La Xunta lleva quince años computando los "concebidos no nacidos" para conceder ayudas públicas
El alboroto volvió a tener, como de costumbre, el mismo epicentro. La aprobación en la Comunidad de Madrid de una ley para “otorgar al concebido no nacido la condición de miembro de la unidad familiar” para supuestos como la “concesión de subvenciones que utilizan como criterio la renta” o expedir títulos de familias numerosas, en la línea de lo que el PP madrileño había prometido hace siete años, desencadenó el debate sobre un posible giro de los populares más a la derecha o su seguimiento de medidas en boga en territorios como los EE UU. Incluso una promesa de Alberto Núñez Feijóo de extender tal medida a todo el Estado si llega al Gobierno de España.
Una parte relevante del alboroto obvia que la esencia de estas medidas y promesas puede tener muchas implicaciones, pero ninguna de ellas es una completa novedad. No en vano, se trata de una política que cumple estos días quince años, los que ya han transcurrido desde la aprobación por el PP gallego en el Parlamento de la ley de apoyo a la familia y a la convivencia, que junto a diversos aspectos de la política social estableció “asimilar a descendiente el hijo o hija concebido o concebida” para obtener la consideración de familia numerosa o monoparental en el acceso a ayudas públicas.
Para acogerse a esa ley es necesario obtener el llamado “certificado de niño/a concebido no nacido” a través de la Consellería de Política Social. En 2019, el departamento que dirige Fabiola García explicó, a preguntas de Praza.gal, que ya llevaba expedidos “algo más de 400 certificados” para que los “concebidos no nacidos” fuesen “asimilados a la categoría de descendientes”. Este diario trasladó a la Consellería la misma pregunta respecto a los datos acumulados hasta este 2026. En el momento de la publicación de esta información aún no había obtenido respuesta.
En la actualidad, Política Social sigue destacando en su información pública al respecto que “Galicia fue la primera comunidad autónoma de España en permitir a la familia con hijos concebidos, pero aún no nacidos, beneficiarse de lo que les corresponderá tan pronto nazcan”. Este reconocimiento, no obstante, no es admisible en todos los ámbitos de la propia Consellería, caso por ejemplo de la reserva de plazas en escuelas infantiles, tal y como acaba de acreditar una reciente recomendación de la Valedora do Pobo que este departamento del Ejecutivo gallego decidió no admitir. Las órdenes de matrícula prohíben expresamente tramitar la solicitud de plaza mientras el menor no nace.
Orígenes en una organización antiabortista
Aquella ley de 2011 encabezaba su capítulo de “políticas públicas de apoyo a la maternidad” fijando como uno de sus “principios rectores” la “protección institucional del derecho a la vida”. Y señalaba como uno de sus ámbitos de actuación la “promoción” de “campañas de sensibilización” destinadas, entre otros aspectos, “a la protección del derecho a la vida en formación”.
Estas líneas de actuación seguían un camino político asumido por el PPdeG apenas dos años antes, en 2009. Fue entonces cuando, tras obtener la mayoría absoluta que les permitió retornar a la Xunta con Feijóo al frente, aceleraron en el Parlamento la aprobación de la “ley por la que se establece y regula una red de apoyo a la mujer embarazada”. Fue la traducción normativa de una iniciativa legislativa popular promovida desde la llamada Red Madre, una organización impulsada desde el antiabortista Foro Español de la Familia que consiguió así introducir en la legislación gallega la protección del “derecho a la vida en formación desde la concepción” y el cómputo de “miembros adicionales” de la familia para acceder a ayudas “desde el momento de la fecundación”.
Sobre estas bases, los gobiernos presididos por Feijóo aprobaron otras normas y planes. Fue el caso del Plan integral de apoyo a la mujer embarazada 2012-2014. En desarrollo de la ley de la Red Madre, contemplaba la “valoración de la vida en formación (nasciturus) como un miembro más de la unidad familiar a efectos de las ayudas previstas en materia social, familia y vivienda”.
En una línea prácticamente idéntica, el VII Plan Estratégico de Galicia para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2017-2020 anexó a las medidas para “potenciar los recursos de atención y apoyo para garantizar una asistencia integral a las mujeres embarazadas” la “valoración de la vida en formación (nasciturus) como un miembro más de la unidad familiar a efectos de acceso a ayudas y otros recursos públicos”.
La siguiente edición del plan de igualdad, vigente desde 2022 y hasta el próximo 2027, no incluye esa mención. En cualquier caso, el cómputo de hijas o hijos “concebidos y no nacidos” como miembros de la unidad familiar sigue figurando en órdenes de ayudas y otras medidas, caso por ejemplo de los nuevos umbrales de renta para el acceso a viviendas protegidas, aprobados por el Consello de la Xunta el pasado mayo, o de las subvenciones para hacer obras de “habitabilidad” en “infraviviendas”, convocadas a principios de año.
Aunque con matices, este pasado lunes el propio Feijóo se refería a estas medidas de sus propios gobiernos al afirmar, durante una entrevista en Antena 3, que si logra “responsabilidad de Gobierno” en el Estado, “haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando”. “Lo hice en el año 2011 en Galicia” y ahora “la presidenta de la Comunidad de Madrid lo reiteró y lo amplió”, especificó.
Preguntado al respecto, el actual presidente de la Xunta evidenciaba este lunes que lo que señala como “ventajas importantes” para “muchas mujeres, incluso antes del nacimiento” ya “existen en Galicia desde hace muchos años”. “Todas estas medidas vienen del anterior presidente de la Xunta y nosotros, por supuesto, las mantuvimos”, señala Alfonso Rueda, quien matiza que se le “escapa” si existen “condicionantes que a nivel estatal pueden llevar a hacerlo por ley”, como sugiere ahora Feijóo.
