El ataque marroquí contra un dirigente del Polisario agranda las grietas en el Gobierno sobre el Sáhara

Las muertes en el conflicto armado que saharauis y marroquíes reanudaron en 2020 se suceden casi de forma ininterrumpida. Pero, esta vez, entre los que han perdido la vida está uno de los miembros de la dirección del Frente Polisario, la organización que desde hace 50 años mantiene en pie, en el frente diplomático pero también en el militar, la bandera de la autodeterminación de la antigua colonia española. Y eso ha obligado a la política española a volver la mirada hacia sus propias responsabilidades.

La confirmación de la muerte de Lahbib Mohamed Abdelaziz el pasado domingo marca un punto de inflexión en la guerra iniciada hace cuatro años. El dirigente era hijo del histórico líder saharaui Mohamed Abdelaziz, quien dirigió la organización hasta su fallecimiento en 2016, y ostentaba cargos de máxima relevancia como miembro del Secretariado Nacional y comandante de la primera brigada de campo. El ataque, ejecutado mediante drones marroquíes cerca del muro de separación, acabó también con la vida de otros dos combatientes saharauis.

La noticia ha provocado una reacción inmediata en el arco parlamentario de la izquierda española, resucitando la profunda fractura que existe dentro del Gobierno de coalición sobre este asunto. Formaciones como Sumar, Podemos e Izquierda Unida han calificado el suceso como un asesinato ejecutado con tecnología militar de origen israelí. 

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y figuras como Ione Belarra o Antonio Maíllo, han condenado la acción, señalando que Marruecos actúa bajo una impunidad similar a la que se atribuye a Israel en otros escenarios de conflicto. 

Abdullah Arabi, delegado del Frente Polisario en España, sostiene en conversación con infoLibre que estos ataques “no son hechos aislados, sino que forman parte de una estrategia de ataques indiscriminados” que Rabat mantiene desde hace años contra militares y civiles saharauis, mauritanos y argelinos.

En contraste con las condenas de sus socios, el sector socialista del Ejecutivo y la propia Moncloa han optado por el mutismo. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, apeló a la prudencia durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros, escudándose en que no disponía de información oficial sobre el ataque. 

Arabi define este comportamiento como una política de espaldas a la realidad saharaui que dura ya cuatro años. El delegado subraya que el silencio de la administración de Pedro Sánchez es especialmente notorio cuando las víctimas pertenecen al bando saharaui.

La asimetría diplomática de la Embajada en Rabat

Un buen ejemplo de ese doble rasero es el comportamiento del embajador español en Marruecos, Enrique Ojeda. Abdullah Arabi recuerda que el pasado 5 de mayo, tras un ataque con proyectiles del Polisario contra la ciudad ocupada de Esmara que no causó víctimas mortales, la embajada española en Rabat reaccionó con una condena pública inmediata a través de sus redes sociales. Sin embargo, ante el asesinato selectivo de un alto cargo saharaui y sus acompañantes, la legación diplomática no ha emitido comunicación alguna.

Esta disparidad de criterios refuerza, según Arabi, la idea de que el silencio del Gobierno español se vuelve ensordecedor cuando las víctimas son saharauis. Para el representante del Polisario, esta actitud ignora la responsabilidad jurídica de España como potencia administradora de iure del territorio, una condición que Naciones Unidas sigue manteniendo a pesar de la renuncia española en 1976.

La política exterior española se rige actualmente por una directriz que prioriza la relación con Rabat sobre cualquier monitoreo de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Arabi recuerda que este enfoque supone una ruptura radical con la posición histórica de España y con el propio derecho internacional. Mientras el Gobierno español defiende formalmente las resoluciones de la ONU, en la práctica se alinea con la tesis marroquí que da preferencia a la autonomía, eliminando de su discurso cualquier referencia real a un referéndum de autodeterminación.

La anatomía de una guerra invisible

El conflicto actual no se limita a enfrentamientos entre ejércitos, sino que ha derivado en una persecución tecnológica contra cualquier presencia humana en las zonas fuera del control físico marroquí. Un informe de la Oficina Saharaui de Coordinación de las Actividades Relativas a las Minas (SMACO) detalla que el uso de drones se ha vuelto sistemático desde la ruptura del alto el fuego en 2020. Marruecos ha extendido el uso de estas armas más allá de los objetivos militares, alcanzando a buscadores de oro, viajeros, nómadas, comerciantes y ganaderos.

Los datos recogidos por SMACO indican que la mayoría de los ataques se producen en terreno desértico abierto, donde la tecnología de los drones permite distinguir con precisión absoluta entre objetivos militares y población civil. El informe documenta 61 ataques a civiles que han dejado un saldo de al menos 80 víctimas de diversas nacionalidades, incluyendo saharauis, mauritanos y argelinos. El 94% de estas víctimas tenían menos de 40 años. Abdullah Arabi señala que esta tecnología puntera, suministrada en gran medida por Israel tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Marruecos, solo ha servido para avivar la llama de la violencia.

El impacto material también es cuantioso, con la destrucción documentada de más de 51 vehículos, en su mayoría coches todoterreno Toyota, Nissan y Land Rover, además de camiones y cisternas de agua potable. Los ataques han afectado incluso a infraestructuras benéficas, pozos de agua y manadas de camellos que constituyen el único medio de subsistencia para muchas familias en el desierto. SMACO sospecha incluso del uso de municiones termobáricas, basándose en la aparición de cuerpos carbonizados en zonas como el norte de Tagzumalet, donde las quemaduras extremas causaron la muerte instantánea de cinco buscadores de oro.

De la brecha de Guerguerat al giro de Sánchez

El origen de la escalada bélica actual se sitúa en el 13 de noviembre de 2020. Aquel día, el ejército marroquí penetró en la zona desmilitarizada de Guerguerat para disolver una protesta pacífica de activistas saharauis que bloqueaban la carretera hacia Mauritania. El Frente Polisario consideró que esta incursión rompía el acuerdo de paz de 1991 y declaró oficialmente el estado de guerra. Desde entonces, los bombardeos con drones han sustituido a las patrullas terrestres marroquíes en el control de lo que el Polisario denomina territorios liberados.

El apoyo internacional ha sido clave para que Marruecos mantenga esta ofensiva. El reconocimiento de la soberanía marroquí por parte de la administración de Donald Trump en diciembre de 2020, a cambio de la normalización de relaciones de Rabat con Israel, fue el catalizador principal. Este movimiento arrastró a países europeos, culminando con la carta que Pedro Sánchez envió a Mohamed VI en marzo de 2022, calificando el plan de autonomía marroquí como la base más seria y realista para solucionar el conflicto.

A pesar de esta presión, el Polisario mantiene su presencia en los foros de la ONU. Abdullah Arabi explica que el Polisario acepta participar en las conversaciones porque la última resolución de las Naciones Unidas, la 2797 de octubre de 2025, plantea la autonomía como una opción más, pero no como la única posible. 

El Polisario defiende que la autodeterminación sigue siendo un proceso de descolonización pendiente y que el pueblo saharaui debe poder elegir entre la independencia, la integración o la autonomía. Marruecos, sin embargo, intenta aprovechar el contexto geopolítico para inclinar definitivamente la balanza y forzar que la comunidad internacional asuma la autonomía del territorio bajo soberanía marroquí como la única salida posible.

La debilidad del trono y la incertidumbre sucesoria

La estabilidad de Marruecos, pilar sobre el que se asienta la actual política exterior española en la zona, está condicionada por la salud del rey Mohamed VI. A sus 62 años, el monarca muestra un deterioro físico evidente marcado por enfermedades crónicas como la sarcoidosis y problemas cardíacos que le han obligado a pasar varias veces por quirófano en Rabat y París. Su aspecto demacrado y su pérdida drástica de peso en las escasas apariciones públicas alimentan los rumores sobre lo que algunos analistas definen como una atmósfera de fin de reinado.

Esta situación ha acelerado el protagonismo del príncipe heredero, Moulay Hassan, de 22 años. El joven príncipe, descrito como alguien serio, sobrio y estudioso de las relaciones internacionales, ha empezado a sustituir a su padre en actos de gran calado, como la recepción al presidente chino Xi Jinping en 2024. Sin embargo, existe una inquietud latente sobre su capacidad para mantener la cohesión del sistema marroquí frente a las presiones internas y el estallido social por la falta de servicios públicos y empleo que ya afectó al país el pasado otoño.

En este escenario, el partido nacionalista Istiqlal, que no lidera el actual gobierno pero sí forma parte de él, utiliza sus plataformas mediáticas para presionar a España. Ante la expectativa de un cambio de gobierno en 2027, sus críticas se dirigen especialmente contra el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, al que perciben como menos favorable a los intereses del Reino que el actual Gobierno socialista. Una paradoja, teniendo en cuenta que ambos forman parte de la misma familia de partidos conservadores.

Abdullah Arabi confiesa que el Frente Polisario mantiene una relación institucional con el PP y valora sus críticas actuales a los giros de Pedro Sánchez, pero se muestra cauteloso. Existe el temor de que, si los populares llegan al poder, sucumban a la misma maquinaria de presión mediática y económica marroquí que ha condicionado a los anteriores gobiernos españoles.

Fronteras calientes y chantaje migratorio

Asociaciones pro saharauis exigen paralizar las exportaciones de recursos naturales del Sáhara Occidental

Ver más

Marruecos ha demostrado que dispone de herramientas de presión eficaces para condicionar la política de Madrid. La gestión de las fronteras de Ceuta y Melilla es utilizada de forma recurrente como un termómetro de la relación bilateral. Durante los primeros cinco meses de 2026, la llegada de migrantes irregulares a Ceuta ha crecido un 224% respecto al mismo periodo del año anterior, una cifra que coincide con los momentos de mayor tensión dialéctica o sucesos bélicos en el Sáhara.

La Guardia Civil ha recuperado casi una veintena de cuerpos en las costas ceutíes en lo que va de año, un balance humano que a menudo queda en segundo plano frente a los acuerdos de cooperación policial entre ambos países. Para el Polisario, estas cifras son un aviso directo de Rabat sobre su capacidad para desestabilizar el territorio español si el Gobierno se desvía de su apoyo al plan de autonomía. Abdullah Arabi advierte que la democratización de Marruecos y la estabilidad real de la región solo llegarán cuando se resuelva el conflicto del Sáhara Occidental respetando la legalidad internacional.

Mientras tanto, la guerra prosigue con ataques de drones diarios y una población saharaui que, tanto en los territorios ocupados como en los campamentos de refugiados en Argelia, se siente abandonada por la comunidad internacional. La visita del enviado de la ONU, Staffan de Mistura, a los campamentos de Tinduf coincide con este último ataque mortal, un hecho que el Polisario aprovechará para reiterar que su determinación por la independencia no se verá alterada por la superioridad tecnológica de Marruecos. El delegado Arabi insiste en que, a pesar del silencio de Moncloa, la bandera saharaui seguirá presente en el campo de batalla y en las mesas de negociación.