La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra acapara la atención política y mediática desde hace una semana. La Audiencia Nacional lo citó inicialmente como investigado por delitos de tráfico de influencias y otros conexos, aunque su declaración, prevista en principio para el 2 de junio, ha sido aplazada ahora al 17 y 18 de junio a petición de la defensa del expresidente. Aunque Zapatero aseguró que daría una rueda de prensa para explicarse, esto no ocurrirá, previsiblemente, hasta que declare.

En la oposición buscan estirar el caso al máximo y arrastrar al Gobierno por el camino. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que Zapatero "no era un jubilado haciendo negocios", sino que "tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la Presidencia del Gobierno". Y aunque la moción de censura sobrevuela sobre el PP, su portavoz nacional, Borja Sémper, situó la presión sobre los socios parlamentarios del Ejecutivo y trató de desplazar la conversación. “El foco político e informativo hoy está en Moncloa y en Ferraz, no en la calle Génova”, apuntó el lunes tras el comité de dirección del partido, a lo que añadió que la clave no está "en lo que Feijóo va a hacer". 

Un argumento con el que coincidió el expresidente socialista Felipe González, que reclamó elecciones aunque también dijo que no veía a Zapatero “con capacidad para montar una ingeniería financiera” como la que apuntan los informes de la UDEF. Sobre una posible moción de censura del PP, el expresidente socialista fue todavía más directo que Sémper y afirmó que sería poco "inteligente" por lo que respecta a los conservadores porque “se dejaría de hablar de esto" para "hablar de la moción de censura". Además, también ironizó con quienes dicen que trabaja para el PP: “Ya habrían ganado”, apuntó.

Así, mientras el “foco” público gira alrededor de Plus Ultra tras la publicación de los informes de la UDEF y parte del sumario, quedan en segundo plano otros frentes judiciales, territoriales e institucionales que afectan de lleno al Partido Popular y a Vox. Una situación que, según apuntan fuentes de la dirección del PP, van a tratar de estirar al máximo posible para “tensionar” tanto al Gobierno como a los socios parlamentarios.

Uno de los frentes más relevantes está también en la Audiencia Nacional y es el juicio de la operación Kitchen. Este miércoles está previsto que la vista entre en una fase decisiva con la declaración de los acusados, que empezará con Francisco Martínez, exnúmero dos de Interior, y seguirá después con el exministro Jorge Fernández Díaz. El proceso investiga la presunta trama parapolicial urdida durante el Gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y sustraer documentación que pudiera comprometer al PP. En el juicio están acusados, además de Fernández Díaz y Martínez, el exDAO Eugenio Pino, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos.

Aunque el PP ha tratado de desentenderse del caso señalando que se juzgan hechos “casi del siglo pasado”, no es una pieza menor ni una trama sin consecuencias políticas, ya que se juzga la última vez que el PP gobernó en el Estado. En los últimos días se han reproducido audios de Villarejo en los que se aludía a pagos mensuales a Rajoy y a la captación del chófer de Bárcenas como confidente. El expresidente del Gobierno declaró hace apenas un mes como testigo y se desvinculó por completo del operativo. Entró al enfrentamiento directo con el viejo contable de la formación, a quien acusó de mentir y negó haber destruido en una trituradora, como Bárcenas señaló en sede judicial, una hoja de la caja B del partido.

Tampoco ocupa el centro de la actualidad nacional la declaración de Francisco Granados, durante años mano derecha de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. El exconsejero y ex secretario general del PP madrileño declaró la pasada semana en su segundo juicio por la Púnica, centrado en la contratación presuntamente irregular de Waiter Music para festejos en municipios gobernados por el PP entre 2004 y 2013. Granados negó los amaños, pero la Fiscalía pide para él seis años de prisión por tráfico de influencias, prevaricación, fraude a la Administración y malversación. 

A su declaración en el juicio de la pieza de la Púnica se suma ahora otra novedad. La Audiencia Nacional ha abierto juicio oral contra él y otras 40 personas, además de 79 empresas, en la pieza ocho del caso, centrada en supuestas irregularidades entre 2003 y 2011 en adjudicaciones de suelo público de la Comunidad de Madrid a través de Arpegio y en infraestructuras de Mintra. La Fiscalía Anticorrupción pide para Granados 42 años de cárcel por esta pieza, en la que también serán juzgados empresarios como David Marjaliza y Javier López Madrid. Los hechos investigados son constitutivos, según el auto, de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y falsedad documental. 

La otra cuestión que ha quedado en segundo plano son los pactos entre el Partido Popular y Vox. Este martes la formación ultra ha anunciado un acuerdo en la Comunitat Valenciana con el Consell de Juanfran Pérez Llorca, sustituto de Carlos Mazón, para aprobar los presupuestos autonómicos de 2026. La clave del pacto es la inclusión de la llamada "prioridad nacional" en ayudas sociales y vivienda, además de rebajas fiscales y medidas de acceso a la vivienda, que sigue la estela de los pactos ya aprobados en Extremadura y Aragón para investir a María Guardiola y Jorge Azcón. La aprobación definitiva de las cuentas se prevé para el mes de julio.

El presidente valenciano lidia, además, con la primera gran huelga indefinida de la educación pública valenciana desde 1988. Desde hace dos semanas miles de docentes están en huelga y han protagonizado multitudinarias manifestaciones, pese a la merma económica que les comporta. Entre sus reivindicaciones, demandan aumentos salariales, reducción de ratios, menos burocracia, defensa del valenciano y mejoras en infraestructuras. 

El acuerdo valenciano se suma al pulso abierto en Castilla y León, donde Vox afirma que las negociaciones con el PP "van bien" y prevé un pacto "en breve" para la investidura de Alfonso Fernández Mañueco. En Andalucía, en cambio, Juanma Moreno se resiste a abrir la negociación con la extrema derecha tras perder la mayoría absoluta en las elecciones del pasado 17 de mayo, mientras los de Abascal le acusan de "bloqueo" por no contactar con su candidato. Lo cierto es que al andaluz le gustaría replicar el modelo de pactos que se da en la Unión Europea entre socialistas y populares, pero Génova ha cerrado por completo esa vía, al igual que el PSOE de María Jesús Montero.

Hay, además, otras cuestiones que golpean directamente a Vox. En Alcalá de Henares, su portavoz municipal y segundo teniente de alcalde, Víctor Acosta, ha sido denunciado por presuntos delitos de acoso sexual y laboral, amenazas y revelación de secretos. La formación de Abascal ha pedido prudencia y defiende la presunción de inocencia, mientras sus servicios jurídicos estudian la denuncia. La querella presentada recoge las quejas de dos funcionarios del Ayuntamiento, donde el político acusado cogobierna junto al PP de la alcaldesa Judith Piquet.

En Aragón, el diputado de Vox David Arranz provocó una nueva polémica en la comisión de Educación de las Cortes autonómicas al afirmar que le gustaría ver "mucho cerdo en los comedores escolares", en el contexto de la supresión del programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí prevista en el pacto con el PP, y también tachó de "suicidio social" la acogida de migrantes.

La huelga de los profesores valencianos se encamina a su tercera semana y ya es una de las mayores protestas indefinidas en educación de los últimos años. Aunque la Comunitat Valenciana encabeza las protestas, otros territorios se han unido y tanto docentes como educadoras infantiles se han sumado a esta marea amarilla que pide cambios estructurales en el sistema educativo. 

Primero encabezaron las protestas las educadoras infantiles —etapa educativa 0-3 años—, con movilizaciones en todas las provincias españolas en las que reclamaban mejoras salariales, menor ratio de alumnos por clase y una educadora de apoyo en cada aula. 

Ahora, Valencia se ha convertido en el territorio al que apuntan todas las miradas, aunque las reivindicaciones de los docentes coinciden con las de otros territorios. Según los sindicatos convocantes como STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE, existe un malestar acumulado desde hace años al ver cómo la educación pública arrastra problemas estructurales que no se están resolviendo con ningún gobierno de ningún signo político.

La precarización de los docentes es una de las principales denuncias. La pérdida de poder adquisitivo acumulado durante años, en un contexto en el que “el precio de la vida sube, pero los salarios de los profesores no lo hacen al mismo ritmo”, cuenta a infoLibre María, educadora infantil en Madrid. 

Tanto el profesorado valenciano como el madrileño reclaman una recuperación retributiva que compense los recortes y congelaciones sufridas desde la pasada década. Además, hay que sumar la situación de buena parte de los docentes: interinidad y temporalidad.

En el caso de las educadoras infantiles, los sindicatos hablan de un modelo que genera precariedad y salarios insuficientes lo que está dificultando la atracción y retención de profesionales. 

En el caso valenciano, los sindicatos reclaman la recuperación del poder adquisitivo y una estabilización de las plantillas. Denuncian salarios por debajo de la media estatal y una pérdida de reconocimiento profesional.

La propuesta de la Conselleria valenciana pasa, como principal medida económica, por una subida salarial progresiva de hasta cerca de 200 euros mensuales de aquí a 2028. Algo que los sindicatos han rechazado de plano al no contemplar “incrementos inmediatos” lo que no consolida “plenamente las cuantías desde 2026”. 

En Cataluña, el Govern planteó acelerar los aumentos salariales y crear nuevos complementos vinculados a tutorías y centros de alta complejidad, pero las organizaciones USTEC·STEs, CGT, Professors de Secundària e Intersindical lo han rechazado también al considerar que "las medidas no compensan los recortes acumulados”.

Más allá de los salarios, el número de alumnos por profesor también es motivo de queja. Los sindicatos y docentes reclaman bajar el número de alumnos por aula y aumentar las plantillas de personal ya que las ratios actuales dificultan la atención individualizada.

Tanto en Valencia como en Cataluña y Madrid, las quejas coinciden: reducción de ratio, desdobles y refuerzos de plantilla para mejorar la educación obligatoria de los menores. En el caso catalán, el Govern anunció la pasada semana la incorporación de 2.400 profesionales y refuerzos específicos en el ámbito de la educación inclusiva.

Los sindicatos de enseñanza denuncian que el sistema educativo funciona "en precario", con aulas masificadas y una dotación "insuficiente" de recursos humanos, sobre todo en equipos de Atención Temprana. 

La excesiva burocracia también ha sido motivo de quejas entre los docentes y el punto de encuentro, por lo menos en Valencia, entre sindicatos y Consellería, donde admiten que existe un problema.

De hecho, algunas de las propuestas planteadas por la Generalitat incluyen medidas específicas orientadas a simplificar dichos trámites. Por su parte, el profesorado valenciano recalca el exceso de informes, programaciones y registros digitales que restan tiempo a la educación de los alumnos.

Los docentes catalanes también coinciden con sus colegas valencianos al ver cómo el aumento de planes individualizados, informes y documentación digital se ha traducido en una pérdida progresiva de tiempo en el aula.  

Y en última estancia, las educadoras infantiles también demandan una reducción del “papeleo” porque para plantillas tan “reducidas”, en la que hay que elaborar “informes dirigidos a las familias y documentación sobre el desarrollo infantil y pedagógico”, explica María, “dejamos de atender a las criaturas o tenemos que usar nuestro tiempo libre para hacer toda la burocracia”. 

La huelga indefinida valenciana está teniendo un buen seguimiento, aseguran desde los sindicatos, que cuentan con el respaldo de familias, alumnado y equipos directivos.

En el caso valenciano, ya son 60 los centros educativos de la Comunitat Valenciana cuyos equipos directivos han presentado o empezado a tramitar su dimisión en apoyo a la huelga, lo que supone unas 240 renuncias en total. 

Estas dimisiones, que se están produciendo en cascada de manera telemática este lunes, son "un grito de auxilio" y no se hacen contra nadie, ha explicado el director del CRA Benavites-Quart de Les Valls, Jaume Olmos, a las puertas de la Conselleria.

En cualquier caso, cabe mencionar que la renuncia de estos directivos no se traslada en que los centros afectados queden descabezados, pues estos cargos siguen en funciones hasta que se designe un relevo.

Este lunes, sindicatos y Conselleria se reunirán para debatir las propuestas que los primeros han presentado a la Generalitat, haciendo especial énfasis en la recuperación salarial, la reducción de ratios, la mejora de las plantillas y la reversión de algunas medidas, entre ellas la readmisión de los equipos directivos dimitidos sin ningún tipo de represalia.

Recortes, falta de plazas y, ante todo, la promoción de lo privado. Son los tres hilos que la marea verde y la comunidad educativa pública llevan años denunciando en Madrid y que tuvieron su origen —al menos de forma más evidente— con la llegada de Esperanza Aguirre a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Ahora, con Isabel Díaz Ayuso al mando, la “libre elección” se abre paso ante una pública que ya no puede más. 

Desde que Ayuso llegó al poder, el número de nuevos centros educativos públicos ha caído en picado. De los 43 que se construían en 2018 se pasó a 19 en 2021, según los datos de la Comunidad de Madrid. En 2025, la cifra cayó aún más, hasta los 14 nuevos centros. La privatización de la educación en la Comunidad de Madrid es una realidad conocida —y denunciada durante años— por alumnos, madres, padres y docentes. Pero hay un territorio donde esa tendencia se percibe con especial intensidad: el sur de Madrid, donde a la privatización de los servicios se suma la falta de atención de las instituciones.

De todas las zonas que recoge el portal de datos abiertos de la Comunidad de Madrid, la zona sur —entendida como la Dirección de Área Territorial Madrid-Sur, que incluye municipios como Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto o Valdemoro— es, con la excepción del centro, el lugar donde se concentran más centros educativos privados. En concreto, cuenta ya con 470, a los que hay que añadir otros 78 privados concertados. Como comparación, en el norte de Madrid hay 175, mientras que el oeste y el este suman 278 y 221, respectivamente.

Los recortes también se reflejan en el cierre de aulas y en la falta de apertura de nuevas unidades. El curso 2025-2026 arrancó con 78 aulas menos en la escuela pública madrileña, según el informe de Comisiones Obreras (CCOO): 42 menos en Infantil y Primaria y 36 en Secundaria. Con una traducción en el personal docente: más de 215 profesionales menos. Y, según el sindicato, el sur de Madrid es la zona más golpeada por estos recortes.

En concreto, CCOO denuncia un especial ensañamiento con ciudades como Fuenlabrada o Alcorcón, que pierden 21 y alrededor de 11 aulas, respectivamente. En ambas viven ahora 39.552 y 29.419 personas en edad de escolarización, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Las cuentas no salen.

“Hay una falta generalizada de plazas públicas. En la zona sur también porque son municipios que han crecido muy rápido y que se han desarrollado recientemente”, destaca Andrés Maroto, secretario de Enseñanza e Intervención Social de CNT Madrid. Esto ocurre, explica el también profesor de secundaria en Orcasitas, porque las administraciones no son capaces de desarrollar servicios públicos a la misma velocidad que se construyen viviendas privadas en estas zonas. 

“Cuesta mucho encontrar un centro público simplemente porque la Administración no lo ha construido. Las familias obreras no necesariamente eligen la privada por convicción, sino porque es la opción que tienen más cerca o porque esos centros están menos masificados. En definitiva, porque en la pública no hay plazas”, recalca Maroto. 

Tras siete años de Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid, y con un precedente claro en las políticas educativas de los gobiernos anteriores del PP, las consecuencias del modelo regional se reflejan ahora en las protestas de la educación infantil. Las profesoras denuncian bajos salarios, falta de estabilidad, ratios elevadas y una privatización que acaba deteriorando el sistema público. La consecuencia es evidente: educación inestable, trabajadoras agotadas y recursos que no llegan. 

Estos recortes, según denuncia CCOO en su informe, tienen una intención clara: empujar a alumnos más pequeños hacia la educación privada o concertada. No por elección, sino por falta de alternativas. De esta forma, las escuelas infantiles quedan en el punto de mira de la privatización. Es más sencillo comenzar desde ahí: cuando un alumno inicia su escolarización en un centro privado, resulta mucho más difícil que después pase a la pública. 

“Cuando comienzan en la privada en las primeras etapas, después tienen más fácil continuar en esos mismos centros o en otros de la misma red al pasar a Primaria, por el sistema de puntos y por el arraigo familiar. De esta forma, se puede crear una segregación entre los alumnos de la privada, la concertada y la pública”, asegura Rafael Feito Alonso, profesor titular de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. 

“Al permitir que la privada abra todas las líneas que quiera mientras se cierran o no se crean líneas públicas, se genera una falsa sensación de eficacia de lo privado frente a una pública intencionadamente saturada”, añade Aída San Millán, secretaria general de la Federación de Educación de CCOO de Madrid. Así, el desprestigio de la pública, unido a una falta de plazas, provoca que esa identidad tan característica de la zona sur pueda tambalearse ante las ideas y las formas que se transmiten en la privada. 

Para muchos vecinos del sur, ser de esta zona es mucho más que un código postal. Históricamente, ha sido un territorio marcado por la lucha sindical desde que, durante el franquismo, la industria se trasladó a las afueras de la gran ciudad. Fue entonces cuando comenzaron las reivindicaciones por unas mejores condiciones de vida ante una Administración central que no miraba hacia ellos. Con el triunfo de la izquierda, cuenta una de las crónicas del momento de El País, se confirmaba esa identidad, ese orgullo de clase. 

Esa identidad, sin embargo, parece estar diluyéndose. “El modelo urbanístico de los últimos años, lo que se ha llamado el Madrid de las piscinas —una forma de urbanismo basado en urbanizaciones privadas, con zonas comunes y prácticamente sin contactos con los vecinos—, busca individualizar a la clase trabajadora. Si obligas a una familia obrera a recurrir a la privada para asegurar una plaza o un grado de FP, estás rompiendo el vínculo con lo público y fomentando una mentalidad de clase media aspiracional”, cuenta San Millán. 

Para Andrés Maroto, lo que está sucediendo es un cambio social y político. “Cuando se habla del cinturón rojo, se recurre a una narrativa de los años 70 u 80. Pero en el contexto que tenemos ahora de precariedad, competencia laboral y descenso de las expectativas sociales, la privada y concertada emergen como una alternativa con mejor reputación, menos conflictividad y un entorno social un poco más homogéneo”, matiza. 

Y parece que, al menos en el sentido de voto, ese cambio está dando sus frutos. En los últimos años empieza a verse cómo aquel orgullo se difumina ante una nueva realidad: el sur se está derechizando. En las últimas elecciones autonómicas, ciudades como Móstoles, Alcalá de Henares, Leganés, Alcorcón, Getafe, Pinto o Valdemoro se tiñeron de azul. 

Con ello, comienza a perderse esa identificación y esa lucha tan característica de la zona sur, en favor del “si quieres puedes”. “La política de precios del suelo y la demora deliberada en la construcción de institutos públicos son herramientas políticas para favorecer un modelo de negocio privado y captar a una nueva generación para que deje de pertenecer a ese cinturón rojo”, zanja San Millán. 

En la enseñanza no todo es dinero. La vocación la tienes o no la tienes, es conveniente saberlo, no nos llamemos a engaño, educar no es hacer churros.

Muchos llegan a esta profesión solo por la estabilidad laboral que les proporciona conseguir plaza de enseñante, les importa un comino lo que hacen, que debiera ser enseñar.

Cada vez las oposiciones son más laxas. E igual de laxa es la preparación con la que llegan alumnos que vienen de cursos precedentes efectuados en escuelas concertadas a quienes los padres les han "comprado" un título.

El esfuerzo de anteriores épocas, que tampoco puede decirse que fueron felices, se ha convertido ahora en una especie de paseo en el que, la mayor parte de las veces, los alumnos no cuentan con profesorado (ni con padres ni con un ambiente social que sitúe el valor del estudio por encima de bagatelas dinerarias, digámoslo todo) capaz de motivarles, de implicarles, de ayudarles a pensar en la medida que debiera ser necesaria y exigible a todo el personal docente.

Porque si uno se "moja" lo justo para salir del paso –hablo como enseñante que soy en centro público–, esto no funciona.

Profesorado del IES de Melide sintetizó en un decálogo lo que, a su juicio, es el “impacto de los recortes que viene padeciendo el instituto” por parte de la Consellería de Educación. Lo difundió físicamente, mediante su impresión en las paredes del centro, pero también en la cuenta del IES en Instagram, de donde la Consellería de Educación ordenó borrarlo a través de la inspección educativa.

Para la CIG-Ensino, sindicato mayoritario entre el profesorado de la enseñanza pública, esta orden de eliminación del mensaje ratifica que la Consellería “sigue acosando y persiguiendo al profesorado gallego en lugar de poner los medios y recursos necesarios para el correcto funcionamiento de los centros”. La central sindical se declara, asimismo, “sorprendida” por la retirada digital “de un material que está, en su formato físico”, visible en el propio instituto.

“La libertad de expresión es algo que especialmente le molesta” a la Consellería, consideran, en un contexto en el que creen que “conviene recordar” que “mantiene en el cargo tanto al subdirector general de la Inspección Educativa como al delegado territorial de A Coruña”, ambos “cuestionados por sus posicionamientos ultras”. De lo que se trata, consideran, es de “intentar callar al profesorado”, en este caso disconforme por la pérdida de un docente de inglés, la amortización de “tres vacantes de Latín, Lengua y Literatura Gallega y Geografía e Historia” de cara al próximo curso.

Preguntada al respecto por Praza.gal, la Consellería de Educación confirma la orden de retirada. La justifica señalando que “los canales de comunicación oficiales de los centros están acotados a un uso estrictamente de carácter educativo e informativo” y que “la publicación del IES de Melide en su cuenta de Instagram no responde a esos parámetros”. Por eso, ratifican, “la Inspección Educativa advirtió al centro de que no estaba haciendo un buen uso de sus cuentas oficiales”.

Sostiene el departamento que dirige Román Rodríguez que no está “cuestionando las opiniones que, desde la libertad de expresión, cualquier persona puede exponer en su ámbito personal a través de canales particulares y privados”. CIG-Ensino, por su parte, anima al personal docente “de este centro y de todos los centros a continuar visibilizando los efectos que tienen los recortes de personal en la calidad del sistema educativo”.

Cada vez que hay una huelga educativa, el debate se activa y se instala siempre en el mismo lugar: las condiciones laborales de los docentes, las ratios de alumnos, la financiación. Reivindicaciones legítimas, sin duda. Pero insuficientes. Porque ninguna de ellas toca del todo el nervio real del problema. Y mientras el debate gira sobre sí mismo, una pregunta más incómoda queda sin respuesta: ¿quiere realmente esta sociedad la escuela que dice querer?

El sistema educativo es complejo. Esta afirmación, repetida hasta el agotamiento, ha acabado funcionando a veces como una coartada: si todo es complejo, nada parece responsabilidad de nadie. Pero la complejidad no justifica diagnósticos vagos; exige más rigor. Y el rigor obliga a nombrar cuestiones incómodas.

La primera es el mercado laboral. La precarización de muchas salidas profesionales para graduados universitarios ha convertido parcialmente la docencia en una alternativa laboral más que en una elección vocacional. No hay nada censurable en ello, pero el efecto acumulativo es relevante: un sistema que incorpora profesionales competentes en su disciplina, aunque no siempre especialmente orientados hacia la tarea pedagógica. Y la vocación en la enseñanza no es un elemento accesorio. Es lo que permite sostener la tarea cuando casi todo lo demás falla.

La segunda cuestión es la formación. Catalunya, por ejemplo, ha incrementado notablemente el número de docentes contratados. La cantidad ha crecido. La calidad, en cambio, sigue siendo una pregunta incómoda. Si a ello se añade una formación inicial para la docencia con márgenes de mejora evidentes, el resultado es un sistema que se expande sin fortalecerse necesariamente. Más docentes no implica automáticamente mejores docentes.

La tercera tiene que ver con los cambios sociales y tecnológicos. La escuela acoge hoy una diversidad de orígenes culturales que introduce retos pedagógicos reales, y convive con una tecnología que, lejos de ser siempre un recurso, erosiona la atención y compite abiertamente contra cualquier intento de aprendizaje sostenido. La escuela no ha generado ninguno de estos fenómenos. Pero es en la escuela donde terminan llegando todas las facturas.

Ante este escenario, la huelga vuelve a centrarse en mejoras laborales/salariales. Y aquí aparece el problema de legitimidad. No porque las reivindicaciones sean injustas, sino porque resultan insuficientes frente a la magnitud del desafío. Aumentar salarios no genera vocación donde no la hay. Reducir horas lectivas no mejora por sí sola la formación inicial. Ampliar plantillas sin criterios exigentes no fortalece automáticamente la calidad institucional. La desmotivación estructural continúa dentro del aula. Y muchas de las dificultades de fondo permanecen intactas.

Esto genera una fricción cada vez más visible: un conflicto que interrumpe, pero que apenas transforma; que produce desgaste, pero raramente debate profundo. Y en esa fricción perdemos todos: los docentes, que ven cómo sus reivindicaciones pierden apoyo social; las familias, que asumen las huelgas como un episodio recurrente; y la sociedad, que repite el ciclo sin terminar de afrontar el problema de fondo.

Porque el problema educativo ha dejado de ser exclusivamente educativo. Es también un problema del mercado laboral, de la formación universitaria, del modelo cultural y de la capacidad colectiva de exigirnos algo más de lo que nos resulta cómodo exigir.

Mientras el debate siga confinado dentro de la escuela, las respuestas seguirán siendo parciales.

Este país necesita un debate educativo que vaya más allá de las fronteras que supuestamente delimitan el problema. Un debate extraescolar, en el sentido más literal del término. Pero eso exige algo más difícil que cualquier reforma: voluntad honesta de interrogarse.

Y ahí vuelve la pregunta incómoda, la que casi nadie se atreve a formular en voz alta: ¿quiere realmente esta sociedad la escuela que dice querer? Porque si la respuesta es sí, entonces el problema nunca fue solo salarial.

------------------------------------------------

Anna Garcia Hom es doctora en Prevención y Seguridad Integral, socióloga y analista.

Una manifestación multitudinaria del profesorado y de estudiantes en defensa de la educación pública, más de 35.000 personas según la Delegación del Gobierno, ha colapsado este mediodía el centro de la ciudad de València en el quinto día consecutivo de movilizaciones y de huelga indefinida de los docentes de la Comunitat Valenciana.

La marcha, que ha partido de la explanada de la Plaza de Toros para recorrer las calles Xàtiva, Colón, Paz y San Vicente y terminar en la plaza del Ayuntamiento, se celebra después de que este jueves se reunieran la Conselleria de Educación y los sindicatos durante algo más de cuatro horas para intentar acercar posturas sobre los puntos de reivindicación planteados por los docentes, reunión que terminó sin acuerdo y que continuará el lunes.

Los representantes de los sindicatos convocantes de la huelga —STEPV, CCOO, UGT y CSIF— han portado la pancarta de cabecera con el lema 'Ja n’hi ha prou: menys burocràcia, menys ràtios, més salari, més plantilla i més valencià' (ya es suficiente: menos burocracia, menos ratios, más salario, más plantilla y más valenciano), acompañados por algunos manifestantes vestidos de negro, con coronas y ataúdes por la educación pública, con frases como "muerta por no poder atender la diversidad" o "muerta por el negacionismo lingüístico".

Entre pitos, aplausos y gritos de "Consellera dimisión", los sindicatos han celebrado antes de iniciar la manifestación que Valencia está colapsada, han calificado este día como "histórico pero triste" y han reclamado a la Conselleria de Educación que el lunes, en la próxima reunión, lleven una propuesta con todas las reivindicaciones que exigen tanto el profesorado como las familias.

Durante la marcha, la marea de manifestantes ataviados con camisetas de color verde ha exhibido pancartas con lemas como "Menys discursos, més suport", "Mi vocación no paga el alquiler" y "La educación no es un gasto, es inversión", entre billetes de 0 euros con la cara de la consellera, en alusión a que no se haya incluido la propuesta de mejora salarial en el primer borrador de la negociación.

La Conselleria de Educación ha cifrado en un 35,64% el seguimiento general de la huelga, según datos recogidos hasta las 13:00 horas.

La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, ha asistido a la manifestación y ha saludado al inicio a los sindicatos convocantes, mientras que la concejala socialista Dolors López ha denunciado, en un comunicado, el intento de la alcaldesa de València, María José Catalá, de "boicotear la multitudinaria manifestación" de la comunidad educativa.

El presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla llegó el lunes al debate de Canal Sur con el objetivo de reforzar una imagen de gestor moderado, proteger el flanco sanitario y repetir que su Gobierno ha fortalecido como nunca los servicios públicos. El candidato del PP volvió a desplegar la misma estrategia que en el debate de la anterior semana en RTVE al reivindicar inversión, estabilidad y gestión frente a una oposición que le acusó de haber abierto la puerta a una privatización de derechos básicos como la sanidad y la educación.

Sendos debates demostraron que hay dos Juanma Moreno. Uno que sonríe, baja el tono, defiende la sanidad pública, habla del andalucismo y pide estabilidad. Ese es el que explota en mítines y actos de campaña, en el que no hay contrincantes a la vista. El otro rechaza la intervención pública cuando amenaza intereses privados, deriva recursos hacia conciertos y externalizaciones, utiliza la financiación autonómica como arma contra el Gobierno central y se muestra hostil con los candidatos del resto de formaciones políticas.

Con todo, el conservador intentó que nada alterara su relato de campaña, que Andalucía funciona, el PP garantiza tranquilidad y cualquier alternativa es "lío". Un argumento que utilizó al arrancar la campaña y ha repetido en los debates. "Cuando las cosas van razonablemente bien", dijo, "no podemos depender de quien nos quiere meter los palos en la rueda, de quien nos quiere chantajear, o de quienes quieren volver atrás". 

La sanidad fue el apartado más complicado para Moreno pese a ser la principal preocupación de los andaluces, según recogen todas las encuestas. En el debate de RTVE, el presidente de la Junta aseguró que la oposición había dicho "barbaridades y mentiras" que debilitaban la imagen de los servicios públicos, y anunció una ley para blindar el crecimiento del gasto sanitario y del número de profesionales. Pero en ese debate en concreto evitó responder sobre la crisis de los cribados pese a las preguntas directas de los portavoces de izquierdas.

En el de Canal Sur ya no optó por el silencio y defendió que la Junta actuó correctamente al "pedir perdón, resolver el problema y asumir responsabilidades", además de promover la destitución de la cúpula del Servicio Andaluz de Salud. Asimismo, insistió en que "no ha fallecido ninguna mujer" como consecuencia de ese fallo, y acusó a la oposición de "mentir" y de "hacer política con el dolor”. La presidenta de la asociación Amama, Ángeles Claverol, le respondió este martes y aseguró que sí se han producido tres muertes “por los fallos en los cribados” por las que “se han iniciado procedimientos de responsabilidad patrimonial de los que han dado acuse de recibo”.

La contradicción, sin embargo, no terminaron en los cribados. Frente a las críticas por listas de espera, deterioro del sistema y privatización, se refugió en el argumento de la gestión y sostuvo que la Junta recurre a conciertos con empresas e instituciones externas, como hacen otras administraciones, para atender necesidades sanitarias. Moreno cifró esos conciertos sanitarios y sociales para 2025 en 562 millones de euros, un 3,7% del presupuesto, mientras crecen los recursos destinados a derivar servicios al sector privado, con un aumento del 21,5% de esas externalizaciones, según han denunciado los sindicatos.

En los dos debates, Moreno no desarrolló una propuesta educativa concreta. Habló de educación como parte de los "servicios públicos" y la vinculó a la financiación y a la estabilidad presupuestaria, mientras evitó entrar en el fondo de la crítica de la oposición: la falta de plazas públicas de Formación Profesional (FP), el crecimiento de la oferta privada y la expansión de universidades privadas durante sus ocho años de Gobierno.

En FP, la oferta privada se ha disparado en poco más de una década, con cada alumno pagando entre 4.000 y 6.000 euros por curso de media. A esto se le suma que Andalucía ha pasado de tener una sola universidad privada cuando Moreno llegó a la presidencia en 2019 a contar con cuatro nuevos campus privados en funcionamiento en 2026.  Un reproche que le lanzaron tanto la socialista María Jesús Montero, que criticó la “asfixia” de las universidades andaluzas, “mientras autorizan universidades privadas sin criterios de calidad” y que también mencionó el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que señaló que la Junta avala universidades privadas “con menos papeles que un conejo de campo”.

Lo cierto es que Moreno no solo ha ampliado el mapa de universidades privadas sino que lo ha hecho incluso contra el criterio de las universidades públicas andaluzas. La Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED) salió adelante pese a un informe desfavorable por unanimidad de la Conferencia General de Política Universitaria. La CEU Fernando III, la UAX Mare Nostrum y la Universidad Europea de Andalucía no tuvieron ese veto ministerial, pero sí nacieron con el rechazo de los rectores de las públicas en el Consejo Andaluz de Universidades.

El presidente andaluz también trató de presentarse como defensor de su comunidad frente a los supuestos privilegios territoriales. En ambos debates encontró ahí uno de sus argumentos estrella al acusar a la candidata socialista de haber "privilegiado" a sus socios independentistas para sostener a Pedro Sánchez. 

“Usted sería una magnífica candidata en Cataluña”, le espetó este lunes en el debate en Canal Sur. Montero, por su parte, volvió a defender que Andalucía sería una de las comunidades más beneficiadas por el nuevo modelo de financiación autonómica. “Es usted más genovés que andaluz, sigue las instrucciones de Génova”, le respondió la exministra de Hacienda. Durante su etapa en el Ministerio, Montero planteó una propuesta de reforma en la que Andalucía recibiría 4.846 millones de euros más, por delante de Cataluña y la Comunidad Valenciana.

La Junta no quiso, siquiera, abordar criterios como la población ajustada, la deuda o los servicios públicos para reajustar el modelo. Según el presidente andaluz, si lo proponía Montero y formaba parte de un acuerdo con Cataluña, nada bueno traería. La paradoja, sin embargo, se pudo ver durante los debates. El presidente reclamó más financiación para Andalucía mientras la Junta ha rechazado abrir el melón de la financiación autonómica.

La vivienda fue protagonista del primer debate y, aunque también se mencionó en el de Canal Sur, ocupó menos tiempo de pantalla, aunque volvió a enseñar la doble cara de Moreno. El presidente andaluz defendió su balance asegurando que su Gobierno ha "cuadruplicado" la vivienda protegida y vinculó esa política a la estabilidad, mientras los partidos de la izquierda le reprochaban el rechazo a regular el alquiler y Vox trataba de llevar el problema al terreno de la inmigración con su “prioridad nacional”.

La respuesta del presidente andaluz al problema pasa por construir más, movilizar suelo y ofrecer seguridad al promotor, pero siempre bajo la premisa de que no hay que intervenir en el mercado para poner coto a los alquileres disparados, la compra especulativa, la vivienda turística y la expulsión de vecinos de los barrios. Moreno presentó su nueva ley de vivienda como una vía para generar más vivienda protegida en venta y alquiler, con más suelo, cambios de uso, menos burocracia y colaboración público-privada.

El representante de Adelante Andalucía recriminó al candidato del PP que la Junta permita a una persona con rentas altas poder acceder a una vivienda de protección oficial, que viviendas financiadas con recursos públicos puedan venderse años después y que no se ponga freno a la especulación. Moreno respondió entonces acusando a García de "demagogia" y defendiendo que esos precios estaban por debajo del mercado. Así, una cara promete VPO, jóvenes propietarios y acceso asequible mientras la otra rechaza cualquier tipo de intervención y convierte el derecho a la vivienda en una operación de oferta, suelo y colaboración con promotores. 

Las educadoras de las escuelas infantiles, de 0 a 3 años, se movilizan este jueves en toda España en más de 53 concentraciones y con un paro general por el que piden dignificar su profesión, para que sea considerada etapa educativa porque "no somos guarderías".

De esta forma se manifestaban muchas de las educadoras que avisan de que están en unas condiciones laborales y salariales críticas, ya que se trata de un sector muy fragmentado en el que conviven centros públicos, de gestión autonómica y municipal, con centros privados y con escuelas públicas externalizadas.

Alrededor de 60.000 educadoras de unas 11.000 escuelas, públicas y privadas, reclaman menos bebés y niños por profesional, la pareja educativa en el aula y unos sueldos que superen el salario mínimo interprofesional, entre otras medidas.

También que se les equipare con el resto de docentes de la Educación Infantil y puedan tener una jornada lectiva regulada y apoyos en las clases para niños con necesidades educativas específicas.

En la mayoría de las provincias se han llevado a cabo manifestaciones o concentraciones frente a las consejerías de Educación o parlamentos autonómicos, y sindicatos como CCOO, UGT, CGT y USO han convocado diferentes actos, también ante la patronal estatal ACADE.

En Barcelona un millar de personas han marchado por el Paseo de Gràcia cortando el tráfico hasta la Delegación del Gobierno y el 20 de mayo está prevista otra manifestación unitaria.

"Queremos reivindicar al 0-3 como etapa educativa, más recursos para atender a la diversidad y menos ratios", ha recalcado el portavoz de la Plataforma 0-3, Carles Arbó.

"Hoy es un día histórico, nunca antes todo el sector 0-3 de todas las comunidades autónomas han salido juntas en una huelga. Hoy esta marea amarilla será en toda España y llenaremos las calles", ha señalado la portavoz de la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles (PLEI), Rosa Marín, a EFE tras recordar que en Madrid se cumple un mes de huelga indefinida.

Desde León, Sandra Lera, otra educadora, insiste junto a medio centenar de compañeras que trabajan en una etapa educativa "que es la más importante y la peor valorada".

"Necesitamos que nos escuchen, necesitamos que se nos valore y necesitamos que se nos incluya en la Educación, porque somos escuelas, no guarderías", ha denunciado, al tiempo que en Valencia Sabrina Pérez, portavoz de la Plataforma en Defensa 0-3 de Comunitat Valenciana, ha subrayado que "estamos agotadas".

"Queremos un calendario escolar igual que el resto de etapas educativas; no somos una guardería, somos una escuela infantil, somos una etapa educativa como cualquier otra", ha insistido Pérez, que recalca la carga "física y emocional" que afrontan.

Y es que en muchos casos, estas educadoras deben atender hasta 8 bebes de menos de 1 año en el aula.

Piden que se legisle una bajada de ratios para que sean de 4 bebés menores de 1 año por educadora, 6 niños de entre 1 y 2 años, y 8 niños o niñas de entre 2 y 3 años por profesional.

En Madrid, las educadores infantiles han recordado a la presidenta de la comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que "infantil está en lucha" y han exigido devolver la "dignidad" a su trabajo.

Ataviadas con prendas de ropa amarillas y acompañadas de pitos y cacerolas, Eva, una de las manifestantes, ha asegurado que su gremio no puede seguir con las condiciones actuales mucho más tiempo.

Desde CCOO, la secretaria general de la Federación de Enseñanza, Teresa Esperabé, ha recalcado que "esta agenda de acciones va a seguir y no vamos a parar hasta que se de dignidad al 0-3".

"Somos educación, pero solo lo somos en el papel. En la práctica todavía no se nos considera una etapa educativa", ha denunciado la portavoz de la Plataforma 0-3 Aragón, Belinda Gil, mientras en Andalucía decenas de compañeras han reivindicado que el primer ciclo sea "universal y gratuito" y han criticado que el presidente Juan Manuel Moreno devolviera al Estado 112 millones para crear escuelas públicas.

Fuentes de CCOO estima una media de seguimiento por encima del 75%, mientras la Junta de Castilla y León ha estimado en un 18,78% el paro en su comunidad y en Castilla-La Mancha los sindicatos señalan un seguimiento del 57%.

La Federación de Enseñanza de USO Madrid, que se ha manifestado bajo pancartas de 'SOS Educación Infantil' y 'Abandono y violencia institucional', también ha advertido de las dificultades derivadas del bloqueo de mejoras salariales por las sucesivas prórrogas en las licitaciones, lo que impide la aplicación de la Tabla A del XIII Convenio estatal.

"Es imprescindible abrir una mesa de negociación con las patronales y la administración que permita avances reales", ha señalado el secretario general de FEUSO Madrid, Juan Torija.

Lo inquietante de la humedad no es cuando percibes la sombra en la pared, sino cuando constatas que se ha infiltrado hasta los cimientos. En esas estamos, sobrecogidos descubriendo que mientras gobiernos, empresas y redacciones se apresuran a convertir la inteligencia artificial en una herramienta útil, hay otra fuerza trabajando por debajo del entusiasmo, anegando la base de cualquier construcción decente que podamos llevar a cabo. La desinformación avanza como la humedad, no necesita derribar la casa porque es capaz de extenderse silenciosamente hasta donde se proponga. Durante años la vimos avanzar sin freno en las redes sociales, embarrando la conversación con bulos y propaganda, y ahora empieza a filtrarse en un lugar mucho más delicado: la máquina a la que cada vez más gente le pide que le explique el mundo.

Hasta hace bien poco, los grandes modelos de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) como ChatGPT declinaban educadamente contestar a preguntas directas sobre política y otros temas ‘sensibles’. Una prudencia casi enternecedora que brilla por su ausencia en la actualidad. Ahora lo inquietante no es que respondan a cuestiones políticas, es que lo hacen con seguridad. No hay duda, ni espacio para ella. Contestan sobre inmigración, sanidad, delincuencia o impuestos con el mismo aplomo con el que un tertuliano rebate a su par en prime time. 

Estos modelos de IA no están entrenados en temas de actualidad con información contrastada y ahí es donde la desinformación se ha infiltrado hasta el tuétano. La investigación que recoge esta semana el británico The Guardian lo deja muy claro: la firma Peec AI sometió a un aluvión de preguntas sobre política británica a varios modelos, entre ellos ChatGPT y los resúmenes de IA de Google. Repitió esas preguntas durante semanas y el resultado no deja lugar a dudas: el líder populista Nigel Farage y su partido de extrema derecha Reform UK aparecen con una frecuencia muy superior a la esperable, sobre todo en cuestiones como la inmigración y los impuestos municipales. Si este descubrimiento no me hubiera borrado la sonrisa diría que lo más hilarante es que los modelos citan a Facebook más que a ninguna otra fuente, por delante de la BBC o la web del Parlamento británico. Le preguntamos a una máquina por política y la máquina se va a Facebook a buscar la respuesta entre la propaganda de la extrema derecha. Poco nos pasa.

Ojalá fuera una rareza británica y no un ejemplo de una mancha que se extiende sin hacer ruido por el subsuelo de nuestro sistema social. Cuando se pregunta a esos grandes modelos lingüísticos por cuestiones políticas y migratorias, parecen inclinarse por información de baja calidad procedente de fuentes abiertas y redes sociales. Es decir, hacia el mismo ecosistema que lleva años recompensando el exceso, la simplificación y hasta la mentira. No es un eco lejano que llega desde la pérfida Albión. 

Esta misma semana conocíamos el resultado de una encuesta de 40dB. que recoge que un 42,4% de la población española cree erróneamente que el proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno otorga de forma directa o automática la nacionalidad española. Podría parecer que no se están contando las cosas como son, algo que seguramente será cierto en según qué periódicos, pero yo me pregunto dónde se está informando esa ruidosa minoría que no lee periódicos. ¿En ChatGPT quizá? Veremos pronto estas aplicaciones en las que los jóvenes preguntan directamente a su IA de confianza convertidas en una cloaca de respuestas automatizadas que suenan limpias y razonables, pero están impregnadas del moho de la desinformación.

Aquí hay una ironía particularmente desagradable. Llevamos meses debatiendo sobre cómo poner la IA al servicio de una mejor educación, mejores diagnósticos y procesos más eficaces, invirtiendo dinero público en proyectos llamados a cambiarnos la vida y animando a los trabajadores a que se formen para dar respuesta a un mercado laboral que absorbe todas las competencias relacionadas con esta nueva tecnología… mientras, por pura capilaridad, la desinformación llega al mismo corazón de la máquina. Sin manifiestos rimbombantes que nos pongan en alerta, simplemente repitiéndose mucho y ante muchos. 

La IA decide quién sale más en los resultados, a quién menciona primero y qué relato parece plausible. Si entrenas una máquina con fango no obtendrás más que fango con buenos modales. Tal vez sea el momento de empezar a decirlo de otra manera (por si llega mejor a los oídos que pueden hacer algo): la desinformación no es un residuo molesto de Internet, es una infraestructura en sí misma y un combustible barato para un sistema que todavía se presenta como neutral. Y ha cambiado el traje de la propaganda por el vestido elegante de la objetividad. 

Cojamos el paño con lejía y preparémonos para limpiar, porque la sombra de la humedad ya es visible en nuestra pared y queda poco para que se filtre hasta los cimientos.

En el debate educativo contemporáneo, cada cierto tiempo vemos cómo resurge con fuerza una corriente de pensamiento que, bajo una aparente defensa del conocimiento y la justicia social, sostiene que la escuela pública ha "averiado" su función de ascensor social al relajar la exigencia. Según este planteamiento, la sustitución del esfuerzo y el rigor por metodologías más flexibles que buscan atender a la diversidad constituye una traición al alumno más vulnerable: a quienes más necesitan de la escuela se les estaría privando de su única herramienta de ascenso, el mérito académico.

Sin embargo, este análisis tan simple que renace sobre todo cuando las pruebas de acceso a la universidad se acercan, como ahora, o con evaluaciones como PISA, resulta incompleto y profundamente reduccionista si no se somete a una mirada sistémica y multicausal más profunda.

En esa narrativa, hemos llegado a escuchar, por ejemplo, ideas como que la escuela pública nació exclusivamente para permitir que el hijo del obrero llegara a ser, por ejemplo, neurocirujano o abogado. Si se fijan, dentro subyace una visión romántica que ignora la función histórica del sistema educativo como mecanismo de clasificación social. Muchísimos estudios de sociología de la educación están ahí para demostrarlo.

El llamado "rigor exigente" que se añora en esta corriente de pensamiento nunca fue un terreno de juego neutral. Hablar solamente de mérito personal sin tener en cuenta los factores estructurales y contextuales favorece, por definición, a quien ya trae de casa un capital cultural y una red de seguridad emocional. Cuando la escuela se limita a ser un colador de "notas y saber", lo que hace no es potenciar al vulnerable, sino legitimar la desigualdad previa bajo el disfraz del talento natural.

Es más sorprendente aún que, desde este marco, a la modernidad pedagógica se la llegue a tildar de "nuevo clasismo". Se crea así la falsa dicotomía entre innovación para lograr equidad e inclusión, por un lado, y rigor exigente, por el otro, reservándose a las élites la salvaguarda de este saber riguroso.

Es peligroso difundir la idea de que las instituciones educativas más exclusivas del mundo están volviendo a la escuela más tradicional, del pasado. Es justo lo contrario: los sistemas educativos más avanzados llevan años liderando la transición hacia un aprendizaje competencial donde la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la gestión de la incertidumbre son el verdadero "currículo de élite", ejemplo del verdadero rigor académico, científico y pedagógico. Proponer para la clase trabajadora una escuela de manual y repetición mientras el mundo demanda perfiles creativos es condenar a los hijos de la pública a una nueva servidumbre y una masa obsoleta frente a las dinámicas de la sociedad contemporánea.

Este discurso lleno de falacias también equipara la justicia social con el "maquillaje estadístico" de los aprobados, asunto que les resultará familiar, ya que se repite mucho en foros de todo tipo. De hecho, esta es de las ideas a mi juicio más sonadas, y representa una simplificación que elude problemas reales: la infrafinanciación y la falta de recursos para atender la diversidad. Es hacia aquí hacia donde deberíamos mover la portería.

He defendido mucho, y no me cansaré de hacerlo, que el éxito educativo no debería medirse por cuántos alumnos superan un estándar rígido, sino por cuántos logran una formación sólida que les permita progresar en una sociedad compleja. Esa exigencia que tanto se enarbola no se recupera volviendo al pasado, sino dotando a la escuela de los medios ajustados según el contexto para que el aprendizaje sea significativo y adaptado a las necesidades de cada situación. En esto es en lo que deberíamos centrar el debate, aunque sigan vendiendo más el alarmismo y el catastrofismo.

Por lo tanto, la verdadera estafa educativa no es que nuestros jóvenes estén logrando un título sin base, sino la pervivencia de un sistema que hace creer al alumno que su destino depende únicamente de su capacidad de resistencia al esfuerzo individual, ignorando las barreras sistémicas que condicionan su punto de partida. Dicho de otra forma y para que me entiendan, el "cheque sin fondos" que endeuda a las generaciones actuales y venideras es prometer meritocracia en un entorno de desigualdad creciente.

En definitiva, la formación sólida de la que todos hablamos y que tanto pedimos (yo el primero) no debe ser el privilegio de quien sobrevive a un sistema de exclusión que perpetúa un imaginario ancestral de la escuela. La formación exigente tiene que ser parte de un derecho de quien, venga de donde venga, encuentra en la escuela pública un lugar que no le pide que tape o maquille su condición de partida para ser aceptado y poder avanzar. La clave no está en buscar culpables en la innovación pedagógica, sino en entender que la escuela es el último refugio de lo común.

El rigor y la exigencia siguen siendo fundamentales, por supuesto, pero su enfoque no puede convertirse en sinónimo de segregación. Si lo hace, estaremos, de forma cíclica y como ocurría en el pasado, fabricando una sociedad donde el destrozo lo sigan pagando, como siempre, los hijos de los demás. Nunca los nuestros.

__________________________________________

Albano de Alonso Paz es catedrático de Lengua y Literatura, profesor y Cruz al Mérito Civil por su labor en el campo de la enseñanza.

Un adolescente de 14 años intentó apuñalar a otro compañero y un profesor lo inmovilizó cuando ya lo tenía agarrado por el cuello. La madre de una alumna saltó la valla del recreo para pegarle a una profesora que reñía a su hijo y una maestra las separó. Una menor de 12 años se encerró en el baño para lesionarse con la punta de un compás y su tutora desarmó la puerta para impedirlo y contenerla emocionalmente. Todos son incidentes contados por una profesora de un instituto de máxima complejidad en Barcelona.

"En ninguno de los casos la policía podría haber hecho nada o nada mejor que el mismo profesorado", asegura la docente, que prefiere mantener el anonimato. El plan del Gobierno catalán para desplegar agentes de los Mossos d'Esquadra, de paisano y sin arma, en colegios y centros de secundaria se ha topado con la oposición mayoritaria de la comunidad educativa. "Lo único que conseguirá es aumentar la tensión. Es una medida destructiva, convierte a las escuelas en cárceles, no resuelve el problema de fondo", considera la profesora.

La conflictividad escolar en Cataluña ha alcanzado cotas críticas. El 84% del alumnado percibe violencia en los centros, casi dos de cada tres han sido víctimas de una situación violenta y ocho de cada diez chicas han sufrido agresiones sexuales, según la última encuesta oficial del curso 2021-22, publicada en 2023. Sin embargo, no existe evidencia clara en ningún otro país de que la figura policial en las aulas haya mejorado la convivencia. En Reino Unido, el programa Safer School Officers que desplegó a 683 uniformados a comienzos de este siglo ha tenido "resultados contradictorios", que "no respaldan claramente la afirmación de que la presencia de agentes de policía tenga efectos positivos", como concluye un estudio de la National Association of Head Teachers. Otras organizaciones más críticas advierten de la escalada de la estigmatización de escuelas en barrios desfavorecidos y de la derivación de problemas disciplinarios menores hacia el sistema de justicia criminal, un riesgo que afecta sobre todo a minorías étnicas.

"Si tratas a los jóvenes como delincuentes, se acaban comportando como delincuentes. Cuando se da una respuesta represiva con más expulsiones, detenciones, creación de antecedentes, el problema se enquista a mediano plazo y termina en mayor abandono escolar. Los chavales acaban en la calle", señala la directora de investigación de Equitat.org, Mònica Nadal, sobre los "efectos perversos" de la medida. Además, agrega que "cuando tienes colectivos racializados, cualquier comportamiento suyo se identificará como de mayor peligro". Un informe de SOS Racisme registró que por cada siete personas con nacionalidad española identificada en Cataluña, se para a más de siete personas extranjeras o percibidas como tales. "¿Cómo esos jóvenes se van a sentir seguros o van a confiar en esa policía? Un chaval que se siente rechazado es normal que genere resentimiento", zanja la socióloga.

En Francia ha habido desde 2018 varios intentos de infiltrar gendarmes, pero ninguno ha prosperado debido a la falta de consenso político, el rechazo social y la oposición de las direcciones de los centros. En Alemania, varios Estados se han aventurado recientemente a impulsar proyectos parecidos al de Cataluña. En Estados Unidos, con oficiales armados en cerca de la mitad de los colegios, algunas tesis indican que se han reducido un 30% las peleas y amenazas, pero no se han logrado evitar los tiroteos, y un estudio del National Institute of Justice indica que la tasa de mortalidad en esas balaceras es casi tres veces mayor en centros con guardias pistola en cinto. Finalmente, la propia Administración estadounidense reporta que en los high school con fuerte presencia policial las tasas de arrestos suelen duplicarse. Es decir, la medida criminaliza a los jóvenes más que aumentar la seguridad real.

Desde la Generalitat defienden que el plan se ha activado para fortalecer las funciones pedagógicas de los mossos, en la línea de las tareas de mediación y proximidad que ya cumplían. La docente del centro de máxima complejidad de Barcelona explica que en alguna ocasión han llamado a los mossos para disuadir a bandas juveniles que esperaban a algún alumno para ajustar cuentas a la salida de clase. "Los agentes vienen a dar charlas y alguna vez los he llamado para apoyarme en situaciones de vandalismo o portación de sustancias ilícitas", cuenta la directora de un instituto del Vallès Occidental, en una localidad que cuenta con dos agentes de proximidad, "pero me niego a meterlos en clase, no deja de ser un cuerpo represor".

Por su parte, la consellera de Educación, Esther Niubó, ha matizado que esa presencia policial permanente siempre será "voluntaria" y que pretende ofrecer una "mirada externa y especializada" en mediación de conflictos, pero que "no está previsto que tengan contacto directo con el alumnado" y “no van a sustituir la función de un docente ni de un educador social”. El Govern afirma que trabaja desde septiembre de 2025 en el proyecto a petición de los centros escogidos. 

No obstante, diversos de esos centros convocaron protestas contra la presencia policial y denunciaron que nadie les había informado sobre ello. “Menos mossos y más educadores sociales” o “Ni formados ni uniformados. Más recursos y menos policía” fueron algunos de los eslóganes gritados por el centenar de manifestantes de varios sindicatos educativos este lunes a las puertas de dos institutos de l'Hospitalet de Llobregat, donde esta semana se inicia la prueba piloto que desplegará a seis agentes en otros doce centros de máxima complejidad de la zona de Osona, Urgell, Alta Ribagorça, Val d'Aran, Tàrrega, Vic, El Prat de Llobregat y Sabadell.

"Las personas formadas para la prevención de la conflictividad escolar somos los educadores sociales. Pedimos que se consolide nuestro trabajo, en lugar de socavarlo", reclama el vicepresidente del Col.legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC), Óscar Martínez, quien reconoce que "las complejidades de la sociedad han cambiado y la figura clásica del profesor ya no es la única que hace falta, pero para eso están los profesionales preparados". El Govern, en cambio, ha recortado de 85 a 60 los profesionales de educación social en los últimos cuatro cursos, según datos del mismo CEESC. La Fundació Bofill recoge que tan sólo hay una educadora social por cada 4.590 alumnos con necesidades socioeconómicas o socioculturales.

"Despiden educadores para meter mossos. Jamás en la vida hubiésemos imaginado que habría policías en las escuelas. Es un giro a la derecha", sentencia Martínez sobre la idea del Partido Socialista de Catalunya (PSC). Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), los Comuns y la CUP han rechazado duramente la medida por haberse impulsado sin debate parlamentario ni consenso con la comunidad educativa. Los republicanos advierten de que puede tener efectos "discriminatorios" al señalar determinados centros y tacha la propuesta de "poco afortunada, populista y condenada al fracaso". Así lo demuestran las experiencias en otros países, aunque el Departament de Educació enfatiza que, según la OCDE, "uno de cada dos países desarrollados cuenta con programas similares de colaboración entre escuela y fuerza pública "con fines preventivos"". La polémica ya está sobre la mesa en medio de la negociación del PSC para buscar el apoyo de ERC y los Comuns para desencallar la aprobación de los presupuestos de 2026. La menor de 12 años rescatada del baño cuando pretendía hacerse cortes porque no le gustaba su aspecto contó con el acompañamiento psicoemocional de una educadora social y hoy cursa tercero de secundaria, encaminada a la universidad.

El discurso sobre la “prioridad nacional” ha entrado de lleno en el debate público de la mano de Vox, que ha arrastrado al Partido Popular a asumir sus postulados más ultras en materia migratoria para alcanzar un acuerdo tanto en Extremadura como en Aragón. La hostilidad contra los migrantes, envuelta en el celofán de la lucha contra la delincuencia y la preservación cultural, es una de las banderas de Vox desde su nacimiento, lo que ha provocado a su vez una radicalización del discurso de la formación de Alberto Núñez Feijóo. Pero a esto también se le añade un elemento que no es nuevo pero que la ultraderecha explota cada vez más: la saturación de los servicios públicos por culpa de “los de fuera”.

La sensación de agravio en el acceso a los servicios del estado del bienestar como la sanidad, la educación o la vivienda de protección oficial es campo abonado para el rechazo al extranjero, de ahí que utilicen el concepto de “prioridad nacional” para el acceso a ese tipo de casas o y al alquiler social en ambas comunidades. Es una estrategia calcada de la del Frente Nacional francés, que desde la década de los ochenta defiende el llamado "chovinismo del bienestar", un proteccionismo excluyente que induce entre las capas más necesitadas un recelo hacia los inmigrantes. Una estrategia que ha demostrado ser una valiosa herramienta de la ultraderecha, sobre todo en momentos de crisis, para tratar de ampliar su base social.

El proceso de regularización de medio millón de migrantes, según las previsiones del Gobierno, al que se dio luz verde la pasada semana en el Consejo de Ministros, sirvió de excusa al líder de Vox, Santiago Abascal —y posteriormente a la dirección nacional del PP— para abonar este discurso. El ultra aseguró que va a “dar muchos problemas a la sociedad española, va a producir un efecto llamada, va a traer drama en los mares, muerte, inseguridad en las calles y colapso en los hospitales y en el mercado de la vivienda”. Y añadió: “Eso lo van a pagar los españoles, no los diputados que promueven la regularización”.

En los últimos días otros dirigentes de la formación, entre ellos el secretario general, Ignacio Garriga, y el candidato de la formación en Andalucía, Manuel Gavira, han insistido en esa tesis. “Todo ha colapsado, hay hasta cuatro millones de españoles esperando una cita con un especialista, con una demora media de hasta 96 días” y “cada 18 minutos muere una persona en lista de dependencia”, señaló el primero. Gavira afirmó que la "inmigración masiva" se nota "en las guarderías, en los comedores escolares, en los colegios, en la atención sanitaria, en la vivienda, en el empleo o en las ayudas sociales contributivas y no contributivas”.

Por su parte, desde el Partido Popular han asumido el marco discursivo de Vox y lo han integrado como propio. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso aseguró que la regularización va a “reventar” los servicios públicos pese a que los migrantes en situación irregular ya están haciendo uso de ellos. En Génova han seguido el mismo discurso. La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, aseguró que la regularización es un “despropósito” y que va a “saturar” los servicios públicos. “Las consecuencias recaen directamente sobre las comunidades y los ayuntamientos”, manifestó.

Esto ya ha tenido sus primeras traslaciones a nivel legislativo. El PP valenciano aprobó el pasado octubre una resolución de Vox que pedía a la Generalitat incluir en sus estadísticas el uso que hacen los migrantes de las donaciones de sangre o emergencias sanitarias frente a la población nacional, además de medir el absentismo laboral de la población extranjera, entre otros indicadores. Según el PP, el propósito de la iniciativa era conocer los gastos reales en materia de sanidad y servicios sociales para administrar los recursos disponibles. No obstante, todo ello coincidió con la necesidad del entonces president, Carlos Mazón, de alcanzar un acuerdo para sobrevivir al aniversario de la dana.

De esta manera, las derechas desplazan problemas estructurales hacia una explicación identitaria y alimentan un relato excluyente en el que presentan los servicios públicos como un botín escaso que hay que reservar para los nacionales. Así, en lugar de asumir que las administraciones tienen que dedicar más recursos a esas áreas, culpan a los migrantes de su saturación.

Hace solo unos meses la Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal, publicó un informe titulado “La inmigración y su impacto económico negativo en el Estado de Bienestar”. La principal conclusión del informe, en el que no aparecían los nombres de sus autores, era que el inmigrante comienza a tener una contribución neta positiva a las arcas públicas cuando su salario medio es de al menos 45.150 euros anuales durante toda su vida laboral. El coste general de la inmigración es mayor que su aportación, añadía el informe, lo que agrava, según el texto, los problemas fiscales del estado de bienestar.

Para llegar a la conclusión señalada el informe analizaba varios ejemplos y calculaba, a lo largo de toda la vida de una persona, la diferencia entre la aportación del trabajador en forma de cotizaciones sociales e impuestos directos e indirectos y lo que recibe en forma de pensiones, subsidios de desempleo y ayudas sociales, además de los costes derivados de su educación y salud, así como gastos generales en materia de defensa, justicia e infraestructuras. 

Sin embargo, desde el Banco de España desmontaban la tesis de la formación y señalaban que la tasa de actividad de los extranjeros residentes en España está entre las más altas de la UE, es superior a la de los nacionales, y que el efecto medio directo de la inmigración sobre el crecimiento del PIB per cápita fue positivo entre 2022 y 2024, sobre todo vía empleo. 

Otro organismo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), añadía que los inmigrantes tienden a ser más jóvenes que los nativos, lo que aumenta su aportación a los ingresos públicos vía impuestos sobre el trabajo, y que los flujos migratorios suavizan la caída de la población en edad de trabajar y sostienen el crecimiento, aunque no basten por sí solos para compensar todo el envejecimiento. 

Vox también culpaba en ese informe a los migrantes del aumento de los precios de la vivienda. En ese sentido, el Banco de España reconoce que desde 2016 el crecimiento demográfico, debido en parte a los flujos migratorios y a la concentración territorial, ha sido un factor importante de aumento de la demanda y de los precios. Pero en el mismo análisis subraya que la presión sobre precios y accesibilidad también se explica por el escaso dinamismo de la oferta, la falta de suelo finalista y mano de obra para construir, el bajo peso del alquiler social, la incertidumbre regulatoria y el auge de usos alternativos como el alquiler vacacional o de temporada.

En cuanto a percepción de la inmigración como problema, ha subido con fuerza en la agenda pública, pero los datos oficiales muestran que esa percepción está siendo acompañada y amplificada por un ecosistema de discurso de odio que asocia migración con inseguridad, y por un racismo más normalizado y más digitalizado que sigue teniendo en el eje racista y xenófobo su manifestación más numerosa.

La preocupación social por la inmigración ha aumentado claramente respecto a hace dos años, aunque con picos y bajadas. Si tomamos como indicador el CIS —la mención espontánea de la inmigración como uno de los tres principales problemas de España— pasó del 11,7% en mayo de 2024 al 30,4% en septiembre de 2024. Después bajó, pero sigue en niveles relativamente altos: 20,3% en febrero de 2026 y 15,5% en abril. Así, la inmigración aparece en el barómetro como el cuarto problema nacional.

Rafaela para quienes la conocemos en Parla. Falita, para quienes vivieron con ella sus primeros años en Fuenlabrada. Acaba de cumplir 89 años. Comienza a vivir su año número 90 y su profesora en el Centro de Educación de Personas Adultas de Parla ha organizado una pequeña fiesta, con cuidados regalos manuales y con presencia de sus hijas y algunos miembros de su familia.

Viene Rafaela, Falita, ayudada por una persona que la acompaña y con su bastón y aquí pasa sus dos horas de clase, junto a otras mujeres poco más jóvenes que ella que acuden asiduamente para hacer aquello que no pudieron hacer de niñas, ni de madres, ni tampoco de jóvenes abuelas.

Comparte la clase, además, con un par de hombres mayores y con otro puñado de mujeres venidas de lugares como Marruecos, Nigeria o Perú, dispuestas a aprender a leer y escribir, viniendo cada día, después de dejar a los niños en clase y antes de tener que hacer la comida e ir a recogerlos. 

En el mes de abril, a principios de abril, justo después de acabar la Semana Santa, completó sus 89 años y se adentró decididamente en los 90. Es verdad que necesita algunas ayudas, algún apoyo, pero sigue viviendo en su domicilio y sigue viniendo, acompañada, cada día a clase. 

De cuantas personas estudian en la sede central del CEPA, en la calle Galilea de Parla (Madrid), sin duda Rafaela es la más mayor, aunque, para decirlo todo, en algunos talleres que impartimos en centros sociales, culturales, o de mayores, tenemos alguna persona que supera con creces los 90.

Se trataba de una fiesta sorpresa, pero no queríamos realizar una fiesta de cumpleaños más. Ese momento lo dejamos para los días siguientes, en los que hijas, nietos, yernos, fueron desfilando por su casa para felicitarla. Queríamos un encuentro agradecido con sus compañeras y con sus profes. 

No reparamos en la cantidad de tiempo y dedicación que requiere cualquiera de estos eventos, máxime cuando, excepto la tarta de cumpleaños, todo hubo de quedar preparado, sorpresas y regalos incluidos, antes de que el Viernes de Dolores todo el centro se cerrara por vacaciones. Rafaela lo merece, pero para hacerlo realidad siempre hay personas dispuestas a echar el tiempo, la dedicación y las horas de trabajo necesarias para que todo salga bien.

Pese a sus 89 años, Rafaela, como casi todas las mujeres que la acompañan en clase, no ha nacido en Parla. Ya quedó dicho. Rafaela vino de Fuenlabrada, en aquellos años en los que estas localidades no eran ni la décima parte de lo que hoy son. 

Baste recordar que en 1960 Parla no contaba ni con 2.000 habitantes, mientras que diez años después superaba levemente los 10.000. Pero es que Fuenlabrada, en aquellos mismos años, tenía pocos más o menos habitantes que Parla. Al cabo de los años Fuenlabrada ha llegado a los 190.000, mientras que Parla va por los 137.000. 

Lo dicho, Rafaela era una inmigrante interior, aunque de una localidad cercana, en la que siempre ha sido conocida como Falita. Muchas de sus compañeras vienen de Extremadura, o de alguna de las Castillas. Las más jóvenes de tierras mucho más lejanas, más allá de los mares.

Aquí, en Parla, hizo su nido y vivió su vida. En torno a su familia y a la Administración de Loterías, la lotera de Parla vio crecer a sus hijas, que hoy siguen su camino, la una como profesora de la Escuela Oficial de Idiomas de Parla, mientras que la otra sigue administrando el despacho de Lotería.  

Algunas de estas mujeres mayores son viudas. Cobran una modesta pensión y casi todas ellas han sobrevivido a la depresión, a la tentación de sumergirse bajo las aguas del duelo permanente, al miedo a la vida desencadenado que puede conducirte a dejarte morir. 

Rafaela, como muchas de ellas, ha encontrado en las nietas que la sacan de casa y hasta emprenden viajes con ella, o en las aulas que visitan cada día, un motivo para seguir adelante, para reír, o llorar juntas, para contarnos sus vidas, no menos importantes que las de cualquier tuercebotas, magnate o influencer desenfocado.

De eso nos ocupamos en este tipo de Centros. Cosas que no puede hacer una Inteligencia Artificial por mucho que haya aprendido de nosotros. Convertirse en puntos de encuentro donde el conocimiento, los afectos, la cultura (y las culturas) de las gentes, encuentran nuevas oportunidades de expresarse, seguir aprendiendo y compartir experiencias y apoyo mutuo.

Mayoritariamente mujeres, jóvenes y mayores, viudas, casadas, solteras. Pero todas ellas decididas a vivir una nueva oportunidad de aprendizaje, de convivencia, que muchas veces no pudieron vivir porque la fuerte presión de sus mundos lo hacía imposible. Ejemplos vivos de voluntad de ser y decisión de vivir.

Rafaela es la más mayor, la decana, la más longeva, la que más tiempo lleva en esta brecha y un ejemplo de resistencia, no sólo de resiliencia. Pero todos tenemos la inmensa suerte de verlas cada día, compartir destellos de sus vidas, escuchar sus historias, recopilarlas, escribirlas, contarlas. Entre nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos.

Ellas y no esos hombres que mandan a nuestros hijos a las guerras. Ellas y no esos bastardos que bombardean a inocentes. Ellas son las mujeres valientes, enamoradas de la vida, que la abrazan cada día y salen a defenderla. Ellas merecen como nadie la canción de Silvio. 

______________________

Francisco Javier López Martín fue secretario general de CCOO de Madrid entre los años 2000 y 2013.

El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley que bajará el número máximo de alumnos por clase y reducirá la jornada del docente de Primaria y Secundaria, en el marco de un calendario que empezaría aplicarse el próximo curso, aunque la norma debe superar antes su trámite parlamentario, según informa EFE.

El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta esta ley que propuso hace casi seis meses la exministra de Educación Pilar Alegría y que la nueva titular del Ministerio, Milagros Tolón, retomó a final de año.

El proyecto de ley contempla un máximo de 22 estudiantes por aula en Educación Primaria y de 25 en Secundaria (frente a los 25 y 30 actuales) y rebaja la jornada docente hasta un tope de 23 horas semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial y de 18 en Secundaria y Bachillerato.

El alumnado con necesidades educativas especiales (NEEs) contará como doble plaza en los centros sostenidos con fondos públicos.

Estas dos últimos criterios empezarían a aplicarse en el curso 2026-2027 y la mayoría de comunidades gobernadas por el PP han pedido más tiempo para su implantación.

En mi centro, antes de entrar a clase a primera hora, existe el ritual del café. Ahí se mezclan conversaciones de todo tipo y a veces también sobre política. Cuando suena el timbre, todo queda ahí y nos ponemos el disfraz de profesores, con la careta de la neutralidad y la imparcialidad: hubo elecciones autonómicas, pero no puede notarse mi opinión si algún alumno me pregunta. 

A lo largo de mi trayectoria profesional, algún que otro compañero me ha comentado que a veces los estudiantes levantan la mano y les hacen preguntas comprometedoras como, por ejemplo, esta: profe, ¿a quién vas a votar en las elecciones?

La escena parece entrañable, reflejo del desparpajo de esos chavales que siempre nos sorprenden. El aula no está aislada del mundo y ellos están más al tanto de lo que ocurre de lo que parece. Cuando se mueven en sus redes sociales la información les llega sin filtro. Es normal que a través de sus docentes quieran conocer otros puntos de vista.

Todos tenemos claro que un profesional de la pública no puede desvelar en clase su opción política, pero es que la conversación no termina ahí. Inmediatamente surgen otras preguntas más complejas: ¿por qué nos hablas tanto de derechos humanos o de igualdad? ¿Eso no es también política? Es ahí cuando empieza el verdadero debate.

La ley es clara: quienes trabajamos en la función pública debemos actuar con objetividad, imparcialidad y neutralidad política. Esto implica no hacer propaganda, no sugerir preferencias y no utilizar el aula para inclinar al alumnado hacia una opción partidista.

Pero conviene no confundir neutralidad con vacío. La escuela no es un espacio aséptico ni puede serlo. Educar no consiste en suspender el juicio sobre todo, sino en enseñar a pensar con criterios.

La neutralidad que se exige al profesorado es político-partidista, no moral. Porque la propia Constitución no es neutral en términos axiológicos: establece un marco de valores que deben ser enseñados. No es una opción personal del docente, sino una obligación profesional. Educar en derechos humanos, igualdad o justicia social no es adoctrinar: es cumplir la ley.

Sin embargo, noto que, de un tiempo a esta parte especialmente, la palabra "adoctrinamiento" se usa con excesiva ligereza en debates educativos y críticas hacia la profesión docente. Imponer una ideología, presentar opiniones como verdades, negar el pluralismo o descalificar opciones políticas legítimas… Quien crea que el profesorado se dedica a eso dentro de las aulas está equivocado. Educar es abrir preguntas, ofrecer herramientas para pensar, contextualizar hechos, fomentar el espíritu crítico y garantizar que el alumnado pueda construir su propio criterio. Tal vez sea un tema no tanto de contenido, sino de método.

Si hay un espacio donde el adoctrinamiento encuentra terreno fértil hoy no es la educación pública, sino el ecosistema digital en el que crecen nuestros alumnos: algoritmos que refuerzan estereotipos, desinformación constante y discursos simplificados que premian la emoción sobre el análisis. Frente a eso, la escuela sigue siendo uno de los pocos lugares donde se exige argumentar, contrastar y escuchar.

¿Y van a seguir haciéndome preguntas comprometedoras, como cuál es mi opción política? Por supuesto. Aprovecho entonces para explicarles cómo funciona un proceso electoral, qué significa el pluralismo político y por qué es importante la participación ciudadana. 

Pero también nos harán otras más complejas, ligadas a la actualidad: qué está ocurriendo en Gaza, cómo interpretar un conflicto internacional o por qué distintos medios ofrecen versiones tan diferentes sobre las tensiones entre Estados Unidos e Irán. No rehúyo esas conversaciones, sino que las convierto en oportunidad para explicarles cómo contrastar fuentes, cómo distinguir entre información y propaganda o cómo entender que los conflictos rara vez admiten lecturas simples.

En un contexto donde la polarización convierte cualquier conversación en un campo minado, la educación democrática es más importante que nunca. Tras el telón oscuro de la dictadura, el aula del presente se ha ido convirtiendo en ese lugar donde se aprende a hablar sin miedo. 

Cuando en clase hablamos de Miguel Hernández, de exilio o de Lorca, estoy ejerciendo una forma de compromiso con los derechos humanos, con la igualdad, con la convivencia. Cuando comentamos un poema de Luis Cernuda como Un español habla de su tierra, les ofrezco una visión del patriotismo desconocida y les aliento a pensar sobre ello a través de las distintas connotaciones del lenguaje. Como diría Alejandra Pizarnik, "cada palabra dice lo que dice y además más y otra cosa".

Cuando un alumno se interese por a quién voy a votar, le diré que esa respuesta pertenece a mi esfera privada. Pero cuando me pregunte por qué hablamos de derechos, de justicia o de democracia, le explicaré que esa es precisamente mi función.

Porque una escuela que renuncia a formar ciudadanos críticos en nombre de una falsa neutralidad no es más imparcial: es simplemente más débil.

__________________________________________

Albano de Alonso Paz es catedrático de Lengua y Literatura, profesor y Cruz al Mérito Civil por su labor en el campo de la enseñanza.

La OCDE recomienda a España que disminuya la fiscalidad sobre el trabajo, que desincentiva en algunos casos la búsqueda y la creación de empleo, y que, en su lugar, incremente el IVA mediante la supresión de exenciones y las tasas medioambientales, según informa EFE.

Así lo recoge un informe publicado este jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que incluye propuestas de reformas a los países para aumentar la productividad y el crecimiento.

El trabajo señala que España ha mostrado una evolución positiva en los últimos años, con una reducción de la brecha de su producto interior bruto (PIB) per cápita respecto a la media.

Esa brecha se agrandó con la pandemia, cuando la economía española sufrió particularmente, y se situó en torno al 35% en 2020, pero desde entonces se ha reducido hasta quedar en el 30% en 2024, un porcentaje, sin embargo, aún "significativo".

Para reducirlo aún más, acelerar la productividad y afrontar el envejecimiento de la población, las recetas de los autores del estudio son, entre otras, un mercado laboral más flexible, un sector empresarial más dinámico y más inversión en investigación y desarrollo (I+D).

Del sistema tributario, los autores critican que la fiscalidad sobre el trabajo es alta, en particular por la interacción de las "elevadas" cotizaciones, y la rápida retirada de prestaciones sociales para los trabajadores con bajos ingresos que tienen hijos a su cargo o a los que sustentan la familia, y que pierden así un aliciente para mantenerse en actividad.

También cargan contra las exenciones del IVA y los tipos reducidos que se aplican a este impuesto sobre el consumo, y que reducen la base imponible.

Su receta es "impuestos menos distorsionadores" como el IVA y los medioambientales, y eliminar gradualmente las prestaciones para reforzar los incentivos al trabajo.

En educación, la OCDE recuerda que el fracaso escolar y el abandono temprano de la formación, aunque ha habido mejoras recientemente, sigue siendo mayor en España que la media de la organización. Además, el porcentaje de estudiantes de Formación Profesional y el de quienes llegan al nivel superior de secundaria está por debajo.

Por eso, apuesta por una identificación temprana de los estudiantes de riesgo, planes flexibles para Formación Profesional, segundas oportunidades para los que han abandonado sus estudios y formación para los adultos que necesitan actualizar capacidades.

Sobre este último aspecto, propone procedimientos que validen las competencias adquiridas en el puesto de trabajo para los adultos y la creación de trayectorias de formación individuales.

Los autores del informe identifican fallos como la falta de correspondencia entre capacitaciones y necesidades del mercado laboral o carencias de los servicios autonómicos de empleo, que deberían reforzarse con la digitalización, más personal y una cooperación reforzada con el sector privado.

La OCDE reconoce que la política española de adaptación al cambio climático está en línea con las mejores prácticas, pero señala que su aplicación es desigual a nivel autonómico y local y falta inversión en medidas preventivas, sobre todo teniendo en cuenta que España se enfrenta a costes cada vez mayores por catástrofes vinculadas con ese fenómeno. 

Un punto positivo que señala es que España ha aumentado significativamente la generación de electricidad renovable, que ya es más de la mitad, aunque cree que hay que "seguir agilizando" la concesión de permisos y la inversión en infraestructuras de red, incluidas las interconexiones, para "hacer frente a la congestión y a las restricciones de suministro".

La OCDE aconseja simplificar los procedimientos de solicitud y cobro de ayudas con una plataforma digital de ventanilla única, impulsar sistemas de financiación que permitan conectar a las pymes con los mercados de capitales y ampliar el asesoramiento digital para que esas pymes integren la inteligencia artificial, servicios en la nube y el análisis de datos.

La Cañada sigue a oscuras. Lo que comenzó como un corte del suministro de la red eléctrica el 2 de octubre de 2020, en plena pandemia, se mantiene desde hace más de cinco años en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real, que discurre por los municipios de Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid. Pero, de las 4.500 personas que viven allí, 1.800 están sufriendo algo que, en muchas ocasiones, es lo único que han conocido. 

Los niños y adolescentes de la Cañada sufren las consecuencias económicas, sociales y políticas de vivir apartados del mundo. Pero la posibilidad de salir de allí cada vez se hace más pequeña. Con la falta de electricidad, el ascensor social más efectivo de la democracia, la educación, se rompe ante una realidad: en la oscuridad y en el frío, no hay quien estudie. 

La excusa de Naturgy para dejar a toda una población sin luz fue que en el asentamiento había sobrecargas en la red debido a varios enganches ilegales. No ha habido soluciones reales, a pesar de la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, que ha establecido que se están violando derechos fundamentales como el de tener una vivienda digna. En este mismo escrito, se recoge que el Estado no está garantizando el derecho a la educación de la población de la Cañada. 

Precisamente, en la Cañada hay muchos que ni siquiera pueden ir a la escuela. Según un informe de la Universidad Francisco de Vitoria y el Banco Santander, recogido por Vallecas Va, tan solo un 20% de los niños entre tres y seis años están escolarizados y de doce a dieciséis, solo el 24%. Los jóvenes tampoco pueden acceder a un centro que sea próximo, sino que se mueven hacia otras zonas madrileñas como Villa de Vallecas, Rivas-Vaciamadrid o Perales del Río, en Getafe, con alrededor de 1.296 desplazamientos diarios, según este mismo estudio. 

De ellos, no muchos logran superar la etapa. La falta de recursos en casa también hace que el abandono de la escuela llegue pronto. “Muchos de los chavales ven más viable ponerse a hacer una FP y quitarse los estudios rápido o directamente ponerse a trabajar para ayudar en casa”, cuenta María, profesora de un instituto de Vallecas, que escolariza a varios jóvenes de la Cañada. 

Tampoco si se quedan es fácil. Según el informe La Cañada Responde, realizado por el Centro Sira, junto al Grupo de Acción Comunitaria, un 78,4% de los niños, niñas y adolescentes que viven en la Cañada Real tienen o han tenido dificultades en el aprendizaje y en su proceso educativo debido al corte del suministro eléctrico. Los propios familiares de los jóvenes acreditan en el estudio que sus hijos han empeorado su rendimiento y que su actitud frente a los estudios ha ido cambiando a peor. 

La propia forma en la que ha evolucionado la educación supone un problema para estos jóvenes. Ahora, con las nuevas tecnologías, tener una conexión a internet es casi indispensable para poder rendir en la escuela. De los libros de texto se ha pasado a los PDF y de los deberes a mano a las actividades interactivas. Algo que en la Cañada es prácticamente imposible. Y eso, en la escuela, se nota. 

Un 92% de la población en la Cañada tiene dificultades para realizar acciones que ahora nos resultan tan naturales como acceder al wifi o cargar el móvil, según el estudio de La Cañada Responde. “En la educación me ha afectado mucho. Justo antes de que cortaran coincidió con la pandemia y era todo online, así que tenía muchos problemas para poder cargar el ordenador e iba fatal el generador”, cuenta una de las entrevistadas por el Centro Sira.

“El acceso a poder estudiar en invierno a partir de las cinco y media de la tarde, o a poder tener internet para consultar o para realizar trabajos o aprender, está completamente delimitado”, explica Gabriela López Neyra, coordinadora del Centro Sira. La propia dependencia de los alumnos durante la pandemia, que ha derivado en un mayor uso de las TIC en las aulas, ha hecho que aquellos alumnos que no puedan optar a una conexión se queden atrás.

Tampoco sus padres pueden hacer mucho más por ellos. Desde el Centro Sira cuentan a infoLibre que, al no tener acceso a la electricidad, las tareas de casa se acumulan y, para solucionarlas, necesitan más tiempo y esfuerzo. Hasta hacer la comida se convierte en una odisea. “La estructura familiar también se ve afectada porque quienes son los proveedores de recursos sufren un impacto derivado de la falta de suministro eléctrico y no pueden atender a sus hijos”, denuncia López Neyra. 

La posición socioeconómica de los padres también condiciona la forma en que los hijos afrontan los estudios. Según un estudio de la Fundación Foessa, los estudios de los padres tienen un impacto directo sobre los estudios de los hijos. Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida recogidos en este informe, el 80,2% de las personas cuyas madres tenían estudios universitarios alcanzaron su mismo nivel. Pero si por el contrario, la madre no tenía estudios primarios, la cifra se reducía al 4,6%. Es simple: si los padres han podido estudiar, los hijos podrán estudiar. Y si no ha sido así, se convierte en casi una misión imposible. 

La distancia también es un gran impedimento a la hora de mantener la motivación por la escuela. La Cañada no tiene un centro propio y a los que pueden ir, en Rivas, Vallecas o Getafe, están a kilómetros y kilómetros del asentamiento. 

Antes de que consiguieran tener un autobús –un derecho que lograron hace solo seis años–, los alumnos tenían que ir en coche (si sus padres podían llevarles) o a pie. Aunque ahora pueden ir en transporte público, la mejora no ha sido suficiente. Los trayectos que hacen los alumnos para llegar a sus centros de estudio pueden durar horas y horas, si es que los autobuses pasan. Muchos de ellos tienen que esperar y perder un tiempo que, en muchas ocasiones, no pueden permitirse. 

De hecho, María cuenta que varios de sus alumnos no siempre llegan a la hora de clase. De nuevo, no porque no quieran, sino porque no pueden. “La ruta de la Cañada es complicada. Hay chavales que tienen que estar una hora esperando el autobús, llega tarde o no llegan porque la ruta falla. Entonces tienen más faltas y más retrasos, pero está justificado. No es solo una cuestión de ‘me da igual el instituto’. Son muchas las razones por las que puede haber absentismo”, cuenta María al otro lado del teléfono. 

La propia situación en la que se encuentran los vecinos de la Cañada causa que concentrarse sea una misión imposible. El informe del Grupo Sira también pone nombre a lo que muchos se imaginan que sucede cuando se corta el suministro eléctrico. En un entorno así, afloran el miedo, la ansiedad y el estrés. En concreto, el 90% de los vecinos de la Cañada sienten tristeza prácticamente a diario. 

Todo ello acompañado de la discriminación. En el mismo informe, los investigadores encontraron –a través de entrevistas– que un 54,3% de la población de la Cañada percibe que el estigma sobre ellos se ha agravado. Algo a lo que contribuye (como todo) la falta de electricidad. 

La imposibilidad de mantener una higiene debido a la falta de agua hace que el rechazo de los otros se encuentre con “justificación”. A ello también se le añade la etiqueta de criminalidad impuesta y normalizada por muchos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llegado a justificar los cortes relacionando delincuencia y Cañada como si se tratasen de sinónimos. La frase “tener los Porsche ahí aparcados, bien; pagar las facturas, no”, todavía resuena en el asentamiento.

“Hay toda una narrativa institucional y mediática que ha conseguido criminalizar a la Cañada y eso afecta a los chavales que viven ahí. Al final cuando llegan a otros entornos, no saben si va a ser un lugar seguro, acogedor o si les van a juzgar; y eso hace que vayan a la escuela con esa percepción”, zanja López Neyra. 

"La música es el placer que el alma experimenta contando sin darse cuenta de qué cuenta”. Al leer esta frase de Leibnitz, hace unos días, vino a mi mente la imagen de un niño, al lado de una “amiga” que lo acompaña en muchos momentos. Los dos tienen muchas cosas que compartir, contar... Esta “amiga” contribuye a su desarrollo integral, y hace más feliz, más alegre... su existencia.

Eso es lo que hace la música: hay compañerismo cuando cantan los niños de una clase una misma canción o intimidad cuando los pequeños cantan solos, confianza porque le ayuda a expresar todas sus potencialidades, simpatía porque se divierte con la música, armonía porque como he dicho anteriormente contribuye a su desarrollo integral.

El grado elemental es fundamental en esta primera etapa del sistema educativo musical, se trabaja de forma globalizada. Pero, ¿qué es la globalización? En este caso la definiré como la enseñanza encaminada a la percepción de totalidades. Ésta procura la supresión de demarcaciones entre las diferentes áreas.

En muchos pueblos de nuestro país existen escuelas musicales que imparten música y desde algunas de ellas han salido algunos alumnos que actualmente están destacando a nivel nacional y otras promesas que todavía están en los conservatorios de grado medio y superior de los distintos conservatorios que existen en España y que dan ejemplo de la calidad musical y de docencia que estas escuelas están ofreciendo a nuestros jóvenes.

En todas ellas se trabajan una serie de ámbitos, como el de la Identidad y Autonomía Personal, que pretende que los niños/as se conozcan a sí mismos en interacción con los demás. A través de la expresión musical van controlando su propio cuerpo, sus posibilidades de expresión, la música les ayuda a lograr autonomía en sus actividades habituales, asumir el cuidado de sí mismos y del entorno, ampliar su mundo de relaciones, les da seguridad emocional, confianza; se sienten comprendidos al compartir canciones; amplían su mundo de relaciones sociales ofreciéndoles la posibilidad de participar en contextos distintos y más diversos que los habituales; favorece un clima de ayuda, colaboración, aceptación, respeto a la diversidad.

El sentido fundamental del ámbito de Comunicación y Representación gracias a la música pueden representar e interpretar utilizando soportes expresivos como son la voz, el propio cuerpo, el gesto o determinados trazos gráficos. Los educandos participan de forma individual o grupal en producciones sonoras y musicales tradicionales: canciones, juegos rítmicos. La adquisición en el dominio del lenguaje oral y musical van parejas en muchos procesos.

El dominio de escuchar, mirar, retener, sentir, reproducir e inventar que progresivamente van adquiriendo los educandos va a servir para plantear juegos y actividades musicales de mayor complejidad. La audición activa de diferentes y variadas obras con actitud relajada y atenta va aproximando a los educandos a las distintas manifestaciones musicales y sus primeras valoraciones, expresando sus preferencias por escuchar determinadas piezas.

El tratamiento de la voz encuentra en la canción su principal marco de desarrollo. En ésta se debe cuidar la entonación, el control de la respiración, la vocalización, la adecuación rítmica de la interpretación... La canción se puede apoyar con gestos, palmadas y movimientos. Los cantos grupales posibilitarán la coordinación con el grupo de iguales, el volumen y el ritmo en conjunto, el acompañamiento con instrumentos sencillos.

Como se ha podido observar, la Expresión Musical se trabaja de forma globalizada en cada una de estas escuelas, pero todo lo que he mencionado anteriormente no servirá si no se lleva a la vida diaria del educando y con la pretensión de continuación en los conservatorios de grado medio y superior.

Como decía Jean Dubuffet, “en la práctica diaria de la vida corriente hay una enseñanza más rica que la que encontramos en los libros”. Es necesario, pues, que impliquemos al educando en su propio proceso de aprendizaje. La experiencia que adquieran con la práctica diaria será el núcleo central de los contenidos, sobre todo en esta etapa educativa musical, y esto es lo que estas escuelas pregonan y tienen como objetivo, metodología y fin a perseguir.

________________

Ximo Estal es socio de infoLibre.

El porcentaje de niños y adolescentes escolarizados en el mundo sigue aumentando aunque desde 2015 a un ritmo menor que en los primeros años de este siglo, pero desde entonces y hasta 2024 la cifra total de los que no van a la escuela o la han abandonado prematuramente ha aumentado un 3%.

La Unesco, que publica este miércoles su informe mundial sobre la educación, calcula que en 2024 eran 273 millones los que no estaban escolarizados, lo que teniendo en cuenta los 1.400 millones de alumnos inscritos en centros escolares significa que uno de cada seis adolescentes o jóvenes estaban excluidos del sistema educativo.

En lo que llevamos de siglo, el progreso ha sido significativo y así el porcentaje de los niños que han terminado la educación primaria ha pasado del 77% en 2000 al 88% en 2024. En el primer ciclo de secundaria la subida ha sido del 60% al 78% y en el segundo ciclo del 37% al 61%.

Globalmente, el número de escolarizados hasta la primaria ha crecido un 30% desde comienzos de siglo, un 45% en la educación preescolar y un 161% en la secundaria superior.

Hay casos de avances muy significativos en términos relativos, como en Madagascar o en Togo, donde la reducción de los no escolarizados ha sido superior al 80% desde 2000. También han disminuido al menos el 80% los que no terminan el primer ciclo de secundaria en Marruecos y Vietnam, y los que no finalizan el segundo ciclo en Georgia y Turquía.

La Unesco señala que estas evoluciones no van a permitir cumplir con el objetivo que se fijó en 2015 para una plena escolarización al nivel superior de la secundaria para 2030. De seguirse el ritmo actual, se llegaría al 95% en el horizonte de 2105.

El hecho de que desde 2022 el 80% de los países comuniquen sus objetivos nacionales para las metas de ocho indicadores de aquí a 2030 va a permitir comparaciones.

Los autores del estudio han hecho grupos de países que estaban en condiciones similares en el punto de partida y a partir de ahí se han podido ver evoluciones diferentes.

Una de las señaladas es que entre 2000 y 2024 México redujo la tasa de niños y adolescentes no escolarizados en 20 puntos porcentuales más que El Salvador.

Sobre las razones de las mejoras a largo plazo en el acceso a la educación y en la equidad, la organización reconoce que no hay una explicación simple, y que muchas veces hay factores externos a las políticas educativas que intervienen, como la creciente participación de las mujeres en el mercado de trabajo, las perspectivas de migración o el fin de conflictos.

Además, las evaluaciones experimentales han puesto en evidencia la importancia de intervenciones en el terreno de la sanidad y de la nutrición.

La Unesco hace notar, a partir de un nuevo índice, que menos de la décima parte de los países otorgan una importancia suficiente a las cuestiones de igualdad.

También que desde 2000 ha habido importantes esfuerzos para mejorar el acceso a la educación. Lo ilustra explicando que la proporción de países que tienen leyes sobre una educación inclusiva ha pasado del 1% al 24% en 2024.

En paralelo, el porcentaje de los que prevén la escolarización de alumnos con minusvalías en centros de enseñanza inclusiva ha aumentado del 17% al 29% en ese periodo.

Entre los 158 países analizados, los que han establecido 12 años de enseñanza obligatoria han pasado de ser el 8% en 1998 al 26% en 2023. Por su parte, la duración media de la escolaridad, por su parte, ha crecido de 10 a 10,8 años en los 130 países para los que hay datos.