El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda la apertura de juicio oral contra los exconsejeros socialistas de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio y otras seis personas, por las subvenciones de más de 33,3 millones de euros "arbitrariamente" concedidas al entramado de sociedades del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, fallecido en diciembre de 2021, para los cursos de formación de los extrabajadores de la desaparecida planta gaditana de la multinacional de automoción Delphi, según recoge Europa Press.

Según ha informado la Oficina de Comunicación del TSJA, en un auto fechado el día 10 de octubre, el magistrado acuerda abrir juicio oral contra los dos exconsejeros como presuntos responsables de delitos continuados de prevaricación y malversación, mientras también abre juicio oral contra los otros seis investigados por delitos continuados de fraude de subvenciones.

Estos seis investigados son Marcos O.M., hijo del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, y otras cinco personas que tenían una dependencia laboral o vinculación societaria con las empresas dirigidas por dicho exconsejero. El juez, asimismo, abre juicio oral contra cinco entidades en calidad de responsables civiles subsidiarios y contra otras nueve entidades en calidad de partícipes a título lucrativo.

El instructor afirma que los exconsejeros de Empleo investigados "asumieron estos compromisos y acordaron este sistema de subvenciones a la contratación, a pesar de ser conocedores que la normativa en vigor en modo alguno amparaba dicho sistema y que se simulaban contratos de trabajo que no se respondían con la realidad", para lo cual "habrían puesto en marcha un irregular sistema de concesión de subvenciones excepcionales y arbitrarias, que se destinaron, por un lado, a la simulación de relaciones laborales para proporcionar prestaciones de la Seguridad Social indebidas a un gran número de ex trabajadores de Delphi (con la colaboración de las asociaciones y fundaciones dirigidas y controladas por Ángel Ojeda); y por otro lado, a mantener las percepciones de los ex trabajadores al margen de la normativa de protección por desempleo".

El juez asevera que "el sistema habría dado lugar, además, a que algunas de las asociaciones beneficiarias de las subvenciones desviaran fraudulentamente una parte considerable del importe a entidades vinculadas, a través de la generación de sobrecostes, la fijación unilateral de precios y la contratación de servicios sin valor para la actividad subvencionada", todo ello "sin que los responsables de la Consejería de Empleo llevasen a cabo actuación alguna en orden a comprobar el correcto destino de las ayudas".

En este sentido, el juez precisa que, en fecha no concretada pero en torno a los meses de verano de 2009, previo a que comenzara la segunda fase del dispositivo mencionado, Antonio Fernández habría convocado a una reunión informal a Ángel Ojeda, "quien era notoriamente conocido por ser beneficiario en la concesión de subvenciones autonómicas, habiendo sido consejero de Hacienda de la Junta", informándole el primero de que los trabajadores de Delphi "iban a cumplir los dos años de paro y que había que dar una salida a los mismos", al tiempo que "se le ofreció la gestión de una ingente cantidad de subvenciones a través de empresas y entidades que serían directa o indirectamente controladas" por el propio Ojeda.

Según agrega, "el entramado habría de conformarse en torno a la simulación de contrataciones con empleados de la empresa Delphi, incluyendo así salarios, cotizaciones y otros gastos que pagaría de modo indirecto la Junta a través de las empresas y entidades" de Ángel Ojeda, señalando que "las entidades que ofrecía" el ex consejero de Hacienda, "meros testaferros de su voluntad, contrataría a los trabajadores de Delphi del dispositivo singular, pero siempre con financiación pública".

Así, "los proyectos subvencionados consistían en proporcionar formación a los ex trabajadores de Delphi, pero se exigía su contratación y alta en la Seguridad Social, si bien la actividad de los contratados no habría sido otra que la de recibir formación, sin que existieses una verdadera prestación de servicios", de modo que los contratos de trabajo "sólo tenían como objetivo crear una apariencia de -ficticia- relación jurídico-laboral para justificar el alta en la Seguridad Social" y que así accediesen "a unas prestaciones a las que de otro modo no tendrían derecho".

Las subvenciones fueron otorgadas a cada una de las cinco asociaciones que habría ofrecido Ángel Ojeda, como son la Asociación de Empresas Aeronáuticas (AEAA), que habría percibido 7.376.573 euros; la Asociación de Apoyo a la Integración (Humanitas), que habría obtenido 5.268.825 euros; la Asociación para la Sociedad de la Información (Innova), que habría percibido 7.376.573 euros; la Asociación para la Calidad Europea (Inteca), que habría obtenido 7.376.573 euros, y la Asociación de Apoyo al Medio Ambiente (Natura), con 5.911.242 euros.

El juez Vilaplana precisa que dos de las remesas de ayudas fueron concedidas por Fernández y la última por Recio como su sucesor en la Consejería de Empleo, "sin estudios y análisis previos y sin ni siquiera comprobar la legalidad de las mismas, haciendo dejación de sus más deberes elementales en el cargo".

"Los consejeros habrían de resultar conocedores de que las cinco asociaciones eran ficticias, y que todas ellas no habrían de ser más que entidades constituidas y dirigidas por Ángel Ojeda, con el fin de canalizar y obtener las subvenciones", señala el juez, que subraya que el total de subvenciones "arbitrariamente" concedidas por los titulares de la Consejería en favor de este "entramado Ojeda" ascendería a 33.309.789 euros.

CCOO y UGT reprochan al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que rechace subidas salariales para no dañar sus posibilidades de ser reelegido al frente de la CEOE. El 23 de noviembre se reunirá la asamblea electoral que decidirá quién dirige a los empresarios los próximos cuatro años. De momento, sólo se ha presentado un candidato, el propio Garamendi, pero el plazo para que se presenten rivales se extiende hasta el 8 de noviembre. Y durante todo el año las conjeturas sobre posibles movimientos internos para armar una candidatura alternativa han sido múltiples. La patronal de los empresarios jóvenes Ceaje, la de concesionarios Ganvam, los autónomos de ATA, Confemetal y Cepyme no han tardado en hacer público su apoyo a Garamendi. Entre las territoriales, la patronal de Castilla y León también respalda al vasco, que antes fue presidente de los jóvenes empresarios, tesorero de Confemetal y presidente de Cepyme, la asociación que agrupa a las pequeñas y medianas empresas.

Pero aún está por ver si los recelos de la patronal agrícola Asaja, del automóvil Anfac, la madrileña CEIM y la catalana Foment del Treball Nacional, que se tradujeron en cuatro abstenciones durante la junta directiva que aprobó la reforma laboral el pasado diciembre, se convierten en oposición con nombres y apellidos. En definitiva, si las organizaciones que han criticado a Garamendi por haber sido demasiado blando y pacífico en las sucesivas negociaciones con el Gobierno y los sindicatos en materia laboral durante los dos últimos años consiguen armar una candidatura alternativa.

Sólo esa eventualidad sería todo un acontecimiento en la CEOE, acostumbrada al sosiego de que sus presidentes resulten elegidos por aclamación. Únicamente en dos ocasiones anteriores hubo competición: en 2010, entre Juan Rosell y el presidente de la patronal andaluza CEA, Santiago Herrero, y en 2014 entre Juan Rosell y el propio Garamendi, que perdió pero fue nombrado vicepresidente por el vencedor.

Pero no sólo la CEOE terminará 2022 en campaña electoral, sino que también los sindicatos se encuentran ya velando armas antes de pasar el próximo año pendiente de las urnas. Porque en 2023, además de comicios generales y autonómicos –en todas las comunidades menos en las históricas–, se celebrarán elecciones sindicales sin descanso. Las plantillas de empresas con más de cinco trabajadores, unos 14,3 millones de asalariados, están llamadas a elegir 158.248 delegados, el 57% de los 280.000 representantes sindicales existentes.

Desde 1994, CCOO es el primer sindicato de España con 101.500 delegados y miembros de comité de empresa. Ese año dio el sorpasso a UGT, que ahora cuenta con 87.152 representantes en las empresas y las administraciones. El tercero es USO, a considerable distancia, con 11.000 delegados. Le sigue CSIF, la central de los empleados públicos, con 10.000 representantes. Los dos primeros ostentan la condición de sindicatos más representativos, al poseer más del 10% de los delegados en todo el país. También lo son, pero en sus comunidades autónomas, la CIG en Galicia y ELA-STV en el País Vasco.

Según esa representatividad, reciben subvenciones del Estado. En el caso de UGT, fueron 4,7 millones de euros en 2021 y 5,28 millones en el de CCOO –56,34 euros por cada representante sindical, aclara el sindicato en su página de transparencia–. También reciben subvenciones públicas por su participación en los órganos consultivos del Ministerio de Empleo –como la Fundación Tripartita para la Formación den el Empleo–, 677.727 euros UGT y 649.237 CCOO. A CEOE se le asignaron 1,29 millones de euros. Por sentarse en el Consejo Económico y Social (CES), la patronal percibe 232.400 euros al año, mientras que CCOO y GTT cobran 104.580 euros cada uno.

Además, en 2021 el Ministerio de Educación concedió a UGT 10,2 millones para impartir cursos de digitalización a trabajadores y desempleados. A CEOE les otorgó 15,3 millones y a Cepyme 5,1 millones. CCOO renunció a 7,5 millones que en principio se le habían asignado. Y USO presentó un recurso contencioso-administrativo porque se hizo una concesión directa sin concurso. Además, sindicatos y patronal se reparten otros 10,5 millones de euros para formar a sus cuadros en materia de negociación colectiva. De ellos, 1,66 millones fueron para la CEOE en 2021.

El año pasado CCOO también percibió 34.200 euros del Instituto de la Juventud y 100.140 euros del Plan Nacional sobre Drogas por la realización de programas sobre adicciones, así como 12.058 euros por su participación en organismos del Ministerio de Transición Ecológica. UGT, por su parte, consiguió 255.000 euros del Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Generalitat valencianas por la celebración del 43º congreso del sindicato en la ciudad de Valencia. Finalmente, la CEOE ha firmado un convenio con el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) que se traduce en 100.000 euros anuales para apoyar la internacionalización de las empresas españolas.

Aparte, destacan todos ellos, se sitúan las cantidades que les son concedidas para programas finalistas, que se gastan en cursos, atención a migrantes u orientación al empleo, por ejemplo. Según precisa CCOO, la cuantía que el sindicato recibe sumando subvenciones por su representación asciende a 10 millones de euros y a 23 millones las ayudas para programas finalistas: el 19% de los 173 millones de euros que ingresa cada año. De ellos, 134,5 millones proceden de las cuotas de su casi millón de afiliados, tal y como explicó el secretario general de CCOO, Unai Sordo, a los periodistas al anunciar el eslogan de su campaña para el próximo año, El poder de cambiar las cosas.

UGT aún no la tiene preparada, según explican fuentes del sindicato a infoLibre. Pero, de acuerdo con las cuentas que publica en su página web, para 2021 contaba con un presupuesto de casi 30 millones de euros. De las cuotas de sus afiliados esperaba ingresar 20,72 millones de euros. Y consignaba recibir 2,37 millones de euros para programas finalistas –4,63 millones el año anterior–. En 2020 se apuntó unos beneficios de 61.835 euros. Según las cuentas, pagó 3.992 euros en impuestos sobre beneficios en 2020. Menos de lo que consigna la CEOE en las suyas, 19.000 euros en 2021 y 21.000 euros en 2020.

El ejercicio pasado la patronal se apuntó unos ingresos de 12,85 millones de euros, de los cuales 6,77 millones proceden de las cuotas de sus asociados –233 organizaciones– y 6,08 millones de aportaciones que hace las empresas y patrocinios. También consignó 2,1 millones en subvenciones. Con una plantilla de 103 personas, paga en sueldos y cotizaciones a la Seguridad Social un total de 8,33 millones de euros al año. De ellos 601.000 los cobraron en sueldos y dietas los miembros de su junta y otros directivos, que además recibieron como aportación a sus planes de pensiones 35.000 euros. La CEOE terminó 2021 con unos beneficios de 822.000 euros, un 42,6% más que el año precedente.

Patronal y sindicatos están empeñados en subrayar su transparencia para intentar recuperarse del batacazo de credibilidad que se dieron en la última década. La CEOE tuvo que sacudirse el escándalo que terminó con la presidencia de Gerardo Díaz-Ferrán: la quiebra de su empresa, el grupo Marsans, y su condena a 10 años de prisión, de donde salió en 2018. También comparte con los sindicatos la sospecha sobre cómo todos ellos gestionaban las subvenciones para cursos de formación en el empleo.

CCOO y UGT, por su parte, deben hacer frente a una crisis de confianza que, en el caso del segundo, se tradujo en una pérdida de 280.805 afiliados entre 2010 y 2015, cuando llegó a su mínimo, 928.846. Desde entonces ha recuperado 54.675, de acuerdo con las cifras que facilita el propio sindicato. La misma evolución sufrió CCOO, que llegó a 2017 con 920.870 afiliados y los ha aumentado hasta superar los 970.000 en la actualidad. “Nuestro objetivo [en las elecciones de 2023] es mejorar la densidad democrática y fortalecer el sindicalismo de clase”, adelantó Sordo en la presentación de la campaña. 

CCOO ha renunciado a las subvenciones directas que el Ministerio de Educación ha concedido a patronal y sindicatos para que éstos impartan cursos de digitalización a 125.000 trabajadores y desempleados. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles el real decreto que regula la concesión directa de estas ayudas, que sí han aceptado CEOE, Cepyme y UGT. Son un total de 30,6 millones de euros, de las que corresponden 15,31 millones a CEOE, 5,1 millones a Cepyme y 10,2 millones a UGT. CCOO ha rechazado una cantidad que en principio ascendía a 7,5 millones de euros.

Estas son las primeras subvenciones que el ministerio de Isabel Celaá concede en materia de formación para los trabajadores, una competencia que hasta ahora correspondía al Ministerio de Trabajo. Sin embargo, el nuevo Gobierno unificó en Educación el ámbito completo de la Formación Profesional, tanto de la reglada, que siempre ha estado en manos de ese departamento, como los cursos para que ocupados y desempleados adquieran una cualificación profesional, y que corría a cargo de Trabajo. El ministerio de Yolanda Díaz se ha quedado sólo con los programas para mejorar la formación y empleabilidad de trabajadores y parados.

No es habitual que un agente social rechace participar en una convocatoria de este tipo, aunque el año pasado la CEOE rehusó las ayudas para formar a cuadros sindicales, un paquete de 15 millones de euros. Pero las múltiples irregularidades descubiertas en los cursos de formación para el empleo durante los últimos años han llevado no sólo a la reforma del sistema, sino también a aumentar el recelo de los propios implicados, sindicatos y patronal. Es el caso de CCOO, que desde la llegada de Unai Sordo a la Secretaría General es reacio a asumir la ejecución directa de estos cursos para trabajadores y desempleados. Fuentes del sindicato explican a infoLibre que han renunciado a las ayudas porque éstas “deberían haber salido a licitación pública” y porque ahora CCOO se encuentra ahora en pleno proceso de fusión de sus fundaciones.

La concesión directa de estas subvenciones se puso sobre la mesa de Diálogo Social dedicada a la Formación Profesional el pasado mes de julio y ya en septiembre CCOO comunicó su rechazo al mecanismo. El Ministerio de Educación asegura que pidió al sindicato que “reconsiderara su decisión” y que desconoce los motivos de su negativa, pero confía en su participación para próximas convocatorias. CCOO también ha mostrado su oposición al nuevo sistema de cualificaciones que el ministerio quiere sacar adelante. CCOO se ha quejado de que la revisión y propuestas de las nuevas cualificaciones digitales se haya hecho de forma “opaca”, sin que se conozcan, dice, los criterios por los que se han seleccionado las empresas y entidades que participan en los grupos de expertos.

Por su parte, UGT y CEOE han negado a este periódico que tengan algún tipo de recelo respecto de la concesión directa de las subvenciones. Pero otras fuentes internas consultadas por infoLibre revelan las dudas que este modelo suscita en los departamentos jurídicos de estas organizaciones y en los problemas que puede acarrear su ejecución. Tampoco descartan que levanten las protestas de otros sindicatos como USO, CIG o ELA por haber sido excluidos. De hecho, el Tribunal Supremo considera que esa exclusión puede ser inconstitucional tras un recurso presentado por USO.

En todo caso, fuentes de la patronal niegan que estas ayudas debieran haber salido a licitación pública, puesto que no se rigen por la Ley 30/2015 del Sistema de Formación para el Empleo, que sí exige “concurrencia competitiva”, sino por la Ley General de Subvenciones de 2003. Además, indican que la concesión de las subvenciones cuenta en este caso con “las máximas garantías”, al tiempo que su ejecución está “absolutamente fiscalizada” y supervisada tanto por la Intervención General del Estado como por el Tribunal de Cuentas. Según ambos agentes sociales, los controles establecidos ahora son los mismos que en otras convocatorias.

El Ministerio de Educación precisa que estos fondos, ligados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, van a contar con “mecanismos de seguimiento y auditoría”. Las patronales y el sindicato, además, estarán obligados a contar con una auditoría propia. Educación, añade, hará también un seguimiento trimestral de los alumnos en formación.

“Circunstancias excepcionales” por el covid

El importe máximo subvencionado por alumno es de 245 euros. Las dos patronales y el sindicato deberán justificar las actividades desarrolladas con la subvención en el primer trimestre del año siguiente, con una memoria de actuación y otra económica. Se consideran gastos subvencionables los directos –publicidad, materiales didácticos– y los indirectos –personal, suministros, mensajería, mantenimiento– y los de auditoría. Los costes indirectos no podrán superar el 15%.

Los cursos, que deberán tener una duración de 30 horas, están destinados a asalariados, autónomos y trabajadores temporales de las Fuerzas Armadas. El 20% deberán ser mujeres y tendrán prioridad los afectados por ERTE.

En la exposición de motivos del real decreto, el Ministerio de Educación justifica la elección de este modelo por la existencia de “circunstancias excepcionales” y “razones de interés público”. En concreto, se refiere a que la digitalización del sector productivo ese “crucial” para impulsar la competitividad empresarial, la cualificación de los trabajadores y la empleabilidad de jóvenes y mujeres. Y añade la “especial urgencia” de la recuperación económica tras la crisis del covid-19. Finalmente, argumenta que en este caso “no se puede iniciar un procedimiento de concurrencia competitiva” porque los sindicatos y la patronal prestan sus servicios “fuera del mercado, sin ánimo de lucro”, por lo que no se pueden establecer “parámetros comparativos” ni existen otros posibles perceptores de las subvenciones, “dada la posición única que ostentan los interlocutores sociales”.

Las grandes empresas tecnológicas

Las fuentes de CEOE consultadas destacan también que el objetivo, “digitalizar” a 500.000 trabajadores y desempleados en cuatro años, requiere que los encargados tengan una “gran capilaridad” en el tejido productivo, y esa ventaja la poseen los agentes sociales. La CEOE tendrá que impartir cursos a 62.500 alumnos, Cepyme a 20.833 y UGT a 41.667 sólo en este primer año. Para un “volumen tan enorme” –sólo para la CEOE unos 7.000 alumnos al mes–, los tres deberán subcontratar la actividad. “Naturalmente tendremos que acudir a las empresas tecnológicas más importantes del país”, apuntan fuentes de la patronal.

UGT firmó en 2018 un acuerdo con Google que incluía formación sobre competencias digitales para 200 cuadros del sindicato y la oferta de un curso online, masivo y gratuito –lo que se conoce como MOOC– de 40 horas de duración para trabajadores. Las fuentes de UGT consultadas señalan que ese proyecto “no tiene nada que ver” con el que se va a iniciar ahora con las subvenciones de Educación. Por su parte, la CEOE cuenta con un proyecto conjunto con la Fundación Telefónica para proveer de competencias digitales a los trabajadores a través de contenidos online, Conecta Empleo.

También la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) y el Servicio Público de Empleo (SEPE) han firmado acuerdos de colaboración con las grandes empresas tecnológicas –Amazon, Google, Fundación Telefónica, IBM, Huawei, Cisco, Oracle, SAP, entre otros– para implicarlas en la formación digital de los trabajadores. Ambos organismos difunden en sus páginas web los cursos gratuitos sobre habilidades digitales que ofrecen estas compañías.

Dos modelos, dos ministerios, dos mesas de diálogo

En su ámbito de competencias, el Ministerio de Trabajo está preparando cuatro convocatorias de ayudas para formar a trabajadores y desempleados. Todas ellas se someterán a licitación pública. Las dos primeras, para el sector de tecnologías de la información y para el turismo, ya están casi cerradas, según las fuentes consultadas. La tercera atenderá las necesidades formativas de los cuadros dedicados a la negociación de los convenios colectivos y la cuarta son acciones que incluyen la obligación de contratar después al menos al 40% de los alumnos. En el primer trimestre de 2021 está previsto, además, que el ministerio empiece a negociar la convocatoria ordinaria de subvenciones destinadas a la formación para el empleo. En total, unos 2.500 millones de euros, incluidas las cantidades que recibirán las comunidades autónomas. Para éstas, Educación acaba de repartir 262 millones de euros sólo en virtud del Plan de Modernización de la FP, aprobado por el Gobierno el pasado mes de julio y con un presupuesto de 1.498 millones de euros en cuatro años.

Precisamente, la división entre dos ministerios de las competencias sobre la Formación Profesional no fue del agrado ni de la patronal ni de los sindicatos. “Por su marcado carácter laboral, vemos la formación para el empleo más próxima al mercado de trabajo que al ámbito educativo”, defienden las fuentes de la CEOE, que entonces temieron por la “estabilidad” del sistema. En concreto, creían que se corría el riesgo de que la formación laboral terminara siendo descentralizada de la misma forma que están transferidas las políticas educativas a las comunidades autónomas. La CEOE aboga por un “único modelo” de formación profesional. Pese a ello, ahora hay dos –la vinculada a las cualificaciones, que lleva Educación, y la que sigue en manos de Trabajo– y están abiertas dos mesas en el Diálogo Social donde se debate sobre formación laboral, una con cada ministerio. “Ya hemos pedido a las dos ministras que, por favor, se junten y trabajen con una visión coordinada”, apunta la patronal.

El Juzgado de lo Penal número cuatro de Córdoba ha condenado a penas de prisión, que oscilan entre uno y dos años, por delitos de falsedad y fraude de subvenciones, a seis de los empresarios acusados en el llamado caso de los cursos de formación, y ha absuelto a otro, mientras que no se ha pronunciado sobre el octavo acusado, al haber sido "declarado en rebeldía procesal, estando pendiente de la celebración de juicio oral".

Según recoge la sentencia, a la que ha accedido Europa Press, cuatro de los acusados, en base al acuerdo previo que alcanzaron con la Fiscalía, que modificó por ello su calificación durante la celebración de la vista oral, concluida el pasado junio, han sido condenados, en cada caso, como autores responsables de un delito continuado de falsedad en documento público u oficial, concurriendo la circunstancia atenuante de reparación del daño, a la pena de 12 meses de prisión y multa de seis meses con una cuota diaria de ocho euros, y la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Dos de estos cuatro condenados, en materia de responsabilidad civil, también habrán de indemnizar a la Junta de Andalucía en distintas cantidades, mientras que hubo otro quinto acusado que, igualmente, cerró durante la vista oral un acuerdo con la Fiscalía, aceptando la condena que se le ha impuesto ahora, como autor responsable de un delito de fraude de subvenciones, de un año y ocho meses de prisión y multa de 300.000 euros, siendo sustituida en caso de impago por 120 días de privación de libertad. Además, en materia de responsabilidad civil deberá devolver a la Junta de Andalucía el importe íntegro de las subvenciones obtenidas de forma fraudulenta.

Al margen ya de los acuerdos con la Fiscalía, la sentencia también es condenatoria para un sexto acusado, como autor responsable de un delito continuado de falsedad en documento público u oficial, a la pena de 24 meses de prisión, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo mientras dure la condena.

También se le condena a la pena de diez meses de multa con una cuota diaria de 75 euros, y la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de dicha multa, mientras que, en materia de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la Junta de Andalucía, que, además, determinará si procede la devolución de la totalidad o de parte del importe íntegro de la subvención obtenida.

Por otro lado, la sentencia es absolutoria, en cuanto a la comisión de un delito continuado de falsedad en documento público u oficial, para solo uno de los ocho acusados en este procedimiento, no teniendo tampoco que abonar las costas procesales, que sí que tendrán que abonar, en forma conjunta y solidaria, los seis condenados en este juicio, incluyendo las costas de la acusación particular.

El fallo de la sentencia, que puede recurrirse ante la Audiencia Provincial de Córdoba, también establece que la suspensión de la pena de prisión, que ha sido informada favorablemente por el Ministerio Fiscal, está condicionada al abono de la responsabilidad civil en el caso de uno de los condenados, determinando el juzgado que, una vez sea firme la sentencia, será ya en fase de ejecución de la misma cuando se resolverá sobre la suspensión de la pena de prisión para los condenados.

Cursos y subvenciones

El llamado caso de los cursos de formación de la Junta de Andalucía, que trascendió en 2014 y que se ha juzgado en este 2020, tiene su origen en 2009, fecha en la que, según la calificación del Ministerio Fiscal, por orden de la Consejería de Empleo de la Junta y con cargo a partidas presupuestarias de las cuentas de la comunidad autónoma para los periodos 2010 y 2011, se concedieron subvenciones, en régimen de concesión directa, para la impartición de cursos de formación dirigidos a personas desempleadas, con compromiso de empleabilidad.

De este modo, en aplicación de la normativa a tal efecto, se beneficiaron nueve entidades de ámbito provincial, bajo el cumplimiento de una serie de exigencias. No obstante, supuestamente las subvenciones públicas otorgadas no fueron usadas para la finalidad prevista en la impartición de cursos.

A juicio del Ministerio Público, se inflaron algunas facturas que se tuvieron que entregar para justificar el uso de las subvenciones, presentando "gastos desproporcionados" en costes directos, o también un gasto en material docente "sobredimensionado".

Igualmente, entre "las irregularidades más graves detectadas", el fiscal cita "el incumplimiento" de compromisos de contratación, al "simular haber ofrecido presuntos contratos laborales a alumnos y mediante un ficticio informe, fuera totalmente de plazo, ha justificado la negativa de éstos a ser contratados", lo que también ha generado distintos "perjuicios al erario público".

Además, según la calificación del fiscal, ha habido "manipulación de las firmas de alumnos, con el fin de demostrar de manera irregular, tanto la entrega de materiales, como las calificaciones de alumnos, que nunca llegaron a realizarse por los interesados".

Por otra parte, sobre facturación, en una de las entidades "se imputan gastos de establecimiento, cuando la sede es propiedad de la empresa" beneficiada con subvención, al tiempo que "los recibos de material del curso están sin firma de los alumnos", y hay "falta de rigor" en los procedimientos de selección, donde "se aprecian graves irregularidades".

En esta causa figuraban también inicialmente funcionarios y autoridades de la Junta en legislaturas pasadas, que han quedado exonerados, pues, según la Fiscalía, no se puede demostrar la connivencia de estos con los presuntos autores de los fraudes, que ahora han sido condenados.

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado penas de prisión que superan los 40 años para los seis dirigentes de UGT acusados de fraude en la gestión de cursos de formación. El exsecretario general de UGT en Asturias, Justo Rodríguez Braga, se enfrenta a una petición de 10 años de cárcel, informa Europa Press.

El escrito del fiscal evidencia que tanto Rodríguez Braga, como la secretaria de Administración, Mónica Menéndez, y el de Formación, Manuel Díaz, participaron de una "actuación concertada" para desviar "de forma sistemática" los fondos públicos recibidos vía subvención tanto por el sindicato como por el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), respecto a los fines para los que les fueron concedidos. Estas operaciones les permitieron obtener con cargo a las subvenciones "beneficios económicos que revertían principalmente en la propia organización sindical".

Para llevar a cabo esta "operativa fraudulenta", contaron con la "necesaria colaboración" del entonces Delegado Territorial de IFES en Asturias, ya fallecido, y con la ayuda de los encargados de la administración y contabilidad en UGT Asturias y la Delegación Territorial IFES —Alberto González y Silvia Sariego respectivamente—. Contaban además con la "cooperación o auxilio" de la administradora de dos empresas, María Jesús Ocaña.

Los importes defraudados se destinaban, entre otras, al sostenimiento de gastos estructurales del sindicato, en especial costes de su personal laboral. Otra parte se orientó a capitalizar una sociedad vinculada del sindicato para cubrir pérdidas generadas en otras actividades llevadas a cabo por UGT Asturias, como una promoción inmobiliaria en La Felguera.

Los delitos

Según la Fiscalía, parte de los hechos son legalmente constitutivos de dos delitos de fraude de subvenciones. De estos son penalmente responsables como cooperadores necesarios el exsecretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, Mónica Menéndez, Manuel Díaz y María Jesús Ocaña. Para ellos cuatro, el Fiscal pide cuatro años de cárcel por estos delitos. Son considerados cómplices Alberto González y Silvia Sariego, y como tales se solicita para cada uno 20 meses de prisión.

Por otro lado la Fiscalía identifica otros tres delitos de fraude de subvenciones por los que Braga, Menéndez y Díaz, son responsables en concepto de coautores. En este concepto se solicitan otros seis años de prisión para cada uno de ellos. Se consideran Ocaña, González y Sariego cómplices y como tales la Fiscalía pide otros 30 meses de cárcel.

En total, para el exsecretario general de UGT la Fiscalía pide 10 años de cárcel, al igual que para Mónica Menéndez y Manuel Díaz Cancio. Para María Jesús Ocaña, la petición total asciende a seis años y cinco meses; y para Alberto González y Silvia Sariego supone una petición de cuatro años de prisión. Los seis acusados deberán hacer frente a multas que superan, en su conjunto, los cinco millones de euros.

Por último, la Fiscalía entiende que el sindicato UGT es "plenamente responsable" de haber desviado "de forma concertada" con IFES parte de las subvenciones recibidas. El sindicato debería abonar 244.028 euros en concepto de multa por los importes defraudados.

El Ministerio de Empleo ha destituido al director gerente de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), la antigua Fundación Tripartita, Alfonso Luengo Álvarez-Santullano. La destitución será votada en el patronato de la Fundación, donde se sientan representantes de la Administración, CEOE y los sindicatos UGT y CCOO, el próximo 5 de abril.

Para entonces deberá estar resuelto ya el proceso por el que se elegirá al sucesor de Alfonso Luego, que se abrirá con la publicación de un concurso de méritos en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según sus estatutos, el director gerente de la Fundae debe seleccionarse “con arreglo a los principios de publicidad, concurrencia, mérito y capacidad”. Será el primero en ser elegido con este procedimiento. El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, ha informado este lunes a los agentes sociales sobre la destitución del gerente de la fundación que gestiona los cursos de formación para trabajadores. También les ha avanzado que se les consultará el nombramiento de su sustituto.

Luengo Álvarez-Santullano llevaba al frente de la Fundae desde la llegada del PP al poder, en 2012. Según fuentes de los agentes sociales consultadas por infoLibre, los “desencuentros” han sido habituales en estos años. “No ha sido una sorpresa”, aseguran. Otras fuentes, sin embargo, ponen en valor el hecho de que Alfonso Luengo haya tenido que “lidiar” estos años con una situación complicada: el cambio de una fundación que era paritaria –Administración, sindicatos y patronal tenían el mismo peso en el patronato– a otra en la que el SEPE tiene la mayoría. “Nuestra relación con él ha sido fluidísima”, responden, al tiempo que admiten que la salida de Luengo “se barruntaba desde hacía tiempo”.

Cambios en el SEPE

Según las mismas fuentes, la intención del ministerio es ahora “normalizar” las relaciones y acabar con la “crispación” que las ha caracterizado en los últimos años. La reforma de la formación para el empleo aplicada por el Gobierno en 2015 se ha traducido en un conflicto tanto con la patronal como con los sindicatos, que incluso acudieron a los tribunales para paralizar las convocatorias de subvenciones de 2014 y 2016. “Curiosamente, ya no queda [en el ministerio] ninguno de los que hicieron la ley [30/2015, que aprobó la reforma del sistema de formación]”.

La destitución de Luengo Álvarez-Santullano coincide en el tiempo con el nombramiento de un nuevo director en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó la designación de Ignacio Niño Pérez en lugar de Julio Ángel Martínez Meroño, que sólo ha permanecido un año al frente del antiguo Inem. Hasta ahora Ignacio Niño Pérez ejercía de director de Gabinete del secretario de Estado de Empleo. “Una persona de la máxima confianza de Riesgo”, destacan las fuentes consultadas, que encuadran los cambios en una “restructuración completa” del SEPE.

El motivo de la marcha de Martínez Meroño, quien fue antes secretario general de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), no es otro que la llegada a la edad de jubilación. A su vez sustituyó en el cargo a Reyes Zatarain del Valle, lo que supuso una sustancial mejora en las relaciones con patronal y sindicatos, según reconocen ellos mismos. También fue sustituido el anterior subdirector de Políticas Activas de Empleo, Jesús Barroso, por Ángel Goya Castroverde, el pasado mes de agosto.

El Servicio Público de Empleo (SEPE) ha creado, mediante una resolución del pasado día 4 a la que ha tenido acceso infoLibre, un grupo de trabajo donde los sindicatos y la patronal recuperan “las funciones de control, seguimiento y evaluación” de los cursos de formación profesional. Los agentes sociales no vuelven al órgano colegiado de control del que fueron excluidos en julio de 2016, pero la creación de esta “comisión técnica” la consideran una “solución intermedia” –según la CEOE– que les permite “recobrar la gobernanza” de la formación –de acuerdo con el análisis de UGT–. “Nos da competencias en materia de seguimiento y control”, resume CCOO.

Se trata de una decisión que aplaca, al menos de momento, el conflicto que la patronal y los sindicatos mantienen con Empleo tras la reforma del sistema de formación y se dirime en los tribunales. Precisamente en el hecho de que tanto la Audiencia Nacional como los juzgados de lo Contencioso hayan dado la razón a los agentes sociales en sus demandas contra su exclusión del órgano de control de los cursos es una de las razones que esgrimen ahora sindicatos y patronal para explicar lo que entienden como una “cesión” del ministerio.

El departamento de Fátima Báñez, en cambio, niega que hayan cedido en nada o que la creación del grupo de trabajo signifique cambio alguno en el sistema. “[Sindicatos y patronal] No han recuperado el control y no están en el órgano de decisión”, zanja un portavoz del ministerio. Según explica, la resolución del SEPE sólo pretende “mejorar los mecanismos establecidos en la ley, porque los agentes sociales ya tienen funciones de control”. Sí reconoce que a partir de ahora recibirán más información sobre la gestión de las subvenciones, pero rechaza que el nuevo grupo implique una rectificación del reglamento que desarrolla la reforma del sistema.

En efecto, a partir de ahora sindicatos y patronal recibirán información “pormenorizada” de las solicitudes de subvenciones, así como de las “las propuestas de resolución, reformulaciones, renuncias y datos de ejecución”, también de la gestión que realice la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae, la antigua Fundación Tripartita) durante cada convocatoria de ayudas. Al tiempo, tendrán información sobre las contrataciones, los pliegos de los concursos, las ofertas que se presenten y las adjudicaciones. Finalmente, sindicatos y patronal podrán realizar “sugerencias” al SEPE sobre la gestión de las subvenciones.

Sigue la batalla legal

“No regresamos al órgano colegiado, pero sí podremos hacer propuestas, y en todas las iniciativas, incluida la formación bonificada [la que imparten las empresas directamente]”, explica Francisco Moreno, adjunto a la Secretaría de Empleo y Cualificación Profesional de CCOO. El grupo, donde además de cuatro representantes de los sindicatos y la patronal se sentarán cuatro representantes del SEPE, se reunirá todos los meses y tendrá carácter “estable”, destaca Sebastián Pacheco, secretario de Formación de UGT. “Cuanto más seguimiento y control podamos hacer de las convocatorias de ayudas, mejor”, se felicita Juan Carlos Tejeda, responsable de Formación de la CEOE.

Pese a que todos ellos aplauden la creación del nuevo grupo, no renuncian al “objetivo” de volver al “órgano donde se toman las decisiones finales” y de donde fueron expulsados en 2016, para no ser “juez y parte” en materia de subvenciones como argumentó entonces el ministerio. Tampoco van a desistir de la batalla legal en los tribunales, aseguran. El SEPE ha recurrido las sentencias que hasta ahora han dado la razón a los sindicatos y la patronal, confirmando que su exclusión del órgano colegiado de control de las subvenciones era ilegal y anulando las convocatorias de ayudas de 2014 y 2016. Tanto UGT como CCOO y la CEOE han presentado ya su oposición a esos recursos. “Nuestro objetivo es regresar el órgano colegiado y seguiremos luchando por estar allí”, advierte Juan Carlos Tejeda.

Cursos a licitación por primera vez

No obstante, los agentes sociales saludan el “cambio de talante” en la cúpula del SEPE, que fue renovada hace ahora un año. La exclusión del órgano de gobernanza de los cursos fue recibida por la patronal y los sindicatos como “una bofetada”, según la calificó CCOO. El reemplazo ha permitido ahora la firma de una convocatoria de ayudas para la formación digital de 60 millones de euros, el pasado 22 de diciembre, y la creación del nuevo grupo de trabajo.

Esa convocatoria se compone de 50 millones de euros en subvenciones y 10 millones más que, por primera vez en España, se repartirán mediante concurso público. Se trata de una “prueba piloto”, dice CEOE, tras las quejas de las empresas de formación contra el sistema de subvenciones, cuya cuantía tienen que justificar hasta el último céntimo y no les permite obtener beneficio de la actividad a la que se dedican. Tampoco los sindicatos las ven con buenos ojos. “Te limitan mucho”, resume Sebastián Pacheco. Por ejemplo, en el caso de los cursos de mayor nivel en formación digital y tecnologías de la información, también los más caros, “al [bajo] precio del módulo que está establecido en las subvenciones, el concurso se quedaría desierto, sería imposible impartir los cursos”.

Por eso se congratula el dirigente de UGT de que, a través del grupo de trabajo recién aprobado, sindicatos y patronal recibirán toda la información sobre los pliegos y el proceso de licitación de estos 10 millones de euros en cursos, puesto que no tienen acceso a la mesa de contratación. De hecho, la primera tarea de esta suerte de comisión técnica será precisamente dilucidar las dudas, ya suscitadas, sobre la convocatoria de cursos de formación digital.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso que la Asociación Formación y Empresa (Aformae) presentó contra el reglamento que desarrolla la reforma del sistema de formación para el empleo. La Sala de lo Contencioso Administrativo deberá dilucidar ahora sobre el real decreto de julio que aprobó el reglamento y que tardó dos años en ver la luz tras promulgarse la Ley 30/2015.

El recurso se añade a los presentados por la CEOE, CCOO y UGT en la Audiencia Nacional contra las convocatorias de subvenciones de los años 2014 y 2016. El primero terminó con la anulación de la convocatoria porque, según el tribunal, el Ministerio de Empleo esquivó a patronal y sindicatos al aprobar las ayudas, obviando un informe “preceptivo y vinculante”. El segundo aún está pendiente de resolución. Pero, entretanto, un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid ha anulado ya, a instancias de UGT, parte de la convocatoria de 2016, y lo hace por el mismo motivo que esgrimió la Audiencia Nacional en su día: que sindicatos y patronal han sido excluidos del órgano colegiado que estudia las solicitudes de subvención de los cursos. Ahora se le abre a Empleo un nuevo frente judicial, esta vez en el Tribunal Supremo y contra el desarrollo de la reforma del sistema.

Aformae es una asociación que agrupa a 78 empresas de formación de toda España y cuyo objetivo desde que se creó, hace dos años, es combatir la reforma y que se promulgue una nueva ley “consensuada con el sector”, explica a infoLibre su presidente, José Luis García Guglieri. La reforma, protesta, ha infligido “un gran daño” a las empresas, consecuencia de una “legislación ambigua, que provoca una gran inseguridad jurídica”. Guglieri asegura que los planes de inspección del Ministerio de Empleo están haciendo “desaparecer” a las empresas de formación. El presidente de Aformae habla de “persecución” de los inspectores de Trabajo adscritos a la unidad especializada en controlar las actividades de formación, creada por el Gobierno en 2015. “Primero el SEPE impone sanciones administrativas y luego actúa la Inspección”, explica Guglieri, que es propietario de la empresa Cervantes Multimedia. “Dos años después de haber impartido los cursos, pueden obligarte a devolver las subvenciones y sancionarte con 6.000 euros por curso, lo que supone 1,2 millones de euros”, detalla, “y te obligan a cerrar”.

El presidente de Aformae dice que las sanciones pueden ser “porque el tutor de un curso no tenga suficiente currículo, porque falte algo en la documentación, porque los contenidos no sean de suficiente calidad…”. El problema estriba en que “nada de eso está en la normativa, estamos al albur de las interpretaciones de los inspectores”, denuncia Guglieri. No sólo se trata de “indefensión”, sino también de la “imagen criminalizada” que se da del sector, protesta.

La formación es un sector “crítico para la competitividad” que ha recibido un “tratamiento muy específico de la Administración, como colaborador necesario para las políticas de empleo, pero sin tener en cuenta que también son empresas privadas que tienen que ganar dinero”, destaca el presidente de Aformae. “En su lugar”, continúa, “con la nueva normativa nos han hecho tragar la rueda de molino de las subvenciones, de que no podemos obtener beneficio”. “Que nos dejen ganar dinero”, pide.

“El divorcio es total”

En cualquier caso, José Luis Guglieri asegura que a su asociación le llegan más denuncias por la formación bonificada –la que organizan las empresas de todos los sectores a cambio de descuentos en sus cotizaciones a la Seguridad Social– que por la formación subvencionada. Pero denuncia, al igual que ya han hecho otras empresas de formación y la patronal CEOE, que con las condiciones impuestas para recibir las subvenciones se están multiplicando las devoluciones, ante el temor a perder dinero. “La Administración no se fía del sector y el sector no se fía de la Administración”, reconoce, “el divorcio es total”. Y el resultado es un sector “convulso”, subraya, y en peligro de extinción: “Están eliminando el tejido empresarial, y si no hay empresas de formación, ¿quién va a impartir la formación?”, se pregunta.

Aformae advierte de que está a la espera de que Empleo publique una próxima orden ministerial, que detallará a su vez el reglamento impugnado en el Supremo, para recurrirla también.

La jueza María Núñez Bolaños ha citado a declarar como investigadas a 23 personas dentro de la pieza separada de la causa donde se indagan las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta que afecta a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), todo ello después de que la Fiscalía Anticorrupción haya concluido que la Faffe realizó contratos "indiciariamente irregulares" por importe de 9.465.332 euros.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada atiende de este modo la petición realizada por Anticorrupción y cita a declarar a las 23 personas investigadas los días 16, 22 y 23 de febrero del próximo año 2018.

La juez, en esta providencia fechada el día 27 de noviembre y consultada por Europa Press, cita además a declarar los días 1 y 2 de febrero de 2018 a una decena de testigos.

Asimismo, la magistrada acuerda numerosas diligencias, como librar a oficio a la Dirección General de Formación para el Empleo para que remita el expediente de los distintos reintegros incoados contra la Faffe e informe "sobre los trabajos de justificación y liquidación previo a la integración de la Faffe en el SAE".

De igual modo, reclama a la Faffe que emita un informe sobre el estado en que se encuentran las subvenciones investigadas y del resultado de revisión de las mismas por parte del grupo de trabajo que se formó en la propia Dirección General de Formación, "debiendo emitir informe definitivo, a la mayor brevedad, sobre posible fraude de estas subvenciones".

Además, la juez libra oficio a la Dirección General de Formación para el Empleo a fin de que facilite a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "las cuentas de las empresas beneficiarias de los contratos celebrados" por la Faffe, "incluyendo la adjudicación a empresas y sociedades con adjudicaciones de contratos irregulares".

También le pide que facilite a la UCO "el repositorio de correos electrónicos" de la Fundación Faffe y que "se informe sobre la existencia del repositorio de correos electrónicos de la Fundación", así como que se facilite a la Guardia Civil "la operativa sobre los pagos con tarjeta de los ingresos contables en efectivo de la caja central".

Contratos "irregulares"

La Fiscalía Anticorrupción realizó todas estas peticiones a la juez en un escrito fechado el 6 de septiembre y consultado por Europa Press, donde considera que la extinta Faffe realizó contratos "indiciariamente irregulares" por importe de 9.465.332 euros, según se desprende de un nuevo atestado remitido al Juzgado por la UCO el pasado mes de junio.

A juicio de Anticorrupción, del informe elaborado por la Guardia Civil se desprende "con carácter de probabilidad o verosimilitud que la fundación habría adjudicado la mayoría de los contratos tramitados entre los años 2008, 2009 y 2010 mediante procedimientos de adjudicación simplificados, adjudicación directa, general y simplificados con y sin publicidad, que según la normativa tendría carácter excepcional".

Según expone el Ministerio Público, estos contratos "supondrían una quiebra a los principios de libertad de acceso a las licitaciones y de publicidad, obstaculizando de este modo la competencia y convirtiéndolos en procedimientos con un determinado grado de opacidad y, por tanto, con mayor índice de riesgo y conductas irregulares".

Prevaricación y malversación

La Fiscalía considera que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y el importe total de los contratos presuntamente irregulares superaría esos nueve millones de euros, repartidos entre diversas empresas.

Al hilo, precisa que, para llevar a cabo el supuesto fraude, se habrían utilizado una serie de instrumentos como el "fraccionamiento" de los contratos; la utilización en la tramitación de procedimientos "urgentes"; la "influencia" de las empresas adjudicatarias en la designación de las sociedades participantes; la utilización de ofertas de resguardo por empresas instrumentales; y las modificaciones contractuales, en especial la prórroga.

También alude a otros instrumentos como la participación de la empresa adjudicataria en la aprobación del presupuesto, o la participación en los procedimientos de contratación de empresas vinculadas.

La Fiscalía concluye igualmente que las actuaciones realizadas en esta investigación "habrían confirmado la existencia de indicios delictivos en los procedimientos de contratación de la Faffe", de acuerdo con la documentación recabada, el informe de auditoría y las declaraciones de los empleados.

El Gobierno cambió el sistema de formación profesional para el empleo en una reforma que presentó como urgente en 2015 y que ha arrancado con retraso –el decreto que la desarrolla no se aprobó hasta el pasado mes de julio– y con todo tipo de problemas: la Audiencia Nacional anuló la convocatoria de subvenciones de 2014 y tiene pendiente pronunciarse sobre la de 2016, tras ser denunciadas ambas por la patronal y los sindicatos, además de que un juzgado de lo Contencioso acaba de anular parte de esta última.

El Ministerio de Empleo ha publicitado como uno de los cambios más importantes de la reforma la “apertura de la gestión de los fondos” para financiar los cursos de formación a la “concurrencia competitiva”. Sindicatos y patronal dejaban de ser “juez y parte” en el reparto del dinero. Y las empresas de formación pasaban a impartir directamente los cursos, tras competir entre ellas por las subvenciones, en lugar de ser subcontratadas por los agentes sociales como antes.

El pasado mes de mayo se aprobó la lista provisional de adjudicatarios de las ayudas y aún no se ha cerrado el procedimiento. Pero desde entonces un buen número de empresas han renunciado a las subvenciones que les fueron concedidas. Según los datos a los que ha tenido acceso infoLibre, a fecha del pasado día 15 de noviembre han devuelto o renunciado a un total de 9,71 millones de euros en subvenciones. De los 402 planes de formación con propuesta de aprobación, 28 han quedado en el cajón. El plan de 2016 ascendía a un total de 250 millones de euros, pero sólo se han aprobado 198,6 millones. Es decir, más de 52 millones de euros han terminado en el limbo. Fuentes de la CEOE, además, calculan que al final del procedimiento el importe de los desestimientos puede dejar pequeños los 9,7 millones de euros actuales y superar los 20 millones.

El pasado octubre, el sindicato CCOO ya avanzó que el 26% de los sectores productivos se habían quedado sin cursos de formación en la convocatoria de 2016 porque no habían concurrido empresas de formación interesadas en impartirlos. CCOO advertía igualmente de que el 48% de los sectores han perdido casi 50 millones de euros que no se pudieron adjudicar por falta de solicitudes.

Riesgo de perder dinero

“Somos empresas que tienen una actividad económica pero nos han puesto bajo el paraguas de las subvenciones, el sistema que funcionaba para los agentes sociales, aunque para nosotros no tiene sentido”, lamenta María Jesús Pérez Ruiz de Valbuena, consejera delegada de Adams, una de las grandes consultoras de formación. Las subvenciones impiden a los adjudicatarios obtener un beneficio económico: tienen que justificar hasta el último céntimo que reciben. El 90% del dinero debe ser destinado a sufragar los costes directos –profesores, instalaciones, material–. El problema, explican las empresas con las que ha hablado este periódico, es que el 10% reservado a costes indirectos es insuficiente. Antes era el 20%. Los costes “comerciales” –de captación de alumnos, por ejemplo–, que son “imprescindibles”, subraya María Jesús Pérez, pueden llegar a suponer “un 20% o 30%” de la cuantía percibida y quedan excluidos de esa partida mínima de costes indirectos. De manera que corren a cargo de la propia empresa, que asume así un “riesgo tremendo”. No es que no ganen dinero, sino que incluso temen perderlo aceptando la subvención. “Gastando tanto dinero en la captación de alumnos se pone en riesgo la calidad de la ejecución y nosotros nos ponemos en riesgo económico de sufrir pérdidas importantes”, advierte el responsable de otra empresa que ha renunciado a la convocatoria y pide el anonimato.

Además, el sistema de penalizaciones aplicado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), responsable de la concesión de las ayudas, resulta “muy agresivo” e incluso “irracional”, protestan las empresas de formación. Los incumplimientos les suponen minoraciones “altísimas” en la cuantía de la subvención percibida. “Aunque haya ejecutado ya el 80% del plan, y por tanto habiendo invertido muchísimo dinero, puedo tener que devolver la ayuda íntegra”, destacan. Ya sea porque no han cumplido los porcentajes establecidos de participantes pertenecientes a colectivos prioritarios –mujeres, mayores de 45 años, parados de larga duración…– o porque no han conseguido alumnos en todas las comunidades autónomas, por ejemplo.

Las empresas recalcan mucho la importancia de la labor de captación de alumnos que deben hacer. “La tasa de abandonos es tan alta que debemos calcular siempre un 20% más de los alumnos previstos para cumplir con el 100%”, explica la responsable de Adams. Además, el SEPE ha prescindido de los desempleados como participantes en los cursos, pese a que la convocatoria establece que puedan incluirse hasta un 30% de parados. “Diseñamos los planes contando con ese 30%, al desaparecer nos los han descabalado, lo que puede suponer que incurramos en desviaciones [de los objetivos] o incumplamos el principio de territorialidad”, apunta María Jesús Pérez, “y eso nos puede obligar a devolver toda la subvención”.

“Todos somos sospechosos”

Todas las empresas consultadas coinciden en que el SEPE los trata como a “sospechosos”. Y culpan a los “abusos anteriores” que sindicatos, patronal y algunas empresas infligieron al sistema de formación de que Empleo haya optado por unos “criterios tan puramente intervencionistas”. La CEOE habla de criterios “intransigentes e inflexibles”. “Las bases son imposibles de cumplir”, sentencian las empresas.

Otra de las quejas repetidas se refiere al pago de la subvención. El abono anticipado tiene un límite máximo del 25% del importe concedido. Una vez empiezan los cursos, se les paga un 35% adicional. El último plazo, el 40% final, sólo se hará efectivo al acabar los cursos y tras justificar la actividad, sin más precisión. El retraso en el ingreso de la subvención provoca “tensiones de tesorería por valor de ese 40%”, advierten las empresas de formación, que se ven “en la práctica, financiando a la Administración”. Los costes financieros tampoco pueden incluirlos en la justificación de las subvenciones.

Como ejemplo de la “inseguridad” que supone participar en la convocatoria con la actual regulación, las empresas recuerdan que este mes el SEPE ha empezado a pagar el primer plazo de las subvenciones de la convocatoria de 2014, aprobadas en marzo de 2016. “Es decir, un año y ocho meses después”, destacan, “y eso, naturalmente, nos parte por la mitad”.

El resultado es que una de las empresas con las que este periódico ha hablado, y que se presentó en un programa agrupado junto con otras 14 más, sólo va a ejecutar uno de los cinco planes inicialmente adjudicados, “el más seguro”. También que no sólo empresas especializadas sino también patronales y sindicatos que se habían presentado a la convocatoria han desistido de impartir cursos. Es lo que ha ocurrido con el Instituto Superior de Estudios Empresariales, el centro de formación de la CEOE, al que se le concedieron dos subvenciones por un importe total de 2,58 millones de euros. Y con Confemetal, la patronal del sector del metal, que ha renunciado a parte de los 1,28 millones de euros que le fueron adjudicados en cuatro subvenciones.

“Esta convocatoria ha sido un suplicio”, señala la responsable de una de las empresas consultadas. “Un drama”, abundan las fuentes de la CEOE. Por eso piden que se cambien las subvenciones por “módulos económicos”, sugiere María Jesús Pérez, o por concursos públicos o por el cheque de formación, que permite altrabajador canjearlo por la formación que desee. “No tiene sentido que las empresas de formación seamos las beneficiarias del sistema”, añade, “deben serlo los alumnos”. Sin embargo, el pasado mes de septiembre, Empleo eliminó los incentivos para el uso del cheque de formación, presionado por las comunidades autónomas. Tampoco cuenta con el apoyo de los sindicatos.

Cambio en la dirección del SEPE

El Ministerio de Empleo quita hierro al problema reduciéndolo a “quejas por motivos burocráticos”. “Todos los años se producen renuncias y desestimientos”, responde a infoLibre. “En esta ocasión ha podido influir la coincidencia con convocatorias autonómicas”, apunta un portavoz del departamento dirigido por Fátima Báñez.

Pese a que el ministerio no reconoce oficialmente el problema, las empresas de formación aseguran que le han puesto encima de la mesa todo el catálogo de dificultades que les supone la normativa, y que están dialogando para encontrar nuevas fórmulas. El relevo en la dirección del SEPE el pasado enero, cuando Julio Martínez Meroño sustituyó a Reyes Zatarain, ha supuesto un cambio de actitud considerable, coinciden todas las fuentes interpeladas. “Ahora hay buena disposición, con la anterior dirección era imposible”, resaltan. Aunque una de las empresas matiza que los cambios incluidos en el borrador de la convocatoria de 2017 son “mínimos”, por lo que sólo participarán después de estudiar detenidamente los requisitos y comprobar cuáles van a ser las penalizaciones.

En estos momentos, los agentes sociales negocian con Empleo las condiciones de la convocatoria de formación en competencias digitales, presupuestada en 60 millones de euros, que la ministra anunció hace sólo tres semanas. CEOE alaba el cambio de comportamiento que ha advertido en el SEPE en esta mesa. “Pedimos más libertad en la ejecución”, resume una de las empresas. “Flexibilización de los criterios”, insiste la CEOE, algo indispensable para que sobreviva un sector que, según dice, “está agonizando”. Menos interés en la “auditoría y el control, en perseguir a los alumnos” y más valorar la calidad de las empresas y la ejecución”, propone otra consultora.

El ministerio sólo responde que ya se han pactado mejoras para próximas convocatorias y que, en cualquier caso, “el sistema está en permanente revisión y mejora técnica en el marco del diálogo con el patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) [encargada de coordinar la ejecución de los planes de formación] y en las mesas de negociación con los agentes sociales”.

¿Cómo un caso de corrupción de portada —con sus detenidos, sus paseíllos camino de los juzgados, sus interrogatorios, sus imputados y hasta sus dimisiones, con sus informes policiales y sus autos demoledores— puede acabar convertido en un azucarillo disuelto en el agua de una sentencia? ¿Falla la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil? ¿Falla la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional? ¿Falla la instrucción del procedimiento? ¿El juez, el fiscal? ¿Falla el sistema en su conjunto? Según jueces y fiscales, no tiene por qué fallar nada. Es una posibilidad consustancial al funcionamiento de la justicia.

Puede haber, por supuesto, informes policiales más o menos atinados, resoluciones judiciales peor o mejor enfocadas, pero, según los juristas consultados por infoLibre, el sistema judicial está organizado y regulado de tal forma que es perfectamente normal que un caso investigado por la policía en el que juez instructor, fiscalía y acusación particular ven una trama delictiva quede reducido a la nada, a meras sospechas sin relevancia penal alguna, cuando es examinado por un juez juzgador. "Desde el punto de vista periodístico, una sentencia absolutoria es siempre un palo para el juez instructor o la fiscalía. La gente lo puede ver así. Pero desde el punto de vista profesional no debe serlo. Claro, salvo en el caso de que en la sentencia no haya sólo una interpretación diferente de los hechos, sino que se diga que la instrucción se ha realizado mal", señala Jesús Alonso, fiscal jefe de la Audiencia Nacional y portavoz de la Asociación de Fiscales (AF).

Alonso no desciende al detalle de casos concretos, pero sí ha habido palos evidentes que, aun teniendo cabida en el funcionamiento normal de la justicia, han puesto todo el foco en los responsables de las investigaciones. "Ahora mismo [la jueza] Alaya está tocada, eso está claro. Lo que montó alrededor de los cursos de formación, con la supuesta red clientelar, y de Mercasevilla, con todo lo que supuso, se ha venido abajo", señala un abogado, que pide anonimato por trabajar en casos abiertos sobre los que Alaya puede tener algo que decir. Y añade: "Además los autos han dejado perlitas, pistas que vienen a decir, más o menos claro, que las cosas no se hicieron bien". Dicho de otro modo, que Alaya convirtió suposiciones en hechos sin suficiente base.

No obstante, este abogado sí subraya que la instrucción de Alaya por el caso de las mordidas de los dos exdirectivos de Mercasevilla acabó en condena firme, y que el hilo del ERE con intrusos de la lonja sevillana del que ella tiró fue el que permitió descubrir el escándalo de los ERE falsos a nivel regional, cuyo primer juicio está previsto para diciembre y sentará en el banquillo a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Aunque hay decenas de piezas más abiertas en los ERE, es en la rama política en la que Alaya se juega el crédito de su instrucción más relevante.

La instrucción de la formación, que también consumió toneladas de papel de periódico y horas de informativos, terminó frustrada. La jueza María Núñez, que sustituyó a Alaya en la investigación del caso, no se limitó a archivar la causa, que había sido uno de los mayores escándalos políticos de la presente década en Andalucía, sino que acusó a Alaya de haber montado, sobre la base de informes de la UCO basados en "hipótesis", una serie de "teorías sobre conspiración y tramas delictivas". Ha sido de los mayores mazazos entre jueces que se recuerdan en Sevilla. Alaya y Núñez tienen una relación de abierta rivalidad profesional.

'Mercasevilla': ¿dónde están las pruebas?

A diferencia de la llamada pieza política de los cursos de formación, el caso Mercasevilla, también instruido por Alaya, sí llegó a juicio. La sentencia, conocida esta semana, reduce el escándalo que puso contra las cuerdas a PSOE e IU en 2011 a "meras sospechas" sobre un supuesto interés nunca demostrado por beneficiar a una empresa en un concurso público. Y lo que es más grave aún: según la sentencia, incluso de haber existido este interés en haber beneficiado a la empresa, no hubiera habido delito, porque en todo caso no se produjo un fraude a las arcas públicas. Sin expresarlo directamente, el razonamiento jurídico apunta a que el caso no debió llegar a juicio, como sostenían las defensas de los diez acusados, todos absueltos. Mercasevilla es un ejemplo de instrucción fallida, con un alto coste durante casi una década para los acusados.

Según se desprende del fallo, no había ni siquiera un solo indicio contra Antonio Rodrigo Torrijos, exportavoz de IU en Sevilla y exteniente de alcalde, cuya carrera política empezó a irse al garete en 2011, cuando se presentó imputado a las elecciones, y que acabó dimitiendo en 2013. Torrijos ni participó en la mesa de contratación que Alaya veía amañada, ni en la baremación, ni en la decisión final de la ganadora, ni mucho menos manipuló el proceso, según la sentencia, que no tiene que dedicarse a desmontar pruebas porque, según explica, no las había.

¿Cómo pasan cosas así? Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia, tampoco comenta casos concretos, pero aporta un punto de vista que pone el foco en "las acusaciones", entre ellas la fiscalía: "Es exagerado pensar que esto de las absoluciones [en casos de corrupción] es una cosa de ahora, ha pasado siempre. Los casos de corrupción son muy complejos, con muchos acusados, muchas pruebas, en ocasiones con comisiones rogatorias, muchos recursos de las defensas... Luego puede ser verdad que hay casos que sencillamente no deben llegar a juicio, y que llegan a pesar de prueba escasa. Esto puede pasar. Pero para eso están las acusaciones. Si no consideran que haya prueba, no deben acusar".

'Guateque': carpetazo sin entrar al fondo

Esta semana se ha producido otra absolución en un caso de impacto. La Audiencia de Madrid ha exculpado a todos los acusados del conocido como caso Guateque tras considerar que las pruebas practicadas durante la instrucción son nulas y carentes de validez, ya que la grabación magnetofónica que dio origen a la investigación judicial fue realizada sin autorización judicial. En el banquillo se sentaban 30 acusados de integrar una trama de concesión de licencias exprés en el Ayuntamiento de Madrid durante la etapa como alcalde de Alberto Ruiz Gallardón (PP).

El escándalo arrancó en noviembre de 2007, hace casi diez años, con la detención de 16 personas. Esta sentencia es distinta al archivo de la formación o la absolución de Mercasevilla, porque no entra al fondo de la cuestión, al considerar que todo el proceso está viciado de origen. Los magistrados sostienen que, en contra de lo recogido en el atestado de la Guardia Civil, fueron agentes de este cuerpo quienes entregaron al denunciante del caso una grabadora y una cinta para que grabara una conversación. Al ser falaz el atestado, muere el caso (si bien aún cabe recurso, al igual que en la venta de suelos de Mercasevilla).

La doctrina "del fruto del árbol envenenado"

El varapalo a la Guardia Civil fue de tal calibre que el jefe de la investigación, José Luis Cebrero, tuvo que salir en su defensa. "Hubo una intervención de un señor que estaba harto de sacar dinero para obtener licencias y grabó a uno de los que le estaba proponiendo el dinero que tenía que dar a determinados funcionarios para la licencia", explicó Cebrero. "Una vez que consigue la grabación, el señor la entrega en la Guardia Civil, que se la entregó al juez", añade. Ahí, en la letra pequeña, acaba residiendo la clave de un caso que conmocionó la política madrileña hace diez años: en cómo se gestó la obtención de una grabación, no en qué se terminó descubriendo a raíz de la misma.

Se aplica aquí "la doctrina del fruto del árbol envenenado", en palabras de Emilio Fernández, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Si el árbol está podrido, se consideran podridos todos sus frutos, aunque alguno fuera comestible. Si está mal el cómo de la investigación, ni siquiera importa el qué. Los juicios democráticos también deben garantizar que las investigaciones previas al mismo se han realizado conforme a la ley. En las decisiones de los jueces pesa la certeza de que sus sentencias serán recurridas y que en una instancia superior todo puede acabar en papel mojado si no ha sido garantista. Mejor dar el palo, que recibirlo.

Prevaricación, cohecho, tráfico de influencias...

Las exculpaciones en casos que arrastran años de escandalera político-mediática, como Mercasevilla, la formación o Guateque, tienden a dejar un poso de insatisfacción popular, una sensación de incapacidad del sistema para alcanzar la verdad. "Se van de rositas", dice la expresión corriente. Pero cuantitativamente los datos disponibles no indican que las absoluciones sean la moneda corriente.

Entre la segunda mitad de 2015 y todo 2016, los jueces españoles llevaron a juicio a 659 acusados en 112 procedimientos por delitos de corrupción política, que con el criterio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abarca prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y malversación, pero deja fuera el blanqueo de capitales. Hubo 79 condenas, el 70%. Más complicado es cuantificar cuántos casos quedan por el camino antes de llegar a juicio, dato no especificado como tal ni en la memoria de la fiscalía ni en el informe del CGPJ.

Diez años bajo sospecha para acabar libre

Emilio Fernández, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, reconoce que cuando un caso llevado a juicio acaba en absolución se produce "una insatisfacción, porque no se ha cumplido el objetivo", pero lo enmarca en la normalidad del funcionamiento de la justicia. Sí se muestra convencido de que el problema está en la excesiva duración de los procedimientos, derivada de la falta de medios.

Las demoras acrecientan la sensación de que los casos se convierten en una enorme bola que, si hay absolución, provoca la sensación de tiempo perdido. "No tiene sentido que se tarde diez años en enjuiciar. Eso es malo seas culpable o no lo seas. Si no lo eres, más. Al final se te puede ir una cuarta parte de tu vida en un proceso", explica. En el caso de Rodrigo Torrijos, que acabó dimitiendo en 2013, a lo largo de estos años de imputación y acusación ha enfermado. Fue el único imputado que no fue —no pudo ir, por su enfermedad— a la lectura pública del fallo, que tuvo lugar el martes en Sevilla. El fiscal Fernández no cree que la solución a estos desajustes esté en acortar los plazos de instrucción, medida a la que se opone, sino en dotar de mayores medios a los juzgados. Vuelta al debate de siempre: la necesidad de recursos para sostener las instituciones del Estado y la garantía de los derechos básicos.

Juez que investiga, juez que sentencia

Parte de la explicación del poso de insatisfacción que dejan las absoluciones está en los tiempos, tan distintos en lo judicial y lo político-mediático. El proceso penal, tras iniciar su camino con una demanda, se divide grosso modo en dos etapas. En la instrucción un juez determina los hechos que serán objeto del procedimiento penal y los delitos que podrían suponer, de lo que se derivan las imputaciones. El juez ordena registros y detenciones e incluso encarcelamientos preventivos si considera, por ejemplo, que hay riesgo de fuga o destrucción de pruebas. También recaba testimonios y peritajes. Durante la instrucción va dictando resoluciones que guían su investigación, que concluye con un auto de apertura de juicio, con el que empieza la segunda etapa.

En el juicio es donde se presentan ante un juez o un tribunal todas las pruebas con detalle. El imputado ya ha pasado a acusado, porque la fiscalía (y también, si las hay, las acusaciones particulares) le atribuye unos delitos concretos y pide para él unas penas específicas. Examinadas las pruebas y oídos a acusados y testigos, la sentencia establece si las conductas se ajustan a tipos delictivos recogidos en el Código Penal y, en caso afirmativo, el juez o el tribunal imponen una condena. Los fallos pueden ser recurridos, según el caso, ante la Audiencia Provincial, el tribunal superior de la comunidad o el Supremo. Finalmente se hacen firmes e irrevocables. En el caso Mercasevilla, desde el inicio de la instrucción hasta la primera sentencia han pasado ocho años; en Guateque diez. Ahora vienen los previsibles recursos, nuevas sentencias...

Parsimonia judicial, frenesí político

Los tiempos de la política y los medios de comunicación suelen estar más marcados por la urgencia. Desde que se produce la demanda, más aún desde que hay detenciones e imputaciones, sobre todo de políticos, el caso es objeto de atención pública. La demanda de la fiscalía, los autos del juez, las declaraciones de los testigos e imputados, los informes de la Guardia Civil y de la Policía y partes del sumario incluso cuando es secreto y no lo conocen ni los imputados acaban en manos de periodistas y partidos. Los partidos pueden ser además acusación particular y estar al tanto de cada novedad para informar sobre ella bien públicamente en ruedas de prensa o a los periodistas que consideren oportuno, que obtendrán así información exclusiva. Es una rueda que no para.

Diversas fuentes aportan además información de las pesquisas que va realizando fiscales y policías, que son publicadas y sobre cuya base los partidos piden explicaciones y dimisiones. Esto se agrava por la habilidad de algunos jueces para introducir en los autos vistosas apreciaciones, a menudo subjetivas, breves y atractivas, fáciles de retener y que caben en un titular. Alaya es conocida por ello. En una ocasión llegó a recibir una reprimenda de la fiscal jefe de Sevilla, Mercedes Segarra, por lo que consideró "expresiones gratuitas" en una resolución. "No es oportuno perderse en reproches que no conducen a nada, pues lo importante es que la investigación llegue a buen fin", dijo Segarra. Pero, ¿quién puede negar el interés público de que una juez vea que tras un caso de corrupción en Andalucía se escondía una "red de clientelismo"?

El caso de los 3.000 millones

Con estos elementos, todo se pone a girar en torno a una investigación que no ha obtenido todavía ninguna conclusión definitiva. Por ejemplo, el caso de la formación ha sido durante años el caso de los "3.000 millones". Ésta era una cifra aflorada en un informe de la Guardia Civil de 2015, que a su vez hacía referencia a una estimación de la Intervención de la Junta sobre la cantidad total de las subvenciones no justificadas vencido el plazo para hacerlo entre 2005 y 2013. Es decir, no era dinero defraudado. Pero eso es demasiado largo. Incluso una vez archivado el caso, algunos se preguntan: ¿Y dónde fueron a parar los 3.000 millones? En realidad las cifras son otras. La Junta aún intenta reintegrar 143 millones de ayudas sin justificar debidamente y dejó de gastar 800 millones por la paralización de los cursos cuando se conocieron las irregularidades.

Cuando empieza el torbellino alrededor de un caso sometido al bombardeo de autos, fuentes e informes, los argumentos de las defensas a menudo son desoídos o ni siquiera forman parte del debate. Es lo que se conoce como "juicio paralelo" o "pena de telediario". Por supuesto, no es lo mismo que la información contrastada que sobre hechos relativos a una investigación en curso pueda realizar un medio de comunicación.

La Guardia Civil no califica

Se da el caso de que, con la instrucción aún en fase inicial, un informe policial puede hacer ya un relato de hechos. El fiscal Jesús Alonso advierte:"Un informe policial no califica [no dice que supuestos delitos se han cometido]. Ofrece hechos, desde el punto de vista de la investigación policial. Estos pueden apuntar a un delito, pero eso corresponderá a los jueces". Es posible leer en ocasiones titulares que dicen "la Policía imputa" o "Imputado por la Guardia Civil". Cuando tal cosa ocurre alguien se ha excedido: o el cuerpo policial o el periodista.

También los escritos de los fiscales deben ser descriptivos, señala el fiscal Alonso, aunque finalmente deberá haber una calificación y una acusación concreta. Quedan al margen de cualquier papel en el proceso judicial informes de autoría inespecífica, filtrados a la prensa, en ocasiones con intenciones políticas, que nunca acaban en ningún sumario pero sí en las cabeceras de los medios que les dan credibilidad y se los atribuyen a "la Policía" o incluso a "Interior".

Dos hechos, dos interpretaciones

Cuando el caso llega a juicio es porque la acusación ha considerado que hay suficiente material para acusar. Pero la última palabra la tendrá el juez o el tribunal que dicte sentencia. Y ahí puede resultar, por ejemplo, que la alambicada trama delictiva que vio Alaya en Mercasevilla quede reducida a la nada a los ojos de Yolanda Sánchez, la juez que ha dictado sentencia sobre el caso. ¿Cómo puede ser posible? ¿Es que no están los jueces de instrucción y fiscales tan obligados como los que dictan sentencia a extremar el rigor?

"Se produce una contradicción curiosa", reflexiona el fiscal Jesús Alonso. "A los fiscales nos critican porque actuamos bajo principios de dependencia jerárquica y unidad de actuación, es decir, teniendo siempre el mismo criterio en todas partes. A los jueces se los critica porque cada uno dice lo que quiere sobre los mismos hechos". Pues sí, en palabras de Alonso, "lo que para un juez puede ser un sospecha no corroborada, insuficiente para enervar la presunción de inocencia, otro lo puede ver de otra manera".

Las vías penales hasta la cúspide del Tribunal Supremo, donde se unifica criterio y se sienta jurisprudencia, permiten reducir el margen de discrecionalidad. Tanto la sentencia de Mercasevilla, como la de Guateque, como el archivo de formación deberán previsiblemente pasar por recursos en contra examinados por ojos de jueces distintos. Son esos, los jueces que juzgan —no los instructores, ni los fiscales, ni los policías, ni los guardias civiles, ni los políticos— los que establecen la verdad judicial, los que deciden si una persona es culpable y merece una condena.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha requerido a 41.200 empresas para que devuelvan las bonificaciones de las que se beneficiaron en el pago de cuotas a la Seguridad Social por formar a sus trabajadores. Tras cruzar la vida laboral de estos empleados/alumnos con los datos que de ellos posee la Seguridad Social, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae, la antigua Fundación Tripartita), encontró irregularidades en 68.910 empresas, a las que en enero reclamaba un total de 31,25 millones de euros por esas subvenciones de cuotas indebidamente aplicadas en 2015. Cuatro meses después, el pasado mayo, el Ministerio de Empleo remitió al senador de Podemos Óscar Guardingo Martínez el listado de las empresas a las que se les reclama la devolución de las bonificaciones. En una respuesta escrita, se incluyen los nombres de esas 41.200 empresas, entre las que figuran algunas de las principales compañías del país: Mercadona, Inditex, Ikea, Vodafone, Mapfre, Telefónica, Renault o ING, por ejemplo.

Las afectadas que en enero recibieron el resultado de “no conforme” pudieron presentar alegaciones, pues no siempre se trata de ilegalidades. De hecho, la CEOE asegura que en el 25% de los casos se trata de “meras cuestiones formales”, de errores que se subsanan. De ahí, la variación en el número de empresas del primer listado al segundo. La ley establece que sólo pueden participar en estos cursos asalariados que coticen en concepto de formación profesional –es con esta cuota, el 0,7% de la nómina, con lo que se financian–. De los 2,37 millones de trabajadores inscritos para formarse con cargo a sus empresas, 30.035, el 1,27%, incumplían este requisito básico, según el informe elaborado en enero por la Fundae. La mayoría –11.229– figuraban en una empresa distinta a la comunicada a la fundación, otros cobraban prestaciones de desempleo, no estaban dados de alta en la Seguridad Social, e incluso 4.727 eran en realidad autónomos.

Mientras la patronal defiende que la formación bonificada es la que mejor funciona, porque nadie mejor que las propias empresas conocen sus necesidades, los sindicatos sitúan el grueso del fraude en las empresas más pequeñas y en las llamadas “entidades organizadoras”, consultoras de formación que también ayudan a las pymes a gestionar sus créditos. El 61,5% de las empresas que optaron en 2015 por este tipo de cursos tenían menos de cinco trabajadores. Pese a que la mayoría de las empresas del listado remitido por Empleo son, en efecto, sociedades limitadas, también aparecen algunas de las mayores compañías de la economía nacional. Así, a las ya citadas, se les añaden Repsol y Unión Fenosa entre las energéticas; grandes del automóvil como Peugeot, Volvo, Scania, Man, Mercedes Benz, Nissan y Volkswagen; las mayores constructoras, Ferrovial, ACS, Acciona, FCC, e Ibercaja, Bankinter, Cofidis y BNP Paribas en el sector financiero.

Clubes de fútbol, 'El Mundo', Aguirre Newman

Llama la atención también la profusión de clubes de fútbol. Empleo reclama dinero al FC Barcelona, el Atlético de Madrid, el Getafe, el Rayo Vallecano, el Villarreal y el Éibar entre los de Primera División. Entre los de Segunda, a la Unión Deportiva Almería y al Huesca. Incluso la Liga Nacional de Fútbol Profesional, y la Sociedad Española de Fútbol Profesional, que también preside Javier Tebas, tendrán que devolver las bonificaciones indebidamente aplicadas a las cuotas de sus trabajadores. El Joventut de Badalona de baloncesto figura igualmente en el listado remitido por Empleo.

Los mayores grupos de comunicación deberán igualmente ajustar cuentas por los cursos de formación que impartieron a sus empleados en 2015. Atresmedia –Antena 3, La Sexta, Onda Cero–; Comeresa Prensa, la sociedad instrumental encargada de tecnología, producción y sistemas del grupo Vocento –Abc, El Correo Español, El Norte de Castilla–, Unidad Editorial –El Mundo, Marca, Expansión– y Ecoprensa, que edita El Economista, aparecen en la lista de empresas. Como también dos periódicos del grupo Prensa Ibérica, Faro de Vigo y La Provincia, Diario de Ibiza, Última Hora, Diario de Navarra y el digital Vozpopuli.

Las farmacéuticas Grifols, Novartis y Boehringer Ingelheim, se suman a otras compañías como Deoleo –líder mundial en aceite de oliva–, la cementera Cemex Latam, la ingeniera Carbures, Bridgestone –neumáticos–, las tecnológicas Samsung y Ericsson, Gamesa, marcas de consumo como Freixenet, Segura Viudas, Bimbo y Panrico, Swarovski, Tous, Naturhouse, la inmobiliaria Aguirre Newman…

De la seguridad 'low cost' a los VTC y la ONCE

Además de a dos de las firmas de Miguel Ángel Ramírez, empresario canario de la seguridad privada low cost, Seguridad Integral Canaria, Ralons y Marsegur, a la líder del sector Prosegur le reclama Empleo que devuelva bonificaciones indebidamente aplicadas. O, con una actividad mucho más sofisticada, a la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid, a Bolsas y Mercados Españoles (BME) e incluso a AIAF Mercado de Renta Fija y a Iberclear, la empresa que registra compensa y liquida los valores que cotizan en los mercados.

Ares Capital, la empresa que mayor número de licencias de VTC –la competencia de los taxistas– posee en España, también ha sido requerida por Empleo. Es el caso igualmente de Ilunión, empresa de la ONCE para insertar personas con discapacidad. Y de las sociedades de estiba y desestiba de los puertos de Cádiz, La Luz, Gijón, Sevilla y Tarragona.

Aparte de las empresas, pidieron descuentos para formar a sus plantillas pero no los aplicaron correctamente organizaciones como Greenpeace, la catalana Òmnium Cultural y Cáritas Diocesana u órdenes religiosas como los Legionarios de Cristo. El PACMA (Partido Animalista) figura en la lista al lado de colegios profesionales como los de economistas, veterinarios, marinos mercantes o censores de cuentas.

Finalmente, organizaciones empresariales locales y provincial han tenido el mismo problema que Unespa –la patronal del seguro–, el Gremio de Editores de Cataluña, la UGT catalana y la de Aragón o CCOO en Murcia y La Mancha. Varias cámaras de comercio, denominaciones de origen y cofradías de pescadores aparecen en el listado, pero también la Autoridad Portuaria de Marín y Pontevedra, y el Ente Público Portos de Galicia. O sociedades municipales como la EMT –autobuses de Madrid–, la de Vivienda de Gijón y el Metro de Bilbao.

Cada vez menos empresas interesadas

En 2015 un total de 372.337 empresas obtuvieron descuentos en sus cotizaciones a la Seguridad Social por la formación que querían impartir a sus empleados. En 2016 los han solicitado sólo 368.418 empresas, lo que supone un descenso del 21,8% desde 2014. Sólo los Permisos Individuales de Formación (PIF), que la empresa autoriza y paga a los trabajadores que quieren hacer un curso, sufrió un desplome del 42,5% entre 2015 y 2016.

La CEOE culpa de la caída del interés de las empresas por este tipo de formación a la reforma de 2015, que ha aumentado la inseguridad jurídica y los controles burocráticos, además de extender la exigencia de cofinanciación a las pymes de menos de 10 trabajadores: ahora deben aportar el 5% del coste. Antes sólo se requería un 10% a las empresas de entre 10 y 49 trabajadores, el 20% a las de 50 a 249 empleados y el 40% a las que sobrepasaban esa plantilla.

El Ministerio de Empleo entregó el pasado jueves a la patronal y los sindicatos el tercer borrador del real decreto que debe desarrollar la “reforma urgente” del sistema de formación para el empleo, aprobada con una ley de 9 de septiembre de 2015. Casi dos años después, e incumplidos todos los plazos previstos, el Gobierno acaba de responder a la diputada de Podemos Yolanda Díaz que “desconoce” cuándo se aprobará ese desarrollo normativo.

La entrega del documento se produjo en la Mesa de Formación, uno de los cuatro grupos de trabajo que han creado Empleo, la CEOE, UGT y CCOO en el marco del Diálogo Social y que avanzan con gran lentitud según se quejan los tres últimos. La Mesa de Formación, por ejemplo, sólo se ha reunido dos veces, con un intervalo superior a los dos meses entre una y otra cita. Además, pese a que los agentes sociales se lo pidieron el jueves, el ministerio no ha fijado un calendario de nuevas reuniones.

Este tercer borrador obtuvo el dictamen favorable del Consejo de Estado el pasado diciembre, pero aún está lejos de ver la luz, pese a las prisas del ministerio por aprobarlo. La patronal y los sindicatos, con puntos de vista enfrentados en la mayoría de los asuntos laborales, coinciden sin embargo en rechazar la reforma del sistema de formación para el empleo diseñada por el Gobierno. Y también se oponen al real decreto tal y como lo ha redactado el ministerio. De hecho, preparan una declaración conjunta que detallará sus motivos, además de exigir cambios en la ley que desarrolla. “El sistema no funciona”, es el contundente dictamen de CCOO.

Disputas en los tribunales

El rechazo al real decreto es un nuevo episodio de la guerra que libran la patronal y los sindicatos con el Ministerio de Empleo a propósito de la formación para el empleo. Han conseguido que la Audiencia Nacional anule la convocatoria de subvenciones de 2014 y han presentado una demanda en los mismos términos contra la de 2016, que aún no ha sido resuelta.

La reforma de 2015 expulsó a la patronal y los sindicatos del control del sistema de formación para los trabajadores. Empleo justifica su decisión con el argumento de que sindicatos y patronal no pueden ser “juez y parte” en la concesión de las subvenciones. Por el contrario, CEOE, CCOO y UGT consideran “una línea roja irrenunciable” su regreso al órgano de control de los cursos, como los mejores conocedores de las necesidades formativas de empresas y trabajadores.

Ése es el centro de la disputa que une a los sindicatos y la patronal. Quieren recuperar la gobernanza del sistema, de forma que la Comisión Estatal de Formación para el Empleo, donde están representados, mantenga la capacidad de decisión que tenía antes de la reforma, planificando y distribuyendo fondos. Además, piden que el patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) vuelva a ser paritario: desde la reforma la Administración copa el 51% de sus representantes, cuando antes los asientos se repartían a partes iguales con los sindicatos y la patronal.

También reclaman al ministerio que abandone el sistema de subvenciones para financiar los cursos de formación, que consideran una fuente de fraude. En su lugar, deberían utilizarse los concursos públicos o incluso dotar de fondos a los centros públicos de formación.

Un préstamo del 10% al Estado durante 25 años

La patronal, CCOO y UGT coinciden igualmente en exigir al ministerio la reanualización de los fondos: que se utilicen en el ejercicio siguiente las cuantías que queden sin gastar cada año. Y que se haga de forma automática y con el 100% del dinero. Les acaba de dar la razón la Defensora del Pueblo quien, a instancias de la patronal catalana Cecot, ha instado a Empleo a destinar a formación la totalidad de los fondos recaudados con la cuota de Formación Profesional que pagan empresas y trabajadores. Igualmente les pide que “adopten las medidas necesarias” para incorporar los remanentes de cada ejercicio a los Presupuestos del Estado del siguiente año. El ministerio alega en su defensa que se trata de una facultad “potestativa” de la Administración. Pero la Defensora le ha recordado a Empleo que tanto el Tribunal de Cuentas como el Tribunal Constitucional y la propia ley le obligan a incorporar los remanentes al siguiente ejercicio.

Según los cálculos de CCOO, entre 2014 a 2016 se han perdido 1.089 millones de euros en convocatorias estatales y acciones programadas por las empresas. El secretario de Formación de UGT, Sebastián Pacheco, apunta que en los últimos 25 años la Administración se ha quedado con el 10% de los presupuestos anuales de formación para el empleo. “Es un préstamo que empresas y trabajadores hemos hecho al Estado”, protesta.

Sólo en 2016, el Ministerio de Empleo dejó sin gastar un total de 578,88 millones de euros de los casi 2.000 millones que tenía presupuestados para formar a trabajadores, tanto desempleados como ocupados. La cifra superó en un 33% el nivel de desaprovechamiento de los fondos de 2015, cuando el ministerio dejó sin emplear 435 millones de euros. Es decir, el año pasado sólo se utilizó el 70% del dinero disponible, que procede de las cotizaciones que pagan empresas y trabajadores, un 0,7% de su aportación por contingencias comunes.

En la convocatoria que se está tramitando este año, de los 250 millones de euros destinados a subvencionar cursos para trabajadores sólo se han repartido 195 millones. CCOO denuncia que 24 sectores productivos no recibirán ayudas y otros 64 las percibirán por debajo de la financiación que les corresponde en función de los trabajadores que tienen ocupados. “El 83% de los cursos serán de teleformación, en las cinco familias más fáciles de hacer”, lamenta el director de Formación de la CEOE, Juan Carlos Tejeda. Además, este año, asegura, han concurrido menos empresas a pesar de que se repartía más dinero que en 2015. “Ha sido una convocatoria artificial que va a tener una ejecución complicadísima”, augura. Por su parte, el secretario de Formación de UGT habla de “convocatoria fallida” y rechaza que se abra la de 2017 de acuerdo con la misma norma que, a su juicio, ha hecho “fracasar” la de 2016.

Concesiones a los agentes sociales

Francisco Moreno, adjunto a la Secretaría de Formación de CCOO, cree que Empleo ha hecho alguna “concesión” a los agentes sociales, utilizando tanto los Presupuestos del Estado como el decreto ahora en fase de negociación. Pero Moreno los considera “caramelos” para suavizar el trago de la reforma. Así, en el borrador de decreto se ha excluido a los centros concertados de la red pública de centros de formación, una reclamación sindical. Además, los Presupuestos destinan una partida de ocho millones de euros a las llamadas “estructuras paritarias sectoriales”, que incluyen tanto las comisiones en las que participan empresas y sindicatos para resolver disputas en la negociación colectiva, como instituciones con personalidad jurídica del tipo de la Fundación Laboral de la Construcción o la Fundación Laboral del Metal. CEOE, UGT y CCOO piden que se les amplíen sus funciones, que van desde la elaboración de propuestas de formación hasta la elaboración de estudios.

El Gobierno también ha asignado otros ocho millones de euros a “financiar la formación de los agentes sociales” para esas “nuevas funciones” que establece la reforma del sistema. “[A cambio, el Gobierno] Quiere que le demos un aval incondicional a una política que no garantiza el derecho de los trabajadores a la formación ni atiende a las necesidades reales de las empresas”, protesta el dirigente de CCOO.

infoLibre pidió al Ministerio de Empleo una valoración sobre el desarrollo de la reforma de 2015 y su negociación con la patronal y los sindicatos, pero no fue posible obtenerla.

CCOO ha denunciado el "nuevo fracaso" del Gobierno en formación para el empleo, puesto que la convocatoria de subvenciones de 2016 no ha agotado el presupuesto previsto y deja sin gastar 64 millones de euros, el 26% de los fondos disponibles. Según detalla el sindicato, 24 sectores productivos no han recibido ninguna ayuda y 64 han recibido subvenciones por debajo de la financiación que les corresponde en función de los trabajadores ocupados de su ámbito. Además, CCOO destaca la concentración de ayudas en un número pequeños de empresas: 19 de ellas suman 56 millones de euros y cada una participa en una media de 23 planes de formación.

El sindicato explica que muchas de esas entidades son grandes consultoras que, sin embargo, apenas disponen de aulas y plataformas de teleformación propias". Para conseguirlas firman "acuerdos de disponibilidad" con pequeñas academias, a las que atraen con su supuesto conocimiento experto de las convocatorias y a las que, una vez cobrada la ayuda, someten a sus "reglas". Estas grandes consultoras ofrecen masivamente –el 80%– cursos generalistas en modalidad online, el tipo de formación menos valorada por los alumnos y la que menor impacto tiene en su desarrollo profesional, de acuerdo con los informes de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae).

CCOO critica la "provisionalidad y el desorden" en que, a su juicio, vive la formación para el empleo desde que se aprobó la Ley de Reforma Urgente del Sistema, en 2015, que ha quitado a la patronal y los sindicatos el control de la gestión de los cursos. Según el sindicato, la falta de desarrollo normativo, el descenso en el número de empresas y trabajadores que realizan cursos, el destino de fondos de la cuota de FP a otras finalidades y el fracaso de las convocatorias de oferta y jóvenes, han deteriorado "enormemente" el sistema.

Por ello, CCOO pide crear una oferta de formación para el empleo de "calidad" a través de la red de centros públicos de formación profesional: "No hay otra forma de garantizar el derecho de los trabajadores a mejorar sus competencias y cubrir la necesidad de las empresas de mano de obra cualificada", informa Europa Press. "El Gobierno, visto el completo fracaso de su reforma, debería volver a la casilla de salida y acordar con los agentes sociales un sistema de formación para el empleo que atienda las exigencias de empresas y trabajadores, en vez atender las de las grandes consultoras de formación", agrega.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha elaborado ya la lista provisional de beneficiarios de las subvenciones para cursos de formación este año, que incluye a 530 empresas, asociaciones y organismos. En esta convocatoria el SEPE reparte 195 millones de euros, tras denegar o rechazar solicitudes por importe de otros 139,74 millones. La partida presupuestaria era de 250 millones, con lo que 55 millones se quedan sin gastar. El listado definitivo está pendiente de que se resuelvan las alegaciones presentadas para 23 expedientes. Este pasado martes la lista fue entregada por el SEPE a la patronal y los sindicatos, después de que el organismo público se la facilitara también a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF –la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía– y a la Inspección de Trabajo, para que investiguen posibles irregularidades.

Así lo explicaron los responsables del SEPE a los agentes sociales, según ha podido saber infoLibre de fuentes conocedores de la reunión. Ésta se celebró la víspera de que fueran detenidos José Luis Aneridetenidos José Luis Aneri, presunto organizador del fraude de los cursos de formación en Madrid; el prestamista Antonio Arroyo y el ex director general de Viajes Marsans Iván Losada, quien ya fue condenado por apropiación indebida junto al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. La Policía cree que los tres han montado una red para captar ilegalmente subvenciones públicas a la formación. El fraude, aseguran los investigadores, puede superar los 12 millones de euros.

La UDEF incluye en la trama al socio de Iván Losada, Andrés Martínez López, su socio en Fun & Rooms Hotels y copatrono en la Fun Foundation, que ambos crearon el pasado mes de junio junto a Juan Francisco Rallo, entrenador de figuras de la televisión como Pablo Motos o Christian Gálvez. Como ya informó infoLibre, Fun & Rooms había presentado al SEPE tres expedientes para conseguir subvenciones de formación en la convocatoria que está a punto de resolverse. El organismo se las ha denegado. El pasado mes de diciembre, Andrés Martínez López aseguraba a este periódico que Iván Losada era su amigo y su empleado. “Trabaja para mí”, explicaba, “como comercial y coordinando equipos de personal a través de Spanish Business Management”. También decía que estaba aprovechando los “contactos hoteleros de primer orden” que posee Losada, después de sus años de trabajo en el sector.

Andrés Martínez reveló entonces que Hacienda y la UDEF le habían preguntado por su relación con Iván Losada. De hecho, Fun & Rooms Hotels explota el Fun Aragon Hills Hotel & Spa, un establecimiento hotelero situado en Formigal (Huesca), que fue construido por el grupo Basgra, cuyo director general hasta 2008 fue Iván Losada. Ese año Losada pasó a trabajar como número dos de Ángel de Cabo, el liquidador de empresas que adquirió Teconsa –ligada a la trama Gürtel–, Nueva Rumasa y, finalmente, Viajes Marsans.

Siete años después, en 2015, la Audiencia Nacional condenó a Losada a dos años y medio de prisión por alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal. Tras firmar un acuerdo de conformidad, confesar los delitos y devolver dos millones de euros desviados a Luxemburgo, consiguió ver reducidos a la mitad los cuatro años y tres meses que le pedía el fiscal por el vaciamiento de Marsans. En febrero de 2016, la Audiencia Nacional le condenó además a un año más de cárcel por apropiación indebida.

Ahora, según la UDEF, se ha unido a José Luis Aneri –a quien conoció en la cárcel, según El País–para desviar ayudas públicas a la formación, mediante testaferros e intermediarios, en su mayoría de nacionalidad extranjera.

Pero la empresa de Iván Losada no es la única vinculada a personas investigadas y condenadas que solicitaron subvenciones a Empleo este último año.

También les han sido denegadas las solicitudes a la Universidad Internacional de La Rioja y a la empresa Formación Lozoya. El nexo entre ambas es Ignacio Velilla Fernández, vicesecretario no consejero y apoderado de la primera, además de administrador de la segunda. Fue condenado por el Tribunal Supremo en 2012 por su responsabilidad contable en el llamado caso Tarrío, precisamente un caso de contratos irregulares en Forcem, la fundación predecesora de la actual Fundae, que gestiona las ayudas a la formación para el empleo.

6,27 millones para las empresas de un cargo del PP

Por el contrario, sí ha recibido subvenciones Método Estudio Consultores, propiedad de Jorge Cuntín Rey, que preside a su vez el patronato de la Fundación Análisis y Formación. En el listado, al que ha tenido acceso infoLibre, figura como beneficiaria de 2,52 millones de euros en subvenciones. El pasado 7 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó remitir a la Fiscalía el procedimiento abierto contra ella por la Inspección de Trabajo, que investiga un posible fraude de subvenciones. El fiscal abrió diligencias previas y los responsables de la fundación prestaron declaración. La Inspección le había impuesto una multa de 187.000 euros por una infracción muy grave.

El caso se remonta a 2013, cuando el Ministerio de Empleo preguntó por Análisis y Formación a la Subdirección General del Protectorado de Fundaciones, dependiente del Ministerio de Cultura. La fundación había solicitado al Protectorado autorización para contratar con empresas pertenecientes a los miembros de su patronato, una de ellas la citada Método Estudio Consultores. La ley obliga a pedir permiso porque, en principio, los patronos deben ejercer su cargo de forma gratuita.

El Protectorado denegó la autorización tras detectar un “posible abuso de la personalidad jurídica de la fundación” por parte de sus patronos. Consideraba que las empresas de éstos utilizaban “de forma encubierta” la fundación para obtener subvenciones públicas que de otra forma no podían conseguir. El Protectorado destacaba también que la Fundación Análisis y Formación carecía de otros ingresos que no fueran las subvenciones públicas, por lo que “con dificultad cabe entender que esté realmente satisfaciendo, o pueda hacerlo en el futuro, intereses generales”. “A través de la fundación se están canalizando contratos a entidades mercantiles [como la citada Método Estudio Consultores] que son las que realmente realizan, con evidente finalidad lucrativa, las funciones de formación que la fundación muestra como fines propios, pero que materialmente no parece poder satisfacer por sí misma”. Según indica Alberto Martín, abogado de la fundación, las diligencias abiertas por la Fiscalía de Vigo, han sido finalmente archivadas.

Otro de los patronos de la misma fundación es César Blanco Gómez, secretario de Formación del PP de Ourense, quien administra además Academia Postal Vigo. Esta empresa y otras del mismo grupo, que comparten un “interés comercial para aprovechar sinergias a efectos de posicionamiento de mercado”, han conseguido un total de 6,27 millones de euros en ayudas públicas: Academia Postal Uno recibe 128.296 euros; Postal Escuela de Negocios, 72.717 euros; Educatic Gap, 3,29 millones de euros, y Academia Postal 3 Vigo, 2,77 millones–.

4,78 millones para Consultora San Román

A Consultora San Román le ha otorgado el SEPE 4,78 millones de euros. Pertenece a José Antonio Fernández Ramos, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Consultoría, Oficinas y Despachos y Servicios (Fenac), la patronal del sector, y presidente de la Comisión de Economía de los Intangibles de CEIM, la patronal madrileña.

El pasado mes de marzo, el Gobierno de Castilla-La Mancha cerró las agencias de colocación de Consultora San Román porque no realizaban ninguna tarea de intermediación laboral. En el mejor de los casos, recogían los currículos que les dejaban los desempleados; en otros, las oficinas estaban cerradas. Las irregularidades, constatadas en un informe de la Inspección de Trabajo de Albacete y denunciadas después por CCOO, no fueron óbice para que la Comunidad de Madrid concediera a Consultora San Román subvenciones para formación por valor de 1,54 millones de euros.

La Asociación para la Formación Integral y el Empleo Forinemas 2009 ha conseguido subvenciones por un importe total de 369.195 euros. La empresa figura en la propuesta de dictamen del PP en la Comisión de Investigación abierta en el Parlamento andaluz para investigar el fraude en los cursos de formación como una de las empresas del entramado creado por el exconsejero de la Junta Ángel Ojeda y su hija Vanessa. La red pudo defraudar hasta 52,6 millones de euros. Forinemas fue creada en 2009 por dos socios de Vanessa Ojeda Romero. Otras dos empresas, Icadepro e Integración de Nuevas Tecnologías y Formación SL, han conseguido 19.871 y 43.291 euros respectivamente. De ambas es apoderado Félix Nenclares, quien a su vez lo fue de Hasa Asistencial y Satia Tecnología y Formación, dos de las empresas de Vanessa Ojeda.

Por su parte, Criteria Recursos Humanos, una de las firmas del Grupo Business Administration, se ha hecho con 111.444 euros en ayudas públicas. El grupo compró y está explotando los materiales de Editrain, una empresa de formación que entró en concurso de acreedores en 2014, con una deuda de 6,47 millones de euros. Su fundador, Jaime Brull Fontseré, está empleado ahora en Business Administration como “asesor y consejero” de su presidente.

Los mayores beneficiarios

De los 195 millones concedidos por el SEPE, el mayor beneficiario ha resultado Adalid Inmark, que se lleva un total de 10,99 millones de euros, repartidos entre las 10 empresas del grupo. Le sigue la suma de las ayudas conseguidas por Método Estudio Consultores y Academia Postal, 8,8 millones. Los agentes sociales también han conseguido su parte en las ayudas del SEPE, pero de forma desigual. Las diferentes patronales provinciales y sectoriales suman subvenciones de 8,75 millones de euros. La mayoría pertenecen a los sectores del metal y la hostelería. UGT, a través de sus federaciones y fundaciones, recibe 7,41 millones, mientras que CCOO, gracias a su fundación, Forem, consigue 546.723 euros.

Otro de los grandes beneficiados en el reparto es Manuel Martín Martín, administrador del grupo Coremsa, que aparece tras las empresas Centro Superior de Formación Europa Sur, Levelcom Servicios y Data Control Formación. El SEPE le ha concedido un total de 7,25 millones de euros en subvenciones para cursos de formación.

El grupo Adams se ha hecho con 5,65 millones de euros en ayudas públicas y Euroformac, con 5,6 millones más. Una de las grandes del sector de formación, Femxa, ha logrado 4,85 millones de euros. La empresa gallega, que resultó implicada en la Operación Zeta, un fraude a la formación en Galicia, fue una de las empresas acusadas de hinchar su red de oficinas para hacerse con los contratos del SEPE para las agencias de colocación privadas. También han recibido subvenciones los múltiples colegios e inspectorías de la orden salesiana –1,71 millones de euros–, así como las confederaciones de colegios privados CECE –1,85 millones– y de colegios católicos CECA –358.536 millones–.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido al empresario José Luis Aneri, el presunto cabecilla del fraude de los cursos de formación madrileños, y al prestamista Antonio Arroyo, que la Policía nombró hace unos años como "el mayor estafador hipotecaria de España".

Según han confirmado a Europa Press fuentes policiales, estos arrestos se enmarcan dentro de una operación todavía abierta y con más detenidos por crear un entramado, a través de empresas y testaferros interpuestos, para conseguir subvenciones públicas con la concesión de cursos de formación para parados, al estilo de la descubierta red ilegal madrileña.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ya investigaba a Aneri tras su detención en 2014 junto al conocido empresario Alfonso Tezanos por falsedad documental y una presunta estafa de al menos 4 millones de euros con fondos para formación de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, el prestamista Arroyo fue apresado por la Policía el año pasado acusado de estafa, apropiación indebida y organización criminal. El mes pasado afrontó en la Audiencia Provincial de Madrid uno de sus primeros juicios por supuestas estafas al prestar dinero a personas con necesidades económicas urgentes, pero fue absuelto porque los hechos de ese caso concreto habían prescrito.

La Junta de Andalucía ha concedido 487.725 euros en subvenciones a la Asociación para la Formación Integral y el Empleo 2009-Forinemas 2009, pese a que figura en la propuesta de dictamen del PP en la comisión de investigación abierta en el Parlamento andaluz para investigar el fraude en los cursos de formación como una de las empresas del entramado creado por el exconsejero andaluz Ángel Ojeda y su hija Vanessa, que pudo defraudar hasta 52,6 millones de euros. Ángel Ojeda siempre ha defendido la “legalidad” de todas sus actuaciones.

La asociación, sin ánimo de lucro, fue creada en 2009 por dos socios de Vanessa Ojeda Romero, hija del exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda. Estos dos últimos fueron detenidos el verano de 2014, acusados de crear una red de 36 empresas y 14 asociaciones y fundaciones que recibieron millones en subvenciones pese a que no cumplían los requisitos legales. Los dos socios de Vanessa Ojeda son José Antonio Cárabe Álvarez y Alicia María Raigón Pleguezuelos. Vanessa Ojeda y Alicia Raigón fueron administradoras de la empresa Satia Tecnología y Formación hasta 2013.

Hay un tercer fundador, Antonio Rodríguez Sacristán, jefe de Área de Mantenimiento de Infraestructura de ADIF en Córdoba, quien dejó la asociación a los tres o cuatro meses porque se “desilusionó” con el proyecto y no tenía tiempo para preparar las clases.

La Junta de Andalucía no es la única administración que sigue subvencionando a la Asociación para la Formación Integral y el Empleo. También el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) y la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid le concedieron en 2015 un total de 688.331 euros.

En concreto, la Consejería de Empleo andaluza le ha otorgado, en una resolución del pasado día 12 de abril, subvenciones para ocho acciones formativas en la provincia de Sevilla por importe de 409.725 euros. Son cursos para grupos de 15 alumnos sobre gestión de microempresas, servicios administrativos, gestión de recursos humanos, programación informática, tratamiento de datos y alemán e inglés para gestión comercial. También le ha denegado otras siete acciones formativas por “carecer de capacidad para gestionarlas”. La asociación había solicitado ayudas por un importe total de 813.075 euros.

Además, en la provincia de Huelva se le han concedido subvenciones por 78.000 euros para impartir cuatro cursos de inglés y alemán para gestión comercial. En este caso, la Consejería de Empleo ha aprobado todas las acciones informativas solicitadas por la empresa.

Por lo que al SEPE se refiere, la asociación andaluza recibió en 2015 una subvención de 430.256 euros para cursos con compromiso de contratación. Forman parte de los programas del Sistema de Garantía Juvenil, financiados en parte por la Unión Europea. Por su parte, la Comunidad de Madrid le otorgó 258.075 euros repartidos en un total de cinco acciones formativas, también con compromiso de contratación para los alumnos.

Según ha podido saber infoLibre por las denuncias de sus profesores, la Asociación para la Formación Integral y el Empleo tiene problemas para pagar los salarios. Los formadores que imparten estos cursos son casi siempre autónomos y firman contratos mercantiles. Algunos de ellos han acudido ya a los juzgados para reclamar la deuda.La operativa del grupo Prescal

La operativa del grupo Prescal

La propuesta de dictamen del PP en la comisión de investigación andaluza detalla el sistema que utilizaba la trama de Ángel Ojeda para operar. Solicitaba las subvenciones a través de sus asociaciones sin ánimo de lucro, pues esta característica facilitaba su concesión. Después las asociaciones “subcontrataban la formación con otras empresas vinculadas al entramado, que obtenían así un porcentaje de la subvención”, al menos un 20%, asegura el informe.

Subcontratando se conseguía que las asociaciones no percibieran beneficios –carecen de ánimo de lucro–, pero las entidades vinculadas, sociedades limitadas, “les facturaban la totalidad del importe de la subvención, inflando los precios de los servicios contratados”.

Forinemas 2009 también aparece en el listado de empresas que fueron exoneradas en 2012 por la Junta de Andalucía de justificar en qué había empleado las subvenciones concedidas, de forma que pudieron seguir recibiendo más ayudas en años posteriores. En concreto, a la asociación de Alicia Raigón se le perdonó la justificación de gastos de dos subvenciones percibidas en 2011 por un importe total de 214.485 euros.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla sigue investigando el entramado del grupo Prescal, del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda. La magistrada le atribuye los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Ángel Ojeda siempre ha negado que cometiese alguna ilegalidad.

La Comunidad de Madrid ha concedido un total de 1,54 millones de euros en subvenciones para cursos de formación a Consultora San Román, la empresa cuyas oficinas de agencia de colocación fueron cerradas por el Gobierno de Castilla-La Mancha porque no realizaban ninguna tarea de intermediación laboral.

Consultora San Román y Consulta Formación, Soluciones de Aprendizaje, Evaluación y Empleo pertenecen a José Antonio Fernández Ramos, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Consultoría, Oficinas y Despachos y Servicios (Fenac), la patronal del sector. También preside la Comisión de Economía de los Intangibles de CEIM, la patronal madrileña.

En la última convocatoria madrileña de ayudas para programas de formación destinados a ocupados y desempleados, ambas empresas consiguieron un total de nueve subvenciones: seis Consultora San Román y tres Consulta Formación. Los importes van desde 70.200 hasta 379.770 euros. La convocatoria, resuelta el pasado 31 de diciembre, repartió 22,29 millones de euros con cargo a los fondos que la Comunidad de Madrid recibe del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Así se financian cursos de formación para el empleo de carácter sectorial e intersectorial, para autónomos y para obtener certificados de profesional, tanto presenciales como mediante teleformación. Los subvencionados a estas dos empresas incluyen desde clases de cocina internacional y contabilidad hasta interiorismo o certificación energética de edificios.

Consultora San Román fue creada en 1990 y dice contar con una plantilla de 800 trabajadores e impartir 400.000 horas de formación al año. Consulta Formación nació más tarde, en 2002, y su presidente ejecutivo también es Fernández Ramos. Además de los cursos subvencionados por la Comunidad de Madrid, funciona desde el pasado año como sede de exámenes en la capital de la Universidad Isabel I, una universidad privada on line con domicilio en Burgos.

Agencia de colocación con problemas

Al igual que muchas otras empresas del sector de la formación para el empleo, San Román también se constituyó como agencia privada de colocación. El SEPE le adjudicó uno de los lotes del concurso para encontrar empleo a los beneficiarios del Plan Prepara. Le correspondieron las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha. El pasado 6 de marzo el Gobierno castellano-manchego ordenó el cierre de 13 oficinas de San Román en esa comunidad, que carecían de actividad. Sólo estaban operativos, explicó entonces la Consejería de Empleo, siete locales.

Ese departamento asegura a infoLibre que informó al SEPE de la existencia de los locales “fantasma” el año pasado. Además, según publicó este periódico, la Inspección de Trabajo elaboró un informe sobre la actividad de San Román en la provincia de Albacete. Tras visitar sus oficinas, los inspectores concluyeron que la consultora “no funciona como agencia de colocación” ni “prácticamente” hace gestiones de mediación.

De los cuatro locales que poseía San Román en Albacete, sólo uno estaba abierto, pero se trataba de una asesoría donde la consultora había alquilado un despacho, que carecía de personal propio. Allí sólo se recogían currículos. Un empleado de San Román, según explicó a los inspectores el personal de la asesoría, venía de Murcia o de Madrid para llevárselos dos o tres veces a la semana. Después, a preguntas de la Inspección, la consultora reconoció que únicamente había conseguido empleo a seis personas en todo 2016.

Poco después, el sindicato CCOO visitó buena parte de los 24 centros que San Román declaraba tener en Castilla-La Mancha. Y el resultado de sus indagaciones no difirió mucho de los hallazgos de la Inspección de Trabajo en Albacete: unos centros estaban cerrados y otros sólo recogían currículos, tanto en Ciudad Real como en Toledo, Cuenca y Guadalajara.

El SEPE no sabe, pero cerró las oficinas

En ese momento, el SEPE respondió a infoLibre que desconocía el informe de la Inspección. Y que tampoco le había llegado ninguna otra denuncia sobre la falta de desempeño o alguna negligencia por parte de esta agencia privada.

Sin embargo, ANAC, la asociación que agrupa a las pequeñas y medianas agencias de colocación, envió en 2014 a la mesa de contratación del concurso, antes de ser adjudicado, escritos y pruebas sobre la precariedad de la red que San Román, y otras empresas, habían creado a toda prisa para presentarse a la convocatoria.

El pasado 22 de febrero, CCOO interpeló a los responsables del SEPE en la Comisión Ejecutiva Central de este organismo no sólo sobre el informe de la Inspección, sino también sobre el que había enviado Castilla-La Mancha. Sus responsables respondieron al sindicato que no habían “recibido” ninguno de los dos documentos. Sí pidieron un informe a la propia consultora y hablaron con sus dueños, que dijeron tener un total de 137 locales en Madrid y Castilla-La Mancha, 60 propios y 77 subcontratados con otras entidades. Si habían cerrado alguno, había sido por iniciativa propia, añadieron. El SEPE también dio por buena la afirmación de los responsables de San Román de que el número de personas que había atendido en 2016 era “correcto y similar al de otras agencias de colocación”, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico.

Por su parte, el viceconsejero de Empleo de Castilla-La Mancha, Francisco Rueda, insiste en que mandó a comienzos de 2016 un informe que examinaba a todas las agencias privadas de la comunidad autónoma. De hecho, el SEPE lo pide cada año. La Consejería de Empleo es la encargada de comprobar si éstas cumplen los requisitos que acreditaron en las declaraciones responsables que se les exige para operar. En ese documento, asegura Rueda, se incluían los incumplimientos de San Román: “A algunos demandantes de empleo los atendían en la plaza del pueblo”. Además, destaca el número dos de la consejería, las 13 oficinas señaladas no las ha cerrado, en realidad, el Gobierno manchego, sino el propio SEPE, que fue el que las autorizó. Rueda dice que a San Román sólo le quedan los locales situados en las capitales de provincia y teme por la calidad de la atención que está prestando a los desempleados residentes en los pueblos. “¿Tendrán que desplazarse a su propio coste los parados del Plan Prepara que cobran 426 euros?”, se pregunta.

Castilla-La Mancha renunció al acuerdo marco poco después de enviar ese informe, en junio de 2016. Ha prescindido de las agencias privadas y optado por “reforzar los servicios públicos”, explica Francisco Rueda. De momento, ha aumentado en 122 personas el personal de las oficinas públicas de empleo.

Un problema antiguo

La endeblez con que algunas de estas empresas montaron sus redes de oficinas se reveló nada más tramitarse el primer concurso del SEPE. Cuando se abrieron los sobres de los candidatos, en septiembre de 2014, un grupo de empresas de formación declaraba tener una red de oficinas superior al millar repartidas por toda España. Ese número multiplicaba hasta por 10 la cifra de sucursales que presentaban las grandes multinacionales de los recursos humanos como Adecco, Manpower o Randstad.

Como el 70% de la puntuación, según las condiciones del concurso, procedía del número de oficinas que aportaban las candidatas, las firmas de formación se pusieron a la cabeza de la clasificación provisional. Una de ellas era Consultora San Román.

El SEPE sospechó entonces que estas empresas habían hinchado artificialmente su red de oficinas, aprovechando que el concurso sólo les exigía presentar una declaración responsable de que contaban con un determinado número de locales, pero no necesitaban acreditarlo documentalmente. De hecho, muchas de ellas “apalabraron” acuerdos con academias de idiomas, autoescuelas, asociaciones profesionales, organizaciones de agricultores y hosteleros para construir esa red de centros. Unas lo hicieron enviándoles correos electrónicos en los que les invitaban a “colaborar con los servicios públicos de empleo” y conseguir así una “fuente alternativa de ingresos”. Otras incluso utilizaron operadores telefónicos.

Por eso el SEPE exigió enseguida a estas firmas de formación los documentos que probaban la existencia real de esos locales. Una vez efectuada la criba, la clasificación provisional dio un vuelco y las grandes ETT pasaron a liderar el concurso: Manpower, Adecco y Eulen, junto a Telefónica, la Fundación Once y la Asociación Salesiana.

Pero las empresas de formación no se dieron por vencidas y presentaron hasta una treintena de recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Éste les dio la razón y suspendió el concurso. La lista definitiva, decidida en mayo de 2015, devolvía los contratos a buena parte de las pequeñas empresas de formación excluidas en un primer momento.

Prorrogados hasta 2018

El año pasado el SEPE prorrogó hasta 2018 no sólo este primer contrato para los parados el Plan Prepara sino también el que suscribió más adelante con las cuatro grandes ETT. Y lo hizo antes de haber completado la evaluación de su eficacia a que le obligaba el acuerdo marco que sirvió para contratarlas.

No obstante, el Ministerio de Empleo elogia el trabajo de las agencias de colocación, que encontraron trabajo a 8.051 personas de las 81.635 que atendieron en 2014 y 2015. Como esas cifras superan el índice de inserción de los servicios públicos de empleo, el ministerio lo considera un éxito. El recurso a las agencias privadas es una de las principales apuestas del departamento de Fátima Báñez. Pero ha tenido que superar múltiples problemas antes de ponerse en marcha, según las propias agencias por culpa de la mala redacción de los pliegos de condiciones de los contratos. Los recursos que suspendieron el primer concurso obligaron a rehacer hasta cuatro veces la lista de adjudicatarios, retrasando dos años la resolución definitiva, y forzaron al SEPE a utilizar el procedimiento negociado y sin publicidad para la siguiente convocatoria.

Después, cuando comenzaron a funcionar, las agencias de colocación se encontraron con que las listas de desempleados que les enviaba el SEPE estaban plagadas de errores. Así, por ejemplo, tuvieron grandes dificultades para localizar a algunos de los parados a los que debían atender. Los listados estaban tan poco actualizados que incluían a trabajadores ya jubilados y hasta fallecidos.

Pero no es sólo San Román sobre la que se han multiplicado las denuncias. También la Fundación Sócrates, adjudicataria del concurso convocado por la Junta de Castilla y León, fue denunciada por atender a los desempleados en gasolineras, a falta de mejores oficinas. Al tiempo, sus trabajadores en Andalucía, todos ellos profesionales del programa Andalucía Orienta, denunciaban en julio de 2015 que llevaban seis meses sin cobrar.

La juez María Núñez Bolaños ha rechazado este jueves imputar a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la pieza separada de los cursos de formación que afecta al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda en relación con los 33 millones de euros que recibieron las empresas del grupo Prescal para la formación de los extrabajadores de Delphi.

La magistrada, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, rechaza así la petición realizada por la Asociación de Trabajadores de Delphi, a la que se opuso la Fiscalía Anticorrupción porque "no existen en la causa indicios, al menos por el momento, de la participación de los anteriores presidentes de la Junta, por más que los denunciantes puedan alegar sospechas, que de momento no pasan de simples conjeturas".

El fiscal Fernando Soto se pronunció así ante la petición de la instructora respecto a la posibilidad de acumular en esta pieza separada una denuncia presentada por la Asociación de Trabajadores de Delphi, después de que los antiguos empleados hayan recibido a lo largo de 2016 del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sendas demandas en las que se les reclama el reintegro de los subsidios percibidos por desempleo.

El fiscal no se opuso a que se acumulara la denuncia de los extrabajadores de Delphi a la causa de Ángel Ojeda, que inicialmente había recaído en el Juzgado de Instrucción número 20, aunque consideraba que la asociación "tan solo ha de ser admitida como acción popular, por lo que procede la imposición de fianza".

Ahora, y por medio de un auto, la juez acuerda acumular dicha denuncia a la causa tras apreciar "posible conexidad", pero aclara que no será objeto de la misma "un supuesto engaño por representantes de la administración andaluza a estos trabajadores con ofertas de puestos de trabajo".

Tras recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya ha tenido la ocasión de analizar la naturaleza de los acuerdos celebrados con los representantes de trabajadores en este ámbito, la instructora establece que "quedará al margen cualquier cuestión suscitada con la percepción de prestaciones de desempleo por estos trabajadores".

Por último, la magistrada rechaza tener personada como acusación particular a la Asociación de Trabajadores de Delphi, que "tan sólo será admitida como acción popular al no considerarse perjudicada por la posible comisión de ilícito penal, incluso podrían ser beneficiados a título lucrativo del mismo, sin perjuicio de lo cual, podrían personarse, si así se interesa, como acusación popular".

"Depredación" de fondos

En su escrito, Anticorrupción explicaba que, en esta causa, se investiga "la defraudación de subvenciones del entramado de empresas, asociaciones y fundaciones que bien de derecho, bien de facto, regenta Ángel Ojeda", y en concreto las subvenciones percibidas por el dispositivo Delphi y concedidas por la Administración andaluza "donde se simularon relaciones laborales inexistentes, permitiendo con ello de un lado reducir la conflictividad social en el área geográfica de la Bahía de Cádiz, y de otro lograr que un grupo de trabajadores incluidos en un dispositivo singular, siguieran percibiendo un salario con cargo a las subvenciones, sin prestar efectivamente trabajo por cuenta ajena".

A juicio del fiscal, existen "serios indicios" de que estas relaciones laborales "fueron simuladas de manera consciente por parte de la Administración andaluza, incluidos sus consejeros de Empleo, que otorgaron las subvenciones", de lo que se desprende la comisión de presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

"A ello ha de unirse la depredación de esos fondos que realizó el entramado del investigado Ojeda, con el que, con relaciones jurídicas y entidades ficticias, simulaban las prestaciones de servicios que posteriormente justificaban ante la administración", asevera Anticorrupción.

Por todo ello, considera que el objeto procesal de la denuncia de los extrabajadores de Delphi "es coincidente aún cuando no idéntico al denunciado", advirtiendo de que "ni los anteriores trabajadores de Delphi ni por supuesto la asociación denunciante son perjudicados del delito".

Acumulación de la denuncia con condiciones

Así, el fiscal informó a favor de la acumulación a la pieza de Ojeda de la denuncia de los extrabajadores de Delphi, si bien puso como condición que "no se altere el objeto procesal de la misma, a saber, no sería objeto de la misma un supuesto engaño por representantes de la Administración andaluza a estos trabajadores con ofertas de puestos de trabajo".

Además, puso como segunda condición para unir la denuncia que "quede al margen cualquier cuestión suscitada con la percepción de prestaciones de desempleo por estos trabajadores".

En esta causa, están siendo investigados tanto Ángel Ojeda como los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio, que deberá comparecer ante la juez el próximo día 27 de marzo.

En la gestión de los cursos de formación en Andalucía se colaron compras de marisco y bebidas alcohólicas como gastos de trabajo, pero no hubo una maquinación para el fraude desde los despachos nobles de la Junta de Andalucía. Numerosos beneficiarios que no habían justificado las ayudas volvieron a recibir subvenciones, pero no mediaron sobornos ni tráfico de influencias. El seguimiento de los efectos de las las acciones formativas, por ejemplo para saber si éstas facilitaban la inserción laboral de los alumnos, era escaso o nulo, pero los cursos no servían para llenar los bolsillos de políticos. La Junta aún intenta reintegrar 143 millones de ayudas sin justificar debidamente y dejó de gastar 800 millones por la paralización de los cursos cuando se conocieron las irregularidades, pero no se ha acreditado un menoscabo de fondos públicos con relevancia penal.

Éste es el retrato que se desprende del trabajo realizado por la Cámara de Cuentas, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía Anticorrupción, la jueza de instrucción de la principal rama del caso (María Núñez) y la comisión de investigación parlamentaria sobre el supuesto fraude de la formación en Andalucía. El resumen sería éste: por un lado, hubo numerosas irregularidades, que han ocasionado severos perjuicios en la calidad del servicio público de formación para el empleo –en una autonomía que frisa el millón de parados– y millonarias pérdidas económicas; por el otro, esta gestión desastrosa no se traduce en indicios de una trama delictiva orquestada desde los despachos oficiales, como han sostenido el PP, la Guardia Civil y la anterior jueza de instrucción (Mercedes Alaya). Según Núñez, no hay corrupción política.

El presidente de la comisión de investigación parlamentaria sobre los cursos de formación, Julio Ruiz (Ciudadanos), registró el lunes su propuesta de dictamen, fruto de las aportaciones de todos los grupos (PSOE, PP, Podemos, C's e IU) sobre la base de 66 comparecientes y miles de folios de documentación. La conclusión más vistosa, por su traducción política inmediata, es que la propuesta señala como principales responsables de las "irregularidades", "desórdenes" e "incidencias" a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por haber elegido a los sucesivos consejeros de Empleo entre 2002 y 2012. Queda así ajena a responsabilidades políticas Susana Díaz, actual presidenta de la Junta de Andalucía, por el motivo fundamental de que cuando accedió al cargo, en 2013, los cursos bajo sospecha se habían detenido. El dedo acusador se dirige contra Chaves y Griñán, políticamente amortizados, dimitidos de todos sus cargos y dados de baja como militantes socialistas por su implicación en el caso de los ERE, por el que serán juzgados previsiblemente este mismo año.

Ningún grupo apoya la propuesta de dictamen de Ciudadanos, por lo que está por ver si la comisión consigue aprobar unas conclusiones o, al igual que ocurrió con la investigación parlamentaria de los ERE en 2012, los trabajos se quedan al final sin la culminación de un acuerdo de mínimos. Los grupos de la oposición reclaman ahora la responsabilización de Díaz, con el argumento de que la presidenta mantuvo la paralización de las convocatorias en septiembre de 2013, cuando era público que se habían producido irregularidades. Ello, según PP, Podemos e IU, prueba que Díaz sabía que las cosas no se estaban haciendo bien, lo cual chocaría con el discurso del Gobierno andaluz y el PSOE de defensa de la gestión de los cursos. Díaz defendió en la comisión que esta decisión de mantener la paralización fue prueba de su "contudencia" ante las "sospechas" de irregularidades.

Los socialistas tampoco asumen la propuesta de Ciudadanos. El PSOE rechaza que Chaves y Griñán sean responsables. Y, más importante aún, el partido de Susana Díaz tiene complicado asumir un relato, el de la propuesta de dictamen, que ofrece una imagen deprimente de la gestión de la Junta de Andalucía en una materia, los cursos de formación, que debería ser clave en una comunidad tan castigada por el paro. Asumir el relato de la propuesta del presidente de la comisión excedería para el Gobierno andaluz de la autocrítica para entrar plenamente en el terreno de la confesión. Hasta la fecha la Junta ha defendido que en efecto pudieron existir irregularidades, pero ha asegurado que las mismas han sido la excepción, y que en cualquier caso han tenido lugar en otras comunidades autónomas en las que, en cambio, no se ha producido ninguna comisión de investigación.

Cursos de poca calidad

Sin necesidad de apuntar a delitos –el Parlamento no es un tribunal, aunque durante la comisión lo ha parecido en ocasiones–, ni de forzar las declaraciones y documentaciones recabadas durante la comisión, la propuesta de dictamen señala que la gestión se hizo con "falta de medios materiales y humanos", poniendo la formación bajo la batuta de personas con poca experiencia, una situación que se agravó por los cambios de órganos competentes. Hubo "retrasos" en la comprobación y justificación de los expedientes, así como "falta de control exhaustivo" en todas las fases, siempre según la propuesta de dictamen, que señala además que había "falta de calidad en los cursos", algo relatado por diversos alumnos de los mismos.

Dos conclusiones más –aún no aprobadas por la mayoría del Parlamento– se refieren a la falta de seguimiento y control: "No se elaboraron informes para determinar qué eficacia tuvieron los cursos a la hora de propiciar la inserción laboral de los alumnos"; y "No existía en el seno de la Consejería de Empleo una actitud proactiva para averiguar si los beneficiarios dedicaron íntegramente el dinero recibido a la acción subvencionada". La cobertura normativa de aspectos fundamentales de la gestión es cuestionable. Tal y como recuerda la propuesta de dictamen, hubo cursos abonados mediante procedimientos –las famosas transferencias de financiación– contrarios a las indicaciones de la Cámara de Cuentas. Y además se abusó de la subcontratación, a su vez bajo controles poco rígidos.

Certificados sin comprobación

Los criterios para la gestión no eran homogéneos en las provincias, lo cual llevaba rutinariamente a soluciones ad hoc. "Nadie sabía más allá de sus líneas de actuación", señala la propuesta de dictamen. Es decir, nadie tenía visión de conjunto, ni siquiera los consejeros de Empleo (José Antonio Viera de 2000 a 2004; Antonio Fernández de 2004 a 2010; Manuel Recio de 2010 a 2012). "Los delegados provinciales de Empleo", señala la propuesta de C's, "emitían certificados sobre el cumplimiento de las condiciones [...] sin haber realizado las exhaustivas comprobaciones oportunas".

En este marco fiscalizador laxo, entidades beneficiarias incumplían el requisito de contratar desempleados acogidos a los cursos, según la propuesta de dictamen. Y ocurrían cosas más graves, como la imputación de facturas como gastos de los cursos cuando en realidad se correspondían a bebidas alcohólicas, comida...

143 millones en reintegro

Aspectos impactantes del caso, como éste del alcohol o el del alumno que tras hacer un curso de elaborador de productos cárnicos admitió no saber hacer ni "un chorizo", han servido para multiplicar su difusión. Pero, además de estos aspectos cualitativos, los cuantitativos lo convirtieron en un escándalo que, según el PP, se equiparaba o incluso superaba al caso de los ERE.

En realidad no son casos comparables, ni por el cómo ni por el cuánto. La cifra más espectacular del caso de la formación, 3.000 millones, afloró en un informe de la Guardia Civil de 2015, que a su vez hacía referencia a una estimación de la Intervención de la Junta sobre la cantidad total de las subvenciones no justificadas vencido el plazo para hacerlo entre 2005 y 2013. Pero esto no significa que haya habido un fraude de 3.000 millones. La cuantificación exacta del dinero indebidamente justificado no es estable, porque varía según los trabajos de fiscalización de la Junta. El último dato ofrecido por el Gobierno andaluz, en diciembre, señala que el dinero reclamado para reintegro asciende a 143 millones. 7,6 millones han sido ya recuperados. Técnicamente no se ha producido lo que los interventores y el Tribunal de Cuentas llaman "menoscabo de fondos públicos".

Cómo se armó el relato de la "red clientelar"

La existencia de irregularidades no se desvela por vez primera en la propuesta de dictamen de Ciudadanos, ni mucho menos. Ya en febrero de 2014 un informe de la Cámara de Cuentas, que fiscalizaba las subvenciones de la Junta para formación para el empleo de 2009 y 2010 sobre la base de una muestra de 78 expedientes por importe de casi 280 millones, concluía que el 80% de las ayudas se hicieron "sin concurrencia competitiva" y alertaba de "posibles responsabilidades administrativas y contables".

Sobre esta base un atestado de la Guardia Civil armó un relato que a la postre fue compartido por el PP andaluz –acusación particular– y la primera jueza instructora, Mercedes Alaya: las irregularidades detectadas tanto en la concesión como en la justificación y liquidación de las subvenciones obedecían a una acción concertada y coordinada desde el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que implicaba a la Administración desde la Dirección General de Empleo hasta todas las delegaciones provinciales. Un complot defraudador en toda regla.

Según la UCO, se trataba de "un mecanismo de reparto de fondos públicos del que se beneficiaban" alumnos, sindicatos, patronales, empresas... "Este reparto de fondos favorecería el mantenimiento de un clima de satisfacción en estos actores que podría verse seriamente perjudicado si la Administración hubiera exigido el cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la norma", señala el informe.

En la estela del trabajo de la UCO, la instrucción de la jueza Alaya puso el foco en las "exoneraciones" o "exceptuaciones", dos términos usados para definir un procedimiento previsto por la Ley de Hacienda Pública de Andalucía que permitía a la Junta proponer el pago de nuevas subvenciones aun sin haber justificado las anteriores. Según la jueza Alaya, éste era el procedimiento que usaba la cúpula de Empleo para liberar sin criterios objetivos a las empresas de la obligación de justificar las subvenciones. Así era como, según Alaya, se iban urdiendo las connivencias y favores. Es decir, la famosa "red clientelar".

Fuera del ámbito penal

En lo referente a los cursos de formación, este relato se ha caído al suelo, derribado por la juez instructora que sucedió a Alaya, María Núñez, por la Fiscalía Anticorrupción y por el Tribunal de Cuentas. La parte principal del caso, la de mayor relieve político, está archivada. El Tribunal de Cuentas, órgano responsable del control externo del sector público español, concluyó en julio de 2016 que en las subvenciones de 2009 y 2010 no hubo ilícito contable, al no haberse producido un menoscabo de fondos públicos, sino sólo un riesgo de que éste ocurra. El Tribunal de Cuentas señala que hay cursos que en efecto no se finalizaron al final del periodo fiscalizado, pero una y otra vez inscribe los hechos en el "orden jurisdiccional contencioso-administrativo", no en el ámbito penal.

La Fiscalía Anticorrupción también se ha pronunciado contra la relevancia penal del sistema de concesión de ayudas. Es más, en diciembre del pasado año acusó al PP andaluz de "enmarañar" la causa mediante ardides procesales. Pero ha sido la juez Núñez –que mantiene una notoria rivalidad con Alaya– la que ha dejado en nada la mayor pieza de investigación penal del caso. Lo hizo en octubre en un auto en el que se centraba en replicar las dos acusaciones fundamentales:  que existía una red clientelar y que ésta se servía de las exoneraciones para el reparto discrecional del dinero.

39 empresas con vínculos socialistas de 18.000

"Para que el beneficiario fuera seleccionado arbitrariamente [...] de entre aquellos que consideraba afines al partido, el funcionario (interino o de carrera), que era el que sentado en su mesa con el ordenador introducía los datos [...] debería tener instrucciones específicas para ello y, por ende, participaría de la trama organizada", señala Núñez en su auto, donde juzga irrelevante estadísticamente que de entre las más de 18.000 subvenciones otorgadas aparezcan 39 empresas "que tienen alguna vinculación con el partido socialista" por vía directa, de amistad o familiar, según los datos del PP andaluz. En cuanto a las exoneraciones, "no se realizaban para beneficiar a empresas concretas o determinadas, sino para impedir el bloqueo en la tramitación de subvenciones", sometidas a un complejo itinerario burocrático, señala la jueza con el respaldo de la Fiscalía.

Ni Núñez, ni el Ministerio Público ni el Tribunal de Cuentas discuten la existencia de irregularidades. Lo que sostienen es que deben dirimirse en el ámbito administrativo, y no penal. Y rechazan de plano la existencia de una maquinación orquestada a través de múltiples despachos políticos y oficinas administrativas de la Junta a lo largo de una década. Ello no significa que no existan, al margen de la pieza archivada, otras investigaciones penales sobre supuestos fraudes de la formación en Andalucía. En una de ellas, la concerniente a los fondos recibidos por las empresas del ex consejero Ángel Ojeda, es objeto de investigación el también ex consejero Antonio Fernández, implicado al mismo tiempo en el caso de los ERE. Lo que sí ha sido abortado en la formación es el relato de la gran trama que, grosso modo, sí se ha abierto paso durante la instrucción de la pieza principal de los ERE.

Críticas de la jueza Núñez a la UCO, Alaya y el PP

El PP se ha opuesto al archivo de la pieza principal de los cursos, lo cual ha llevado a Núñez a un nuevo auto, en esta ocasión de archivo definitivo. En dicha resolución la jueza carga contra Alaya y la Guardia Civil por elaborar "teorías sobre conspiración [sic] y tramas delictivas" que han sido "avaladas" por el PP andaluz. Según Núñez, cuyo archivo de la causa cuenta con el respaldo de la Fiscalía, la UCO trabajó sobra una "hipótesis": que las irregularidades administrativas, detectadas tanto en la concesión, justificación y liquidación de las subvenciones, eran fruto de "fruto de una organización criminal, de una asociación ilícita, que comprendía toda la comunidad autónoma de Andalucía, desde la Dirección General a todas las delegaciones provinciales, quienes de forma concertada y bajo instrucciones específicas, que nunca se pudieron demostrar, beneficiarían a determinadas empresas o entes". Nada de eso, según Núñez, se apoya en pruebas.

Las conclusiones de Ciudadanos coinciden en este punto. "No ha existido ni premeditación ni connivencia para no desarrollar eficazmente estas políticas", señala su propuesta. Esta premeditación sería indispensable para una relevancia penal de los hechos. La propuesta de dictamen también comparte con la jueza que no ha habido menoscabo de fondos públicos, si bien este concepto no excluye la posibilidad de que se acabe perdiendo dinero si, como es previsible, no puede recuperarse todo lo reclamado. En rigor, además, ya se ha perdido dinero comunitario, ya que el Gobierno andaluz descertificó 46,9 millones de ayudas del Fondo Social Europeo como consecuencia de los problemas detectados en los cursos de formación. Otro daño colateral ha sido que en Andalucía no ha habido convocatoria de subvenciones de formación profesional para el empleo desde 2012 hasta 2016, al permanecer suspendidas, lo cual ha supuesto que la Junta deje de gastar 800 millones que le correspondían. La gestión deficiente sale cara, aunque no suponga la imputación de un delito para sus responsables.