RTVE defiende su acción disciplinaria y la separa de la labor del Consejo de Informativos de RNE

La Corporación RTVE justifica la apertura de expedientes disciplinarios a varios profesionales de Radio Nacional de España (RNE) como una obligación legal derivada de denuncias graves por acoso laboral y mala praxis interna, y no como una decisión arbitraria contra el Consejo de Informativos.

En respuesta a un comunicado de este órgano, que representa a los trabajadores de la radio pública y que ha merecido el respaldo de los consejos del resto de empresas de la Corporación —RTVE, TVE y RTVE.es— y de la sección española de Reporteros sin Fronteras (RSF), la dirección de los medios públicos estatales advierte de las consecuencias que puede tener para futuras víctimas de acoso la exposición pública a la que algunos medios han sometido a las denunciantes y reivindica que el proceso se desarrolle con garantías jurídicas, protección de las personas afectadas y disposición al diálogo con los órganos de representación profesional.

El texto, difundido este martes por RTVE horas después de haber declinado hacer declaraciones sobre este asunto, responde a “las informaciones publicadas en los últimos días” sobre la apertura de expedientes disciplinarios a varios profesionales de RNE.

RTVE enmarca el asunto en un plano procedimental y legal, subrayando que los pasos que se han dado responden a denuncias concretas y a obligaciones formales de actuación. Los procedimientos abiertos, argumenta, no se explican por una “decisión arbitraria”, sino por una “doble vía de investigación” derivada de denuncias por acoso laboral y por presuntas irregularidades internas en el propio Consejo de Informativos de RNE.

RTVE detalla que existen dos denuncias formales presentadas por dos profesionales de la emisora pública, que han sido sometidas a un informe técnico preceptivo elaborado por una entidad externa especializada.

Según la Corporación, ese informe externo habría validado “la gravedad de los hechos”, circunstancia que, de acuerdo con el comunicado, activa una obligación legal para la Dirección de Recursos Humanos de tramitar los expedientes disciplinarios correspondientes.

En paralelo a las denuncias de acoso, el comunicado añade una segunda vía: las denuncias por “mala praxis en el propio Consejo de Informativos de RNE”. En este punto, RTVE explica que dos miembros del actual Consejo de Informativos han trasladado a la Secretaría General la existencia de actuaciones presuntamente irregulares y de mala praxis en el funcionamiento interno del órgano, lo que ha llevado a remitir el expediente a la Dirección de Auditoría Interna y Cumplimiento para una investigación oficial.

El papel de la Comisión de Acoso y los límites del dictamen sindical

Uno de los elementos más sensibles que aborda el comunicado es la intervención de la Comisión de Acoso Psicológico en el Trabajo, un órgano integrado por representantes sindicales. RTVE reconoce que esta comisión “no alcanzó en su momento la mayoría sindical para formular una propuesta de resolución concreta”, un dato que apunta a la ausencia de consenso entre los sindicatos respecto a las denuncias analizadas.

No obstante, la Corporación sostiene que la falta de un dictamen sindical no invalida las actuaciones ya practicadas ni limita las competencias de Recursos Humanos, que mantiene “intactas” sus competencias legales para proseguir el procedimiento. Con este razonamiento, RTVE reivindica un margen de actuación propio, más allá de la posición que puedan adoptar los representantes sindicales en el seno de la Comisión de Acoso.

RTVE trata de desmentir la idea de que el conjunto del Consejo de Informativos de RNE sea el objetivo de la actuación disciplinaria. La Corporación afirma que “los procedimientos disciplinarios laborales no van dirigidos contra el Consejo de Informativos de RNE como institución”, del que dice respetar “absolutamente” su papel, y precisa que lo que se investiga son “denuncias de hechos concretos sobre personas concretas”.

A partir de ahí, la Corporación lanza un mensaje de alcance más general: “Nadie, por pertenecer a un órgano de representación, goza de impunidad o inviolabilidad frente a denuncias de acoso de otros compañeros o de mala praxis regulatoria”.

El comunicado subraya que la apertura de un expediente disciplinario “no es una sanción ni prejuzga culpabilidades”, sino la herramienta legal prevista en el Convenio Colectivo para ordenar el proceso de alegaciones y defensa de los afectados. RTVE encuadra la figura del expediente como un mecanismo que permite a las personas implicadas “aportar pruebas, hacer alegaciones y defenderse con todas las garantías jurídicas”.

El pasaje más crítico del comunicado se dirige contra la “difusión interesada” del caso, que, según RTVE, ha llegado “al extremo de filtrar y publicar el nombre de las denunciantes”. La empresa lamenta que se hayan realizado “afirmaciones parciales” sin recoger el punto de vista ni los argumentos de estas trabajadoras, lo que, a su juicio, ha provocado “un nuevo señalamiento” de personas que “solo pedían amparo”.

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RTVE advierte de que esta exposición pública lanza “un peligroso mensaje” al resto de la plantilla, en la medida en que puede disuadir a cualquier persona que en el futuro sufra una situación de presunto acoso. En concreto, RTVE expresa su preocupación por que se genere en la plantilla “miedo a denunciar por temor a sufrir idéntica desprotección pública”, conectando así la gestión del caso con un posible efecto disuasorio sobre futuras víctimas.

La empresa asegura que “la Dirección mantendrá siempre la vía del diálogo abierta”, aunque establece una “premisa innegociable”: que la protección de las denunciantes y el respeto a los procedimientos legales “deben quedar salvaguardados”.

La dirección de los medios públicos estatales, al frente de la cual está Juan Pablo López, plantea que un proceso de interlocución “constructivo” exige, manteniendo “absolutamente” la presunción de inocencia, un acercamiento a las denunciantes, cuyo relato no se considera “falso o infundado” a la luz del informe externo, así como el conocimiento de sus motivaciones. Además, reclama “el restablecimiento inmediato de las normas fundamentales de convivencia en el entorno de trabajo”.