Corinna Larsen ha presentado una denuncia en Londres contra el rey emérito y el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán por "vigilancia ilegal", hostigamiento "desde 2012 hasta la actualidad", incluidas amenazas y difamación, según informa este martes el Financial Times, que añade que la defensa del antiguo monarca aún no se ha pronunciado. La denuncia se presentó el pasado mes de diciembre y de momento el tribunal no ha movido ficha. El diario apunta que el próximo paso será la batalla legal por la jurisdicción para saber si los tribunales británicos pueden investigar a un un exjefe de Estado de otra nación que no vive en Reino Unido.

La examante de Juan Carlos I ya anunció que presentaría esta denuncia por supuestas amenazas y el acoso que dice sufrir desde 2012, cuando salió a la luz su relación después del viaje que realizaron juntos a Botsuana, para que no revele secretos de Estado que, según ella, le acusaban de tener en su poder. Larsen pide una indemnización por los daños causados –sin especificar una cantidad concreta– y también una orden judicial que impida al exjefe del Estado o a cualquier agente de los servicios secretos españoles acercarse a menos de 150 metros de cualquiera de sus residencias o comunicarse con ella.

La comisionista germano danesa insiste en su denuncia, como ya ha hecho en comunicados a la prensa, que el rey emérito le transfirió los 65 millones de euros –que en Suiza se investigan como una posible comisión ilegal por la intermediación en el proyecto del AVE a la Meca– como un "regalo" porque "quería asegurarse de que ella y sus hijos fueran atendidos", pero que "le preocupaba que su familia cuestionara cualquier cosa que le dejara en su testamento después de su muerte". Como también ha dicho anteriormente, Larsen afirma que Juan Carlos de Borbón le pidió más tarde que le devolviese el dinero o que lo volviera a poner "a su disposición" para poder utilizarlo.

Después de que ella se negara, continúa la denuncia, comenzó lo que asegura que fue una campaña de difamación que le llevó a perder ingresos como "consultora estratégica". También acusa a Sanz Roldán y los agentes a su cargo de someterla a "vigilancia física con vehículos y personal", entrar en su residencia y "piratear sus teléfonos y ordenadores". Señala al exdirector del CNI como la persona que le amenazó de forma directa en un encuentro que ambos mantuvieron en Londres, donde él supuestamente le dijo que no podía "garantizar su seguridad física ni la de sus hijos". 

Corinna Larsen ya había acusado públicamente a Sanz Roldán, concretamente en el juicio en el que se imputaba al comisario jubilado José Manuel Villarejo denuncia falsa así como injurias contra el exdirector del CNI. La comisionista declaró como testigo del expolicía y ratificó esas supuestas amenazas que asegura que le dirigió el exjefe de los servicios secretos españoles. Sanz Roldán lo negó todo: "Jamás he amenazado a una mujer ni a un niño".

En la denuncia, Larsen también afirma que el sultán de Omán compró por 50 millones de libras esterlinas un piso en Londres como regalo para Juan Carlos I y que éste pidió a su examante que pagara un depósito de unas 200.000 libras para gastos de servicio, a lo que ella se negó.

Iberdrola ha incorporado a Félix Sanz Roldán, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como miembro de uno de sus órganos asesores. Fuentes de la compañía indicaron a Europa Press que Sanz no es empleado de la energética, sino que forma parte del International Advisory Pannel, que es uno de los órganos asesores de la compañía.

Según adelanta La Información, el exmilitar se incorpora a la eléctrica para trabajar en colaboración con la presidencia de la compañía, que ostenta Ignacio Sánchez Galán.

El general Sanz Roldán fue nombrado director del CNI, con rango de secretario de Estado, en julio de 2009 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Cinco años después, en 2014, fue renovado en el cargo ya con Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa. Hace un año, Sanz, después de diez años al frente del centro de inteligencia, dejó el puesto.

Sanz Roldán, nació en Uclés (Cuenca) el 20 de enero de 1945, e ingresó en la Academia General Militar en septiembre de 1962, recibiendo el despacho de Teniente de Artillería en julio de 1966. Ocupó diferentes destinos, incluyendo el de jefe de Batería, oficial de Plana Mayor y Agregado Militar Adjunto en la Embajada de España en Washington. Posteriormente, pasó destinado a la División de Planes del Estado Mayor del Ejército.

En junio de 2004 fue nombrado Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), ascendiendo al empleo de General de Ejército. Durante su etapa como Jemad se aprobaron la Directiva de Defensa Nacional, la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Tropa y Marinería. Asimismo, se creó la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas).

Finalizado su período de cuatro años como Jemad, el 1 de agosto de 2008 fue designado Alto Representante para la Presidencia Española de la Unión Europea en asuntos propios relacionados con la Defensa, con dependencia directa del presidente del Gobierno y con rango de secretario de Estado. Entre los años 2004 y 2008 fue consejero nato del Consejo de Estado, antes de ser nombrado secretario de Estado director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, ha anunciado este jueves que tanto él como el portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, se querellarán contra el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia Félix Sánz Roldán por el supuesto espionaje a sus teléfonos móviles. En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, Torrent ha explicado que Roldán "era el máximo responsable en el momento del ataque", que se produjo entre abril y mayo de 2019, aunque ha señalado que la querella podrá ampliarse "si hay otras personas responsables".

A su juicio, "hay evidencias y unos indicios contextuales y factuales" que les han hecho dirigir la "responsabilidad hacia el CNI". Por ejemplo, según Torrent, el hecho de que NSO, la compañía israelí que vende el programa usado para al ataque, solo venda el software a gobiernos y servicios de inteligencia. "Los hechos son muy graves, la situación es muy grave y nos parece que nos toca plantear la investigación política, analizar lo que ha pasado, depurar responsabilidades, pedir explicaciones pero también hacer la investigación que haga falta para que salga a la luz quién está detrás", ha explicado Torrent.

En este contexto, el presidente del Parlament ha desvelado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, le instó este miércoles en una conversación a acudir a la Justicia para denunciar este supuesto 'hackeo' cometido a través de un fallo de seguridad de WhatsApp, que se instaló entre abril y mayo de 2019 en 1.400 móviles en el mundo.

Robles negó implicación del CNI

Así, Torrent ha explicado que pidió a Robles que el Gobierno "colabore" lo máximo posible desde un punto de vista político "pero también judicial" por si la autoridad así lo reclama a la hora de "esclarecer los hechos". "Es de interés común saber qué ha pasado y saber quién hay detrás. El Gobierno que se declara el más progresista de la historia debería ser el primer interesado en investigar, depurar responsabilidad y anticipar que el espionaje político no se va a producir nunca más en el Estado español", ha sostenido.

A su juicio, de la recomendación de Robles de acudir a los tribunales se deduce "que hay voluntad" por parte del Ejecutivo "para ver quien hay detrás" del ataque y para "investigar sin tapujos, sin límites y con transparencia". En este sentido, Torrent también ha apuntado que la titular de Defensa negó, "como es normal", que el CNI esté detrás del 'hackeo'. "Es evidente que lo niegue, porque sino lo que estaría haciendo es colaborar en la comisión de un delito", ha añadido.

El dirigente catalán ha advertido que las acciones legales emprendidas este jueves llegarán hasta el final, y ha pedido colaboración para saber quien "está detrás". "Es un hecho que hoy afecta a independentistas, pero mañana puede afectar a cualquiera", ha zanjado.

El director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, finalizará su mandato este viernes sin que el Gobierno pueda nombrar a su sustituto por estar en funciones desde la celebración de las elecciones generales del 28 de abril, según han explicado a Europa Press fuentes gubernamentales.

El general Sanz Roldán fue nombrado director del CNI, con rango de secretario de Estado, en julio de 2009 por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Cinco años después, en 2014, fue renovado en el cargo ya con el conservador Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa.

Este mandato vence este viernes después de diez años al frente del centro de inteligencia y el general Sanz Roldán, de 74 años, no puede continuar de forma interina en el cargo hasta que sea nombrado su sustituto, según la ley que regula el organismo.

Con ello, el CNI quedará en manos de su secretaria general, Paz Esteban, número dos de Sanz Roldán desde junio de 2017. El nuevo director no podrá ser nombrado por Consejo de Ministros hasta la toma de posesión de un nuevo Ejecutivo.

El Gobierno no puede nombrar ni cesar

La ley de Gobierno establece que un Ejecutivo en funciones limitará su gestión "al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas".

Esto implica que el actual equipo de Pedro Sánchez no puede nombrar ni cesar altos cargos, lo que afecta tanto al director del CNI como a otros puestos pendientes. Por ejemplo, el Ministerio de Política Territorial se encuentra adscrito al responsable de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, desde que Meritxell Batet fuera elegida presidenta del Congreso el pasado 21 de mayo.

Los intrusos que lograron acceder a la red interna del Ministerio de Defensa llevaban navegando a través de su información al menos desde el mes de diciembre, según han desvelado a Europa Press fuentes de la investigación.

El Departamento dirigido por Margarita Robles informó este lunes de una posible intrusión en una de sus redes internas de uso general, que ha puesto en manos de la Fiscalía para su esclarecimiento. La alarma saltó hace escasos días gracias a que un usuario advirtió que alguien había suplantado su identidad. Sin embargo, la investigación ha permitido averiguar que los ciberintrusos habían realizado movimientos por la red desde hace al menos tres meses.

El incidente está aún en una fase inicial de investigación y los organismos implicados en su análisis han celebrado una reunión de alto nivel este mismo lunes para aunar información. El Ministerio ha informado de que el ciberataque está siendo objeto de análisis por el Mando Conjunto de Ciberdefensa y el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC).

La red que ha sido atacada está dentro de las calificadas como "de propósito general", lo que significa que no aloja información clasificada. Sin embargo sí que circulan a través de ella múltiples datos utilizados en el día a día de la organización del Ministerio.

Tres ataques críticos al día

El director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el general Félix Sanz Roldán, informó el pasado mes en el Congreso de que los órganos del Gobierno dedicados a combatir las ciberamenazas gestionaron casi 38.000 incidentes a lo largo del año 2018, de los que un millar procedían, posiblemente, de actores estatales, pese a que la atribución en el ciberespacio siempre es "muy complicada" debido al anonimato que ofrece Internet.

Según datos ofrecidos por el Gobierno, España sufre diariamente tres ciberataques de peligrosidad crítica o muy alta contra el sector público y empresas estratégicas, algunas de las cuales tienen su origen principalmente en otros Estados con el objetivo de "debilitar y comprometer la capacidad económica, tecnológica y política de España".

Los órganos del Gobierno dedicados a combatir las ciberamenazas gestionaron casi 38.000 incidentes a lo largo del año 2018, de los que un millar procedían, posiblemente, de actores estatales, pese a que la atribución en el ciberespacio siempre es "muy complicada" debido al anonimato que ofrece Internet.

La seguridad de las redes de la Administración, organismos públicos y empresas estratégicas depende del CCN-CERT y el Centro Criptológico Nacional, adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Estos organismos son los encargados de conseguir en España un ciberespacio más seguro y confiable, preservando el funcionamiento de los sistemas, la información clasificada y la información sensible.

En el siglo XXI, las confrontaciones entre estados han mutado del escenario tradicional a la denominada guerra híbrida, que incluye los ataques en el ciberespacio como una de las armas utilizadas para desestabilizar al enemigo.

Pese a que no existan conflictos declarados, la actividad virtual es constante y España detectó durante el pasado año hasta 1.000 incidentes provenientes de actores estatales, según revela el Gobierno en una respuesta parlamentaria a los diputados de Unidos Podemos Rafael Mayoral y Juan Manuel del Olmo, recogida por Europa Press.

En cualquier caso, puntualiza que la atribución 100% en el ciberespacio es muy complicada debido a las posibilidades de anonimato que ofrece la red, "tanto por la forma en que Internet fue diseñada desde sus orígenes como por las medidas operacionales de seguridad que un atacante cualificado pueda aplicar para no ser detectado".

El director del CNI, el general Félix Sanz Roldán, subrayó esta dificultad de atribución la pasada semana durante una comparecencia en el Congreso ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para dar cuenta de la gestión de las ciberamenazas.

"Cuando tratan de conocer el origen de un ataque, se encuentran siempre con un servidor en vaya usted a saber qué país exótico, muy lejano o en mitad del desierto –detalló–. Cuando llegamos allí resulta que efectivamente encontramos el servidor, pero nadie sabe quién lo ha puesto allí ni quién paga ni quién enciende la luz por las mañanas y la apaga por las noches".

Precisamente por este escollo es porque lo que Sanz Roldán cree que es importante que el Centro Criptológico esté adscrito al CNI. "Cuando se le acaban las capacidades técnicas podemos empezar con las capacidades de inteligencia y empezara deducir algo, por ejemplo, por el escudo que llevaba en el mono quien montó el servidor".

Cibercrimen y ciberespionaje

Del resto de los 38.000 incidentes gestionados en 2018, el Gobierno detalla que destacan los ataques relacionados con el cibercrimen, ataques de denegación de servicio contra redes electrónicas y ataques que buscan el compromiso de estos servicios web para la filtración de información.

En el ámbito del ciberespionaje, el Ejecutivo asume que son "de especial interés" aquellos organismos del sector público con información estratégica para el país o que manejan un patrimonio tecnológico avanzado, así como los sectores de defensa, tecnologías de información, aeroespacial, transporte o bancario; así como cualquier empresa con información de valor para un tercero "que le permite obtener una ventaja competitiva desde un punto de vista geopolítico o económico".

El director del CNI reveló algunas de estas actividades de ciberespionaje en la misma comparecencia en el Congreso. Por ejemplo, contó el caso de una empresa española de infraestructuras que coincidió con otros países concursando para la construcción de una autopista en un tercer país y se encontró con su propio proyecto ofrecido un poco más barato.

El comisario jubilado y en prisión provisional, José Manuel Villarejo, ha hecho difundir una carta abierta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que lo advierte de que, en su defensa, no tendrá "más remedio de forma inminente" que revelar "la verdad" sobre el CNI y su relación tanto con la Fiscalía Anticorrupción, que lo investiga en el marco de la operación Tándem, como con "amenazas" a jueces de la Audiencia Nacional para que "dejen de investigar" temas que afectan a la institución.

El documento consta de tres páginas escritas en primera persona en las que el policía investigado por organización criminal, extorsión, blanqueo y cohecho, afirma en concreto que tendrá que "explicar por qué se ha permitido que se amenace a determinados jueces de la Audiencia Nacional con datos de su intimidad para que dejen de investigar temas que afecten al CNI" o "por qué se ha permitido" al director de la institución, Félix Sanz Roldán, "que trabaje en contra de los intereses nacionales y a favor de potencias extranjeras como Venezuela". "O por qué razón y quién ha permitido que se filtren datos contra nuestros monarcas. O hasta dónde llega la propia conexión y tutela del Director del CNI respecto de la Fiscalía Anticorrupción. O por qué se ha protegido a magnates mediáticos independentistas. O por qué se ha permitido que en Cataluña el CNI dejara de informar sobre cuestiones trascendentes como los movimientos bancarios en el extranjero de determinados políticos separatistas", dice Villarejo a Pedro Sánchez.

Villarejo sostiene que hace tres años se inició una "campaña de prensa" contra él, en una "persecución radical", a su juicio, "instigada por el general Sanz Roldán" porque se "debió sentir traicionado" cuando no cumplió la misión que le había encomendado: "Recuperar todos los documentos en poder de la princesa Corinna" (amiga del rey emérito).

Archivo de vicios de jueces

"Esos documentos, según se me comunicó, afectaban gravemente a la seguridad del Estado. Los integraban, entre otros, el 'archivo Jano' o CIC (Control Integral Central), que en su día llegó a contener casi un millón de fichas individuales con datos personales y privados de vicios y virtudes de las personalidades más relevantes de España", explica Villarejo en su carta abierta al presidente.

Conforme detalla, "la realidad es que contiene los datos más sórdidos y oscuros de aquellos cuyas decisiones en un momento determinado pueda convenir que se adapten a los intereses de quienes las poseen". "Así, por ejemplo, uno de los subarchivos, llamado 'Control de Togas' afecta, como puede suponerse, de forma directa al mundo judicial", expone. Tras señalar que si bien "al principio" consiguió ganarse la confianza de Corinna, apunta que no pudo "culminar" su "misión" y que Sanz Roldán desencadenó en consecuencia un "infierno" contra él y su familia.

A puerta cerrada y con la amenaza expresa de sanciones para los diputados de la comisión de gastos reservados que rompan el secreto. Así se producirá este miércoles a partir de las cinco de la tarde la comparecencia del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, para ofrecer al Congreso su versión sobre lo que Corinna zu Sayn Wittgenstein revela en las cintas del controvertido excomisario Villarejo.

Aunque los socialistas supeditan su posición sobre la comisión de investigación propugnada por Unidos Podemos al resultado de esta comparecencia, la gran incógnita –y la gran duda– es la de si el jefe del espionaje español aportará realmente datos de importancia sobre sus comunicaciones con la que durante años fue amiga íntima de Juan Carlos de Borbón. Y sobre todos las sombras que los archivos de audio difundidos por elespanol.com y por okdiario.com extienden sobre el mandato de Juan Carlos de Borbón y su posterior y actual etapa como rey emérito tras la abdicación de junio de 2014.

La cita de Sanz Roldán con el Congreso llega precedida de interrogantes como los siguientes: ¿desvelará si, como publicó elespanol.com, el padre de Felipe VI entregó a Corinna archivos clave del CNI para protegerla si él moría, archivos que supuestamente contienen información comprometedora sobre miles de personalidades públicas? ¿En qué términos se expresará sobre las amenazas que, según Corinna, él mismo profirió contra su vida y las de sus hijos durante un encuentro en Londres, al parecer celebrado en 2012? ¿Negará que quien fue jefe de Estado hasta su abdicación en 2014 cobró comisiones del AVE a la Meca, como sostiene la empresaria, o pasará de largo por ese episodio invocando una hipotética obligación de secreto? Y, sobre todo, ¿dará alguna explicación sobre la gravísima afirmación que la "amiga entrañable" lanza cuando sostiene que el restaurador de la dinastía borbónica la utilizó como testaferro para ocultar propiedades, escondió dinero en Suiza a través de uno de sus parientes, Álvaro de Orleans, utilizó los servicios del mismo gestor de fondos que manejó los fondos depositados por la trama Gürtel en una misteriosa cuenta del Credit Suisse, la cuenta Soleado, y se acogió, finalmente, a la amnistía fiscal de 2012?   

Todas las cuestiones enunciadas en el párrafo anterior colocan en el disparadero al anterior jefe del Estado. Pero, de manera paradójica, quienes se arriesgan a sufrir las consecuencias si las respuestas -si llega a haberlas- traspasan las puertas de la comisión de secretos oficiales no es Juan Carlos I sino los diputados que eventualmente puedan filtrarlas. El Reglamento de la Cámara prevé incluso la suspensión de sueldo para los diputados que vulneren el "deber de secreto". Los artículos 99 y 101 del Reglamento establecen que el parlamentario "podrá ser privado" de alguno o todos sus derechos"cuando quebrantare el deber de secreto establecido en el artículo 16". En este supuesto, la Mesa del Congreso, "en atención a la gravedad de la conducta o al daño causado por afectar a la seguridad del Estado" podrá directamente proponer al Pleno incluso que se le suspenda al sancionado en su condición de diputado.

"El sistema construyó una Línea Maginot para impedir la transparencia en lo que concierne a la Casa Real porque de la transparencia se pasaba al debate sobre la legitimidad de la restauración monárquica y de ahí al de la impunidad", diagnostica un diputado que no solo pide el anonimato para sí mismo sino que lo reclama para la formación política a la que pertenece. Como publicó este periódico, en las dos últimas décadas el Congreso ha vetado casi 200 preguntas sobre la Casa Real bajo la coartada de que la Constitución asigna al rey un estatuto de "inviolabilidad" que le hace irresponsable de sus actos a todos los efectos. También en lo penal. 

No obstante, los archivos sobre los que hoy disertará -si llega a hacerlo- ya están bajo investigación en la Audiencia Nacional. El mismo juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso contra el excomisario José Manuel Villarejo, en prisión desde noviembre bajo graves acusaciones de corrupción, abrió hace una semana una pieza separada. La inviolabilidad -término que aquí opera como sinónimo exacto de inmunidad- que la Constitución garantiza al rey durante su mandato convierte en inviable cualquier acción relativa a hechos anteriores a junio de 2014. Es decir, previos a la abdicación.

Pero la gran duda estriba en si sería perseguible un hipotético delito de blanqueo de capitales posterior a ese momento: el que se habría perpetrado si son ciertas las afirmaciones de Corinna. En el supuesto de que la Audiencia Nacional encontrase indicios de delito y concluyera que es perseguible, debería entonces remitir el caso de manera automática al Tribunal Supremo, ante el que goza de aforamiento Juan Carlos de Borbón desde que abdicó.

El director del CNI, Félix Sanz Roldán, comparecerá a petición propia en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso de los Diputados para explicar las actuaciones del servicio de inteligencia en relación con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, examante del rey emérito Juan Carlos, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

En los últimos días se han divulgado unas declaraciones de Corinna en las que enuncia que el rey emérito cobró comisiones millonarias por obras adjudicadas a empresas españolas y que la utilizó como testaferro para ocultar la propiedad de dinero en Suiza y de terrenos en Marruecos, además de criticar las actuaciones de los servicios secretos.

Sanz Roldán ya ha informado en relación con este asunto en la misma Comisión el 19 de marzo de 2013.

Durante su comparecencia a puerta cerrada dijo desconocer si Corinna había realizado trabajos "clasificados" para España, al menos como él los entendía, pero sí dejó claro que el CNI nunca le encargó nada. Es más, aseguró que jamás había cobrado del Centro ni había solicitado pago alguno.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein afirmó esta semana en unas grabaciones realizadas por el comisario José Manuel Villarejo en el año 2015 que el rey emérito la utilizó como testaferro para ocultar patrimonio y propiedades en el extranjero y que contaba con cuentas en Suiza a nombre de su primo Álvaro Orleans de Borbón.

Además, en las grabaciones difundidas Corinna contaba que recibió amenazas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que montó dos operaciones para hacerse con la documentación que pudiera guardar tras sus años de relación con Juan Carlos I, una en Londres y otra en Mónaco, de la que tendrían pruebas los equipos de seguridad del príncipe Alberto de Mónaco y el Ministerio del Interior monaguesco.

Villarejo y la empresaria alemana llegan a este punto en la conversación cuando él le muestra una serie de papeles que ella señala como sustraídos por el CNI de su casa: "Eso ha sido muy claro porque ha sido el propio servicio el que me ha quitado esos papeles de la oficina en Mónaco en 2012. Y sabían perfectamente que no había nada ilegal en ellos", apuntó.

Leer y escuchar a una “amiga entrañable” del padre del rey de España el relato detallado de cómo el entonces jefe del Estado habría exigido comisiones millonarias por los contratos de empresas españolas para la construcción del AVE a La Meca; o de cómo habría utilizado a testaferros para efectuar ingresos millonarios en Suiza; o de cómo el mismísimo jefe de los servicios de inteligencia españoles habría amenazado de muerte a Corinna si desvelaba lo que sabía de Juan Carlos de Borbón… es sumergirse en el alcantarillado de un sistema corrupto. No se trata sólo de quienes extraían recursos públicos para sus bolsillos o los de sus amigos y cómplices, sino de todos aquellos que conocían los negocios en torno a la Corona y preferían desviar la mirada y silbar con la excusa de no perjudicar a la Marca España.

No se trata sólo de justicia, que también. “De haber tenido la información que tenemos hoy, habría llamado a Corinna como testigo”, ha reconocido a infoLibre José Castro, el juez instructor del caso Nóos, al saber que la aristócrata alemana dice haber sido testigo de cómo el exmonarca pedía contratos para la sociedad dirigida por su yerno, hoy en prisión. Se trata sobre todo de credibilidad democrática. Para fortalecer el sistema no basta con sustituir el bipartidismo por el cuatripartidismo. Un parlamento fraccionado es una consecuencia más del citado descrédito institucional, que no afecta sólo a la política sino al sistema judicial, a los oligopolios de las grandes empresas o al ecosistema mediático, contaminado hasta el cuello por la pestilencia de esas mismas cloacas.

Es un enorme ejercicio de hipocresía escandalizarse ahora por unas grabaciones que ven la luz cuando un excomisario de Policía encarcelado decide que le interesa soltar unas cuantas miguitas (incluso hogazas enteras) para poner de los nervios a supuestos guardianes del sistema. Ante unas filtraciones evidentemente interesadas cabe hacerse (o hacernos) algunas preguntas:

Se puede (y se debe) encarcelar a Villarejo, al Gordo y al flaco a la luz de tantos indicios de que han delinquido precisamente los encargados de hacer cumplir la ley. Pero no es sostenible el espeso silencio institucional de quienes pretenden seguir dando largas o esquivando acusaciones tan graves como si fueran simples cotilleos de alcoba. Todavía seguimos esperando una explicación transparente de la Casa del Rey sobre aquella cuenta millonaria que Juan Carlos I heredó de su padre en Suiza. Y a partir de ahí, continuamos a la espera de detalles sobre la cuenta Soleado, la Obispado y otras tramas que conectan la Gürtel con el caso Corinna como cañerías de un mismo sistema corrupto. La inviolabilidad absoluta del Jefe del Estado fue uno de esos errores flagrantes de nuestra “modélica” transición. La “chapuza” jurídica que envolvió la abdicación del rey emérito (en palabras del entonces presidente del Congreso Jesús Posada) no debería desembocar en otra amnesia colectiva. Es imposible dar credibilidad a una segunda transición si se mantiene el alcantarillado de la primera y el hedor que aún despide.

La Casa del Rey y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) declinaron este miércoles pronunciarse sobre las grabaciones en que Corinna zu Sayn-Wittgenstein asegura que Juan Carlos I la usó como testaferro para ocultar patrimonio en el extranjero y que se valió también de su primo Álvaro de Orleans Borbón para esconder dinero en una cuenta suiza. A preguntas de infoLibre, portavoces oficiales de ambas instituciones se negaron a ofrecer su versión. "Tampoco existió pronunciamiento oficial sobre todas esas cuestiones en episodios anteriores", indicaron en Casa del Rey.

La aristócrata alemana, que cita de forma expresa a un abogado suizo que trabajó para el gestor de fondos de la trama GürtelGürtel y titular de Soleado, la cuenta más misteriosa de todas las investigadas en ese caso, lanza una segunda acusación, esta ya difundida hace un año por el propio autor de la grabación ahora desvelada, el excomisario José Manuel Villarejo, preso preventivo por cohecho y blanqueo. Y esa segunda acusación es la de que el recién ratificado director del CNI, Félix Sanz, amenazó la vida de la que fue amiga íntima de Juan Carlos I y la de sus hijos. 

Juan Carlos I –se oye decir a la aristócrata– puso propiedades a su nombre no porque la quisiera sino porque tiene su residencia oficial en el paraíso fiscal de Mónaco, donde el concepto declaración de patrimonio ni siquiera existe. Pero ella –remarca en la conversación– siempre se negó a participar en esa estratagema porque aceptar como propios bienes ajenos para reintroducirlos luego en el cauce legal sería "blanqueo". Es decir, un delito por el que podría ser penalmente perseguida. Tras su abdicación en 2014, Juan Carlos I mantuvo intacta su condición de persona inimputable por hechos que se hubieran producido durante su reinado. "Están haciéndome la guerra porque yo no quiero cometer un delito", sostiene Corinna en otro momento de la charla, cuya fecha exacta se desconoce.

Difundidas por elespanol.com y okdiario.com y supuestamente idénticas a las que forman parte del inmenso lote –ocho terabytes– de escuchas a personalidades de la vida española que fueron captadas de manera subrepticia por Villarejo y que ahora obran en poder de la Audiencia Nacional, las grabaciones ya han llegado al Congreso.

Apenas horas después de que los dos medios citados publicasen los archivos de audio en los que Corinna atribuye en la práctica un delito al rey emérito, Izquierda Unida anunció que su coordinador general, Alberto Garzón, prepara una batería de iniciativas sobre el asunto. IU quiere que se convoque la Diputación Permanente del Congreso para que apruebe, por un lado, la convocatoria de la comisión de secretos oficiales y la comparecencia del director del CNI y, por otro, la de gastos reservados para que allí sea la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ofrezca explicaciones.

Desde Ciudadanos, su portavoz de Economía en el Congreso, Toni Roldán, consideró que es la Justicia la que tiene que dar "una respuesta". "La Justicia española ha demostrado que todos somos iguales ante la ley y en este caso tendrá que hacer lo mismo", agregó Roldán.

La "anomalía" de ser inimputable

El pronunciamiento de mayor dureza partió del secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafael Mayoral.  Las revelaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, dijo Mayoral, evidencian la "histórica" relación de los Borbones con la corrupción.  El diputado considera que las grabaciones de Villarejo ponen encima de la mesa la "anomalía democrática" que, a su juicio, supone la existencia de una institución "que no está sometida ni a escrutinio popular ni la tutela de los tribunales". Es esa circunstancia –subrayó– la que crea "espacios de impunidad" que provocan que las "cloacas del Estado" hagan emerger asuntos que "se sabían" desde "hace tiempo". "No es la primera vez que se habla de cuentas en Suiza de los Borbones", apostilló.

Con sus palabras, Mayoral ponía el acento en dos puntos capitales. El primero, que Villarejo está trasladando desde prisión el mensaje de que posee munición suficiente para amenazar a los poderes del Estado por su encarcelamiento bajo la acusación de cohecho y blanqueo. Y el segundo, que nunca se ha esclarecido lo que en la escena española continúa siendo un interrogante tabú: el de cuál es la fortuna verdadera del rey emérito, de qué fuentes proviene y si realmente su patrimonio ha transitado o lo sigue haciendo por circuitos cuya opacidad convertirían automáticamente en sospechoso de delito a cualquier ciudadano que los utilizase.

En su conversación con Villarejo, interlocutor de Corinna en la conversación grabada, la aristócrata pone un ejemplo de cómo funcionaba el sistema. El diario elespanol.com transcribe así ese pasaje: "Es él [Alvaro de Orleans-Borbón, primo segundo del rey emérito] el que paga los vuelos hasta Los Ángeles y otros vuelos privados. Salen de Torrejón para no controlar (sic). De la zona militar. Pero es una compañía inglesa. Se llama Air Partners y salen con los aviones alquilados. Es Álvaro el que está pagando". "Entonces ahora están tratando que yo pase estas cosas a Álvaro a través de Dante [Canónica, abogado suizo]". La princesa se refiere de ese modo a las propiedades que el padre de Felipe VI puso presuntamente a su nombre y quiso recuperar tras su ruptura. 

La cuenta Soleado y los nombres tachados

Según elespanol.com, Álvaro de Orleans-Borbón ha negado de forma rotunda que alguna vez actuase como testaferro de Juan Carlos I. Orleans –afirma el citado digital– es que desde sus cuentas se han sufragado en contadas ocasiones gastos de viajes u otros detalles al rey emérito.  "Han sido atenciones por mi parte, igual que él las ha tenido conmigo", aduce.

OKdiario recalca que las palabras de Corinna confirman lo publicado en 2013 por el autor de la información, Manuel Cerdán, sobre los pagos de los viajes en jets privados de Don Juan Carlos y Corinna con cargo a Soleado, una cuenta buzón controlada en Suiza por Arturo Fasana, gestor de fondos de los principales integrantes de la trama Gürtel pero no solo de ellos. Desde Soleado, añade el referido portal de noticias, Fasana transfería a la compañía aeronáutica Air Partners unos 300.000 euros anuales.

Abierta en el Credit Suisse de Ginebra, la cuenta Soleado constituye en sí misma un ángulo ciego del caso Gürtel tras diez años de investigación judicial. El pasado 17 de abril, durante su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la financiación del PP, el empresario José Ramón Blanco Balín deslizó una enigmática afirmación al respecto. Considerado el cerebro financiero que asesoraba a Francisco Correa y los suyos, Blanco Balín se cuenta entre los condenados tras el juicio de la pieza troncal del caso. Y lo que dijo fue esto:  que la cuenta Soleado fue "revisada totalmente por las autoridades españolas en todos sus movimientos (...) Otra cosa es que las autoridades correspondientes hayan tachado operaciones que no corresponden a gente involucrada en la operación [Gürtel]".

Quien le interrogaba, el diputado de Bildu Oskar Matute, reaccionó así: "Eso es contabilidad creativa, lo de tachar cosas". Y Blanco Balín puso entonces el colofón: "Pregúnteles usted a las fiscales".

El director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, ha asegurado que aunque en España se puede producir en cualquier momento un ataque terrorista, hay "cifras muy manejables" de yihadistas y que se controla todo el ciclo del yihadismo. "Desde la radicalización, el reclutamiento, lo que hacen cuando están haciendo la yihad y el regreso a España".

Según Sanz Roldán, el único modo de controlar el yihadismo es seguir controlando "el camino de entrada y salida". "Hay que tener controlado al completo el llamado ciclo yihadista. En el momento que no sea así, te falta un dato y ya el control no puede ser absoluto", ha advertido.

El responsable del CNI se ha pronunciado de este modo durante su participación en la segunda sesión del el XXIX Seminario Internacional de Seguridad y Defensa, que se celebra en Toledo, donde tras precisar que en España no se están produciendo los ataques que se están dando en otros países europeos porque, a su modo de ver, existen elementos que pueden ser eficaces en la lucha contra el terrorismo. "Aunque no nos podemos poner la medalla, porque se puede producir en cualquier momento y lugar", ha avisado.

Según Sanz Roldán, a esas cifras "muy manejables" de yihadistas que hay en España -"frente a países como Túnez donde puede haber cerca de 3.000 retornados"- se une el hecho de que el control de armas y explosivos en España sea "mejor que en otros países" y la experiencia vivida con la banda terrorista ETA.

"Llevamos 60 años diciendo a los terroristas: no vas a interrumpir mi vida, voy a ser libre", ha precisado el responsable del CNI, que también ha destacado que en España, frente a otros países, existe una capacidad superior de generar empatía con los inmigrantes, pues se hacen "más esfuerzos por la integración".

En este sentido ha incidido en la necesidad de analizar si "verdaderamente los flujos migratorios traen inestabilidad y de qué tipo", condenando que la nueva Estrategia Europea de Política Exterior y Seguridad de 2016, en esta cuestión, sea "muy litgh", pues solo menciona el problema "pero no se va más lejos".

Y es que, a juicio del responsable del CNI, "inmigración y terrorismo" son conceptos que no tienen por que estar relacionados, pues en el caso de España, "que no es un mal ejemplo de integración", no existen "guetos" de inmigrantes como se pueden dar en otros países europeos.

"Esto no evita que mañana un señor que se vuelva loco atropelle con un coche a un guardia civil que está haciendo un control de tráfico y diga Alá es grande", ha advertido el responsable del Centro Nacional de Inteligencia, que ha puesto en valor el trabajo coordinado que llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

De forma previa a su ponencia, a preguntas de los medios, ha recordado que la amenaza yihadista en España sigue siendo "realmente alta" pues se sitúa en nivel 4. "Nos estamos protegiendo como mejor podemos", ha asegurado.

El portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Iñigo Errejón, ha anunciado este viernes que su grupo ha solicitado la comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y del director del Centro Nacional de Inteligencia, el general Félix Sanz Roldán, para que aclaren si es cierto que el Ejecutivo guarda un dossier con información comprometida sobre el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Según ha informado Europa Press, Iñigo Errejón ha citado en declaraciones en el Congreso un reciente artículo del veterano periodista Luis María Anson donde cuenta que, según le aseguran, "el CNI dispone de un arsenal de irregularidades y vergüenzas del líder podemita" y que "sería mejor no tener que exhibirlas y que Pablo Iglesias se embride su ego desbocado y se integre en el sistema que gobierna a los países todos de la Europa unida".

Errejón ha dicho suponer que "eso no es cierto", pero considera que su formación se quedaría más tranquila si la responsable política del CNI y el director de los Servicios de Inteligencia lo aclaran en el Congreso. "No vivimos en un país en el que se espía a los adversarios políticos del Gobierno", ha señalado.

En ese sentido, Unidos Podemos pide, por un lado, la comparecencia del director del CNI en la Comisión de Gastos Reservados, en cuanto el Congreso elija a los diputados con acceso a Secretos Oficiales y se constituya.

Y, por otro, y junto con el Grupo Mixto, ya que se necesita una segunda firma, Podemos reclama la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno ante el Pleno del Congreso, ya en sesión pública.

Los abogados de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicolás, presentaron este lunes un escrito dirigido al juez que investiga el caso pidiendo la nulidad de todo el procedimiento judicial por las presuntas "escuchas ilegales" sufridas por su cliente, según indicaron a infoLibre fuentes judiciales. Gómez Iglesias está imputado por estafa y falsedad documental.

Los letrados Víctor Sunkel e Israel Paz fundamentan su petición en un atestado policial y en una grabación entre cargos de la Policía Nacional y agentes del CNI, desvelada por este periódico el pasado 20 de diciembre. Ambas pruebas están incorporadas al sumario del caso, que instruye el juez Arturo Zamarriego.

En el atestado policíal se reproducen conversaciones del pequeño Nicolás con Carlos García Revenga, secretario de las hermanas del rey, y con Emilio García Grande, coordinador general de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid. García Revenga iba a dejar en teoría de trabajar en Casa del Rey el pasado 31 de diciembre, pero un portavoz oficial aseguró este lunes a infoLibre que en la institución "no saben" si sigue en la nómina de la Zarzuela.

En cuanto a la grabación, en ella participan tres hombres y una mujer: el comisario de Asuntos Internos de la Policía, el jefe del grupo IX de Asuntos Internos que detuvo al pequeño Nicolás y dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Los dos primeros interlocutores están en el despacho del comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, y los dos últimos intervienen por conferencia telefónica desde otro lugar. Los interlocutores hablan de "la cobertura" que necesitan para "pedir el correo" del joven, de "lavar lo que se pueda" de la información que tenían acumulada y de convencer a "Pilar" de que el asunto corría "mucha prisa". Pilar es el nombre clave que utilizó en su día una agente que ahora ocupa un importante cargo en el CNI. La conversación fue grabada por una quinta persona, que fuentes de la investigación sospechan que también es un agente de los servicios de inteligencia.

La conversación fue filtrada desde el CNI al pequeño Nicoláspequeño Nicolás. El 9 de diciembre, la web Información Sensible informó de la existencia de dicha grabación. Y el 20 de diciembre, tras ser aportada por la propia Policía al juez de instrucción, este periódico difundió la conversación íntegra.

Como explicaron ya entonces fuentes conocedoras de la investigación, el hecho de que Francisco Nicolás Gómez Iglesias hubiese recibido un documento tan sensible desde dentro del CNI demostraba públicamente dos cosas: alguien en los servicios de inteligencia quería que la utilizase para anular el sumario judicial, porque los interlocutores hablan presuntamente de incluir pruebas que no están legalizadas, y de paso quedaba desmentida la versión oficial de que era únicamente un joven fantasioso sin contactos en el CNI. 

La teoría de los frutos del árbol envenenado

Los abogados Sunkel y Paz consideran, en el escrito presentado al juez, que tanto el atestado policial como la grabación entre policías y espías demuestran que su cliente tenía el teléfono pinchado de forma "ilegal". Y entienden que el resto de pruebas obtenidas en el procedimiento judicial se nutren de la información obtenida gracias a ese pinchazo irregular, por lo que piden que se aplique lo que se conoce como "teoría de los frutos del árbol envenenado": si es ilegal la fuente de las pruebas (el pinchazo ilegal sería en este caso el árbol), también deben ser declarados ilegales todos sus frutos (las pruebas obtenidas a partir del pinchazo ilegal). Por ello sostienen que se debe anular todo el procedimiento.

Francisco Nicolás Gómez Iglesias está citado ante el juez, por tercera vez, el próximo 9 de enero. La primera declaración judicial se produjo en octubre, tras su detención, y la jueza de guardia decidió dejarlo en libertad a pesar de que la Fiscalía solicitó entonces prisión preventiva incomunicada y sin fianza. El 19 de diciembre, ya ante el juez Zamarriego, el pequeño Nicolás se acogió a su derecho a no declarar alegando que una parte del sumario seguía siendo secreto. En aquel momento sus abogados no tenían todos los documentos de la parte de la instrucción que ya no estaba bajo secreto. Salvo sorpresa de última hora, todo apunta a que el próximo viernes volverá a negarse a declarar ante el juez, ya que parte del sumario sigue estando bajo secreto. 

El escándalo del pequeño Nicolás le puede terminar costando el puesto al comisario Marcelino Martín-Blas y ha dejado al descubierto la guerra interna que existe en el CNI, donde dos sectores enfrentados están tomando posiciones de cara a la sucesión del director del espionaje español. El general del Ejército Félix Sanz Roldan fue nombrado director del CNI en julio de 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y confirmado en el cargo cinco años después por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Pero en el CNI dan por supuesto que el relevo de Sanz Roldán se producirá a lo largo de 2015.

La grabación íntegra entre el comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía –Marcelino Martín-Blas–, el jefe del grupo IX de Asuntos Internos y dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia fue desvelada por este periódico el pasado sábado. Los interlocutores hablan de "la cobertura" que necesitan para "pedir el correo" del joven, de "lavar lo que se pueda" de la información que tenían acumulada y de convencer a "Pilar" de que el asunto corría "mucha prisa". Pilar es el nombre clave que utilizó en su día una agente que ahora ocupa un importante cargo en el CNI. En aquella información ya se indicaba que los investigadores creían que en la conversación podía haber participado una quinta persona, "aunque no hable en ningún momento". Él habría sido el encargado de grabar la conversación. Esta es ahora la principal hipótesis de trabajo en la búsqueda del topo.

"En cuanto supo que existía la grabación, antes de que trascendiera públicamente, Marcelino [Martín-Blas] pidió que analizaran su teléfono y colocó una microcámara en su despacho con un sensor en la puerta para detectar cualquier entrada. Pero es muy difícil que alguien de la Policía se atreva a hacer algo así. Por eso están convencidos de que el quinto hombre es un agente del CNI", explican las fuentes consultadas por este diario. El comisario jefe de Asuntos Internos, según informó la web Información Sensible, será destituido a principios de año. El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, le comunicó personalmente su destitución, confirmaron fuentes policiales a este periódico.

"El niño está muy bien asesorado"

Así que la búsqueda de ese quinto hombre se centra en el CNI. "El niño ha tenido información que no se la podían facilitar sus dos contactos en el Centro", destacan las fuentes consultadas. Como desveló infoLibre hace diez días, los dos agentes que eran los contactos del pequeño Nicolás fueron enviados a Panamá tras saltar el escándalo. Así que, continúan las mismas fuentes, "saben que el niño tiene alguien más que le ayuda".

En el CNI y en la Policía están convencidos de que, en las próximas semanas, el abogado de Francisco Nicolás Gómez Iglesias presentará un incidente de nulidad para intentar tumbar toda la investigación judicial, apoyándose en la grabación donde se habla de "lavar" información. Algunos piensan que no sería mala opción si el pequeño Nicolás "entiende que debe desaparecer de los focos". En sus últimas declaraciones, el joven ha insistido en que lo único que quiere es que pase el escándalo y le dejen vivir tranquilo. 

El juez del caso, Arturo Zamarriego Fernández, es teniente coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar en excelencia. Se trata de alguien, por tanto, que entiende cómo funciona la seguridad del Estado. Pero otra cosa es que traten de manipular el sumario de una instrucción que está en sus manos. "El juez es una persona muy seria. Y no puede permitir que se dañe su imagen", indican personas que conocen a Zamarriego.

En la grabación, espías y policías también hablan de la necesidad de localizar un segundo teléfono de Francisco Nicolás Gómez Iglesias. El móvil que le tienen pinchado casi no tiene actividad y ello extraña a los agentes, que se muestran convencidos de que "no puede estar sin llamar" por teléfono. Este hecho es, para los investigadores del CNI que están buscando al filtrador, "otro dato que demuestra que el niño está muy bien asesorado. En realidad ya tenía dos teléfonos. Pero el segundo lo tenía apagado, y sólo lo encendía cuando tenía que llamar. Llamaba él, no dejaba que le llamasen. Así no se lo podían detectar. Ahora, por cierto, tiene tres móviles. El tercero se lo dio un antiguo dirigente socialista de Madrid, implicado en el tamayazo, que se lleva muy bien con él".

El relevo de Sanz Roldán

"El Estado no puede permitir que un chaval de 20 años se ría de él. Y lo que ha ocurrido es muy grave. Han grabado en su despacho al comisario de Asuntos Internos, que se supone que es la élite de la Policía. Y han filtrado la conversación sin que les importara el daño que iban a hacer en el CNI. Bueno, en realidad se hace para eso. Para intentar influir en la sucesión de Sanz Roldán", indican fuentes conocedoras de los hechos.

El general del Ejército Félix Sanz Roldan fue nombrado director del CNI en julio de 2009, en la segunda legislatura de Zapatero. Cuando se cumplió su mandato de cinco años, Sanz Roldán tenía 69 años, "pero el rey le pidió seguir y él aceptó", sostienen las fuentes consultadas. Así que el Gobierno de Rajoy le confirmó en el cargo el 4 de julio de este año. Pero en el CNI dan por supuesto que el relevo de Sanz Roldán se producirá a lo largo de 2015. Además de motivos personales, mantiene su deseo de jubilarse.

Así que los diferentes sectores del CNI están tomando posiciones. La número dos del centro es la secretaria general, Beatriz Méndez de Vigo, que aspira a convertirse en la primera mujer que dirige a los espías españoles. Lleva 31 años en los servicios de inteligencia y cuenta con el respaldo de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de quien depende orgánicamente el CNI. Pero no todos ven con buenos ojos su ascenso. "Beatriz quiere ser la futura directora y los viejos del Centro se la quieren cargar", explican a infoLibre fuentes conocedoras del enfrentamiento. Y los detractores internos de Méndez de Vigo buscan involucrarla en las andanzas del pequeño Nicolás, mientras que la versión oficial es que el joven jamás trabajó para el espionaje español.

"El escándalo no le viene bien a Beatriz, eso es evidente. Pero no se sabe cómo terminará el tema. Hay que esperar a que descubran al filtrador y ver si al niño le han dado más información sensible", añaden.

Las andanzas del pequeño Nicolás quizá se iniciaron como un capítulo más de la tradicional picaresca española, pero a estas alturas nadie duda de que el caso se ha convertido en otra cosa. Las fuentes consultadas lo resumen con dos preguntas: "¿Dónde se ha visto que un comisario se implique en una conversación en la que se habla de falsificar unas pruebas? Y si el director del CNI ha dicho que el niño no es un peligro para la seguridad del Estado, ¿por qué le tenían pinchado el teléfono?".

No está claro hasta dónde llega la "florida ideación delirante" que observó en Francisco Nicolás Gómez Iglesias el forense que lo atendió tras su detención. Pero lo que es muy real es la guerra interna que el caso del pequeño Nicolás ha desatado en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con dos derivadas que afectan al comisario de Asuntos Internos de la Policía y a un fiscal Anticorrupción.

La disputa se desarrolla en torno a la figura de la secretaria general del CNI, Beatriz Méndez de Vigo, una persona de la máxima confianza de la vicepresidenta del Gobierno. Soraya Sáenz de Santamaría es quien controla orgánicamente la Casa, como se conoce familiarmente a los servicios de inteligencia, y negó en su día cualquier relación con el pequeño Nicolás. "Beatriz quiere ser la futura directora [del CNI] y los viejos de la Casa se la quieren cargar", explican a infoLibre fuentes conocedoras del enfrentamiento. Los detractores internos de la número dos del espionaje español buscan involucrarla en las andanzas del pequeño Nicolás, mientras que la versión oficial del CNI es que el joven jamás trabajó para el centro.

Francisco Nicolás Gómez Iglesias –Fran para los amigos, el pequeño Nicolás para el resto de España– fue detenido el 14 de octubre y, desde entonces, se puso en marcha el control de daños. "A los dos que tenían el contacto del CNI con el pequeño Nicolás los han enviado a Panamá", señalan las fuentes consultadas por este periódico.

Además, se produjo una buena noticia para los defensores de la verdad oficial en el frente judicial. Al ser detenido, Gómez Iglesias prestó declaración ante la jueza de guardia, Mercedes Pérez Barrios, quien dictó un auto dejando al joven en libertad provisional sin fianza a pesar de que la Fiscalía solicitó prisión preventiva incomunicada y sin fianza. La jueza mostró además su perplejidad por el hecho de que el pequeño Nicolás, "con su mera palabrería y aparentemente con su propia identidad", hubiese accedido "a las conferencias, lugares y actos a los que accedió sin alertar desde el inicio con su conducta a nadie por muy de las juventudes del Partido Popular que manifieste haber sido". La jueza de guardia mandó el asunto a reparto y la investigación le tocó al Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, cuyo titular es Arturo Zamarriego Fernández. Un nombre que provocó tranquilidad en el CNI: teniente coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar en excedencia, el magistrado es un hombre que entiende cómo funciona la seguridad del Estado. El juez decretó el secreto de la investigación nada más asumir la causa.

Manipular la instrucción judicial

Claro que una cosa es tener sensibilidad para los asuntos de Estado y otra muy diferente que a un magistrado le pretendan manipular la instrucción. Y eso es lo que parece esconderse detrás de la filtración de una grabación que tiene como protagonistas a dos agentes del CNI y al comisario de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín-Blas. En la conversación se habla de la necesidad de convencer al juez instructor de que autorice el pinchazo del teléfono del pequeño Nicolás para incluir así en el caso las conversaciones que ya tenían grabadas de forma ilegal. Esta información fue adelantada por la web Información Sensible, que también dio en su día la exclusiva de la detención del joven.

Las fuentes consultadas por infoLibre confirman la existencia de dicha grabación y aportan diversos detalles: "Son unos seis minutos de conversación. Hay partes que se escuchan mal, están como entrecortadas. No se puede descartar al cien por cien que esté manipulada. Pero la voz de Marcelino [Martín-Blas] se reconoce. Y resulta evidente que alguien desde la Casa le ha hecho llegar la grabación al pequeño Nicolás para que se defienda".

"A cualquiera que sepa cómo trabaja el CNI no le puede sorprender el tema. Dicen que lo que han escuchado es muy fuerte, pero no lo pueden meter en el caso. Pero si logran que el juez autorice el pinchazo, pueden intentar blanquear la información", explican las mismas fuentes. El plan se ha ido ahora al traste y pocos dudan de que, a estas alturas, el juez instructor ya tiene conocimiento de la existencia y del contenido de esa grabación.

Hay otra derivada de esta historia de espionaje que afecta a un fiscal anticorrupción. En este caso se trataría de un vídeo comprometido. "Hay versiones contradictorias sobre el origen del vídeo. Hay quien sostiene que se grabó en un hotel de Vigo, otros dicen que fue en Estados Unidos o en Madrid. El fiscal siempre ha dicho que el vídeo es un montaje contra él para desprestigiarlo, que es falso", relatan las fuentes consultadas por este periódico, quienes afirman que esta historia tiene ya un largo recorrido: "El tema llegó a estar judicializado, en un caso donde había 22 imputados, pero el CNI logró que la parte del fiscal desapareciese en dos ocasiones". Ese fiscal también despierta pasiones y odios entre los agentes del CNI, así que el (presunto) vídeo se ha convertido en un aspecto más de la refriega.

Más allá de la "florida ideación delirante" del pequeño Nicolás, de momento el parte de guerra es el siguiente: una batalla por el poder dentro del CNI que se libra con escaso disimulo, un comisario de la Policía en la cuerda floja y un fiscal Anticorrupción salpicado por el caso. Y todo ello a la espera de que se levante el secreto del sumario, algo que podría ocurrir al menos parcialmente antes de Navidad.

Preguntas (aún) sin respuesta

La instrucción judicial quizá sirva para responder a las dos preguntas clave del caso: qué negocios o estafas ha organizado Gómez Iglesias y con qué apoyos oficiales ha contado.

El desparpajo del pequeño Nicolás viene de antiguo, aunque parezca extraño aplicar esta expresión a un joven de 20 años. Hace tres, cuando aún era un menor de edad, se presentó en la sede de uno de los empresarios más conocidos de España y se ofreció a desbloquear una importante obra a cambio de cinco millones de euros. "Dijo que venía en nombre de Ignacio González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Comprobamos que no era verdad. Pero él se presentó aquí acompañado por dos policías municipales y en un coche oficial adscrito al Ayuntamiento de Madrid. Y eso sí era verdad", recuerda en conversación con infoLibre una fuente del grupo empresarial. 

En los tres años transcurridos desde entonces, el pequeño Nicolás ha contactado con decenas de empresarios. Así que no es extraño que en el CNI, en la Policía y hasta en la Guardia Civil traten de rastrear el máximo de información posible. El objetivo es encontrar respuesta a preguntas ciertamente llamativas: ¿A quién visitaba con tanta frecuencia en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dejando 'su' coche oficial en la puerta? ¿Es verdad que se repartió una comisión millonaria con un antiguo dirigente del PSOE de Madrid implicado en el tamayazo a cambio de intermediar en la venta de una finca? ¿Precipitó su detención un presunto negocio en el que iba a participar el dictador guineano Teodoro Obiang? 

Luego está el tema de los apoyos oficiales. Él aseguró que había viajado en el coche de la vicepresidenta, que había celebrado un cumpleaños en el polémico ático de Ignacio González en Estepona (Málaga), que mantenía una relación fluida con el secretario personal de las infantas, Carlos García Revenga. Todos lo han negado tajantemente. "Ahora nadie conoce al pequeño Nicolás. pequeño NicolásPero se movía en coche oficial, manejaba información propia de los servicios de inteligencia y estaba en todo tipo de actos, incluida la recepción de la proclamación del rey. ¿Todo eso se hace sin ningún apoyo oficial?", resumen las fuentes consultadas por este periódico.

Francisco Nicolás Gómez Iglesias va camino de convertirse en una estrella televisiva, después de sus tres últimas intervenciones en el programa Un tiempo nuevo, de Tele 5. ¿Y su futuro judicial? En este momento, hay dos causas abiertas contra él. Una en el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, tras la querella por injurias presentada por la Abogacía del Estado a instancias del CNI. Y otra, la citada del Juzgado de Instrucción número 2 a cargo del magistrado Arturo Zamarriego, que se inició por la supuesta denuncia de un empresario estafado. ¿Presunta denuncia? Sí. En este tema hay pocas cosas claras. La primera versión oficial hablaba de esa denuncia, pero el propio empresario negó haberla presentado. En todo caso, si algún día se presentó, lo que parece claro es que después fue retirada. Ello no significa que la causa vaya a ser archivada, porque también se investiga al pequeño Nicolás por la presunta comisión de los delitos de falsificación documental y usurpación de funciones públicas.

La jueza que escuchó por primera vez la versión del joven confesó su incapacidad para entender cómo había llegado tan lejos en sus andanzas. Dos meses después, su perplejidad es compartida por media España. Y todo apunta a que el espectáculo continuará.

El Consejo de Ministros ha renovado en el cargo de director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al general Félix Sanz Roldán tras haber agotado ya los cinco años de mandato que establece la ley, según ha anunciado este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que el Ejecutivo ha cesado primero a Sanz Roldán para después volverle a nombrar como jefe de los servicios secretos, procedimiento que establece la Ley reguladora del centro, que data del año 2002.

A pesar de que fue nombrado director del CNI por el anterior Gobierno socialista, el veterano militar se ha ganado la confianza de la vicepresidenta, actual responsable de los servicios de inteligencia, lo que hacía pensar desde el principio que repetiría en el cargo.

Los mandatos del director del CNI, con rango de secretario de Estado, son en principio de cinco años. Aunque Sanz Roldán no llegue a completar este nuevo mandato, lo que sí parece seguro es que permanecerá en el cargo al menos hasta el final de la legislatura, es decir, hasta finales de 2015.

Su gestión al frente del CNI se conocerá sobre todo por pacificar el centro, que se encontraba muy convulso tras el paso de su predecesor, Alberto Saiz, pero también por haber profesionalizado los servicios secretos españoles creando un Estatuto para sus 3.500 trabajadores.

El momento más crítico de la era Sanz Roldán hasta ahora tuvo lugar el año pasado con el caso del espionaje masivo de los servicios secretos estadounidenses en países europeos, si bien todos los partidos políticos quedaron muy satisfechos de las explicaciones que el general dio en su comparecencia en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, afirmó este martes que el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, y el de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, expliquen en el Parlamento la "desastrosa" gestión del Gobierno que permitió que un español condenado en Marruecos por abusos a menores fuera excarcelado. Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, pidió además la comparecencia del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz, para aclarar el "inmenso desbarajuste" de la liberación de Daniel Galván Viña. 

En declaraciones a la Cadena Ser, en el programa Hoy por hoy que presenta Aimar Bretos, Valenciano dijo que en este caso se ha cometido "un error grave e incomprensible que merece una explicación un poco más exhaustiva" por parte del Ejecutivo, "que hasta ayer ha estado escondido y dando versiones off the record muy poco claras". En este sentido, la dirigente socialista acusó al Gobierno de intentar responsabilizar a las autoridades marroquíes por haber concedido la libertad a Galván y a otros 29 reclusos que también fueron "indultados por error". "No puede desentenderse y cargar sobre Marruecos toda la responsabilidad porque son presos españoles", subrayó.

A su juicio, lo que ha ocurrido "merece una explicación" y que el Ejecutivo "se haga responsable de resolver ahora la situación", es decir, de que Galván, que fue detenido este lunes en Murcia, "acabe en la cárcel". Horas después, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dictaba el ingreso en prisión provisional e incondicional del pedófilo, que fue conducido después a Soto del Real (Madrid). 

Valenciano criticó la "desastrosa" gestión del Gobierno en este asunto y le preguntó por qué no supervisó la excarcelación de los 48 presos españoles a los que Marruecos puso en libertad la semana pasada. El Ejecutivo, por ahora, ha explicado que fue la Embajada la que elaboró una doble lista: en una solicitaba a Marruecos el indulto de 18 reclusos; en la otra, requería que otros 30 (entre ellos, Galván) fueran trasladados a España para cumplir el resto de su condena. Rabat en cambio fusionó ambos estadillos y excarceló a lo 48. 

Valenciano señaló que Ruiz-Gallardón y García-Margallo deberían aclarar lo ocurrido con el pederasta, por ejemplo si cumplía los requisitos para estar incluido en las listas, y decir también "quiénes son esos 29 restantes indultados por error". En el mismo sentido, Trinidad Jiménez, secretaria de Política Social del PSOE, reclamó posteriormente en rueda de prensa en Ferraz al Ejecutivo que aclare si entre los demás perdonados existen "sospechas" o delitos de "tanta gravedad o más" que el de Galván. Delitos de los que, a su juicio, debiera informarse porque esas personas "ahora están en la calle".

Valenciano instó asimismo a los ministros a explicar por qué cuando se enteraron de que habían sido liberados todos no advirtieron a las autoridades marroquíes. Si lo hubiesen hecho, "tal vez" Galván "no habría conseguido un pasaporte en el consulado español", añadió. Según explicaba ayer Exteriores, lo que concedió el Consulado General fue un salvoconducto para que pudiera salir de Marruecos. 

La diputada socialista expresó su deseo de que las conversaciones que el Gobierno mantiene este martes con dos altos funcionarios marroquíes que han viajado a Madrid contribuyan a que "se resuelva la situación". En cualquier caso, descartó que este asunto vaya a dañar las relaciones bilaterales con Rabat, que "son sólidas y buenas".

Preguntas de los portavoces de Justicia e Interior de IU

Lara, por su parte, y como ya adelantó infoLibre, tiene ya registrada la comparecencia del director del CNI, Félix Sanz, en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Según un comunicado lanzado por IU, el coordinador considera necesario aclarar "cuanto antes" lo que ha pasado, en vista de la gravedad de los crímenes cometidos por Galván, y "determinar las causas de la excarcelación del pederasta y su posible relación con los servicios de inteligencia". 

Además, los portavoces de Justicia e Interior de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares y Ricardo Sixto, han registrado una batería de preguntas. El primero inquiere por la posible negociación con Marruecos para que Galván cumpla su condena en España, por la posible pertenencia de este al CNI o por qué se le concedió la nacionalidad española. Sixto, también secretario federal de Comunicación de IU, requiere al Ejecutivo que le diga los posibles seguimientos a Galván por parte de la Guardia Civil mientras vivió en Torrevieja y si fue arrestado por delitos sexuales u otro tipo de causas durante su estancia en la ciudad alicantina.