Las cifras de menores no acompañados que han cruzado aprovechando la marcha civil sobre Ceuta son confusas. Por un lado, las cifras oficiales del Gobierno estiman entorno a 1.200 menores, pero el director de UNICEF José María Vera, afirmaba el pasado miércoles que "todo apunta a que la cifra real es considerablemente mayor". Las informaciones que llegan desde la ciudad autónoma son inquietantes. Es mucha gente vulnerable que desembarca de repente y tiene que ser absorbida por una comunidad de unas 83.000 personas que ocupan un espacio muy pequeño. Y son miles de menores, algunos muy pequeños, y, algo poco habitual, hay bastantes niñas. La desprotección de este colectivo exige medidas específicas para evitar abusos, violaciones y maltratos de todo tipo. Es un esfuerzo imposible, lo cual es muy conveniente si lo que pretendían quienes instigaron la marcha civil sobre Ceuta era presionar a nuestro país.

Los chicos menores norteafricanos y subsaharianos son el colectivo más despreciado de todos los colectivos migrantes de nuestro país. Rápidamente identificables por su fenotipo, su forma de vestir y su idioma, nuestras instituciones y nuestra sociedad les exigen una docilidad, una excelencia y una abnegación difíciles de encontrar en personas adolescentes. Aun así son en general un grupo excepcional, que abraza las parcas oportunidades que les ofrece el sistema cuando se les brinda la oportunidad. Los datos de adaptación y de inserción laboral de este colectivo son excepcionales, y en términos puramente económicos son la población migrante más rentable que hay. Pero poseen las dos características que no se perdonan en nuestras sociedades europeas decadentes y envejecidas, son jóvenes y son de origen musulmán. Son la capa más baja de nuestra pirámide social actual y ocupan el espacio que en los ochenta tenían los chavales de las barriadas, hijos de familias muy numerosas que se buscaban la vida desde pequeños porque sus padres no podían cuidar de ellos. Es un escalón que parece que siempre ha de estar presente, esa especie de punching ball que necesitamos para darle golpes y expiar a su costa todos los males.

Esta situación genera un dilema imposible. Parece que tenemos que elegir entre priorizar el bienestar del menor, como dice nuestro ordenamiento legal y dicta la ética básica sobre la que se construye una sociedad de derecho, o llevar a cabo una acción defensiva ante lo que ha sido un grave ataque a nuestra soberanía nacional. Y esto sabiendo que, si el Gobierno de España devuelve a estos jóvenes, ni las personas más progresistas de este país se van realmente a oponer.

Vamos por partes. Aceptar que todos los menores que han entrado se queden en la ciudad hasta que se les permita entrar en la península es someter a Ceuta a una presión imposible. Una presión que se transmite también al resto de nuestro país porque obviamente la derecha —acompañada, en muchos casos, por la ultraderecha— que preside 12 de las 17 comunidades autónomas de nuestro país no va a solidarizarse ni con la infancia migrante ni con el Gobierno de Ceuta aunque sea de su partido. Y eso puede hacer que el traslado de los chavales a la península se alargue durante un tiempo imposible de soportar para la ciudad.

Luego está el problema del relato migratorio. El tema resulta tan tóxico que la mayoría de las personas, incluyendo a votantes de partidos como Sumar, Podemos o nacionalistas de izquierdas, estiman en su fuero interno que es mejor que devuelvan a los niños. A fin de cuentas vienen de un país vecino que no está en guerra, no se trata de niños refugiados ni cuya situación se haya reconocido como digna de merecer asilo. Poco importa que todos estos niños, niñas y jóvenes menores de edad hayan cruzado a Ceuta por su propio pie obedeciendo a su propia voluntad y que estén dispuestos a someterse a los maltratos y los sufrimientos que encontrarán en los centros de menores antes que quedarse en Marruecos. Puede que haya muchos que estén huyendo de redes de trata o de situaciones de maltrato familiar extremo. Pero en términos absolutos eso da igual porque pensarlo sería abrir el debate sobre a partir de qué momento de abuso o de maltrato consideramos que estos niños, niñas o jóvenes son dignos de recibir nuestra acogida.

Además aceptar a los menores se puede interpretar como dejar sin respuesta al chantaje que pone en jaque nuestra soberanía nacional. Si aceptamos a estos miles de menores podemos esperar que el gobierno de Marruecos abra la puerta a otros miles en cualquier momento y entonces ¿qué haremos? Pero esta lectura solo funciona si aceptamos las reglas del juego que nos propone Marruecos: que acoger es debilidad y devolver es fuerza.

La narrativa migratoria es tan radioactiva que no nos permite actuar con la contundencia necesaria para proteger nuestro modelo democrático y social. Y no solo eso, también nos confunde y nos lleva a pensar solo a corto plazo, como si el futuro de nuestro país se decidiera en unas horas, en unas devoluciones en caliente, en una crisis derivada de un golpe de efecto orquestado por quienes quieren forzar un cambio de gobierno.

Si no tuviéramos la presión narrativa ¿qué haríamos con los niños, niñas y jóvenes que han cruzado? Las capacidades de acogida de nuestro país están muy por encima de esas cifras. Cada menor extranjero que entra en el sistema y trabaja después habrá devuelto lo que se ha gastado en él en unos años de cotización. Si trabajáramos en un entorno puro, libre de mentiras y prejuicios, la acogida de menores extranjeros se vería como una oportunidad y no como una carga. Y es que, en todos los términos económicos, sociales e incluso culturales la llegada de gente joven, por voluntad propia, llena de ilusiones y de ganas, es un patrimonio incalculable, que ya le gustaría a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, para sí misma. También está la reflexión sobre qué tipo de sociedad queremos ser en el sentido de a qué valores estamos dispuestas a renunciar. Si damos la espalda a la infancia y a la juventud ¿qué nos queda? ¿De verdad queremos ser esa sociedad? ¿Cuál es el límite?

A mí todo esto me recuerda a la tensión que sufrió Europa en los años 30 cuando la llegada al poder de los fascismos se hizo utilizando los recursos democráticos para luego usar la propaganda y el miedo para torsionar el sistema hasta que lo rompió. El discurso antiderechos nos está acorralando en un espacio opresivo en el que estamos renunciando de forma progresiva, y sin ser muy conscientes, a nuestros principios. Los partidos de ultraderecha están ganando el marco de este modo. Y al mismo tiempo, existe una geopolítica organizada dedicada a conquistar espacios democráticos hackeando las bases mismas de las democracias. La marcha sobre Ceuta es un ataque orquestado con ese fin, disfrazado de crisis migratoria. Y los partidos de derechas y ultraderecha de nuestro país, apoyados por sus socios europeos, están dispuestos a llegar al poder apoyándose en estas herramientas, puestas a su servicio por intereses extranjeros. Eso no es democracia, es otra cosa muy distinta. Y la batalla que estamos librando no tiene nada que ver con si devolvemos o no devolvemos a la gente tras el cruce. Es una batalla sobre si luchamos por nuestra soberanía nacional o nos dejamos ganar.

Y aquí está la trampa porque hemos aceptado que acoger es ceder y devolver es resistir. Pero ningún país poderoso construye su influencia expulsando a quien acude a él, la construye formando y acogiendo a quienes llegan, convirtiéndolos en propios. Por ejemplo, Estados Unidos lleva décadas con sus programas de intercambio para estudiantes menores de edad, vendiendo su forma de vida y sus valores a través de sus jóvenes visitantes. Devolver a estos chavales no es plantar cara a Marruecos, es hacer exactamente lo que Marruecos esperaba que hiciéramos. Y aunque no me pega nada, estos días siento que tenemos que ser patriotas, más patriotas que nunca. Eso significa defender los marcos de derecho que han hecho de España el país que es ahora, y seguir luchando por mejorar nuestras capacidades democráticas. Todas unidas dentro para evitar que nos controlen desde fuera.

En este marco, Pedro Sánchez debería de nuevo sacar pecho y proteger a todos los menores que están en Ceuta, porque es también la forma de proteger la soberanía de nuestro país y nuestra democracia. También es una defensa de nuestros valores básicos, los que nos han permitido crecer tan rápido y tan bien como sociedad. Hay mucho que pensar antes de actuar.

_________________________

Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

La operación militar Romeo-Sierra, ordenada por el Gobierno de José María Aznar y ejecutada por miembros de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra y de Infantería de Marina en la madrugada del 17 de julio de 2002, desalojó del islote de Perejil, junto a Ceuta, a un retén de efectivos de la Marina marroquí que habían acampado en ese ínfimo promontorio español seis días antes. Ese mismo día, el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, y la de Exteriores, Ana Palacio, comparecieron a petición propia en una sesión conjunta de sus respectivas comisiones parlamentarias para explicar el operativo militar. El que era el líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), ofreció al Ejecutivo su "apoyo, comprensión y solidaridad" y aseguró que su partido sería "plenamente responsable" en la gestión de esa crisis sistémica con el país vecino.

24 años después del que, probablemente, ha sido el principal encontronazo entre Madrid y Rabat –junto con la invasión del Sáhara Occidental por la Marcha Verde– entre 70.000 y 80.000 jóvenes, la mayoría marroquíes, entraron hasta el pasado 31 de julio en Ceuta (83.567 habitantes, según el INE) a nado y a través del espigón fronterizo ante la pasividad de las autoridades del país vecino. Ese mismo día, Pedro Sánchez hizo una declaración solemne en la ciudad autónoma en la que definió lo ocurrido como otra "violación de la integridad territorial española". "Lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible de rechazo, de condena y de consideración como deplorable el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta", añadió sin nombrar a Marruecos pero en claro mensaje a su Gobierno.

Como en el caso del islote Perejil, los ministros más implicados en la gestión del incidente, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la de Defensa, Margarita Robles, y el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pidieron comparecer ante sus respectivas comisiones en el Congreso para dar explicaciones a finales de mes. 13 días después, pese al retorno del grueso de los extranjeros a Marruecos, la crisis está aun lejos de solucionarse con una amenaza latente de entrada masiva para este fin de semana y cientos de migrantes durmiendo al raso en las calles y playas. La preocupación y el malestar de la población local se pudo comprobar este miércoles durante la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la ciudad, con decenas de ciudadanos y ciudadanas pidiendo al Ejecutivo que ponga los medios necesarios para que incidentes como este no se vuelvan a repetir.

Pese a ello, y a diferencia del PSOE en 2002, la respuesta del PP ha sido muy diferente. En lugar de ponerse detrás del Gobierno y ofrecerle su apoyo como en su día hizo Zapatero, su reacción ha sido utilizar la Cámara en la que cuenta con mayoría absoluta, el Senado, para azotarlo con una polémica vacía. Su presidente, Pedro Rollán, llegó a amenazar al Ejecutivo con acciones legales en caso de que esos mismos ministros, además del de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se negaran a comparecer ante los senadores. Desde el Gobierno ya han respondido que los cuatro citados acudirán a la Cámara de representación territorial, pero no en las fechas exactas que quiere el PP. Ayer, sin embargo, sus senadores quisieron escenificar la ausencia anunciada de Grande-Marlaska ante la comisión de Interior haciéndose una foto junto a su silla vacía.

La falta de unidad política frente a los embates de Marruecos propiciada por el PP (no solo ahora, también en el anterior incidente diplomático de 2021 en el que Rabat permitió el paso de 10.000 personas en protesta por la hospitalización en Logroño del dirigente saharaui Brahim Ghali) se produce pese a que voces muy cualificadas señalan al país vecino como instigador del incidente. Desde El Confidencial, el excorresponsal de El País en el Magreb Ignacio Cembrero afirmó este miércoles, citando a dos exagentes con mando en los servicios secretos marroquíes, que la entrada masiva fue una respuesta del aparato de los servicios de espionaje y seguridad de ese país en respuesta a la investigación internacional del consorcio Forbidden Stories Pegasus Project, que denunció el recurso masivo al spyware israelí por los agentes marroquíes. También lo usaron contra Sánchez, Grande-Marlaska, Robles y la anterior titular de Exteriores, Arancha González Laya, destituida tras la crisis del dirigente polisario Ghali.

El uso de las tormentosas relaciones con Marruecos por el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo se produce, además, con el reforzamiento por parte de reino alauí de sus relaciones con Washington y, más concretamente, con la Administración Trump que, en su anterior mandato, apoyó la reclamación marroquí del Sáhara Occidental, ocupado desde 1975, y en este ha abierto un consulado general en su segunda ciudad en importancia, Dajla. Ese apoyo entraba en el paquete de la firma de los Acuerdos de Abraham, que supusieron el reconocimiento y la normalización de relaciones diplomáticas de Rabat con Israel. Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se han convertido en los principales adversarios internacionales del Gobierno de Pedro Sánchez. El primero amenaza periódicamente con una guerra arancelaria o con la salida de EE UU de las bases de Rota y Morón a cuenta de las cifras de inversión española en armamento; Netanyahu, por la oposición española al genocidio en Gaza, la personación de Madrid en la causa abierta en el Tribunal Internacional de Justicia y el reconocimiento del Estado palestino.

A diferencia del PSOE, que cuando está en la oposición siempre ofrece su apoyo al Gobierno ante cada crisis sistémica (como hizo, por ejemplo, en la aplicación del 155 de la Constitución durante el proceso independentista catalán), el PP se negó a cerrar filas con el Ejecutivo de Sánchez en asuntos como la lucha contra el covid y se ha puesto de perfil ante las bravuconadas del presidente de EE UU, el principal socio de España en materia estratégica de Defensa que, sin embargo, se muestra cada día más cercano a Rabat. La pregunta es cuál sería la posición del PP en caso de que Trump diera un giro inesperado como el del Sáhara Occidental en apoyo de la reclamación marroquí sobre Ceuta y Melilla, algo que ya ha hecho con otro Estado europeo, Dinamarca, en relación a Groenlandia. Ante los incidentes de Ceuta, Feijóo ha preferido cargar directamente sobre Sánchez. "Yo no creo, honradamente, que le tenga que pedir explicaciones a Marruecos", dijo este lunes en OkDiario alentando la conspiración de que el Gobierno español no hizo nada pese a saber lo que iba a ocurrir.

El sentido de Estado y la colaboración de la izquierda ante situaciones difíciles también se da en otros países. Cuando Trump atacó a la que fuera su principal aliada en Europa, la ultraderechista primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por defender el discurso pacifista del papa León XIV, la líder de la oposición, Elly Schlein, secretaria general del Partido Democrático, expresó en la Cámara de Diputados italiana la "más firme condena" de su formación a los insultos del presidente de EE UU a Meloni. "Italia es un país libre y soberano y repudia la guerra", dijo entre los aplausos de sus correligionarios pero también de sus adversarios. "Ningún jefe de Estado extranjero puede permitirse atacar, amenazar o faltar el respeto a nuestro país y a nuestro Gobierno; somos adversarios en esta cámara, pero somos todos ciudadanos italianos".

La crisis humanitaria de Ceuta sigue coleando. La migración ha vuelto a ser un fenómeno empleado como arma geopolítica. La mayor parte de la Unión Europea, Estados Unidos, Israel y la extrema derecha nacional e internacional han aprovechado la situación para apuntar contra el Gobierno de España por no aplicar sus modelos de chovinismo en frontera.

Y esto es tan evidente como que no se promueve el mismo criterio con la migración venezolana y ucraniana que con las personas que llegan huyendo de conflictos en África subsahariana o en Oriente Medio.

El cambio de posición español en torno a la defensa del derecho internacional en el Sáhara Occidental, una vez se ha pasado por alto el porvenir de su población en territorio ocupado y en el exilio, presenta otra importante falla.

Y es el hecho de que Marruecos ha podido acceder a una normalización de relaciones sin hacer concesiones en los principales puntos espinosos de la relación bilateral. No ha habido reconocimiento de la soberanía española de Ceuta, Melilla, las plazas de soberanía españolas en el norte de África o las aguas de Canarias.

En el año 2021 se produjo el punto de inflexión con la crisis diplomática provocada por la estancia en España del líder saharaui Brahim Ghali. Hasta entonces, la relación se movía en la duda que Marruecos deliberadamente expresaba sobre la confianza que debían ganarse sus vecinos del norte si estos querían, a cambio, un control de fronteras externalizado.

De esta manera, cada episodio de paso migratorio en la frontera con España se convertía en una nueva baza negociadora para Marruecos. El propio Aziz Ajanuch, quien después sería primer ministro del país norteafricano, había vinculado el deseo de la Unión Europea de que Marruecos se ocupase de controlar los flujos migratorios con el interés de Rabat en que Europa aprobase el acuerdo que le daba el control de recursos agrarios y pesqueros saharauis en sus relaciones comerciales con el continente europeo. Por este motivo se han producido tantos esfuerzos de sortear los dictámenes de la justicia europea con modificaciones comerciales que beneficiasen a Marruecos.

Pero, después de la nueva gran concesión española sobre el Sáhara Occidental, seguida por la gran mayoría de países europeos, España esperaba abrir una etapa de genuino reinicio de relaciones. Es decir, que el compromiso de Marruecos con la frontera española fuera definitivo.

Sin embargo, España nunca consideró necesario exigir a Marruecos un reconocimiento de soberanía sobre Ceuta y Melilla. El propio ministro Albares lo ha comparado con la falta de necesidad de exigir un reconocimiento de soberanía sobre Burgos, Valladolid o Santiago de Compostela.

A pesar de esto, sí ha expresado la necesidad de que en Europa se entienda que, en materia migratoria, no se puede tratar la especificidad de Ceuta y Melilla como la de cualquier otra ciudad europea. Evidentemente, existe una incoherencia cuando se señala la falta de comprensión europea, pero no se es capaz de exigir a Marruecos algo tan básico como el reconocimiento de la integridad territorial española.

Lo que evidencia la diferencia de actuación de los distintos gobiernos y partidos de oposición con respecto a Marruecos es que importa, y mucho, quién hace qué y no tanto lo que hace. Si no hay una coherencia en los criterios empleados en política exterior, se corre el riesgo de perder la autoridad ganada en la crítica a Israel.

Ante la entrada de migrantes por Bielorrusia o Turquía hubo muchos más aspavientos, pero ni siquiera los partidos de extrema derecha más nacionalistas eran capaces de explicar quién estaba “invadiendo” o “atacando” España- más allá de poner el foco en los migrantes para promover políticas de militarización fronteriza y nativismo identitario.

De hecho, Marruecos no solo no ha reconocido que Ceuta y Melilla son españolas sino que las considera ciudades ocupadas. Del mismo modo han actuado diversas voces en Israel, acompañadas por vacilaciones en el oficialismo estadounidense.

Entendiendo a Marruecos, Israel y Estados Unidos como autoridades tradicionales en lo que a ocupación de territorios se refiere, pareciera presumible que el Sáhara Occidental, debido a su estatus protegido internacionalmente, apareciera primero en la lista.

Ceuta y Melilla no buscan ejercer un derecho de autodeterminación, no han funcionado como colonias, no reclaman un cambio en su estatus ni la independencia, ni mucho menos la anexión a Marruecos. En este caso, por lo tanto, el país con reclamos irredentistas se apoya en el controvertido derecho histórico y en la integridad territorial por encima del derecho de autodeterminación.

Más allá de que el límite aplicable a los reclamos históricos es difuso en el tiempo y en el espacio, la realidad es que Marruecos se ampara en reinos que existían siglos antes de la fundación del Marruecos moderno para exigir territorio perteneciente no solo a España y la República Árabe Saharaui Democrática, sino también a Argelia, Malí y Mauritania. El Gran Marruecos.

Este arma es de doble filo y podría haber propiciado reclamos por parte de España sobre los vastos territorios que controló en Marruecos en el pasado. Normalmente, este tipo de diferendos se suelen despejar a través del reconocimiento mutuo del statu quo o la renuncia mutua a reclamos sobre el otro país.

Sin embargo, lo que vemos es a una oposición que no señala a Marruecos por tratar de chantajear a España ni propone ningún cambio en la política exterior española respecto a su frontera sur, sino cambios en política migratoria y una mayor transparencia sobre el porqué del cambio de postura español. Esto es no tener proyecto de país.

Pero también vemos a un Gobierno que ha renunciado a que la cooperación con Marruecos, necesaria y esencial, implique abordar temas espinosos como el reconocimiento de la soberanía española sobre Ceuta, Melilla y las aguas canarias.

Dando por hecho que se ha abandonado a los saharauis y la defensa del derecho internacional en torno a ellos, el Gobierno español ni siquiera garantiza el paraguas de la OTAN sobre las ciudades autónomas. No es cierto que las ciudades estén cubiertas por el artículo 5 de la OTAN, ya que queda explicado en el artículo 6, donde se excluye a los territorios africanos.

España tampoco quiso hacer explícita su defensa en la cumbre de Madrid durante el debate sobre el flanco sur de la OTAN. Todas estas dudas, planteadas en nombre de la cordialidad, son nuevas bazas entregadas a un Marruecos que no renuncia a sus objetivos ni a sus estrategias, mientras hay personas que mueren al ser utilizadas como arma geopolítica y se desatienden políticas sociales para financiar megainfraestructuras deportivas.

Y el tiempo parece estar del lado de Rabat, en tanto en cuanto Israel, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Francia y más potencias regionales buscan acercarse de manera estratégica al país magrebí, en detrimento de una España que ha perdido proyección de poder relativo en las últimas décadas.

_________________________

Alejandro López Canorea dirige el medio Descifrando la Guerra. Es antropólogo, profesor, escritor y analista de política internacional en prensa, radio y televisión.

Éramos cinco y todos mayores e informados "lo normal", por lo que fue imposible evitar que Ceuta se colara en medio de asuntos menores. Ocurrió cuando alguien preguntó si habíamos escuchado en los medios algún recuerdo de lo que ocurrió el 6 de febrero de 2014 en la misma playa del Tarajal. Solo uno respondió que sí, por lo que toca regresar allí. Pero antes…

Antes debo reconocer que es ahora, diez días después de la “invasión”, cuando me viene la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que de una movilización de 70.000 personas tan cerca de Ceuta no hubieran llegado avisos a ningún medio de comunicación español, esos que tantas veces consiguen filtraciones?

No me cabe la menor duda de que habrían publicado la exclusiva a bombo y platillo… O quizás no. De hecho, no he leído a nadie entonando el mea culpa por no haberse enterado de lo que se estaba preparando desde Marruecos contra España, aunque dediquen toneladas de tinta y tiempo a especular sobre quién filtró qué entre Interior y Defensa.

Volviendo a aquel febrero, tan frío, de los 200 inmigrantes que intentaron llegar a Ceuta, 90 lo hicieron nadando. Según el Centro Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), “mientras estas personas se encontraban en el agua, agentes de la Guardia Civil intentaron evitar que alcanzaran tierra firme mediante el uso excesivo de la fuerza y de material antidisturbios, como pelotas de goma, salvas detonadoras, y botes de humo, como reconocieron posteriormente las autoridades españolas que testificaron sobre el caso Tarajal”.

Murieron 14 personas, es decir, más del 15% de las que nadaban y ningún tribunal español condenó a quien dio la orden de iniciar aquel tiroteo.

En 2014 no gobernaba Pedro Sánchez y me ha parecido tan interesante esta información de CEAR que, por si un día desapareciera Internet para no volver, he decidido imprimirla en papel y, además, en letra grande, por si llega otro día en el que me cueste leer la pequeña, aunque no sea la de la hipoteca.

Igual que no fue M. Rajoy quien dio la orden directa de disparar a indefensos en febrero de 2014, si Pedro Sánchez hubiera enviado fuerzas armadas de cualquier clase a Ceuta, al ver la multitud avanzando por mar y tierra, quien estuviera al mando en ese momento habría ordenado disparar, para no ser menos, y los muertos habrían sido muchos más.

Para hacernos una idea de los resultados de dos maneras distintas de afrontar las crisis migratorias, supongamos que esta vez terminan siendo 200 los muertos, el doble de los que se dicen, y 70.000 el total de inmigrantes que han permanecido en Ceuta entre 48 y 72 horas- El porcentaje de fallecidos habría sido inferior al 0,3%, es decir, 50 veces menos de los que se produjeron en 2014, con M. Rajoy en La Moncloa. Y esta vez sin disparos desde España.

Convertir muertos en porcentajes es despreciable, pero también inevitable, porque los números no se inventaron (solo) con malas intenciones. Y como soy de los que piensan que la vida de cualquier persona vale lo mismo que la de Feijóo, Abascal o Sánchez, por poner tres ejemplos, llego a la conclusión de que las decisiones que los dos primeros reclaman demuestran que el tercero siente mucho más respeto por las vidas de los demás, sean quienes sean.

Lo digo porque no me cabe en la cabeza que Sánchez no tuviera información de lo que podía ocurrir en Ceuta y porque pienso que, si no envió fuerzas armadas fue precisamente para evitar que mataran. La estrategia de disuasión basada en la “prudencia” a la que se refiere Rafael Fraguas en su último artículo ha estado guiada por principios que terminarán triunfando o, como mínimo, convirtiéndose en ejemplo para avergonzar a tantos, tal como ha ocurrido con su oposición a las repetidas exigencias de Trump.

¿Alguien se cree que a Trump le importará ni medio bledo lo que piensen sus admiradores Feijóo, Abascal y Ayuso si un día llega a un acuerdo con Mohamed VI para conseguir pingües beneficios de una campaña de apoyo a “Ceuta y Melilla marroquíes”? Todos sabemos que, ni protegidos con el mejor chaleco antibalas, acudirán cualquiera de esos tres en persona a defender unas fronteras tan “españolas”.

Y si Sánchez se hubiera equivocado, este agosto de 2026 no habríamos visto a los ceutíes sacando de su ciudad, casi “a hostias”, a los fascistas Vito Quiles y similares que, como en Torre-Pacheco, intentaban pescar en río revuelto.

__________________

Domingo Sanz es socio de infoLibre.

¿Por qué la Comisión Europea no ha tramitado un requerimiento formal “Request for Information” (RFI) 1 en lugar de entrevistarse con Meta y TikTok dándoles un plazo hasta el lunes? No sé qué responder, pero creo que se debiera aclarar el porqué. La Comisión puede hacer ese requerimiento y debió hacerlo, en lugar de esperar dos días. Pues es posible que, sin la preservación de datos que conlleva, determinados contenidos, cuentas, metadatos o registros desaparezcan. Es como ofrecer al sospechoso dos días para ocultar las pruebas del crimen. Entonces, ¿por qué la Comisión se ha limitado a aconsejar que vigilen más las plataformas, en lugar de requerir judicialmente esa información? La situación es lo suficientemente grave, aún más cuando esa estructura parece haber migrado a lugares menos visibles de la red.

Las grandes tecnológicas están por la labor democrática, se ve en sus manifestaciones brazo en alto. Y hay cierta sintonía en los antiguos camaradas del Silicon Valley, pero yendo a lo concreto: el viernes la comisaria Henna Virkkunen se reunió con representantes de TikTok y Meta, al parecer para animarlos a que vigilen mejor las redes. Pero si esto es así y sólo ha pedido que vigilen y no ha pedido una RFI, es muy posible que si hay connivencia, esos datos desaparezcan.

Existe una Ley de Servicios Digitales, la “Digital Services Act” (DSA) que permite ese requerimiento y, seguramente, hay responsables a los que no hay rogar: “¿Porfa, decidnos qué ocurrió?”. Pues está claro, como parece derivarse de la investigación de Golden Owl 2, que se trata de una red organizada, y que si sigue ahí para volver a la carga las plataformas pueden decir muchas cosas. Por tanto, se puede y se debe exigir mediante RFI a TikTok y a Meta, no que incrementen la vigilancia, sino que identifiquen las primeras publicaciones relativas al desplazamiento a Ceuta, que identifiquen quién creó dichas cuentas, que reconstruyan la propagación, que determinen desde qué países actuaron esas redes, que identifiquen las cuentas que actuaron coordinadamente, qué cuentas amplificaron el contenido, que examinen los cambios habidos de administradores y nombres, que examinen cuándo se crearon los grupos, que comparen la actividad privada hasta donde jurídicamente sea posible, que conserven los registros antes de que puedan desaparecer los ciclos normales de retención (sin esto no hay nada), que comparen la información de Meta con la de TikTok y otras posibles plataformas intermedias, que, posteriormente, crucen la información obtenida con el socio comunitario España, es decir con las autoridades competentes para intentar delimitar cómo pasó y quién hay detrás de esto. Evidentemente, para luego poder pedir responsabilidades. El lunes será quizá demasiado tarde. Posiblemente, el maquillaje será tan bueno que tapará el cuerpo del delito.

La Comisión puede además ejercer su potestad de comprobar directamente los sistemas y registros de las grandes plataformas, las “Very Large Online Platforma” (VLOP), que funcionan en su territorio. Hay que tener en cuenta quién controla los datos europeos de TikTok y Meta y, además, los que se facilitan a Marruecos, con lo cual el gobierno marroquí también debería, pues no es socio comunitario, solicitar esa inspección por los cauces apropiados. Aunque TikTok pertenece a ByteDance, es necesario plantear qué empresa es responsable en Europa de los datos implicados. En este sentido, al igual que con Meta, requerir esa información a quien corresponda. Hay que tener en cuenta que pueden haber entrado en liza otras plataformas y otras redes, con lo cual la cosa se complica, pero igualmente bajo la DSA se puede actuar si se quiere.

________________

Sergio Hinojosa es licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada y profesor de instituto.

La madrugada del incendio que arrasó la sierra madrileña, Haitam (19 años) llevaba solo tres horas dormido cuando tuvo que abandonar su casa. Su familia y sus vecinos de Colmenar del Arroyo (un pueblo de 2.053 habitantes en la Sierra Oeste, a 53 kilómetros de la capital) fueron evacuados por el humo y las cenizas que ya cubrían el pueblo. Ellos encontraron refugio en Las Rozas, en casa de un amigo de Haitam.

Acababan de regresar de un viaje a Cádiz. Llegaron a casa hacia las seis de la madrugada del 24 de julio y apenas pudieron dormir. A las 11 de la mañana, despertaron a Haitam porque el fuego estaba cerca.

“Era imposible quedarse”, recuerda. Poco después de que lograran salir, las carreteras quedaron cortadas. El fuego, que la presidenta de la Comunidad de Madrid llegó a calificar como “el peor incendio de la historia de la región”, no alcanzó el casco urbano de Colmenar del Arroyo. Por eso, cuando pudieron volver, todo seguía en pie.

Aquellas horas de incertidumbre se suman a la historia de una familia que lleva 30 años construyendo su vida entre Marruecos y España.

Hicham, el padre de Haitam, tenía 21 años cuando cruzó a España por Ceuta, la misma frontera por la que, tres décadas después, decenas de miles de personas han vuelto a intentar entrar en busca de un futuro mejor. 

Corría 1995 cuando dejó Larache, una ciudad al norte de Marruecos, donde trabajaba como marinero, un oficio que, según recuerda, tenía “pocos derechos”. Su objetivo era llegar a Holanda, pero decidió hacer una parada en Colmenar, donde vivía su hermana. “Mi intención nunca fue quedarme en España”, comenta. Le ofrecieron trabajar unos días en un restaurante para ganar algo de dinero antes de seguir su viaje al centro de Europa. Pero, lo que iba a ser una semana de trabajo, se convirtió en un contrato. Tuvo suerte, el dueño le tramitó los papeles y se quedó allí hasta 1999. Aquella oportunidad le abrió más puertas. “El dueño abrió nuevos locales y me llevó solo a mí con el jefe de cocina”.

En 1999 decidió retomar su plan inicial. “Me cansé de España y me fui a Holanda”. A partir de ahí, la vida de Hicham se cuenta entre fogones. Se convirtió en jefe de cocina de un restaurante marroquí hasta 2003, cuando regresó a España porque su antiguo jefe le pidió que volviera tras sufrir un accidente. Después trabajó en El Real Ingenio Chico, en Segovia; en un establecimiento de Los Ángeles de San Rafael y en otro de Alcalá de Henares. En 2009 volvió a Holanda durante seis meses para diseñar la carta de un restaurante español en La Haya; más tarde pasó tres años junto a la mezquita de la M-30 y regresó de nuevo a Holanda entre 2015 y 2018, hasta que sus hijos, ya adolescentes, dejaron claro que no querían mudarse con él.

Hicham viajaba de vez en cuando a visitar a su familia a Marruecos, aunque nunca se quedaba más de un mes. Fue en una de esas visitas cuando se casó con su mujer. “En agosto de 2003 me casé y volví a España para arreglarle los papeles a mi esposa”. Karima llegó a España en 2004, embarazada de Adam, el mayor de los tres hermanos. Se habían conocido en Marruecos, donde ella había estudiado Derecho, especializada en procedimiento penal, aunque nunca llegó a ejercer. “Me casé el mismo año que terminé la carrera y no me dio tiempo a nada más”. En España, el idioma y la crianza de los hijos le cerraron la puerta a la convalidación de su título. Los tres hermanos, Adam de 21 años, Haitam de 19 años y Umaima de 16, nacieron ya en España. Haitam describe la casa familiar como un reparto casi exacto entre las dos identidades: “Con mis padres hablamos marroquí, entre hermanos hablamos más español”. La comida, la decoración, los muebles, dice que “son más de Marruecos que de aquí”. Y es que aún hay lazos familiares que les unen, como es la familia de su madre que siguen en Larache, de la parte de Hicham queda aún su madre y algunos hermanos.

Hicham y Karima decidieron que preferían criar a sus hijos en un pueblo pequeño antes que en una ciudad como Madrid. “Hay mucho más control que en la ciudad”, sostiene el padre. Haitam lo confirma desde su propia experiencia. “Cuando me cambié de instituto a Las Rozas, allí todo pasaba por el móvil, había que organizar cada quedada con antelación. En el pueblo hay situaciones mucho más espontáneas. Te encuentras con tus amigos al salir de casa”, cuenta.

Tras años trabajando en cocinas de España y Holanda, Hicham logró abrir su propio restaurante. Tras cerrar un primer negocio en Navas del Rey, la familia inauguró el Bar Casa Mariano, en Colmenar del Arroyo, en febrero de 2026. El negocio es, al mismo tiempo, el sustento y la ausencia. “Antes, cuando trabajaba en restaurantes ajenos, tenía turnos partidos pero jornadas más previsibles; ahora tener el bar significa estar siempre disponible”, dice Hicham. "En casa pasamos muy poco tiempo", confirma Haitam.

Karima ha vivido esa exigencia desde distintos frentes. Durante años trabajó junto a su marido en el bar y, desde hace dos meses, cubre una baja en una residencia de mayores. “Aquí estoy aprendiendo cosas nuevas, como cocinar para muchos comensales”, explica. Además, sigue encargándose de la parte administrativa del negocio, papeles y nóminas, “la parte que a él no le gusta”, dice entre risas.

Los tres coinciden también en que nunca han sufrido un episodio de racismo que haya marcado sus vidas. Hicham asegura que siempre se ha sentido “muy acogido”. Karima recuerda que nunca tuvo problemas ni en el colegio de sus hijos ni en sus trabajos, donde ella llevó hiyab con total normalidad. Haitam tampoco habla de discriminación directa, aunque sí de comentarios aislados. “Ese tipo de actitudes las veo más en redes sociales que cara a cara”.

Haitam recuerda una frase que su padre les ha repetido desde pequeños: “Yo tengo la excusa de no haber nacido aquí y de aceptar cualquier trabajo, incluso donde me exploten. Vosotros no”.. Karima lo expresa de una forma parecida. “Nosotros trabajamos el doble por ser inmigrantes. Vosotros tenéis que sacar una carrera aquí para vivir mejor”, les repetía. Esa idea marcó la educación de los tres hermanos. 

Adam y Haitam cursaron el bachillerato de Excelencia. Hoy, Haitam estudia Ciencia de los Datos Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y este verano compagina la carrera con su primer trabajo.

Esa exigencia, admite, no siempre fue fácil. “De pequeños había mucha disciplina. En bachillerato ya nos dejaron a nuestra bola y la presión pasó a ser nuestra”.

Adam estudia Comercio y Umaima cursa el bachillerato de Ciencias. “Nunca les he dicho lo qué tienen que estudiar. Solo que hagan algo que les guste y lo saquen adelante” resume Hicham.

Las imágenes de Ceuta han removido los recuerdos de Karima. Habla de hospitales donde “aunque tengas dinero, el médico no está” y de aulas de hasta 50 alumnos para explicar por qué tantos jóvenes se juegan la vida en el mar. Pero también les manda un mensaje: “A quienes están pensando en venir les diría que aquí tampoco es fácil: hay que trabajar y luchar”. Hicham lo vive con una emoción distinta. Él cruzó esa misma frontera con poco más de veinte años. Lamenta las muertes y cree que detrás de lo ocurrido “hay una decisión política”.

Haitam, que nació ya en España, teme que episodios como este alimenten prejuicios contra quienes, como él, han crecido aquí. “Esos chavales solo quieren cambiar su vida, como quiso hacerlo mi padre”, dice.

El mismo sueño que empujó a Hicham a cruzar la frontera por Ceuta hace 30 años sostiene hoy la vida de esta familia en Colmenar del Arroyo. Sus hijos ya no piensan en emigrar, pero sí en continuar el camino que empezaron sus padres: construir su futuro donde nacieron.

Miremos lo de Ceuta como un continuum o es difícil que lo entendamos en su verdadera magnitud. Y, para no remontarnos a Abdel-Krim, pongamos que la serie que protagonizamos comienza con la Marcha Verde, mientras agoniza el anciano dictador español, y acaba hace unos días, cuando también, casualmente, el Gobierno de España está en una coyuntura de debilidad extrema. Hay que saber elegir la circunstancia y el momento, y en eso nuestros vecinos del sur son unos maestros.

El continuum entre la Marcha Verde y Ceuta viene salpicado por diferentes episodios. Algunos como la aguerrida toma del islote Perejil (¿qué fue de aquellas cabras?), bajo el mandato de José María Aznar, a quien el asalto le salió mejor que lo de Irak y le sirvió para sacar pecho. Otros, más dramáticos, como los sucesivos intentos de pasar a España sobre las vallas con concertinas de Melilla. Pues bien, toda la secuencia persigue un fin último: la recuperación de la soberanía sobre Ceuta y Melilla para la corona alauí. Un asunto central que no deja de tener bastante lógica histórica, pero que España y Marruecos evitan mencionar explícitamente. Por ello, las tensiones se repiten periódicamente y Marruecos continúa su guerra de desgaste, que seguirá originando muchas más víctimas que las que ahora se han producido.

Por un lado, Marruecos no tiene prisa, ya que dispone de abundante carne de cañón. Por otro, la tolerancia de España para compadrear con Marruecos y mirar hacia otro lado parece casi infinita. En el análisis de lo que acaba de ocurrir en Ceuta debe también entrar la cuestión del Sahara Occidental, “resuelto” casi clandestinamente con la entrega, por parte de España, país administrador, a Marruecos, potencia ocupante. Un acto canallesco que se vendió como una cesión para garantizar el fin de las mafias que controlaban el tráfico humano hacia las costas españolas. El brillante resultado de la traición española hacia el pueblo saharaui está ahora a la vista: los marroquíes no solo incumplieron el acuerdo, sino que ante la reciente “reconciliación” con Argelia, enemigo histórico, consideraron que era el momento de dar otro golpe de efecto que pusiera de manifiesto quién maneja el mango de la sartén, aunque ello costara la vida a decenas de súbditos del sátrapa alauí.

La reacción española, al omitir cualquier referencia a la responsabilidad o dejación del régimen marroquí en lo sucedido, es intolerable. Hay problemas históricos que resolver y no deben aplazarse más. Von der Leyen y sus corifeos no van a arriesgar nada para solucionarlos, como ha quedado de manifiesto. La extrema derecha aprovecha la ocasión para pescar en río revuelto (los portugueses de Chega ya han pedido el restablecimiento de los controles fronterizos entre Portugal y España). El espacio Schengen, al primer embate, muestra sus costuras.

Trump, bien, gracias.

___________________________

Francisco J. Faraldo es socio de infoLibre.

Hace un par de semanas publiqué una columna titulada Los empresarios del miedo, que explicaba cómo ciertos grupos de poder explotan el miedo y la incertidumbre de las sociedades a través de la fabricación de un 'otro'. Lo que ha pasado en Ceuta es un claro ejemplo del triunfo de esta gentuza. Otra victoria más cosechada a costa del sufrimiento extremo de unos y de la debilidad e ingenuidad de otros.

El miércoles de la semana pasada me contactó Israel Remuiñán de la COPE: “Lucila, te escribo por lo que está pasando en Ceuta”. “Acabo de empezar mis vacaciones y estoy desconectada, ¿qué está pasando?”. Hablé con mi amigo I. que es de Castillejos y me contó que la situación en la ciudad lleva meses siendo insoportable. Hay militares por todos lados. Detienen a la gente de forma arbitraria. Hace un par de meses subieron a su hermano con más personas a un autobús. Iban con ropa de verano, bañador, camiseta, chanclas. Los dejaron abandonados de esta guisa a 1.000 km de la ciudad. “Es muy triste”, me comentó, “la ciudad es invivible”. Por lo visto aparecen cuerpos ahogados todos los días desde principio de año. Hay un cementerio con personas sin identificar que crece por momentos y la morgue de Castillejos estaría desbordada. 

Este testimonio no me sorprendió. En 2024 nuestro equipo de periodismo de la Fundación porCausa dirigido por el periodista José Bautista participó de una investigación que demostró que Marruecos, Mauritania o Túnez, con el apoyo de España y la Unión Europea, realizaban traslados y abandonos sistemáticos en el desierto de migrantes que eran detenidos en las costas y trasladados a la fuerza en autobuses a puntos muy lejanos del interior del norte de África. La Unión Europea lleva años externalizando el control migratorio a países que no respetan los derechos humanos. Estos gobiernos tratan a las personas en tránsito y a sus poblaciones con un desprecio absoluto y una brutalidad extrema. Gracias a estas prácticas, los cruces irregulares a España desde África se redujeron un 42,6% en 2025, una tendencia a la baja que se mantenía en la primera mitad de 2026 con un descenso adicional del 24,7% a 15 de julio, según datos de Interior.

Estas conversaciones tenían lugar cuando la cifra de personas que había cruzado a Ceuta todavía no superaba las 1.500 personas. Me faltaba mucha información pero después de 10 años dedicándome exclusivamente a temas migratorios no me cabía duda de que esa entrada excepcional no respondía a un proceso migratorio convencional. El histórico no engaña, expliqué en directo en la COPE, recordemos el caso de la entrada repentina de más de 10.000 personas en Ceuta entre el 17 y el 18 de mayo de 2021. Esto no es migración, esto es el resultado de una estrategia de manipulación y presión que utiliza a la población marroquí como arma arrojadiza. 

El jueves se producía la marcha sobre Ceuta. Interior estima en 72.000 personas las que llegaron. Pero como sucedió en 2021 en pocas horas se habían vuelto casi todas a Marruecos dejando a unas 2.000 personas en el lado español y, según los últimos datos oficiales, un mínimo de 100 personas muertas, que sin duda serán muchas más porque nunca tendremos los datos reales de cadáveres recogidos por Marruecos y totales de desaparecidos. 

¿Quién consiguió movilizar a todas esas personas para que se unieran en una marcha mortal? Los empresarios del miedo. No se trata de un proceso específico sino de una estrategia cuidada que lleva varios años intoxicando a nuestras sociedades con el fin de controlarlas. Denominar crisis migratoria a una invasión civil temporal es producto de esa intoxicación. Lo que ha pasado en Ceuta es un proceso de presión política que ha conseguido desestabilizar nuestra soberanía y tensionar a nuestro Gobierno. Lo lógico habría sido unirnos todos, como en el Mundial, y responder de forma unánime a este ataque. Pero en lugar de abrir el debate legítimo sobre cómo la Unión Europea tiene que proteger las fronteras respetando el derecho internacional y reforzando la unión para evitar este tipo de acciones, hemos acabado debatiendo sobre si España es mora o cristiana. Eso nos deja a los pies de los caballos a nosotros pero también a todos los países fronterizos de la Unión. 

¿Cómo sería la respuesta y el debate si 50.000 civiles ucranianos marcharan de forma temporal sobre Polonia? ¿O si cruzaran 50.000 civiles desde Libia a Italia? 

Y mientras la mayoría nos estremecemos con el dolor de una población sometida al régimen inhumano de nuestro vecino, al que nuestros gobiernos nacional y europeo financian, el pequeño grupo de empresarios del miedo disfruta de los titulares que le permiten seguir socavando de a poquito nuestras democracias. Las personas separadas somos más manejables. 

Tristes somos más susceptibles de ser sometidas. ¿Qué podemos hacer contra eso? Lo más importante es entender bien de dónde viene y ser conscientes de que nos están manipulando. Como dice el veterano senador independiente estadounidense Bernie Sanders: “They have the money. We have the people” (“Ellos tienen el dinero. Nosotros tenemos a la gente”). No podemos dudar de que somos más. A partir de ahí tenemos que construir nuestra resistencia con mucha cabeza. Los 17 puntos del manifiesto de George Lakoff son una buena inspiración a este respecto. 

Añado de mi cosecha lo que le comentaba a mi amiga Aurora el otro día: “Descansar es una forma de activismo”. Nos quieren cansadas, tristes, hiperconectadas y desorientadas. No lo permitamos. No estar enganchadas a las noticias no implica no ser conscientes de que tenemos mucha lucha por delante. Tampoco es una forma de negar las injusticias. Es una herramienta para recargar energía, para volver al tajo recuperadas, fuertes y llenas de amor. El amor es lo más punk y subversivo que hay en estos momentos. El amor es el acto político con el que acabaremos con los empresarios del miedo. Y lo haremos, porque somos más y vamos a ganar.

_________________________

Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

Santiago Abascal evita presentar a Marruecos como un Estado hostil, pese a calificar de “invasión” la entrada de más de 70.000 marroquíes en Ceuta el pasado jueves. La actual crisis fronteriza ha dejado ya un centenar de fallecidos según las organizaciones sobre el terreno, pero el líder de Vox obvia este argumento en sus declaraciones públicas. El líder de la extrema derecha española definió desde la ciudad autónoma como  “acto de guerra” la entrada masiva de personas, pero cargó las tintas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que dijo debería ser juzgado y estar en prisión, e insinuó —sin aportar pruebas— que Marruecos podría disponer de información sobre supuestas corrupciones del presidente que explicaría su falta de respuesta ante Rabat.

Así, Marruecos puede ser para Vox, al mismo tiempo, el Estado que presiona, chantajea y agrede a España, pero no aparecer en las críticas sobre la responsabilidad de lo sucedido. Esa parte queda reservada para el presidente del Gobierno, presentado por los ultras como responsable o cómplice de la agresión. A él se le suma otra de las figuras culpables habituales para los ultras: los ciudadanos marroquíes que cruzan la frontera, convertidos en el rostro visible de la amenaza y protagonistas a su vez el eje central de los acuerdos con el Partido Popular bajo la consigna de “prioridad nacional”.

Abascal ya había formulado hace meses, antes de la crisis de Ceuta, esta misma posición en una entrevista difundida por el pódcast WorldCast. “Yo no pienso que Marruecos sea el enemigo”, aseguró el pasado mes de mayo. “Marruecos es una nación vecina con la que tenemos que intentar tener una buena relación basada en el respeto mutuo”. También defendió que para ser buenos vecinos son necesarias “altas vallas” y “fronteras firmes”, y acusó a Sánchez de haber convertido a España en el “perrito faldero” del reino alauí. 

Unas declaraciones que fueron criticadas por otro ultra, el eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez. “¿Cómo va a ser socio un país que nos extorsiona con la inmigración o Pegasus, exporta las mafias que matan a nuestros guardias civiles, amenaza Ceuta, Melilla y Canarias, o nos espía con software israelí?”, planteó, tras recalcar que él estaba de acuerdo con la posición de Abascal de 2021, en la anterior crisis fronteriza en Ceuta, y no con la actual. 

Abascal ha evitado en todo momento mencionar al rey Mohamed VI, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, como responsable de la situación en Ceuta. Y, aunque para el líder de la ultraderecha Marruecos es un vecino peligroso y expansionista, también defiende que España debe conservar una “buena relación”. Mohamed VI funciona sobre todo como representación de la humillación de Sánchez, bajo el lema o pregunta en abstracto de “qué le debe el PSOE a Marruecos”. Abascal lo evoca para describir a un presidente arrodillado ante un soberano extranjero, pero rara vez convierte al rey en destinatario directo de sus exigencias.

Así, los dirigentes de Vox apenas dirigen críticas al monarca alauí, pese a las denuncias que acumula por parte de las organizaciones de derechos humanos. Una de las excepciones la protagonizó el exdirigente de Vox, José Ángel Antelo, en 2024, tras denunciar que el rey había indultado a más de 2.400 presos, pero la acusación se centró en los posibles delitos que esas personas cometerían en España. Antelo afirmó, sin acreditar que fueran a trasladarse al país, que cada “violación”, “machetazo” o robo sería responsabilidad del PP y del PSOE.

En el relato de Vox, Marruecos posee capacidad de decisión. El partido afirma que controla la frontera, instrumentaliza las migraciones, abre y cierra las aduanas según sus intereses y utiliza la cooperación como mecanismo de presión. Juan Sergio Redondo, presidente de Vox en Ceuta, ya había descrito la política marroquí como una “habitual extorsión”. Según Redondo, Rabat ha creado instrumentos con los que “chantajear a España”, emplea estratégicamente la gestión migratoria y “sabe exactamente lo que hace”.

Pero esa claridad desaparece cuando llega el momento de identificar a las personas e instituciones responsables. Apenas se explica qué órgano adoptó las decisiones, qué responsables dirigieron la supuesta operación sobre Ceuta o qué intervención tuvo Mohamed VI. Se señala a Marruecos como un ente, de forma etérea, pero se evita cualquier referencia directa. En cambio, la responsabilidad española nunca es abstracta.

La cautela que Abascal aplica al definir a Marruecos desaparece cuando se refiere a sus ciudadanos. En Ceuta no habló sólo de una entrada irregular o de una crisis migratoria, sino de una“invasión”, tratando de deshumanizar y presentar a todas las personas que sobrepasaron la frontera como un único sujeto hostil, especialmente si estos son musulmanes. Y es que la formación ultra relaciona la inmigración, la enseñanza del árabe y la cultura árabe con una supuesta “islamización de España” y con valores que considera incompatibles con la sociedad española. 

Vox sostiene que Marruecos utiliza a seres humanos como instrumento de presión política, pero al mismo tiempo instrumentaliza a estas personas políticamente, lo que le permite desplazar la responsabilidad sin señalar al poder político. En el imaginario que intentan crear los ultras, se asocia al migrante, también al marroquí, con la inseguridad, con la saturación de la vivienda y de los servicios públicos. El poder marroquí, sin embargo, permanece al otro lado de la frontera y exige un análisis geopolítico más complejo.

Pero a quien sin duda identifica Vox de manera clara es a los menores marroquíes que permanecen en Ceuta. El secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, aseguró este jueves que los gobiernos autonómicos compartidos por PP y Vox se opondrán “totalmente” a los traslados pese a que la formación de Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que sí que van a cumplir con la ley. A juicio de Vox, sin embargo, hacerlo no consiste en distribuir a los menores entre los sistemas de protección, sino en “devolverlos ya a Marruecos”. Es más, en una entrevista en Cuatro sostuvo que lo que tienen que hacer las fuerzas de seguridad con los marroquíes es “cazarlos o pescarlos uno a uno”: “Es lo que hay que hacer”, señaló. Una expresión que no fue un accidente ni un desliz verbal. Días antes había utilizado exactamente la misma expresión, “cazarlos”, en una entrevista en Antena 3.

A pesar de los exabruptos de Figaredo, en el caso de menores, también de los marroquíes, que llegan a España, la norma aprobada el pasado año es clara: se debe trasladar a menores desde territorios en situación de contingencia migratoria extraordinaria hacia otras comunidades y estos territorios no pueden negarse, algo que modificaba etsa ley ya que hasta entonces la reubicación era voluntaria. La acogida de menores migrantes ya fue una línea roja para la formación de Santiago Abascal hace dos años. En julio de 2024, Vox abandonó los cinco gobiernos autonómicos que compartía con el PP después de que los populares aceptaran una reubicación de menores procedentes principalmente de Canarias. 

En los bandazos de Vox con su posición respecto a Marruecos también aparece el Mundial de fútbol. La formación de Santiago Abascal ha trasladado al Congreso como respuesta a la crisis de Ceuta una medida en la que, paradójicamente, coincide con Sumar y Podemos: que Marruecos sea expulsado de la organización del Mundial de fútbol de 2030. La proposición no de ley registrada este jueves por la portavoz parlamentaria, Pepa Millán, reclama que el Gobierno promueva ante la FIFA la exclusión del país vecino, impida que la final se celebre fuera de España y exija “transparencia y objetividad” en todas las decisiones sobre el campeonato.

La iniciativa permite analizar con precisión cómo distribuye Vox las responsabilidades. La formación ultraderechista describe una “invasión intolerable” protagonizada por más de 80.000 marroquíes (sic), acusa a Marruecos de instrumentalizar la inmigración y califica lo sucedido de estrategia de “guerra híbrida” y de “actos de guerra contra España”. Sin embargo, cuando llega el momento de identificar al responsable político de esa supuesta operación, Mohamed VI, aliado de Estados Unidos, sólo aparece una vez en las cinco páginas de la proposición. 

Vox sostiene que el éxodo contradice la imagen de modernidad que “el régimen de Mohamed VI pretende proyectar internacionalmente”. No afirma que el rey ordenara abrir la frontera, que conociera la operación o que interviniera en ella, como plantean algunos analistas. Tampoco lo menciona en ninguno de los tres puntos que el Congreso debería reclamar al Gobierno. La proposición propone una represalia internacional contra el Estado marroquí, pero despersonaliza la responsabilidad en la cúspide del poder.

Solemos pensar que, al contar lo que ocurre en el mundo, lo que hacemos es simplemente presentar los hechos, de manera similar a lo que se hace cuando se cartografía una cierta zona geográfica. Del mismo modo que un mapa representa fielmente los recovecos de un determinado lugar en el mundo, una noticia, podríamos pensar, representa fielmente unos hechos determinados. Ni los mapas ni las noticias, sin embargo, funcionan de esa forma.

El 30 de julio de 2026, aproximadamente 72.000 personas entraron de manera descontrolada en Ceuta desde Marruecos, a nado y a pie. Durante las siguientes 36 horas, casi 70.000 regresaron a Marruecos. Más de 80 personas perdieron la vida.

Lo que ocurre en el mundo, como lo que ocurrió en Ceuta, puede narrarse de diferentes maneras, y el modo en el que narramos lo que ocurre cuenta una historia. Uno de los rasgos que exhiben las narrativas, las historias, es que conectan los acontecimientos de una manera particular. Las historias, las narraciones, organizan la información de una determinada manera y no de otra, conectando ciertos hechos con unos eventos y no con otros, dotándolos así de un sentido particular. Explican los cómos y los porqués de lo que ocurre.

Piensa en el clásico pasatiempo en el que tienes que unir con una línea puntos numerados en un papel. Si lo haces de forma consecutiva, 1, 2, 3, acaban formando un elefante, un jarrón. Si te saltas algunos puntos, la imagen aparece deformada; si vuelves a numerar los puntos, los mismos puntos, puede que obtengas una figura completamente diferente. Determinar las coordenadas de cada punto, los hechos, con precisión es crucial, pero en el momento en el que olvidamos que estamos juzgando, engarzando puntos lápiz en mano para construir una historia, estamos ya en manos de otros.

Un aspecto crucial de una organización narrativa es que establece jerarquías: dos narrativas pueden contar exactamente los mismos hechos y, sin embargo, hacer que unos tengan más relevancia que otros. Algunos hechos están, digamos, en primer plano, mientras que otros están más en el trasfondo. Además, las narrativas ofrecen un marco interpretativo, una manera particular de mirar a los hechos. No solo dirigen nuestra atención a unas cuestiones en vez de a otras, sino que además las presentan bajo una determinada mirada.

Las narrativas son herramientas muy poderosas para persuadir porque permiten, entre otras cosas, presentar una historia como si fuera la única representación fiel de ciertos hechos acontecidos en el mundo. Así promueven, de forma más o menos velada, una determinada manera de mirar, una ideología. No podemos dejar de mirar desde algún sitio, pero hay narrativas que nos permiten imaginar que ese sitio ha desaparecido, que flotamos con millones de ojos sobre los hechos para mirar desde ninguna parte.

Es imposible tener en cuenta absolutamente todo lo que tiene que ver con un determinado acontecimiento cuando lo contamos. La cuestión es cuáles son los hechos relevantes y cómo se conectan unos con otros. Los acontecimientos pueden narrarse de muchas maneras, sí, pero esto no equivale a decir que todo vale. Hay narrativas que incluyen hechos falsos, o que conectan hechos reales de forma poco cuidadosa. Hay quienes ven causalidad donde solo hay coincidencia, o que presentan como premeditados sucesos que ocurrieron de manera fortuita. Que nuestra capacidad de dar sentido a lo que ocurre esté ligada a las historias que construimos no excluye que haya narrativas mejores que otras.

Una historia repetida sobre la crisis de Ceuta del 30 de julio de 2026 conecta los acontecimientos que ocurrieron con la sentencia del Tribunal Supremo español, la regularización extraordinaria de personas migrantes en España, las mafias que trafican con seres humanos y la visita de Pedro Sánchez a Argelia. Esta historia, estructurada de una cierta manera, pone el foco de atención en las actuaciones y omisiones del Gobierno de España. Esta, o una similar que comparte plantilla con ella, es la historia que hay detrás de la solicitud de Italia y Finlandia de expulsar a España del espacio Schengen, y de las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo de que Pedro Sánchez conocía la amenaza migratoria sobre Ceuta desde principios de semana y “nada hizo” por evitar la “invasión”.

Pero esta historia, por mucho que se repita, no se siente como mirar desde ningún sitio, como mirar los hechos, flotando, con millones de ojos. Hay algo aquí que nos ata a un punto de vista muy particular. De manera relativamente clara, esta narrativa oculta el carácter estratégico de la crisis en Ceuta. Los hechos que menciona se presentan bajo una determinada luz; otros no se mencionan lo suficiente. La línea de puntos está unida a saltos. El jarrón está deformado. Se hace patente que estamos ante los puntos engarzados por otros; que estamos en sus manos.

Según el barómetro de julio de 2026 del CIS, la ciudadanía española señala la inmigración como el segundo problema principal del país, solo por detrás de la vivienda. Ni la corrupción política ni los problemas de índole económica aparecen por encima. En el mismo barómetro, el PSOE aparece por delante del resto de partidos en intención de voto y simpatía, agrandando la ventaja que tenía sobre el PP hacía un mes. La estrategia de la oposición, sugieren estos datos, estaba empezando a perder fuerza. Los descomunales incendios que han asolado España durante el verano, ligados en la prensa a las medidas negacionistas del PP y Vox, junto con los escándalos del ático de Ayuso, estaban haciendo mella.

Pero hay más. Alguien que vota a Vox tiene 4,4 veces más probabilidades de mencionar la inmigración como uno de los tres problemas más importantes para el país que alguien que vota al PSOE. Cuando se pregunta por los problemas que les afectan personalmente, la diferencia es todavía mayor: la probabilidad entre quienes votan a Vox es 7,5 veces mayor. Con respecto a Sumar, las diferencias son incluso mayores.

Algo parecido ocurre cuando miramos dónde se sitúan ideológicamente quienes mencionan la inmigración como problema nacional: el 21,7% se dicen de izquierda, el 33,5% de centro y el 44,7% de derecha. Como problema personal, la diferencia es todavía más pronunciada: 20,6% de izquierda, 27,6% de centro y 51,8% de derecha.

Pero en el centro del tablero político, especialmente, ocurre algo interesante: hay un salto importante entre lo nacional y lo personal. Hay bastante más gente que ve la inmigración como un problema nacional que como un problema personal. Por cada persona del centro que la menciona como problema propio hay 2,6 que la mencionan como problema del país. Ese desajuste puede verse como un incentivo para las campañas de información. El objetivo es atraerse a esta parte de la opinión pública, hacer que empiecen a ver también ellos la inmigración como un problema personal.

Con estos datos a la vista, un nuevo mapa parece ir adquiriendo su forma. Una “crisis migratoria” permitiría reforzar las posiciones con respecto a la inmigración de PP y Vox y les permitiría reducir la ventaja que el PSOE parece sacarles. Además, encajaría bien con cuestiones de relevancia internacional. El 26 de julio, cuatro días antes de la crisis de Ceuta, Marruecos rebautizó una de sus autopistas, una que conecta al país con el Sahara Occidental, con el nombre de “Donald Trump”. La noticia fue anticipada por el propio Trump en su red social al agradecer a Mohammed VI tal acto. Trump estaba al tanto. Había estado recientemente en contacto con Marruecos.

La antipatía de Trump por Pedro Sánchez no es un secreto, al igual que tampoco lo es su preferencia por Vox, el PP y las formaciones de ultraderecha que utilizan, como él, la inmigración como caballo de batalla. Sería muy conveniente que Marruecos, solo o en compañía de otros, generara o permitiera una “crisis migratoria” en Ceuta.

Diversos testimonios de personas que cruzaron la frontera el 30 de julio afirman que los puestos de control habituales en Marruecos habían sido eliminados y que autoridades del Gobierno marroquí alentaban a la población a cruzar. Por las redes sociales en Marruecos circulaba la información de que se podía acceder a España sin restricciones, que las fronteras estaban abiertas. Una información que, después de todo, no parecía ser completamente falsa.

El 30 de julio, en medio del caos, una ola de racismo y de odio hacia el PSOE y Pedro Sánchez empezó a surgir a través de las redes sociales. Las noticias sobre el escándalo del ático de Ayuso se apagaron. Los incendios pasaron a un segundo plano remoto. Israel aplaude la crisis en Ceuta. Trump saca pecho y advierte de que Ceuta es el futuro de EEUU si los demócratas ganan las elecciones. EEUU eleva a nivel 3 el peligro que atribuye a viajar a Ceuta. Alvise Pérez y un séquito de extrema derecha visitan la ciudad. La ultraderecha se relame, impaciente por sacar tajada de una historia repetida.

Una historia con plantilla, una que ya conocemos. Una que se presenta como mirando desde ningún sitio pero que mira desde un sitio muy concreto. Una que une los puntos para alimentar el racismo y el apoyo al extremismo.

______________________

Manuel Almagro Holgado es profesor ayudante doctor en la Universitat de València y ceutí de nacimiento. Neftalí Villanueva Fernández es profesor titular en la Universidad de Granada. Su investigación se centra en la polarización política y la dimensión social y política del lenguaje, entre otras cuestiones.

La crisis de Ceuta ha vuelto a situar a los menores extranjeros no acompañados en el centro de la disputa entre el Partido Popular y Vox. Pero esta vez el conflicto se desarrolla con una diferencia sustancial respecto a lo ocurrido hace dos años, cuando se produjo la ruptura entre ambos por la acogida de los menores en las comunidades autónomas. Ahora, los conservadores no aparecen como el partido que resiste el ultimátum de la extrema derecha, sino como una formación dispuesta a asumir buena parte de su diagnóstico y discurso.

La primera reacción de la dirección nacional del PP fue presentar lo sucedido en Ceuta como una cuestión de “seguridad nacional” y responsabilizar en exclusiva al Gobierno de Pedro Sánchez. Su secretario general, Miguel Tellado, reclamó que quienes habían entrado irregularmente salieran por el mismo lugar, sin diferenciar inicialmente entre personas adultas y menores de edad. El mensaje aproximaba a Génova a la posición de Vox, que exige a sus socios autonómicos una negativa frontal a cualquier distribución de menores migrantes.

Génova, sin embargo, tuvo que rectificar horas después. La vicesecretaria Alma Ezcurra aseguró este miércoles que las comunidades gobernadas por el PP “siempre van a cumplir la ley” y distinguió finalmente entre los adultos y los niños y adolescentes en una entrevista en Onda Cero. Pero aunque la dirección de Alberto Núñez Feijóo admite que la acogida es obligatoria por el decreto ley aprobado el pasado año en el Congreso, varios gobiernos autonómicos compartidos por PP y Vox han anunciado que van a rechazar a los menores procedentes de Ceuta. 

Una consigna que dejó más que clara el líder de Vox, Santiago Abascal, tras afirmar el martes que “ni un euro de los españoles” debe destinarse a la acogida de los menores que se encuentran solos en Ceuta. Los pactos de coalición firmados por ambos partidos en Aragón, Castilla y León, Extremadura y Andalucía contienen prácticamente la misma cláusula. Bajo el enunciado “No más menores extranjeros no acompañados”, los ejecutivos se comprometen a oponerse por medios políticos y jurídicos a cualquier mecanismo de distribución de inmigrantes, incluidos los menores. 

El contraste con julio de 2024 es significativo. Entonces, Feijóo anunció que las comunidades gobernadas por su partido aceptarían el traslado —entonces voluntario— de unos 400 menores desde Canarias y Ceuta. El líder del PP defendió aquel acuerdo como un ejercicio de solidaridad y como un “último esfuerzo” ante la falta de una política migratoria suficiente por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Vox respondió abandonando los gobiernos de coalición de Aragón, Castilla y León, Extremadura, la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia. Abascal había advertido de que consideraría rotos los ejecutivos si el PP aceptaba el reparto. Génova acusó entonces a los ultraderechistas de irresponsabilidad y sostuvo que la acogida de entre diez y treinta menores por comunidad era solo una coartada para romper unas coaliciones que, según el PP, funcionaban correctamente.

Dos años después, Vox ha regresado a varios gobiernos autonómicos y lo ha hecho con mayor capacidad para condicionar sus políticas— con la “prioridad nacional” como bandera— y el PP procura evitar que una nueva crisis migratoria vuelva a provocar una ruptura de la derecha. En lugar de defender desde el principio la solidaridad territorial, Génova ha comenzado cuestionando la acogida y no ha sido hasta este miércoles cuando ha reconocido que sus comunidades deberán cumplir la legislación, aunque no estén de acuerdo con ella.

En 2024, el reparto acordado en la conferencia sectorial era voluntario. Desde la reforma de la ley de extranjería aprobada en marzo de 2025, el Estado dispone de un mecanismo obligatorio para reubicar a menores cuando el sistema de protección de un territorio supera su capacidad ordinaria y se declara una contingencia migratoria extraordinaria. Y Ceuta se encuentra precisamente entre los territorios para los que el Gobierno declaró esa contingencia. Su presidente, Juan Jesús Vivas (del PP), asegura que se está viviendo una situación “absolutamente insostenible” en la ciudad autónoma por la presión migratoria y ha pedido “socorro, auxilio, ayuda y solidaridad” al Gobierno y al resto de comunidades.

La normativa establece un procedimiento de traslado y atribuye a las comunidades de destino la tutela y protección de los menores que les sean asignados. Las autonomías pueden recurrir el reparto, como ya han anunciado algunas comunidades autónomas, y reclamar más financiación, pero no disponen de un veto ni pueden negarse a las reubicaciones mientras la norma siga vigente y los tribunales no suspendan su aplicación.

La obligación alcanza incluso a Vox. Uno de sus dirigentes autonómicos, el vicepresidente andaluz Manuel Gavira, ha reconocido que la situación jurídica es distinta a la de 2024 y que las comunidades tendrán que acatar la legislación, aunque su partido rechace el sistema. Por su parte, el vicepresidente de Castilla y León, Carlos Pollán, ha afirmado que utilizarán “todas sus competencias y recursos jurídicos y políticos” para oponerse al reparto. 

El endurecimiento del PP se produce, además, mientras las instituciones europeas han cerrado filas con España frente a la crisis de Ceuta pese a las críticas iniciales. Los ministros de Interior de la Unión Europea y de los países asociados a Schengen —muchos de la familia del PP— han trasladado su “fuerte solidaridad” con España y han valorado la actuación “rápida y eficaz” de las autoridades españolas. La declaración europea también destacó que la mayoría de las personas que habían cruzado irregularmente habían sido retornadas y que no se había producido un movimiento relevante hacia la península ni hacia otros Estados miembros.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había reaccionado previamente a la situación de Ceuta y condenado las entradas irregulares y los cruces peligrosos. El respaldo europeo permitió al Gobierno contener las críticas iniciales de algunos socios, preocupados por una posible circulación secundaria de migrantes por el espacio Schengen, entre ellos la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que calificó lo ocurrido como una “amenaza para la seguridad de las fronteras europeas” y promovió junto con otros 21 líderes europeos una reunión urgente de ministros de Interior.

Mientras la UE ha situado el episodio en el ámbito de la cooperación con España y de la defensa de una frontera exterior común, desmontando la idea de un Gobierno aislado en Europa, el PP y Vox han intentado trasladarlo al terreno de la confrontación interna. Tellado fue el primero en hablar de seguridad nacional y reclamar devoluciones y se negó a aclarar si las comunidades lideradas por su formación acogerían a los menores, como les reclama no solo el Gobierno, sino también el popular Vivas.

Si llegaran realmente a incumplir con la acogida, el Gobierno podría requerir formalmente a la administración autonómica para que ejecutase el traslado y acudir después a los tribunales. También podrían intervenir la Fiscalía o las entidades encargadas de velar por los derechos de los menores si la negativa provocase una situación de desprotección. Para hablar de desobediencia penal sería necesario analizar la conducta concreta de una autoridad, la existencia de una orden clara y su negativa consciente y reiterada a cumplirla. 

Hay varios motivos que explican la postura del PP. El primero es la competencia electoral con Vox. La hostilidad contra los migrantes es uno de los asuntos de los que la extrema derecha ha hecho bandera. Cuando se produce una crisis fronteriza, como ha sido el caso, el PP teme que una posición centrada en la protección de los menores sea presentada por Vox como una cesión al Gobierno. Adoptar expresiones como “seguridad nacional”, insistir en las devoluciones y cuestionar el reparto permite a Génova reducir inicialmente la distancia con Abascal.

El segundo factor es la nueva dependencia autonómica. Tras las elecciones celebradas en el nuevo ciclo electoral, el PP ha vuelto a alcanzar acuerdos de gobierno con Vox. La extrema derecha ha aprendido de la ruptura de hace dos años y ha introducido en los pactos cláusulas explícitas contra la acogida, que los conservadores han aceptado sin reproches. El margen de los presidentes del PP es menor ahora que hace dos años, porque aceptar un traslado sin confrontación puede ser presentado como un incumplimiento del acuerdo de coalición.

El tercero es el recuerdo de la crisis de hace dos veranos. La salida de Vox dejó al PP gobernando en minoría y demostró que Abascal estaba dispuesto a sacrificar poder institucional para mantener su posición sobre inmigración. Génova sabe que la amenaza puede repetirse, aunque en los pactos los ultras se comprometieron a aprobar todos los presupuestos. Su reacción inicial ante Ceuta parece dirigida tanto contra Sánchez como a evitar que Vox vuelva a ocupar en solitario el espacio del rechazo.

Existe también una razón de estrategia nacional. El PP pretende convertir cualquier crisis migratoria en una prueba de incapacidad de Sánchez. Admitir desde el primer momento que las comunidades deben acoger a los menores debilitaría ese relato y obligaría a hablar de corresponsabilidad territorial. Por eso, combina la aceptación final de la ley con condiciones políticas: que el reparto sea “justo”, que el Ejecutivo asuma la responsabilidad y que se prioricen las devoluciones o las reagrupaciones familiares.

Las imágenes de miles de marroquíes —niños, mujeres y jóvenes— avanzando con el rostro consumido por la desesperación hacia el espigón de Tarajal permanecerán como una de las estampas más dolorosas de la historia reciente del país. Una vergüenza colectiva que perseguirá a los marroquíes durante generaciones. Se trata de un nuevo surco abierto sobre heridas que nunca terminaron de restañar. Esta última crisis migratoria dejó de ser un asunto interno para ocupar las portadas de la prensa internacional, los informativos de televisión y las redes sociales de medio mundo.

Será imposible borrar de la memoria colectiva los centenares de vídeos que inmortalizaron aquella odisea desesperada de ciudadanos de a pie hacia un edén ficticio anhelando un brote de esperanza que ya no encontraban en su tierra.

Lo acontecido dejó de ser una mera crisis fronteriza. En cuestión de horas adquirió una dimensión regional e internacional al convertirse en una pieza más del tablero geopolítico. Diversos actores aprovecharon la tragedia para convertirla en un instrumento de presión y moneda de cambio al servicio de sus propias agendas. Estados Unidos e Israel, cómo no, no tardaron en politizar la tragedia, utilizándola como argumento para reforzar sus posiciones estratégicas y ajustar cuentas con sus adversarios, España en concreto. 

Los cuerpos flotantes de las víctimas constituyen el testimonio más contundente de un fracaso colectivo y de una hipocresía odiosa. Mientras la prensa y los círculos políticos construían a ciegas narrativas y multiplicaban hipótesis sobre las causas de esta nueva ola migratoria, quienes detentan el poder en Marruecos optaron, una vez más, por el silencio, la indiferencia y la huida hacia adelante. Pero la pregunta sigue intacta: ¿cómo llegó Marruecos hasta aquí? 

La estampida colectiva hizo saltar por los aires años de propaganda oficial sobre el supuesto éxito del modelo marroquí, la solidez de sus instituciones y la estabilidad política del país. Su coincidencia con el discurso del trono resultó especialmente llamativa. Apenas unas horas después de que el rey prometiera a “sus fieles súbditos” unas condiciones de vida dignas y libres en un entorno regional convulso, miles de ciudadanos respondían con el gesto más elocuente posible: huir de su propio país a cualquier precio. 

Aquella escena se convirtió, por su fuerza simbólica, en un plebiscito espontáneo contra las políticas públicas y en una impugnación de un modelo de poder del monarca alauita, marcado por la concentración del poder, el autoritarismo, la corrupción, el debilitamiento de las libertades públicas, la consolidación de una economía de privilegios así como la acumulación de riqueza en manos de una minoría, al margen de cualquier mecanismo efectivo de control. 

La ironía del destino quiso, además, que este nuevo periplo migratorio precediera a las elecciones legislativas, una cita no exenta de compraventa de votos y falsas promesas en la que los notables y los oportunistas se disputan escaños en una institución con escasa capacidad real de decisión. Un parlamento incapaz de renovar unas élites políticas que llevan décadas reproduciendo el mismo sistema estéril. No sorprende, por ello, el creciente boicot de las urnas. Cuando los ciudadanos perciben que los resultados están decididos de antemano y que las trascendentes decisiones se toman lejos de las instituciones representativas, la abstención deja de ser apatía para convertirse en una forma silenciosa de protesta. 

La gran huida hacia el norte, al margen de las interpretaciones sobre quién la alentó o con qué fines, constituye, sobre todo, el síntoma de una profunda crisis social y económica. No puede entenderse sin las movilizaciones que la precedieron —desde el Hirak del Rif hasta las recientes protestas juveniles—, reclamando una sanidad y una educación dignas, y una lucha efectiva contra el desempleo y la corrupción. 

Si esta tragedia ha tenido alguna virtud, ha sido la de desmontar la narrativa oficial sobre los supuestos logros alcanzados durante 27 años del reinado de Mohamed VI. Ningún discurso puede ocultar indefinidamente el aumento de las desigualdades, la expansión de la pobreza, la marginación de amplias capas sociales y la frustración acumulada tras casi tres décadas del denominado «nuevo reinado». 

La crisis también ha puesto de manifiesto una realidad incómoda: el poder sigue considerando a los ciudadanos como prosélitos. En momentos de tensión, reales o ficticios, no duda en convertirlos en carne de cañón en sus propias batallas políticas, sacrificando su dignidad en nombre de intereses superiores. Una lógica profundamente maquiavélica que revela la naturaleza de la relación entre gobernantes y gobernados. 

Marruecos necesita hoy mucho más que respuestas coyunturales. Necesita una revisión profunda de su modelo económico, político y social; un nuevo pacto nacional que garantice una distribución más equitativa de las riquezas, reduzca las desigualdades y devuelva la esperanza a millones de ciudadanos. Esta senda exige la instauración de un verdadero diálogo nacional, una reforma constitucional promovida por una asamblea constituyente independiente y la construcción de una auténtica monarquía parlamentaria en la que el rey reine, pero no gobierne. 

El Marruecos de hoy avanza , en palabras del propio rey, a dos velocidades, acumula tropiezos y parece haber perdido el rumbo. Si esta deriva persiste, el país corre el enorme riesgo de embarcarse hacia una confrontación social y política sin precedentes.

______________________

Anass Ben Salah es hispanista y periodista de la cadena catarí Al Jazeera.

Resulta imposible creer que la entrada de 60.000 personas en Ceuta se haya producido sin la permisividad de las autoridades marroquíes, en lo que supone la mayor crisis migratoria de la historia de España. El balance de muertos asciende ya a 87, entre ellos varios menores, de manera que esto es también una crisis humanitaria de primer orden. Aunque Pedro Sánchez habla de “una violación de la integridad territorial de España” y atribuye lo ocurrido a la actividad de las mafias dedicadas al tráfico de personas, todo indica que estamos ante un episodio de guerra híbrida, la forma contemporánea en que algunos Estados atacan sin declarar formalmente la guerra, combinando flujos migratorios, ciberataques, desinformación, uso coercitivo de la energía y otros métodos para desestabilizar un país. ¿Dónde estaba el CNI, teniendo en cuenta la dilatada trayectoria del régimen de Rabat y la importancia de Marruecos para España?

Este evento guarda enormes similitudes con el que tuvo lugar en el verano de 2021: tras las fraudulentas elecciones de 2020 en Bielorrusia y la posterior represión contra la oposición, el régimen de Lukashenko vio cómo Europa congelaba sus activos, imponía prohibiciones de entrada en la Unión Europea a dirigentes bielorrusos y bloqueaba los fondos europeos con destino a las entidades y personas sancionadas. La respuesta de Bielorrusia fue facilitar la llegada de entre 8.000 y 10.000 migrantes procedentes de Irak y Siria a las fronteras de Polonia, Lituania y Letonia. Tras este intento de intimidación, Europa amplió las sanciones a militares, jueces, funcionarios, aerolíneas, empresas estatales y operadores logísticos implicados. La firmeza es la única respuesta posible a los gobernantes autoritarios. La operación de Lukashenko fue documentada por la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos y el Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas.

Miembros de la Guardia Civil describieron el pasado viernes la actitud de la gendarmería marroquí durante la noche del jueves, y lo hicieron sin matices: “permanecieron de brazos cruzados”, dejando a las fuerzas españolas indefensas ante la avalancha. Estas conductas suelen obedecer a decisiones políticas. La propia agencia EFE constató la práctica desaparición de controles en la frontera durante la madrugada, mientras que el viernes los gendarmes actuaron lanzando gases lacrimógenos. No resulta verosímil que una guardia de fronteras pase, en apenas unas horas, de la inacción al ataque con material antidisturbios. Este es precisamente uno de los patrones de la guerra híbrida: un Estado activa o desactiva la presión a conveniencia, sin declarar sus intenciones y dejando al país objeto de la agresión la gestión del caos y el coste político.

España no puede determinar su política exterior en función de los intereses de una monarquía autoritaria como la marroquí. Disponemos de fuerza diplomática y económica más que suficiente para imponer nuestros criterios, que siempre deben ser los principios propios del Estado de derecho y el derecho internacional. Denunciar la instrumentalización de los flujos migratorios no supone ignorar la obligación ética y jurídica de los Estados de proteger a quienes arriesgan sus vidas cruzando las fronteras, especialmente a los menores.

El comportamiento de Marruecos no constituye una anomalía aislada, sino el mismo patrón que España ya sufrió hace cinco años. Durante la pandemia, en abril de 2021, nuestro país acogió al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por razones humanitarias. Rabat interpretó este gesto como una hostilidad manifiesta, suspendió la colaboración fronteriza y dejó a España expuesta en su punto más vulnerable. Tan solo un mes después, los días 17 y 18 de mayo, la relajación de los controles en el lado marroquí permitió la entrada de 10.000 personas en Ceuta en cuestión de horas, desestabilizando nuestro flanco sur.

Entre mayo y junio de 2021, los teléfonos de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de Pedro Sánchez fueron intervenidos mediante Pegasus, un programa de espionaje informático extremadamente sofisticado, desarrollado por la empresa israelí NSO Group y comercializado exclusivamente para gobiernos y organismos estatales. Según publicaciones de El País y El Confidencial, el teléfono de la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, también habría sido infectado, aunque el Gobierno lo niega. Los ataques fueron confirmados por el Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI. Durante los meses siguientes, Marruecos bloqueó todo contacto diplomático, suspendió la colaboración antiterrorista y dejó a España sin interlocución política en un área crítica para nuestra seguridad.

En marzo de 2022, Madrid modificó su tradicional postura sobre el Sáhara y restableció la cooperación con Marruecos a costa de los saharauis y de la relación con Argelia —nuestro principal proveedor de gas—, algo nunca explicado en sede parlamentaria. Esa cesión, que Rabat interpretó como debilidad, abrió un segundo frente diplomático: Argelia suspendió el Tratado de Amistad de 20 años, retiró a su embajador y bloqueó parte del comercio bilateral. Solo ahora, en 2026, España ha intentado recomponer la relación con Argel, chocando con los intereses de Rabat de convertirse en el actor dominante del norte de África.

Históricamente, las políticas de apaciguamiento no han servido para contener las aspiraciones de los Estados autoritarios. En la cosmovisión de algunos sectores del nacionalismo marroquí, herederos de las ideas de Allal el Fassi y del partido Istiqlal, persiste la idea del Gran Marruecos, que incluye Ceuta y Melilla —ignorando la historia y el derecho internacional—, el Sáhara Occidental, el oeste de Argelia, gran parte de Mauritania, los islotes y peñones españoles, el norte de Malí y Canarias. Las posturas de debilidad no frenarán esas ansias expansionistas.

En el ámbito político estadounidense, ha comenzado a penetrar esta narrativa nacionalista marroquí, que presenta a España como potencia colonial en Ceuta y Melilla. Un informe del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes describió ambas ciudades como territorios marroquíes “bajo administración española” y propuso que el secretario de Estado, Marco Rubio, promoviera una solución diplomática sobre su futuro. El principal impulsor de ese lenguaje fue el congresista republicano Mario Díaz-Balart, estrecho aliado de Rubio y Trump. Esta posición no forma parte de la política exterior de Estados Unidos, pero refleja una creciente corriente que cuestiona la soberanía española sobre ambas ciudades.

Por si fuera poco, todo se integra en las actuales dinámicas de la ultraderecha mundial, que buscan fortalecer los regímenes autoritarios en detrimento de las democracias. Estados Unidos, por boca de su vicepresidente, J. D. Vance, se ha apresurado a decir: “Estas imágenes de España son un recordatorio desafortunado de las consecuencias de la migración masiva y las políticas globalistas de la izquierda radical que han permitido la invasión de Occidente”. Dinamarca, Finlandia e Italia, por su parte, ya han planteado —en un movimiento coral— la suspensión del Acuerdo de Schengen con Madrid.

No es posible afirmar que Washington o Tel Aviv tengan algo que ver en esta crisis, pero sus reacciones favorables a Rabat y contrarias a un país miembro de la OTAN como España sí pueden interpretarse como una hostilidad provocada por la inequívoca condena de Pedro Sánchez al genocidio en Gaza.

Al final, esta crisis quedará subsumida en la geopolítica y el problema humanitario será lo último en ser atendido; no hay más que ver la reacción de algunos socios europeos, para quienes la solidaridad no parece ser una prioridad. La frontera entre Marruecos y España es una de las más desiguales del planeta: la renta per cápita anual española es de alrededor de 40.600 dólares, mientras que la marroquí es de 5.100, según el Fondo Monetario Internacional. Esto supone una cuestión estructural de máxima gravedad porque esa diferencia, unida al hecho de que Marruecos dispone de millones de jóvenes dispuestos a cruzar la frontera, garantiza la persistencia de este problema.

_________________

Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor.

Hay guerras que nadie declara y conflictos que nunca llegan a convertirse formalmente en una guerra. Entre ambos extremos se extiende un espacio cada vez más determinante en la geopolítica contemporánea: la denominada zona gris. Un terreno donde Estados y actores no estatales compiten mediante instrumentos híbridos con el objetivo de modificar el equilibrio estratégico sin cruzar el umbral de la confrontación militar abierta. Ciberataques, campañas de desinformación, coerción económica, sabotajes, presión diplomática o instrumentalización de los movimientos migratorios forman parte de un repertorio diseñado para explotar la ambigüedad. Las acciones existen, pero los responsables rara vez aparecen con claridad. Y esa incertidumbre dificulta enormemente cualquier respuesta política o jurídica.

La crisis vivida estos días en Ceuta constituye un ejemplo de esta nueva forma de competencia. No tanto porque pueda demostrarse una intervención deliberada de Marruecos —algo que exige prudencia analítica—, sino porque alrededor de la llegada masiva de personas migrantes se ha desplegado un complejo ecosistema de desinformación, polarización política y utilización geopolítica de los hechos. La difusión de rumores sobre supuestos cambios normativos, amplificados por redes sociales y aplicaciones de mensajería, evidencia hasta qué punto la desinformación actúa hoy como multiplicador de las dinámicas propias de la zona gris.

La experiencia de 2021 demostró que Rabat está dispuesto a utilizar la gestión de los flujos migratorios como instrumento de presión política cuando considera afectados sus intereses estratégicos. La apertura de la frontera tras la acogida en España del líder del Frente Polisario difícilmente admite otra interpretación. Sin embargo, convertir automáticamente cualquier incremento de la presión migratoria en una operación planificada por Marruecos simplifica un fenómeno mucho más complejo y alimenta precisamente la incertidumbre que caracteriza a la zona gris. La duda permanente forma parte de la estrategia.

Pero sería igualmente insuficiente interpretar la crisis únicamente desde la perspectiva migratoria. Ceuta ocupa uno de los espacios geográficos más sensibles del planeta. El estrecho de Gibraltar constituye uno de los principales cuellos de botella del comercio marítimo mundial. Por él transitan cada año decenas de miles de buques que conectan el Atlántico con el Mediterráneo y, a través del canal de Suez, con Asia. Proyectar influencia sobre ese espacio significa adquirir una enorme relevancia estratégica.

En este contexto, Marruecos lleva años desarrollando una política exterior mucho más ambiciosa de lo que a menudo se percibe desde Europa. Bajo el liderazgo de Mohamed VI ha consolidado una relación privilegiada con Estados Unidos. El reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental en 2020, mantenido posteriormente por Washington, alteró el equilibrio regional. Los Acuerdos de Abraham reforzaron además la normalización con Israel, inaugurando una etapa de intensa cooperación política, tecnológica y militar.

Esa cooperación ha adquirido una dimensión estratégica difícil de ignorar. Marruecos ha incorporado tecnología israelí en vigilancia fronteriza, inteligencia, defensa antiaérea y sistemas de drones, incluidas municiones merodeadoras. La modernización acelerada de las Fuerzas Armadas Reales no responde únicamente al conflicto del Sáhara Occidental; refleja también la aspiración de Rabat de convertirse en la principal potencia militar del Magreb y en un socio indispensable para la arquitectura de seguridad occidental en el norte de África.

Esta evolución altera inevitablemente la posición relativa de España. Mientras Madrid continúa apostando por preservar una relación estable con Rabat, el margen de maniobra español se reduce a medida que Marruecos amplía su interlocución directa con Washington e Israel. A la tradicional asimetría diplomática comienza a añadirse una creciente asimetría estratégica.

El problema no reside únicamente en el fortalecimiento militar marroquí. También ha cambiado el contexto internacional. La competencia entre grandes potencias, la creciente militarización del Mediterráneo, la importancia de las rutas energéticas y el protagonismo creciente del norte de África convierten al estrecho de Gibraltar en un espacio de enorme valor geopolítico. Ceuta y Melilla dejan de ser únicamente dos ciudades autónomas para convertirse en piezas de un tablero mucho más amplio.

Precisamente por ello, la instrumentalización política de la crisis resulta especialmente preocupante. En España, los flujos migratorios se presentan como amenaza para la seguridad nacional. Desde algunos sectores se reclama incluso la declaración de una supuesta emergencia nacional, pese a que el ordenamiento jurídico español reserva esa figura para catástrofes naturales o accidentes de extraordinaria gravedad, no para movimientos migratorios. Se consolida así un marco que identifica movilidad humana e inseguridad, reforzando la lógica securitaria que desde hace años impregna las políticas migratorias europeas. Y todo ello a un año escaso de las elecciones generales.

Esta securitización beneficia a numerosos actores. Alimenta la polarización interna, fortalece los discursos construidos sobre el miedo y desplaza el debate desde la gestión racional de la migración hacia un marco de confrontación permanente. Pero también proyecta al exterior la imagen de una Unión Europea incapaz de gestionar colectivamente sus fronteras sin depender crecientemente de terceros países. La externalización del control migratorio constituye, de hecho, una de las principales vulnerabilidades estratégicas europeas. Durante años, Bruselas ha delegado buena parte de la gestión de sus fronteras en países vecinos mediante incentivos financieros, cooperación policial y acuerdos políticos. Ese modelo reduce los incentivos para construir una verdadera política común de inmigración y asilo y, al mismo tiempo, incrementa la capacidad de influencia de quienes ejercen como guardianes exteriores de Europa. Cuando la seguridad depende de decisiones adoptadas fuera de la Unión, la autonomía estratégica se convierte en un objetivo difícilmente alcanzable.

Ceuta simboliza esa contradicción. No es únicamente una frontera entre España y Marruecos. Es una frontera entre Europa y África, entre el Atlántico y el Mediterráneo, y entre distintas formas de ejercer el poder en un mundo crecientemente híbrido. Reducir lo sucedido estos días a un simple episodio migratorio equivale a ignorar la profundidad del cambio geopolítico que atraviesa nuestro entorno inmediato.

Mientras España y la Unión Europea reaccionan crisis tras crisis, Marruecos continúa acumulando activos estratégicos. Ha consolidado una relación privilegiada con Washington, se ha convertido en el principal socio regional de Israel tras los Acuerdos de Abraham y avanza en la modernización de sus capacidades militares y tecnológicas. Todo ello incrementa su capacidad de influencia sobre un espacio tan sensible como el estrecho de Gibraltar.

El verdadero problema para España no es únicamente la creciente fortaleza de Marruecos, sino la ausencia de una estrategia propia para un Mediterráneo que ha dejado de ser una periferia para convertirse en uno de los principales escenarios de la competencia geopolítica global. Durante demasiado tiempo se ha confiado en que la estabilidad podía garantizarse mediante cooperación policial y acuerdos migratorios. Sin embargo, la lógica de la zona gris demuestra que la estabilidad ya no depende únicamente de la buena voluntad de los vecinos, sino de la capacidad para reducir vulnerabilidades, reforzar la autonomía estratégica y comprender que la competencia geopolítica comienza mucho antes de que estalle una crisis visible.

__________________

Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

Comunicados, vídeos publicados en redes sociales o incluso copias de cartas enviadas al Gobierno: durante todo el fin de semana del 1 y 2 de agosto, así como el lunes 3 de agosto, la derecha y la extrema derecha francesas se han volcado en alimentar el fantasma de una avalancha migratoria. No han dejado de desplegar su discurso xenófobo sobre un fondo de imágenes difundidas ad nauseam de jóvenes “inundando” las playas, de fuerzas del orden “desbordadas” y de habitantes de Ceuta “indignados” por la presencia de jóvenes marroquíes.

Días antes, el jueves 30 de julio, varias decenas de miles de personas habían logrado entrar en el enclave español. Apenas 48 horas después, España expulsó a la mayoría de estos exiliados y anunció una “vuelta a la normalidad”. ¿El culpable de lo ocurrido? La “laxitud” del Gobierno socialista español, que en abril puso en marcha un plan de regularización de los indocumentados en la península, según sostienen la derecha y la extrema derecha francesas.

Como era de esperar, fue Jordan Bardella, líder de Agrupación Nacional (RN), quien publicó el mayor número de tuits en X —media docena solo el viernes— para denunciar los acuerdos de Schengen y exigir una “reunión de urgencia del Parlamento Europeo en sesión plenaria extraordinaria”.

“Al regularizar a cientos de miles de inmigrantes ilegales, […] Pedro Sánchez ha abierto las puertas de Europa a todo tipo de peligros. El resultado está a la vista: desde hace varios días, miles de migrantes acuden en masa al enclave de Ceuta. Mañana estarán en nuestras calles, en contra de la voluntad del pueblo francés”, fantaseó el eurodiputado ya el jueves. Jean-Luc Mélenchon le contestó inmediatamente.

“El señor Bardella debería abstenerse de comentar temas que no comprende. Repetir los argumentos de Trump es ridículo. La afluencia tiene lugar a mil kilómetros de nuestra frontera. Ceuta está en África. Las personas que se encuentran en el enclave de Ceuta no pueden cruzar a nado el estrecho de Gibraltar y no tienen ninguna otra posibilidad”, respondió el líder de La Francia Insumisa.

Con dos tuits, Marine Le Pen, presidenta del grupo RN en la Asamblea Nacional, pidió por su parte que Francia refuerce “sin demora” sus controles fronterizos. “En 2027 pondremos fin a esta locura reservando la libre circulación de Schengen a los ciudadanos de la UE “, prometió, sin explicar cómo lo llevaría a cabo, en sintonía con su aliado Éric Ciotti, alcalde de Niza, quien también aseguró que “las imágenes de Ceuta serán mañana las de Francia si no se hace nada”.

Como si las imágenes le hubieran despertado, Éric Zemmour volvió a mostrarse especialmente agitado estos últimos días. Sin escatimar superlativos, el ensayista se declaró alarmado ante una “marea de migrantes que se abalanza sobre Ceuta” para “asaltar” la frontera española. “Lo que nuestras élites denominan cobardemente ‘flujos migratorios’, los pueblos europeos pueden verlo como lo que es: una invasión. Es hora de restablecer nuestras fronteras y poner en marcha la remigración; de lo contrario, nuestros pueblos serán arrasados por ese tsunami”, declaró el experiodista de Le Figaro, condenado en múltiples ocasiones por incitación al odio y por racismo.

Siempre dispuesto a ir un paso más allá que la extrema derecha, el exministro del Interior de Emmanuel Macron —y actual candidato a las presidenciales—, Bruno Retailleau, también se apresuró a sumarse al coro xenófobo del fin de semana. “Hoy España, mañana Europa […]. Las normas de Schengen con España ya no son sostenibles. Hay que enviar una señal clara y aplicar sin demora el reglamento de retorno para dejar de sufrir por fin”, declaró el líder del partido Los Republicanos (LR), sin ocultar su orgullo por haber propuesto “excluir a España” de la Unión Europea ya en primavera.

Una idea retomada en los últimos días por la neofascista italiana Giorgia Meloni, respaldad por Dinamarca y Finlandia, pero imposible de aplicar y rechazada de plano en Bruselas, según la Agencia France-Presse.

En LR, sin embargo, predominaba la exigencia de aplicar “sin demora” la directiva de retorno, aprobada en junio por el Parlamento Europeo. Una medida que contempla, entre otras cuestiones, crear centros para migrantes en los países fronterizos de la UE, como han reclamado el ex primer ministro Michel Barnier y Éric Ciotti, quien ha escrito en este sentido al primer ministro, Sébastien Lecornu, para pedirle que haga frente a la “avalancha migratoria”.

Otro ex primer ministro de Emmanuel Macron que reclama la creación de estos hubs —considerados inhumanos por la izquierda y cuestionados por el propio presidente de la República en nombre de los “valores de la UE”— es Édouard Philippe, quien también intervino el viernes en el debate migratorio.

En una extensa publicación, el candidato a la presidencia, inmerso en una pugna soterrada con Bruno Retailleau por hacerse con el electorado de LR, sostuvo que “los países de origen y de tránsito deben asumir sus responsabilidades” y que “no es aceptable que un país pueda decidir por sí solo sobre regularizaciones masivas que crean un efecto llamada para todo el continente”. “Quiero acabar con una forma de impotencia migratoria”, insistió el líder del partido Horizontes, al que algunos siguen viendo como la “derecha limpia” e incluso como una alternativa “aceptable” en 2027 para una parte de la izquierda.

Su texto provocó inmediatamente la reacción de Marine Le Pen: “Recordatorio: este mensaje de gran firmeza lo publica un primer ministro que ha concedido cada año un 30% más de permisos de residencia y un 60% más de estatutos de refugiado que el socialista François Hollande. Se acabó la broma”, ironizó. Sintiéndose aludido, el alcalde de Le Havre respondió que, como primer ministro, había demostrado “firmeza” con las órdenes de abandono del territorio francés (OQTF), había reducido la concesión de solicitudes de asilo “a pesar del aumento vertiginoso de las peticiones” y había impulsado la aprobación de la ley de asilo e inmigración de 2018. A cada cual sus victorias.

En cuanto a los medios conservadores franceses, no han lamentado las más de 70 muertes contabilizadas hasta el momento por las autoridades españolas. Más bien se han alarmado ante una supuesta amenaza de “invasión” a las puertas de Francia.

En la mañana del 3 de agosto, el debate continuó en el plató de CNews, donde pudo escucharse al presentador de L’heure des pros comparar al presidente del Gobierno español con un “bombero pirómano”, pedir un referéndum para derogar los acuerdos de Schengen o mencionar a los “2.000 menores” que siguen en Ceuta, entre los que —sugirió— podría haber incluso “terroristas infiltrados”.

La cadena de Vincent Bolloré tampoco dejó pasar la oportunidad de hacerse eco de las declaraciones conspirativas del presidente argentino de extrema derecha, Javier Milei: “Pedro Sánchez utiliza a estos migrantes para naturalizarlos y hacer que voten por él con el fin, digamos, de perpetuar su tiranía”. “Tiene toda la razón, la inmigración es una fuente de votos para algunos partidos de la izquierda del espectro político”, aplaudió Sabrina Medjebeur, presentada como “ensayista y socióloga”, cuando en realidad es una propagandista de extrema derecha.

Traducción de Miguel López

Sus nombres —o apodos— no necesitan presentación para quien conozca desde hace años el día a día del narcotráfico en el sur de España y, en algunos casos, también en el norte. Todos ellos —o la inmensa mayoría— han sido detenidos en ocasiones anteriores, la mayor parte de ellas relacionadas con el hachís. Pero han dado el salto a la cocaína con gran éxito. Tapi, Messi, Fikri, Firma, Holliwod (así se conoce en el submundo criminal a Joseph Leijdekkers, Bolle Jos) e, incluso, un desconocido que se hace llamar Dubai son los que mueven los hilos en la actualidad. Eso es lo que se extrae de la investigación de Narcodiario, el único medio especializado en la materia en España.

Junto a los citados, de cuyas andanzas daremos cuenta, destacan dos redes criminales internacionales que operan en estrecha relación con ellos y que están presentes en la mayor parte de los grandes negocios, con su parte del pastel: los balcánicos —normalmente serbios y albaneses, pero también otros— y los italianos —principalmente de la 'Ndrangheta—. Y, en ocasiones, también aparecen los británicos.

Para explicar el ascenso de estos narcos y de sus organizaciones hay que remontarse a sus inicios. Messi es bien conocido como gran líder del tráfico de hachís ya desde la década pasada, y por su huida-refugio en Marruecos después de alcanzar un pacto con un fiscal y un alto mando de la Guardia Civil que le sirvió para ponerse a salvo. Distintas fuentes aseguran que ha dado el salto del hachís a la cocaína, del mismo modo que el resto de grandes traficantes acostumbrados a cruzar los 14 kilómetros que separan Europa de África con fardos de cannabis y que ahora lo hacen con fardos de droga blanca.

Tapi, al que se sitúa en estos momentos en Dubái, tuvo su centro de operaciones entre el Campo de Gibraltar y la Costa del Sol, y su organización fue golpeada por la Guardia Civil en 2021 en una amplia operación. De origen marroquí, como ocurre en cada uno de los grandes casos contra el narco del sur de España, consiguió salir antes de ser juzgado y amplió sus miras hacia otras sustancias. De sus manos, en alianza con otros narcos de relumbrón, han salido varios alijos de cocaína que han entrado por el sur de la península y por Portugal recientemente. También se le investiga por una de las grandes guarderías localizadas a orillas del Guadalquivir a finales de 2024.

La pareja Fikri-Firma, pendiente de juicio por la operación Medellín de la Policía Nacional —que saltó tras la desencriptación de unas comunicaciones, pero ambos en libertad y con pocas intenciones de presentarse ante la Audiencia Nacional—, estaría detrás de otra parte importante de los cargamentos de cocaína. Se les relaciona con los capos gallegos. El primero, de origen marroquí, fue vinculado al famoso caso del narcobuque 'Nehir' —sin embargo, su nombre no aparece en las últimas pesquisas conocidas—. Sí se les relaciona con la entrada de droga en veleros, tanto por la provincia de Huelva como por costas portuguesas y gallegas. Ambos, eso sí, trabajan de forma muy sigilosa. Firma, de nacionalidad colombiana, sería el encargado de establecer contacto al otro lado del Atlántico, y trabajaría para varias organizaciones.

En Galicia, personas arrestadas en el marco de la operación Halia, en la que se intervinieron tres millones de euros en efectivo y se localizaron grandes mansiones, están en el radar policial en conexión con los anteriores, además de otros nombres célebres que siguen plenamente activos. Todos ellos tienen tentáculos en el suroeste de España para la introducción de grandes cargamentos.

De Holliwod (Bolle Jos), Narcodiario también ofrece algunas novedades hasta ahora desconocidas. Se sabe que domina las rutas de mercantes desde Sierra Leona hacia el norte de África, rutas que van descargando partidas en narcolanchas a lo largo de su recorrido, tanto en el área de Canarias como en el Estrecho. También se sabe que realiza envíos en contenedores. Para eso tiene una facilidad que no se ha contado: los contenedores procedentes de África no son considerados 'calientes', por lo que en gran medida escapan de los controles aduaneros en Europa. Y claro, el neerlandés tiene grandes almacenes desde los que puede contaminar esos contenedores en puertos del occidente africano antes de su partida hacia el norte.

Por último, aparece un narco que se hace llamar Dubai. Lleva tiempo operando con una capacidad relevante en el entorno de la provincia de Huelva y también en Portugal, en estrecha alianza con elementos del crimen organizado locales que le facilitan los puntos concretos para poder colocar sus embarcaciones e introducir la droga.

Entre la madrugada del 30 de julio y la tarde del 31, cerca de 50.000 personas —en su inmensa mayoría jóvenes marroquíes— cruzaron de forma irregular hacia Ceuta, a nado o bordeando el espigón de El Tarajal. El balance de víctimas mortales, que al escribir estas líneas se aproxima ya a la centena de ahogados, multiplica varias veces la crisis de mayo de 2021 y convierte lo ocurrido en el episodio migratorio más grave registrado nunca en una frontera española. No es un hecho aislado: es un síntoma. La democracia europea —y española— está sometida a presiones que proceden de la geopolítica de los países vecinos, de la instrumentalización del derecho con fines políticos, de una Administración estadounidense que ha convertido la inmigración en arma política y de una ultraderecha que ha utilizado la tragedia como argumento contra las políticas progresistas españolas.

El debate se ha trasladado enseguida a las relaciones internacionales, a los intereses económicos y a las elecciones próximas de determinados líderes, incluso al fútbol, ante la disputa de si la final se jugará en el Bernabéu, el Camp Nou o el Hassan II de Casablanca. Asuntos relevantes, pero cuyo estudio muestra una carencia importante: los grandes argumentos olvidan a los muertos. Hay familias desoladas, vagando por Ceuta en busca de sus desaparecidos, sin saber si siguen vivos. Muchos de los que cruzaron eran tan jóvenes que cayeron en el anzuelo de las redes sociales, que prometían nacionalidad, trabajo o un futuro mejor a quienes solo tenían un presente incierto. Como advirtió Helena Maleno, de la ONG Caminando Fronteras, han convertido el derecho al movimiento en un instrumento de chantaje entre países. No es la primera vez que Marruecos lanza ese mensaje a su población más joven —muchos casi niños, soñando con ser futbolistas como Lamine Yamal—; y resulta revelador que, cuando llegó la orden de regreso, la inmensa mayoría volviera de inmediato, sin discusión. Queda la duda de si la decisión fue igual de "libre" en el viaje de ida.

El pasado 8 de julio la Sala Tercera del TS estableció que el rechazo en frontera solo es aplicable cuando la entrada se produce superando las vallas, y no cuando se accede por mar a nado. Aplica la jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2020 y protege el derecho a no ser expulsado sin garantías individualizadas; pero, al excluir del rechazo la vía marítima, convirtió el mar en una ruta jurídicamente menos hostil que una cerca, creando un incentivo perverso sobre personas desesperadas y manipuladas por redes de tráfico, en un tramo de costa donde la letalidad está garantizada. Un tribunal no puede resolver una cuestión sustantiva sin ponderar el efecto de su fallo sobre conductas humanas en juego de vida o muerte. La doctrina puede ser sólida, pero su aplicación práctica, sin medidas paralelas de rescate, se ha convertido en una trampa mortal.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamó al Gobierno central el cierre urgente de la frontera, el despliegue del Ejército y la emergencia nacional, evitando incluso comparecer junto a Sánchez en su visita. Es comprensible en quien carece de competencias sobre fronteras y vio su ciudad de 80.000 habitantes desbordada; pero exigir medios no es ofrecer una solución, y Vivas ha optado por el reproche político antes que por la corresponsabilidad institucional que la situación exigía.

La tensión derivó en enfrentamientos entre parte de la población ceutí y los recién llegados, con militares atendiendo heridos en plena calle: consecuencia del colapso de los servicios de acogida y de un clima de miedo alimentado por bulos y por un discurso ultraderechista que describe a los recién llegados como fuerza de ocupación. Ese discurso tiene nombre y apellidos. Este domingo, Santiago Abascal viajó a Ceuta y calificó lo ocurrido de "acto de guerra promovido por Marruecos y tolerado y permitido por Pedro Sánchez", reclamando la militarización permanente de la frontera y la devolución de todos los marroquíes en situación irregular. Le acompañaba el portavoz europeo de Vox, Jorge Buxadé. Cabe preguntarse cómo concilia esa hostilidad con su alineamiento incondicional con Trump, precisamente quien ha recompensado a Marruecos por su cercanía. No es una invasión islámica; los propios ceutíes se lo dejaron claro en la calle a los bulistas desplazados hasta allí.

Que ciudadanos españoles se vean empujados a la autodefensa vecinal ante la ausencia de un dispositivo estatal ordenado es, en sí mismo, un fracaso de la respuesta pública. El rey Felipe VI habló con Sánchez, Vivas y Feijóo, expresando su preocupación y reclamando medidas que garanticen la seguridad de Ceuta y Melilla: papel institucional correcto, pero que no sustituye la decisión política que corresponde al Gobierno y a las Cortes.

Tampoco puede eludirse la responsabilidad de los servicios de inteligencia. El CNI ya advirtió, tras 2021, que Rabat empleaba las llegadas masivas como instrumento de presión vinculado al Sáhara, y la Guardia Civil venía detectando un repunte de intentos por mar. Que el Ejecutivo alegara después falta de información porque su atención estaba en los incendios no exonera a un aparato de seguridad que, conociendo el precedente de 2021, debía mantener activada una alerta permanente. Del lado marroquí, la inhibición inicial de policías y gendarmes, seguida de una contención tan eficaz que logró el retorno voluntario de casi todos, revela una capacidad que se activó solo cuando convino a Rabat: no es fallo de inteligencia, sino mirar hacia otro lado en el momento oportuno. Dicho esto, la reacción posterior del Gobierno ha funcionado, con el cierre preventivo de Melilla incluido, y la respuesta de Sánchez a los gobiernos que atacaron a España, calificando de "reacciones egoístas" las de quienes exigían sanciones sin ofrecer solidaridad, ha resultado clara.

Italia, gobernada por la extrema derecha de Giorgia Meloni y sin frontera compartida con Marruecos, aprovechó una crisis ajena para escenificar un gesto de firmeza migratoria de pura rentabilidad interna, impulsando la suspensión de España en Schengen durante un mes, a la que se sumaron con distinta intensidad Polonia, Finlandia, Austria, Chequia y Dinamarca. No cuajó en Francia, que reforzó controles sin secundar la suspensión; ni en Alemania, que exigió a Marruecos la readmisión inmediata; ni en Von der Leyen y Costa, solidarios con España sin respaldar a Roma; ni en el Reino Unido, cuyo primer ministro ofreció apoyo, pero subrayó que se trataba, ante todo, de un problema español. La crisis ha evidenciado que España carece de una alianza mediterránea que contrapese a los gobiernos conservadores europeos y a discursos como el de Nigel Farage, que habla de una batalla por la civilización.

Sánchez respondió sosteniendo que la solidaridad y la empatía son opcionales, pero que el respeto a los tratados y a los datos es vinculante. Es una réplica eficaz, porque la suspensión de Schengen exige criterios objetivos mientras el reparto de solicitantes de protección sigue dependiendo de la voluntad de cada Estado; pero no resuelve el problema de fondo: una arquitectura europea donde el control fronterizo es exigible y la solidaridad graciable. Esa asimetría es, precisamente, lo que hay que corregir.

Apenas diez días antes de la crisis, Sánchez viajó a Argel para normalizar relaciones rotas desde 2022; tres días después, el Congreso comenzó a tramitar una ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes de 1975. Marruecos tiene una tradición bien documentada de someter a España a pruebas de estrés cada vez que percibe un acercamiento con Argelia y el Polisario: desde la Marcha Verde de 1975, pasando por Perejil en 2002 y la avalancha de 2021, hasta esta movilización masiva. No es una sucesión de episodios inconexos, sino un patrón perfeccionado durante medio siglo.

El vínculo entre Rabat y Washington explica buena parte del contexto. Marruecos fue de los primeros países árabes en firmar los Acuerdos de Abraham con Israel, y Trump lo recompensó reconociendo su soberanía sobre el Sáhara Occidental; al restablecer los aranceles universales, excluyó las importaciones marroquíes de roca fosfórica, de la que Marruecos posee el 70% de las reservas mundiales, sin perder de vista el gaseoducto proyectado sobre un Sáhara cuya soberanía marroquí reclama. Además, ha firmado contratos millonarios de armamento con Estados Unidos, y el mismo sábado de la avalancha, Washington ratificaba esa soberanía por carta.

La doctrina Trump se caracteriza por la criminalización del migrante, la militarización de la frontera propia, más de 600.000 deportaciones desde enero de 2025 y el uso de la inmigración como arma electoral. Lo que hace Marruecos es distinto en su mecánica, pero convergente en lo esencial: ambas aproximaciones instrumentalizan a los migrantes como munición geopolítica, con precedentes en Bielorrusia frente a Polonia o Turquía frente a Grecia. Trump no provocó la crisis ceutí, pero se apresuró a explotarla con la misma gramática que aplica a su propia frontera sur, y que emplean también Vox y sus aliados europeos.

La solución pasa por varios ejes: reforzar el salvamento marítimo; articular vías legales y seguras de migración que vacíen de sentido el negocio de las mafias; una solidaridad europea obligatoria, no voluntaria; una diplomacia con Marruecos basada en el respeto pero también en la firmeza, porque Rabat interpreta la cesión como debilidad. Y la atención prioritaria a los menores no acompañados —770 acogidos en Ceuta frente a 29 plazas ordinarias—, cuya situación vulnera de forma flagrante la Convención de los Derechos del Niño.

¿Aporta algo la posición del PP y de Vox? Muy poco, y lo poco que aporta viene envuelto en un relato que agrava el problema. Existen demandas técnicamente razonables en el discurso del PP —refuerzo de medios, respuesta europea más contundente, comparecencia del Gobierno— que podrían plantearse sin el lenguaje de la invasión. Pero ese discurso queda contaminado por un marco ideológico que convierte al migrante, por definición, en sospechoso o amenaza, vulnerando el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución y bordeando los tipos penales de incitación al odio de los artículos 510 y 511 del Código Penal. 

Núñez Feijóo ha optado, además, por un oportunismo de manual: en vez de exigir responsabilidades por los canales institucionales que le corresponden, contactó por su cuenta con una veintena de dirigentes internacionales y con la Administración estadounidense, internacionalizando el desgaste del Gobierno. Mientras, dejó que su secretario general acusara a Sánchez de un "efecto llamada" por la regularización de más de un millón de inmigrantes, la misma lógica simplificadora de Vox, que exige militarizar la frontera y devolver de inmediato a todos los marroquíes, equiparando a menores y familias con una fuerza de ocupación. Ambos coinciden en calificar la crisis como invasión, término jurídicamente inaplicable a un fenómeno protagonizado por civiles desarmados, y que cumple una función precisa: deshumanizar al migrante.

Esta dinámica se inserta en la misma línea que la instrumentalización del Poder Judicial, la posverdad y las políticas xenófobas: expresiones de un mismo fenómeno de erosión democrática, con idéntica lógica autoritaria, sustituir el imperio de la ley por la gestión discrecional del miedo. Ceuta es un test de estrés para la calidad democrática española y europea. La dignidad humana no admite excepciones territoriales: se protege en la frontera exterior de la Unión con el mismo rigor con que en cualquier tribunal, o no se protege en ningún sitio.

Me queda la amargura de comprobar que las ilusiones de mejora que todos albergamos no existen para buena parte de quienes hoy deciden. No buscan la felicidad de sus administrados, sino el beneficio de quienes los auspician. La solidaridad se hace añicos cuando las personas se convierten en peones y dejan de ser vistas como seres humanos, reducidas a cifras que solo sirven para comparar si la tragedia fue grande. A eso conduce la geopolítica mortal en la que estamos sumidos. Ceder a esa tentación sería la prueba de que Europa ha decidido sacrificar sus principios fundacionales en el altar del miedo.

_________________

Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, de 'La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia' (editado por Planeta).

La crisis fronteriza de Ceuta ha dejado en evidencia el escaso apoyo que ha recibido el Gobierno de España tanto por parte de la oposición –que ha aprovechado esta tragedia humanitaria, en la que ha fallecido casi un centenar de personas, para tratar de erosionar a Pedro Sánchez– como desde Europa.

Este lunes, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha señalado en rueda de prensa al presidente del Gobierno como el “responsable principal” de la “gran invasión” ocurrida en la Ciudad Autónoma. Asimismo, ha exigido que se esclarezca “qué ha fallado en la cooperación con Marruecos”.

Ha criticado, además, que los servicios de inteligencia españoles “no tuvieran información de que una marea humana” se dirigía a Ceuta, una idea en la que también ha incidido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en Telecinco: “No me creo que una masa de 60.000 o 70.000 personas haya pasado desapercibida”.

Tras afear la “respuesta acomplejada y pusilánime” de España y criticar que Sánchez esté de vacaciones, Tellado ha terminado su intervención poniendo el dedo en la llaga al mencionar la carta de varios países de la Unión Europea en la que reclamaron una reunión de los ministros de Interior –que se celebrará este martes–. Según ha dicho, Sánchez está ya “tan solo” en España como fuera de ella.

Y es que la respuesta por parte de Europa ante la llegada de unas 60.000 personas a Ceuta no ha sido la que cabría esperar de una Unión Europea solidaria y unida ante una crisis humanitaria de estas características.

Nada más conocerse los hechos, varios países, entre ellos Italia, Finlandia y Dinamarca, solicitaron la exclusión de España del espacio Schengen y cuestionaron la capacidad del país de proteger la frontera exterior de la Unión.

Por su parte, Francia expresó su “solidaridad con España, con su Gobierno y con su pueblo” a través de su presidente, Emmanuel Macron. Sin embargo, también trató de convencer a Sánchez de recurrir a la agencia europea Frontex para reforzar la vigilancia fronteriza, alineándose parcialmente con quienes cuestionaban la gestión española de la crisis. 

Ante la avalancha de críticas a España, Pedro Sánchez envió el pasado sábado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la que denunciaba la reacción “egoísta, polarizadora e ilegal” de varios gobiernos: “La mayoría nos ha mostrado su apoyo y solidaridad, y nos ha ofrecido su ayuda. Otros, sin embargo, han optado por atacar a España y pedir su exclusión temporal del espacio Schengen”.

Recordó además que “Ceuta no forma parte del Espacio Schengen, porque ya casi no quedan migrantes irregulares sin repatriar y porque España es, según Frontex, una de las fronteras exteriores menos porosas de la Unión Europea, con un número de entradas irregulares que es la mitad del registrado, por ejemplo, en Italia en los últimos años (2021-2026)”.

En ninguna de las declaraciones que llegaron desde distintos países europeos hubo reproches a Marruecos por su actuación durante esta crisis. Mientras el foco sigue puesto sobre España por su proceso de regularización –criticado dentro y fuera del país–, los servicios de inteligencia consideran que, aunque esta oleada migratoria no fue planificada, las autoridades marroquíes tampoco pusieron obstáculos para que decenas de miles de personas cruzaran la frontera.

Pese a conocerse esta información, Europa sigue sin cuestionar la actuación de Marruecos durante la crisis. Este mismo lunes, Von der Leyen alabó por igual la gestión de España y de Marruecos.

“Quiero elogiar la rápida gestión de las devoluciones de las personas que entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos. Tanto las autoridades españolas como las marroquíes han gestionado esta situación de forma eficiente y eficaz, logrando impedir con éxito el traslado ilegal hacia la España peninsular y Europa”, ha comentado en una carta dirigida al presidente del Gobierno español.

Quien sí ha pedido explicaciones a Marruecos y ha reclamado una investigación sobre lo ocurrido ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles. Desde Zaragoza, se ha mostrado tajante: “Ceuta y Melilla no se tocan”.

“Le pido al Gobierno de Marruecos que investigue y llegue hasta el final” para esclarecer lo sucedido al considerar que “quien haya estado detrás de esto, las mafias o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afronta este martes una tensa reunión con sus homólogos de la Unión Europea, con escasos apoyos y obligado a defender la actuación de España durante la crisis. En ese encuentro se comprobará si Bruselas mantiene el foco sobre el Gobierno español o si, por el contrario, también exige responsabilidades a Marruecos por lo sucedido en Ceuta.

Marruecos alertó a España días antes de la crisis en la ciudad de Ceuta de que la decisión del Tribunal Supremo español de comienzos de julio debilitaba un elemento crucial de la cooperación migratoria, ha dicho este lunes una fuente del Ministerio de Exteriores marroquí, que ha añadido que la gestión migratoria es "una responsabilidad compartida".

"Marruecos asume sus responsabilidades (...). Es un compromiso, no un discurso político o propaganda. (...) Marruecos no actúa bajo presiones, ni chantaje, ni contrapartida (...) Si alguien piensa que Marruecos va a ceder a la presión y el chantaje es que no conoce el Marruecos de Mohamed VI", dijo la fuente en un encuentro este lunes con un grupo de agencias de prensa internacionales.

Explicó que la política migratoria marroquí se sustenta en dos pilares: un componente preventivo, basado en el dispositivo de seguridad, y otro disuasorio, que, a su juicio, quedó debilitado tras la decisión del Tribunal Supremo, ya que, según sostuvo, dificulta las devoluciones.

"Lo que pasó el 8 de julio es que un juez español desactivó el elemento disuasorio. Hubo un cambio de paradigma", afirmó. Añadió que el impacto de la decisión judicial se ha visto amplificado por las redes sociales y por las mafias dedicadas al tráfico de personas.

Asimismo, aseguró que Marruecos está "decepcionado" por las reacciones y comentarios, "que dan vergüenza", de algunos políticos españoles, a los que acusó de instrumentalizar la crisis con fines electorales. No obstante, sostuvo que la coordinación con el Gobierno español es "perfecta".

La fuente insistió en que el componente de seguridad "nunca será suficiente" para gestionar los flujos migratorios.

"Si tienes a 40.000 personas, ¿cuántas fuerzas de seguridad necesitarías?", planteó, antes de destacar el esfuerzo que supone para Marruecos movilizar a unos 20.000 efectivos para el control del litoral. "¿Cuántos hay que movilizar?", añadió. "¿Alguien protege nuestras fronteras del sur o del este en lugar de nosotros?", se preguntó.

El control de la migración, agregó, cuesta a Marruecos unos 500 millones de euros al año, mientras que la financiación que recibe de la Unión Europea asciende a 145 millones de euros. No obstante, subrayó que "no es una cuestión de dinero, sino de estrategia y visión común".

Sobre la actuación de la policía durante la llegada masiva de decenas de miles de personas a la frontera con Ceuta el pasado jueves, la fuente sostuvo que las fuerzas de seguridad no podían enfrentarse a la multitud para evitar daños.

"El enfoque de seguridad está condenado al fracaso si no se combina con el desarrollo y las medidas de devolución", afirmó.

La misma fuente añadió que Marruecos "nunca será cómplice" de una gestión migratoria basada únicamente en el enfoque de seguridad. "Es una responsabilidad compartida. Cada uno debe asumir sus responsabilidades", señaló.

Además, afirmó que los gobiernos y los servicios de seguridad de España y Marruecos mantienen desde hace años "una coordinación perfecta", cuyo resultado, según dijo, se refleja en la frustración de 160.000 intentos de migración irregular en los dos últimos años.

"La cooperación migratoria entre España y Marruecos es una historia de éxitos y se pone como ejemplo", añadió.