Andalucía y Madrid, las comunidades que crearán más empleos con la financiación de dependencia
Detrás del sistema de dependencia, se encuentra una marea silenciosa de trabajadoras (cuidadoras, auxiliares de ayuda a domicilio, trabajadoras sociales, etc) que lo sostienen con su esfuerzo diario. Con sueldos y condiciones precarias, llevan años luchando por un trabajo digno, que pasa principalmente por contratar más profesionales en el sector y poder aliviar esta carga de trabajo.
Según los datos de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) actualmente faltan 160.000 trabajadoras en el sector de la dependencia, una cifra que podría aumentar hasta los 639.000 en 2030. Sin embargo, esta semana el Ministerio de Derechos Sociales ha conseguido grandes avances para mejorar el sistema de dependencia y que podrían influir concretamente en las profesionales del sector.
El Congreso de los Diputados aprobó este martes el texto impulsado por esta cartera para modificar las leyes de dependencia y discapacidad, una norma que, además de ampliar derechos y simplificar trámites, blinda por primera vez la financiación del sistema al establecer que la Administración General del Estado deberá asumir el 50% de la inversión destinada a la dependencia.
Ese mismo día la Cámara Baja convalidó también el real decreto-ley aprobado por el Gobierno a finales de junio para incrementar la financiación del denominado nivel mínimo de la dependencia, es decir, las cantidades que el Estado transfiere mensualmente a las comunidades autónomas en función del número de personas con una prestación reconocida y del grado de dependencia que tengan. Estas cuantías ya han comenzado a abonarse este mes de julio y aumentan, de media, un 82%, aunque el incremento es aún mayor para las situaciones de mayor gravedad: un 100% para el grado II y un 128% para el grado III.
A ello se suma el aumento del denominado nivel acordado, la segunda vía de financiación estatal del sistema. El Consejo de Ministros aprobó también esta semana incrementar esta partida en 120 millones de euros en 2026 y otros 120 millones en 2027.
De esta manera, entre 2026 y 2027 el Estado transferirá 6.200 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas respecto a la financiación prevista en los últimos presupuestos, alcanzando la mayor inversión de la historia en dependencia. Según las estimaciones del departamento que dirige Pablo Bustinduy, este esfuerzo económico permitirá incorporar alrededor de 417.000 nuevas personas beneficiarias al sistema y reducir las listas de espera en unas 71.000 personas antes de finalizar 2027.
Mesa de diálogo para mejorar las condiciones
Sin embargo, el impacto no será solo asistencial, ya que está financiación tendrá también un importante efecto sobre el empleo. Según las estimaciones que ha realizado este Ministerio, el dinero permitirá crear 107.735 y 115.050 nuevos puestos de trabajo en el sector de la dependencia en toda España.
La distribución territorial de ese empleo refleja que Andalucía y la Comunidad de Madrid serán las comunidades donde se prevé una mayor creación de puestos de trabajo. En Andalucía se estima la incorporación de 23.577 profesionales, mientras que Madrid alcanzaría los 22.315 nuevos empleos. Cataluña sumaría 13.611, la Comunitat Valenciana 12.704, Castilla y León 7.329, Canarias 6.563, Castilla-La Mancha 6.254, Galicia 6.156 y la Región de Murcia 3.334.
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El resto de comunidades también experimentarán un crecimiento del empleo, aunque de menor magnitud. Asturias podría crear 2.374 puestos, Extremadura 2.096, Aragón 2.089, Baleares 1.752, Navarra 1.419, País Vasco 1.328, Cantabria 1.032 y La Rioja 846 nuevos empleos.
El Ministerio defiende que esta inversión tendría que traducirse también en mejores condiciones laborales para las trabajadoras mediante salarios más dignos, mayor estabilidad y más formación. Aunque Derechos Sociales no tiene competencias para negociar los convenios colectivos, ha anunciado a este respecto la creación de una mesa de diálogo con sindicatos y patronal para favorecer una mejora de las condiciones laborales aprovechando este incremento de la financiación.
En cuanto a la ampliación de la cobertura del sistema por territorios, Andalucía podría incorporar más de 102.000 nuevos beneficiarios, Cataluña y la Comunitat Valenciana superarían las 61.000 nuevas personas atendidas cada una y Madrid rondaría las 60.900. Además, el Ministerio calcula importantes reducciones de las listas de espera, especialmente en Cataluña (24.881 personas menos), Andalucía (15.461), Madrid (11.497), Murcia (4.904), la Comunitat Valenciana (4.471) y el País Vasco (4.153).
