La batalla por los límites de la investigación de la UCO al novio de Ayuso se traslada a la Audiencia de Madrid

El grado de profundidad en la investigación sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, provoca la primera gran ruptura entre el Ministerio Público y el instructor del caso, dos figuras que hasta ahora habían ido de la mano. El rechazo del titular del Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid, Antonio Viejo, a autorizar que se recabe información tributaria en la investigación contra el empresario Alberto González Amador ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a interponer un recurso de apelación ante la Audiencia de Madrid. Será la Sección Tercera de este órgano, por tanto, la que determine hasta dónde llegar en las pesquisas. Una sala que, hasta ahora, ha avalado mayoritariamente las decisiones adoptadas por quien ha llevado la batuta de las pesquisas.

En el marco de la pieza en la que se investiga si la compra de una sociedad por el empresario esconde el pago de una comisión a un directivo de Quirón, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reclamó el pasado mes de diciembre a Viejo –que asumió el caso tras la jubilación de la magistrada María Inmaculada Iglesias– acceso a determinada información sobre movimientos bancarios de los principales investigados, así como otra de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social. Tres ámbitos de actuación, culminaban los investigadores, "determinantes para el esclarecimiento de los hechos". El instructor tardó seis meses en pronunciarse sobre la petición. Y cuando lo hizo, solo aceptó que se indagara a nivel financiero.

La UCO envió entonces un nuevo oficio al magistrado reiterando la necesidad de acceder a la información tributaria, ya que no contar con esos datos dificultaría la investigación. "Para llevar a cabo un análisis de la operativa económica, se considera indispensable contar con ambas vertientes de una misma información: bancaria y tributaria. Esto debido a que se trata de informaciones complementarias, cuyo análisis debe efectuarse de forma conjunta, en tanto en cuanto es relevante observar las similitudes y, sobre todo, las diferencias que puedan observarse y que se puedan determinar las cuestiones de interés para la causa, la existencia de flujos no declarados o la detección de flujos que no se correspondan con la realidad observada a través de los productos", argumentaban los investigadores.

El magistrado, pese a ello, no rectificó. "No cabe descartar que del análisis de la información requerida a las entidades bancarias pudiera ya obtenerse un conocimiento suficiente a las fines indagatorios de este proceso", respondió a finales de junio en un nuevo auto. Una resolución que ahora ha recurrido en apelación el fiscal Anticorrupción Diego Lucas. En su escrito, recuerda que el instructor ya ha autorizado "la medida indagatoria más invasiva de la intimidad económica" –el examen de los movimientos bancarios–, por lo que no entiende los motivos que le llevan a rechazar las peticiones a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social, que son "mucho menos invasivas". Y adopta como suyas las alegaciones de los investigadores.

Primer gran choque con el fiscal

El representante del Ministerio Público, además, señala que retrasar a un "momento posterior" ese requerimiento de información "genera un perjuicio al interés público y a los investigados, dado que alarga innecesariamente la duración de la instrucción del procedimiento". Unas pesquisas que, de hecho, avanzan a paso lento desde la jubilación de la anterior instructora. "La presente instrucción se encuentra prácticamente paralizada desde hace ya un año", denunciaba este lunes la acusación de PSOE y Más Madrid en su escrito de adhesión al recurso de Anticorrupción. Una petición a la que también se suma la defensa de González Amador, que ha pedido al juez que dé acceso a toda la información solicitada para "poner fin" cuanto antes a la causa.

Es el primer gran choque entre fiscal e instructor, dos figuras que hasta ahora habían ido de la mano. Si se activó a la Guardia Civil en la causa fue porque la anterior magistrada aceptó la petición que le hizo el Ministerio Público tras la declaración como investigados de la pareja de Ayuso y de la farmacéutica Gloria Carrasco, la esposa del directivo de Quirón a quien González Amador compró una sociedad llamada Círculo Belleza sin aparente valor por medio millón de euros. Un fiscal que también ha bendecido, con su rechazo a los distintos recursos interpuestos por los investigados, la mayor parte de las resoluciones judiciales dictadas en este procedimiento. Incluyendo aquella que supuso la apertura de esta pieza, una carpeta por corrupción en los negocios y administración desleal separada de la del fraude fiscal del empresario.

Una Sección que suele avalar las decisiones del juez

El novio de Ayuso pagó 25 veces más por la sociedad de la esposa del directivo de Quirón que lo que invirtió ella tres meses antes

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Tras el recurso de la Fiscalía Anticorrupción, la pelota se sitúa ahora sobre el tejado de la Audiencia Provincial de Madrid, que será la que tendrá la última palabra sobre el alcance de las diligencias a adoptar. Y, en concreto, sobre su Sección Tercera, de la que forman parte cinco magistrados: Eduardo Bermúdez Ochoa –presidente–, Juan José Escalonilla, Eduardo González del Campillo, Agustín Morales Pérez-Roldán y Rosa Esperanza Rebollo Hidalgo. De todos ellos, el más mediático es el segundo, cuyo nombre estuvo durante años en todos los periódicos por su papel como juez instructor del llamado caso Neurona, aquella macrocausa que algunos medios vendieron como la Gürtel de Podemos y que terminó en nada.

La Sección Tercera, por el momento, ha avalado en buena medida las decisiones judiciales adoptadas en el marco del procedimiento contra González Amador. En septiembre de 2024, por ejemplo, dio el visto bueno a que se admitiese la personación tanto del PSOE como de Más Madrid como acusación popular, aunque excluyendo de dicha legitimación el delito contra la Hacienda Pública. "El potencial aprovechamiento abusivo a que se refiere el recurso como eventualmente dirigido a obtener datos de carácter personal con objeto de su ulterior difusión con finalidad claramente política, de un lado es una consideración meramente hipotética que como tal no puede fundar una exclusión de la acción popular", resaltaron los magistrados.

La misma sección ratificó el pasado mes de noviembre el auto de procesamiento que la anterior instructora dictó contra González Amador en la pieza del fraude fiscal. Y avaló en su día que se abriese una pieza separada para investigar si la adquisición de Círculo Belleza escondía, realmente, el pago de una comisión al directivo de Quirón Prevención Fernando Camino, ya sea por la operación de compraventa de mascarillas que hizo ganar 1,97 millones de euros a la pareja de Ayuso o por el incremento de la facturación que González Amador a la filial del gigante sanitario. "Las operaciones económicas y jurídicas realizadas podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta", apuntaron.