La respuesta a la amenaza sobre la universidad española: más recursos y mejor regulación
A principios de este mes, miles de estudiantes volvieron a presentarse a las puertas de las universidades públicas para enfrentarse a los exámenes de la EBAU. Una imagen que no sería posible sin el esfuerzo del profesorado y de todo el personal universitario que hace funcionar el sistema.
Esa imagen cotidiana es, en realidad, el símbolo de una de las grandes historias de éxito de nuestra democracia. Junto al sistema público de salud, la educación no universitaria y el sistema de pensiones, la universidad pública ha sido uno de los pilares fundamentales de la modernización española y un motor decisivo de igualdad de oportunidades.
En 1982, España contaba con apenas 28 universidades públicas concentradas en 22 provincias, unos 450.000 estudiantes y una tasa de acceso universitario del 10% entre los jóvenes de 18 a 24 años. Hoy, el país tiene 50 universidades públicas distribuidas por todo el territorio, más de 1,3 millones de estudiantes en el sistema público y una tasa de acceso que supera el 30%.
Sin embargo, este logro colectivo se enfrenta hoy a tensiones que no pueden ignorarse. Las universidades españolas lidian con transformaciones tecnológicas que alteran profundamente los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación.
Al mismo tiempo, muchos jóvenes afrontan incertidumbres sobre qué podrán estudiar y, de forma creciente, sobre si podrán costear su formación si no acceden a la universidad pública. Estos retos no son ajenos al contexto global, pero tienen en España una dimensión específica que exige una respuesta concreta.
Y es que el sistema universitario español se ha transformado de manera radical en los últimos años. Históricamente, estuvo compuesto por una amplia mayoría de universidades públicas de reconocida calidad y un número reducido de instituciones privadas con trayectoria acreditada. Ese equilibrio ha desaparecido.
En el próximo curso habrá, por primera vez, más universidades privadas que públicas en España. Desde el inicio del siglo XXI se han creado 26 nuevas privadas y ninguna pública. El número total de estudiantes ha alcanzado un récord de 1,9 millones, incluyendo los sistemas público y privado, y la enseñanza privada ya capta cerca de un tercio del estudiantado.
La magnitud del cambio se percibe con claridad en las cifras comparadas: mientras en la última década el número de estudiantes en universidades públicas creció un 2%, en las privadas lo hizo un 129%. Este crecimiento no es en sí mismo problemático, pero se ha producido en condiciones que sí lo son. Hoy, el 14% de los préstamos privados en España se destinan a financiar costes de formación, un indicador elocuente de la presión económica que ejerce el encarecimiento de la educación superior sobre las familias.
Mientras en la última década el número de estudiantes en universidades públicas creció un 2%, en las privadas lo hizo un 129%. Este crecimiento no es en sí mismo problemático, pero se ha producido en condiciones que sí lo son
El auge de la universidad privada se ha desarrollado sobre dos fallas estructurales que, combinadas, representan una seria amenaza para la calidad del sistema.
La primera es la debilidad regulatoria. Algunas comunidades autónomas han autorizado la creación de universidades privadas a pesar de contar con informe negativo de la Conferencia General de Política Universitaria, un informe preceptivo de nuestro Ministerio que, sin embargo, no tiene carácter vinculante. Este vacío ha permitido la proliferación de centros de dudosa calidad.
Como ocurre en otros sectores, la regulación se percibe como innecesaria cuando el sector es pequeño; pero cuando ha crecido de forma descontrolada, corregir sus consecuencias resulta más difícil y costoso.
El profesor Daniel Levy acuñó el término "expansión inesperada" para describir este fenómeno en múltiples países, y sus efectos negativos son bien conocidos: deterioro académico, endeudamiento de familias y estudiantes, y erosión de la función social de la universidad.
La segunda amenaza es la infrafinanciación de la universidad pública. El estudiantado sigue prefiriendo claramente la enseñanza pública, ejemplo de ello son las notas de corte que son cada vez más altas en determinados grados, pero las universidades públicas no pueden satisfacer esa demanda porque carecen de los recursos necesarios.
La responsabilidad principal recae sobre los gobiernos autonómicos, que tienen la competencia de financiar sus universidades públicas, y algunos no han estado a la altura. El resultado es que estudiantes que preferirían cursar una titulación pública se ven empujados hacia la oferta privada, con los costes personales y sociales que eso implica.
Experiencias similares en Asia y América Latina evidencian los peligros de este modelo; aumento de la desigualdad, deterioro de la calidad académica, endeudamiento de las familias y pérdida del carácter democratizador de la universidad. España no puede permitirse seguir ese camino.
Por ello, el Gobierno de España ha decidido actuar en dos frentes simultáneos.
El primero ellos es en materia de regulación, el año pasado aprobamos el Real Decreto 905/2025, que eleva los criterios de calidad exigibles para la creación de nuevas universidades: cualificación del profesorado, amplitud de la oferta docente, inversión en investigación y experiencia acreditada de los promotores, entre otros indicadores. Es un primer paso necesario, aunque no suficiente.
El segundo de ellos es en materia de financiación, el objetivo es alcanzar el 1% del PIB en inversión pública en universidades para 2030, tal como establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario.
Para avanzar en esa dirección, el Gobierno ha puesto en marcha cuatro iniciativas concretas. La primera de ellas es una apuesta decidida por el sistema de becas universitarias, que ha crecido un 83% desde 2018, reforzando la igualdad de oportunidades.
Segundo, hemos impulsado la UNED con la creación de 20.000 nuevas plazas en grados y másteres de ámbitos estratégicos, un 46% más de la oferta actual, a precios públicos y accesibles.
Tercero, la financiación de la investigación y la atracción de talento en universidades ha crecido un 40% desde 2018 en las principales convocatorias.
Y cuarto, junto a las comunidades autónomas, hemos puesto en marcha el Programa María Goyri, que contempla la contratación de 6.500 profesores ayudante doctor con compromiso de estabilización posterior. Hoy en día más de 3.400 ya se han incorporado este curso, rejuveneciendo y ampliando las plantillas universitarias.
Esta es la vía en la que creemos y en la que vamos a seguir trabajando: más recursos y mejor regulación. El sistema universitario español merece un compromiso compartido entre el Gobierno de España, las comunidades autónomas y las propias universidades. El objetivo es uno solo, garantizar una universidad pública de calidad que siga siendo motor de progreso social y de igualdad de oportunidades para todos.
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Juan Cruz Cigudosa es el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España.
