La Unión Europea se mostró este jueves favorable a que una futura solución para el Sáhara Occidental que garantice la libre determinación del pueblo saharaui se base en el plan de autonomía propuesto por Marruecos "con el fin de alcanzar una solución justa, duradera y mutuamente aceptable del conflicto", informa EFE.

En un comunicado conjunto entre Marruecos y la Unión Europea, reunidos este jueves en su primer Consejo de Asociación desde 2019, la UE "pide a las partes que participen en las conversaciones sin condiciones previas y sobre la base del plan de autonomía propuesto por Marruecos, con el fin de alcanzar una solución política definitiva y mutuamente aceptable que garantice la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental".

"Una autonomía verdadera podría representar una solución más viable y anima a las partes a que presenten sus ideas en apoyo de una solución definitiva mutuamente aceptable", apuntan la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, y el ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita.

A su llegada al Consejo de Asociación con Marruecos, Kallas había avanzado que la posición renovada de la Unión Europea respecto al Sáhara Occidental refleja la última resolución sobre esta cuestión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del pasado mes de octubre, y "subraya el apoyo continuado de la UE para un proceso liderado por la ONU para encontrar una solución sostenible" a este conflicto.

En este contexto, la UE se mostró favorable a los esfuerzos de los representantes de Naciones Unidas "para facilitar y dirigir las negociaciones basándose en el plan de autonomía propuesto por Marruecos".

"La UE ha acogido con satisfacción la voluntad de Marruecos de comprometerse de buena fe con todas las partes interesadas a fin de aclarar las modalidades de este plan de autonomía y explicar cómo se desarrollaría la autonomía en el marco de la soberanía marroquí", se indica en el comunicado.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, no se refirió a la actualización de la posición europea a su llegada al Consejo de Exteriores de la UE a primera hora de la mañana, pero sí valoró el encuentro con Marruecos y aseguró que España seguirá trabajando para que la relación entre los Veintisiete y Rabat siga al "máximo nivel".

Marruecos, dijo Albares, "aporta a la Unión Europea una relación comercial exitosa"; para España es su segundo cliente fuera de la UE y un país "con el que tenemos mucho que compartir, mucho que dialogar", añadió.

Según indicó el Consejo de la UE en un comunicado, el Consejo de Asociación entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos supone una oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre asuntos políticos, económicos y comerciales, democracia y derechos humanos, así como sobre cooperación, incluyendo la migración, la transición ecológica, la innovación, el desarrollo socioeconómico inclusivo y sostenible, los contactos interpersonales y la seguridad. 

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha avisado de que no se va "a ceder ni un centímetro de tierra saharaui" justo cuando España y Marruecos celebran su decimotercera reunión de alto nivel y en la que se mantiene el apoyo de Pedro Sánchez al plan autonomista de Rabat para la excolonia.

"Hoy se celebra en nuestro país una reunión de alto nivel con Marruecos y vamos a decirlo claramente, no vamos a ceder un centímetro de tierra saharaui", ha subrayado la vicepresidenta que aparece en un vídeo difundido a través de las redes sociales leyendo un poema del poeta saharaui Liman Boisha.

La también ministra de Trabajo termina la grabación con estas palabras: "Hoy y siempre, viva el Sáhara libre".

En la reunión de alto nivel que se celebra en el Palacio de la Moncloa participan también, junto a Sánchez, seis ministros, ninguno de ellos de Sumar, su socio en el Ejecutivo de coalición, que fue muy crítico, igual que sus socios de investidura y la oposición, con el giro radical que dio Sánchez al reconocer en abril de 2022 el plan autonomista de Rabat para el Sáhara.

Un plan que cuenta con el beneplácito de la ONU después de que el pasado 31 de octubre el Consejo de Seguridad aprobara una resolución que considera que "una autonomía genuina podría representar el resultado más factible" para el Sáhara Occidental.

La Reunión de Alto Nivel entre los Gobiernos de España y Marruecos que se celebra este 4 de diciembre en Madrid llega en un momento en el que Rabat acumula avances diplomáticos en torno al Sáhara Occidental. Hace poco más de un mes el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó, sin votos en contra, una resolución que respalda la propuesta marroquí de autonomía como base para una solución negociada del conflicto. El texto no reconoce la soberanía marroquí, pero supone un empuje político que deja a Rabat en una buena posición ante la cumbre de Madrid. 

España mantiene desde 2022 la hoja de ruta que marcó el giro del Gobierno en favor del plan marroquí. La reversión de la postura histórica del Gobierno español ha provocado una intensificación de la cooperación en materia migratoria entre ambos países y el Ejecutivo destaca la reducción de las llegadas irregulares a Canarias. En cambio, la reapertura de las aduanas de Ceuta y Melilla, anunciada hace casi un año, no ha producido el tráfico comercial que ambos países prometieron, y las restricciones marroquíes mantienen el tránsito prácticamente paralizado. Pese a ello, España impulsa inversiones millonarias en Marruecos, como la financiación de la mayor planta desaladora del país o la compra de trenes con vistas al Mundial de 2030.

La ciudad de Dajla —conocida como Villa Cisneros en la época colonial española— es hoy el principal escaparate de la estrategia marroquí para consolidar y legitimar su ocupación del Sáhara Occidental. Se trata de una ciudad situada en un territorio reconocido por Naciones Unidas como no autónomo y pendiente de descolonización, pero que Rabat administra de facto desde hace décadas. En 2020, Marruecos aprobó dos leyes que extienden su mar territorial y su zona económica exclusiva por toda la costa del territorio ocupado, una ampliación que no está reconocida internacionalmente pero que sirve de base para el despliegue de grandes proyectos portuarios y logísticos en la región.

El principal de ellos es el puerto de Dajla, un macroproyecto conocido como Dakhla Atlantique, en el que Marruecos planea desembolsar 1.100 millones de euros para establecer en 2028 uno de los principales nodos comerciales del norte de África y desplegar una flota pesquera con la que explotar el caladero de las aguas saharauis. La zona logística planeada para el puerto comprende 1.650 hectáreas, y se prevé que en sus primeros años de funcionamiento pasen por él más de dos millones de toneladas de mercancías. 

Al del puerto le acompañan otros grandes proyectos de energías renovables, entre ellos los desarrollos de hidrógeno verde en los que participan empresas españolas. Acciona forma parte de un consorcio seleccionado por Rabat para producir derivados de hidrógeno en varias zonas del Sáhara, mientras que Moeve (la antigua Cepsa) impulsa otro proyecto junto a la emiratí Taqa. En conjunto, estos planes energéticos movilizan inversiones de decenas de miles de millones de euros, se extienden por los territorios ocupados, y dibujan el plan de la “nueva Dubai” a la que se refiere la prensa marroquí al hablar de Dajla. 

De forma paralela, el régimen de Mohamed VI está impulsando el sector turístico en la zona con la esperanza de convertir Dajla en un destino vacacional de referencia para turistas nacionales y europeos. En internet se promocionan múltiples promociones inmobiliarias y hoteles de lujo, que conviven con la vigilancia y represión por parte de las autoridades marroquíes a los ciudadanos saharauis. El pasado mes de enero un periodista de Público, junto con otros dos ciudadanos españoles, fue expulsado de la ciudad cuando se encontraba en una misión de observación por la apertura del primer vuelo comercial entre Madrid y Dajla para denunciar la desaparición de activistas.

Sin embargo, la última institución pública en sumarse a la promoción del proyecto portuario Dakhla Atlantique no ha sido marroquí, sino española. La empresa pública PROEXCA, adscrita a la presidencia del Gobierno de Canarias, ha organizado una “misión empresarial” para que empresarios de las islas puedan recibir “información privilegiada” y tejer “alianzas estratégicas” para “capitalizar las oportunidades del futuro puerto” de Dajla, ciudad que la convocatoria de PROEXCA sitúa en Marruecos, a pesar de encontrarse en territorio ocupado. La presidencia del Ejecutivo autonómico no ha respondido a las preguntas de infoLibre sobre el viaje. 

La expansión de Dajla también tiene consecuencias directas en Canarias, donde instituciones y empresarios alertan del impacto económico del nuevo puerto. Según Antonio Moreno, presidente del Cabildo de Gran Canaria, la obra “supone un riesgo económico, político y reputacional que no podemos ignorar”, y está concebida para “competir directamente con los puertos canarios de La Luz y de Las Palmas”, con tasas más bajas, menores exigencias ambientales y sin el marco regulatorio europeo. Según su análisis, Marruecos repite en Dajla un patrón ya visto en Tánger o Agadir: construir alternativas para erosionar sectores estratégicos del archipiélago.

Pero el despliegue económico en torno a Dajla no se limita al nuevo puerto ni a los megaproyectos energéticos. Desde hace años, Marruecos impulsa una estrategia de promoción turística que presenta la zona como “la perla del sur de Marruecos” o “un pequeño paraíso” combinando eventos deportivos, promociones inmobiliarias, campañas dirigidas a viajeros europeos y acuerdos con aerolíneas. 

La ruta aérea anunciada entre Lanzarote y Dajla, presentada por la ministra de Turismo marroquí como un salto de “16.000 nuevos asientos” y una ampliación del 50% de la capacidad aérea de la ciudad, formaba parte del acuerdo estratégico con Ryanair para impulsar la proyección internacional de Dajla y convertirla en un “paraíso mundial de los deportes acuáticos”. Aunque Rabat negó haber subvencionado vuelos domésticos, evitó pronunciarse sobre los internacionales, y algunos medios españoles han informado de que la aerolínea opera estas conexiones a cambio de contratos publicitarios financiados por el Gobierno marroquí. La conexión con Lanzarote fue cancelada a finales de noviembre por falta de usuarios. 

Este impulso se entrelaza ahora con el calendario del Mundial 2030, que Marruecos organizará junto a España y Portugal. Las obras asociadas —desde nuevos estadios, incluido el que pretende ser el más grande del mundo, hasta infraestructuras de transporte en Casablanca, Rabat o Marrakech— han venido acompañadas de desalojos forzosos de miles de familias compensadas con apenas 1.000 o 1.300 euros, según denunciaron organizaciones locales a El Confidencial. Las protestas, lideradas en buena parte por jóvenes de la generación Z que reclaman “sanidad, no estadios”, han sido reprimidas con decenas de detenciones y se han saldado con, al menos, tres víctimas mortales. El proyecto deportivo, además de reforzar la narrativa de un Marruecos moderno y exitoso, forma parte de una estrategia más amplia de sportswashing que Rabat utiliza para consolidar su imagen internacional en medio de tensiones internas y represión política.

A esta ofensiva turística se suma una intensa actividad diplomática: ferias de inversión, foros económicos y visitas institucionales que presentan Dajla como un territorio plenamente integrado en Marruecos. No es un fenómeno nuevo. En 2015, José Luis Rodríguez Zapatero participó en un foro internacional organizado por Marruecos y celebrado en la ciudad, una visita que suscitó críticas del Gobierno del PP, del Frente Polisario y de sectores saharauis por considerarla un gesto de legitimación política de la ocupación marroquí, cuando la posición oficial de España seguía siendo que el Sáhara Occidental no pertenecía a Marruecos.

Si solo se atiende al discurso que sostienen tanto Rabat como Madrid desde hace ya tres años, sería inmediato concluir que España y Marruecos siguen gozando de una luna de miel sin sombra alguna en el horizonte. Sin embargo, si se va más allá de algunos datos innegables y, más aún, si se entra en el terreno de lo intangible, esa idílica imagen queda de inmediato trastocada, con la sensación generalizada de que Rabat ha logrado inclinar sustancialmente la balanza a su favor, sin que los intereses españoles queden plenamente salvaguardados.

El hecho de que haya sido Marruecos quien más se ha movilizado para concretar la nueva Reunión de Alto Nivel (RAN) —Madrid, 4 de diciembre— ya es una clara señal de que se siente en una posición de ventaja. En la anterior, celebrada en Rabat en febrero de 2023, ya logró la confirmación plena del giro que el gobierno español había dado en marzo del año anterior a favor de la marroquinidad del Sahara Occidental. Y en esta, tras el respaldo que ha obtenido en el Consejo de Seguridad de la ONU con la aprobación de la Resolución 2797, que identifica el plan de autonomía marroquí presentado en 2007 como la base sobre la que definir el futuro de ese disputado territorio, cabe esperar que busque un alineamiento aún más rotundo, en línea con lo que ya han hecho, entre otros, Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

Para ello cuenta no solo con que el viento de la historia continúe soplando abiertamente a su favor, sino también con elementos de presión muy concretos. El primero de ellos es, obviamente, Ceuta y Melilla, sabiendo que la economía de ambas ciudades sufre poderosamente si las aduanas con Marruecos no permiten un paso franco. Los mismos pasos que Marruecos cerró unilateralmente en 2018 y con los que, desde su reapertura (aparentemente definitiva) en enero de este mismo año, juega recurrentemente para mostrar su malestar con algún gesto político español y para dejar claro que cuenta con esa palanca para influir en la vida de ceutíes y melillenses. A eso se une, en el contexto de ambiciosos programas de nuevas infraestructuras en diversas partes del reino, la “zanahoria” para las empresas españolas interesadas en participar en dichos proyectos.

Nada de eso niega que las relaciones comerciales se siguen intensificando hasta el punto de que España ya es el primer socio comercial de Marruecos, con un volumen total de intercambios anuales que supera los 22.000 millones de euros, con una clara ventaja para España en la balanza bilateral por encima de los 3.000 millones de euros. Y lo mismo cabe decir de la colaboración en la lucha contra el terrorismo y hasta en el control de la inmigración irregular hacia las costas españolas. De hecho, en lo que va de año las llegadas de embarcaciones procedentes de las costas marroquíes a Canarias ha disminuido un 63%.

A cambio de todo ello, los sucesivos gobiernos españoles no han tenido reparos en apoyar las posturas marroquíes tanto en clave bilateral —haciendo caso omiso a las protestas de una sociedad civil mayoritariamente prosaharaui por lo que considera un abandono vergonzante— como en el marco comunitario —procurando frenar medidas contrarias a Rabat en los acuerdos de pesca o agrícola—. Eso incluye también pasar por alto los desplantes y la resistencia de Rabat a cumplir lo acordado (especialmente en relación con la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla), confiando sumisamente en que esa es la mejor vía para evitar el estallido de nuevas crisis vecinales.

Es bien evidente que Rabat nos ha tomado la medida en un juego en el que siente que no solo tiene el mango de la sartén en su mano, sino toda la sartén. Por eso no puede extrañar que se muestre dispuesto a aumentar sus demandas. Por una parte, es bien visible su intención de asegurar aún más su control del Sahara Occidental y, en esa línea, su próxima reivindicación es lograr el control de un espacio aéreo que hasta hoy se reserva España, desde Canarias. Por otra, Rabat pretende conseguir una demarcación de las fronteras marítimas con España que ya apunta directamente al control (como mínimo compartido) de las potenciales riquezas en minerales que alberga el Monte Tropic, como si esa montaña subterránea no formase parte de la plataforma continental de las islas Canarias. A cambio parece mostrarse generoso, ofreciendo garantías (¿?) sobre la estabilidad del archipiélago y de que no pondrá ningún obstáculo a su plena integración la dinámica económica africana.

En definitiva, a pesar de las apariencias, España no ha encontrado todavía la fórmula para neutralizar los problemas que genera la vecindad con Marruecos, sometida a sus recurrentes provocaciones. De momento, solo nos queda confiar en que el interés común por sacar adelante sin mácula el campeonato mundial de fútbol que, junto con Portugal, ambos países van a organizar en 2030 sea suficiente para evitar, al menos hasta entonces, una crisis como las que ya hemos vivido hasta ahora.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

La resolución de la ONU del 31 de octubre de 2025 sobre el futuro del Sáhara Occidental, bastante favorable a Marruecos, no podía llegar en mejor momento: un mes antes, el régimen de Mohammed VI se enfrentaba a unas protestas sociales cuya naturaleza y magnitud nadie había previsto. Impulsadas por miles de jóvenes, comenzaron el 27 de septiembre en varias ciudades del reino y continuaron durante casi una semana, para ir perdiendo fuerza progresivamente.

Con la aprobación de esta resolución, que reconoce el proyecto marroquí de autonomía en el Sáhara Occidental como “base de las negociaciones, sin condiciones previas” con los independentistas del Polisario, apoyados por Argelia, la diplomacia marroquí ha logrado un importante objetivo estratégico: relegar a un segundo plano la opción del referéndum, que podría conducir a la independencia de la “República Árabe Saharaui Democrática”, favoreciendo un proyecto que podría garantizar una cierta soberanía de Marruecos sobre este territorio del tamaño de media Francia.

Pero la forma en que se redactó la resolución (exclusivamente por Estados Unidos) y la aprobación con once votos a favor y tres abstenciones (Rusia, China y Pakistán), sin que Argelia participara en la votación, obliga a relativizar el éxito diplomático de Marruecos: una victoria, sin duda, pero una “victoria incompleta”.

Aunque el texto de la ONU reconoce, en un primer momento, el proyecto de autonomía marroquí como base para las negociaciones sin condiciones previas, “olvida” sin embargo incluir la famosa fórmula “bajo soberanía marroquí”, cuyo peso jurídico y relevancia diplomática no son desdeñables.

En un segundo párrafo, la resolución pide a ambas partes, Marruecos y el Frente Polisario, que busquen una solución “mutuamente aceptable que garantice la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental”. Ahora bien, uno de los mecanismos jurídicos fundamentales para la aplicación del principio de autodeterminación no es otro que el referéndum, y Marruecos considera hoy esa opción “obsoleta” y la rechaza de pleno, a pesar de que fue el rey Hassan II (1929-1999) quien la puso sobre la mesa de la ONU en 1981.

Incluso el enviado especial del secretario general de la ONU, Staffan de Mistura, no dudó en matizar, en una rueda de prensa en Bruselas el 5 de noviembre, lo que muchos consideraron una victoria de la diplomacia marroquí: “La resolución 2797, en sus párrafos cuidadosamente redactados, establece un marco para las negociaciones. No prescribe un resultado predeterminado”.

Eso explica sin duda la decisión de prorrogar una vez más por un año el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para la Organización del Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), cuando solo debía ser por tres meses.

En realidad, la redacción de esta resolución, que parece decir mucho pero no lo suficiente, refleja la aspereza de las negociaciones, incluso de los regateos que precedieron a la versión definitiva, entre el bando de los “aliados” de Marruecos (Estados Unidos y Francia) y el de los “amigos” de Argelia (Rusia y, en menor medida, China) para llegar a una redacción mínimamente consensuada. Pero si bien este ejercicio fue acrobático, el resultado no carece de interés: a pesar de todo, parece vislumbrarse una pequeña luz al final del túnel para resolver políticamente un conflicto que dura ya medio siglo.

La resolución refleja también, y sobre todo, el peso del apetito por el Magreb y el Sáhara Occidental, un territorio rico en recursos naturales, especialmente fosfatos, minerales, potencial eólico y solar y, según se dice, reservas de petróleo y gas.

En este sentido, Estados Unidos es el primero en frotarse las manos, que ocupa un lugar destacado en lo que parece un inmenso bazar, embrionario pero cargado de promesas económicas. En un discurso triunfalista pronunciado el 31 de octubre, día de la aprobación de la resolución, convertido en fiesta nacional en Marruecos, el rey Mohammed VI evocó explícitamente este paso, al tiempo que dio prioridad implícita a su aliado americano: “Se ha extendido ampliamente el reconocimiento de la soberanía económica del reino sobre sus provincias del sur después de que grandes potencias económicas como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia, España y la Unión Europea decidieran fomentar las inversiones en estas provincias y promover los intercambios comerciales con ellas”.

Según las declaraciones de los diplomáticos estadounidenses, realizadas tanto antes como después de la aprobación de la resolución, el despliegue económico en el Magreb debe inscribirse, en primer lugar, en una lógica de equilibrio entre los dos “hermanos enemigos” y en un entorno regional apaciguado. “Washington está trabajando activamente para alcanzar un acuerdo de paz entre Marruecos y Argelia, cuya firma está prevista para dentro de dos meses”, declaró a la cadena americana CBS, seis días antes de la votación de la ONU, el enviado especial de Donald Trump para Oriente Próximo, Steve Witkoff.

En Rabat, la voluntad de apaciguamiento se expresa al más alto nivel del Estado y figura en casi todos los discursos reales, incluido el del 31 de octubre: “Invito a mi hermano, su excelencia el presidente Abdelmadjid Tebboune, a un diálogo fraternal sincero entre Marruecos y Argelia para que, una vez superadas nuestras diferencias, sentemos las bases de unas nuevas relaciones basadas en la confianza, la fraternidad y la buena vecindad.”

A estas nuevas circunstancias se suma otro factor: la crisis política y diplomática que dura desde hace más de un año entre Francia y Argelia, creando un vacío que sin duda reforzará aún más la presencia americana en el Magreb. Los últimos dardos lanzados por el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, a su predecesor, Bruno Retailleau, que había convertido el sentimiento antiargelino en un tema electoralista, reflejan un cambio de rumbo, incluso el comienzo de una revisión de la diplomacia francesa hacia su antigua colonia.

“Tengo orígenes pieds-noirs y creo que me aprecian en Argelia, país con el que siempre he trabajado mucho, tanto cuando estaba al frente de la DGSI como cuando era coordinador de inteligencia”, afirma en una reciente entrevista concedida a La Tribune dimanche. La alusión de Laurent Nuñez a las elecciones de 2027 y, por extensión, a su predecesor, no puede ser más explícita: “Mi nombramiento ha sido bastante bien recibido [en Argelia]. Los comentarios en los medios de comunicación decían: es alguien más moderado, más abierto al diálogo, que también está más cerca del presidente de la República. Y además no soy miembro de ningún partido, no tengo una postura política, no aspiro a nada para 2027.”

Por invitación de su homólogo argelino, está prevista incluso una visita de Laurent Nuñez a Argel en diciembre.

En el palacio El-Mouradia, sede de la presidencia argelina, sigue soplando frío y calor para posicionarse mejor en lo que parece una “pax americana” con reflejos muy plateados: “La cuestión del Sáhara Occidental es un caso de descolonización. No voy a abandonar el Sáhara Occidental”, advirtió el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, una semana antes de la votación de la resolución de la ONU, ante una audiencia de altos mandos que aplaudían con entusiasmo cada una de sus frases.

Pero el 18 de noviembre llega el momento de la distensión. El tono cambia: ese día, la diplomacia argelina declara estar dispuesta a “apoyar cualquier iniciativa de mediación” entre el Polisario y Marruecos, para buscar una “solución justa, duradera y definitiva a la cuestión del Sáhara Occidental […] de conformidad con todas las resoluciones de la ONU”. ¿Incluida la última? “Incluida la última”, asegura el ministro argelino en una rueda de prensa.

En ese caso, ¿sobre qué base podría llevarse a cabo esa mediación? ¿Sobre la base del proyecto de autonomía marroquí, tal y como prevé la primera parte de la resolución, o bien según el principio de autodeterminación “del pueblo del Sáhara Occidental”, tal y como indica la última versión del texto de la ONU, lo que supone la celebración de un referéndum? Estas preguntas siguen ahí, a la espera de respuestas menos ambiguas.

El statu quo que ha congelado este asunto durante más de un siglo parece tener aún un largo camino por delante, lo que, en última instancia, convendría a todos. Incluidos los “hermanos enemigos” del Magreb.

Traducción de Miguel López

El Sáhara Occidental continúa sin ser descolonizado 50 años después de que España abandonase el territorio y lo dejara ilegalmente en manos de Marruecos y Mauritania. El 14 de noviembre de 1975, los últimos vestigios del régimen franquista firmaron junto a estos dos países la Declaración de Principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara Occidental, más conocido como el Acuerdo Tripartito de Madrid, incumpliendo la promesa de celebrar un referéndum de autodeterminación y completar el proceso de descolonización.

Un acuerdo precipitado por la Marcha Verde, que tuvo lugar unos días antes, el 5 de noviembre. De madrugada, unas 350.000 personas marroquíes, en su mayoría campesinos, iniciaron la marcha hacia la colonia española tras ser movilizadas por orden del rey Hasán II. El monarca quiso aprovechar la agonía de Franco para ocupar ilegalmente el territorio.

La entrega de la soberanía del Sáhara contrasta con las palabras del entonces príncipe Juan Carlos durante su visita a El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, dos días antes de la Marcha Verde, cuando acudió a mostrar su apoyo a las tropas españolas. En su discurso aseguró que España "cumpliría sus compromisos" con el territorio, donde se esperaba un referéndum de autodeterminación.

Los compromisos se quedaron en palabras. Tras la ocupación marroquí, el Frente Polisario declaró la guerra al régimen de Hasán II y a Mauritania, lo que obligó a gran parte del pueblo saharaui a exiliarse en campamentos situados en el sur de Argelia. Aunque Mauritania se retiró del conflicto en 1979, la guerra con Marruecos continuó hasta comienzos de la década de 1990. Con la caída de la Unión Soviética, que respaldaba al Polisario, la ONU promovió un alto el fuego en 1991 bajo la promesa de celebrar un referéndum de autodeterminación. Para ello creó la MINURSO, una misión de paz encargada de supervisar el proceso. Sin embargo, la descolonización sigue sin llegar y parece cada vez más lejana debido al creciente poder diplomático de Marruecos.

Cincuenta años después de la firma de aquella declaración, las resoluciones de la ONU sobre el Sáhara Occidental reflejan un cambio respecto a los principios que la organización defendía en los años setenta. Entonces, la Carta de las Naciones Unidas establecía que todo proceso de descolonización debía culminar con un referéndum de autodeterminación o, en su defecto, con la asunción directa de la administración por parte de la ONU. España, sin embargo, optó por transferir su responsabilidad de manera unilateral a Marruecos y Mauritania. Por ello, ni la ONU ni la Unión Africana reconocieron nunca aquel acuerdo, firmado en secreto y sin la participación del pueblo saharaui.

Para Itziar Ruiz-Giménez, doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, el Sáhara Occidental sufre "una ocupación ilegal". "Marruecos ocupa un territorio que no le pertenece y lo hace incumpliendo de forma flagrante el derecho internacional y el principio de autodeterminación de los pueblos", explica. La experta subraya que España "lleva 50 años incurriendo en dejación de sus responsabilidades legales y morales, permitiendo el expolio de los recursos saharauis, la represión y las violaciones de derechos humanos en los territorios ocupados".

No obstante, la postura internacional ha evolucionado hacia un mayor respaldo implícito al control marroquí del territorio. El Consejo de Seguridad de la ONU, mediante una resolución impulsada por Estados Unidos y apoyada por la mayoría de países de la Unión Europea, renovó a finales de octubre el mandato de la MINURSO hasta 2026 y situó el plan de autonomía marroquí como base para alcanzar una "solución política realista y duradera".

Aunque el texto mantiene la referencia formal al "derecho a la autodeterminación" del pueblo saharaui, el énfasis se desplaza hacia una autonomía bajo soberanía marroquí. El nuevo enfoque supone el mayor respaldo de la ONU hasta la fecha a la propuesta presentada por Rabat en 2007. Ese plan prevé una autonomía limitada del Sáhara Occidental, con competencias administrativas, judiciales y económicas, pero sin renunciar al control político y militar de Marruecos.

No obstante, Ruiz-Giménez recuerda que el Consejo de Seguridad no es competente para decidir sobre la autodeterminación del territorio. "Dicho organismo no puede tomar ninguna decisión en ese ámbito, y así lo establece claramente la Carta de Naciones Unidas. Su competencia se limita al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales", incide.

Desde mediados de los años ochenta, la posición del Gobierno español frente al Sáhara Occidental comenzó a virar progresivamente hacia una mayor sintonía con Marruecos. Los ejecutivos de Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy fueron dejando cada vez más atrás la defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, priorizando la cooperación con Rabat en asuntos estratégicos como la gestión de la migración irregular, la lucha antiterrorista y el control fronterizo.

Isaías Barreñada, doctor en Relaciones Internacionales y miembro del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos (CEARC), señala que la histórica posición de "neutralidad activa" de los gobiernos españoles respondía también a intereses económicos derivados del acuerdo. "En los anexos secretos de la declaración conjunta, conocidos años más tarde, España cedió la explotación de los fosfatos del Sáhara a cambio de que Marruecos y Mauritania establecieran relaciones comerciales y pesqueras preferentes con nuestro país", explica.

El giro definitivo llegó en marzo de 2022, cuando el presidente Pedro Sánchez envió una carta al rey Mohamed VI en la que calificaba la propuesta marroquí de autonomía como la base "más seria, creíble y realista" para resolver el conflicto. Con ese gesto, el Gobierno español oficializó su apoyo al régimen marroquí tras la crisis diplomática de 2021.

Tras la acogida médica en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, Rabat relajó el control fronterizo y permitió la entrada de miles de personas en Ceuta, generando el colapso de la frontera. "Marruecos sabe dónde golpear, y Ceuta y Melilla son una palanca de presión muy efectiva", advierte Barreñada. El académico recuerda que incluso durante esos meses, Marruecos llevó el asunto a la Liga Árabe y logró una declaración que respaldaba sus reclamaciones sobre las dos ciudades autónomas como territorios pendientes de descolonización.

Cinco décadas después de la Marcha Verde, Marruecos no solo ha consolidado su control sobre el 80% del Sáhara Occidental, sino que ha desplegado una ofensiva diplomática que le ha permitido ganar influencia en los principales foros internacionales. De los 84 países que reconocían a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), apenas 47 mantienen hoy ese reconocimiento, mientras Rabat acumula apoyos en la Unión Africana y entre los miembros del Grupo de Amigos del Sáhara Occidental en la ONU, donde solo Rusia resiste a una tendencia marcadamente promarroquí.

Barreñada destaca que Marruecos ha desplegado "una diplomacia muy activa" para que se perciba su presencia en el Sáhara como "algo irreversible". "Marruecos busca la legalización de los hechos consumados y necesita que el mundo crea que el conflicto ya está cerrado", añade.

El papel de Estados Unidos también ha sido decisivo en ese proceso. La Administración de Donald Trump reconoció en 2020 la soberanía marroquí sobre el Sáhara a cambio de que Rabat normalizara relaciones con Israel. Desde entonces, Washington ha mantenido su respaldo político y militar.

Ruiz-Giménez coincide en que el poder de Marruecos se ha consolidado gracias al apoyo estadounidense y europeo, pero no sobre la base de la legalidad internacional. "Ha tejido una red de apoyos formales sin sustancia, porque por muy poderosos que sean Estados Unidos o Francia, no pueden legalizar lo que es ilegal ni ocupar un territorio sin consultar a su pueblo", concluye.

Desde la ruptura del alto el fuego en Guerguerat –el principal puesto fronterizo que conecta el Sáhara Occidental con Mauritania– en noviembre de 2020, el conflicto del Sáhara Occidental transita una fase de hostilidades de baja intensidad y diplomacia intermitente.

Esta misma fase quedó marcada por el reconocimiento, en diciembre de 2020, de la soberanía marroquí por parte de la Administración Trump, encajado en la lógica de los Acuerdos de Abraham: un paquete de medidas para normalizar las relaciones árabe-israelíes al que se sumaron Emiratos Árabes Unidos, Baréin y, más tarde, Marruecos y Sudán. Lanzado en 2020, combinó incentivos políticos y estratégicos.

En el caso marroquí, la normalización con Israel –con reapertura de oficinas de enlace y cooperación en seguridad, tecnología y economía– se correspondió con el respaldo de Washington a la posición de Rabat sobre el Sáhara. Desde entonces, la propuesta de “autonomía bajo soberanía marroquí” de 2007 ha escalado como opción “realista” para varios actores influyentes, mientras el referéndum de autodeterminación se ha ido desdibujando en la práctica.

A partir de entonces, varios actores recalibraron públicamente su enfoque: Estados del Golfo reforzaron su apoyo al plan de autonomía, mientras que Francia y Alemania lo definieron como “serio y creíble”. Llamó sobre todo la atención el viraje de España –potencia administradora del territorio pendiente de descolonización–, quien pasó en 2022 a señalar la propuesta marroquí como “la base más seria, realista y creíble” para una solución en un polémico giro del Gobierno.

La resolución 2797, adoptada el 31 de octubre de 2025, llega precisamente en ese clima y lo consolida: renueva un año más el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) y ordena una revisión estratégica en seis meses.

El texto preserva la presencia de la ONU sobre el terreno y su función de verificación, pero evita abrir nuevas vías sustantivas –en derechos humanos o en la dimensión electoral que, en origen, debía sustentar el referéndum–, lo que redunda en continuidad operativa con poco oxígeno político.

Esta resolución renueva la MINURSO y ordena una revisión en seis meses, pero el corazón del texto late en otra parte: el lenguaje consagra la autonomía marroquí como horizonte “realista” y omite el referéndum. No es un simple matiz; es un desplazamiento del marco. La “solución mutuamente aceptable” ya no incluye, de facto, la opción independentista, y eso reconfigura el sentido del proceso auspiciado por la ONU.

De ahí nace la paradoja central: se sostiene la misión creada para organizar una consulta que el propio Consejo ha sacado del guion. La MINURSO mantiene la verificación y la mínima estabilidad en el terreno, pero sin una salida política coherente con el mandato original. La revisión semestral, lejos de ser una palanca evidente de cambio, podría funcionar como válvula de escape: ajustes técnicos y poco más, mientras la pregunta incómoda –qué significa hoy “autodeterminación” sin consulta– queda sin respuesta.

El texto evita reforzar dos pilares sensibles: un componente robusto de derechos humanos y las capacidades electorales que darían credibilidad a cualquier mecanismo de decisión futura. En un escenario de hostilidades de baja intensidad, esa omisión deja huecos de protección y reduce los incentivos para contener abusos a ambos lados del muro.

Estados Unidos impulsa el encuadre y varios países europeos lo acompañan, como España, cuya condición de potencia administradora pivotó en 2022 y calificó la autonomía como la base “más seria y realista”, movimiento que arrastró el debate europeo.

Rusia y China se abstienen: no dinamitan la continuidad de la misión, pero marcan distancia ante un texto inclinado hacia Rabat.

Argelia optó por ausentarse para subrayar que, a su juicio, el expediente del Sáhara Occidental sigue siendo un proceso de descolonización pendiente, cuya solución debe pasar por un mecanismo de autodeterminación auténtico –incluida la opción de independencia– y no por la consagración de la autonomía marroquí como único horizonte “realista”.

Argel denunció, además, que el texto desnaturaliza el mandato original de MINURSO al renovar la misión sin referéndum ni refuerzo de derechos humanos; ignora el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de 1975 y las resoluciones de la Asamblea General sobre el estatus del territorio; y refleja el viraje político. Son factores que, en su lectura, vacían de contenido jurídico el marco de la ONU y perpetúan el statu quo bajo una pátina de estabilidad.

El efecto neto en los incentivos es claro. Para Marruecos, validación incremental: estabilidad operativa y consagración política de la autonomía, sin contrapartidas sustantivas nuevas. Para el Frente Polisario, el mensaje es que la vía plebiscitaria ha quedado fuera del escenario.

Con la resolución 2797 el Consejo de Seguridad completa un viraje que venía gestándose desde 2020: del marco jurídico de descolonización, centrado en el referéndum, a un marco político de arreglo que privilegia la autonomía marroquí.

La misión se renueva alejada de su proposito; el instrumento jurídico (la consulta) se diluye y el resultado es claro: prevalece la realpolitik –la estabilidad y los alineamientos– sobre la vigencia operativa del derecho internacional en este conflicto.

La Unión Europea contribuye también a esta deriva. Pese a que el Tribunal de Justicia de la UE confirmó en octubre de 2024 que los acuerdos de comercio y pesca no pueden aplicarse al Sáhara Occidental sin el consentimiento de su pueblo, Bruselas ha explorado fórmulas para mantener flujos comerciales y pesqueros, desde nuevas negociaciones ad hoc hasta arreglos interinos con Marruecos que tensan el cumplimiento estricto de las sentencias. Es una búsqueda de puentes regulatorios que, en la práctica, bordea el fallo judicial en nombre del interés económico y la estabilidad con Rabat.

En suma, la resolución 2797 consagra el paso del derecho a la política como gramática dominante de la resolución del conflicto. Para el Sáhara Occidental, eso significa una ONU que gestiona el statu quo y una UE que busca atajos alrededor de sus propios fallos cuando chocan con intereses estratégicos. El mensaje de fondo –también para otras crisis– es incómodo: la fuerza del derecho cede terreno ante el derecho de la fuerza diplomática.

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María López Belloso es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha solicitado este sábado a las Naciones Unidas que rectifique la reciente decisión del Consejo de Seguridad de renovar su misión en el Sáhara Occidental, tomando como base la propuesta de una autonomía dependiente de Marruecos, algo que, ha recalcado, "llega porque cedió a las amenazas de los matones de Estados Unidos”.

Montero ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación en la capital aragonesa, durante su participación en la manifestación que ha exigido la libertad de los dos miembros en prisión de los Seis de Zaragoza.

Según Montero, lo que Naciones Unidas tiene que hacer es “rectificar” a su Consejo de Seguridad, “que ayer cedió a las amenazas de los matones de Estados Unidos, que son un peligro para la humanidad y por primera vez apoyaba un plan ilegal de ocupación de la dictadura marroquí sobre el territorio saharaui”.

Para la eurodiputada de la formación morada, en el Sáhara Occidental “tienen derecho a la libre determinación” y a explotar “sus propias materias primas”, y no mediante “acuerdos ilegales como el que acaba de hacer la UE con la dictadura marroquí”.

Así, ha subrayado Montero que “todos los países de Naciones Unidas tienen responsabilidad en ello” y “tienen la obligación de rectificar y de dar la espalda a ese plan de los matones de Estados Unidos”.

Sobre el país norteamericano, ha señalado que “no tienen suficiente con ser el principal apoyo político, económico y militar” con Europa, incluida España, “del genocidio en Palestina”.

“Ahora -ha apostillado- también quieren legalizar la ocupación ilegal del Sáhara Occidental y volver a la época de las intervenciones militares ilegales en Colombia, en Venezuela o en cualquier país de América Latina”.

También ha recalcado que “hay que proteger a la humanidad de esta gran amenaza que es Estados Unidos, igual que Israel”, y ha concluido: “El Sáhara, para los saharauis”.

El Consejo de Seguridad de la ONU ha extendido hoy la actividad de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) por un año más. Sin embargo, el organismo también ha pedido que se lleven a cabo negociaciones teniendo en cuenta el Plan de Autonomía propuesto por Marruecos.

«El Consejo de Seguridad reafirma su compromiso de ayudar a las partes a lograr una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, basada en el Plan de Autonomía", expone la denominada Resolución 2797. Los acuerdos irán encaminados a garantizar "la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental".

Esta resolución ha sido aprobada con 11 votos a favor --Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Corea del Sur, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Guyana, Sierra Leona, Somalia y Panamá-- y las tres abstenciones de Rusia, China y Pakistán. Por su parte, Argelia no ha participado en la votación.

La prórroga de MINURSO será de doce meses --hasta el 31 de octubre de 2026-- y, además, el secretario general de la ONU deberá realizar un informe sobre su labor en el proceso de paz en un plazo de 90 días. Por su parte, la resolución enfatiza que las partes implicadas deben colaborar con la MINURSO.

Tanto Rusia como China consideran que en la resolución no se ha tenido lo suficientemente presente las observaciones recomendadas por el secretario general de la ONU en su último informe sobre el pueblo saharui. Es más, Moscú ha echado en falta el principio de autodeterminación del Sáhara Occidental.

Por su parte, el representante argelino, Amar Bendjama, afirmó que su país no participó de la votación porque "no refleja de manera fidedigna la doctrina de Naciones Unidas en materia de descolonización", según ha informado EFE.

"Es la puesta en práctica de esta doctrina lo que permitió a numerosas naciones estar aquí hoy representadas en la ONU. Reconocemos abiertamente que se han aportado al texto mejoras sustantivas, como que se busque una solución justa y duradera al conflicto, que se consagre el derecho inalienable del pueblo saharaui a la libre determinación y que se implique a las partes de buena fe y sin condiciones previas bajo el patrocinio de la ONU", afirmó.

Se espera que el rey de Marruecos Mohamed VI dirija esta noche un discurso inédito a la nación tras la aprobación. El carácter inédito de este discurso se debe a que los mensajes reales se producen en Marruecos en momentos muy solemnes, tales como la apertura del año parlamentario, durante la celebración del aniversario de su entronización, o durante la celebración de la Marcha Verde.

Los campamentos de refugiados saharauis de la región argelina de Tinduf registraron este lunes masivas manifestaciones contra la propuesta de resolución estadounidense que prioriza una autonomía marroquí para el Sáhara Occidental y que, previsiblemente, se votará en el Consejo de Seguridad de la ONU el próximo jueves 30 de octubre. La Administración de Estados Unidos, dirigida por Donald Trump, reconoció en 2020 la soberanía de Marruecos sobre la excolonia española pese a las resoluciones de la ONU, que lo considera un "territorio no autónomo". Los territorios han convocado nuevas protestas para este martes, informa EFE.

El Frente Polisario consideró que la propuesta de resolución redactada por Estados Unidos supone "una desviación muy peligrosa y sin precedentes de los principios del derecho internacional" que sustentan la cuestión saharaui desde la perspectiva de la "descolonización", y rechazará negociar con Marruecos si la resolución establece precondiciones que excluyan el referendo de autodeterminación y se posicionen solo a favor de una autonomía marroquí del Sáhara Occidental. "Como ha subrayado en su carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad (Rusia), el 23 de octubre de 2025, el Frente Polisario reafirma su rechazo categórico a cualquier enfoque que establezca un marco prefijado para las negociaciones o predetermine su resultado", declaró este lunes en un comunicado firmado en Bir Lehlou, establecido en el 20% del Sáhara Occidental que controla el movimiento saharaui.

Miles de personas se manifestaron en los campamentos de refugiados levantados hace 50 años en el desierto argelino para acoger a quienes huían del Sáhara Occidental, coincidiendo con la Marcha Verde que lanzó Marruecos en 1975 tras la retirada de España. "Nos hemos arrepentido de tantas palabras que no son verdaderas. Es el fin de las palabras y del cuento de mentiras, lo que queremos es un Sáhara libre. Intentamos luchar por nuestro país", declaró una joven manifestante, Lila Salama.

El representante del Frente Polisario en Asia, Ibrahim al Mujtar Boumokhrota, valoró el masivo encuentro en el campamento de El Aaiún, una de las cinco zonas que componen el asentamiento de refugiados, en el rechazo a "ser parte de una autonomía en el Estado de Marruecos". "Marruecos es un poder ocupante. Ellos no tiene ningún derecho a decidir nuestro futuro. Pedimos al Consejo de Seguridad aprobar una resolución que respete la ley internacional y la legalidad y sobre ella decir que el pueblo tiene el derecho a la autodeterminación", consideró al Mujtar.

Hoy Rabat controla el 80% de esta excolonia española, sobre la que el Frente Polisario reclama un referendo de autodeterminación que incluya la independencia del territorio. El Consejo de Seguridad de la ONU abordará el jueves la continuidad de la llamada Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), establecida en 1991.

Según el Polisario, en función del borrador distribuido el 22 de octubre pasado y redactado por Washington, la resolución prioriza la autonomía dentro de las fronteras marroquíes relegando la celebración de un referendo, mientras que el movimiento independentista saharaui considera la futura votación un aspecto "innegociable".

El Polisario aseguró que sigue de cerca las consultas sobre el proyecto de resolución de Washington, y que pidió a todos los miembros del Consejo de Seguridad que "utilicen su influencia de manera constructiva" para facilitar unas negociaciones directas "sin condiciones previas y de buena fe, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, con miras a lograr una solución justa, duradera y mutuamente aceptable".

Días antes, había abierto la puerta, mediante una carta enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, a unas negociaciones directas con Marruecos para alcanzar una solución "justa y duradera" en la que la autonomía marroquí constara entre las opciones de un referendo y que no fuera la "única" solución y la "impuesta". El movimiento independentista ha asegurado este lunes que "no participará en ningún proceso político o negociación basados en propuestas, independientemente de su origen, que tengan por objeto 'legitimar' la ocupación militar ilegal" de Marruecos.

A estas alturas resulta cada vez más claro que ni el respeto de los derechos humanos ni el cumplimiento de las normas del derecho internacional son las guías que sirven para gestionar las relaciones internacionales. Lo que cuenta, por desgracia, es la más cruda real politik, basada en la voluntad de poder, la relación de fuerzas (no solo militares) y la defensa a ultranza de intereses geopolíticos y geoeconómicos. Y, si no bastan las propias fuerzas, se busca el respaldo de una potencia global que sirva para imponerse a los vecinos y adversarios. Un buen ejemplo de ello es lo que puede ocurrir en torno al Sahara Occidental si Donald Trump logra llevar a la práctica lo que de momento es solo una propuesta.

Los saharauis, con el Frente Polisario como su legítimo representante, tienen la razón histórica y el derecho internacional de su lado. Por una parte, ya en 1975 el Tribunal Internacional de Justicia dictaminó que no existían lazos de soberanía marroquí sobre ese territorio, mientras que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dejó claro en 2024 que es un territorio “separado y distinto” a Marruecos. Por otro, la ONU, ya de manera inequívoca desde 1991, reconoce explícitamente que el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación; aunque, como es bien sabido, nunca ha llegado a celebrarse el referéndum previsto en el plan de paz alcanzado aquel año.

Sin embargo, de poco han servido esos argumentos ante el empuje de Marruecos. A punto de cumplirse cincuenta años de la Marcha Verde, Rabat no solo ha logrado desbaratar todos los intentos de celebrar dicho referéndum, sino que, combinando acciones militares con otras de índole económica, también ha ido consolidando su presencia en el llamado “Sahara ocupado” o “Sahara útil”; es decir, el 80% del total, dejando a los refugiados saharauis enclaustrados en la desértica hamada argelina de Tinduf. De poco ha servido igualmente que el Frente Polisario haya vuelto a recurrir a las armas a partir de octubre de 2020, en un desesperado intento por romper la dinámica promarroquí que ya entonces había adquirido el conflicto y provocar una reacción internacional que evitara el hecho consumado de verse absorbidos por Rabat.

En realidad, más allá de declaraciones y proclamas más o menos triunfalistas, hace ya mucho que el tiempo corre a favor de Marruecos. No solo se trata de que su abrumadora superioridad militar hace impensable que las fuerzas de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) puedan recuperar el terreno perdido y obligar a las Fuerzas Armadas Reales a retirarse del sistema de muros que ha ido creando con los años, sino de que Rabat también ha tomado la delantera de manera innegable en el terreno político y diplomático. Así lo ha hecho en todas las instancias internacionales de las que forma parte, de tal manera que de los 84 países que llegaron a reconocer a la RASD (creada en 1976), hoy tan solo quedan 47. Y si en la Unión Africana, desde su entrada en 2017, ha conseguido ganar apoyos para arrinconar a la RASD (hasta el punto de que su pertenencia a la organización sea cada día más precaria), en el Grupo de Amigos del Secretario General de la ONU para el Sahara Occidental también ha ido ganando adeptos a su causa.

De los cinco miembros de este último grupo, creado formalmente en 2011, ya es notorio el alineamiento promarroquí tanto de Estados Unidos, como del Reino Unido, Francia y España; de tal modo que solo queda Rusia por dar un paso que satisfaga las expectativas de Rabat. Todos ellos parecen haber entendido por diferentes razones que, derecho internacional al margen, la existencia de un Estado saharaui no resulta conveniente. En consecuencia, los saharauis, sin fuerzas propias para hacer valer sus derechos, han quedado abandonados, incluso por una Argelia que tampoco está en condiciones de ir más allá de lo que ha hecho hasta ahora.

Visto así, la propuesta de solución del conflicto que acaba de presentar Donald Trump, anunciando que ha puesto a Steve Witkoff y a Jared Kushner a trabajar en el tema, puede suponer el tiro de gracia al sueño de un pueblo por el que, en definitiva, ya nadie se la va a jugar. Los acontecimientos se precipitan, con el final de la MINURSO (desplegada en el terreno desde 1991, precisamente para garantizar el alto el fuego y preparar el referéndum), inicialmente previsto para el próximo 31 de octubre (aunque es probable que se extienda puntualmente su mandato), y con la presentación de una propuesta de Resolución por parte de Washington en el Consejo de Seguridad de la ONU. Cabe dar por descontado que, si Moscú no la veta, dicha Resolución supondrá el entierro definitivo de la idea del referéndum y la confirmación de que la monarquía alauí tendrá ya a la vista el momento en el que podrá izar su bandera en todo el Sahara Occidental, convertido, en el mejor de los casos, en una mera región con ciertas competencias administrativas.

Aunque el narcisista inquilino de la Casa Blanca se apresure a contabilizar un nuevo éxito como supuesto pacificador, difícilmente la aprobación de dicha Resolución supondrá que la paz vuelva a reinar en la región; con Rabat y Argel alimentando una inquietante espiral armamentística en la disputa por el liderazgo regional.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

La última vez que el PSOE y el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendieron el derecho a la autodeterminación del Sáhara corría el año 2019, y la política española hervía tras la moción de censura, sometida a la presión emergente de los nuevos partidos (Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox). Un compromiso histórico de los socialistas que se remontaba al inicio de la ocupación de este territorio, abandonado a su suerte por España hace casi 50 años, y que Sánchez enterró en 2022 a cambio de que Marruecos reanudase el control de las fronteras con Ceuta, desbordadas por la llegada de miles de migrantes, en su mayor parte menores de edad, a los que la gendarmería marroquí facilitó el acceso para poner a las autoridades españolas contra las cuerdas.

Desde entonces, los mítines y los discursos del PSOE se llenan de banderas de Palestina y de denuncias contra la ocupación israelí de su territorio, pero ya nadie en ese partido agita los símbolos del Sáhara Occidental. En defensa de los intereses saharauis —gran parte de cuya población vive en el exilio y cuyo territorio está sometido a la ocupación del ejército de la monarquía autocrática marroquí— solo se alzan ahora las voces de la izquierda (Podemos, Esquerra, Bildu, Compromís, Comuns y el BNG), a las que se acaba de sumar, en un giro inesperado de los acontecimientos, la ultraderecha de Vox, aunque solo sea para ponerse del lado de las organizaciones de agricultores y consumidores que denuncian la comercialización de productos saharauis como si fuesen de Marruecos.

Los ultras dicen defender ahora la legalidad internacional y el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el 4 de octubre de 2024 anuló los acuerdos comerciales con Marruecos porque, en palabras de uno de sus portavoces en el Congreso, Ricardo Chamorro, “faltaba lo esencial: el consentimiento del pueblo saharaui”.

Más allá del oportunismo de Vox, que solo busca el voto del campo, es la izquierda quien de verdad mantiene izada la bandera saharaui. Casi una treintena de eurodiputados se movilizaron este miércoles para pedir a la presidenta del Parlamento Europeo que reprenda a la Comisión por el nuevo y polémico acuerdo comercial con Marruecos porque “reconoce y recompensa de facto la ocupación ilegal del Sáhara Occidental al incluir expresamente productos procedentes de ese territorio”. También protestan por la intención de la Comisión Europea de poner en vigor el acuerdo antes de que el Parlamento haya sido consultado y recuerdan que el nuevo texto “repite los mismos errores” que llevaron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a anular el último acuerdo.

Entre ellos hay parlamentarios miembros de La Izquierda, Los Verdes y el grupo Socialistas y Demócratas (S&D), además de varios no adscritos, que representan a formaciones políticas de Dinamarca, Finlandia, Suecia, Portugal, España, Bélgica, Países Bajos, Irlanda, Austria, Alemania y Eslovenia. Entre los españoles, ni uno solo del PSOE.

“Es increíble ver cómo la Comisión Europea, en un mismo acto, ignora al Parlamento Europeo, al Tribunal de Justicia y al Derecho Internacional”, denunció el promotor de la iniciativa, el eurodiputado danés Per Clausen (del grupo de La Izquierda).

En cuestión está la pretensión de Bruselas de que el nuevo acuerdo comercial entre la UE y Marruecos entre en vigor de manera provisional antes de ser aprobado por el Parlamento Europeo, así como la intención de la Comisión de recompensar de facto la ocupación ilegal del Sáhara Occidental mediante un acuerdo que permite al Reino de Marruecos seguir explotando económicamente su territorio.

El Frente Polisario también ha dejado clara su oposición. “Denunciamos y rechazamos el nuevo acuerdo. Obviamente, nuestra primera opción no era volver a los tribunales. Lamentamos que haya esta voluntad por parte de la Comisión Europea de mantener este limbo legal entre el pueblo del Sáhara Occidental y la UE”, dijo esta semana en rueda de prensa el asesor especial del secretario general del Frente Polisario para recursos naturales y asuntos jurídicos, Oubi Buchraya Bachir.

“Hemos expresado nuestro deseo de contribuir a encontrar un acuerdo que sea respetuoso con las decisiones de los tribunales, pero por parte de la UE no se ha actuado de manera positiva”, añadió. Han actuado con “falta de transparencia”, con la única intención de “imponer un hecho consumado a todas las partes, no solo al pueblo saharaui, sino también a los Estados miembros y al Parlamento Europeo”. Es una “violación flagrante y frontal” de las sentencias de la justicia europea, ha asegurado Buchraya, que ve “inevitable” tener que volver a la corte europea con sede en Luxemburgo para recurrirlo.

No se trata únicamente de un acuerdo económico de productos agrícolas, resumió el asesor del secretario general del Frente Polisario. En paralelo, está “animando a Marruecos a no cooperar con la ONU para resolver el conflicto en el Sáhara Occidental sobre la base del derecho internacional”.

Prueba de ello es que el acuerdo cuenta con la aprobación de Marruecos. El ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, lo considera más un documento geoestratégico que comercial porque, declaró, “aporta las aclaraciones necesarias, en el respeto de los fundamentos nacionales” del país magrebí y su reivindicación de soberanía sobre el Sáhara Occidental. De hecho, lo ha presentado como un espaldarazo a su propuesta de integración del Sáhara en un régimen de autonomía, aplaudida por varios países europeos (entre ellos España), pero no por la UE ni por Naciones Unidas.

Con todo, Ignacio Cembrero, periodista especializado en el Magreb, desmonta el verdadero alcance del acuerdo. Lo que ha hecho la Comisión Europea y sus Estados miembros “ha sido ganar tiempo”, asegura. El Frente Polisario recurrirá de nuevo a la justicia y, al cabo de cinco años, “es harto probable que el Tribunal de Justicia de la UE le vuelva a dar la razón. Hasta ahora el Polisario lo ha ganado todo en los tribunales europeos”.

Desde su punto de vista, las “prisas y la opacidad” con las que la Comisión ha negociado con Rabat “son chocantes”. Sobre todo si se tiene en cuenta, como denuncian el citado grupo de eurodiputados, que se ha hecho sin tener en cuenta al Parlamento Europeo.

“Por lo que sabemos del nuevo acuerdo”, explica, “es como el anterior, el que fue anulado por el TJUE, solo que llamando a las cosas de otra manera, especialmente a los productos agrícolas exportados del Sáhara Occidental a la UE”. Lo que significa que “no respeta las sentencias del TJUE de octubre de 2024”.

Cembrero recuerda la reacción del ministro de Agricultura, Luis Planas, al fallo de octubre de 2024, diciendo “que la relación con Marruecos estaba por encima de las sentencias del TJUE”. “Ahora ha quedado demostrado”, porque “el Gobierno apoya a la Comisión en su empeño en sortear las sentencias del tribunal”.

Lo confirmó el propio Planas este miércoles en el Congreso, después de que el portavoz del BNG, Néstor Rego, le reprochase el acuerdo con Marruecos. “Nos preocupa que el Estado español se sume a la vulneración de la legalidad internacional, vulnerando el derecho legítimo del pueblo saharaui a vivir en su tierra en paz y en libertad y a poder disfrutar también de sus recursos. Porque, efectivamente, sería más lógico negociar con la República Árabe Saharaui que con Marruecos. Y eso es lo que le pedimos”, subrayó Rego.

Desde la tribuna de oradores, el titular de Agricultura, con una amplia carrera diplomática, apenas se esforzó en desmentir la mayor. Lo que han hecho el Consejo y la Comisión, dijo, no es sino poner y adaptar los acuerdos vigentes a las sentencias del Tribunal de Justicia dictadas hace un año, en un doble aspecto: en lo que se refiere al origen de los productos y también a la repercusión sobre las poblaciones del Sáhara. Eso sí, pasó por alto el fondo de la decisión del TJUE: la obligación de negociar y pactar con el Polisario en todo lo que afecte al Sáhara.

Enfatizó el ministro, eso sí, el peso que tiene la relación estratégica con el reino alauí. Una decisión adoptada por el Gobierno que no hace sino ahondar en la de ponerse del lado de Marruecos y en contra del Sáhara. “Son acuerdos que tienen también un contenido estratégico muy importante tanto para la Unión Europea como para Marruecos”.

¿A qué se refiere cuando habla de “contenido estratégico”? A que el Gobierno de España pone por encima de los intereses del Sáhara los suyos propios en materia de control migratorio, estabilidad fronteriza y lucha contra el terrorismo yihadista.

Marruecos actúa desde hace años como un socio clave en el control de los flujos migratorios hacia Europa. Su cooperación permite reducir la llegada de pateras y cayucos a Canarias y a las costas andaluzas. El Gobierno considera que mantener una buena relación con Rabat es esencial para la seguridad fronteriza y la gestión migratoria.

Además, el Magreb y el Sahel son zonas de alta actividad de grupos yihadistas. Marruecos comparte información de inteligencia con España y la UE, y su colaboración ha sido decisiva para prevenir atentados.

España no es el único socio europeo que actúa dando por hecho que el Sáhara es territorio marroquí. Esta misma semana, las patronales de Marruecos y Francia celebraron un foro económico centrado en energía, desarrollo sostenible, infraestructuras y turismo. El evento tuvo lugar en Dajla, en el Sáhara Occidental, como una nueva señal de apoyo de París a la soberanía marroquí sobre ese territorio.

Palestina sí, Sáhara no.

El Gobierno español aprobó el martes un decreto-ley que prohíbe la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados y que forma parte de un paquete de medidas para presionar a Israel para que ponga fin al genocidio en Gaza.

El boicot a estos productos contrasta, sin embargo, con la actitud del Ejecutivo en relación con los productos con origen en el Sáhara Occidental, que también es un territorio ocupado. Muchos de ellos siguen comercializándose en España como si fueran de Marruecos, a pesar de las sentencias en contra del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Abdullah Arabi, delegado del Frente Polisario en España, tiene claro ese doble rasero con el que el Gobierno de Pedro Sánchez trata a Palestina y al Sáhara. Y aunque aplaude su posición en relación con los territorios ocupados por Israel, la considera al mismo tiempo “la expresión cristalina de la incoherencia” de la política española sobre su país.

“Lo que sucede en Palestina es exactamente lo mismo que sucede en el Sáhara Occidental”, subraya. Pero el Gobierno español actúa como si Marruecos no fuese “una potencia ocupante”, igual que Israel; “una dictadura que machaca los derechos humanos del pueblo saharaui”. “Prima más el factor geoestratégico, aunque sea en detrimento del derecho internacional”, lamenta el representante legal del Sáhara en España.

La consecuencia es que, mientras se presume de prohibir la llegada de productos de los territorios ocupados por Israel, el Gobierno no hace nada por impedir que los que tienen origen en el Sáhara se sigan comercializando en España como productos marroquíes.

Informes de organizaciones no gubernamentales como Vigilancia de los Recursos del Sáhara Occidental (WSRW, por sus siglas en inglés), certifican que España es uno de los principales destinos europeos de productos pesqueros y procesados procedentes del Sáhara ocupado.

No hay cifras oficiales, pero un documento de trabajo de la Unión Europea cifró en 2022 en 590 millones de euros el valor de todo lo que sale del Sáhara Occidental y acaba vendiéndose en el territorio comunitario.

Conocer la cifra exacta no es sencillo: muchos productos se reetiquetan o se empacan fuera del Sáhara (por ejemplo en Agadir) antes de exportarse, lo que dificulta identificar el origen real a través de las bases de datos aduaneras.

La base legal de las reivindicaciones saharauis está clara. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2024 dejó claro que no se pueden seguir vendiendo esos productos como si fuesen marroquíes. El tribunal se pronunció a petición del Consejo de Estado francés, tras las quejas de un sindicato de agricultores.

En estos momentos, todo está pendiente de la revisión de los acuerdos comerciales de la UE con Marruecos, pero la solución que se adopte, según la justicia, debería asegurar el pleno respeto de la legalidad internacional y de los derechos del pueblo saharaui. La sentencia del TJUE obliga a Bruselas a revisar en profundidad su relación con Marruecos y poner fin a la complicidad en el expolio de los recursos saharauis.

Entidades como la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU) llevan tiempo denunciando la llegada a los mercados españoles de productos saharauis, en particular melones, tomates cherry y pepinos que se cosechan en la antigua colonia española, pero se transportan a Marruecos, se mezclan con la producción local y se exportan a la UE con etiqueta marroquí.

COAG exigió hace un año, en un acto en el Congreso de los Diputados, la suspensión inmediata del acuerdo comercial en materia agraria entre la UE y Marruecos en aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque viola el derecho internacional.

Ambas organizaciones presentaron el pasado mes de julio una denuncia conjunta ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por el supuesto incumplimiento de las normas de etiquetado en tomates cherry comercializados en los lineales de una de las principales cadenas de distribución en España, en la que instaban a investigar esta situación y a sancionar, en su caso, a las empresas responsables de los posibles fraudes a las personas consumidoras.

En concreto, señalan a la empresa Azura, con más de 400 hectáreas de invernaderos en producción en el Sáhara Occidental, que comercializa sus tomates cherry en supermercados de la Unión Europea etiquetados con el origen “Marruecos”. “Hemos detectado la comercialización de estos productos en España en varios establecimientos de la cadena Carrefour. Una situación que ya se ha denunciado en Francia y que también se está produciendo en España”, asegura COAG.

“Las personas consumidoras tenemos derecho a saber de dónde vienen realmente los alimentos que compramos, especialmente cuando afecta a un tema tan importante para la sociedad española como el Sáhara Occidental”, defiende CECU.

No parece que el Gobierno español vaya a hacer mucho caso. El ministro de Agricultura, Luis Planas, llegó a afirmar, hace apenas un año, que la relación de España con Marruecos estaba “por encima” de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Y eso que el TJUE canceló los acuerdos de pesca y de asociación de la UE con Marruecos y ordenó que los productos agrícolas exportados de ese territorio a la UE fuesen etiquetados como procedentes del Sáhara y no de Marruecos.

El delegado del Polisario en España denuncia que la Comisión y el Consejo están negociando en estos momentos con Marruecos, con participación activa de España, un nuevo acuerdo comercial “que va a incluir el territorio del Sáhara Occidental ocupado ilegalmente, que es una forma de blanquear la ocupación del territorio”.

Así fue hace un año. El 30 de julio de 2024, Emmanuel Macron revelaba la fórmula mágica que reconciliaría a París y Rabat, con motivo del vigésimo quinto aniversario del reinado de Mohammed VI: “El presente y el futuro del Sáhara Occidental se inscriben en el marco de la soberanía marroquí.” Tras años de desavenencias y en contra del derecho internacional, Francia se alineaba con Marruecos en el conflicto que enfrenta al reino con los independentistas saharauis del Frente Polisario desde hace casi medio siglo.

Este año, en su tradicional discurso del Trono pronunciado el martes 29 de julio, Mohammed VI se congratuló por el “creciente apoyo internacional a la propuesta de autonomía” y agradeció al Reino Unido y a Portugal “sus posiciones constructivas”. Ambos países anunciaron recientemente que consideraban el plan de autonomía marroquí como “la base más seria” para la resolución del conflicto. Establecido en 2007, este plan propone situar la zona bajo soberanía marroquí, al tiempo que permite a los saharauis elegir a sus propios representantes en un parlamento local.

“Estas posiciones [...] nos impulsan aún más a buscar una solución consensuada que salve las apariencias de todas las partes, en la que no haya ganadores ni perdedores”, prosiguió el rey.

Sin embargo, en las Naciones Unidas la situación sigue estancada. Desde 1991, la ONU no ha hecho más que prorrogar su Misión de las Naciones Unidas para la Organización de un Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso), que nunca ha logrado poner en marcha la famosa votación. En noviembre de 2020, se rompió el alto el fuego y se reanudaron los disparos esporádicos en este territorio que sigue siendo “no autónomo” para el derecho internacional.

A la diplomacia marroquí le gusta hacer creer que está a punto de ganar la partida, a medida que acumula apoyos para su plan de autonomía. Pero para Fouad Abdelmoumni, economista marroquí y activista por los derechos humanos, “la posición jurídica de Marruecos sigue siendo incómoda”.

Para Khadija Mohsen-Finan, politóloga e investigadora asociada al laboratorio Sirice (Sorbona, identidades, relaciones internacionales y civilizaciones de Europa), Marruecos se ha beneficiado del reconocimiento de su soberanía sobre el Sáhara Occidental por parte de Estados Unidos en 2020. “Se ha roto una barrera”, nos confiesa. “Marruecos ha jugado la baza aritmética —conseguir el mayor número de apoyos— y también la de los países más importantes. Esto puede cambiar la situación, tanto en lo que respecta a su imagen como a la influencia que pueden ejercer sobre las Naciones Unidas.”

En opinión del reino, quedan dos países por convencer en el Consejo de Seguridad: China y Rusia. La prensa cercana al poder afirma, con informes que lo respaldan, que ambas potencias estarían dispuestas a alinearse. Fouad Abdelmoumni, por su parte, se muestra muy escéptico. “Para China y Rusia, renunciar a una cuestión de autodeterminación como esta, sin que haya avances serios en beneficio de la población afectada, sería muy costoso en términos de imagen”, explica el economista, que concluye: “Y Marruecos no tiene mucho que ofrecerles”.

Para él, Marruecos “aprovecha cualquier cosa para alimentar la sensación de que las cosas le son favorables”, a veces “yendo de farol”.

La visita del expresidente sudafricano Jacob Zuma a Rabat, el 15 de julio, es un ejemplo de ello. Zuma acudió a declarar su apoyo al plan de autonomía marroquí en nombre del partido que él mismo creó... y recibió una acogida formal, con el uso de la bandera nacional sudafricana. El Congreso Nacional Africano (African National Congress, ANC), partido del actual presidente, emitió un comunicado para condenar ese acto “provocador” y recordar que Zuma no representa al Gobierno sudafricano. El ANC también “condenó la maquinaria propagandística marroquí” que quiso ver en esta visita el inicio de un cambio de postura oficial y reafirmó su apoyo a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reconocida por Sudáfrica desde 2004.

Pero tras los apretones de manos y los comunicados conjuntos, los nuevos amigos de Marruecos tienen en el punto de mira contratos económicos con un horizonte muy concreto: la Copa del Mundo de fútbol, que organizarán conjuntamente Marruecos, España y Portugal en 2030. David Lammy, ministro de Exteriores británico, fue explícito al expresar su deseo de que “las empresas británicas puedan ganar mucho dinero con la celebración de la Copa del Mundo de 2030”.

Por su parte, Francia ya se ha asegurado el suyo. En su visita oficial a Rabat, a finales de septiembre de 2024, Macron fue acompañado de unos cuarenta empresarios. Alstom, en particular, consiguió un importante pedido: dieciocho trenes, en el marco de la ampliación de la línea de alta velocidad entre Kenitra y Marrakech. Un pedido financiado, por cierto, con un préstamo de Francia.

“Marruecos está hablando de 100.000 millones de dólares de inversión en proyectos que no tienen ningún sentido económico, pero son estratégicos, en particular en lo que respecta al Sáhara y a la viabilidad del régimen monárquico”, analiza Fouad Abdelmoumni.

El Sáhara Occidental también presenta un potencial directo que explotar. Las compañías francesas Engie y Total ya han colocado sus fichas para el desarrollo del hidrógeno verde. Y Rémy Rioux, director de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), acudió en persona a El Aaiún, en mayo, para anunciar una inversión de 150 millones de euros en la región. Por su parte, el Reino Unido también ha confesado que UK Export Finance, su agencia, podría “apoyar proyectos en el Sáhara Occidental”, siempre que se respeten sus “obligaciones de diligencia debida”.

En octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al que había recurrido el Frente Polisario, infligió sin embargo un revés a Marruecos. Anuló dos acuerdos de libre comercio entre la UE y Marruecos, argumentando que “los acuerdos comerciales UE-Marruecos de 2019 en materia de pesca y productos agrícolas, a los que no ha dado su consentimiento el pueblo del Sáhara Occidental, se celebraron sin respetar los principios de autodeterminación y efecto relativo de los tratados”.

Para Khadija Mohsen-Finan, esos grandes contratos no son las únicas bazas que la diplomacia marroquí ha utilizado para seducir a sus aliados. “Marruecos también representa una puerta abierta a África. Se ha vuelto indispensable para Europa en cuestiones migratorias, así como para la negociación con los países del Sahel”, explica la investigadora. “Y ha construido una alianza con Israel... que es lo que Trump quiere que hagan otros países árabes”, añade.

En diciembre de 2020, Marruecos e Israel firmaron los acuerdos de Abraham. Era la condición impuesta por la Casa Blanca para apoyar al reino alauita en el asunto del Sáhara... y ha abierto una brecha entre el poder y la población marroquí. El 20 de julio, decenas de miles de marroquíes volvieron a manifestarse en Rabat, denunciando esta normalización como una “traición”. Pero el reino mantiene el rumbo, pensando así conservar el apoyo de Donald Trump.

A finales de junio de 2025, dos congresistas estadounidenses, uno republicano y otro demócrata, propusieron una ley para añadir al Frente Polisario a la lista de organizaciones terroristas. Khadija Mohsen-Finan relativiza: “Demonizar un poco más al Polisario no cambiará nada. El bloqueo está en la ONU, que negocia con el Frente como representante del pueblo saharaui.”

Pero para la politóloga, la situación en Oriente Próximo demuestra un debilitamiento del derecho internacional que podría beneficiar al reino. “Las Naciones Unidas son muy débiles. Es posible que tiren la toalla y acaben reconociendo el plan marroquí, sobre todo porque, en la práctica, Marruecos ya controla el Sáhara Occidental”. Marruecos controla el 80 % de ese territorio.

Por su parte, Fouad Abdelmoumni ve difícil una solución diplomática al conflicto: “Mientras Marruecos no sea una democracia y un Estado de derecho, el plan de autonomía no podrá ser aceptado por los saharauis, por muy atractivo que parezca.”

En su opinión, el conflicto tardará mucho tiempo en resolverse. “La verdadera estrategia es dejar que las cosas se pudran”, afirma el activista. “En cinco décadas, los saharauis se convertirán en una minoría. La batalla habrá terminado, por falta de combatientes”.

En su última resolución, el Consejo de Seguridad de la ONU reafirmó su voluntad de ayudar a las partes a alcanzar “una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, basada en el compromiso, que permita la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental” (octubre de 2024).

Algunos Estados han tomado la decisión política de acercarse a Marruecos, en diferentes grados:

· Los aliados más cercanos consideran el plan marroquí como “la única” base para la resolución del conflicto. Esa es la posición de Francia. Algunos países llegan incluso a abrir consulados en El Aaiún o Dajla, como Senegal, los Emiratos Árabes Unidos o Guatemala.

· Otros aliados más cautelosos consideran el plan de autonomía como “la base más seria” para la resolución del conflicto. Esta es la posición defendida por España desde 2022, a la que se sumaron el Reino Unido y Portugal en 2025.

Fouad Abdelmoumni, entrevistado en el marco de este artículo, fue condenado en Marruecos a seis meses de prisión y a una multa de 200 euros por “difusión de información falsa” tras publicar un post en Facebook que difundía acusaciones de “espionaje” a Francia por parte de Marruecos (caso Pegasus). Está a la espera de que se celebre su juicio de apelación.

Traducción de Miguel López

El Frente Polisario ha cancelado este jueves por "incidentes logísticos y administrativos" todos los vuelos a España de los niños saharauis que iban a llegar en virtud del programa 'Vacaciones en Paz 2025', por el que los menores disfrutan el verano con familias españolas lejos de las difíciles condiciones climáticas del desierto del Sáhara, informa EFE.

"El motivo de dicha cancelación es que todavía no ha sido resuelto el problema con la emisión de los pasaportes colectivos pendientes, lo cual impide el viaje de los menores participantes en esta edición", ha explicado en un comunicado la Representación del Frente Polisario en España.

Esta circunstancia afecta a todas las comunidades autónomas, sin excepción, ha precisado el Frente Polisario en su escrito, firmado por su representante en España, Abdulah Arabi.

La Representación en España del Frente Polisario ha lamentado las molestias que las cancelaciones hayan ocasionado y ocasionarán en todos los ámbitos, "principalmente en lo que respecta a la logística, organización y recepciones institucionales agendadas".

Asimismo, ha indicado que está trabajando de manera coordinada con el resto de actores e instituciones implicadas en aras de una pronta resolución que permita la ejecución completa del programa 'Vacaciones en Paz 2025'.

En ese sentido, ha señalado que "tan pronto como se haya establecido el nuevo plan de vuelos será comunicado a través de los canales habituales". Finalmente, ha agradecido a las entidades, colectivos y asociaciones su "trabajo incansable por la lucha del pueblo del Sáhara Occidental por su autodeterminación e independencia".

El programa "Vacaciones en Paz" posibilita cada año que niños y niñas de los campamentos de refugiados saharauis situados en la provincia argelina de Tinduf pasen los meses de verano en situación de acogida temporal por familias españolas.

Este programa comenzó en los años 90 y solo ha sido interrumpido por la pandemia de la covid-19; sin embargo, el número de menores participantes ha disminuido considerablemente, de los 10.000 que llegaron a viajar en años anteriores a los alrededor de 3.000 que estaban previstos para este año.

En los últimos diez años, Andalucía, Cataluña, Castilla la Mancha, País Vasco y Galicia han sido las principales comunidades autónomas de destino de los menores saharauis participantes del programa. "Vacaciones en Paz" está gestionado por las distintas entidades y asociaciones de Amigos del Pueblo Saharaui, la Delegación Nacional Saharaui y las delegaciones saharauis en las distintas Comunidades Autónomas.

Además, en el desarrollo del programa participan los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, del Interior y de Política Territorial y Memoria Democrática, junto con las Comunidades Autónomas en las que permanecerán los menores.

El pasado 28 de abril, la red eléctrica impuso a la península ibérica un parón, una pausa en toda actividad prevista y previsible para un lunes cualquiera del mes de abril.

En algunos territorios sería cuestión de pocas horas, en otros, en cambio, la situación se alargaría unas cuantas más. Sin embargo, todo aquello que conocemos como “normalidad” —aunque cabría redefinir este concepto cada vez más difuso— tardaría unos días en llegar.

La mencionada situación hizo reflexionar a quien suscribe estas líneas sobre los reiterados intentos de imposición que ha sufrido el pueblo del Sahara Occidental desde el inicio de la ocupación marroquí en 1975.

Estos han ido desde propuestas de integración hasta grandilocuentes declaraciones contrarias al derecho internacional, pasando por planes de autonomía versionados según la coyuntura interna de la potencia ocupante.

No obstante, pese a la obcecación, todos y cada uno de los mencionados intentos —y los que no— han fracasado de manera estrepitosa. La prueba, probablemente la más significativa, es la supervivencia del Frente Polisario cincuenta y dos años después de su fundación. 

Y es que, tal día como hoy en 1973 se fundaba el Frente Polisario. Nacía así el Movimiento de Liberación Nacional Saharaui. Único y legítimo representante del pueblo del Sahara Occidental, reconocido, entre otros, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las históricas sentencias dictadas el 4 de octubre de 2024.

Su persistencia actual es un hito digno de estudio y reconocimiento, habida cuenta de los innumerables obstáculos que ha enfrentado a lo largo de su existencia. Sin embargo, el pueblo saharaui sigue otorgándole la representatividad exclusiva para defender sus derechos e intereses y, en última instancia, ejercer su derecho a la autodeterminación e independencia. 

Es cuanto menos curioso que en un contexto geopolítico internacional como el actual, marcado por injustas imposiciones, leyes que nada tienen que ver con el derecho internacional e innovaciones interpretativas alejadas de toda lógica jurídica, el pueblo saharaui siga resistiendo en escenarios cada vez más adversos, pero con la misma determinación que aquel 10 de mayo en Zuerat (Mauritania).

Resistencia mantenida pese a la alarmante situación de la población civil saharaui en los territorios ocupados debido a la sistemática, continuada y grave vulneración de los derechos humanos por parte de Marruecos. También pese a las condiciones cada vez más difíciles que enfrenta la población refugiada saharaui como consecuencia principalmente, del cambio climático y de la reducción drástica de la ayuda humanitaria. 

No obstante lo anterior, aunque desde el exterior se pueda tener la sensación generalizada de que el pueblo saharaui lucha contra molinos; lo cierto y verdad es que lucha por un derecho inalienable, por la libertad e independencia. Lo hace, de manera decidida, con la misma convicción con la que fundó el Frente Polisario y con la determinación que el Derecho le confiere.

Así, cada 10 de mayo, el pueblo del Sahara Occidental renueva su compromiso y confianza en el Frente Polisario. Y así, cada 10 de mayo, el Frente Polisario renueva su legitimidad como representante único y legítimo del pueblo saharaui.

De este modo, esperemos, por tanto, que como en el caso de la península, la luz, dentro de la oscuridad, llegue al Sahara Occidental y, tras estas cinco eternas décadas de ocupación, llegue la independencia.

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Abdulah Arabi es representante del Frente Polisario en España.

El delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, ha criticado este jueves "la defensa acérrima" llevada a cabo por España de los planes autonomistas de Marruecos para el Sáhara tras la reunión de los ministros de Exteriores de ambos países en Madrid.

En un comunicado publicado en la red X y recogido por EFE, ha expresado "su más enérgica condena" a las afirmaciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Luis Albares, que volvió a certificar el giro de postura española sobre el Sáhara en una reunión con su homólogo marroquí, Nasser Bourita.

Albares aseguró en una declaración conjunta que la posición expresada por España con respecto al Sáhara el 7 de abril de 2022 reconoce los esfuerzos "serios y creíbles" de Marruecos en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución "mutuamente aceptable". Unas palabras que el delegado del Frente Polisario ha criticado al considerar que, en todo caso, serían más previsibles de su homólogo marroquí.

En su opinión, la política de promoción y defensa de los derechos humanos que el Gobierno de España publicita choca "de manera directa" con la "defensa acérrima llevada a cabo" por el Ejecutivo de las pretensiones marroquíes sobre el Sáhara Occidental. "Dicha colisión es evidente, por cuanto cualquier propuesta que no respete el derecho a la autodeterminación e independencia del pueblo del Sáhara Occidental es contraria a derecho internacional", ha afirmado.

Asimismo, ha asegurado que esta posición es "contraria al sentir de la ciudadanía del Estado español y de todas las fuerzas políticas", a excepción de "la formación política a la cual está adscrito el Ministerio".

En este contexto, el delegado del Frente Polisario ha reiterado que seguirá velando porque todas las decisiones que afecten al Sáhara Occidental sean acordes al derecho internacional y garantice la autodeterminación e independencia del pueblo saharaui.

Los ministros de Exteriores de España, José Manuel Albares, y Marruecos, Nasser Bourita, han certificado este jueves el "mejor momento histórico" de las relaciones entre los dos países en un encuentro en Madrid, en el que ambos han vuelto a defender los planes autonomistas de Rabat para el Sáhara, según informa EFE.

En una declaración conjunta, Albares ha destacado que la posición de España sobre el Sáhara Occidental expresada el 7 de abril de 2022 reconoce los esfuerzos "serios y creíbles" de Marruecos en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución "mutuamente aceptable". Ha asegurado que la iniciativa de autonomía marroquí presentada en 2007 constituye "la base más seria, realista y creíble" para resolver este "diferendo" en el ámbito regional.

En la misma línea, el ministro marroquí ha subrayado que la propuesta de Rabat cuenta con el respaldo de la comunidad internacional y está en la dinámica de buscar una solución a diferencia de quienes mantienen "posturas antiguas" relacionadas con la autodeterminación del Sáhara.

Tanto Albares como Bourita han coincidido en celebrar la mejora que han experimentado las relaciones bilaterales desde el encuentro de hace tres años entre el rey de Marruecos, Mohamed VI, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que se certificó el giro de la postura española sobre el Sáhara.

"Fue un punto de inflexión", ha dicho el ministro marroquí, que ha agradecido esta nueva etapa en la que "no hay sorpresas" y basada en un clima de "confianza" mutua que permite avanzar en aspectos económicos, de seguridad y culturales, así como afianzar su alianza estratégica en la región a medio camino entre Europa y África.

Durante el encuentro, los ministros han abordado los preparativos de la nueva reunión de alto nivel que acogerá España y el cumplimiento de la hoja de ruta hipano-marroquí que, según han resaltado, va a "buen ritmo".

Albares ha señalado especialmente la reciente apertura de las aduanas comerciales en Ceuta y Melilla y los "buenos resultados" de la cooperación en materia migratoria, de tal modo que las costas españolas registraron el año pasado menos llegadas irregulares que las otras regiones del Mediterráneo central y orienta, con una disminución del 5 % respecto a 2023.

También ha apuntado el "excelente estado" de las relaciones económicas con un nuevo récord histórico en 2024 de los intercambios comerciales que ha cifrado en 23.000 millones de euros, un 7 % más que el año anterior.

El ministro se ha referido además al Mundial de 2030 de fútbol masculino que organizarán de forma conjunta España, Marruecos y Portugal. "Es el mejor símbolo de un proyecto de futuro conjunto para España y para Marruecos", ha apuntado Albares, para quien es clave asimismo la relación de la Unión Europea con la ribera sur del Mediterráneo y con África, en las que, ha asegurado, "Marruecos tiene mucho que aportar".

El proceso para obtener la nacionalidad española es una odisea para los saharauis, que aseguran sentir una gran frustración e injusticia en comparación con otros pueblos vinculados históricamente a España, aunque algunos confían en que la situación cambie con la ley que ha empezado a tramitar el Congreso.

"Me siento español, pero me siento desubicado", reconoce a EFE Mojtar Isalmo, secretario de la asociación que representa al colectivo de saharauis nacidos bajo bandera y administración española.

En su caso, vive en El Aaiún y tiene pasaporte marroquí "porque no hay más remedio", pero podría ser uno de los beneficiados de la proposición de ley del grupo Sumar, que defiende otorgar la nacionalidad española a los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1976, bajo administración de España, y a sus descendientes, ya que él nació allí en 1965. 

Mojtar, que estudió en un colegio español en El Aaiún y es profesor de filología española, espera que esta proposición de ley llegue a buen puerto y se restaure el "daño y abandono" que asegura que han sufrido los saharauis "durante décadas", tras la salida de España del territorio y la ocupación de Marruecos.

Su asociación tiene un acuerdo con el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo Abogados, que desde España gestiona actualmente 92 expedientes de solicitud de nacionalidad por parte de saharauis, entre ellos el del propio Mojtar.

"Los saharauis van al mismo saco que cualquier territorio que no tiene vinculación con España", denuncia a EFE la abogada María Peláez, una de las trabajadoras de este bufete.

En la actualidad, la única vía legal para que los saharauis obtengan la nacionalidad española es residir en el país durante diez años, pero uno de los objetivos de los abogados que defienden a este colectivo es acortar este plazo a los dos años, en línea con lo que el Código Civil dictamina para ciudadanos sefardíes o de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal.

"Es una situación de injusticia, no hay una explicación. Un filipino tiene más vínculo con España (según el Código Civil) que un saharaui, que era provincia española hasta hace 50 años", declara a EFE el abogado Sidi Talebbuia, que pertenece a la asociación profesional de abogacía de saharauis en España.

Este abogado, que logró la nacionalidad española en 2017, después de 20 años residiendo en España, no tiene muchas esperanzas en la ley que tramita el Congreso, ya que cree que acabará metida "en la nevera" por el rechazo del PSOE, el único grupo que votó en contra.

Por su parte, la abogada Fatim El Gaila es contraria al planteamiento de la proposición de ley, ya que considera que no es adecuado dar la nacionalidad española por carta de naturaleza, que es derivativa, a saharauis nacidos antes de 1976, que son "españoles de origen". 

La diputada de Sumar Tesh Sidi puso rostro y voz a la odisea que sufren la mayoría de los saharuis para obtener la nacionalidad española el pasado martes en el Congreso, durante el debate para la toma en consideración de la proposición de ley de su grupo.

"Muchas veces la administración es un muro muy duro. Y si eres saharaui es un muro de hormigón que yo creo que supera el propio muro que divide el propio Sáhara Occidental", dice a EFE.

Nacida en un campo de refugiados saharaui, Tesh empezó a venir en régimen de acogida en España en 2002 y logró la nacionalidad española en 2022, un año antes de ser elegida diputada, pero previamente fue durante mucho tiempo una persona indocumentada.

"Aunque nosotros seamos hijos de españoles, en España entramos en un limbo legal porque no reconoce nuestras partidas de nacimiento, un requisito necesario e imprescindible para solicitar la nacionalidad española", cuenta la diputada, que tiene muchas esperanzas en la proposición de ley, de la que podrían beneficiarse entre 180.000 y 200.000 personas, según fuentes de Sumar.

En España es prácticamente imposible obtener cifras oficiales del número de personas saharauis que viven aquí, al no ser el Sáhara Occidental un Estado reconocido, pero sí hay estadísticas de los que han solicitado y conseguido la categoría de apátridas.

En concreto, en 2023 un total de 901 personas saharauis lograron esta condición, según datos del Ministerio del Interior, y 10.306 lo han conseguido desde 2013, cuando empezaron los informes con estos datos.

Zei Hal-la, de 30 años, nació en un campo de refugiados saharaui, vino a España con una familia de acogida a partir de los cinco años y fue declarada apátrida en 2016, lo que le "abrió la puerta al mundo" y le permitió "hacer vida normal", con la posibilidad por ejemplo de viajar, pero en 2022 consiguió un paso más al lograr la nacionalidad española.

"Soy saharaui pero también soy española", asegura Zei, que se siente afortunada de haber llegado tan lejos en un proceso que para ella también ha estado lleno de obstáculos y de "frustración".

El pleno del Congreso ha admitido a trámite este martes, con el único voto en contra del PSOE, una proposición de ley de Sumar que pide otorgar la nacionalidad española a los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1976, bajo administración española.

La iniciativa, de la que podrían beneficiarse entre 180.000 y 200.000 personas, según cálculos de Sumar, ha salido adelante gracias a los votos de todos los grupos a excepción del PSOE y la abstención de Vox, según informa EFE.

La diputada de Sumar Tesh Sidi, nacida en un campo de refugiados del Sáhara, ha defendido la proposición de ley como un ejercicio de memoria restaurativa y ha denunciado el "limbo legal" de los saharauis. Ha narrado el periplo que vivió junto a su familia de acogida en España hasta que consiguió la nacionalidad española en 2022.

"Mi madre de acogida vivía alarmada si tenía cualquier enfermedad, no podía sacarme del país, no conseguía matricularme en el colegio, ni a mí ni a mi hermano mellizo. Esto no es mi caso, es el de todos los niños saharauis que se acogen en verano", ha relatado. Y en referencia a los diputados socialistas, ha preguntado qué les han hecho los saharauis para que les "intenten borrar de la memoria democrática de este país".

El diputado del PSOE Sergio Gutiérrez ha señalado que es un debate "complejo y sensible" y ha reconocido el "agravio comparativo" que sufren los saharauis para acceder a la nacionalidad española respecto a otros procesos similares, como el de Guinea Ecuatorial, provincia española hasta 1968.

"No estamos de acuerdo en que el proceso general sea el proceso de carta por naturaleza, pero también se nos presentan varias dudas al otorgar a organizaciones privadas la capacidad de certificar de manera automática esos certificados que otorgarían (...) la nacionalidad española", ha dicho en alusión al Frente Polisario.

La proposición de ley de Sumar plantea varias vías para acreditar esta condición, entre ellas la presentación de un DNI español aunque esté caducado, un certificado de inscripción en el censo español de 1974, o un certificado de nacimiento expedido por las autoridades saharauis de los campamentos de refugiados en Tinduf (Argelia) y legalizado por el Frente Polisario en España.

La iniciativa de Sumar, en la misma línea de otra presentada por Unidas Podemos en la anterior legislatura, plantea también la posibilidad de conceder la nacionalidad española a los descendientes de los saharauis nacidos antes de 1976, y da un plazo de cinco años desde que lo consigan sus progenitores.

En general, los grupos que han apoyado la toma en consideración de la iniciativa, incluido el PP, han defendido otorgar la nacionalidad a los saharauis por una cuestión de justicia histórica y han criticado el "giro" del Gobierno respecto al Sáhara, así como su vinculación con Marruecos.

"A los palestinos sí, a los ucranianos sí y a los saharauis no. ¿Cómo se comprende esta situación? No obedece a ninguna lógica. En las tres realidades hay ocupación de una potencia extranjera, exilio, agresión y represión ", ha declarado el diputado del PP Carmelo Barrio.

Socios parlamentarios del Gobierno como ERC, Junts, PNV, EH Bildu, Coalición Canaria y BNG han denunciado el "abandono" del Ejecutivo al pueblo saharaui y le han pedido que deje la "solidaridad de boquilla".

Por su parte, el diputado de Vox José María Sánchez ha justificado la abstención de su grupo ante las sospechas de que detrás de esta iniciativa de Sumar haya una "alineación con el Frente Polisario y con Argelia".