeo, pero no sobre la base de la legalidad internacional. "Ha tejido una red de apoyos formales sin sustancia, porque por muy poderosos que sean Estados Unidos o Francia, no pueden legalizar lo que es ilegal ni ocupar un territorio sin consultar a su pueblo", concluye.

Desde la ruptura del alto el fuego en Guerguerat –el principal puesto fronterizo que conecta el Sáhara Occidental con Mauritania– en noviembre de 2020, el conflicto del Sáhara Occidental transita una fase de hostilidades de baja intensidad y diplomacia intermitente.

Esta misma fase quedó marcada por el reconocimiento, en diciembre de 2020, de la soberanía marroquí por parte de la Administración Trump, encajado en la lógica de los Acuerdos de Abraham: un paquete de medidas para normalizar las relaciones árabe-israelíes al que se sumaron Emiratos Árabes Unidos, Baréin y, más tarde, Marruecos y Sudán. Lanzado en 2020, combinó incentivos políticos y estratégicos.

En el caso marroquí, la normalización con Israel –con reapertura de oficinas de enlace y cooperación en seguridad, tecnología y economía– se correspondió con el respaldo de Washington a la posición de Rabat sobre el Sáhara. Desde entonces, la propuesta de “autonomía bajo soberanía marroquí” de 2007 ha escalado como opción “realista” para varios actores influyentes, mientras el referéndum de autodeterminación se ha ido desdibujando en la práctica.

A partir de entonces, varios actores recalibraron públicamente su enfoque: Estados del Golfo reforzaron su apoyo al plan de autonomía, mientras que Francia y Alemania lo definieron como “serio y creíble”. Llamó sobre todo la atención el viraje de España –potencia administradora del territorio pendiente de descolonización–, quien pasó en 2022 a señalar la propuesta marroquí como “la base más seria, realista y creíble” para una solución en un polémico giro del Gobierno.

La resolución 2797, adoptada el 31 de octubre de 2025, llega precisamente en ese clima y lo consolida: renueva un año más el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) y ordena una revisión estratégica en seis meses.

El texto preserva la presencia de la ONU sobre el terreno y su función de verificación, pero evita abrir nuevas vías sustantivas –en derechos humanos o en la dimensión electoral que, en origen, debía sustentar el referéndum–, lo que redunda en continuidad operativa con poco oxígeno político.

Esta resolución renueva la MINURSO y ordena una revisión en seis meses, pero el corazón del texto late en otra parte: el lenguaje consagra la autonomía marroquí como horizonte “realista” y omite el referéndum. No es un simple matiz; es un desplazamiento del marco. La “solución mutuamente aceptable” ya no incluye, de facto, la opción independentista, y eso reconfigura el sentido del proceso auspiciado por la ONU.

De ahí nace la paradoja central: se sostiene la misión creada para organizar una consulta que el propio Consejo ha sacado del guion. La MINURSO mantiene la verificación y la mínima estabilidad en el terreno, pero sin una salida política coherente con el mandato original. La revisión semestral, lejos de ser una palanca evidente de cambio, podría funcionar como válvula de escape: ajustes técnicos y poco más, mientras la pregunta incómoda –qué significa hoy “autodeterminación” sin consulta– queda sin respuesta.

El texto evita reforzar dos pilares sensibles: un componente robusto de derechos humanos y las capacidades electorales que darían credibilidad a cualquier mecanismo de decisión futura. En un escenario de hostilidades de baja intensidad, esa omisión deja huecos de protección y reduce los incentivos para contener abusos a ambos lados del muro.

Estados Unidos impulsa el encuadre y varios países europeos lo acompañan, como España, cuya condición de potencia administradora pivotó en 2022 y calificó la autonomía como la base “más seria y realista”, movimiento que arrastró el debate europeo.

Rusia y China se abstienen: no dinamitan la continuidad de la misión, pero marcan distancia ante un texto inclinado hacia Rabat.

Argelia optó por ausentarse para subrayar que, a su juicio, el expediente del Sáhara Occidental sigue siendo un proceso de descolonización pendiente, cuya solución debe pasar por un mecanismo de autodeterminación auténtico –incluida la opción de independencia– y no por la consagración de la autonomía marroquí como único horizonte “realista”.

Argel denunció, además, que el texto desnaturaliza el mandato original de MINURSO al renovar la misión sin referéndum ni refuerzo de derechos humanos; ignora el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de 1975 y las resoluciones de la Asamblea General sobre el estatus del territorio; y refleja el viraje político. Son factores que, en su lectura, vacían de contenido jurídico el marco de la ONU y perpetúan el statu quo bajo una pátina de estabilidad.

El efecto neto en los incentivos es claro. Para Marruecos, validación incremental: estabilidad operativa y consagración política de la autonomía, sin contrapartidas sustantivas nuevas. Para el Frente Polisario, el mensaje es que la vía plebiscitaria ha quedado fuera del escenario.

Con la resolución 2797 el Consejo de Seguridad completa un viraje que venía gestándose desde 2020: del marco jurídico de descolonización, centrado en el referéndum, a un marco político de arreglo que privilegia la autonomía marroquí.

La misión se renueva alejada de su proposito; el instrumento jurídico (la consulta) se diluye y el resultado es claro: prevalece la realpolitik –la estabilidad y los alineamientos– sobre la vigencia operativa del derecho internacional en este conflicto.

La Unión Europea contribuye también a esta deriva. Pese a que el Tribunal de Justicia de la UE confirmó en octubre de 2024 que los acuerdos de comercio y pesca no pueden aplicarse al Sáhara Occidental sin el consentimiento de su pueblo, Bruselas ha explorado fórmulas para mantener flujos comerciales y pesqueros, desde nuevas negociaciones ad hoc hasta arreglos interinos con Marruecos que tensan el cumplimiento estricto de las sentencias. Es una búsqueda de puentes regulatorios que, en la práctica, bordea el fallo judicial en nombre del interés económico y la estabilidad con Rabat.

En suma, la resolución 2797 consagra el paso del derecho a la política como gramática dominante de la resolución del conflicto. Para el Sáhara Occidental, eso significa una ONU que gestiona el statu quo y una UE que busca atajos alrededor de sus propios fallos cuando chocan con intereses estratégicos. El mensaje de fondo –también para otras crisis– es incómodo: la fuerza del derecho cede terreno ante el derecho de la fuerza diplomática.

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María López Belloso es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation.

Se trataba de una votación más en la ONU, que debía determinar si la misión de las Naciones Unidas para la organización de un referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso) continuará durante un año más o no [a última hora de este viernes, la ONU ha aprobado una resolución que incluye la prórroga de un año de Minurso (nota de infoLibre)]. Pero esta vez ha tenido un matiz un tanto particular, tras el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental por parte de varios Estados occidentales, entre ellos Estados Unidos, España, Francia, Alemania o el Reino Unido.

Según diversas fuentes, varios de esos países han estado trabajando entre bastidores para que este año se apruebe un plan de autonomía favorable a Marruecos. [Finalmente, la resolución que ha salido adelante hace unas horas, redactada por EEUU, sitúa ese plan de autonomía de Rabat como la base de una negociación que conduzca a la resolución del conflicto; es decir, representa el mayor apoyo de la ONU hasta el momento al plan de Marruecos para el Sáhara (nota de infoLibre)].

El Sáhara Occidental, colonia española hasta 1975, es considerado hoy en día por la ONU como un territorio no autónomo. Numerosos actores a favor del derecho a la autodeterminación de los pueblos reclaman un referéndum para que los principales interesados, los saharauis que viven hoy en los territorios ocupados, en campamentos cerca de Tinduf, en el desierto argelino, o en el exilio, puedan expresarse sobre su futuro.

Pero el tema sigue estando devaluado, presentado en primer lugar como un conflicto regional entre Marruecos y Argelia (Argelia apoya el principio de autodeterminación de los pueblos dada su propia historia), cuando en realidad debe considerarse como una de las últimas grandes batallas de la descolonización y del derecho internacional.

En una carta dirigida a António Guterres el 22 de octubre, el presidente saharaui, Brahim Ghali, también secretario general del Frente Polisario (movimiento político independentista), ha denunciado la “complicidad pasiva” de Naciones Unidas, que se contenta cada año con organizar una votación para mantener —o no— la acción de la Minurso, sin obtener resultados sobre el referéndum que se supone que debería haberse celebrado desde 1991. “La ausencia de medidas concretas por parte de Naciones Unidas ha animado a Marruecos a continuar con su ocupación ilegal con total impunidad”, subrayó el responsable saharaui en su misiva.

En un momento en que Marruecos intentaba imponer su plan de autonomía a toda costa, con el apoyo de varias potencias mundiales, entre ellas Estados Unidos, Mohamed Yeslem Beissat, ministro de Asuntos Exteriores saharaui, dio un primer paso hacia el entendimiento. El 23 de octubre, se declaró dispuesto a aceptar un “pacto de libre asociación que podría parecerse a la propuesta de Marruecos”, pero con la condición de que se celebre un referéndum.

Desde hace treinta años, “Marruecos aplica la política de los hechos consumados”, recuerda Claude Mangin, defensora de los derechos de los saharauis y esposa de Naâma Asfari, preso político saharaui. “Hoy, el Polisario retoma su posición de 2007, diciendo que no está en contra de la autonomía, pero con referéndum”.

Contactado Mohamed Ali Zerouali, representante del Frente Polisario en Francia, explicó que, a dos días de la votación en la ONU, aún se estaban llevando a cabo consultas y negociaciones entre los miembros del Consejo de Seguridad. Hacía referencia a una propuesta de Estados Unidos presentada la semana anterior, pero aún no había ningún documento oficial. “Estados Unidos y Francia están presionando para que se apruebe el plan de autonomía marroquí como única base para la solución”, nos dice. [Es lo que finalmente ha sucedido, pero se incluye la prórroga de un año para la organización del referéndum (nota de infoLibre)].

Pero esos dos Estados “son miembros permanentes del Consejo, y deberían velar por el respeto del derecho internacional”. Marruecos no puede, añade Zerouali, “conceder la autonomía” a un territorio del que legalmente “no es soberano”. Según él, el reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara Occidental por parte de varios Estados occidentales no tiene valor jurídico.

El Frente Polisario seguía abierto a una propuesta denominada “ampliada”, precisa su representante, “en la que podamos ir juntos al referéndum”. “Estamos convencidos de que la paz puede beneficiar a todos, en primer lugar al pueblo saharaui, que lleva cincuenta años sufriendo esta guerra, pero también a los marroquíes. Estamos dispuestos a negociar, pero sin poner en tela de juicio el derecho inalienable a la autodeterminación de los saharauis”. El único marco para la resolución de este conflicto de descolonización, añade, seguirá siendo las Naciones Unidas y el derecho internacional.

Claude Mangin ve en ello una estrategia “bastante hábil” destinada a utilizar el derecho internacional para no rechazar esta nueva propuesta de Marruecos. Pero sigue mostrándose escéptica: “Si Marruecos nunca ha organizado ese referéndum es porque cree que va a perder. No tiene ningún interés en llevarlo a cabo y ya actúa como si este territorio le perteneciera”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) recordó, en una sentencia de 4 de octubre de 2024, el principio de autodeterminación del pueblo saharaui y el concepto de “consentimiento” de ese mismo pueblo, en lo que respecta a los acuerdos comerciales firmados entre Marruecos y la UE, subrayando que el Sáhara Occidental era un “territorio no autónomo, distinto del territorio marroquí”.

Como destaca la politóloga y especialista en el Magreb Khadija Mohsen-Finan en una de sus contribuciones a Orient XXI, el Sáhara Occidental representa hoy en día uno de “los últimos conflictos de descolonización”. Rabat ha utilizado, escribe, “su soft power para conseguir que el mayor número posible de Estados reconozcan lo que Marruecos denomina la ‘marroquinidad’ del Sáhara”.

“Su estrategia se vio coronada por el éxito, en diciembre de 2020, con la firma de un acuerdo entre Marruecos y Estados Unidos”, por el que el primero normaliza sus relaciones con Israel y el segundo reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Un intercambio beneficioso para ambas partes, que legitima la posición marroquí y le da alas en la escena internacional.

La investigadora del laboratorio Sirice (Sorbona, Identidades, Relaciones Internacionales y Civilizaciones de Europa) añade que Marruecos incita a “las capitales europeas a aceptar lo que la ONU no le ha concedido, su soberanía sobre este territorio”, utilizando “todos los medios, incluida la diplomacia del chantaje, la ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales o el control de los flujos migratorios”.

El reino intenta ahora poner fin a la situación en su beneficio, oficializando su política de ocupación ante la ONU. Ochenta años después de su creación, “sería una tragedia para las Naciones Unidas poner en tela de juicio el derecho internacional y el derecho al referéndum del pueblo saharaui”, advierte Zerouali.

Para dar una oportunidad al entendimiento, el ministro de Asuntos Exteriores presentó al Consejo de Seguridad de la ONU una propuesta que contiene “las tres opciones previstas por el derecho internacional”, entre ellas “la independencia, la integración y el pacto de libre asociación”.

Quedaba por ver si los Estados miembros del Consejo validarían el plan de autonomía marroquí incluyendo esas condiciones y el referéndum. [Finalmente se ha tomado como base la propuesta de autonomía de Rabat, y la resolución afirma que «el Consejo invita a las partes a entablar negociaciones sin condiciones previas, basadas en la propuesta de autonomía, con vistas a alcanzar una solución política definitiva y mutuamente aceptable que garantice al pueblo del Sáhara Occidental su derecho a la autodeterminación»; se incluye, asimismo, la prórroga de un año para la organización del referéndum (nota de infoLibre)]. Se necesitaban nueve votos para su aprobación, sin veto por parte de los cinco miembros permanentes del Consejo. [Ha sido aprobada por once votos a favor, tres abstenciones y la no participación de Argelia en el voto (nota de infoLibre)].

Jacqueline Fontaine, miembro de la junta directiva de la Asociación de Amigos de la República Árabe Saharaui Democrática (Aarasd), considera que se trata de un momento crítico para el Sáhara Occidental y de una situación muy opaca. “No sé si el Consejo de Seguridad se atreverá a ir tan lejos, adoptando un plan del que no se sabe nada y privando a los saharauis de la palabra…”, reflexionaba [antes de conocerse la resolución de la ONU (nota de infoLibre)].

Fontaine intentaba imaginar una solución evolutiva, consciente de que Marruecos “tendrá dificultades para conceder sin reservas los medios para un referéndum de autodeterminación”. “A menos que ponga en la balanza algo suficientemente atractivo y equitativo, que sea interesante para los saharauis y que le permita salir con la cabeza alta, un poco como la Commonwealth”.

Fontaine, que visita cada poco los campamentos de refugiados saharauis, asegura que la situación ya no es sostenible. “Hablamos de varias generaciones ociosas y sin perspectivas de futuro. Los saharauis dicen abiertamente que quieren expresarse sobre su propio destino. De hecho, esta semana hay grandes manifestaciones, porque temen ser traicionados de nuevo”.

Recuerda que los saharauis, “un pueblo pacífico”, ya creyeron en la promesa de la ONU en 1991, cuando se aceptó un alto el fuego a cambio de un referéndum. “Confiaron en la ética de la comunidad internacional y en el derecho internacional. Y hoy son los grandes olvidados”. Todo el problema de los pueblos colonizados, concluye Claude Mangin, “es la invisibilización”.

El 30 de marzo, miembros de la Asociación de Amigos de la República Árabe Saharaui Democrática y exiliados saharauis iniciaron una marcha “por la libertad”, desde Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) hasta Kenitra (Marruecos), con el fin de sensibilizar a la opinión pública sobre los retos relacionados con el Sáhara Occidental y conseguir la liberación de los presos políticos saharauis.

Claude Mangin cuenta que, durante su paso por algunas ciudades de Francia, “grupos de marroquíes” perturbaron su iniciativa, con banderas marroquíes, fotos del rey y pancartas en mano, para reivindicar la marroquinidad del Sáhara Occidental. “Me parece bien que haya manifestaciones de grupos que no están de acuerdo. El problema es cuando las prefecturas autorizan nuestras manifestaciones al mismo tiempo y en el mismo lugar, cuando son las garantes del orden público”.

Una vez en España, la activista asegura que “oficiales marroquíes vestidos de paisano” estaban a bordo de su ferry a Marruecos y los denunciaron a las autoridades. “Esperaba obtener un permiso de visita para ver a mi marido, aunque sabía que me expulsarían [ya lo ha sido seis veces, ndr]. Los diputados de Ivry y de Podemos, que se habían unido a nosotros para tomar el ferry y apoyarnos, fueron tratados de la misma manera que nosotros”. Unos treinta presos políticos saharauis siguen detenidos en las cárceles marroquíes.

Traducción de Miguel López.

El texto original de Mediapart ha sido modificado por infoLibre para incorporar las novedades de última hora sobre la resolución aprobada por la ONU en la noche del viernes.

El Consejo de Seguridad de la ONU ha extendido hoy la actividad de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) por un año más. Sin embargo, el organismo también ha pedido que se lleven a cabo negociaciones teniendo en cuenta el Plan de Autonomía propuesto por Marruecos.

«El Consejo de Seguridad reafirma su compromiso de ayudar a las partes a lograr una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, basada en el Plan de Autonomía", expone la denominada Resolución 2797. Los acuerdos irán encaminados a garantizar "la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental".

Esta resolución ha sido aprobada con 11 votos a favor --Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Corea del Sur, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Guyana, Sierra Leona, Somalia y Panamá-- y las tres abstenciones de Rusia, China y Pakistán. Por su parte, Argelia no ha participado en la votación.

La prórroga de MINURSO será de doce meses --hasta el 31 de octubre de 2026-- y, además, el secretario general de la ONU deberá realizar un informe sobre su labor en el proceso de paz en un plazo de 90 días. Por su parte, la resolución enfatiza que las partes implicadas deben colaborar con la MINURSO.

Tanto Rusia como China consideran que en la resolución no se ha tenido lo suficientemente presente las observaciones recomendadas por el secretario general de la ONU en su último informe sobre el pueblo saharui. Es más, Moscú ha echado en falta el principio de autodeterminación del Sáhara Occidental.

Por su parte, el representante argelino, Amar Bendjama, afirmó que su país no participó de la votación porque "no refleja de manera fidedigna la doctrina de Naciones Unidas en materia de descolonización", según ha informado EFE.

"Es la puesta en práctica de esta doctrina lo que permitió a numerosas naciones estar aquí hoy representadas en la ONU. Reconocemos abiertamente que se han aportado al texto mejoras sustantivas, como que se busque una solución justa y duradera al conflicto, que se consagre el derecho inalienable del pueblo saharaui a la libre determinación y que se implique a las partes de buena fe y sin condiciones previas bajo el patrocinio de la ONU", afirmó.

Se espera que el rey de Marruecos Mohamed VI dirija esta noche un discurso inédito a la nación tras la aprobación. El carácter inédito de este discurso se debe a que los mensajes reales se producen en Marruecos en momentos muy solemnes, tales como la apertura del año parlamentario, durante la celebración del aniversario de su entronización, o durante la celebración de la Marcha Verde.

Los campamentos de refugiados saharauis de la región argelina de Tinduf registraron este lunes masivas manifestaciones contra la propuesta de resolución estadounidense que prioriza una autonomía marroquí para el Sáhara Occidental y que, previsiblemente, se votará en el Consejo de Seguridad de la ONU el próximo jueves 30 de octubre. La Administración de Estados Unidos, dirigida por Donald Trump, reconoció en 2020 la soberanía de Marruecos sobre la excolonia española pese a las resoluciones de la ONU, que lo considera un "territorio no autónomo". Los territorios han convocado nuevas protestas para este martes, informa EFE.

El Frente Polisario consideró que la propuesta de resolución redactada por Estados Unidos supone "una desviación muy peligrosa y sin precedentes de los principios del derecho internacional" que sustentan la cuestión saharaui desde la perspectiva de la "descolonización", y rechazará negociar con Marruecos si la resolución establece precondiciones que excluyan el referendo de autodeterminación y se posicionen solo a favor de una autonomía marroquí del Sáhara Occidental. "Como ha subrayado en su carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad (Rusia), el 23 de octubre de 2025, el Frente Polisario reafirma su rechazo categórico a cualquier enfoque que establezca un marco prefijado para las negociaciones o predetermine su resultado", declaró este lunes en un comunicado firmado en Bir Lehlou, establecido en el 20% del Sáhara Occidental que controla el movimiento saharaui.

Miles de personas se manifestaron en los campamentos de refugiados levantados hace 50 años en el desierto argelino para acoger a quienes huían del Sáhara Occidental, coincidiendo con la Marcha Verde que lanzó Marruecos en 1975 tras la retirada de España. "Nos hemos arrepentido de tantas palabras que no son verdaderas. Es el fin de las palabras y del cuento de mentiras, lo que queremos es un Sáhara libre. Intentamos luchar por nuestro país", declaró una joven manifestante, Lila Salama.

El representante del Frente Polisario en Asia, Ibrahim al Mujtar Boumokhrota, valoró el masivo encuentro en el campamento de El Aaiún, una de las cinco zonas que componen el asentamiento de refugiados, en el rechazo a "ser parte de una autonomía en el Estado de Marruecos". "Marruecos es un poder ocupante. Ellos no tiene ningún derecho a decidir nuestro futuro. Pedimos al Consejo de Seguridad aprobar una resolución que respete la ley internacional y la legalidad y sobre ella decir que el pueblo tiene el derecho a la autodeterminación", consideró al Mujtar.

Hoy Rabat controla el 80% de esta excolonia española, sobre la que el Frente Polisario reclama un referendo de autodeterminación que incluya la independencia del territorio. El Consejo de Seguridad de la ONU abordará el jueves la continuidad de la llamada Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), establecida en 1991.

Según el Polisario, en función del borrador distribuido el 22 de octubre pasado y redactado por Washington, la resolución prioriza la autonomía dentro de las fronteras marroquíes relegando la celebración de un referendo, mientras que el movimiento independentista saharaui considera la futura votación un aspecto "innegociable".

El Polisario aseguró que sigue de cerca las consultas sobre el proyecto de resolución de Washington, y que pidió a todos los miembros del Consejo de Seguridad que "utilicen su influencia de manera constructiva" para facilitar unas negociaciones directas "sin condiciones previas y de buena fe, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, con miras a lograr una solución justa, duradera y mutuamente aceptable".

Días antes, había abierto la puerta, mediante una carta enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, a unas negociaciones directas con Marruecos para alcanzar una solución "justa y duradera" en la que la autonomía marroquí constara entre las opciones de un referendo y que no fuera la "única" solución y la "impuesta". El movimiento independentista ha asegurado este lunes que "no participará en ningún proceso político o negociación basados en propuestas, independientemente de su origen, que tengan por objeto 'legitimar' la ocupación militar ilegal" de Marruecos.

Me hago eco de titulares que dan cuenta de la crisis que está afrontando el reino de Marruecos igual que hace unas semanas lo hizo el ya depuesto gobierno de Nepal. Ambos estados han sido puestos en crisis gracias a Discord, una red social de uso mayoritario entre la gente más joven y frustrada de cada país (veremos también qué está pasando en estos últimos días y horas en Madagascar). La frustración de los pueblos no suele aparecer de la noche a la mañana, no es un arrebato momentáneo. Dependiendo de los casos, se llega a ese estado intenso y extenso, mantenido en el tiempo e in crescendo, porque llueve sobre mojado una y otra vez, un mes y otro, un año y otro más, sobre lustros, decenios y siglos de inoperancia y corrupción de quienes tienen la responsabilidad de cuidar de sus poblaciones. Así que, viendo lo que estamos presenciando en diversos lugares del planeta desde hace unos años, y aunque parecían generaciones dormidas, quizás no hemos sabido ver que su frustración estaba siendo vehiculizada y distribuida desde hacía tiempo por las redes sociales y está ahora estallando progresivamente en brotes inesperados. Y aparecen así manifestaciones repentinas y espectaculares como un “vómito en escopetazo o en proyectil”, ese que es propio de las crisis de meningitis pasado cierto umbral de aumento de la presión intracraneal (lamento el símil, pero a veces resulta imposible no utilizar metáforas clínicas por lo gráfico de su imagen).  

Mucho se ha escrito y dicho sobre el espectáculo. Sobre su sociedad: el libro clásico, todavía genuinamente de actualidad, La société du spectacle (Debord, 1967); y sobre sus vagas secuelas, por ejemplo, el mucho más tardío y menos original La civilización del espectáculo, (Vargas Llosa, 2012). Y muchos eslóganes, aforismos o notas al pie de la vida en común sobre la imperiosa e imperial necesidad de su continuidad: The show must go on; o sobre su efecto opiáceo y desmovilizador en el antiguo… Panem et circenses; o sobre la impostora farándula del arte y la mercantilización que comporta el Show Business; o del consiguiente ejemplo a seguir como individuos, Show yourself; etcétera. Y quizás ahora es el momento de preguntarse: ¿Tiene cabida algún otro tipo de espectáculo en nuestro fascinante y teatralizado manicomio global que el puesto en marcha y gestionado por las grandes corporaciones o los gobiernos de uno y otro confín del planeta? ¿Una suerte de contraespectáculo? 

Algunos de los eslóganes más pegadizos y fecundos que están utilizando los jóvenes marroquíes son los referidos a la necesidad de más servicios públicos y menos circo mediático, es decir: más cubrir necesidades reales y menos inventar necesidades espurias. En un país con mucha afición al fútbol, uno de los mayores ejemplos de espectáculo masivo a nivel mundial, los jóvenes parecen dispuestos a prescindir de esa oferta espectacular (luchan contra el proyectado mundial compartido entre Marruecos, España y Portugal para 2030 con inversiones multimillonarias para nuestro vecino del sur, y ahora mismo luchan también contra la Copa Africana de Naciones 2025 que albergará Marruecos en diciembre próximo) a cambio de la mejora en el cuidado de su población: más sanidad, menos tonterías, especialmente cuando este estado de frustración saltó la valla como respuesta  a la muerte de ocho mujeres embarazadas en un hospital público de Agadir (se estima que en Marruecos hay menos de 0,5% médicos por cada mil habitantes, en España 6,3 y no nos sobran). Un pueblo cuya monarquía, régimen feudal y oligarquía económica son una muestra de cleptocracia y de déficit de valores ciudadanos (sin que sirva esto de exención de responsabilidades en los gobiernos “democráticos”; véase, por no ir muy lejos, el terrible asunto del cáncer de mama en Andalucía o la infame gestión de la DANA en Valencia o la de la vivienda, los salarios, las jornadas laborales, los derechos ciudadanos como el del aborto, etcétera en tantos lugares de España, por ejemplo). 

Frente al espectáculo originado por distintas fuentes de poder omnímodo (resumido en el financiero), gestionado por diversos agentes interesados en su distribución y servido por los mass media, todo grupo de contestación (desde ONGs hasta cualquier tipo de reivindicación sociopolítica) que trabaja desde la frustración, ha ido aprendiendo, a lo largo de los años y mediante muchas y diversos tipos de tentativas, que debe ofrecer algún tipo de espectáculo para llamar la atención de la audiencia —del pueblo convertido en audiencia. Se hace así para que el problema señalado adquiera notoriedad y la máxima relevancia social posible; y esto, con independencia de tener la seguridad de poder revertir o no las situaciones insoportables (la puesta en marcha de las diferentes flotillas por el genocidio en Gaza tiene mucho de frustración espectacularizada, sincera, afectiva y efectiva) o con el objetivo más que improbable de prevenir males mayores (innumerables han sido y son las performances manifestadas en la lucha contra el cambio climático). La gente común está cercada por problemas y además es habitualmente engatusada y frustrada por espectáculos mercantiles de todo tipo que nos generan deseos desde la nada y hábitos de consumo absurdos e insostenibles, y para defenderse de esa estrategia de vaciado de cerebros, por el que además pagamos suculentas cifras, debe recurrir al mismo tipo de tácticas y estrategias que siempre pusieron en marcha aquellos que nos someten convirtiéndonos en meros espectadores-consumidores. 

El espectáculo de la frustración está servido; y entiendo que así debe ser (aunque preferiría mucho más que se tratase del espectáculo de la salvación real de las mayorías). Es muy estimulante ver a miles de jóvenes en Marruecos, como antes en Nepal, como antes en tantos lugares del mundo, hacer de sus reivindicaciones un espectáculo, performances del activismo o activismo performativo. Si hay algo donde hoy se juega más la población mundial es en eso que llaman economía de la atención. Las contradicciones también están servidas, porque si no fuese por cómo se ha convertido en espectáculo retransmitido en directo tanto el genocidio de Gaza (terrorífico) como la respuesta de los pueblos, o la de la flotilla, quizás, —y a pesar de cómo están yendo las cosas—, tendríamos menos conciencia de lo que está ocurriendo y nuestras capacidades de reacción serían aún mucho menores. Así que parece que como ya vaticinó Guy Debord, padre del movimiento situacionista y gran activo del mayo francés del 68, el espectáculo fue inoculado y ya está integrado en cada una de nuestras neuronas; de nosotros y nosotras depende qué hacemos con eso, pues no sabemos escapar de su imperio (igual que Jameson, Žižek, o Fisher nos dicen que “es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”). Hacer del espectáculo un acto gestionado por las necesidades de los más en detrimento de los caprichos y los abusos de los menos es una vía que hay que seguir explorando, activando e insistiendo hasta llegar a hacer a los pueblos espectadores de sí mismos levantados en espectacularizada rebeldía total contra el espectáculo total de los autonombrados amos y gerentes del mundo. Los jóvenes que pensábamos “dormidos”, frustrados, y que ahora parecen encendidos por el resentimiento, están más adiestrados como usuarios que las generaciones anteriores en las nuevas tecnologías de la comunicación, y posiblemente detectan mejor los síntomas de manipulación y tienen más competencias para filtrar de forma óptima y mostrar espectacularmente lo que necesitan frente a lo que intereses espurios les presentan como lo que deben desear. 

Como poco, tratemos de que la depresión hedónica, diagnosticada por el ya citado Mark Fisher, en los jóvenes del Reino Unido en su libro Realismo capitalista (la mentalidad frustrada que les impide hacer algo que no sea la inmediata búsqueda del placer), no se constituya en norma. Es probable que el caso del Reino Unido se trate de uno de los ejemplos de gobiernos que después de tantos siglos como potencias coloniales aún recientes, e insistentes (ahí tenemos, siguiendo la inveterada estela, la infame propuesta de que Tony Blair se haga cargo del “protectorado” de Gaza), deban hacer su terapia y sumergirse de nuevo en la realidad y dejar de contemplarse a sí mismos, narcisos insoportables, como pueblos elegidos —ellos y sus secuaces sionistas (o viceversa, no está claro quién puso el huevo de la serpiente). Ojalá que los jóvenes británicos salgan de su hedonismo depresivo, le hagan frente a su gobierno y le exijan espectacularmente menos espectáculo del de siempre para que les surtan de lo que les es realmente necesario: futuro. Y que se haga —en lugar de culpando a los migrantes, como hicieron recientemente en Londres miles de frustrados muy mal informados o unas hordas muy fascistas—, espectacularizando las denuncias y las protestas contra los ultrarricos, los oligarcas, los señores tecnofeudales, los fachas o los financieros globales que se pasean por el ancho mundo vendiendo unos shows que terminan siendo adquiridos por todos y al precio de la misma vida.  Ojalá también que los marroquíes GenZ 212 hagan lo suyo, lo que les toca en estos tiempos de mudanza en el poder de su estado (aunque de momento no parecen cuestionar el del rey Mohamed VI sino las corrupciones e inoperancias de su gobierno) … Y ojalá que se levanten los franceses, y los dormidos norteamericanos… y los de allá, y los de aquí al lado… ¿Nos dan alas estas manifestaciones de los jóvenes para no darlo todo por perdido cuando pensábamos que no iban a reaccionar nunca? Si se empieza a renegar del fútbol, no como deporte sino como espectáculo masivo y como uno de los opios del pueblo…. ¿estará comenzando por fin la desespectacularización de este mundo absurdo después de décadas de hipnotización mediática o no es más que otro espejismo igualmente mediático? Es posible que la espectacularización de la frustración, desencadenada contra toda forma de espectáculo alienante, sea el único camino liberador para zafarnos del imperio espectacular de la colonización mediática y capitalista del inconsciente. Por el bien de todos y todas, ojalá que el espectáculo de la frustración tenga la potencia y la capacidad de frustrar a ese otro espectáculo mezquino y global que no nos deja vivir, convivir, cuidar, amar y soñar. Ojalá.

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Joaquín Ivars es escritor, artista visual y profesor de Arte y Arquitectura en la Universidad de Málaga.

A estas alturas resulta cada vez más claro que ni el respeto de los derechos humanos ni el cumplimiento de las normas del derecho internacional son las guías que sirven para gestionar las relaciones internacionales. Lo que cuenta, por desgracia, es la más cruda real politik, basada en la voluntad de poder, la relación de fuerzas (no solo militares) y la defensa a ultranza de intereses geopolíticos y geoeconómicos. Y, si no bastan las propias fuerzas, se busca el respaldo de una potencia global que sirva para imponerse a los vecinos y adversarios. Un buen ejemplo de ello es lo que puede ocurrir en torno al Sahara Occidental si Donald Trump logra llevar a la práctica lo que de momento es solo una propuesta.

Los saharauis, con el Frente Polisario como su legítimo representante, tienen la razón histórica y el derecho internacional de su lado. Por una parte, ya en 1975 el Tribunal Internacional de Justicia dictaminó que no existían lazos de soberanía marroquí sobre ese territorio, mientras que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dejó claro en 2024 que es un territorio “separado y distinto” a Marruecos. Por otro, la ONU, ya de manera inequívoca desde 1991, reconoce explícitamente que el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación; aunque, como es bien sabido, nunca ha llegado a celebrarse el referéndum previsto en el plan de paz alcanzado aquel año.

Sin embargo, de poco han servido esos argumentos ante el empuje de Marruecos. A punto de cumplirse cincuenta años de la Marcha Verde, Rabat no solo ha logrado desbaratar todos los intentos de celebrar dicho referéndum, sino que, combinando acciones militares con otras de índole económica, también ha ido consolidando su presencia en el llamado “Sahara ocupado” o “Sahara útil”; es decir, el 80% del total, dejando a los refugiados saharauis enclaustrados en la desértica hamada argelina de Tinduf. De poco ha servido igualmente que el Frente Polisario haya vuelto a recurrir a las armas a partir de octubre de 2020, en un desesperado intento por romper la dinámica promarroquí que ya entonces había adquirido el conflicto y provocar una reacción internacional que evitara el hecho consumado de verse absorbidos por Rabat.

En realidad, más allá de declaraciones y proclamas más o menos triunfalistas, hace ya mucho que el tiempo corre a favor de Marruecos. No solo se trata de que su abrumadora superioridad militar hace impensable que las fuerzas de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) puedan recuperar el terreno perdido y obligar a las Fuerzas Armadas Reales a retirarse del sistema de muros que ha ido creando con los años, sino de que Rabat también ha tomado la delantera de manera innegable en el terreno político y diplomático. Así lo ha hecho en todas las instancias internacionales de las que forma parte, de tal manera que de los 84 países que llegaron a reconocer a la RASD (creada en 1976), hoy tan solo quedan 47. Y si en la Unión Africana, desde su entrada en 2017, ha conseguido ganar apoyos para arrinconar a la RASD (hasta el punto de que su pertenencia a la organización sea cada día más precaria), en el Grupo de Amigos del Secretario General de la ONU para el Sahara Occidental también ha ido ganando adeptos a su causa.

De los cinco miembros de este último grupo, creado formalmente en 2011, ya es notorio el alineamiento promarroquí tanto de Estados Unidos, como del Reino Unido, Francia y España; de tal modo que solo queda Rusia por dar un paso que satisfaga las expectativas de Rabat. Todos ellos parecen haber entendido por diferentes razones que, derecho internacional al margen, la existencia de un Estado saharaui no resulta conveniente. En consecuencia, los saharauis, sin fuerzas propias para hacer valer sus derechos, han quedado abandonados, incluso por una Argelia que tampoco está en condiciones de ir más allá de lo que ha hecho hasta ahora.

Visto así, la propuesta de solución del conflicto que acaba de presentar Donald Trump, anunciando que ha puesto a Steve Witkoff y a Jared Kushner a trabajar en el tema, puede suponer el tiro de gracia al sueño de un pueblo por el que, en definitiva, ya nadie se la va a jugar. Los acontecimientos se precipitan, con el final de la MINURSO (desplegada en el terreno desde 1991, precisamente para garantizar el alto el fuego y preparar el referéndum), inicialmente previsto para el próximo 31 de octubre (aunque es probable que se extienda puntualmente su mandato), y con la presentación de una propuesta de Resolución por parte de Washington en el Consejo de Seguridad de la ONU. Cabe dar por descontado que, si Moscú no la veta, dicha Resolución supondrá el entierro definitivo de la idea del referéndum y la confirmación de que la monarquía alauí tendrá ya a la vista el momento en el que podrá izar su bandera en todo el Sahara Occidental, convertido, en el mejor de los casos, en una mera región con ciertas competencias administrativas.

Aunque el narcisista inquilino de la Casa Blanca se apresure a contabilizar un nuevo éxito como supuesto pacificador, difícilmente la aprobación de dicha Resolución supondrá que la paz vuelva a reinar en la región; con Rabat y Argel alimentando una inquietante espiral armamentística en la disputa por el liderazgo regional.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

El 3 de julio, Narcodiario informaba de un hallazgo que a primera vista parecería casi típico de la costa del Caribe colombiano, pero que era muy especial. Se dio pocas horas antes, el día 2, en las cercanías de las playas del Parque Tayrona, en Santa Marta. La Armada Nacional localizaba el primer narcosubmarino no tripulado para el transporte de cocaína, y en todo caso "el artefacto más grande y avanzado tecnológicamente encontrado a nivel mundial hasta la actualidad", si nos referimos a la tecnología teledirigida, sin necesidad de tripulación.

Meses después, el Centro Internacional de Investigación y Análisis contra el Narcotráfico Marítimo, oficina de inteligencia liderada por Colombia y participada por autoridades de todo el mundo, ha analizado con todo lujo de detalles la embarcación, que, aunque en su exterior es muy parecida a los semisumergibles que ya conocemos bien en España, tiene características que la hacen diferente.

La más obvia es la ausencia de tripulación. Esto permite a los narcos cargar mucha más cocaína –el habitáculo para la navegación y la estancia de las personas se convierte en una bodega más–. Además, evita pérdidas de recursos humanos en el caso de que las autoridades intercepten la embarcación.

El narcosubmarino teledirigido hallado en Santa Marta es aún de pequeño tamaño, en comparación con los que cruzan el Atlántico, pero es que esa no era su misión. Con 11,8 metros de eslora y apenas 150 centímetros de manga, es prácticamente invisible, incluso para las aeronaves. Apenas sobresale 30 centímetros del nivel del agua, una altura que con el solo batir de las olas le hace muy difícil de rastrear.

En cuanto a los materiales de construcción y la motorización, comparte características con los aparatos que llevan tripulación: un motor diésel de alta eficiencia y un casco de fibra de vidrio altamente resistente y que complica su detección en el radar. Dispone, lo mismo que los semisumergibles conocidos, de tuberías en la parte inferior para rebajar la temperatura con el agua del mar y minimizar las posibilidades de ser descubierto mediante infrarrojos que, como se sabe, discriminan los objetos por el calor.

Las mayores diferencias, como se ve en la imagen ofrecida por los investigadores, se encuentran en la parte superior del aparato, donde se encuentran los equipos de piloto automático, justo encima de la zona del motor (en una zona cercana a la popa), que funcionan mediante tecnología GPS, apoyados por dos antenas starlink ubicadas en el centro del aparato, bajo la escotilla.

Los análisis realizados a todos sus sistemas señalan que tiene una autonomía limitada, que oscila entre las 500 y las 800 millas náuticas, lo que le permite transitar por el Caribe pero que, por el momento, no le ofrece la posibilidad de cruzar el Atlántico, ni siquiera de alcanzar Estados Unidos sin un repostaje previo. El tanque de combustible no es muy grande. En este caso, se estima que podría cargar hasta 1.500 kilos de cocaína, si bien parece que no llegó a hacerlo. Fue intervenido antes.

En cuanto a la velocidad máxima que logra en altamar, oscila entre los seis y los diez nudos. Otra característica de gran interés es su calado, pues consigue navegar de forma eficiente en lugares de muy escasa profundidad. Con 170 centímetros es suficiente para el artefacto.

Aunque este es el primer caso conocido de alcance en cuanto al tráfico de cocaína, los expertos apuntan a que embarcaciones de esta clase "ya están siendo utilizadas en muchos lugares del mundo". El acceso a la tecnología es cada vez más sencillo y por poco más de 200.000 euros pueden construir esta clase de aparatos, a través de impresoras 3D que facilitan buena parte de la labor. Los sistemas de comunicación ya no son tan caros como antes y, en todo caso, son muy baratos dados los beneficios que obtienen las redes criminales con esta clase de transportes.

Como se recordará, ya en el año 2022, en las costas de Cádiz, el Cuerpo Nacional de Policía localizó varios drones submarinos de pequeño tamaño que, como este, se manejaban a distancia. En aquel caso se piensa que se empleaban para el transporte de hachís entre Marruecos y España, con una capacidad de carga de unos 200 kilos por cada viaje y una autonomía de unas 50 millas náuticas.

La última vez que el PSOE y el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendieron el derecho a la autodeterminación del Sáhara corría el año 2019, y la política española hervía tras la moción de censura, sometida a la presión emergente de los nuevos partidos (Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox). Un compromiso histórico de los socialistas que se remontaba al inicio de la ocupación de este territorio, abandonado a su suerte por España hace casi 50 años, y que Sánchez enterró en 2022 a cambio de que Marruecos reanudase el control de las fronteras con Ceuta, desbordadas por la llegada de miles de migrantes, en su mayor parte menores de edad, a los que la gendarmería marroquí facilitó el acceso para poner a las autoridades españolas contra las cuerdas.

Desde entonces, los mítines y los discursos del PSOE se llenan de banderas de Palestina y de denuncias contra la ocupación israelí de su territorio, pero ya nadie en ese partido agita los símbolos del Sáhara Occidental. En defensa de los intereses saharauis —gran parte de cuya población vive en el exilio y cuyo territorio está sometido a la ocupación del ejército de la monarquía autocrática marroquí— solo se alzan ahora las voces de la izquierda (Podemos, Esquerra, Bildu, Compromís, Comuns y el BNG), a las que se acaba de sumar, en un giro inesperado de los acontecimientos, la ultraderecha de Vox, aunque solo sea para ponerse del lado de las organizaciones de agricultores y consumidores que denuncian la comercialización de productos saharauis como si fuesen de Marruecos.

Los ultras dicen defender ahora la legalidad internacional y el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el 4 de octubre de 2024 anuló los acuerdos comerciales con Marruecos porque, en palabras de uno de sus portavoces en el Congreso, Ricardo Chamorro, “faltaba lo esencial: el consentimiento del pueblo saharaui”.

Más allá del oportunismo de Vox, que solo busca el voto del campo, es la izquierda quien de verdad mantiene izada la bandera saharaui. Casi una treintena de eurodiputados se movilizaron este miércoles para pedir a la presidenta del Parlamento Europeo que reprenda a la Comisión por el nuevo y polémico acuerdo comercial con Marruecos porque “reconoce y recompensa de facto la ocupación ilegal del Sáhara Occidental al incluir expresamente productos procedentes de ese territorio”. También protestan por la intención de la Comisión Europea de poner en vigor el acuerdo antes de que el Parlamento haya sido consultado y recuerdan que el nuevo texto “repite los mismos errores” que llevaron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a anular el último acuerdo.

Entre ellos hay parlamentarios miembros de La Izquierda, Los Verdes y el grupo Socialistas y Demócratas (S&D), además de varios no adscritos, que representan a formaciones políticas de Dinamarca, Finlandia, Suecia, Portugal, España, Bélgica, Países Bajos, Irlanda, Austria, Alemania y Eslovenia. Entre los españoles, ni uno solo del PSOE.

“Es increíble ver cómo la Comisión Europea, en un mismo acto, ignora al Parlamento Europeo, al Tribunal de Justicia y al Derecho Internacional”, denunció el promotor de la iniciativa, el eurodiputado danés Per Clausen (del grupo de La Izquierda).

En cuestión está la pretensión de Bruselas de que el nuevo acuerdo comercial entre la UE y Marruecos entre en vigor de manera provisional antes de ser aprobado por el Parlamento Europeo, así como la intención de la Comisión de recompensar de facto la ocupación ilegal del Sáhara Occidental mediante un acuerdo que permite al Reino de Marruecos seguir explotando económicamente su territorio.

El Frente Polisario también ha dejado clara su oposición. “Denunciamos y rechazamos el nuevo acuerdo. Obviamente, nuestra primera opción no era volver a los tribunales. Lamentamos que haya esta voluntad por parte de la Comisión Europea de mantener este limbo legal entre el pueblo del Sáhara Occidental y la UE”, dijo esta semana en rueda de prensa el asesor especial del secretario general del Frente Polisario para recursos naturales y asuntos jurídicos, Oubi Buchraya Bachir.

“Hemos expresado nuestro deseo de contribuir a encontrar un acuerdo que sea respetuoso con las decisiones de los tribunales, pero por parte de la UE no se ha actuado de manera positiva”, añadió. Han actuado con “falta de transparencia”, con la única intención de “imponer un hecho consumado a todas las partes, no solo al pueblo saharaui, sino también a los Estados miembros y al Parlamento Europeo”. Es una “violación flagrante y frontal” de las sentencias de la justicia europea, ha asegurado Buchraya, que ve “inevitable” tener que volver a la corte europea con sede en Luxemburgo para recurrirlo.

No se trata únicamente de un acuerdo económico de productos agrícolas, resumió el asesor del secretario general del Frente Polisario. En paralelo, está “animando a Marruecos a no cooperar con la ONU para resolver el conflicto en el Sáhara Occidental sobre la base del derecho internacional”.

Prueba de ello es que el acuerdo cuenta con la aprobación de Marruecos. El ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, lo considera más un documento geoestratégico que comercial porque, declaró, “aporta las aclaraciones necesarias, en el respeto de los fundamentos nacionales” del país magrebí y su reivindicación de soberanía sobre el Sáhara Occidental. De hecho, lo ha presentado como un espaldarazo a su propuesta de integración del Sáhara en un régimen de autonomía, aplaudida por varios países europeos (entre ellos España), pero no por la UE ni por Naciones Unidas.

Con todo, Ignacio Cembrero, periodista especializado en el Magreb, desmonta el verdadero alcance del acuerdo. Lo que ha hecho la Comisión Europea y sus Estados miembros “ha sido ganar tiempo”, asegura. El Frente Polisario recurrirá de nuevo a la justicia y, al cabo de cinco años, “es harto probable que el Tribunal de Justicia de la UE le vuelva a dar la razón. Hasta ahora el Polisario lo ha ganado todo en los tribunales europeos”.

Desde su punto de vista, las “prisas y la opacidad” con las que la Comisión ha negociado con Rabat “son chocantes”. Sobre todo si se tiene en cuenta, como denuncian el citado grupo de eurodiputados, que se ha hecho sin tener en cuenta al Parlamento Europeo.

“Por lo que sabemos del nuevo acuerdo”, explica, “es como el anterior, el que fue anulado por el TJUE, solo que llamando a las cosas de otra manera, especialmente a los productos agrícolas exportados del Sáhara Occidental a la UE”. Lo que significa que “no respeta las sentencias del TJUE de octubre de 2024”.

Cembrero recuerda la reacción del ministro de Agricultura, Luis Planas, al fallo de octubre de 2024, diciendo “que la relación con Marruecos estaba por encima de las sentencias del TJUE”. “Ahora ha quedado demostrado”, porque “el Gobierno apoya a la Comisión en su empeño en sortear las sentencias del tribunal”.

Lo confirmó el propio Planas este miércoles en el Congreso, después de que el portavoz del BNG, Néstor Rego, le reprochase el acuerdo con Marruecos. “Nos preocupa que el Estado español se sume a la vulneración de la legalidad internacional, vulnerando el derecho legítimo del pueblo saharaui a vivir en su tierra en paz y en libertad y a poder disfrutar también de sus recursos. Porque, efectivamente, sería más lógico negociar con la República Árabe Saharaui que con Marruecos. Y eso es lo que le pedimos”, subrayó Rego.

Desde la tribuna de oradores, el titular de Agricultura, con una amplia carrera diplomática, apenas se esforzó en desmentir la mayor. Lo que han hecho el Consejo y la Comisión, dijo, no es sino poner y adaptar los acuerdos vigentes a las sentencias del Tribunal de Justicia dictadas hace un año, en un doble aspecto: en lo que se refiere al origen de los productos y también a la repercusión sobre las poblaciones del Sáhara. Eso sí, pasó por alto el fondo de la decisión del TJUE: la obligación de negociar y pactar con el Polisario en todo lo que afecte al Sáhara.

Enfatizó el ministro, eso sí, el peso que tiene la relación estratégica con el reino alauí. Una decisión adoptada por el Gobierno que no hace sino ahondar en la de ponerse del lado de Marruecos y en contra del Sáhara. “Son acuerdos que tienen también un contenido estratégico muy importante tanto para la Unión Europea como para Marruecos”.

¿A qué se refiere cuando habla de “contenido estratégico”? A que el Gobierno de España pone por encima de los intereses del Sáhara los suyos propios en materia de control migratorio, estabilidad fronteriza y lucha contra el terrorismo yihadista.

Marruecos actúa desde hace años como un socio clave en el control de los flujos migratorios hacia Europa. Su cooperación permite reducir la llegada de pateras y cayucos a Canarias y a las costas andaluzas. El Gobierno considera que mantener una buena relación con Rabat es esencial para la seguridad fronteriza y la gestión migratoria.

Además, el Magreb y el Sahel son zonas de alta actividad de grupos yihadistas. Marruecos comparte información de inteligencia con España y la UE, y su colaboración ha sido decisiva para prevenir atentados.

España no es el único socio europeo que actúa dando por hecho que el Sáhara es territorio marroquí. Esta misma semana, las patronales de Marruecos y Francia celebraron un foro económico centrado en energía, desarrollo sostenible, infraestructuras y turismo. El evento tuvo lugar en Dajla, en el Sáhara Occidental, como una nueva señal de apoyo de París a la soberanía marroquí sobre ese territorio.

Desde hace más de diez días, Marruecos es el escenario de una ola de protestas que se ha extendido por pueblos y ciudades hasta alcanzar la diáspora. Las movilizaciones responden al llamamiento del colectivo Gen Z, un grupo de internautas anónimo organizado a través de la plataforma de comunicación Discord. El amplio seguimiento de las protestas –sobre todo entre los jóvenes–, la ausencia de estructuras formales y el medio de difusión elegido enfatizan el carácter aparentemente sorprendente de las movilizaciones.

Sin embargo, su convocatoria ha logrado encapsular el grito de un pueblo que clama por una mejora de los servicios públicos del país, al tiempo que muestra el hartazgo contra un modelo económico desigual, corrupto y orientado a la inversión en megaproyectos con escaso impacto en la población. La próxima celebración del mundial de fútbol en Marruecos refleja bien este modelo. Frente a esto, la demanda de Gen Z es clara: educación y sanidad públicas, empleo y fin de la corrupción. Estas reivindicaciones tienen fácil eco entre amplios sectores de la población.

Una mirada más pausada sobre la situación socioeconómica del país atenúa la sensación de sorpresa. Los jóvenes constituyen un sector demográfico predominante en el país (en torno a un 22% de la población total se encuentra entre los 15 y 29 años) y especialmente lastrado por el desempleo. Un 31,8% de los jóvenes de entre 15 y 24 años se encuentran desempleados. De los que trabajan, se estima que un 73% lo hace sin contrato.

En el seno de esta debilidad estructural encontramos un proceso de liberalización económica impulsado desde los años 80 que, sumado a la ausencia de libertades políticas, hicieron de Marruecos un “laboratorio neoliberal”. El resultado ha sido un país a dos velocidades, con importantes diferencias entre las zonas urbanas y rurales, carentes de infraestructuras y redes de transporte, pero también entre la población y las clases dominantes. La última cifra aportada por la agencia nacional de estadística marroquí HCP (Haut Commissariat au Plan) situaba el índice de Gini, empleado para medir la desigualdad, en 40,5% en 2022, devolviendo a Marruecos a los niveles de hace veinte años. Por contra, el primer ministro, Aziz Ajanuch, era nombrado por Forbes el hombre más rico del país (por detrás del rey) en el año 2024.

A los problemas estructurales se une la frustración por la falta de mejoras socioeconómicas en el país. Los avances políticos prometidos por la Primavera Árabe se estancaron hace una década, a medida que se deterioraba el contexto regional. La crisis generada por la pandemia del Covid-19 pareció desembocar en un proyecto de generalización de la sanidad pública, sin embargo, este sigue lastrado por las desigualdades regionales. Uno de los antecedentes directos de las protestas es, de hecho, la muerte de ocho mujeres embarazadas sometidas a cesáreas en un hospital de Agadir, evidenciando la falta de inversión en la región. De igual modo Ajanuch ganó las elecciones prometiendo la creación de un millón de empleos, una previsión muy lejos de la realidad actual. Ya en el verano de 2024, el primer ministro admitió su incapacidad para abordar el desempleo estructural del país: “No podemos solucionar el problema del empleo en los próximos tres años porque es una acumulación de los últimos quince”.

La intensidad de las actuales protestas, que se han saldado ya con más de 400 detenidos y tres muertos, nos recuerda a las protestas protagonizadas por el movimiento del Hirak en el Rif, norte de Marruecos, en 2017, o a la propia Primavera Árabe. Con el primero comparte la denuncia de la desigualdad entre regiones. Con el segundo, la demanda general de justicia social y mejoras socioeconómicas.

Sin embargo, el caso más similar seguramente lo encontremos en la campaña de boicot al consumo lanzada en 2018. Ese año, una página anónima de Facebook llamó al boicot de la gasolinera Afriquia, el agua embotellada Sidi Ali y la empresa de productos lácteos Centrale Danone. Las tres firmas tenían en común la subida de precios, el monopolio de cuotas considerables de mercado y su vinculación con las élites político-económicas del país. Afriquia pertenece, de hecho, al primer ministro Ajanuch, en aquel momento ministro de Agricultura y Pesca. El seguimiento del boicot fue masivo. A pesar de la opacidad de su impacto, Central Danone comunicó pérdidas del 35% en el tercer trimestre del año. El carácter anónimo y el elevado seguimiento de la iniciativa reflejaban la generalización de un descontento que hoy en día sigue vigente.

Lo cierto es que las movilizaciones nunca han desaparecido desde 2011, concentrándose en los márgenes del país y dando lugar a lo que se ha denominado “protestas periféricas”. Estas protestas denuncian las desigualdades económicas entre regiones, la sobreexplotación de recursos, la falta de acceso al agua como bien público y la desposesión de las tierras, entre otras medidas causadas por una sucesión de programas económicos neoliberales.

A pesar de ello, parece descartable que la situación actual conduzca a un cambio de régimen o de modelo económico. El dos de octubre, el colectivo Gen Z dirigió una carta al rey solicitando su intervención y la destitución del gobierno. Su propuesta nos remonta a una estrategia tradicional del poder en Marruecos, que blinda el papel del rey (auténtico poder ejecutivo del país) y reorienta los castigos hacia los partidos políticos. Como reza el dicho, “el rey bueno, la clase política mala”.

Este modelo, sin embargo, previene la posibilidad de realizar reformas profundas en el país, al proteger al núcleo central de distribución de recursos políticos y económicos: el propio rey. Como explicaba Ajanuch al tratar el paro, reformas cosméticas no pueden resolver problemas estructurales.

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Alfonso Casani es profesor de Ciencia Política de la UCM y colaborador de la Fundación Alternativas.

Las manifestaciones juveniles en Marruecos cumplieron ayer día miércoles su quinto día consecutivo con nuevos disturbios, agravados por la muerte de tres personas que intentaron asaltar un puesto de la Gendarmería, mientras el colectivo anónimo autodenominado 'GENZ212' lanza una nueva convocatoria de protestas pacíficas para este jueves en demanda de mejoras en los servicios públicos, según informa EFE.

Las protestas que comenzaron el pasado sábado pacíficas en algunas de las grandes ciudades del país como Rabat, Casablanca y Tánger, se extendieron rápidamente a otras zonas urbanas y rurales. Sin embargo, a partir del martes por la noche derivaron en actos de violencia y disturbios, con enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden que dejaron decenas de heridos, daños materiales y cientos de detenciones.

Los disturbios continuaron el miércoles por la noche cuando se registraron las primeras muertes: tres personas fallecieron y otras resultaron heridas al intentar asaltar un puesto de la Gendarmería Real en la localidad de Laqliaa, en el sur de Marruecos, cerca de la ciudad de Agadir. Según informaron las autoridades locales, los gendarmes se vieron obligados a disparar contra los manifestantes tras un intento de asalto masivo del puesto.

Además de Laqliaa, los disturbios se produjeron también en Sidi Bibi, otra pequeña localidad en la región de Agadir, y también en Salé (vecina de Rabat), Tánger (norte), Tarudant (sur) o Kenitra (al sur de Rabat), según testimonios de periodistas en el lugar y vídeos compartidos en las redes -que no se pudieron comprobar- que muestran a manifestantes -a veces con el rostro cubierto- lanzando piedras a las fuerzas del orden, junto a otras imágenes de coches volcados y en llamas y agencias bancarias incendiada.

Según el balance del martes ofrecido ayer miércoles por el Ministerio de Interior marroquí, 409 personas fueron puestas bajo custodia policial por su presunta implicación en actos de violencia. La misma fuente añadió que hasta el martes los disturbios dejaron 263 agentes de las fuerzas del orden y 23 civiles heridos, y causaron la destrucción e incendio de decenas de vehículos de las fuerzas de seguridad y autos particulares.

Por su parte, la Fiscalía marroquí anunció ayer que procesará a un total de 193 personas acusadas de "actos de violencia, destrucción e incitación" ocurridos hasta el martes, al tiempo que advirtió que tratará con la "máxima firmeza" los actos de vandalismo, incendios y violencia con sanciones "ejemplares" con penas que pueden alcanzar 20 años y la pena perpetua.

El colectivo 'GENZ212', formado por miembros que dicen ser jóvenes de la generación Z sin pertenencia política o sindical y que centran sus protestas en demandas sociales basadas en mejoras en los sectores de sanidad y educación, la lucha contra la corrupción y mejores oportunidades laborales para los jóvenes, se desmarcó de la deriva violenta de las protestas.

Los administradores del grupo, organizado mediante la aplicación Discord, anunciaron que este jueves se llevarán a cabo nuevas manifestaciones pacíficas como "una expresión civil y responsable" de sus "legítimas demandas" y aseguraron que definirán medidas para "garantizar el orden" como definir un horario específico del comienzo y fin de las concentraciones.

"Confirmamos a la opinión pública y a las autoridades que nuestras manifestaciones serán totalmente pacíficas y rechazamos cualquier forma de violencia, vandalismo o disturbios", se lee en su nota que se publicó tras un largo debate en la aplicación sobre la continuación de las manifestaciones que concluyó con una votación a favor de mantenerlas.

La coalición de partidos políticos que forman la mayoría gubernamental manifestaron el pasado martes su disposición a dialogar con los jóvenes "dentro de las instituciones y espacios públicos, para encontrar soluciones realistas y viables".

El ministro de Sanidad marroquí, Amine Tahraoui, fue convocado anoche por una comisión parlamentaria de la Cámara de Representantes (baja) a una reunión urgente para tratar la situación del sector de sanidad en el país.

Durante el encuentro, transmitido en directo por el canal del parlamento, el responsable expresó su comprensión hacia las demandas de los jóvenes, al tiempo que defendió el actual plan de reforma impulsado por el Ejecutivo como "el camino para cumplir con estas expectativas". 

El presidente del Gobierno marroquí, Aziz Ajanuch, afirmó este jueves la disposición de su gobierno a responder a las demandas expresadas por los jóvenes durante las protestas desatadas en los pasados cinco días en diferentes localidades del país, y lamentó la "escalada de violencia" que se saldó con la muerte de tres personas. 

"El Gobierno anuncia su disposición a responder a las demandas de la sociedad y también al diálogo y al debate dentro de las instituciones y los espacios públicos", dijo Ajanuch en una declaración leída durante el reunión semanal del Consejo del Gobierno. 

Ajanuch insistió en su llamamiento al diálogo como "la única manera de abordar" los problemas que enfrenta el país y también para "acelerar la implementación de políticas públicas que respondan a las demandas sociales", al tiempo que lamentó los disturbios ocurridos en los pasados dos días.

"Los lamentables acontecimientos de los últimos dos días han dado lugar a una peligrosa escalada que ha socavado la seguridad y el orden públicos, ha causado cientos de heridos, daños a la propiedad pública y privada y, lamentablemente, tres muertos", dijo al tiempo que aplaudió las intervenciones de las fuerzas del orden.