Reino Unido procesa como ladrones a ocho activistas de Acción Palestina por atacar una fábrica israelí de drones

En la sala 16 del juzgado de Londres (Old Bailey) se respira un ambiente enrarecido más allá de los formalismos en el comportamiento y las sutilezas lingüísticas que usan la docena de pulcros abogados —todos ellos blancos—, con túnica negra y peluca de pequeños tirabuzones ordenados y rizados en simetría.

La tradición, para la abogacía, se mantiene, al menos, en el aspecto y en los modales. El semblante de los letrados contrasta con el de los 12 miembros del jurado popular (seis hombres y seis mujeres de distintas procedencias; alguno con pantalón corto y sandalia playera, camisetas de algodón y calzado deportivo).

Los ocho encausados, por su catadura, podrían ser también transeúntes de la calle; una con el pañuelo musulmán, uno de aspecto africano. En la sala 16, las apariencias no engañan. Al contrario, letrados, jurado y encausados responden a los estereotipos típicos y tópicos del clasismo inglés.

La sala del juzgado, de madera marrón y color verde en los tapizados, acoge el juicio a ocho de los 25 conocidos como Filton25, miembros de Palestine Action (Acción Palestina) que irrumpieron en la fábrica israelí de armas y drones Elbit Systems en Filton, Bristol (a dos horas de Londres), el 6 de agosto de 2024.

Destrozaron varios drones que, a su parecer, estaban destinados a matar palestinos en Gaza. Este es el segundo de los cuatro juicios en los que se han repartido a los detenidos bajo la ley antiterrorista. Algunos han estado hasta 18 meses en prisión preventiva sin cargos.

Los cargos ahora no son de terrorismo, sino de robo agravado, daños o perjuicios a la propiedad y desorden o disturbios violentos. Es lo que hace rara (sin precedentes en la jurisprudencia inglesa) la vista judicial: detenidos por terroristas y acusados de ladrones y provocadores violentos. La pertenencia a una organización ilegal está castigada en el Reino Unido con penas de prisión que van de tres a 14 años.

Acción Palestina era legal hasta que se produjo una segunda acción: la entrada en la base aérea de Brize Norton el 20 de junio de 2025 para rociar con pintura de color rojo dos aviones militares de los que, según los encausados, se han utilizado o hubiesen podido ser utilizados para la destrucción de Gaza.

Esta acción, posterior a la de los drones, protagonizada por varios miembros de los Filton25, provocó la decisión del Gobierno británico de ilegalizar Acción Palestina y calificarla de terrorista. Los daños a la propiedad se han valorado en más de dos millones de libras.

La ilegalización ha provocado protestas en las que se ha acusado a 700 personas de apología del terrorismo y se han detenido a unas 3.300. ¿Serán juzgadas todas ellas también? Se preguntan algunos de ellos, como la sacerdotisa Sue Parfitt, una de las 700 acusadas.

Parfitt, de 84 años, residente en Bristol, como las armas israelíes, cuenta a infolibre que “la ilegalización de Acción Palestina no solo atañe al humanismo y a la defensa de los palestinos que están siendo masacrados impunemente, sino que deteriora nuestros derechos civiles en términos de libertad de expresión y de asociación; en lo que hace Acción Palestina no muere nadie ni hay violencia como la que se ejerce en la destrucción de Gaza de la que nuestro Gobierno es cómplice”.

En febrero de este año, un tribunal de tres jueces tumbó la ilegalización de Acción Palestina, abriendo un paréntesis de apelación por parte del Gobierno británico. El presidente del tribunal adujo lo siguiente: “Pese a que Acción Palestina promueve una causa política mediante tácticas delictivas, el alcance de las actividades no justifica la prohibición de la organización”.

En junio, cuatro meses después de la sentencia, un tribunal de cinco jueces (dos más que en el anterior) avaló la ilegalización de Acción Palestina en otra sentencia en la que la jueza Sue Carr, presidenta del tribunal, rebatía diciendo que “no es una propuesta sostenible presentar a Acción Palestina como una organización no violenta; con células encubiertas para destruir propiedad en empresas de defensa y en bases militares”. Dos pareceres distintos procedentes de la judicatura de túnicas negras y pelucas con tirabuzones simétricos.

En la sala que juzga a los ocho de la segunda tanda, los miembros del jurado dirigen sus miradas de vez en cuando a los encausados, que bien toman notas de la narrativa judicial, leen algún libro o muestran indiferencia en el supuesto banquillo que aquí tiene forma de fila de butacas de cine.

El juicio comenzó el pasado 15 de junio y está previsto que dure de seis a ocho semanas; una semana más aproximadamente. Ya empieza a cansar la rutina judicial en días de calor. En el espacio destinado al público, familiares y amigos de los encausados escuchan con atención a los abogados de la acusación y de la defensa. Se cruzan miradas inevitables en todas direcciones. El juez ha puesto restricciones a la presencia del público: solo se pueden ocupar 21 de los 32 asientos, o la segunda y tercera fila; quienes quieran presenciar el juicio deben proveer dos tipos de identificación: una con documento en vigor y foto y otra de dirección postal permanente, y manifestar su interés en el caso.

Entre el público asistente, los padres de Alexandra Herbich han asistido a la vista desde el primer día. Él toma notas con atención; ella, nacida en Polonia, dice a este medio que vino a este país en la década de 1970, "dejando un régimen autoritario, para disfrutar de los derechos y libertades que se ofrecía aquí; ahora todo está en retroceso”. La procesada es hija única, su madre solloza al manifestar: “Alexandra me dice que, comparado con los palestinos, ella tiene una buena vida”. Otra madre, Anne Farooque, defiende el pacifismo de su hija, también juzgada en este proceso.

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Cinco de los ocho juzgados en el segundo turno de juicios han declarado ante la sala. Uno de ellos, William Nyerere Plastow, conocido como Will, de los que mira con rareza la sala 16, es licenciado por la Universidad de Cambridge, nieto de Julius Nyerere, activista anticolonial y primer ministro de la Tanzania independiente.

Will preguntó en voz alta: “¿Cómo se supone que te debes sentir viendo niños con el cuerpo a pedazos, y que te digan que no se puede hacer nada al respecto?”. El acusado argumentó que “el Tribunal Internacional de Justicia ha considerado...”. Fue interrumpido por el juez. Le dejaron cambiar de tema para explicar que durante la prisión preventiva, falleció su madre de cáncer. “Me perdí el último año de su vida”, añadió.

El primer juicio a seis de los Filton25, dirigido por el juez Jeremy Johnson, tuvo que repetirse por falta de veredicto unánime en algunos de los cargos. Tres cargos de ladrones y maleantes con conexiones terroristas (a determinar por el juez) a ocho encausados pronostican una sentencia tan compleja como la del primer juicio y su repetición. La judicatura británica, a diferencia de la española, tiene que compatibilizar las sentencias con la llamada natural law o jurisprudencia, lo que tensa este caso (el macrojuicio o cuatro separados a 25) todavía más, puesto que no hay precedentes. Habrán de hallar el vínculo entre terrorismo (político) y ladrones para sentar jurisprudencia para el futuro.