Basta con darse un paseo por algunos de los despachos que ofrecen en internet sus servicios para hacer negocios en Luxemburgo. El Gran Ducado es una “excelente plaza financiera” y el “paraíso ideal para las grandes fortunas”, cuya “beneficiosa fiscalidad” a la par que “extraordinaria reputación en confidencialidad y privacidad” venden los gestores de alta gama. “Una magnífica elección para disfrutar de una baja o nula tributación”, no lo dude. “Luxemburgo nunca había sido más atractivo [que ahora] para domiciliar fondos y holdings intermedios”, un anuncio irresistible. Gracias a la “actitud liberal” de sus autoridades hacia los inversores extranjeros, tal y como la glosan los profesionales de la consultoría internacional, el 90% de las empresas registradas en Luxemburgo están controladas por ciudadanos foráneos. Tanto capital atrae el pequeño país que la inversión extranjera directa entrante multiplica por 58 su PIB y la inversión extranjera saliente por 67, según destaca el informe Mejorar la política contra el blanqueo de capitales, elaborado por el Parlamento Europeo en 2020.

Al Gran Ducado han acudido hasta 1.558 ciudadanos españoles que poseen o gestionan sociedades en ese paraíso de baja fiscalidad. Ellos son el objeto de OpenLux, la investigación de infoLibre en colaboración con la organización internacional OCCRP iniciada esta semana para aportar transparencia sobre su identidad, intereses y operaciones. 

El secreto del éxito del pequeño país se basa en una combinación de factores que lo convierten en un caso único en el mundo. Luxemburgo es miembro de la Unión Europea y, al mismo tiempo, la sexta jurisdicción financiera más secreta del mundo, además del sexto paraíso fiscal corporativo del planeta, de acuerdo con la clasificación de Tax Justice Network, una organización de investigadores y activistas contra la evasión de impuestos. El Parlamento Europeo considera al Gran Ducado el peor territorio, por delante de Países Bajos y Suiza, en lo que a blanqueo de dinero se refiere. Y sin dramatismos: la culpa no es tanto de la corrupción o las drogas como del secreto financiero y los bajos impuestos. Esa fórmula proporciona a las empresas extranjeras una rentabilidad 11,5 veces superior a la de las empresas locales. Sólo que estas sociedades también son peculiares: el 91% de los flujos de capital foráneo antes citados –5.000 millones de dólares en 2019, la segunda mayor entrada de inversión tras Estados Unidos– no se explican por que detrás exista una actividad económica real, destaca el informe del Parlamento Europeo.

Con una extensión un poco menor que Vizcaya pero la mitad de su población, cada uno de sus 626.000 habitantes habría sido así capaz de captar casi ocho millones de dólares anuales.

Impuesto de sociedades, IVA, rendimientos de capital

¿Qué ofrece Luxemburgo a inversores, empresarios y millonarios de todo el mundo para haberlo convertido en un paraíso fiscal en plena UE?

Obviamente, bajos impuestos. Ser miembro –fundador– del club comunitario no impide al Gran Ducado disfrutar de uno de los tipos impositivos más bajos del mundo, sumando impuestos sobre beneficios y cotizaciones sociales, que el informe del Banco Mundial y PwC Paying taxes 2020 cifra en el 20,4%, muy lejos del 47% de España, el 48,8% de Alemania, el 59,1% de Italia o el 60,7% de Francia.

Así, Luxemburgo grava con sólo un 15% los beneficios de las empresas con ingresos por debajo de los 175.000 euros, mientras que las que facturan entre esa cantidad y 200.000 euros pagan un fijo de 26.250 euros más un plus del 31% sobre la base imponible que supere los 175.000 euros. Por encima de 200.000 euros de volumen de negocio, el tipo es del 17%. El tipo máximo es del 24,94% –en España es del 25%–, en el que se incluyen un 7% de tasa de solidaridad –fondo para el empleo– y un 6,75% de tasa municipal en la capital del Gran Ducado. Estos tipos pueden, además, reducirse en gran medida si se hace uso de las exenciones de hasta el 25% durante ocho años que se ofrece a las nuevas empresas extranjeras. Sin olvidar que Luxemburgo también tiene el tipo máximo de IVA más bajo de toda la UE, el 17% –un 21% en España–.

Pero el mayor atractivo para el capital extranjero es otro: Luxemburgo no practica retención alguna ni en los intereses ni en los royalties de los pagos que las filiales creadas en el Gran Ducado hacen a sus matrices en terceros países, y ofrece exenciones a los dividendos si las sociedades cumplen determinadas condiciones. Lo mismo ocurre con las plusvalías, las ganancias de capital obtenidas por la venta o transferencia de activos. En España, los rendimientos del capital tienen un gravamen del 19% si se dirigen a otro país comunitario, y del 24% si se trata de terceros países.

La Comisión Europea no deja de incluir en sus recomendaciones semestrales a Luxemburgo que la ausencia de retención y las exenciones antes citadas se traducen en una elusión “total” del pago de impuestos si el país receptor tampoco los grava. Por lo que apremia al país del que procedía su presidente entre 2014 y 2019, Jean-Claude Juncker, a combatir la planificación fiscal abusiva que las leyes tributarias luxemburguesas permiten utilizar a las empresas. En la última recomendación de 2020, sin embargo, la Comisión admite que el Gran Ducado “no ha anunciado todavía reformas concretas para combatir la planificación fiscal agresiva”. Aunque sí ha elaborado un proyecto de ley para eliminar el blindaje fiscal de los intereses y royalties enviados a los países incluidos en la lista negra de paraísos de la UE, que sólo incluye a una docena de territorios.

Un modelo societario para cada necesidad

Bruselas también destaca en sus tirones de orejas a Luxemburgo que es el país del mundo que más inversión directa recibe a través de entidades de propósito especial, o sociedades instrumentales. Según las cifras aportadas por el informe del Parlamento Europeo, el 38% de las entradas de capital extranjero en el Gran Ducado y el 32% de las salidas se producen a través de estas entidades, creadas para alcanzar un objetivo concreto y definido de antemano. Están diseñadas para evitar que el riesgo se transfiera a los propietarios de la entidad. Sólo se dedican a comprar y financiar activos muy específicos, y pueden adoptar muy diferentes formas societarias: desde sociedades anónimas o limitadas hasta fideicomisos, o fundaciones como las stichting holandesas. También en Reino Unido o la isla de Jersey, por ejemplo, se pueden constituir este tipo de sociedades.

En España acaba de cerrarse el plazo de audiencia pública del anteproyecto de Ley del Mercado de Valores que regulará las sociedades cotizadas con propósito especial para la adquisición o SPAC, cuyo único objetivo inicial es obtener fondos mediante una oferta pública de acciones, para encontrar después, en un plazo de dos años, una empresa donde invertirlos. Así, esta segunda sociedad termina siendo una empresa cotizada que sirve a la primera para salir a bolsa sin pasar por los trámites requeridos para una oferta pública de acciones. En Estados Unidos se han puesto de moda entre deportistas millonarios y cantantes. El anteproyecto vende las SPAC como “un mecanismo alternativo a la salida a Bolsa tradicional”, pensado sobre todo para “empresas en desarrollo” y como manera de diversificar las fuentes de financiación. También existen las ETVE (Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros), que disfrutan de un régimen fiscal especial, con exenciones en dividendos y plusvalías.

Luxemburgo ha creado un abanico propio de sociedades con sus propios regímenes fiscales, que se adaptan a las necesidades de inversores extranjeros ávidos por rebajar sus facturas fiscales y por ocultar cualquier vínculo con sus activos. La sopa de letras es amplia. Las soparfis (Sociedad de Participación Financiera) pueden quedar exoneradas de tributar por los dividendos pagados si poseen al menos el 10% del capital de una filial en Luxemburgo o una participación de 1,2 millones de euros durante un año. Lo mismo ocurre con los dividendos recibidos de su matriz. Tampoco tributan por las plusvalías si venden acciones –y poseen un 10% del capital o seis millones de euros en acciones de la filial durante un año–. Estas sociedades se utilizan para gestionar participaciones de filiales.

Para gestionar el patrimonio de los más ricos se crearon en 2007 las SPF (Sociedad de Gestión de Patrimonio Familiar), que no pueden realizar actividades comerciales ni poseer bienes inmuebles o propiedad intelectual, pero sí comprar y vender desde acciones y metales preciosos hasta dinero en efectivo o divisas o fondos de inversión. Están exentas del impuesto de sociedades y de patrimonio. Tampoco se les retiene nada por dividendos ni por plusvalías.

Ventajas fiscales tienen igualmente las sicavs, las sociedades de inversión colectiva, allí conocidas como ucits, que también sirven para albergar grandes patrimonios empresariales o familiares. Para constituirse, necesitan un capital social de 1,25 millones de euros, mientras que en España hacen falta 2,4 millones. Si se trata de un SIF (Fondo de Inversión Especializado) basta con un solo inversor; en España son necesarios 100 para crear una sicav.

Finalmente, las sicar son sociedades de inversión de capital riesgo, para las que es necesario un capital mínimo de un millón de euros. Están exentas del impuesto de patrimonio, pero tributan por sus beneficios, aunque con exenciones por dividendos, plusvalías e intereses.

Esta colección de beneficios fiscales ha levantado las protestas del resto de los Estados miembros de la UE, que en algunos casos requieren, a través de sus respectivas normas contra la evasión, que las sociedades registradas en Luxemburgo proporcionen pruebas de que no son entidades vacías, meras empresas buzón. Para ello deben poseer lo que se llama sustancia fiscal. Los despachos dedicados a crear y gestionar estas estructuras recomiendan a sus clientes abrir una oficina real, contratar empleados e incluso obtener ingresos de actividades distintas a las de holding. “Estas medidas tienen un coste; sin embargo, una de las razones más importantes para crear una entidad de propósito especial es beneficiarse de ciertas ventajas fiscales, que superan con creces los costes de creación de la sustancia fiscal”, explican con absoluta franqueza.

De hecho, la oferta corporativa luxemburguesa también puede presumir de otras comodidades más prosaicas, como una gran simplificación de trámites, por ejemplo. Los gestores prometen completar en sólo 10 días la constitución de una sociedad en el Gran Ducado.

El resto de los miembros de la UE, cómplices

Luxemburgo también acaparó la atención mundial cuando se hicieron públicos los denominados tax rulings, acuerdos fiscales que su gobierno había firmado entre 2002 y 2010 con 343 empresas, entre ellas algunas de las principales multinacionales del planeta, desde Amazon y Apple hasta Ikea o Vodafone. Como desvelaron los Luxleaks en 2014, los intermediarios entre las autoridades del Gran Ducado y las compañías habían sido los cuatro gigantes de la consultoría internacional: PwC, KPMG, Ernst & Young y Deloitte. Gracias a esos acuerdos, las multinacionales no pagaban ni un 1% de sus beneficios en impuestos. Tras el escándalo, los tax rulings siguen siendo legales, pero los Estados miembros tienen que informar sobre los que firman.

Se trata, pues, de un primer ejercicio de transparencia en un país que se ha convertido en un centro financiero mundial gracias a la opacidad, vendida al inversor extranjero como discreción y confidencialidad. Tras la crisis financiera de 2008, la mayor presión sobre los paraísos fiscales más descarados forzó a muchos capitales a trasladarse a una plaza un poco más regulada como Luxemburgo. Según la OCDE, el principal inversor en el Gran Ducado son las Bermudas, con un 13,5% del capital, por delante incluso del Reino Unido, con un 13,1%, Irlanda –12,1%– y Países Bajos –9,3%–. Otro centro offshore puro, las Islas Caimán, es el sexto país con más filiales en el pequeño país europeo.

La publicación en febrero de las revelaciones de OpenLux sobre el Registro de Luxemburgo dio lugar a un debate en el Parlamento Europeo donde el presidente de la subcomisión de Asuntos Fiscales, el holandés Paul Tang, tachó de “vergonzoso” que entre los 10 principales paraísos fiscales figuren dos países europeos: Luxemburgo y Países Bajos. En el pleno también se repitieron los llamamientos a romper el “tabú” y señalar claramente a ambos como paraísos fiscales dentro de la Unión Europeaseñalar claramente a ambos como paraísos fiscales dentro de la Unión Europea. “Todo el mundo apunta a Luxemburgo, pero ¿realmente debemos creer que un pequeño Estado puede convertirse en el segundo centro financiero del mundo tras EEUU sin la complicidad de los demás Estados miembros de la UE?”, preguntó al pleno el italiano Piernicola Pedicini. Otros eurodiputados pidieron a la Comisión que abriera un procedimiento de infracción para garantizar que Luxemburgo cumple con las leyes contra el blanqueo y la evasión fiscal. “La UE tiene un problema grave con Luxemburgo y, seis años después de LuxLeaks, el país sigue sin dar pasos suficientes para acabar con prácticas propias de un paraíso fiscal”, resumió el español Ernest Urtasun, tras recordar que en el Gran Ducado “esconden su riqueza” oligarcas, élites corruptas, traficantes de armas, organizaciones mafiosas y criminales ambientales”.

La eurodiputada de ERC Diana Riba ha pedido investigar al que será el próximo Alto Representante de Política Exterior de la UE, el actual ministro en funciones de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, por publicar en las redes sociales información confidencial sobre el expediente en el Reino Unido de la orden europea de detención y entrega activada por España contra el exconsellera Clara Ponsatí.

"El acceso del señor Borrell a información restringida, el mal uso de información y la violación de la presunción de inocencia de la señora Clara Ponsatí es extremadamente preocupante y un comportamiento inaceptable para un comisario designado", ha escrito Riba en una carta al presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, y a la que será su sucesora en el cargo, la alemana Ursula von der Leyen.

Por ello, la eurodiputada de ERC insta a Juncker a "abrir urgentemente una investigación" sobre el que será jefe de la diplomacia europea cuando se produzca el relevo en el Ejecutivo comunitario y pide también que los resultados del examen se hagan públicos.

Riba pide también que si la investigación concluye que el aún ministro español hizo un uso indebido de información confidencial se "rechace" su nombramiento como Alto Representante y vicepresidente de la Comisión Europea.

Tras la reactivación de la euroorden contra Ponsatí por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, las autoridades británicas calificaron de "desproporcionada" la euroorden y solicitaron más información sobre el caso a sus interlocutores españoles, a través del sistema SIRENE de cooperación policial europea para el intercambio de información sobre personas dentro del espacio Schengen.

Más tarde, las mismas autoridades británicas corrigieron la comunicación a España y afirmaron que fue un "error" usar la descripción de "desproporcionada" para referirse a la petición de entrega de Ponsatí.

Es ese segundo documento el que el ministro Borrell hizo público a través de su cuenta de Twitter, aunque posteriormente borró el mensaje en el que informaba de que Reino Unido había enviado un "documento de rectificación".

En su carta al Ejecutivo comunitario, la eurodiputada sostiene que el comportamiento de Borrell supone una vulneración de las normas europeas, porque ministros ni otra autoridades "políticas" deben tener acceso o hacer uso de los datos restringidos del sistema SIRENE destinado a la cooperación policial. Además advierte de que el proceso contra Ponsatí está aún abierto por lo que se debe respetar el principio de inocencia del investigado.

Bruselas apunta a España

La Comisión Europea ha evitado este viernes valorar que el ministro de Exteriores en funciones y próximo jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, publicara en las redes sociales información que podría ser confidencial sobre la orden europea de detención y entrega dictada contra la exconsellera Clara Ponsatí, y ha dejado en manos de las autoridades españolas evaluar si vulneró las reglas europeas.

"Hay unas reglas muy claras sobre el acceso y el uso de la información del sistema SIS de Schengen y todos los Estados miembro tienen un procedimiento en marcha para determinar y controlar su acceso y autorización de uso", ha expresado en una rueda de prensa en Bruselas Mina Andreeva, portavoz del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

Preguntada por ello, la portavoz comunitaria ha apuntado que Bruselas espera de los Estados miembro que "todos respeten el espíritu y la letra de estas reglas, especialmente cuando se refiere a las exigencias de confidencialidad", aunque le corresponde a las autoridades nacionales evaluar si se respetan.

"Ese tuit fue publicado como ministro en funciones de España y después fue borrado", ha recalcado Andreeva, para desvincular la acción de Borrell de su próximo cargo de Alto Representante de Política Exterior de la UE y vicepresidente de la Comisión.

Por ello, ha insistido la portavoz, "es un asunto que corresponde a las autoridades nacionales observar en base a nuestras reglas" y el Ejecutivo comunitario "no puede especular" sobre ello.

La Comisión Europea y el Gobierno de Boris Johnson han logrado este jueves un acuerdo para asegurar que la ruptura entre Reino Unido y la Unión Europea se produce de manera ordenada, aunque el pacto necesita aún el visto bueno de los líderes europeos y de la aprobación de los Parlamentos británico y europeo para que sea válido, según informa Europa Press.

"Los negociadores han alcanzado un acuerdo sobre el protocolo revisado para Irlanda e Irlanda del Norte y sobre la declaración política (que sienta las bases de la relación futura)", ha escrito el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en una carta al presidente del Consejo, Donald Tusk, para informarle del avance.

El protocolo que afecta al Úlster era el último escollo por salvar ya que Londres rechazaba de plano la salvaguarda irlandesa inicialmente diseñada, pero la UE la consideraba imprescindible para evitar la vuelta a una frontera dura en la isla y también para proteger la integridad del Mercado Único. El bloque exigió trasladar a un texto jurídicamente vinculante una alternativa creíble, factible y con las mismas garantías para aceptar un cambio. El pacto cuenta con la "aprobación" de la Comisión Europea y también con la del Gobierno británico, según le ha trasladado Johnson a Juncker en una conversación telefónica mantenida a primera hora.

"Cuando hay voluntad, hay un acuerdo: Tenemos uno. Es un acuerdo justo y equilibrado para la Unión Europea y para el Reino Unido y es prueba de nuestro compromiso de encontrar soluciones", ha dicho Juncker más tarde a través de las redes sociales, para anunciar que ha pedido a los jefes de Estado y de Gobierno que validen el acuerdo durante su cumbre de este jueves.

Por su parte, Johnson ha tachado este pacto de "gran nuevo acuerdo" y ha emplazado al Parlamento británico a apoyarlo en una votación este mismo sábado para que la salida de Reino Unido pueda hacerse efectiva el próximo 31 de octubre.

"Tenemos un gran nuevo acuerdo que recupera el control. Ahora el Parlamento debería hacer efectivo el Brexit el sábadoBrexit para que podamos continuar con otras prioridades como el coste de la vida, el sistema nacional de salud, los crímenes violentos y el medio ambiente", ha escrito en su Twitter el primer ministro británico.

Londres asegura que puede cumplir la ratificación parlamentaria en cuestión de "días" mientras que el Parlamento Europeo se ha comprometido a agilizar también su parte para someterlo a votación en su pleno de la semana próxima y que el acuerdo estuviera a tiempo para el Brexit el próximo 31 de octubre.

La UE ofrece iniciar "inmediatamente" a negociar la relación futura 

En una comparencencia sin preguntas, Juncker ha ofrecido a Johnson empezar a negociar el marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y Reino Unido como país tercero "inmediatamente" después de que el acuerdo del Brexit sea aprobado definitivamente. "Le toca a los dos Parlamentos (británico y europeo) decir la última palabra", ha avisado.

Juncker ha dicho que tras cerrar este acuerdo "justo y equilibrado", que permite que no sea necesaria "ningún tipo de prórroga", la UE y Reino Unido pueden pensar ya en el futuro y centrar los esfuerzos en el marco de la relación futura. "Empezaremos las conversaciones sobre las relaciones futuras inmediatamente después de que el acuerdo sea aprobado. Empezaremos nuestras discusiones el 1 de noviembre, sin interrupciones", ha prometido el exprimer ministro luxemburgués.

El jefe del Ejecutivo comunitario, que definido como "excelentes" sus relaciones con el premier británico "en las últimas semanas", también ha querido puntualizar que está satisfecho por el acuerdo de salida alcanzado, pero "triste" por la salida de Reino Unido.

Johnson, por su parte, se ha mostrado exultante porque los negociadores de Bruselas y Londres hayan conseguido cerrar un texto legal que sustituye la salvaguarda irlandesa diseñada inicialmente por otro sistema con las mismas garantías en cuanto a la protección del Mercado Único y la frontera sin controles entre las dos Irlandas. "Este acuerdo significa para nosotros, Reino Unido, que podremos llevar a cabo un Brexit real, que reúne nuestros objetivos", por lo que ha instado a la Cámara de los Comunes a "unirse para cumplir" el Brexit "sin más retrasos".

El británico también se ha mostrado dispuesto a trabajar "en las semanas y meses que vienen" junto a la Unión Europea para "construir nuestra futura relación", porque será "increíblemente positivo" para las dos partes.

La Cámara de los Comunes convoca sesión el sábado

La Cámara de los Comunes ha convocado formalmente una sesión el sábado -por primera vez desde 1982- para que los diputados puedan votar el nuevo acuerdo para el Brexit, que no tiene garantizado por ahora el visto bueno de los diputados británicos. La Cámara Baja del Parlamento de Reino Unido ha autorizado sin votación la convocatoria de la sesión, que finalmente se desarrollará en un formato distinto al requerido por el Gobierno de Johnson. El Ejecutivo aspiraba a resolver todo el debate en apenas hora y media.

El líder del Partido Conservador en los Comunes, Jacob Rees-Mogg, propuso un formato en el que el Johnson se limitaría a exponer el resultado de las negociaciones como paso previo a una moción con dos vías: "Aprobar un acuerdo o aprobar una salida sin acuerdo". Sin embargo, el Gobierno ha visto cómo sus planes se han truncado con la aprobación de una iniciativa que abre la puerta a la presentación de enmiendas. La medida ha salido adelante con 287 votos a favor y 275 en contra y supone una nueva derrota para una administración que no tiene mayoría estable en el Parlamento.

El 19 de octubre es una fecha clave porque es el límite introducido en una ley aprobada en septiembre por los diputados para conseguir la ratificación de un acuerdo. De lo contrario, dicha ley obliga a Johnson a enviar una carta a Bruselas para pedir una nueva prórroga y evitar una salida abrupta a finales de mes.

Los líderes europeos piden prudencia ante el voto de Westminster

Los líderes de la Unión Europea han recibido con entusiasmo el acuerdo entre Bruselas y Londres para asegurar un Brexit ordenado, pero al mismo tiempo han hecho un llamamiento a la prudencia ante la posibilidad de que sea rechazado de nuevo por el Parlamento británico, una situación que ya se dio hasta en tres ocasiones cuando Westminster se pronunció sobre el acuerdo logrado por el Gobierno de Theresa May.

Así se ha expresado, por ejemplo, el primer ministro belga, Charles Michel, que será a partir del 1 de diciembre el nuevo presidente del Consejo europeo. "Estoy feliz y soy positivo, pero también soy prudente", ha confesado a su llegada a la cumbre, para después recordar que "no es la primera vez" que los líderes europeos bendicen un acuerdo que después es tumbado en Londres. En todo caso, Michel ha destacado que se trata de "una buena noticia" y "un paso en la buena dirección" que permitirá "tal vez" pasar a la etapa siguiente, que es la negociación sobre la relación futura entre las dos partes.

En la misma línea se había expresado antes el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien ha confesado estar "satisfecho" con el acuerdo, pero también ha instado a ser "razonablemente prudentes" mientras se superan las distintas etapas hacia su ratificación completa."Habrá ahora elementos de ratificación por los parlamentos británicos y europeo y será en ese momento cuando el acuerdo pueda ser concluido. Pero en este momento no podemos estar más que satisfechos", ha añadido el mandatario galo.

El primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, ha avisado de que ya no se trata de decir si se está a favor o en contra del Brexit en sí mismo, sino de significarse respecto a si se quiere que la ruptura sea "dura" o no. Por ello ha confiado en que "sean razonables el sábado en Londres" y entiendan que "es por el bien de todos (que deberían) decir 'sí'".

Preguntado por el voto en Westminster, el primer ministro Irlandés, Leo Varadkar -que considera que se trata de un "buen acuerdo"- ha preferido no comentar cuál las distintas posiciones de los partidos británicos en la votación del sábado y ha abogado por dales "tiempo y espacio" para tomar una decisión "por sí mismos". Asimismo ha destacado que "no hay frontera dura" en la isla de Irlanda y que esta solución "única" para Irlanda del Norte "respeta su historia y geografía" además de proteger "el mercado común y nuestro lugar en él".

El análisis positivo del irlandés es "una señal muy importante" para la canciller alemana, Angela Merkel, quien ha asegurado que su Ejecutivo todavía lo tiene que "examinar", pero ella es "optimista".

También participa en la cumbre de líderes europeos la futura presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien se ha confesado "aliviada" por el acuerdo, aunque también "triste" por el hecho de que Reino Unido vaya a abandonar el bloque. Para la alemana, el Brexit representa "el comienzo" de la nueva relación entre Bruselas y Londres, en la que desea una cooperación "cercana e intensa". Von der Leyen ha recordado que su Comisión "trabajará duro" para conseguir un "buen acuerdo" en las negociaciones que comenzarán para establecer los términos de dicha futura relación.

Cambio de ciclo en Europa. Fin de una era de estabilidad en torno a conservadores y socialdemócratas. Viene una legislatura de pacto y flexibilidad, bajo la acechante mirada del ultranacionalismo. El Partido Popular Europeo (PPE) y los Socialistas y Demócratas (S&D), los grupos europeos a los que pertenecen el PP y el PSOE, respectivamente, han perdido la mayoría absoluta que históricamente ostentaban en el Parlamento Europeo, mientras que los grupos liberal y verde serán claves para alcanzar acuerdos en la próxima legislatura europea, que durará hasta 2024, según las últimas proyecciones de la institución comunitaria.

La irrupción de la extrema derecha no se produce con la fuerza que temían los defensores de las señas de identidad fundacionales del proyecto europeo.

Los populares, según las proyecciones todavía no seguras del Parlamento europeo, han ganado las elecciones europeas y han conseguido 178 eurodiputados –39 menos que en la anterior legislatura–. Los socialdemócratas se han hecho con 152 representantes, perdiendo así 35 diputados.

La Alianza de Liberales y Demócratas Europeos (ALDE), a la que pertenece Ciudadanos, ha recuperado la tercera posición en el Hemiciclo con 108 eurodiputados, 40 más que en la Eurocámara anterior. Los ecologistas, por su parte, contarán con 67 diputados, lo que supone un crecimiento de 15 asientos.

Tras ellos se sitúan los Conservadores y Reformistas Europeos (61), el grupo Europa de las Naciones y de las Libertades (55) –del que forma parte el UKIP británico y La Liga de Matteo Salvini–, el grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa (53) –en el que se inscribe la ultraderecha francesa de Marine Le Pen– y la Izquierda Unitaria Europea (39) –donde entran Podemos e IU–.  Otros partidos han obtenido 31 y los no inscritos 7.

Con todo ello, los tres grupos más marcadamente euroescépticos –Conservadores y Reformistas, Europa de las Naciones y de las Libertades y Europa de la Libertad y de la Democracia Directa– cosechan 169 diputados, un 22% del total (751). Con menos de un cuarto del Europarlamento, el ultranacionalismo no tiene la llave.

A pesar de la pérdida de escaños, el líder del PPE en la Eurocámara y candidato a suceder a Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión Europea, Manfred Weber, ha advertido de que "no hay una mayoría estable posible en contra del Partido Popular", ha prometido que su grupo "no cooperará con extremistas de derecha o izquierda" y ha apuntado a una unión de fuerzas con socialistas y liberales.

Estos resultados son una mezcla de resultados finales, proyecciones y estimaciones, dependiendo del Estado miembro. La participación ha sido del 50,5%, la mayor en 20 años.

A priori, el mejor situado para reclamar la presidencia de la Comisión Europea es Manfred Webber, presidente del PPE, ingeniero físico de 46 años, socialcristiano bávaro. Pero la carrera acaba de comenzar.

Los ciudadanos españoles eligen hoy, además de a sus corporaciones locales y a 12 cámaras autonómicas, a los integrantes del Parlamento europeo. En los comicios europeos, las urnas se abrieron el jueves en Reino Unido y Holanda y se terminarán de cerrar esta noche, cuando culmine la votación en los 28 países. En torno a las 23.15 del domingo se conocerán los resultados, que se pueden seguir en este enlace. infoLibre ofrece las grandes claves para seguir la jornada electoral.

  1. ¿Quién vota?

Están llamados a votar en las elecciones algo más de 419,3 millones de europeos de 28 países, que, ordenados en grupos según los años de entrada en la UE, son:

– Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo (1957).

– Reino Unido, Dinamarca e Irlanda (1973).

– Grecia (1981).

– España y Portugal (1986).

– Austria, Suecia y Finlandia (1995).

– Polonia, Hungría, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta y Chipre (2004).

– Bulgaria y Rumanía (2007).

– Croacia (2013).

Pueden participar los británicos, pese a que en 2016 aprobaron en referéndum la salida de la UE (Brexit). Hasta que dicha salida sea una realidad, Reino Unido sigue siendo miembro de pleno derecho.

Votan los ciudadanos mayores de 18 años en todos los países salvo en Grecia (17 años) y Austria y Malta (16). El voto es obligatorio en Bélgica, Bulgaria, Chipre, Grecia y Luxemburgo. En los demás países es voluntario.

Las anteriores elecciones se celebraron en mayo de 2014.

  2. ¿Qué se elige?

Son elecciones al Parlamento europeo, una institución análoga a lo que podría ser el Congreso de los Diputados, pero a nivel comunitario. El Europarlamento tiene tres tipos de competencias:

– Legislativas: Aprobar legislación de la UE junto con el Consejo, que integra a los ministros representantes de los Estados miembro, siempre a propuesta de la Comisión Europea, que sería el verdadero gobierno de la UE; decidir sobre acuerdos internacionales y sobre ampliaciones; reclamar a la Comisión Europea que elabore propuestas de legislación.

– Presupuestarias: Establecer el presupuesto de la UE junto con el Consejo; aprobar el presupuesto a largo plazo, el llamado "marco financiero plurianual".

– Supervisoras.

Lo que se elige ahora son los 751 miembros de este Parlamento, que es el centro del debate político europeo y que funciona sobre todo en pleno y en comisiones. Cada eurodiputado percibirá 8.757,7 euros al mes, a los que se suman 4.513 euros en dietas.

La plataforma VoteWatch Europe estima que entre un 55% y un 60% de los parlamentarios serán nuevos. "Es decir, más de la mitad de los eurodiputados necesitarán un tiempo de adaptación en la institución y una parte importante de la memoria institucional se perderá en esta legislatura", como valora un informe del Real Instituto Elcano.

  3. ¿Cómo se reparten los diputados por países?

El número de diputados por país se corresponde con su población, aunque no es un reparto perfecto. Ningún país puede tener menos de 6 ni más de 96. El país que más tiene es Alemania, con 96, seguido de Francia (74), Italia (73), Reino Unido (73), España (54) y Polonia (51). Luego hay una importante caída hasta Rumanía (32). Los que menos tienen son Malta, Luxemburgo y Chipre, con 6 cada uno.

  4. ¿Qué pasará con el 'Brexit'?

Cuando se materialice la salida de Reino Unido de la UE, perderán su condición de diputados los 73 británicos. Pero la Cámara no se quedará en 678, que serían los 751 actuales menos los 73 salientes, sino en 705. El motivo es que ganarían diputados 14 países:

– España y Francia (5 cada uno). España pasaría entonces a 59.

– Italia y Holanda (3 cada uno).

– Irlanda (2).

– Polonia, Suecia, Finlandia, Austria, Eslovaquia, Rumanía, Croacia, Estonia y Dinamarca (1 cada uno).

El resto se quedarían igual.

  5. ¿Qué grupos hay en la Cámara?

Los diputados no se agrupan por nacionalidades, sino por grupos de afinidad ideológica más plurales que los partidos políticos al uso. Se forman tras las elecciones, con un mínimo de 25 diputados de 7 países, por lo que pueden cambiar de miembros de una legislatura para otra.

En la legislatura que ahora se cierra ha habido ocho grupos. Se indican aquí de mayor a menor, señalando en cuál han integrado sus diputados los partidos españoles (elección que no en todos los casos tiene por qué repetirse ahora):

– Partido Popular Europeo (PPE): 217 europarlamentarios (28,9% del voto). Democristianos y conservadores. Aquí se integra el PP. Aunque en teoría hay una frontera entre el PPE y la ultraderecha, forma parte del grupo Fidesz, el partido del húngaro Viktor Orbán, marcadamente autoritario. Actualmente Fidesz está suspendido por el grupo popular, aunque no expulsado.

– Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D): 187 (24,9%). Grosso modo, los socialdemócratas. El grupo del PSOE.

– Conservadores y Reformistas Europeos (ECR): 76 (10,1%). Son conservadores euroescépticos, con elementos de extrema derecha. Combinan diputados del Partido Conservador británico con otros de los partidos de derecha autoritaria polaca y checa. No tienen representación española.

– Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE): 68 (9,1%). El frente liberal y autoproclamado centrista, donde se han concitado –juntos, pero no revueltos– fuerzas españolas en apariencia antagónicas: Ciudadanos, PNV y PDeCat. No obstante, el partido de Carles Puigdemont fue expulsado el pasado año por la corrupción que arrastraba Convergència (y por la presión de Cs).

– Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL): 52 (6,9%). Socialistas, comunistas y partidos a la izquierda del PSOE. Aquí se han inscrito Podemos, IU y Bildu.

– Verdes / Alianza Libre Europea (Verdes/ALE): 52 (6,9%). Ecologistas, izquierdistas, independientes antisistema, piratas, independentistas de izquierdas... Es el grupo de Esquerra.

– Europa de la Libertad y de la Democracia Directa (EFDD): 41 (5,5%). Popurrí populista, donde coincide el Movimiento 5 Estrellas con los pro-Brexit de Nigel Farage. No hay diputados españoles.

– Europa de las Naciones y de las Libertades (ENF): 37 (4,9%). Es la extrema derecha con todas las letras, con vocación de crear un polo ultranacionalista. Ahí se han agrupado la Liga Norte de Matteo Salvini, Reagrupación Nacional de Marine Le Pen, los nacionalistas flamencos de Vlaams Belang (defensores a ultranza de la causa de Puigdemont), eurófobos británicos... Salvini trata de atraer a este grupo a diversas fuerzas eurófobas de todo el continente, ahora dispersas. Vox no ha aclarado si se integrará en este grupo.

Además, ha habido 21 diputados no adscritos.

  6. ¿Cómo se reparten los parlamentarios españoles?

Las elecciones de 2014 dejaron en España escaños para estas candidaturas:

– PP, con Miguel Arias Cañete como cabeza de lista: 26,09% de los votos y 16 escaños integrados en el PPE.

– PSOE, con Elena Valenciano al frente: 23,01% y 14 escaños en el grupo S&D.

– La Izquierda Plural, con Willy Meyer –que renunció a tomar posesión de su escaño al destapar infoLibre que estaba entre los eurodiputados con un fondo de pensiones vehiculado a través de una sicav–: 10,03% y 6 escaños, de los que 5 se integraron en la Izquierda Unitaria y 1 (de Iniciativa per Catalunya) en los Verdes.

– Podemos, con Pablo Iglesias: 7,98% y 5 escaños, que fueron a Izquierda Unitaria.

– UPyD, con Francisco Sosa Wagner: 6,51% y 4 escaños para los liberales de ALDE.

– Coalición por Europa (CDC, Unió y PNV, entre otros), con Ramón Tremosa: 6,42% y 3 escaños.

– L'Esquerra pel Dret a Decidir (que integraba a ERC), con Josep Maria Terricabras: 4,01% y 2 escaños a los Verdes.

– Cs, con Javier Nart: 3,16% y 2 eurodiputados a ALDE.

– Los Pueblos Deciden (Bildu y BNG), con Josu Juaristi: 2,08% y 1 escaño, a los Verdes.

– Primavera Europea (Compromís, Equo, Chunta), con Jordi Sebastià: 1,92% y 1 escaño, también para los Verdes.

  7. ¿Qué candidaturas españolas hay ahora?

Hay 32 listas en total. El PSOE presenta como cabeza de lista a Josep Borrell, ministro de Exteriores en funciones, que también fue titular de Obras Públicas con Felipe González (1991-1996) y presidente del Parlamento europeo entre 2004 y 2007. Sus diputados irán al grupo S&D.

La cabeza de lista del PP es Dolors Montserrat, ex ministra de Sanidad, que dejará así de ser portavoz en el Congreso. Sus diputados irán al PPE.

Ciudadanos sitúa al frente de su candidatura al economista Luis Garicano, partidario de recetas liberales. Sus eurodiptuados irán a ALDE.

Unidas Podemos Cambiar Europa, la coalición de Podemos e IU, pone en la parte alta de la papeleta a la profesora de Filosofía del Derecho María Eugenia Rodríguez Palop, de marcado perfil feminista. Sus representantes engrosarán las filas de la Izquierda Unitaria.

Vox ha optado por el abogado Jorge Buxadé, que fue candidato de Falange en elecciones en 1995 y 1996 y es uno de los impulsores de Sociedad Civil Catalana. El partido ultraderechista oculta a qué grupo irá.

ERC, Bildu, el BNG y nacionalistas asturianos y canarios se han unido en la candidatura Ahora Repúblicas, encabezada por Oriol Junqueras, que acaba de ser suspendido como diputado en el Congreso y está siendo juzgado por rebelión, malversación y sedición en el Tribunal Supremo. Los diputados irán a los Verdes.

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, que se encuentra en Bélgica tras haber salido de España evitando rendir cuentas ante la justicia española por hechos similares a los de Junqueras, liderará la candidatura Lliures Per Europa, desde donde pretende –al igual que Ahora Repúblicas– dar dimensión europea al conflicto político en torno al procés. Al igual que Vox, no está definido a qué grupo irán los diputados elegidos. Quedarse como independientes es una opción.

Coalición por una Europa Solidaria integra al PNV, Geroa Bai, Coalición Canaria y nacionalistas baleares y valencianos. Es cabeza de lista la ya europarlamentaria jeltzale Izaskun Bilbao. Sus diputados pondrían rumbo al grupo ALDE.

Compromiso por Europa (Compromís, En Marea, Chunta, Més Per Mallorca, Nueva Canarias, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Coalición por Melilla...) sitúa de nuevo como cabeza de lista al escritor Jordi Sebastià, de Compromís. Si sale elegido, iría a los Verdes.

Además de estas 9 candidaturas, a las que los sondeos han otorgado posibilidad de obtener representación, concurren otras 23, cuyas previsiones electorales son menos optimistas. Entre esas otras listas están el Pacma (con Silvia Barquero al frente), Actúa (liderada por María Garzón), Izquierda en Positivo (con Javier Couso) o Recortes Cero - Los Verdes (encabezada por Sara Montero).

  8. ¿Cómo se elige al presidente de la Comisión Europea?

En las elecciones europeas, al igual que en las generales, no se elige al presidente del Gobierno (o de la Comisión Europea, en este caso). Se elige a 751 eurodiputados que, a la postre, elegirán al presidente de la Comisión. Pero con límites. La nominación previa corresponde al Consejo Europeo, que presenta a su candidato atendiendo a los resultados de las elecciones europeas. Para que se convierta en presidente de la Comisión –lo que ahora es el luxemburgués Jean-Claude Juncker– tiene que recibir el apoyo de la mayoría absoluta de la Eurocámara, empresa que podría ser complicada según cómo quede.

En cuanto a los comisarios (el equivalente a los ministros), es el Consejo, previo acuerdo con el presidente electo de la Comisión, el que aprueba la lista de candidatos, uno por cada Estado. Primero los comisarios propuestos comparecen ante las comisiones parlamentarias de sus respectivos ámbitos de responsabilidad. A continuación, cada comisión parlamentaria lo evalúa. El proceso termina con el voto del Parlamento europeo. Por último, el Consejo hace el nombramiento por mayoría cualificada. Las mayorías relativamente estables en torno a conservadores y socialdemócratas han facilitado hasta ahora este tipo de elecciones. Dependiendo del éxito de las fuerzas euroescépticas, el panorama podría cambiar.

En 2014, para hacer más atractivas e interesantes las elecciones y añadir transparencia al proceso, las distintas familias políticas empezaron a presentar candidatos a la presidencia de la Comisión antes de las elecciones, entre los que estuvieron Jean-Claude Juncker (PPE), Martin Schulz (S&D) y Alexis Tsipras (Izquierda Unitaria). El elegido fue Juncker, que gobernó en coalición con socialdemócratas y liberales. Este modelo de gran acuerdo por el centro está ahora en entredicho con el auge de las fuerzas de extrema derecha.

Los antecesores de Juncker han sido José Manuel Durão Barroso (2004-2014) y Romano Prodi (1999-2004).

  9. ¿Qué candidatos a la presidencia de la Comisión hay?

Los principales grupos políticos han presentado sus candidatos. Los grupos del Europarlamento han mostrado su voluntad de nombrar aspirantes de este ramillete, pero está por ver qué ocurre al final. Un Europarlamento muy fragmentado podría cambiarlo todo y obligar a buscar repuestos. Los aspirantes son:

– Manfred Webber, presidente del PPE, ingeniero físico de 46 años, socialcristiano bávaro, es uno de los más blandos con Orbán dentro de su grupo.

– Frans Timmermans, del Partido del Trabajo holandés, es la carta de los socialdemócratas. 57 años. Es partidario de una mayor regulación económica.

– Jan Zahradil, aspirante de los Conservadores y Reformistas Europeos, checo de 55 años, defiende una Europa de dos velocidades. Es escéptico sobre el cambio climático.

– Margrethe Vestager, danesa de 51 años, comisaria europea de Competencia desde 2014, es la opción de los liberales de ALDE. Se dice que inspiró al personaje protagonista de la popular serie Borgen.

– Nico Cue es el candidato de Izquierda Unitaria, sindicalista con raíces asturianas, hijo de mineros exiliados a Bélgica, de 62 años.

– Ska Keller, de 37 años, parlamentaria europea desde hace diez años, es una figura destacada de los Verdes alemanes. Es máster en Estudios Islámicos. Su trayectoria está vinculada a la del referente antiglobalización José Bove.

A priori, los candidatos con más opciones son Webber y Timmermans. Pero está por ver. No es obligatorio que el elegido sea ninguno de los ahora propuestos.

  10. ¿Qué dicen los sondeos?

La legislatura que ahora comienza podría ser la primera de la historia electoral europea, iniciada en 1979, en que populares y socialdemócratas no alcanzan el 50% del voto. El informe del Parlamento europeo a partir de los sondeos nacionales sitúa al PPE como el grupo con mayor número de escaños, 180, por delante de los socialdemócratas (149), ALDE (76), Conservadores y Reformistas Europeos (66), Europa de las Naciones y de las Libertades (62), los Verdes (57), Izquierda Unitaria (46), Europa de la Libertad y de la Democracia Directa (45). Unos 70 parlamentarios irían a "otros partidos" que no son miembros de ningún grupo europeo.

En España el promedio de sondeos, según el estudio del Parlamento europeo, da la victoria al PSOE, con 18 escaños (4 más que en 2014), seguido del PP (13, 3 menos), Podemos-IU (8, 3 menos que por separado), Ciudadanos (7, 5 más que ahora, aunque UPyD tenía otros 4), Vox (6, partiendo de 0) y Ahora Repúblicas (2, los mismos que L'Esquerra pel Dret a Decidir). Se quedarían fuera, según este estudio, la coalición en torno al PNV y Lliures per Europa, la marca de Puigdemont.

Si se cumplen las encuestas, el PSOE volvería ser el partido más votado, algo que no consigue desde 2004. Eso sí, el bipartidismo es historia también en las europeas. Las encuestas apuntan a una continuación de la tendencia ya esbozada en 2014, cuando se produjo un derrumbe de la hegemonía bipartidista. Hasta entonces ambos partidos había mandado claramente en las citas europeas, sumando entre ambos:

– 63,7% en 1987, con victoria socialista con 39,1 puntos porcentuales

– 61,0% en 1989, con nuevo triunfo del PSOE con 39,6 puntos.

– 70,9% en 1994, con el PSOE arriba con el 40,1% del voto.

– 75,0% en 1999, con la primera victoria del PP, con 39,7 puntos.

– 84,7% en 2004, el mayor festín del bipartidismo, con una victoria del PSOE con 43,5 puntos.

– 80,9% en 2009, con victoria del PP con 42,1 puntos.

– 49,1% en 2014, con el PP por delante con 26,09 puntos.

La participación en las elecciones europeas es decreciente en toda la Unión. No ha parado de caer desde el 63% de 1979 hasta el 42,6% de 2014. En España la participación siempre ha sido superior, pero también ha declinado hasta el 43,81%. Es previsible que la coincidencia con autonómicas y municipales la anime.

Jean-Claude Juncker (Luxemburgo, 65 años) acaba de admitir el error de no haber acudido a la refriega política para "desmontar las mentiras" de la campaña del Brexit, que culminó con el referéndum de junio de 2016. "Me equivoqué al quedarme callado”, ha afirmado durante la campaña de las elecciones al Parlamento europeo, en el marco de un balance de su etapa como presidente de la Comisión, iniciada en noviembre de 2014 y que toca a su fin. De modo que Juncker admite ahora el "error". Pero, en realidad, sus hechos demuestran que el ex primer ministro luxemburgués entendió el mensaje de las urnas británicas al instante. Y el mensaje es este: el proyecto europeo está en peligro en buena medida porque sus enemigos tienen claros sus fines mientras entre sus defensores todo son dudas y miedos.

En marzo de 2017, bajo el trauma del referéndum de salida del Reino Unido, Juncker puso encima de la mesa un documento que, más que un documento, era una bomba de relojería. Se llamó, con apariencia algo inocente, Libro blanco sobre el futuro de Europa. Pero no era el clásico diagnóstico autoindulgente y con compromisos de futuro que los dirigentes suelen utilizar para ganar tiempo. Juncker conminaba a los Estados europeos a responsabilizarse del proyecto y les preguntaba qué querían hacer, sin descartar un retroceso en el proceso de construcción europea. "Juncker se dio cuenta de que había una división muy profunda entre los Estados, y de que la capacidad legislativa de la Comisión estaba mermada. Entonces sugiere cinco posibles escenarios para Europa. ¿Qué intentaba? Era una manera de decir: 'Asumid vuestra responsabilidad. ¿Qué queréis? ¿Hacia dónde vamos'"?, explica la investigadora del Barcelona Centre of International Affairs (Cidob) Carme Colomina, coordinadora del reciente informe ¿Politización o polarización? La transformación de la UE ante el nuevo ciclo político.

La Comisión señalaba en su llamada de alerta que el poder económico de Europa decaía: del 22% del PIB mundial pasaría a "mucho menos del 20%" en 2030. Advertía del creciente protagonismo de la fuerza en las relaciones internacionales y de la necesidad de mayor militarización: "Ser un 'poder blando' ya no es suficiente cuando la fuerza puede prevalecer sobre la ley". También del envejecimiento: "Europa será la región 'más vieja' del mundo en 2030, con una media de edad de 45 años". Y sobre la merma de apoyo al proyecto europeo: "En torno a un tercio de los ciudadanos confían en la UE en la actualidad, frente a aproximadamente la mitad que lo hacía hace diez años". Después anotaba además uno a uno los grandes retos por venir: descarbonización de la producción, cambio climático, digitalización de la economía, refugiados... Tras señalar las que debían ser grandes prioridades de la UE –completar la unión financiera, afianzar la responsabilidad democrática y reforzar las instituciones–, la Comisión Juncker cerraba su análisis soltando la bomba. ¿Qué hacemos ahora?, preguntaba. Y entre las cinco posibilidades no se excluía retroceder en la unión política y dejar la UE sólo en un "mercado único", ni tampoco menguar las competencias del club, ni aceptar los hechos consumados y asumir negro sobre blanco una Europa de dos velocidades.

Es decir, no se descartaba abandonar el proyecto original de unión política agregadora con vocación de crecimiento permanente, lo que sería la formalización de una retroceso sin precedentes. Esta involución sería un paso atrás de la UE que constituiría un éxito de los pujantes ultranacionalismos, que aspiran este domingo a hacerse fuertes en el Europarlamento.

  Retroceso de conservadores y socialdemócratas

Más de dos años después de la alerta de Juncker, la UE sigue echada en el diván, con sus instituciones alerta ante el ascenso de unos ultranacionalismos que van desde el antieuropeísmo hasta el euroescepticismo, pero que en cualquier caso son contrarios a la cesión de soberanía a Bruselas. "El del futuro de la UE es un debate muy enconado. [Los Estados] han sido incapaces de afrontarlo. Todo se ha ido alargando. Porque incluso los que quieren más Europa no están de acuerdo entre ellos. Macron defiende un fortalecimiento institucional, mientras que Merkel se inclina por la aceptación de normas comunes", señala la investigadora Carme Colomina. ¿Y España? "Con el actual Gobierno, se ha visto un discurso proeuropeo que estaría más cerca de la visión de corresponsabilidad de Francia", señala.

A falta de decisiones de los Estados, van a hablar los votantes. Las nuevas correlaciones de fuerzas entre las posiciones se verán marcadas por las elecciones al Parlamento europeo, que en España se celebran este domingo. Va a ser una votación clave. La UE decide su rumbo, que ya no puede demorarse más, bajo la espada de Damocles de unos movimientos antieuropeístas que ya se han quitado la etiqueta de marginales y ahora esperan a ser decisivos.

Por primera vez las encuestas, incluida la proyección de escaños hecha por el Europarlamento a partir de los sondeos nacionales, vaticinan que los dos principales grupos políticos comunitarios, los conservadores y demócrata-cristianos del Partido Popular Europeo –donde está el PP– y la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas –donde está el PSOE–, podrían no alcanzar el 50% del voto ni del número de escaños. Sería un hito. Es una incógnita cuánto sumarán las candidaturas ultraderechistas en Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Holanda, Polonia y otros países donde los movimientos eurófobos y antiinmigración son fuertes o están en crecimiento. Pero se da por hecho un auge de las fuerzas nacionalistas contrarias a la cesión de soberanía. También en España.

  Alianzas contra la estabilidad

Cuando los votos estén contados y los escaños repartidos se verá cómo se integran estos candidatos en los grupos políticos, base de la actividad del Europarlamento. La Liga Norte (Matteo Salvini), Reagrupación Nacional (Marine Le Pen), el Partido por la Libertad de Holanda (Geert Wilders), Alternativa por Alemania, el Partido de la Libertad Austriaco y otras fuerzas ultranacionalistas han exhibido su sintonía. Sobre la mesa está el proyecto de posible unidad de acción parlamentaria de las fuerzas euroescépticas, idea que abandera Salvini. Ahora mismo sus empeños están dispersos entre diputados no adscritos a ningún grupo y otros en los grupos Europa de las Naciones y la Libertad, Conservadores y Reformistas Europeos y Europa de la Libertad y la Democracia Directa (donde se produce la extraña coalición entre el partido del Brexit de Nigel Farage y el Movimiento 5 Estrellas).

Hasta la fecha los dos principales partidos de centro-derecha y centro-izquierda, siempre con más del 50% de los apoyos y escaños, han mantenido a raya a las fuerzas centrífugas. "Paz" y "estabilidad" han sido las dos grandes divisas del proyecto europeo. Nadie cuestiona la paz. Pero la estabilidad está en riesgo. Y quienes la zarandean son partidos ultraderechistas. Guillermo Pérez, catedrático de Historia y director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, se muestra preocupado. "Hasta ahora, en clase, cuando explicaba la Unión Europea siempre decía que era un proceso irreversible. Desde el Brexit, eso ya no se puede mantener".

  Salir de la impresión de decadencia

No obstante, Pérez afirma que la UE ha gestionado con "cooperación y compromiso" el Brexit, lo que ha evitado una extensión del fenómeno. "Lo que pretendían los promotores del Brexit no era sólo una salida de la UE, sino generar un efecto llamada perverso y que al Reino Unido lo siguieran toda una constelación de países. Ese proyecto ha fracasado. Ahora queda preservar el legado de los padres fundadores: paz, bienestar socioeconómico de los pueblos y buen gobierno democrático". El catedrático cree desmesurada la impresión de crisis que se cierne sobre la UE. "Se han dedicado muchos esfuerzos a ver la luz tras la crisis, al Brexit y a que los valores europeos no se vean arrastrados a la destrucción. Y fíjate, que incluso hay analistas que hacen comparaciones con los malhadados años de entreguerras. Si logramos superar esa injusta sensación de decadencia, será muy positivo. Porque, hoy día, si no existiera la UE, habría que inventarla", señala.

A juicio de Pérez, el combustible de la eurofobia ha sido la crisis de los refugiados, cuya responsabilidad atribuye más a los Estados que a la UE, aunque "las cosas no se hicieron bien". Al calor del debate sobre la inmigración y la crisis, han cogido fuerza –analiza– los partidos favorables a recuperar competencias. "Hay un intento de quitar sustancia al ámbito comunitario", afirma.

  Un plebiscito en un entorno crítico

Este domingo podrá calibrarse la fuerza de ese intento. Pérez lamenta que el impulso europeísta de Macron se haya diluido y expresa su temor a que se cumplan las previsiones de que hasta un tercio del Europarlamento caiga en manos de partidos contrarios a la Unión. Son muchos los analistas que observan que las elecciones tienen algo de plebiscito sobre el proceso europeo. Sería un plebiscito en un momento delicado. Con una nueva contracción económica en lontananza, liderazgos de cariz autoritarios en grandes potencias (Donald Trump, Vladimir Putin, Jair Bolsonaro), tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, la UE se asoma a una crisis existencial, precisamente cuando sus dirigentes pretendían una mínima rentabilización política de los aceptables resultados de la relajación de la política monetaria iniciada en 2012 y comenzar a vender una imagen menos dura con el anunciado pilar social.

Toda la agenda está en juego: el seguro de desempleo, la unión bancaria, la reserva europea, el desbloqueo de los tratados comerciales, las medidas contra el cambio climático, la adaptación a la digitalización económica... En vez de centrada en la cohesión de las políticas de inmigración, seguridad antiterrorista, lucha contra la evasión fiscal y defensa militar, Europa sigue acogotada por la amenaza interna. Porque no es sólo la fuerza de Nigel Farage, Matteo Salvini o Marine Le Pen, que este domingo podrían salir a los balcones a proclamar sendas victorias. No es sólo que no está todavía calibrado dónde está el techo de la ultraderecha en Alemania. Es que en además en la propia UE hay ya un subgrupo de chicos malos, el llamado Grupo de Visegrado, que integra a Hungría, Polonia, Eslovaquia y Chequia, cuyos gobiernos socavan abiertamente la autoridad de Bruselas con sus desafíos xenófobos y autoritarios. Vox ha mostrado simpatías por este modelo, aunque calla sobre cuál será su adscripción tras las elecciones de este domingo.

  Amenaza de bloqueo

Frente a las múltiples amenazas, los europeístas se muestran divididos y confusos. La hipótesis de un G3 España-Francia-Alemania no se ha concretado. Mucho se aclarará en la noche del domingo. A partir de los resultados, según cómo se repartan los 751 parlamentarios entre conservadores, socialdemócratas, izquierdas, verdes, euroescépticos, liberales y otros, habrá que empezar una legislatura que durará hasta 2024. En medio la Unión cumplirá 70 años en 2020, tomando como referencia la declaración de Schuman, considerada germen de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). Es una legislatura bajo amenaza de bloqueo.

Buena parte de su funcionamiento depende del próximo marco financiero plurianual, que abarca de 2021 a 2027. El actual Parlamento ha llegado ya a un primer acuerdo. Pero la aprobación definitiva necesita la unanimidad del Consejo Europeo, donde están todos los jefes de Estado y de Gobierno. "Las negociaciones sobre los planes financieros plurianuales de la Unión nunca han resultado sencillas. [...]. Habida cuenta de las numerosas prioridades en liza, las presiones presupuestarias y las divisiones entre los principales responsables de la toma de decisiones, no resulta sorprendente que en ocasiones llegar a un acuerdo se compare con lograr la cuadratura del círculo", señala el servicio de análisis del Parlamento europeo. Las posiciones del Consejo Europeo quedarán determinadas a su vez por el reparto de fuerzas en el nuevo Parlamento, que promete ser una sacudida en el tablero político.

"Es verdad que está el requisito de la unanimidad en el Consejo está ahí, y que luego hace falta una mayoría en el Parlamento que puede ser difícil. Un sólo Estado puede hacer mucho daño. Pero hay que tener en cuentas dos cosas. En las negociaciones se presiona mucho. Y, si no se lograra el nuevo marco, se podría prorrogar el actual", señala el investigador del Real Instituto Elcano Ignacio Molina. El también profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales cree, en cambio, que los resultados electorales sí pueden complicar la elección del presidente de la Comisión. "Sobre el papel los mejor situados son Manfred Weber [Partido Popular Europeo] y Frans Timmermans [Socialistas y Demócratas], que son los candidatos de los dos principales grupos. Pero depende. Podría ocurrir que se acabara buscando a otro, si hay problemas, que puede haberlos. Habrá juego ahí entre el Parlamento, los Estados... Lo más fácil es que sea Weber o Timmermans, pero se verá...", explica. La elección del presidente de la Comisión será más complicada, al menos a priori, cuanta más fuerza tengan los euroescépticos. "Yo no me creo los pronósticos de apocalipsis antieuropea. Pero sí creo que habrá un aumento que erosionará la mayoría proeuropea", afirma Molina.

Por supuesto, de las elecciones no sólo dependen los nombres que pilotarán la UE. También las políticas. ¿Se cumplirá la previsión de rebajar fondos para la PAC para centrarse en el cambio de modelo productivo? ¿Cuál será el rumbo en inmigración, defensa, clima y en la relación con Estados Unidos y con Rusia? ¿Se creará el seguro de paro? Y, antes de nada, ¿cómo quedará el marco financiero? "Mucho dependerá de si hay nuevas mayorías alrededor de la socialdemocracia o si las fuerzas populistas ganan peso y capacidad de influencia", afirma Carme Colomina, que cree que se avecina una legislatura de flexibilidad y pacto, con un papel relevante de los liberales, y señala que el Partido Popular Europeo sufre una división interna ante la hipótesis del acuerdo con la extrema derecha. "Tienen dentro sensibilidades muy distintas. No es una decisión fácil de tomar. Está en riesgo la propia supervivencia del grupo", señala. Del grupo y, quizás, de la propia UE.

Si las genealogías nacionalistas suelen estar teñidas de épica guerrera, el germen del europeísmo es justo lo contrario: el club comunitario nace contra la guerra y sobre sus ruinas. Hay que recordar cómo el punto de partida del federalismo europeo, el manifiesto Por una Europa libre y unida, de los deportados políticos Altiero Spinelli y Ernesto Ross, apela a un espacio compartido en el que viejos enemigos se unan para no repetir "antiguos absurdos". Eso es Europa: una comunidad contra el "absurdo" de la guerra. Ahí, en su elevado propósito fundacional, radica el alto valor político y moral de la UE, pero también algunos de sus problemas. Porque quizás es una institución demasiado alejada del suelo. Y a menudo es vista como un ente abstracto, imbuido de altos valores, tan altos como inaccesibles, custodiados por burócratas que no sabrían colocar ni un pueblo en el mapa. Pero lo cierto es que no es así. Europa se nota, y cada vez más. Se nota en la calidad del aire y en la cola del economato, en el avión y en el aceite del desayuno, en la relación con nuestro proveedor digital y en la cola del paro.

Aunque el grueso de la regulación de la vida diaria sigue en manos de los Estados, la UE tiene cada vez mayor incidencia a pie de calle, sea con medidas o planes específicos o con el impacto creciente de sus programas o leyes. La orientación de todo ello se dirime en las elecciones al Parlamento europeo, que en España se celebran este domingo, tras una campaña en la que los asuntos comunitarios han quedado eclipsados. No porque sean irrelevantes. Del desarrollo rural al fin del roaming, de la conectividad a Internet a la lucha contra el terrorismo, de los programas contra el paro juvenil a la modernización de la agricultura, del metro de Madrid al Museo de Bellas Artes de Asturias, es amplio el abanico alcanzado por la mano –y el dinero– de Europa.

infoLibre pone el foco en el impacto –tan real como a veces desapercibido– de las políticas comunitarias y señala la agenda venidera.

  Paz y estabilidad

"La Unión Europea tiene un problema con la pedagogía. Si tú explicas a los ciudadanos la importancia de los fondos Feder o de la PAC, o en última instancia del euro, puede entenderse que es algo que merece la pena mantener. Pero ha faltado explicación. Hay que insistir en que el proyecto europeo es lo más extraordinario que nos ha pasado desde la Segunda Guerra Mundial", señala Guillermo Pérez, catedrático de Historia y director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid. Pérez se refiere sobre todo a lo "extraordinaria" que es Europa políticamente. Más que al detalle, va al concepto: un club de 28 países –serán 27 si se consuma el Brexit– que negocian, comparten mercado y delegan competencias. Esa sería la portada del libro europeo: más de 500 millones de ciudadanos viviendo en paz y con estabilidad bajo el imperio de la ley en el seno de uno de los entornos económicos más prósperos del mundo, protegidos por el sistema de derechos más garantista y con la agenda sociopolítica más centrada en la sostenibilidad de todas las potencias avanzadas. Y todo ello sobre los suelos de la batalla de Verdún, los campos nazis y el Muro de Berlín.

Amenazada por el auge del ultraderechismo, zarandeada por el Brexit, castigada por el desapego popular, la UE resiste, de momento. "La Unión Europea sigue. A veces, mirando a lo concreto y puntual, se nos olvida que en 2020 cumplirá 70 años", insiste el catedrático Guillermo Pérez.

  Medidas cercanas, instituciones lejanas

Sí, de acuerdo, la UE sigue. Y no es frecuente que un proyecto de tanta envergadura dure siete décadas. Pero, ¿y si miramos los árboles y no el bosque? ¿Y si buscamos en lo concreto? "La importancia de Europa es enorme. Tres de cada cuatro leyes que se aprueban en España provienen de la UE. ¿Cuál es el problema? Que no se dice. Por ejemplo, el control de la jornada laboral o los permisos de paternidad mínimos de cuatro meses vienen de medidas aprobadas por Europa, pero esto se pasa por alto", señala un portavoz del Europarlamento.

A la hora de seguir el rastro que une las medidas de mayor impacto con la UE nos encontramos con varios problemas, empezando por la lejanía de Bruselas y siguiendo por la complejidad de la Unión, en cuyo entramado conviven el Parlamento, la Comisión –lo que sería el gobierno– y el Consejo –donde se integran los líderes nacionales–, así como tribunales, comités, un banco central, supervisores... Para añadir dificultad, está el ventajismo de los Estados. "La práctica de echar la culpa a 'Bruselas' de los problemas y atribuirse el mérito de los logros, el hecho de no asumir como propias las decisiones adoptadas conjuntamente [...] han demostrado ser perjudiciales" para la UE, señala la Comisión en su Libro blanco sobre el futuro de Europa, lanzado en marzo de 2017, aún con el arrepentimiento por no haber desmentido los bulos de aquella campaña.

  Dinero invisible

La legislatura 2014-2019, en la que el conservador Jean-Claude Juncker ha ostentado la presidencia de la Comisión, ha venido marcada por el Brexit, el primer ciclo tras la recesión económica y la crisis migratoria. Existe un consenso bastante amplio entre los observadores en que la UE ha acertado en los dos primeros hitos y no en el tercero, aunque la fracasada respuesta a la crisis de los refugiados es sobre todo responsabilidad de los Estados. "Los planes de inversión y la política monetaria expansiva han incidido para bien en la superación de la crisis y el crecimiento económico. El papel de Europa en la crisis del Brexit, con el negociador Michel Barnier al frente, ha sido un éxito. Se ha mantenido una posición conjunta. Y luego está la crisis de los refugiados de 2015, que no se ha gestionado bien", señala el investigador del Real Instituto Elcano y profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales Ignacio Molina. En el terreno económico, los tratados para evitar futuras crisis –Estabilidad, Euro Plus– y los "requisitos prudenciales" con el mismo fin tienen sello europeo. El tiempo dirá si funcionan.

Pero, además de la legislatura del Brexit y los refugiados, la que ahora acaba ha sido también la legislatura en que las instituciones europeas se han hartado de pagar los platos rotos, aguantar que los dirigentes nacionales culpen a Bruselas de sus desgracias y poner la otra mejilla. "A veces el dinero gastado por la UE no es fácilmente visible, ya que se redistribuye a través de una variedad de programas y por diferentes actores nacionales, regionales y locales, que a menudo añaden financiación ellos mismos", señala el Parlamento europeo en una comunicación precisamente llamada ¿Qué hace la Unión Europea?

  Bicicletas y 'smartphones'

Tanto la Comisión como el Parlamento europeo parece que han entendido que ya no es suficiente con detallar las grandes líneas de actuación fijadas en la hoja de ruta comunitaria: empleo, crecimiento e inversión, innovación, cambio climático, peso internacional.... Estas áreas consumen buena parte de los 2.134 textos adoptados por el Europarlamento en la legislatura que agoniza, de los cuales 708 han sido actos legislativos vinculantes, es decir, directivas –que requieren de trasposición a los Estados–, reglamentos y decisiones de obligado cumplimiento, según los datos oficiales entre julio de 2014 y diciembre de 2018.

Todo eso son grandes palabras, las luces de neón del proyecto europeo. Ahora la UE se esfuerza en escribir todo eso con letra pequeña. Regresamos al texto ¿Qué hace la Unión Europea?, que dice: "¿Eres ciclista? ¿Utilizas tu smartphone durante las vacaciones? ¿Te preocupa la calidad del aire? ¿Eres conductor de autobús, cervecero o incluso apicultor? ¿O eres una persona joven con una gran idea para tu propio negocio? La UE no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? ¡Te equivocas!". En efecto, si aplicamos el zoom al ciclo europeo 2014-2019, se observa que la legislatura europea es pródiga en decisiones de alto impacto a pie de calle.

  Economía digital y protección de datos

Estas decisiones son especialmente relevantes en el ámbito tecnológico. El fin del roaming entró en vigor en junio de 2017, poniendo fin al pago extra por realizar llamadas, enviar mensajes de texto o usar datos móviles dentro de la UE. En 2015 la Eurocámara introdujo medidas restrictivas a las comisiones que los bancos cargan a los comercios por procesar los pagos de sus compradores. En el campo comercial, nuevas normas evitan las limitaciones geográficas para las compras por Internet.

El Parlamento europeo aprobó en 2017 un programa de financiación para ofrecer wifi gratuito en lugares públicos. Desde 2015 hay reglas europeas que favorecen la introducción de nuevos operadores en el mercado de pagos online, lo que en teoría debe abaratar costes y evitar fraudes. Este mismo año se ha elevado protección de los derechos de autor en el entorno digital. Lo que aún está pendiente de concreción –aunque sobre el papel las instituciones europeas están en ello– son las medidas para erosionar la posición omnipotente de los gigantes tecnológicos, así como para reducir el impacto en los derechos laborales del capitalismo digital

Las nuevas reglas europeas de protección de datos obtuvieron en 2016 la luz verde del Parlamento europeo, obligando a los Estados miembro a su trasposición. El marco comunitario ha supuesto la aplicación de criterios garantistas en la recopilación y uso de datos personales, en un contexto marcado por los abusos cometidos por grandes compañías como Facebook. Ese mismo año, 2016, la Cámara aprobó la directiva sobre registro de datos de pasajeros para la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Se trata de batallas que constituyen cada vez más un proyecto europeo. Las policías estatales advierten con frecuencia de que el repliegue nacional es contraproducente en la persecución del crimen transfronterizo. Lo mismo ocurre con la lucha contra el fraude fiscal. En lo que fue una de las primeras decisiones de relevancia de la legislatura, en 2015, el Parlamento europeo elevó las exigencias de transparencia a los países del club.

  Medio ambiente

Aunque los críticos con el modelo vigente en la UE protestan por que se que acepte como dogma económico el capitalismo, sistema que ha demostrado su capacidad de depredación medioambiental, lo cierto es que las instituciones europeas llevan años en la vanguardia de las medidas contra el deterioro ecológico del planeta. Medidas como Madrid Central han evitado a España sanciones europeas, ya que la superación de límites contaminantes supone el incumplimiento de normas comunitarias. En la Conferencia de París sobre el clima de 2015, la UE asumió el compromiso de reducir al menos un 40% de sus emisiones para 2030. En esta línea la UE ha acordado la reducción en un 37,5% y un 31% de las emisiones de C02 de los coches y furgonetas. Sus objetivos de eficiencia energética, fijados en 2018, son los más exigentes entre las grandes potencias económicas.

Hay más en el terreno medioambiental. El Parlamento Europeo ha aprobado la prohibición del uso de plásticos de un solo uso (como pajitas o bastoncillos) a partir de 2021. El fin de las bolsas de plástico gratis también tiene origen en la UE. Es sólo un ejemplo de cómo el Congreso ha acabado haciendo suyo un mandato europeo. Según la agencia Efe, del total de 58 leyes (incluidos decretos) que se han aprobado en España desde junio de 2018, cuando se produjo el cambio de Gobierno, 32 (un 61,5 % del total) son trasposiciones de directivas europeas. Medidas de igualdad laboral entre hombres y mujeres aprobadas este mismo año en España son en realidad trasposiciones de directrices europeas. Y habrá más. El Parlamento europeo aprobó el mes pasado dos meses de permiso de paternidad no transferible y hasta cinco días al año para cuidados. El impulso a las políticas de conciliación viene también de las instituciones europeas, aunque a menudo no se mencione.

  De los tratados internacionales al último pueblo

Es frecuente que se evalúe a la UE únicamente por los grandes hitos en política internacional. Sus tribulaciones diplomáticas ante Estados Unidos, China y Rusia, potencias de perfil exterior más duro, suelen devaluar su imagen. En cambio, las instituciones europeas reivindican sus acuerdos económicos con Canadá, Japón, Mercosur y México, con las consiguientes rebajas de aranceles y facilidades de acceso a dichos mercados. Se trata, en todo caso, de un enfoque liberalizador que suscita división en el seno de la UE.

También las suscitan las prioridades en la inversión, aunque hasta la fecha le UE ha esquivado el bloqueo presupuestario. El resultado del domingo determinará el rumbo del proyecto comunitario en cuanto al dinero. A corto-medio plazo afectará al marco económico plurianual 2021-2027, todavía pendiente de aprobación. Sobre las cuentas de 2019 sí hay acuerdo, con un montante de 165.800 millones (3,17% más). ¿Tendrá impacto todo este dinero en España? Lo tendrá.

Para hacernos una idea, en 2017 España recibió de la UE 9.664 millones de euros, de los que un 54,13% fueron destinados al sector agrícola (la PAC, sobre todo), mientras que el 32,6% sirvió para financiar políticas estructurales y de cohesión y el 10,76 % para I+D. En 2019 está previsto reforzar la financiación de los programas de crecimiento y empleo, Erasmus, infraestructuras sostenibles, ayudas a pymes, I+D+i... Programas que acaban llegando al último rincón del último pueblo. Si el lector percibe alguna ayuda pública vinculada a los anteriores temas, es altamente probable que sea total o mayoritariamente europea.

  Pesca gallega, arrecifes cántabros...

A pesar de que le persigue el sambenito de institución derrochona –la asignación mensual a un eurodiputado es de 8.757,7 euros, a los que se suman 4.513 euros en dietas–, el gasto administrativo de la UE supone un 6% del total. El resto del dinero presupuestado aterriza en la realidad. ¿Cómo? No hace falta usar la imaginación. El detalle es público y puede consultarse área por área. Los programas de la UE abarcan casi cada aspecto de la vida del país: centros de acogida de menores, ayudas a la maternidad, etiquetado del vdddino, seguridad de la calidad del marisco, requisitos de humanidad en los mataderos de animales... Lo más sencillo para medir el impacto de las instituciones, las políticas y el dinero europeos es observar ciudades y autonomías. Aquí van algunos ejemplos –en un listado no exhaustivo– de programas e intervenciones financiados íntegra o mayoritariamente por la UE:

– La línea 8 del metro de Madrid.

– Ayuda al sector pesquero gallego.

– Programa de Desarrollo Rural de Extremadura.

– Inserción laboral en Cataluña.

– Atención médica a ancianos mediante programa Carewell en Euskadi.

– Recuperación ambiental del río Segura en Murcia.

– Desarrollo urbano sostenible en Navarra.

– Cooperación fronteriza con Portugal en Andalucía.

– Ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias.

– Ayudas a las pymes en Aragón.

– Apoyo a enfermos mentales en Baleares.

– Investigación sobre arrecifes artificiales en Cantabria.

– Mejora de la conectividad a internet en los colegios de la Comunidad Valenciana.

– Alivio del sobrecoste en transporte en Canarias, financiando –entre otras cosas– el transporte sanitario en helicópteros.

– Seguimiento de cultivos en Castilla y León.

Se trata de inversiones y proyectos que, más allá de su aparente disparidad, tienen algo en común: su rentabilización electoral corre a cargo de políticos de ámbito estatal, regional o local, nunca europeo, a pesar de que el origen de los fondos es la UE. Las instituciones europeas tratan ahora de darle la vuelta a la tortilla y que la ciudadanía sienta que Europa hace algo por ella. El grado de abstención y de auge del euroescepticismo dirán si ha surgido efecto.

  ¿Y ahora qué?

La próxima legislatura, 2019-2024, las instituciones europeas deberán seguir lidiando con problemas económicos y migratorios, tensiones internacionales y el Brexit. El profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales Ignacio Molina señala con el dedo los grandes temas que tendrá que abordar ahora la UE: "El cambio climático, la transición energética, sostenibilidad, la privacidad...". A la espera de ver qué imprevistos echan por tierra las previsiones –como suele ocurrir en política–, la agenda agenda 2019-2024 establece en principio cuatro prioridades: protección de las libertades; desarrollo económico; ecología y justicia social; y promoción de los valores europeos. Es previsible que ahí se inscriba el grueso de la actividad del nuevo Europarlamento.

No es un secreto que Europa está en una encrucijada: ¿Irá a una o varias velocidades? ¿Cómo lidiará con el crescendo autoritario de Hungría? ¿Será capaz de compatibilizar crecimiento e igualdad? El rumbo se marcará en buena medida en el marco 2021-2027. Descendiendo aún más al detalle, está por ver si se establece un seguro europeo de desempleo, que los principales candidatos españoles –salvo el de Vox– apoyan. Si se estableciera, otra vez Europa dejaría ver su impacto en nuestro día a día. Hay mucho en juego.

Los asistentes de velocidad inteligentes en los vehículos a partir de 2022, las nuevas medidas contra la proliferación de los contenidos terroristas en Internet o el emotivo discurso de la activista ecologista Greta Thunberg ponen fin a una de las legislaturas más convulsas que se recuerdan en el Viejo Continente. El Parlamento Europeo se disolvió esta semana a la espera de que los 751 escaños vuelvan a ocuparse de nuevo tras las elecciones del próximo 26 de mayo, en las que tendrá que participar Reino Unido después de que Londres y Bruselas no consiguiesen cristalizar el Brexit dentro del plazo fijado inicialmente. Unos comicios en los que se espera una caída de los dos principales grupos políticos –EPP y S&D– y un ligero repunte de la extrema derecha y los euroescépticos. Según la última proyección de voto publicada por la Eurocámara, realizada en base a sondeos hechos en diferentes países, los conservadores seguirán liderando el hemiciclo con 180 asientos, seguidos por los socialdemócratas –149 escaños–, los liberales –76 eurodiputados– y el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos –66 asientos–.

Los cinco últimos años han sido especialmente tensos en la Unión Europea. La legislatura ha estado plagada, de principio a fin, de sobresaltos en materia política, económica o migratoria. La crisis griega provocó durante meses un preocupante terremoto en la Eurozona que estuvo a punto de culminar con la salida del país heleno del euro. El aluvión de refugiados de 2015 evidenció los enormes problemas de la UE para gestionar los grandes flujos migratorios. Y el Brexit ha puesto a prueba la solidez de los Estados miembro a la hora de afrontar la primera salida de un país del proyecto comunitario. Un lustro de “policrisis”, como llegó a apuntar en su momento el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude-Juncker, que también ha estado marcado por importantes avances legislativos. Desde la mejora en la protección de los datos personales hasta el apoyo normativo a los denunciantes de corrupción o las nuevas medidas en materia medioambiental. Y, por supuesto, la famosa directiva del copyright, alabada por unos y criticada por otros.

De Grecia a Reino Unido pasando por Trump

No han sido pocos los obstáculos que ha tenido que sortear la Unión Europea a lo largo de esta última legislatura. El primer problema llegó a los pocos meses de iniciarse el mandato, con la llegada de Alexis Tsipras al Gobierno. Con Syriza en el Ejecutivo heleno, y el economista Yanis Varoufakis al frente del Ministerio de Finanzas, las negociaciones sobre un tercer rescate en suelo griego se tornaron harto complicadas. Todas las reuniones para abordar la crisis finalizaban sin acuerdo y los temores a una posible salida de Grecia de la Eurozona no paraban de aumentar. Tras varios días de corralito, una consulta ciudadana y la dimisión de Varoufakis, Atenas terminó capitulando ante los acreedores. A cambio de 86.000 millones, el Ejecutivo heleno tuvo que aplicar varios paquetes de recortes, entre los que se encontraba la reforma de las pensiones y del mercado laboral y un fondo de privatizaciones. Un movimiento al que la ciudadanía respondió con huelgas y que terminó provocando una crisis interna en Syriza que obligó a Tsipras a convocar nuevas elecciones.

Mientras la Unión Europea lidiaba con la crisis griega, cientos de miles de refugiados intentaban alcanzar el Viejo Continente. Sólo entre enero y agosto de 2015, según las cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), llegaron a Europa a través del Mediterráneo 292.000 personas, de las cuales 181.000 recalaron en Grecia y 108.000 en Italia. La descomunal crisis migratoria obligó a la Unión Europea a buscar fórmulas para intentar gestionarla. Por un lado, en septiembre, los Estados miembro se comprometieron a reubicar en dos años a 160.000 solicitantes de asilo, una medida que fracasó estrepitosamente –menos de 45.000 habían sido reasentados cuando se cumplió el plazo fijado–. Por otro, Bruselas cerró en 2016 un acuerdo con Ankara para devolver a Turquía a los migrantes que se encontrasen en suelo comunitario. Un pacto que generó importantes dudas entre algunos de los miembros de la Eurocámara, que pidieron no dar un “cheque en blanco” a Recep Tayyip Erdogan.

Tras las crisis griega y migratoria, llegó la zozobra política. En junio de 2016, el 52% de los ciudadanos de Reino Unido votaron a favor de la salida del club comunitario. Comenzó así el hasta ese momento inexplorado procedimiento de divorcio. El 29 de marzo de 2017, la primera ministra, Theresa May, activó formalmente el artículo 50 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y comenzaron los dos años de cuenta atrás hasta la salida efectiva. Los dos bloques consiguieron cerrar la primera fase de las negociaciones en tiempo y forma con un acuerdo bajo el brazo. Pero a May se le atragantó la convalidación del pacto en Londres. Ante la imposibilidad de desbloquear la situación, y con el plazo oficial de salida superado, Bruselas aprobó la semana pasada una prórroga larga hasta el próximo 31 de octubre –aunque Reino Unido puede salirse en cualquier momento si logra ratificar el Acuerdo de Retirada–. Extensión que obliga a Reino Unido a participar en los próximos comicios europeos.

Pero la victoria del Brexit sólo fue el pistoletazo de salida de un annus horribilis en el Viejo Continente. “La Unión Europea no se encuentra actualmente en su mejor forma. (…) Hay indicios que apuntan a que nos encontramos en parte ante una crisis existencial”, señaló Jean Claude-Juncker durante el discurso sobre el estado de la Unión de 2016. Lo que no sabía el líder del Ejecutivo comunitario era que sólo un par de meses después triunfarían en Estados Unidos las tesis antiestablishment y proteccionistas de Donald Trump. La llegada del magnate a la Casa Blanca ha tensado enormemente las relaciones entre la Unión Europea y la primera potencia del mundo. Los enfrentamientos, que arrancaron con la decisión del magnate de poner fin a las negociaciones del TTIP, han sido constantes. La decisión de la Administración Trump de romper el acuerdo nuclear con Irán, por ejemplo, ha obligado a Bruselas a idear mecanismos para que sus empresas puedan esquivar las sanciones estadounidenses por seguir operando en suelo iraní. Y las amenazas de una guerra comercial son constantes.

Tras la victoria de Trump y el éxito del Brexit, la Unión Europea consiguió esquivar el fantasma del euroescepticismo en las elecciones francesas, holandesas y alemanas de 2017. Sin embargo, todas las alarmas saltaron de nuevo en Bruselas tras las generales italianas, que desembocaron en un gobierno de coalición – Movimiento 5 Estrellas y la extrema derecha de la Liga Norte– con el que la Comisión Europea ya ha tenido su primer encontronazo con motivo de los presupuestos. Del mismo modo, las autoridades comunitarias han tenido también agrios enfrentamientos con la Hungría de Viktor Orbán y la Polonia de Jaroslaw Kaczynski por sus derivas autoritarias. Ahora, con el auge y consolidación de las fuerzas euroescépticas y ultraderechistas por toda la UE, todas las miradas están puestas en la Eurocámara que saldrá las elecciones del próximo mes de mayo. De momento, las últimas encuestas publicadas dan a los grupos en los que se integran estos partidos más de un centenar de escaños.

Medio ambiente, protección de datos y conciliación

Pero mientras se maniobraba para esquivar los temporales, también se iban cerrando importantes avances legislativos. Uno de ellos ha sido el Reglamento de la Unión Europea de Protección de Datos (GDRP, por sus siglas en inglés), que fue aprobado en 2016 y que entró en vigor dos meses después de que se revelara que la consultora Cambridge Analytica recopiló información de millones de usuarios de Facebook que fue utilizada en la campaña presidencial de Donald Trump y en la del Brexit. Este nuevo reglamento cubre el tratamiento de datos que realicen tanto empresas asentadas en la UE como aquellas firmas de terceros países que oferten bienes y servicios en suelo comunitario. Entre las novedades, el texto incluye, por ejemplo, el derecho al olvido –que el interesado pueda solicitar la supresión de sus datos personales– o la obligación de las compañías de recibir el consentimiento “claro afirmativo” del usuario para poder llevar a cabo el tratamiento de datos de carácter personal.

En materia digital, Bruselas también ha conseguido sacar adelante la polémica directiva de derechos de autor. Tras dos años de intensas negociaciones y enmiendas constantes, la Eurocámara dio luz verde el pasado mes de marzo con 348 votos a favor la nueva norma sobre el copyright. La reforma prevé la obligación para las grandes plataformas como Google, Youtube o Facebook de vigilar y filtrar los contenidos que los internautas compartan en sus espacios, para detectar si se están publicando obras protegidas por derechos de autor sin el permiso de sus creadores –los contenidos satíricos quedan exentos–. Además, contempla que los editores de prensa puedan reclamar a los agregadores de noticias compensaciones por utilizar sus contenidos, aunque la norma prevé que dichas plataformas puedan seguir compartiendo fragmentos “muy breves” de dichos artículos de prensa. Los detractores de la directiva alertan de que recortará “libertades” y censurará “a destajo”. Los defensores sostienen que fortalecerá las industrias culturales y creativas europeas.

La Unión Europea también ha dado pasos importantes en materia medioambiental. Después de dejar claro su compromiso en la lucha contra el cambio climático con la ratificación en octubre de 2016 del Acuerdo de París, y tras el escándalo Volkswagen, el pleno de la Eurocámara dio luz verde a finales de marzo al acuerdo alcanzado para reducir las emisiones de dióxido de carbono de los coches nuevos un 37,5% en 2030 y que obliga a los fabricantes que superen esos límites a pagar por tales excesos. Otra de las medidas relevantes adoptadas en materia medioambiental ha sido la prohibición, para el año 2021, de vender e importar productos de plástico de un solo uso. Así, en los próximos dos años, deberán desaparecer del mercado todos aquellos que ya cuentan con alternativas biodegradables, como las pajitas, las bolsas, los cubiertos de plástico o los bastoncillos. Además, obliga a los Estados miembro a hacer una recogida selectiva para reciclar el 90% de las botellas de plástico de cara al año 2025.

Otro de los pasos importantes dados por Bruselas en esta legislatura ha sido en materia anticorrupción. Tras un último lustro marcado por diferentes escándalos –desde los Papeles de Panamá a Luxleaks–, la Eurocámara aprobó con 591 votos a favor la directiva de protección de los alertadores, un texto que ahora deberá ser trasladado a las legislaciones de los Veintisiete y que protege a los denunciantes de casos de corrupción de posibles represalias. Entre las diferentes medidas, la normativa establece un mecanismo seguro que permita a cualquier persona que tenga información sobre prácticas ilícitas denunciarlas en el seno de las empresas o instituciones públicas sin temor a ser despedida, degradada, sancionada o coaccionada. El paso dado desde Bruselas no es una mera ocurrencia. Según un estudio sobre los beneficios económicos de proteger a los denunciantes en la adjudicación de contratos públicos, que elaboró la Comisión en 2017, Europa pierde cada año entre 5.800 y 9.600 millones de euros por no proteger a estos informantes.

Sólo unos días antes de que el Parlamento Europeo diese el visto bueno a la protección a los alertadores, los eurodiputados avalaron otra directiva para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. La nueva norma trata de incrementar la presencia de las mujeres en el ámbito laboral reforzando el papel del padre o segundo progenitor dentro del núcleo familiar. Así, la directiva incluye, entre las nuevas medidas, un permiso retribuido de diez días laborables para los padres en las fechas previas al nacimiento de un hijo. Además, establece también un permiso parental de dos meses pagado e intransferible. Los Estados miembro tienen ahora tres años para cumplir con todas las novedades de esta nueva directiva.

La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, han trasladado un mensaje de "ánimo" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cara a las elecciones generales del 28 de abril, durante la cumbre europea que les ha reunido este jueves y viernes en Bruselas, según han informado fuentes de Moncloa.

El presidente del Gobierno ha tenido un encuentro bilateral con la canciller alemana este viernes a primera hora de la mañana, antes del arranque del segundo día de Consejo Europeo, y el jueves tuvo una charla con Macron durante un receso en la cena, después de que el encuentro formal que tenían previsto se anulara al complicarse las negociaciones de la prórroga del Brexit. Según fuentes gubermanentales, en ambos casos, los dirigentes europeos han tenido "breves palabras de ánimo" y "aliento" a Sánchez de cara a las próximas elecciones generales, durante unas conversaciones en las que sobre todo abordaron el futuro del proyecto europeo.

Moncloa insiste en que tanto Merkel como Macron se sienten "cómodos" con Sánchez pese a ser de distintas familias políticas porque cuando se encuentran en Bruselas "son de la misma familia europeísta". Desde el Gobierno achacan este entendimiento a que España ha contribuido de manera "importante" a los debates sobre el proyecto europeo desde que Sánchez asumió la presidencia del Gobierno, a pesar de que han sido "diez meses complicados".

El auge de las fuerzas populistas y de ultraderecha en las próximas contiendas electorales es una preocupación "muy grande" en "toda" Europa y ha salido a colación durante las conversaciones de Sánchez con sus homólogos francés y alemana, aunque no han mencionado "siglas" ni el caso concreto de Vox en España, porque la reflexión se ha dirigido al conjunto de la UE. Sin embargo, y a pesar de tratar los próximos retos de la agenda europea, Sánchez no trató ni con Merkel ni con Macron la revisión de las normas europeas en materia de competencia que promueven París y Berlín —y que no gusta a España—, tras el veto de Bruselas a la fusión de los gigantes Siemens y Alstom.

Sánchez también se reunió el jueves para intercambiar impresiones sobre el Brexit con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien se vio en bilateral con ocho de los 28 de manera consecutiva para preparar la Cumbre, así como con el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Además de su reunión bilateral con Merkel, este viernes se ha visto a Sánchez hablar de manera distendida con la propia canciller, con el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, y con el primer ministro portugués, Antonio Costa, entre otros, mientras esperaban en la sala de reuniones del Consejo a que diera comienzo la segunda jornada de cumbre.

Los líderes de la Unión Europea han acordado este jueves ofrecer a Reino Unido retrasar el Brexit al menos hasta el 12 de abril, aunque la semana próxima el Parlamento británico tumbe por tercera vez el acuerdo de salida negociado durante los dos últimos años entre Londres y Bruselas. "Todos somos conscientes objetivamente de lo difícil que es esta situación y del hecho de que aún no hemos encontrado la solución final, pero sí hemos hecho para facilitar el proceso. Aún hay varias opciones abiertas", ha dicho el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, en una rueda de prensa tras cerca de seis horas de reunión.

May pidió formalmente por carta a sus aún socios europeos retrasar del 29 de marzo al 30 de junio la salida de Reino Unido, con la promesa de someter a una nueva votación el acuerdo de salida la semana próxima, y ganarla. También dijo que no contemplaba convocar las elecciones europeas de mayo, lo que en la práctica ha limitado el calendario para la prórroga. Finalmente, la fórmula que han pactado los líderes y que Tusk ha trasladado a May contempla una prórroga hasta el 22 de mayo en caso de que la próxima semana la Cámara de los Comunes apruebe el Tratado de Retirada que ya ha rechazado en dos ocasiones.

Sin embargo, la propuesta diseñada por los 27 ofrece también una prórroga sin condiciones, aunque más corta, "hasta el 12 de abril", en el caso de que el Parlamento británico no respalde el pacto de divorcio.

En el marco de esta hipótesis, el bloque "espera que Reino Unido indique el modo de avanzar antes de esta fecha, para que lo estudie el Consejo". Preguntando por hasta cuándo está la UE dispuesta a aplazar el Brexit, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha evitado la respuesta directa y ha dicho que "hasta el final".

La razón de marcar el 12 de abril como tope a la prórroga sin condiciones es que es también el último día en que Reino Unido puede convocar las elecciones al Parlamento europeo, que está obligado a convocar si para la fecha de su celebración (del 23 al 26 de mayo) sigue siendo un Estado miembro. En un último intento por ganar el apoyo de Westminster, los líderes también han confirmado el acuerdo que May cerró con Juncker hacer diez días en Estrasburgo (Francia), para dotar de mayor claridad jurídica a las garantías de que la salvaguarda irlandesa es un mecanismo de último recurso.

No habrá renegociación

Además han recalcado que el Tratado de Retirada "no puede ser reabierto" y por eso cualquier declaración o compromiso futuros deberán ser "compatibles con el espíritu y la letra" de este acuerdo. El texto de conclusiones adoptado por unanimidad por los 27, además, recoge la disposición a seguir preparando a todos los niveles los planes de contingencia para mitigar los daños de un eventual Brexit caótico, que tendrán en cuenta todos los posibles escenarios.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha destacado, por su parte, que el bloque ha dado a May una prórroga como ella quería, pero lo ha hecho "con nuestros límites y nuestras condiciones". Así, el mandatario galo ha explicado que la oferta europea da a Reino Unido hasta mediados de abril para "aclararse" sobre lo que quiere, favorece una solución para una desconexión ordenada y permite a la UE "no caer en la trampa de asumir el papel de malo".

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha destacado que con la prórroga del Brexit que han ofrecido los 27 a la primera ministra británica, Theresa May, han hecho "un esfuerzo de empatía" para tratar de evitar una salida caótica. Mientras, May ha dicho al abandonar la reunión que trabajará "duro" los próximos días para ganar la votación en la Cámara de los Comunes y cumplir así con la condición para disfrutar del aplazamiento al 22 de mayo para preparar una salida suave.

Falta de claridad

El bloque se mostró inicialmente abierto a conceder una prórroga corta, considerada de carácter "técnico", para asegurar que Reino Unido tuviera tiempo de preparar su salida de manera ordenada, y siempre condicionado al visto bueno de Westminster al acuerdo de divorcio, que la UE considera innegociable. Sin embargo, tras discutir durante 90 minutos con May sobre sus planes, los líderes han concluido este jueves que falta claridad en su propuesta y han encajado con "pesimismo" las "evasivas" de la británica sobre cómo pensaba afrontar el posible escenario de que fracasara en los intentos para salvar el acuerdo, según han indicado distintas fuentes diplomáticas.

May se ha aferrado a que solo contempla el 'plan A' de que la Cámara de los Comunes adopte el acuerdo de salida y, por tanto, no ha querido abordar otras hipótesis. "No tiene un plan 'B', así que no es posible que los líderes mantengan una discusión estructurada, tienen que discutirlo ahora", han explicado fuentes europeas, para explicar que a última hora del jueves convivan distintas propuestas sobre cómo articular la prórroga. Preguntados más tarde por el ambiente del encuentro, tanto Juncker como Tusk han asegurado que el ambiente ha sido "positivo" y "constructivo", si bien el jefe del Ejecutivo comunitario ha avisado de los límites de la "paciencia" del bloque europeo.

El Partido Popular Europeo ha decidido finalmente "suspender con efecto inmediato" la membresía del Fidesz del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, por los ataques de Budapest contra la Unión Europea, en especial contra el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, según informa Europa Press.

"Hasta nueva orden el Fidesz será suspendido con efecto inmediato tras la votación de hoy de los miembros del PPE", ha anunciado el presidente del partido europeo, Joseph Daul, tras casi cuatro horas de reunión de la asamblea política a la que ha acudido el propio Orbán.

Las consecuencias inmediatas de esta decisión es que el partido del primer ministro húngaro no tendrá derecho a voto en las reuniones del partido, ni sus miembros podrán asistir a las reuniones del PPE ni proponer candidatos a sus puestos. Orbán, por ejemplo, no podrá asistir a la cumbre de líderes del PPE que se celebra este jueves en Bruselas, aunque su presencia había sido anunciada la semana pasada cuando se anunciaron los detalles del evento.

El líder del PPE en la Eurocámara y candidato en las europeas a presidente de la Comisión Europea, el alemán Manfred Weber, ha asegurado en una rueda de prensa posterior que el resultado es prueba de la firmeza del PPE. Weber ha explicado, además, que se constituirá un comité de evaluación para hacer un seguimiento de la situación y explorar en el futuro si Fidesz muestra con hechos y acciones que merece de nuevo la confianza del PPE.

Este comité de expertos estará formado por tres antiguos altos cargos de la familia popular: el expresidente del Parlamento Europeo Hans-Gert Poettering, el excanciller austriaco Wolfgang Schuessel y el exprimer ministro belga Herman Van Rompuy.

La decisión de suspender –y no expulsar, a pesar de que así lo pidieron varios partidos nacionales– ha salido adelante con 190 votos a favor y 3 en contra.

El Parlamento de Reino Unido ha rechazado este martes por segunda vez el acuerdo del Brexit negociado por el Gobierno de Theresa May y la UE, a pesar de los ajustes que la primera ministra consiguió arrancar in extremis al bloque comunitario, precisamente, para intentar convencer a los diputados británicos.

La votación se resolvió rápidamente, después de un día de intenso debate en la sede legislativa, por 242 votos a favor y 391 en contra, lo que arroja un saldo de 149 votos, según informa la cadena británica BBC. Por partidos, 75 tories (conservadores) han optado por rechazar el acuerdo, mientras que tres laboristas lo han apoyado. La Cámara de los Comunes ya rechazó este mismo acuerdo el 15 de enero por 202 votos a favor y 432 en contra, una diferencia de 230 votos. Para encontrar un rechazo tan contundente, hay que remontarse hasta 1924, cuando el Gabinete de Ramsay MacDonald sufrió una serie de varapalos parlamentarios, el mayor de ellos por un margen de 166 votos.

Tras este revés, May inició una ronda de contactos con los líderes de los grupos parlamentarios en la que se comprometió a persuadir a Bruselas de que diera las garantías que reclama Londres sobre el backstop o el mecanismo de emergencia para evitar que con el Brexit vuelva la frontera dura entre Irlanda del Norte e Irlanda. Con este objetivo, la premier viajó el lunes por la noche a Estrasburgo para reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Dos horas y media después, logró una "interpretación común legalmente vinculante" sobre el backstop.

Juncker subrayó entonces que estas "aclaraciones" no aportan elementos nuevos, ni reabren el acuerdo del Brexit, aunque "completan" el texto legal para apuntar con mayor claridad que el backstop es un mecanismo de último recurso, que ninguna de las partes quiere activarlo y que, de hacerlo, será de manera temporal hasta hallar una solución mejor. Esta declaración vinculante, por tanto, no ofrecía los cambios exigidos por los diputados británicos, que pretendían que Reino Unido pudiera desactivar unilateralmente el backstop o al menos fijar un límite temporal. "Completa, no reabre", el acuerdo del Brexit, avisó el propio Juncker.

Nueva votación

May ha tomado la palabra nada más encajar este segundo golpe. "Lamento profundamente la decisión que esta Cámara ha tomado esta noche", ha declarado. "Sigo creyendo que este acuerdo es el mejor y, por tanto, el único posible", ha añadido. La inquilina del Número 10 de Downing Street ha anunciado que el Gobierno presentará una moción para que el Parlamento decida este mismo miércoles si quiere un Brexit sin acuerdo. La Cámara de los Comunes ha confirmado posteriormente que la votación se celebrará a las 19.00 (hora local).

May ha defendido "apasionadamente" que "la mejor forma [de abandonar la Unión Europea] es hacerlo de forma ordenada", por lo que la moción propone a los diputados que descarten un Brexit caóticoBrexit, advirtiendo del "potencial daño" que supondría lo contrario. En el caso de que el Parlamento opte por un Brexit ordenado, May ha anunciado que el Gobierno presentará una segunda moción proponiendo a los comunes que Reino Unido solicite a la UE un aplazamiento de la fecha en la que se producirá la ruptura entre Londres y Bruselas, prevista actualmente para el 29 de marzo. "Pero voy a ser muy clara", ha advertido. "Votar en contra de irnos sin acuerdo y por un prórroga no va a resolver los problemas a los que nos enfrentamos", ha indicado. "La UE querrá saber qué queremos hacer con esa prórroga y este Parlamento tendrá que responder a esa pregunta", ha avanzado. "¿Queremos revocar el artículo 50?, ¿queremos celebrar un segundo referéndum? o ¿queremos irnos con un acuerdo pero no con este acuerdo?", ha planteado. May se ha mostrado consciente de que todas ellas son "opciones nada envidiables, si bien ha reprochado que, "gracias a la decisión que ha tomado esta noche el Parlamento, hay que afrontarlas".

'La negociación ha terminado'

El jefe negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, ha puesto en duda este miércoles el sentido de conceder una prórroga a Reino Unido para que pueda retrasar el Brexit tras el rechazo del Parlamento británico al acuerdo de divorcio negociado, porque, ha subrayado, el tiempo de negociación "ha terminado". "¿Prorrogar esta situación, para qué? Porque la negociación sobre el artículo 50 [que fija las condiciones de salida] ha terminado: El acuerdo está ahí", ha recalcado Barnier, en una intervención ante el pleno del Parlamento Europeo, que este miércoles debate sobre el Brexit y la agenda de la UE.

El fiscal general británico, Geoffrey Cox, ha asegurado este martes que el acuerdo firmado el lunes por la primera ministra británica, Theresa May, con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, mantiene "el riesgo legal" de que Reino Unido no pueda abandonar de forma unilateral la llamada salvaguarda, la solución de emergencia para que no haya una frontera dura entre la provincia de Irlanda del Norte y la república de Irlanda en el periodo de transición, informa Europa Press.

En su informe sobre el acuerdo sellado la víspera entre Juncker y May, Cox señala que las nuevas premisas "reducen el riesgo" de que Reino Unido se quede "de manera indefinida e involuntaria" atrapado en la salvaguarda, antes de dejar claro que "el riesgo legal" de no poder abandonar esta solución de emergencia "sigue inalterado" porque los británicos no podrían dejar esta solución sin el visto bueno de Bruselas. "Considero ahora que las provisiones legalmente vinculantes del Instrumento Conjunto y el contenido de la Declaración Unilateral reducen el riesgo de que Reino Unido pueda quedarse de manera indefinida e involuntaria atrapado dentro de las provisiones del Protocolo", señala el informe del fiscal general británico.

El análisis del fiscal general es un documento muy esperado por los parlamentarios británicos para decidir si apoyan o no el acuerdo de May sobre el Brexit en la votación convocada para este martes por la noche en la Cámara de los Comunes. Tras elogiar las provisiones pactadas por May con Juncker, el fiscal general británico advierte en su informe de que "el riesgo legal" de que Reino Unido no pueda abandonar la salvaguarda de la frontera irlandesa "sigue inalterado" porque Reino Unido no tiene "medidas internacionalmente legales" para abandonar esta solución de emergencia.

La salvaguarda de la frontera entre las dos Irlandas es el principal obstáculo para que los parlamentarios británicos apoyen el plan de May para el proceso de salida de la Unión Europea, ante el temor a que conlleve que el país se quede en la unión aduanera de forma indefinida. Tras publicar su informe, el fiscal general ha comparecido en la Cámara de los Comunes, donde ha defendido el acuerdo sellado la víspera por May con Juncker por las "aclaraciones" que contiene, aunque ha admitido que no hay posibilidad de que Reino Unido pueda abandonar la salvaguarda de manera "unilateral".

"No hay duda en mi opinión de que las aclaraciones de la declaración conjunta y de la declaración unilateral aportan refuerzos importantes y vinculantes sobre los derechos legales a disposición de Reino Unido", ha subrayado Cox, según informa la BBC. En su opinión, las provisiones que conforman el llamado instrumento conjunto pactado el lunes por May con Juncker "llegan más allá de la mera interpretación del acuerdo de retirada y representan de forma material nuevas obligaciones legales y compromisos".

El fiscal general británico ha dejado claro ante los diputados que las cuestiones legales sobre el acuerdo del Brexit solo sirven para "informar" a cada parlamentario para que tome la decisión "política" sobre el futuro del pacto presentado por May en la Cámara Baja. Tras reconocer que el acuerdo del lunes no deja espacio para una "salida unilateral definitiva" de la salvaguarda, Cox ha dicho que se podrían plantear cuestiones sobre la "probabilidad" de abandonar esta solución de emergencia para la frontera entre el Úlster y la república de Irlanda.

Cox ha acusado a los laboristas de no haber aclarado su posición con respecto al plan de salvaguarda y les ha llamado "oportunistas" por su actitud en el proceso de salida de la Unión Europea. Por último, ha recalcado que la declaración del Brexit pactada con Juncker "reduce el riesgo" de que Reino Unido tenga que quedarse sometido a la salvaguarda en contra de su voluntad.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha asegurado este lunes que la última declaración "legalmente vinculante" negociada con Londres para tratar de salvar el acuerdo del Brexit es un instrumento que "completa, pero no reabre", los términos del divorcio; al tiempo que ha avisado a los diputados británicos de que esta es la última oportunidad de una salida ordenada de la UE.

"En política a veces tienes una segunda oportunidad, es lo que tenemos hoy, porque no habrá una tercer oportunidad. No habrá más interpretaciones de interpretaciones, ni más garantías sobre garantías si decae el voto mañana", ha declarado Juncker en una rueda de prensa en Estrasburgo (Francia). "He sido claro, no habrá más negociaciones", ha zanjado Juncker poco después, al ser preguntado por las alternativas si la Cámara de los Comunes vota en contra de la solución que han consensuado in extremis él y la premier.

Juncker ha comparecido ante la prensa acompañado por la primera ministra británica, Theresa May, con quien se ha reunido durante cerca de dos horas y media en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, en un último intento por sacar el acuerdo de salida del punto muerto en que se encontraba. El resultado es un "instrumento legalmente vinculante" que ofrece nuevas precisiones y garantías legales al Gobierno británico para defender ante Westminster que la salvaguarda irlandesa (bacsktop en la jerga comunitaria) es una herramienta de último recurso y, en cualquier caso, temporal.

La Cámara de los Comunes rechazó en un primer voto en enero las condiciones del Tratado de Retirada, sobre todo por temor a que la red de seguridad diseñada para evitar la vuelta a una frontera física en el Úlster supusiera "atrapar" a Reino Unido de manera indefinida en la Unión Aduanera. En estos meses, la UE a 27 se ha negado a introducir cambios en el acuerdo de salida, con mayor peso legal, y ha ofrecido a explorar nuevas alternativas en el marco de la declaración política que dibuja el marco de la relación futura.

Finalmente, la fórmula acordada incluye un instrumento común "con peso legal", ha dicho Juncker, que "completa pero no reabre" el Tratado de Retirada y que respeta las directrices que marcaron los líderes de la Unión Europea cuando se inició el proceso. Por eso Juncker ha asegurado que Irlanda respaldará estos complementos al acuerdo y también ha pedido al presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, que recomiende a los jefes de Estado y de Gobierno del bloque que secunden la solución en la cumbre europea que celebrarán del 21 al 22 de marzo.

El jefe del Ejecutivo comunitario ha sostenido que este es "el único acuerdo factible", una idea que también ha recogido May, quien también ha subrayado que el llamado backstop es visto por ambas partes como una "póliza de seguros" que ninguno de ellos desea ver activa y que, en cualquier caso, también ambas partes coinciden en que "nunca debe ser usado". En su carta a Tusk, además de declarar la determinación del bloque por cumplir a tiempo con el proceso de ratificación y lograr una desconexión "ordenada y amistosa", Juncker avisa de que en cualquier caso, el Brexit debe completarse antes de que tengan lugar las elecciones europeas (23 al 26 de mayo). De lo contrario, subraya el jefe del Ejecutivo comunitario, Reino Unido estará obligado legalmente a convocar estas elecciones, tal y como exigen las reglas de la UE a todos sus Estados miembros. Juncker cerraría de este modo la posibilidad de aplazar a largo plazo el Brexit y limitaría las opciones de prórroga a un plazo corto para cumplir con los procesos de tramitación del divorcio.

Momento de aprobar el acuerdo

May ha insistido en que el texto negociado con Bruselas supone "cambios legales", por lo que ha confiado en que ha llegado el momento de "respaldar este acuerdo mejorado del Brexit". Las garantías con que cuenta ahora Londres se apoyan en el texto conjunto, una carta de Juncker a Tusk informando de lo acordado y también una "declaración unilateral" del Gobierno británico que afirma que, en caso de que las negociaciones sobre el futuro se rompan y no haya visos de acuerdo, la posición británica será que "no habrá nada que impida a Reino Unido promover medidas que finalmente lleven a deshacer la salvaguarda".

La premier ha aclarado que este tipo de declaraciones unilaterales son utilizadas habitualmente como complemento en los proceso de ratificación de Tratados y que ahora el Fiscal General de Reino Unido, Geoffrey Cox, llevará a cabo un análisis jurídico de los documentos anunciados. La mandataria británica ha añadido que este martes comparecerá ante la Cámara de los Comunes para rendir cuentas sobre lo negociado, antes de que arranque el debate sobre el acuerdo y se proceda posteriormente a votación.

Si Westminster vota de nuevo en contra del acuerdo de divorcio, a pesar de las aclaraciones añadidas en el último momento, el miércoles habrá un segundo voto para saber si el Parlamento británico secunda una salida caótica sin acuerdo. En caso de que el resultado arroje un rechazo mayoritario a un divorcio desordenado, los diputados británicos se enfrentarán a un tercer voto el jueves, para decidir si el Gobierno debe solicitar o no a sus socios un aplazamiento del Brexit y evitar así una salida abrupta y sin acuerdo el 29 de marzo.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha enviado una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Junker; del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y del Consejo Europeo, Donald Tusk, para mostrar su preocupación por el juicio del 1-O: "Representa el fracaso de la política, entendida como un espacio de diálogo y de negociación, y la delegación de la solución de un problema eminentemente político a instancias judiciales".

En la misiva enviada este viernes, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha alertado de que, si este juicio acaba en sentencias condenatorias, difícilmente servirá para reconducir el problema, reforzará la polarización, y no servirá para construir una salida negociada, y también ha asegurado que la extrema derecha española utiliza el juicio "como altavoz para difundir su ideario de odio y obtener réditos electorales".

La primera edil ha subrayado que la prisión provisional de los líderes soberanistas supone "una vulneración de los derechos de las personas encausadas a preparar una defensa efectiva, y que los delitos que se imputan son desproporcionados", y ha aprovechado para remitir la Declaración Institucional aprobada en el consistorio en la que se exigía un juicio justo e imparcial.

También ha informado que el 20 de febrero ha invitado a un grupo de miembros del Parlamento Europeo a hacer un seguimiento del juicio en Madrid, y finaliza su carta recordando que las consecuencias de este juicio son de interés para el conjunto de las instituciones europeas. En este sentido, Colau ha insistido en que el juicio del procés afecta a estas instituciones en lo que concierne a su estabilidad política —en un momento de "auge del populismo xenófobo"— y por el pleno reconocimiento de los derechos humanos y las libertades democráticas que han permitido la construcción de la Unión Europea, según ella.

La preocupación de Bruselas en relación con esta cuestión fue puesta sobre la mesa por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien durante su último discurso anual sobre el estado de la Unión fijó la protección del proceso electoral como una de sus prioridades. “Debemos proteger nuestras elecciones libres y justas”, aseveró el líder del Ejecutivo comunitario. En esa misma línea insistieron también el vicepresidente primero, Frans Timmermans, que apuntó que hay “quienes quieren desbaratar” los comicios con “sofisticadas herramientas”, y la comisaria de Justicia, Věra Jourová, que pidió “extraer enseñanzas de las elecciones y los referendos recientes”. En esta línea, todos ellos tienen en mente las sospechas de injerencia rusa en las presidenciales de Estados Unidos, el escándalo de Cambridge Analytica o la utilización indiscriminada de noticias falsas para condicionar a los electores. Por ello, Bruselas ha puesto en marcha medidas para “robustecer la resiliencia democrática”.

La posibilidad de un fraude alrededor de los comicios del próximo mes de mayo no solo inquieta a las autoridades comunitarias. La preocupación ha calado también en los propios ciudadanos. Según los datos del Eurobarómetro sobre democracia y elecciones, publicado el pasado mes de noviembre tras la realización de más de 27.000 entrevistas, un 61% de los europeos teme que las elecciones puedan ser manipuladas mediante ataques cibernéticos. Un 59% de los encuestados, además, tampoco descarta que agentes extranjeros y grupos criminales puedan influir en ellas. Y a un 67% le inquieta que el uso de datos personales de los electores pueda ser utilizado a la hora de orientar los mensajes políticos. Por ello, recogía el sondeo, la inmensa mayoría de los europeos se muestra a favor de enfrentar dichos riesgos introduciendo, entre otras cosas, una mayor transparencia en las plataformas de redes sociales.

Evitar otro ‘Cambridge Analytica’

El pasado mes de septiembre, el Ejecutivo comunitario anunció un paquete de medidas para garantizar unas elecciones “libres y justas” porque, tal y como señaló el propio Juncker, “el riesgo de interferencia y manipulación nunca ha sido tan elevado”. En ese plan de contención, los datos ocupan un papel fundamental. Así, este viernes los representantes permanentes de la Unión Europea han refrendado un acuerdo alcanzado la semana pasada entre el Consejo y el Parlamento Europeo para reformar el Reglamento 1141/2014 incluyendo nuevas normas que permitan imponer sanciones a todos aquellos partidos políticos o fundaciones europeas que, aprovechando infracciones a las normas en materia de protección de datos, “influyan o intenten influir” en el resultado de las elecciones europeas. Las instituciones comunitarias esperan que estos cambios, que deben ser aprobados todavía por el Parlamento Europeo y adoptados por el Consejo, entren en vigor antes de la cita con las urnas.

Según el acuerdo al que se ha dado luz verde, se establecerá “un procedimiento de verificación” que permita determinar si una infracción del nuevo Reglamento General de Protección de Datos que detecte cualquier autoridad nacional de supervisión “está vinculada a actividades políticas de un partido o fundación” en el contexto de los comicios a la Eurocámara. En caso de que así fuera, se contempla la imposición de sanciones, que correrán a cargo de la Autoridad para los Partidos Políticos Europeos y las Fundaciones Políticas Europeas previo dictamen del Comité de Personalidades Independientes. El castigo podría ascender hasta el 5% del presupuesto anual de la formación o entidad implicada, que además, al año siguiente no podría recibir fondos con cargo al presupuesto comunitario. “No se puede permitir el uso indebido de datos personales para influir en las elecciones”, ha señalado el ministro delegado de Asuntos Europeos de Rumanía.

Con estos cambios, las autoridades esperan evitar nuevos escándalos como el de Cambridge Analytica, la consultora británica que recopiló ilegalmente a través de la red social Facebook datos personales de 87 millones de personas, una información con la que posteriormente se trazaron perfiles psicológicos que fueron fundamentales para diseñar mensajes electorales dirigidos a ciertas audiencias. Esta estrategia fue utilizada durante la campaña electoral de Donald Trump para las presidenciales de 2016 y en la campaña a favor del Brexit. Durante los meses posteriores al estallido del escándalo, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, fue interrogado tanto en el Congreso y el Senado de Estados Unidos como en el Parlamento Europeo. Reino Unido, por su parte, confiscó miles de documentos de la red social y le impuso una sanción de 525.000 euros, máxima multa que permitía le ley.

Lucha contra la desinformación

La segunda columna sobre la que se sostiene la estrategia diseñada por Bruselas de cara a las elecciones a la Eurocámara es, por supuesto, la lucha contra la desinformación. Así, con el objetivo de combatir eficazmente la proliferación de las famosas fake news, un asunto en el que las instituciones comunitarias han estado trabajando intensamente durante el último año, la Comisión lanzó el pasado mes de diciembre un plan de acción centrado en cuatro ámbitos: mejora de la detección, respuesta coordinada, industria digital y sensibilización. “Tenemos el deber de proteger este espacio y no permitir que nadie siempre el odio, la división y la desconfianza en la democracia”, aseveró en rueda de prensa la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, durante la presentación del plan, elaborado conjuntamente por los departamentos de Justicia, Seguridad y Economía Digital.

Por un lado, la Unión Europea prevé aumentar el número de expertos y herramientas de análisis del Grupo Especial sobre Comunicación Estratégica y la Célula de Fusión contra las Amenazas Híbridas del Servicio Europeo de Acción exterior, así como incrementar el presupuesto destinado a la lucha contra la desinformación de los 1,9 millones de euros dedicados en 2018 a los 5 millones para 2019. Por otro, tienen previsto impulsar campañas de sensibilización ciudadana que fomenten “la alfabetización mediática” y poner en marcha un “sistema específico de alerta rápida” entre instituciones europeas y de los Estados miembro “para facilitar el intercambio de datos y la evaluación de las campañas” de intoxicación informativa y “emitir en tiempo real alertas de amenazas de desinformación”, que deberá echar a andar, como máximo, el próximo mes de marzo.

En cuanto a las grandes plataformas digitales, las empresas firmantes del Código de Buenas Prácticas sobre Desinformación, entre las que se encuentran Facebook, Twitter o Google, deberán aplicar “rápida y eficazmente” los compromisos suscritos, como “garantizar la transparencia sobre los contenidos patrocinados” o “proporcionar una mayor claridad sobre el funcionamiento de los algoritmos”, aspectos sobre los que tienen que informar mensualmente al Ejecutivo comunitario. Además, este tipo de compañías tendrán que intensificar los esfuerzos para clausurar las cuentas falsas en redes sociales, identificar todos los mensajes difundidos automáticamente por bots y cooperar activamente con los verificadores de datos –fact-checkers, en inglés– e investigadores con el objetivo de que se detecten eficazmente las campañas de desinformación y de que los contenidos verificados “sean más visibles y gocen de mayor difusión”.

Transparencia y ciberseguridad

La estrategia de Bruselas también se centra en la transparencia. En este sentido, el Ejecutivo comunitario señala que los partidos, fundaciones y organizadores de campaña “deben dar a los ciudadanos información sobre el dinero que gastan en publicidad online en una campaña”. También recomiendan a formaciones y administraciones que se indique “claramente” el “partido o grupo de apoyo político” que esté detrás del pago de anuncios electorales en la red, compartiendo además “información sobre los criterios de selección de los destinatarios” para la difusión de dicha publicidad. En este sentido, las plataformas digitales firmantes del Código de Buenas Prácticas sobre Desinformación también asumen el compromiso de garantizar la transparencia en esta materia, pudiendo hacer pública la identidad de los patrocinadores y el dinero invertido, una medida que poco a poco han ido implementando empresas como Facebook.

La estrategia europea de cara a las elecciones también hace hincapié en la ciberseguridad. Porque, tal y como recuerda la Comisión, “los ciberataques representan un riesgo para los sistemas informáticos de las elecciones, las campañas, los partidos políticos, los candidatos o las administraciones públicas” que puede afectar “a la integridad y a la equidad” del proceso electoral. Por eso, entre otras cosas, instan a las autoridades de los Estados miembro a que adopten “medidas técnicas y organizativas” para gestionar los riesgos existentes que puedan comprometer “la seguridad de las redes y los sistemas de información” que se empleen en la organización de los comicios a la Eurocámara. Una cita con las urnas de la que, según la recopilación de sondeos del diario Publico, los grupos euroescépticos ENF y EFDD saldrían con más de un centenar de escaños.

Las previsiones se cumplieron este martes cuando el Parlamento británico rechazó el acuerdo del Brexit que la primera ministra, Theresa May, había estado negociando con Bruselas durante meses. La Cámara de los Comunes se pronunció de manera contundente al impugnar el texto de May por más de 200 votos de diferencia (202 a favor y 432 en contra).

Inmediatamente el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn anunció una moción de censura contra la premier, que Theresa May y su gobierno han superado por 19 votos. 

21.22: Por su parte, el portavoz de Theresa May anuncia que el "Brexit sin acuerdo" no va a ser retirado de la mesa de negociación: "La primera ministra ha sido muy clara con que los británicos han votado salir de la Unión Europea. Queremos salir con un acuerdo, pero ella pretende cumplir con el veredicto del referéndum por el que habría que dejar la UE el 29 de marzo de este año".

20.27: Según informa The Guardian, May quiere empezar a hablar con los líderes de la oposición esta noche para buscar un plan alternativo al Brexit. Sin embargo, los partidos de la oposición han rechazado la invitación de la primera ministra hasta que no abandone algunas de sus líneas rojas, como que descarte un "Brexit sin acuerdo" (según los laboristas o los liberales demócratas), extender el artículo 50 o apoyar un segundo referéndum (a petición del Partido Nacional Escocés).

20.18: El Gobierno ha superado la moción de censura presentada por el Partido Laborista de Jeremy Corbyn por 325 votos frente a 306, con una mayoría de 19.

19.56: Tom Watson, diputado laborista, opina que Reino Unido está "más dividido y preocupado por el futuro que nunca" y que necesitan elecciones generales, porque May "ha promovido la división en vez de la unión", que los problemas socio-económicos han empeorado y señala que la primera ministra "no es capaz de conseguir un acuerdo". "May será recordada como la PM que no cambió nada". Mientras, en el debate, el líder en Westminster del DUP, principal apoyo de May, señaló que unas elecciones generales no cambiarían significativamente la composición del Parlamento.

19.48: En Cardiff, la asamblea de Gales ha pasado una moción de rechazo al no-acuerdo del Brexit. El líder de Plaid Cymru, Adam Price, ha dicho: "Estoy satisfecho con que el gobierno galo y nuestro parlamento nacional haya apoyado la moción de Plaid Cymru para rechazar una salida de la Unión Europea sin acuerdo. El acuerdo de nuestra moción es una buena señal de que hay un entendimiento emergente de que debemos encarar juntos los problemas de Gales y su economía".

19.30: Una delegación del Partido Unionista Democrático (DUP) de Irlanda del Norte se ha reunido con May dentro del Palacio de Westminster. Arlene Foster, la líder de DUP, ha aseverado que han tenido "un útil debate": "Son momentos críticos para Reino Unido y hemos señalado que lo primero que haremos será actuar según el interés nacional". Asimismo, han señalado que trabajarán por negociar la frontera con Irlanda.

18.30: Parlamentarios independientes anuncian que en la votación apoyarán a la actual primera ministra, Theresa May. John Woodcock, que fue elegido como parlamentario laborista pero que ahora se sienta como independiente después de dejar el partido, ha explicado que Corbyn y John McDonnell, el canciller en la sombra, no están a la altura de ocupar el gobierno. Mientras que Sylvia Hermon, a diferencia del Partido Unionista Democrático (Irlanda del Norte), tiene claro que no es el momento de apoyar o facilitar un gobierno liderado por Corbyn.

18.04: El primer ministro de Gales, Mark Drakeford, ha dicho que Theresa May debería renunciar y, si sobrevive al voto de confianza, debería buscar una nueva forma para superar el impasse. "Necesitamos una nueva Casa de los Comunes y un nuevo gobierno para encontrar una forma fresca de seguir adelante". Y ha añadido que renunciar sería "la forma constitucionalmente apropiada de actuar".

17.40: El Comité del Brexit ha publicado un documento en el que pide que los parlamentarios deben recibir una serie de votos indicativos sobre lo que ocurra a continuación en el proceso de salida de la Unión Europea. Normalmente, votar en los Comunes es mediante un sistema binario –los parlamentarios pueden votar a favor o en contra de la proposición–, pero, en el Brexit, hay cada vez más apoyo por un enfoque alternativo que permite votar con varias opciones para mostrar cuál de ellas tiene más apoyo.

17.31: Theresa May ha elevado el tono en sus críticas al líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, antes de la moción. La premier ha asegurado que el laborista, que lidera la oposición británica, es una "tragedia nacional" y sería una "calamidad" que se convirtiese en el siguiente gobernante.

"El líder del partido que ayudó a llegar al acuerdo de Belfast, que invitó a los terroristas del IRA al Parlamento semanas después de que sus colegas hubieran asesinado a un miembro de esta casa", ha expuesto May. Por eso, apuntó, el liderazgo de Corbyn ha sido "una traición hacia todo lo que el partido ha defendido".

14.42: Conocemos más detalles de los escenarios que se abrieron anoche tras la contundente derrota del plan de May en la Cámara de los Comunes. La Comisión Europea ha dejado este miércoles la puerta abierta a la posibilidad de aplazar la salida de Reino Unido de la Unión Europea, prevista para el próximo 29 de marzo, pero ha advertido de que las reglas son claras y debería de producirse, primero, una petición formal y razonada de Londres y después los 27 decidirían por "unanimidad".

"No ha habido ninguna petición por parte de Reino Unido y, si la hubiera, exponiendo las razones para el aplazamiento, sería una cuestión que correspondería decidir a la UE a 27 por unanimidad", ha resumido en una rueda de prensa el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.

El portavoz ha rechazado especular sobre ningún posible escenario para superar el bloqueo provocado por el rechazo del Parlamento británico al acuerdo de divorciado entre Londres y Bruselas, al tiempo que ha apuntado en estas circunstancias le toca al Gobierno británico aclarar "cuáles son los siguientes pasos".

Por su parte, la primera ministra, Theresa May,ha reclamado el apoyo para su Gobierno para poder resolver el actual estancamiento en el proceso de divorcio de Reino Unido de la UE, aunque ha vuelto a descartar una paralización del Artículo 50 del Tratado de Lisboa para evitar que la salida se consume el 29 de marzo.

13.45: Si la moción de censura finalmente prosperase, las leyes británicas estipulan un período de 14 días para proponer e investir un nuevo Ejecutivo. Sin embargo, si el Parlamento no otorga su confianza a ese Gobierno propuesto, hay 17 días para celebrar nuevas elecciones generales.

13.40: Varias figuras conservadoras de peso han manifestado públicamente su apoyo a May en la moción de censura de este miércoles. Su socio de Gobierno, el Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte (DUP), también destinará sus votos en el Parlamento a que el Gobierno continúe como está. Con el cierre de filas conservador y el apoyo del DUP, May se asegura 328 votos a su favor, superando los 314 que están en su contra.

13.25:

 En medio de la crisis política del Reino Unido, su ex primer ministro, David Cameron, ha asegurado que no lamenta "haber convocado el referéndum [del Brexit]" y ha expresado su apoyo a su sucesora en el cargo, Theresa May.

13.20:

 Después de que May responda a las preguntas de cada grupo parlamentario, dará comienzo el debate de moción de censura. La votación está prevista para las ocho de la tarde (hora española).

13.10: Los reproches de Corbyn se están centrando en el, según él, elevado coste económico que ha tenido todo el proceso del BrexitBrexit. May, por el contrario, se defiende destacando la política económica de su ejecutivo.

13.05:

 Ha estrenado el turno de palabra el líder de la oposición —e instigador de la moción—, Jeremy Corbyn. De momento, se está produciendo un intercambio de réplicas entre May y Corbyn; la primera defiende su gestión ante los ataques del segundo. May responderá preguntas de todos los grupos parlamentarios antes del debate de moción de censura o de "no confianza" como la definen las normas británicas.

13.00: La primera ministra británica, Theresa May, ya ha llegado al Parlamento para asistir al pleno en el que se debate y vota la moción de censura contra ella.

12.30:

 Aunque en las filas conservadoras hay consenso en que Reino Unido debe salir de la Unión Europea, varios puntos del texto de salida que May ha negociado con Bruselas han provocado que gran parte de esos mismos diputados conservadores se hayan opuesto al plan.

El principal escollo, con diferencia, es el de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Ninguna de las partes está a favor de erigir una frontera entre los dos países —uno perteneciente a la Unión Europea y el otro integrante del Reino Unido—, pero no ha habido un acuerdo para llevar a cabo la secesión británica de la UE sin que se establezca algún tipo de límite entre estos dos territorios.

El otro punto que ha generado disputa ha sido la incertidumbre sobre el tráfico comercial. Si el Brexit se efectúa en los plazos establecidos —el 29 de marzo—, al día siguiente y de manera automática, el Reino Unido abandonaría la Unión Aduanera y los tratados comerciales firmados con Europa. Según varias previsiones, esto podría ocasionar que los puertos de mercancías y los túneles del Canal de la Mancha se colapsaran de inmediato, ocasionando el desabastecimiento de algunos productos.

12.25: El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en línea con Sánchez; se ha referido al resultado de la votación en el Parlamento británico como "mala noticia". Borrell ha destacado que "se esperaba un resultado negativo pero no por una diferencia tan grande".

12.20:

 Desde España también ha habido reacciones. Este miércoles en el pleno del Parlamento Europeo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado que el Parlamento británico haya rechazado el acuerdo para el Brexit, que él considera "el mejor acuerdo posible". Sánchez ha insistido en que cree que el Brexit es "una desgracia"Brexity ha expresado su deseo de que Reino Unido elija tener "una relación más estrecha posible con el conjunto de la UE", aunque ha recordado que "la decisión es de ellos".

12.15: El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, se ha desmarcado de valorar lo acontecido en el Parlamento británico alegando que se trata de un "asunto interno" británico. Aun así, ha asegurado que si se lleva a cabo la ruptura con Europa, Rusia colaborará tanto con Reino Unido como con la UE: "Todo lo que pasa en la UE no nos deja indiferentes, no solo en relación al Brexit", sino también en otros "muchos procesos" que pueden influir en el funcionamiento del bloque comunitario y afectar a las relaciones con Rusia, ha añadido Lavrov.

12.00: El Gobierno de Irlanda —que es miembro de la UE— ha asegurado que el rechazo al acuerdo del Brexit "añade incertidumbre" y se reafirma en que no será renegociado por Bruselas. "El Gobierno irlandés reconoce, sin embargo, que un Brexit desordenado es un mal resultado para todos, y no menos para Irlanda del Norte. No es muy tarde para evitar este resultado y pedimos a Reino Unido que establezca cómo propone resolver este punto muerto de forma urgente", han manifestado.

11.45:

 Desde Escocia se han hecho valoraciones sobre el suceso político del martes. La ministra principal del país —que celebró un referéndum de independencia en 2014 en el que venció la permanencia—, Nicola Sturgeon ha asegurado que, a la vista de que el Gobierno británico pretende seguir adelante con el Brexit, "los intereses de Escocia" solo estarán protegidos "con la independencia".

11.30: El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, ha apuntado este miércoles que es muy posible que la consecución del Brexit se retrase más allá del 29 de marzo: "Hubo una marcada subida de la libra después de la votación y el comentario en los mercados públicos, que coincide con nuestra propia información, indica que ese aumento refleja la expectativa de que el proceso de resolución se extenderá y que la posibilidad de un Brexit sin acuerdo puede haber disminuido".

11.00: El mundo económico tampoco ha recibido bien el resultado de la votación. Las dudas sobre el Brexit y el futuro político de May han provocado que la libra se estanque en su cotización y que el euro tampoco se mueva al alza.

10.40: El mismo tono de catástrofe han utilizado los principales periódicos británicos para informar del fiasco de su Gobierno en el Parlamento:

10.35: El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha avisado de que "el tiempo se acaba" y ha instado a Reino Unido a "aclarar cuanto antes sus intenciones" sobre su relación con la Unión Europea.

10.30:

 Por su parte, el presidente de la Eurocámara, el italiano Antonio Tajani, ha considerado que la impugnación del Parlamento británico es una "mala noticia", y ha reclamado garantías sobre los derechos de los ciudadanos británicos y europeos.

10.25:

 Otra reacción desde Bruselas ha sido la del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que ha pedido "coraje" a Reino Unido y ha sugerido que si los británicos lo desean pueden frenar el proceso de salida.

10.15:

 El negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, ha asegurado que el riesgo de una salida sin acuerdo es "más elevado que nunca" tras la votación del martes, y ha instado al Gobierno de May a hilvane una alternativa que desemboque en una secesión "ordenada".

10.00: Se espera que, a pesar de que varios diputados conservadores votaron en contra del plan del Brexit de May, la respalden en la moción de censura. Es lo que también ha anunciado el Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte (DUP), que se opone a cualquier escisión en el territorio Irlandés pero mantiene su pacto de Gobierno con May —que es presidenta gracias a ellos—.

9.55:  En principio, las fuerzas parlamentarias que censurarán a May son: Partido Laborista, Partido Nacional Escocés (SNP), Partido Liberal-Demócrata, Partido Verde y el Plaid Cymru (Partido Galés). Entre todos, sin embargo, no acopian los escaños suficientes para que se apruebe la moción (suman 314 frente a los 328 de Conservadores y Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte).

Distribución de escaños en la Cámara de los Comunes

9.50: La portavoz de los conservadores en la Cámara, Andrea Leadsom, aseguró tras la sesión del martes: "Lo que tenemos que hacer es encontrar la forma de que el acuerdo, parte de él, o un acuerdo alternativo que sea negociable, pueda ser enviado a la Unión Europea para que podamos conseguir que el Brexit se apruebe antes del 29 de marzo".

  9.45: Está previsto que la sesión plenaria en la que se debatirá y votará la confianza en la primera ministra comience en torno a la una de la tarde (hora española). May ya ha anunciado que si sobrevive a la moción iniciará una ronda de diálogo con el resto de partidos para intentar estructurar puntos de acuerdo.

9.40:

 A priori, Corbyn no cuenta con los apoyos suficientes en la Cámara para que la moción se apruebe —los laboristas no son mayoría—. De hecho, su intención es forzar la dimisión de May y que se convoquen nuevas elecciones generales. Pensando en ese escenario el líder laborista había hablado, incluso, de aplazar el Brexit.

9.35: Al conocerse los resultados el líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, hizo efectiva su advertencia de hace unos días y presentó una moción de censura contra May que, de triunfar, tumbará su mandato definitivamente.

9.30:

 Tal y como se esperaba, el Parlamento Británico rechazó este martes el plan del Brexit de May. Lo que no estaba tan claro en las quinielas es que lo hiciera de una forma tan vehemente. Con una diferencia de 230 votos, sus señorías evidenciaron la debilidad del Gobierno de la primera ministra, que ya fue avisado la semana pasada cuando no consiguió sacar adelante una ley para poder modificar el sistema de impuestos sin la autorización de la Cámara, en caso de que el Tratado de Salida no se aprobase.

Pues bien, si los europeístas no nos levantamos, el oxígeno puede faltar en unos meses.

Las previsiones indican que uno de cada tres votos en las próximas elecciones al Parlamento Europeo irán a partidos nacionalistas, que no quieren ceder soberanía estatal. Vox es en España la filial de esa multinacional antieuropea.

La atomización del voto en la mayoría de los países europeos no solo afecta a la composición del Parlamento Europeo. Los gobiernos estatales que componen el Consejo están débiles porque en sus propios países tienen poca fuerza. De nuevo, España es un ejemplo, pero lo mismo sucede en Francia, en Alemania, en Italia.... Gobiernos débiles, coaliciones de pura conveniencia, liderazgos pobres. ¿Cómo pueden diseñar los presidentes o primeros ministros el futuro de la Unión si ni siquiera están en condiciones de garantizar su propia supervivencia?

La actual Comisión Europea, dirigida por Juncker, ese personaje que inspira como un borracho contando chistes en un bar, termina mandato este año. Los socialistas y los populares europeos presentan a su spitzenkandidat, el holandés Timmernans y el alemán Weber, respectivamente, que por el momento tampoco parecen ser el milagro que Europa necesita.

Las debilidades nacionales y la atomización del voto, antes más concentrado en las dos grandes coaliciones de derecha e izquierda moderadas, retrasará debates y decisiones tan cruciales como el nuevo marco financiero de la Unión.

Trump, Putin y Xi Jinping se frotan las manos. Nada une más que un enemigo común, y para cada uno de ellos la Unión Europea, por motivos parecidos, es una amenaza. Porque impone controles al comercio internacional para garantizar el respeto a ciertas normas medioambientales y de derechos humanos. Porque actúa como la conciencia del mundo. Porque da acogida a los disidentes y los refugiados. Porque evita desmanes y regula desigualdades. Porque, en definitiva, es demasiado progresista.

No es una broma. O nos levantamos y les paramos, o van a interrumpir nuestro sueño europeo posiblemente para siempre.

La primera ministra británica, Theresa May, ha mantenido una charla "enérgica" con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, al que ha reprochado su forma de describir las dificultades del Brexit, en un tenso encuentro tras el cual la premier ha asegurado que obtendrá más garantías del los líderes de la UE para salvar el acuerdo de divorcio en el Parlamento británico.

"Hay trabajo por hacer, pero está claro que podemos buscar más aclaraciones", ha asegurado May en una rueda de prensa al término de la segunda jornada del Consejo europeo que se celebra en Bruselas. "Mis discusiones con los colegas hoy han mostrado que otras aclaraciones y discusiones, tras las conclusiones del Consejo, son, de hecho, posibles", ha añadido, en una versión que contradice lo dicho por el bloque en cuanto a que las garantías "políticas" que le han dado en esta cita cierran el proceso y no habrá más aclaraciones de naturaleza jurídica.

La primera ministra mantiene que hay un calendario claro que le obligará a someter el Tratado de Retirada al voto del Parlamento británico "antes del 21 de enero", por lo que ella y el resto de gobiernos europeos trabajarán de manera "expeditiva en los próximos días" para concluir lo que los diputados "necesitan".

En cuanto a la polémica con Juncker, la premier ha reconocido una discusión "enérgica", pero le ha quitado hierro al considerar que es un tipo de conversación habitual "cuando se tiene una relación de trabajo".

"El resultado de esto ha sido la claridad de que cuando dijo esta frase en particular se refería al nivel general del debate (en Reino Unido)", ha zanjado la mandataria británica.

May se refería al momento en que ha llegado a la sala de reuniones en donde los 28 han mantenido sus sesión de trabajo, cuando ella se ha dirigido a donde estaba Juncker instalado, solo, y le ha reprochado con gesto muy serio que la llamara "nebulosa" en la rueda de prensa de la noche del jueves.

Juncker ha negado en ese momento que usara esa expresión para definir a la primera ministra, pero la discusión ha continuado de manera tensa hasta que se ha acercado el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, para interrumpir la conversación y calmar la situación.

Fuentes próximas a Juncker consultadas por Europa Press han considerado el asunto resuelto tras la conversación con May que ha servido para aclarar lo sucedido, al tiempo que han achacado lo sucedido a que "los divorcios nunca son momentos felices".

En realidad, Juncker dijo durante la conferencia de prensa que "el debate (en Reino Unido) era a veces nebuloso e impreciso" y que le gustaría tener algunas aclaraciones. Antes había destacado el "combate virtuoso y valiente" emprendido por May en Londres, aunque lamentó que los resultados "no estén ahí".

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha avisado a la primera ministra británica, Theresa May, de que "no hay margen para renegociar" nuevas condiciones de salida de la Unión Europea, horas antes de que ambos se vean en Bruselas para tratar de dar con una fórmula que facilite que el Parlamento británico apruebe el acuerdo de divorcio.

"Sigo convencido de que el acuerdo del Brexit es el mejor y el único acuerdo posible. No hay margen para renegociar, aunque son posibles más aclaraciones", ha indicado Juncker en un breve mensaje difundido a través de su cuenta en Twitter.

El jefe del Ejecutivo comunitario recibirá a May a última hora de este martes, después de que la primera ministra británica se vea con el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, quien ha convocado el jueves a los líderes de la UE a 27 para discutir sobre la situación.

"No renegociaremos el acuerdo, incluyendo el backstop (la solución de emergencia para la frontera de Irlanda), pero estamos dispuestos a discutir cómo facilitar la ratificación por parte de Reino Unido", dijo Tusk el lunes al anunciar la cumbre extraordinaria. La red de seguridad ideada para evitar la vuelta a una frontera dura entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte es uno de los puntos que más rechazo despierta entre los británicos, que ven en este instrumento el riesgo de que Reino Unido quede "atrapado" en la unión aduanera sin fecha límite.

A falta de conocer la hora exacta a la que se celebrará esta reunión a 27, sin May, los líderes estaban ya convocados para asistir en Bruselas al tradicional Consejo europeo de otoño este jueves y viernes. Tusk quiere además que esta reunión sirva para avanzar en los trabajos de preparación para la posibilidad de un Brexit caóticoBrexit por la falta de acuerdo. Entre tanto, May ha intensificado sus contactos con el resto de capitales y este mismo martes se reúne con el primer ministro holandés, Mark Rutte, en La Haya y más tarde con la canciller alemana, Angela Merkel, en Berlín.