Las autoridades iraníes restringieron este jueves el acceso al internet global sin permitir conexiones o servicios de fuera del país, en un aparente intento por controlar las protestas que sacuden Irán desde hace 12 días.

La plataforma NetBlocks, que supervisa el tráfico y la censura en internet, señaló en X que las métricas muestran que Irán se encuentra en un "apagón" de internet "a nivel nacional" y agregó que el incidente llega tras "una serie de medidas de censura digital" tomadas contra las protestas que se están dando por todo el país, medidas que "obstaculizan" el derecho a comunicarse en un momento "crítico".

EFE pudo comprobar que desde primera hora de la tarde dejó de ser posible conectarse a páginas de fuera de Irán, y las VPN (red privada virtual) que se utilizan habitualmente para acceder a aplicaciones bloqueadas en el país, como WhatsApp o Telegram, no funcionaban.

El bloqueo de internet llegó en el duodécimo día de unas protestas que arrancaron por la mala situación económica que atraviesa Irán, pero que han ido adquiriendo un cariz político y se han extendido ya a 111 ciudades del país. En la zona norte de Teherán, la capital de Irán y donde estallaron las protestas el 28 de diciembre, los comercios y los cafés estaban cerrados en la tarde de este jueves, y apenas había transeúntes por las calles, en contraste con la gran presencia de policía motorizada y antidisturbios.

Con las calles vacías, las protestas en torno a las 20.00 horas locales (16:30 GMT) se trasladaron a las ventanas de las casas, desde donde se gritaron eslóganes como "Muerte a Jameneí", "Muerte a la República Islámica" o "Esta es la última batalla, Pahlaví volverá".

Las protestas estallaron el 28 de diciembre en Teherán, impulsadas inicialmente por comerciantes y sectores económicos afectados por el deterioro de la situación económica, el desplome del rial y la elevada inflación.

Irán atraviesa una profunda crisis económica, con una inflación anual superior al 42% y una inflación punto a punto que en diciembre superó el 52% respecto al mismo mes del año anterior, marcada por las severas sanciones de Estados Unidos y la ONU contra el país por su programa nuclear.

El Gobierno iraní ha venido anunciando desde el día 28 modestas ayudas económicas que no han logrado detener las protestas, como tampoco lo han conseguido las amenazas de las autoridades hacia manifestantes. Al menos 45 manifestantes, incluidos ocho niños, han muerto y cientos más han resultado heridos en los primeros doce días de protestas, según difundió este jueves la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo. 

La Comisión Europea anunció este jueves la apertura de una investigación antimonopolio sobre la nueva política de la estadounidense Meta relativa al acceso de proveedores de inteligencia artificial (IA) a su servicio de mensajería WhatsApp, según informa EFE.

"Estamos investigando si la nueva política de Meta podría ser ilegal conforme a las normas de competencia y si debemos actuar con rapidez para evitar un posible perjuicio irreparable a la competencia en el ámbito de la IA", declaró en un comunicado la comisaria de Competencia y vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

El Ejecutivo comunitario sospecha que la nueva política de Meta sobre el acceso de los proveedores de inteligencia artificial a WhatsApp, anunciada en octubre de 2025, podría infringir las normas de competencia de la UE.

"Los proveedores de IA competidores podrían quedar bloqueados para llegar a sus clientes a través de WhatsApp" mientras que "el servicio propio de Meta, Meta AI, seguiría estando accesible para los usuarios de la plataforma", señaló la Comisión.

La nueva política de la tecnológica de Mark Zuckerberg "prohíbe a los proveedores de IA utilizar una herramienta que permite a las empresas comunicarse con sus clientes a través de WhatsApp, la WhatsApp Business Solution, cuando la IA sea el servicio principal que ofrecen", indicó la Comisión.

Bruselas entiende que las compañías sí podrán seguir usando herramientas IA para realizar "funciones accesorias o de apoyo", como la atención automatizada al cliente mediante WhatsApp y teme "que esta nueva política pueda impedir que proveedores de IA de terceros ofrezcan sus servicios a través de WhatsApp en el Espacio Económico Europeo (EEE)", indicó.

La Comisión cree que "Meta aplicará la nueva política mediante una actualización de los términos y condiciones de WhatsApp para usuarios empresariales, los WhatsApp Business Application Programming Interface terms". 

Para los proveedores de IA que ya están presentes en WhatsApp, la actualización "se aplicará a partir del 15 de enero de 2026, mientras que para los nuevos proveedores de IA en WhatsApp ya es aplicable desde el 15 de octubre de 2025".

La investigación formal cubrirá el EEE, excepto Italia para evitar "un solapamiento" con los procedimientos en curso de la Autoridad Italiana de Competencia sobre la posible imposición de medidas cautelares a Meta.

Si se confirman, las prácticas investigadas podrían vulnerar las normas de competencia de la UE que prohíben el abuso de posición dominante, agregó Bruselas.

"Los mercados de IA están en pleno auge en Europa y más allá (...). Debemos garantizar que los ciudadanos y las empresas europeas puedan beneficiarse plenamente de esta revolución tecnológica y actuar para evitar que los grandes actores digitales dominantes abusen de su poder para expulsar a competidores innovadores", añadió Ribera.

La Comisión llevará ahora a cabo su investigación en profundidad con carácter prioritario. La apertura de una investigación formal no prejuzga su resultado, indicó el Ejecutivo, que recordó que "no existe un plazo legal para finalizar una investigación antimonopolio".

La batalla por la tarta publicitaria en España llega a los tribunales. El juez Teodoro Ladrón Roda, titular del Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid, será quien decida en la disputa, sin precedentes en España, que enfrenta a la patronal mediática española, la Asociación de Medios de Información (AMI), con Meta, la empresa del multimillonario Mark Zuckerberg que controla Facebook, Instagram y WhatsApp.

AMI representa a poderosos grupos de comunicación como Prisa (El País), Unidad Editorial (El Mundo), Vocento (Abc), Godó (La Vanguardia), Prensa Ibérica (El Periódico) y Henneo (20 Minutos), entre otras muchas cabeceras de papel y digitales, pero tiene delante a una de las empresas más poderosas del mundo. La demanda, que se remonta dos años atrás, acusa a la matriz de Facebook e Instagram de competencia desleal y de saltarse las normas europeas de protección de datos.

Según los diarios españoles, entre 2018 y 2023 Meta habría recopilado y explotado masivamente datos de navegación de millones de usuarios para vender publicidad personalizada, sin pedir un consentimiento válido (tal y como exige la legislación europea de protección de datos desde 2018). Eso, aseguran, le dio ventaja en el mercado publicitario, porque al tener más datos y poder segmentar mejor los anuncios, pudo quedarse con gran parte de la tarta publicitaria digital, dejando en desventaja a los periódicos españoles, muy dependientes de esos ingresos.

AMI reclama 550 millones de euros de indemnización porque considera que esos ingresos de Meta fueron ilegítimos y que deberían haber ido, al menos en parte, a los medios. Una suma que, argumenta, será mayor si se demuestra que Meta jugó en el mercado de la publicidad digital usando datos personales sin cumplir las normas y dejando a los medios en clara desventaja económica también entre 2023 y el momento presente.

La vista se ha prolongado durante dos días. A su término, la directora de la Asociación de Medios de Información (AMI), Irene Lanzaco, aseguró tener “una sensación muy positiva” porque considera que ha quedado “plenamente acreditado” que la empresa de Zuckerberg vulneró la protección de datos para realizar publicidad segmentada.

Lanzaco reprochó a Meta que haya declarado desconocer el número de cuentas que tiene en España y los ingresos publicitarios que obtiene en nuestro país. Está sustentando su defensa, declaró, sobre la base de que realizaron inversiones en tecnología para obtener resultados, “pero omiten decir que esas inversiones han sido posibles y son debidas a la necesidad de explotar los datos personales. No es posible desligar una cosa de la otra”.

La pelea es por un trozo significativo de la publicidad digital en España, que la prensa ha ido perdiendo progresivamente en las últimas décadas, pero Lanzaco, que representa a la patronal de diarios, ha tratado de situarla en otros términos: “Lo importante”, subrayó, “no es la cuantía económica, sino la defensa del trabajo periodístico y de los derechos fundamentales, que son un pilar de la democracia”.

La demanda se apoya en que, desde 2018, la legislación comunitaria exige a las empresas disponer de “una base legítima” que les habilite para el perfilado publicitario (adaptar los anuncios a los gustos, intereses, hábitos o comportamientos de cada usuario a partir de sus datos personales).

En la primera jornada del juicio declararon tres responsables de Facebook. David Sáez de la Torre, director de Industria de España y Portugal de Facebook desde 2018, declaró que un mayor volumen de datos no significa mayor éxito en publicidad porque su éxito depende de los algoritmos y los instrumentos con los que se cuente para interpretarlos.

“No es el único factor a tener en cuenta”, remarcó. Para la publicidad personalizada se toman en consideración otros aspectos derivados de la experiencia que tiene el usuario dentro de la plataforma y de la observación de su navegación, no solo los datos que facilita.

El catedrático de Derecho Procesal Nicolás González Cuéllar, que representa a la patronal de los diarios españoles, preguntó también a Beltrán Seoane, director de agencias en Facebook para España y Portugal. Seoane corroboró la importancia de los datos, porque si no dispusieran de ninguno “sería como volver a la publicidad de hace 25 años”, pero sostuvo que lo que se persigue con ellos son las audiencias y el retorno para un mercado publicitario digital que crece cada año por la publicidad online, una mayor población, competencia y anunciantes.

Ninguno de los testigos confirmó conocer los procedimientos que se están desarrollando contra Meta por incumplir la normativa. Tampoco Cecilia Álvarez, directora de Política de Privacidad en Europa de Facebook desde 2019. Álvarez reveló que para la publicidad personalizada se recaban datos de primera parte y datos de terceros, es decir, los personales con los que los usuarios se registran para darse de alta en la plataforma (el nombre, correo electrónico y, si lo desean, foto de perfil), además de otros que les proporcionan empresas a las que los usuarios dieron su consentimiento para su cesión. Y aseguró que desde 2018, el año en que entró en vigor la regulación europea, siempre requieren el consentimiento expreso del usuario para que terceros cedan sus datos.

La demanda de AMI, que posteriormente fue secundada por televisiones y radios comerciales españolas, sigue en el tiempo a otra que se formalizó en Francia la pasada primavera. A través de ella, más de 200 medios de comunicación franceses públicos y privados denunciaron a Meta ante el Tribunal de Actividades Económicas de París por lo que consideran que son “prácticas ilegales” que, como argumenta AMI, les habrían privado de buena parte de la publicidad en línea.

La base argumental en Francia es idéntica a la que se ha usado en España: la supuesta recopilación masiva e ilícita de datos personales para disponer así de informaciones que permiten a la compañía elaborar anuncios selectivos en función de las preferencias y los gustos conocidos de los usuarios. Una “violación flagrante”, según sus promotores, del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, ya que no informaron a esas personas de que estaban recopilando esos datos ni solicitaron expresamente su consentimiento.

Según los cálculos de la demanda francesa, mediante el uso de estos datos Google y Meta acaparan el 75% del mercado publicitario y el 90% de su crecimiento.

Mark Zuckerberg, un aliado tecnológico de Donald Trump, que en varias ocasiones ha amenazado a la Unión Europea con sanciones si no deroga la legislación que afecta a las tecnológicas norteamericanas, enfrenta también problemas en otros países de Europa. Este jueves se conoció que la Justicia neerlandesa ha ordenado a Meta modificar en un plazo de dos semanas sus plataformas sociales Facebook e Instagram en Países Bajos para garantizar a los usuarios una opción de cronología sin algoritmos, de acceso directo y que pueda fijarse como predeterminada, frente a la práctica actual de elaboración de perfiles.

El tribunal concluyó que la configuración actual de ambas aplicaciones vulnera aspectos de la Ley Europea de Servicios Digitales (DSA), al forzar de manera encubierta a los usuarios a volver a un sistema de recomendaciones basado en perfiles, un restablecimiento automático que el juez consideró un “patrón oscuro” prohibido que limita la libertad de información y expresión.

“Actualmente, Facebook e Instagram no permiten suficientemente a los usuarios en Países Bajos tomar decisiones libres y autónomas sobre el uso de sistemas de recomendaciones basados en perfiles”, señaló el juez.

La decisión responde a una demanda de la organización de derechos civiles Bits of Freedom, que denunció que el funcionamiento de Facebook e Instagram podía influir en los comicios generales en Países Bajos a finales de este mes, al condicionar la visibilidad de contenidos mediante algoritmos, informa Efe.

“Teniendo en cuenta las elecciones del 29 de octubre de 2025, Meta Irlanda deberá adaptar sus plataformas en el plazo de dos semanas”, urgió el magistrado.

El juez ordenó que la opción de un feed cronológico o sin perfilado se mantenga incluso cuando el usuario cierre la aplicación o cambie de sección dentro de la plataforma.

Esto implica que los usuarios deben poder elegir un feed que no se elabore en función de sus supuestos intereses, una opción que existe actualmente, pero está oculta y no puede fijarse como estándar.

Meta deberá implementar los cambios en Países Bajos en dos semanas o pagar una multa coercitiva de 100.000 euros por día, hasta un máximo de cinco millones.

“Tengo miedo a que me pase algo y como esta perra mía no ladra, me encuentren días después rodeada de gusanos”. Ella te suelta las cosas así, sin filtros, con su cáustico sentido del humor, pero esto que dice es sentido y asentido por otra mujer de la tertulia que también vive sola.

La tercera, mucho más joven que ellas, les riñe: “¡¿Pero qué burra eres, cómo no vamos a saber de vosotras?!” Yo apoyo la reprimenda: “sois tontísimas… eso no va a pasar” pero, en el fondo, ambas entendemos su temor. 

La dureza de ‘la soledad no elegida’ entra a menudo en la conversación pública, pero de esa otra, la que acompaña a tantas personas por elección de vida y un día deriva de independencia a miedo, se habla menos. 

La deformación profesional me empuja a proponer ideas en las tormentas grupales, así que sugiero “el guasap del todo ok”: 

“Un simple mensaje diario para que sepamos que estáis bien, solo eso. Nada de dibujos de ositos con corazones, ni memes, ni recetas de cocina, ni hostias. Este cuarteto de guasap será un ‘Mayday de vecinas’ y en vez de grito, se activa con el silencio. Si alguna no responde, ponemos en marcha el protocolo”.

Llevo unos días dándole vueltas al silencio que pide ayuda, los bloques de pisos están llenos de este oxímoron. El grito alerta, impulsa, activa. Todavía no he logrado quitarme de la cabeza aquel que me despertó en plena madrugada, un alarido desgarrador de una mujer a la que estaban atacando que me hizo vomitar una vez la víctima fue socorrida. En cambio, al silencio no le prestamos atención y puede engañarnos tanto como esas sonrisas que ocultan un dolor agudo, a veces más profundo que el que se expresa con el llanto.

Hace tres semanas abrimos el cuarteto “Fatal, gracias” y en nuestros estatutos están prohibidos los rollos y las turras. Nuestra garita virtual está abierta, únicamente, para un “todo ok”, un “SOS”, o un silencio ensordecedor que haga saltar las alarmas. Cada mañana entran cuatro “buenos días” que significan “estoy a salvo”

No somos familia, ni vecinas de toda la vida, no somos amigas íntimas ni pensamos igual, pero compartimos barrio y, encuentro a encuentro, ha brotado un afecto que provoca que nos preocupemos las unas por las otras.

Esta es una historia pequeña, como todas las que protagoniza la gente corriente y, sin embargo, déjenme que les diga que yo encuentro profundidad en su simpleza. La maravillosa sensación de que alguien, de carne y hueso, te echará de menos si una mañana dejas de sonar. La certeza de que tu vida forma parte de otras vidas, aunque sea en diminuta proporción. Son sentimientos que le dan cierto sentido a lo que pintamos en el mundo y estos no puede generarlos la IA, al menos, de momento.

La inteligencia artificial ha irrumpido en nuestras vidas como un elefante en una chatarrería. Ha llegado para cambiarlo todo y ha conquistado sutilmente móviles, redes sociales, buscadores, aplicaciones de mensajería y correos electrónicos. Ya no es ni una tecnología salida de un capítulo de Black Mirror ni una función más en el smartphone con la que mejorar la última foto o una utilidad encerrada en la aplicación de ChatGPT. Ahora es una fiel compañera en nuestros bolsillos que responde preguntas, organiza ideas, facilita procesos… Y ahora ha comenzado ya a ahorrarnos tiempo resumiendo nuestras conversaciones privadas. 

La idea parece, en principio, inofensiva: ayudarnos a ponernos al día sin perdernos lo esencial. Todos lo hemos vivido: un par de horas sin mirar en el móvil y ese grupo de WhatsApp acumula decenas y decenas de mensajes sin leer. Por ello, Meta ha comenzado a implementar los resúmenes de conversaciones en esta aplicación, por ahora solo en EEUU y en inglés, aunque su intención es llevarla a más países en breve. 

Esta nueva opción se basa en la inteligencia artificial que lanzaron en abril. Hasta ahora y en un cambio radical de la aplicación que también incluye la introducción de publicidad, los usuarios podían acceder a Meta AI dentro del chat para hacer preguntas generales o etiquetar un mensaje para contextualizarlo. Pero con esta nueva funcionalidad, el objetivo es usarla para resumir de "forma privada y rápida" los mensajes no leídos en un chat para, según detallan desde la tecnológica, "hacerte una idea de lo que está sucediendo antes de leer los detalles". 

Sin embargo, lo que parece una ayuda, abre la puerta a un lado oscuro lleno de amenazas para la privacidad, dilemas éticos y dudas sobre cómo una máquina puede interpretar nuestras conversaciones. Sobre todo en un entorno como el del imperio de Mark Zuckerberg con un amplio historial de escándalos como Cambridge Analytica o Los papeles de Facebook. 

Conscientes de su mala fama, desde Meta han vendido esta nueva herramienta dejando claro desde el principio que estos resúmenes utilizan lo que ellos llaman "tecnología de procesamiento privado" insistiendo en que los mensajes de WhatsApp están cifrados de extremo a extremo. Según argumentan en su blog de ingeniería, esto permite a Meta AI generar una respuesta sin que "nadie, excepto tú y tus interlocutores" pueda "acceder ni compartir tus mensajes personales, ni siquiera Meta o WhatsApp". "Los datos compartidos con Private Processing se procesan en un entorno que no los pone a disposición de ningún otro sistema. Esta protección se refuerza mediante el cifrado de datos de extremo a extremo entre el cliente y la aplicación", completan.

Es decir, según sus explicaciones, lo que se traslada, tal y como detalla Xataka, es como si en Meta hubieran inventado un empleado para WhatsApp con amnesia: puede hacer su trabajo, leer tus conversaciones para resumirlas, pero inmediatamente olvida lo que ha visto. ¿Es esto posible? "Si la herramienta está programada para eso, sí. En programación y computación, el código está compuesto de órdenes y una de ellas puede ser, perfectamente, el borrado de datos que ya han sido analizados", asegura Clara González Tosat, profesora de IA de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Comunicación. "Esto implica que el modelo puede recibir el contenido, procesarlo, generar una respuesta y luego eliminar la información recibida sin almacenarla en ningún sitio", añade esta experta. 

Elisa Gutiérrez García, profesora de la Universidad Complutense, no lo tiene tan claro: "Lo que cabe preguntarse es dónde se alojan los modelos de IA que sirven al propósito de la nueva aplicación y si no son servidores de WhatsApp". Para esta experta en IA, derecho y derechos humanos, es "difícil pensar que un tratamiento de la información semejante quede vedado al acceso de la plataforma", sobre todo, recuerda, "si tenemos en cuenta que todas las inteligencias artificiales que se ofrecen de forma gratuita o a bajo coste se arrogan el derecho paralelo a emplear el contenido del usuario para mejorar sus modelos". 

Más allá de los intentos de WhatsApp por intentar convencer a sus usuarios de su buena fe, lo cierto es que Meta no es el primero en añadir este tipo de funciones. Google, por ejemplo, ya lo hace gracias a la implementación de Gemini en Gmail desde el pasado otoño con sus tarjetas de resumen que se pueden activar en los correos electrónicos. Los de Mountain View nunca han ocultado que acceden y leen los emails. Aunque siempre han defendido que lo hacen para escanearlos y así "detectar spam y malware" y "mejorar la funcionalidad del servicio". 

La idea de WhatsApp se parece más a lo que lleva implementando Apple desde el verano de 2024 con Private Cloud Computer. La tecnológica de la manzana mordida luce la privacidad de sus usuarios por bandera por lo que la piedra angular de su inteligencia artificial es "el procesamiento desde el dispositivo" de modo que la herramienta "está al tanto de tu información personal sin recopilarla". 

Meta, Google y Apple lo tienen claro. Pero con la fama de las tecnológicas y la que también se está labrando la inteligencia artificial, genera muchas dudas la cara b que pueden tener estos, en principio, inofensivos resúmenes de conversaciones privadas. Las expertas consultadas por infoLibre señalan cinco riesgos.

El primero, y más grave, es cómo afecta a la privacidad. "Cualquier información compartida en WhatsApp, en este caso, es susceptible de ser pirateada si no se cumplen con los protocolos de ciberseguridad", defiende González Tosat. "Sin entrar en el empleo torticero que puedan hacer las tecnológicas de esos mensajes privados para "mejorar" la oferta de sus servicios, hay que tener en cuenta a terceros, ajenos a la plataforma, que por una brecha de seguridad o de cualquier otro modo puedan acceder a nuestro contenido privado", recuerda Gutiérrez García que apunta que "siempre que los datos se almacenen o procesen fuera de nuestros dispositivos, la privacidad queda comprometida". 

El segundo, estrechamente relacionado con el primero, es que se usen los datos de estas conversaciones privadas para entrenar al modelo de inteligencia artificial. "Y hacerlo sin que el usuario tenga conocimiento de ello, aunque esto tiene más que ver con el tema de la transparencia y la explicabilidad del código", asegura González Tosat. 

El tercero es que afecta al derecho a una comunicación libre. Esto se podría producir, sostiene Gutiérrez García, al perderse información que el sistema considera "secundaria" cuando es de "vital importancia para el receptor" y si se tergiversa "la valoración, opinión o juicio de valor realizado por el emisor". 

Esto puede suponer, y aquí el cuarto riesgo, que se malinterpreten los mensajes. "En conversaciones sensibles podrían llegar a generar malentendidos bastante graves", reconoce González Tosat que apunta que todo depende también de cómo se haya entrenado esta inteligencia artificial y exige "una revisión crítica y supervisión humana": "En contextos interpretativos, emocionales o incluso estratégicos es muy sencillo que se pierdan matices, o que se dé peso a partes del mensaje que no son tan relevantes". 

"A la inteligencia artificial le cuesta identificar y procesar la ironía de los humanos", recuerda Gutiérrez García. Es decir, que la herramienta, por muy inteligente que sea, puede perder matices, formas concretas de expresarse y también bromas habituales que cada usuarios usa al comunicarse. "Entender lo contrario es como pensar que una IA puede resumir la obra de El Principito sin alterarla. La profundidad filosófica y las metáforas contenidas en el texto de Antoine de Saint-Exupéry, bajo su aparente sencillez, se perderían bajo el tamiz de esta tecnología", defiende esta experta. 

Y el quinto y último, que se cometan errores ortográficos o se hagan traducciones incorrectas. Algo que, por cierto, ya está pasando en herramientas ya muy asentadas como las traducciones de Google en los correos de Gmail. 

La Defensora del Lector de El País alertaba a mediados de junio de que habían detectado que aquellos usuarios con opción "traducir siempre automáticamente" recibían sus newsletter con "errores de bulto". La causa era que la traducción funcionaba sobre textos en español generando errores y cambios de sentido: por ejemplo, en un titular en lugar de "planes" aparecía "aviones" ya que plane se traduce al castellano como avión. Algo que, por cierto, también pasa con los boletines de infoLibre si se tiene activada esta funcionalidad.  "Los traductores no son infalibles, sin entrar en el propio sesgo que presentan. La polisemia de las palabras hace que esta labor sea complicada", reconoce Gutiérrez García. 

Según explica González Tosat, las traducciones automáticas generalmente usan "métodos muy directos, es decir, palabra por palabra": "Con la llegada de la inteligencia artificial las traducciones se han vuelto más precisas puesto que se basan en probabilidad: mediante cálculos matemáticos analizan grandes volúmenes de texto para predecir qué palabra o construcción es más probable en un determinado contexto lingüístico". Esto permite traducciones "más fluidas y adaptadas al uso real del idioma". Sin embargo, tal y como matiza esta experta, no se puede olvidar que "los modelos de lenguaje actuales operan a partir de dichas correlaciones estadísticas sin una comprensión semántica profunda". 

Es más, la IA de Apple también presentó problemas de precisión en sus resúmenes durante su lanzamiento. La compañía de Cupertino tuvo que cambiar la forma en la que se mostraban las notificaciones resumidas de su inteligencia artificial después de que la BBC se quejara por cómo estaba reescribiendo sus titulares. En concreto, llegó a enviar a sus usuarios que Luigi Mangione, el hombre acusado de matar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, se había disparado o que Rafael Nadal se había declarado gay. 

A pesar de los riesgos, las grandes tecnológicas son conscientes de sus movimientos. Mientras OpenAI con ChatGPT o X con Grok apuestan por un modelo público basado en la máxima de Silicon Valley de "si algo gratis, el producto eres tú", WhatsApp, Gmail y Apple intentan subirse al carro de lo que ya se conoce como inteligencia artificial privada desplegando herramientas que venden que protegen la privacidad y el control de los datos. 

"Este concepto hace referencia a sistemas que procesan los datos directamente en el dispositivo, sin enviarlo a servidores remotos", sostiene González Tosat que señala, sin embargo, que las herramientas que utilizamos ahora dependen de "la nube". "Las aplicaciones que promueven Apple y Meta son una apuesta por el procesamiento local y el control total por parte del usuario. La implantación de estos sistemas reduciría de manera significativa los riesgos de filtración, por ejemplo", explica esta experta. 

"En este entorno, los datos que se comparten con el sistema no deberían compartirse ni ser empleados para mejorar sus modelos. Este sistema debería entrenarse con los datos del usuario (no con grandes conjuntos de datos disponibles en internet), quien conservaría el absoluto control de los mismos", añade Gutiérrez García.  

Lo más parecido que existe actualmente a esta inteligencia artificial es el aprendizaje federado, que se usa sobre todo en el ámbito médico. Según detalla Gutiérrez García, se trata de una tecnología que "permite el desarrollo de sistemas de IA a través del machine learning o aprendizaje automático sin comunicar los datos personales entre los distintos usuarios". Es decir, que el entrenamiento del algoritmo tiene lugar de forma centralizada a través de distintos centros de datos que "generan modelos que serán compartidos entre las organizaciones que han participado en los entrenamientos con sus propios datos, pero estos datos conservarán su confidencialidad". 

El encuentro se produce en un bar cercano a la plaza de la Villa de París de Madrid, donde se encuentra la sede del Tribunal Supremo. Acaba de producirse la manifestación convocada por las asociaciones judiciales y fiscales de derechas contra dos de las reformas judiciales del Ejecutivo del pasado sábado. Las caras de satisfacción entre los miembros de este jovencísimo comité de huelga organizado en WhatsApp son evidentes. Consideran que el día es "histórico", porque han logrado entre sus compañeros una "reacción" ante "las injerencias del Poder Ejecutivo" y por haber mostrado a los ciudadanos "que está en riesgo el Estado de derecho y la separación de poderes". "Tenemos que ser implacables con el poder político que nos trata de controlar y no permitirlo, porque si cedemos terreno, ese terreno no lo recuperaremos jamás". El supuesto peligro sistémico de retroceso democrático. La justicia amenazada del título del libro del magistrado del Supremo Manuel Marchena. El discurso apocalíptico de la derecha judicial.

Delante de ellos, como entrevistador, el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 6 de Valencia, Jesús Villegas. Villegas es, además de juez, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que preside el catedrático Francisco Sosa Wagner, exeurodiputado de UPyD y exmiembro de Ciudadanos. Se trata del grupo que poco antes de la aprobación definitiva de la ley de amnistía, se dedicó a enviar a través del correo corporativo que el Poder Judicial a todos los jueces y magistrados un manual para cuestionar la norma ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). De esa asociación también formó parte el juez de lo Mercantil de Madrid Manuel Ruiz de Lara, actualmente investigado por el CGPJ por reincidir en los insultos contra el presidente del Gobierno —al que llamó "psicópata sin límites éticos"— o por ensalzar a la exdirigente y exdiputada de Vox Macarena Olona.

La complicidad entre Villegas y los cuatro entrevistados es evidente. Frente a él está Max Power, el creador del grupo de WhatsApp que dio lugar a la revuelta judicial contra el Gobierno. Detrás de ese pseudónimo está Rafael Ruiz de la Cuesta, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), que, como él mismo cuenta, se sacó la oposición hace apenas cuatro años. Explica que el pasado mayo, cuando el Gobierno anunció la reforma del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, decidió abrir el chat —en realidad tuvo que abrir dos por la gran afluencia— y que, rápidamente, los jueces y fiscales se sumaron espontáneamente hasta llegar a los 1.900 miembros actuales. Planteaban, desde el primer momento, una huelga contra los proyectos del Ejecutivo. El tamaño de la reivindicación espontánea creció tanto que sorprendió a las asociaciones de derechas y las obligó a ponerse al frente de una protesta que ellas no habían impulsado.

Junto a Max, con chaqueta y corbata, se encuentra Javier, fiscal en Sant Feliú de Llobregat, también en Barcelona. Sostiene que "la independencia judicial, el Estado de derecho y la separación de poderes" están en peligro por las reformas del Ejecutivo. "Cuando los derechos de todos se ven amenazados", sostiene, "tenemos que dar un paso adelante". Javier asegura que vienen "tiempos muy duros para la justicia en los que se va a tratar de ahogarla todo lo posible". John, otro compañero fiscal y también miembro del comité de huelga, sostiene que lo que le preocupa es "la apariencia de imparcialidad" y que los ciudadanos crean que cuando se acerquen a los juzgados tendrán "un trato igualitario y justo". "Somos personas con autoridad jurídica, pero también moral", añade. Tanto el Consejo General del Poder Judicial como la Fiscalía General del Estado han avisado de que la huelga no tiene sustento legal y se han negado a fijar servicios mínimos.

A lo largo de la conversación, el magistrado Villegas, que después de la ley de amnistía ha encontrado un nuevo motivo para oponerse a las iniciativas del Gobierno, desgrana las consignas de la protesta. Dice ante el asentimiento de los demás que la protesta no tiene "ningún color ideológico", que, en realidad, "es un movimiento espontáneo de las bases" que no está "a favor ni en contra de ningún partido político". "Un poco de preocupación sí que tenemos porque queremos que esto no se instrumentalice para ninguna finalidad política", dice el dirigente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. "A nosotros simplemente nos interesa que la justicia en España sea independiente", añade. Este mismo lunes, el juez ha publicado un artículo en el que sostiene que la reciente sentencia del Constitucional avalando la ley de amnistía responde a un pacto entre el Gobierno y los separatistas en el que estos últimos tienen agarrados "con fuerza" los testículos del Ejecutivo.

Villegas defiende en su videoentrevista, publicada en el perfil de X de la Unión de Fiscales y Jueces (el nombre que se ha puesto el movimiento iniciado en el chat) la importancia de la oposición, cuya reforma, a su juicio, va a convertir el sistema en "un coladero". En realidad, el único cambio que introduce la reforma del Gobierno, que ya se está tramitando en el Congreso, es la introducción de un ejercicio práctico en el examen, algo que ya existía hace unos años. También obliga a que un cuarto de las plazas que se oferten cada año vaya destinado a juristas de reconocido prestigio mediante el llamado "cuarto turno", que existe desde 1985. Por último, establece un único proceso de regularización para los jueces y fiscales sustitutos por orden de la Comisión Europea.

Ante la decisión del CGPJ y la Fiscalía de considerar ilegal la huelga y no establecer los servicios mínimos, han sido las propias asociaciones judiciales convocantes —Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales— las que los han autorregulado (algo que los jueces impiden sistemáticamente a cualquier asamblea de trabajadores, comités de empresa y sindicatos). Fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran que, debido a la falta de regulación, cualquier ciudadano que se vea perjudicado por los tres días de paro convocados podrá presentar su queja porque el derecho de huelga para jueces y fiscales que invoca la movilización, no existe.

El comunicado de las asociaciones previo a la huelga advierte: "Frente a quienes sostienen que esta huelga carece de efectos económicos, queremos recordar que el ejercicio de este derecho conlleva una pérdida retributiva proporcional". Sin embargo, las asociaciones repiten una y otra vez que la comunicación de los que quieran secundar la protesta es solo voluntaria y que no tienen que comunicarla ni a decanos, ni a presidentes de sala ni a fiscales jefes ni a fiscalías superiores. Tras la última huelga, en 2018, el Ministerio de Justicia restó a cada huelguista de su nómina el tiempo no trabajado, pero, tras el recurso de uno de ellos, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional decidió que el Gobierno no era competente para hacerlo y le obligó a devolverles el dinero. La huelga les salió gratis.

La reforma de acceso a la judicatura y a la fiscalía que ha aprobado el Gobierno ha abierto fisuras entre los jueces, su órgano de gobierno (el Consejo General del Poder Judicial) y gran parte de su tejido asociativo. Un grupo de WhatsApp, cuyos administradores llaman a la huelga judicial por esa y otras modificaciones legales en marcha, ha conseguido congregar a un millar de jueces y magistrados, aproximadamente un 20% de los 5.500 registrados en España.

La resistencia a las medidas del Ejecutivo contrasta con la posición del CGPJ, que el pasado 19 de marzo avaló por unanimidad de progresistas y conservadores –y solo con algunas objeciones técnicas– un informe sobre la futura norma. El movimiento también choca con las asociaciones profesionales de jueces y fiscales. Los colectivos conservadores y mayoritarios de ambos cuerpos criticaron la norma sugiriendo que, con ella, se abría la puerta al control ideológico de los aspirantes, pero, hasta el momento, rechazan cualquier tipo de acción reivindicativa. Por ahora, solo la muy corporativa Foro Judicial Independiente les ha mostrado apoyo.

Una de las voces cantantes en el chat, según fuentes asociativas, se hace llamar Max Power. Detrás de ese pseudónimo, según esas mismas fuentes se encuentra un joven juez de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) incorporado al cuerpo en 2022. Muchos de los organizadores del grupo de WhatsApp –denominado "Proyecto de estabilización"– son, como Max Power, integrantes de la carrera que se sacaron la oposición en los últimos años, según fuentes judiciales. El grupo creó al inicio un comité formado por siete integrantes (seis jueces y un fiscal) con el objetivo de redactar un manifiesto. Después el comité se amplió hasta nueve miembros. Entre ellos, al menos tres forman parte de asociaciones, aunque, según han manifestado en el chat, actúan al margen de sus colectivos.

Fuentes judiciales explican que muchos de los que forman parte del grupo expresan "un malestar difuso" sobre las medidas puestas en marcha por el Gobierno, aunque otra parte solo ha entrado "para enterarse de qué se cuece entre los compañeros", dicen. Los administradores han difundido entre sus miembros una encuesta de WhatsApp (una de las utilidades que ofrece la aplicación) para decidir entre todos los participantes las reivindicaciones concretas.

Las opciones eran centrarse únicamente en la reforma del sistema de acceso a la carrera; el acceso y la otra gran reforma ya aprobada en las Cortes, la ley de eficiencia (que agrupa los juzgados unipersonales en tribunales de instancia), o sumar a todo ello otras reivindicaciones sobre carga de trabajo y salario. La opción que hasta el momento ha logrado más votos a través de los teléfonos es la primera (ver imagen). Los administradores aseguran que han hecho llegar sus peticiones a las asociaciones para sondear si se suman. Hasta el momento, sus reclamaciones solo han obtenido eco en Foro Judicial Independiente, la cuarta en número de afiliados en la judicatura.

La reforma del acceso a la judicatura y la fiscalía, tras su aprobación por el Gobierno, ha comenzado su tramitación en el Congreso. El proyecto reforma la tradicional oposición libre incluyendo una nueva prueba escrita de carácter práctico –para comprobar la habilidad argumentativa de cada aspirante– que se suma a la prueba memorística oral. También potencia el llamado "cuarto turno", que permite el acceso directo a la categoría de magistrado a juristas de reconocida competencia con más de 10 años de ejercicio profesional tras una prueba consistente en la elaboración de un dictamen jurídico y la posterior baremación de sus méritos. Al menos un cuarto de las plazas de cada convocatoria anual deberá cubrirse mediante este sistema. Los que consigan así el puesto obtendrán, a diferencia de los opositores, una antigüedad automática en la carrera de cinco años. La nueva ley también prevé también un sistema de regularización y estabilización de los jueces sustitutos (más de 900 en toda España), muchos de los cuales trabajan en condiciones muy precarias tras años enlazando contratos temporales.

Los miembros del grupo más activos, muchos todavía con el recuerdo de la oposición muy presente, están en contra de la introducción de criterios prácticos y no solo memorísticos en las pruebas, así como del reclutamiento regular de juristas para la carrera y que a estos se les reconozcan cinco años de servicio, y la regularización y asimilación de los compañeros sustitutos que cubren sus permisos, bajas y excedencias ejercitando sus mismas funciones. Consideran que esas novedades solo buscan el control político e ideológico de los nuevos jueces y fiscales.

Sus posiciones coinciden con las expresadas por las asociaciones judiciales y fiscales conservadoras –Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales– cuando el Gobierno dio a conocer la reforma. "Afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso, así como al propio Estado de derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial", sostuvieron estos colectivos de los que se desmarcaron las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales. La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, también criticó la reforma al asegurar que el sistema actual ya es "democrático" y que "garantiza" que cualquier persona "de cualquier procedencia, origen social e ideología pueda competir en igualdad de condiciones".

La reforma del sistema de acceso a la judicatura y la fiscalía para rebajar su contenido memorístico, democratizarlo y mitigar su sesgo de clase es una reivindicación de décadas entre expertos universitarios, magistrados e incluso del CGPJ, que creó un grupo de trabajo para abordarla sin llegar a ningún resultado. La futura norma dará rango de ley a las becas para opositar y las duplicará hasta el salario mínimo, además de crear un centro público de preparación en el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia, lo que facilitará el acceso de candidatos con ingresos reducidos. El "cuarto turno" para juristas de reconocido prestigio existe desde 1985 y la reforma solo obliga a incluir esas plazas en cada convocatoria. La sospecha de que la regularización de jueces sustitutos pueda servir al Gobierno para escoger personas ideológicamente afines no tiene fundamento ya que son las salas de gobierno de los diferentes tribunales (muy escoradas a la derecha judicial) las que los seleccionan, y son nombrados por el CGPJ sin la más mínima intervención del Ejecutivo.

El CGPJ aprobó por unanimidad su informe sobre el proyecto de reforma el pasado marzo avalando en gran parte las medidas. El texto consensuado entre progresistas y conservadores avalaba en general su contenido aunque planteaba objeciones respecto del abono de cinco años de antigüedad a los que accedieran por el "cuarto turno" a la condición de magistrados, una medida que consideraban "discriminatoria" respecto a los que hubieran llegado a esa categoría desde la de juez. También cuestionaba la regularización de los jueces sustitutos al considerar que no acabará con los contratos temporales en la carrera. Otra de las quejas relacionadas con el nuevo sistema de acceso, el traslado forzoso al ascender a la categoría de magistrado que, según las asociaciones afectaba a la conciliación de la vida laboral y familiar de los jueces, ya ha sido eliminada por el Ejecutivo del texto inicial.

Como quien espera la noticia definitiva, cada día de domingo a viernes, a última hora de la tarde-noche, los más cafeteros entraban a ver cuál era la revelación de los wasaps cruzados entre Ábalos y el presidente Sánchez. El morbo es una pulsión poderosa.

¿Y qué encontraban? Hasta el momento mucho ruido y pocas nueces. Alusiones a los barones críticos con Ferraz y calificativos poco cariñosos hacia miembros del Consejo de Ministros. Podrán llamar la atención los calificativos, por ejemplo, a críticos como Page o Lambán, pero, ¿qué encontraríamos en sus teléfonos cuando ellos mismos se refieren a Pedro Sánchez, Pilar Alegría u otros miembros del Gobierno? No estoy proponiendo que se haga, nadie resistiríamos un escrutinio público de nuestros mensajes privados. Yo tampoco, al igual que usted. No sólo eso; los calificativos eran tan discretos, educados y cultos que incluso ha llevado a que alguno sospeche que se han inventado. ¿Cuántos tuvieron que ir al diccionario a buscar el significado de “estulticia”?

Otros mensajes entre el secretario general del PSOE y Ábalos parecen querer dar a entender que había una excelente sintonía entre ellos incluso después de que Ábalos fuera destituido como ministro. Sin embargo, de ahí nada nuevo puede extraerse. Queda la duda de si para entonces el presidente Sánchez era conocedor de las supuestas andanzas del ex-ministro, pero esa duda ya flotaba en el aire desde el momento en que empezó a hablarse del caso Ábalos.

La publicación, sin embargo, de los wasaps, tiene un efecto inmediato: la generación de un estado de duda y sospecha sobre la figura del presidente del Gobierno. Una vez más. La sensación generalizada de que acabará saliendo algo sustancial que implicará definitivamente a Pedro Sánchez en alguna trama de corrupción. Si eso fuera así, aún no es posible saberlo, pero la generación de esa sombra de sospecha se extiende como una mancha de aceite en una opinión pública que ve en Koldo incluso parecidos físicos a Roldán, y en las noticias sobre la vida sentimental de Ábalos ecos de los peores viejos tiempos del viejo PSOE. 

No es, por tanto, lo que los wasaps digan (que hasta el momento es prácticamente nada), sino lo que sugieren que puedan llegar a decir. Si, en efecto, en el material filtrado existe alguna información de calado, lo sabremos cuando convenga a quien lo ha filtrado o a quien lo está investigando. Pero si finalmente no se encuentra nada, no habrá ningún tipo de reflexión pública ni de análisis sobre la procedencia o no de este tipo de mensajes, muy discutida entre los periodistas. Dará igual: la sombra de la sospecha se habrá extendido nuevamente y será imposible mostrar, a quien así quiere creerlo, que nada de lo publicado –insisto, hasta la fecha– desvela nada que no se supiera, ni prueba tampoco que el presidente del Gobierno estuviera implicado en sucios asuntos. Mucho menos cuando cada vez es más evidente que raramente el lector medio va más allá del titular, asunto que aprovechan quienes lo redactan para insinuar sin necesidad de mostrar. Puro erotismo, pero corrosivo para la democracia. 

El resultado no sólo es una erosión de la imagen del Gobierno, sino que redunda en un descrédito de las instituciones abocando a la mortal sentencia, en términos democráticos, del “todos son iguales”.

Por si esto fuera poco, cuando salga el próximo barómetro del CIS con intención de voto, recogiendo ya los efectos de la publicación de estos wasaps, no tendremos ya a mi amigo y colaborador de infoLibre Jaime Miquel, a quien acudía rauda y veloz a conocer sus proyecciones partiendo de los datos brutos, las intuiciones y sensaciones que le iban produciendo los pequeños cambios de tendencias, y las propuestas –a su debido tiempo, decía con una paciencia infinita ante mis ansias– de construir una apuesta ganadora contra la ultraderecha. Duele su repentina y abrupta ausencia, pero casi más duele que no llegará a saber cómo sigue esta película. Estoy convencida de que se fue reconcomiéndose por ello. Que la tierra te sea leve, amigo. 

Al igual que, como periodista, reconozco el valor y relevancia informativa de algunos de los wasaps entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez, también percibo (y mucho) disfrute entre quienes se acercan a ellos con un morbo excesivo.

Con un placer impúdico de ver cómo una persona pública, a la que todos conocemos, se expresa en la intimidad. El puro cotilleo de verle desenmascarado. Sin filtros. Como un rey desnudo mientras el pueblo goza observando por la mirilla y poniendo el oído detrás de la puerta.

Porque en esta polémica hay mucho de esto. Por ahora, no son un “Luis, sé fuerte" de Rajoy a Bárcenas. Ni de momento se aprecia delito más allá de la constatación de la cercanía con Ábalos una vez salió del Gobierno, su interés por el rescate de Air Europa o su forma implacable (y cuestionable) de controlar las críticas internas del partido. 

Aun así, los wasaps han sido el tema de la semana. Son importantes, pero, ¿tanto como para que los políticos de todos los partidos se hayan pronunciado sobre ellos de una u otra forma? ¿Tanto como para que todo se mezcle y que ya nadie sepa muy bien qué es lo crucial y grave y qué lo accesorio en el caso Koldo? 

Estos días, el debate político se ha parecido más al ambiente en un plató de un programa de prensa rosa que uno de actualidad. Lo constataba, apesadumbrado, el expresidente Felipe González el martes en la presentación del Laboratorio de Oportunidades en el Círculo de Bellas Artes. “La política se ha convertido en un Sálvame”, decía.

Voy más allá. Creo que es peor que Sálvame. Ahora, La familia de la tele. Porque, sobre todo, lo que se está comentando es la forma de valorar, en términos coloquiales, y con una persona de su estricta confianza, a Emiliano García Page, Javier Lambán, Margarita Robles o Pablo Iglesias. Básicamente, lo que hace habitualmente un jefe o compañero en cualquier entorno laboral dentro y fuera de la política. 

Mientras el debate público se sigue banalizando con estas cosas, percibo entre la gente de mi generación un doble fenómeno curioso. Por un lado, una necesidad constante de compartir momentos íntimos y privados en redes sociales. Y por otro, un exceso de celo con las cosas que se dejan por escrito, incluso entre gente de confianza. 

Muchos tienen el modo WhatsApp efímero en el que los mensajes se borran a los pocos días. Otros solo mandan audios o fotos para ser escuchados o visionados una sola vez. Puede que sea porque en este mundo digital nadie se libra ya de que se reenvíen, filtren o publiquen mensajes que no deberían salir tan fácilmente del ámbito privado.  

El exministro de Trasportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, asegura que no se opuso a la publicación de los mensajes que intercambió con Pedro Sánchez en 2023 porque los consideraba "positivos", según informa EFE.

En un mensaje publicado este miércoles en la red social X, Ábalos explica que cuando el medio que los ha publicado -el diario El Mundo- le pidió contrastar los WhatsApps de 2023, no se opuso a su publicación.

"Entiendo que son de carácter positivo y los reconozco como tal porque dejan bien claro y demuestran que no es cierta la argumentación que usa la derecha y sus medios afines de que el presidente ocultaba las razones de mi cese por mi gestión como ministro", añade.

También aclaran, continúa el exministro, "que mi incorporación en la candidatura de las elecciones generales de 2023 no se debía a una intención espúrea de aforarme para protegerme sino a un reencuentro en el contexto de una nueva etapa del PSOE, como así fue".

"Esto no quiere decir que yo haya filtrado nada, solo contrasto una información que me llega", concluye Ábalos.

No se sabe quién filtra pero sí quién autoriza. José Luis Ábalos es el impulsor del aviso al Gobierno y ha entendido que el material de alto voltaje es el filtrado hasta ahora. Es más, cree que no le perjudica. Y tiene algo de razón. Mucho ruido, poco fondo. Y sobre todo, ruido conocido. La prueba es que se habla más del origen de la filtración que del contenido. No es noticia que Sánchez tuviera relación con su número dos y ministro de Transportes. Lo anómalo sería lo contrario. De todo el serial, lo tranquilizador para el Gobierno es que deja la causa donde estaba, en el triángulo Ábalos-Koldo-Aldama. La polémica sería un Ábalos, sé fuerte, emulando el SMS de Rajoy. Pero no lo hay. Hasta el momento sabemos que al estallar el caso, la comunicación Sánchez-Ábalos se rompió. Con una cronología de mensajes publicados significativa: cinco años antes del ‘caso Koldo’ y en 2023, antes de las detenciones.

Después de unos cuantos seriales, la sorpresa de los WhatsApp es su contención. Medidos, controlados y hasta poéticos. Inocuos para los calificativos con los que cualquiera se despacha en sus comunicaciones personales y en momentos políticos que generaron más follón hacia fuera del que ahora leemos.

Que Sánchez es el secretario general del PSOE y dirige las cuestiones orgánicas es una obviedad. La moción de Castilla León y es de suponer que otras tantas. Puede delegar, pero el máximo exponente de los éxitos y fracasos orgánicos es él. La mala relación con algunos barones es conocida. Vistos los WhatsApp, los críticos dicen cosas peores en público contra el ejecutivo y el propio Sánchez. Felipe González, Alfonso Guerra, Emiliano García-Page o la propia Susana Díaz saben de sobra que no podrían entregar sus teléfonos para comprobar qué dicen de Sánchez. Tampoco podrían enseñar sus WhatsApp Feijóo y Tellado antes y durante los pactos con VOX en 2023, o Ayuso con los suyos hablando de Feijóo o el propio Feijóo con su equipo hablando de todos los demás. 

En la línea del PP, Javier Lambán y Emiliano García-Page han deslizado la comparación obscena entre el “petardos” y los SMS de Rajoy. El “Luis sé fuerte. Hacemos lo que podemos” implicaba un encubrimiento y una obstrucción a la justicia. El tesorero del PP estaba imputado y la comisión rogatoria había destapado 22 millones de euros escondidos en Suiza. Si se comparan los discos duros, están los WhatsApp de Ábalos frente a los destruidos por PP con los apuntes en B de la financiación ilegal, según Luis Bárcenas, víctima después de la operación Kitchen en busca de la destrucción de esos papeles. Del “petardo” de hoy a las mordidas de ayer hay un trecho que pasa por esos discos duros destruidos a martillazos en Génova 13. Cualquier comparación es obscena. En palabras de Esteban Urreiztieta, autor de la exclusiva: “La gravedad del asunto (Gürtel) es incomparable”.

El PP deforma tanto la realidad que está a punto de decir que los 22 millones de euros de Bárcenas en Suiza eran de Sánchez. Una utilización espuria de unos whatsapp que en off reconocen que no dan para mucho y en público los escalan hasta lo imposible. 

Por ir al detalle del único hilo de WhatsApp que ha pasado por la justicia. En el rescate de Air Europa no hay llamada de Javier Hidalgo a Begoña Gómez. Hay un ‘dicen que dice que…’. Según el sumario, Víctor de Aldama –en ese momento asesor de la aerolínea– comenta a Koldo García que Javier Hidalgo le ha dicho que “acaba de llamar a Begoña”. La realidad es que el presidente se interesa por una empresa estratégica en plena pandemia, una obligación cuando afecta a sectores clave y rescates millonarios. La operación se aprobó por la Comisión Europea con el visto bueno del Tribunal de Cuentas. Todavía hoy Air Europa sigue devolviendo el crédito. Y la Audiencia Nacional, la Audiencia Provincial de Madrid y el Supremo han rechazado investigar esa pieza. 

El contenido de los mensajes revela una “historia política” –como vendió El Mundo en su primera entrega– y no un escándalo político. Tanto es así que el ‘Luis, sé fuerte’ forzó la comparecencia de Mariano Rajoy un 1 de agosto en el Senado en la legislatura de la mayoría absoluta del PP. Por contra, los WhatsApp no dan ni para amago de petición de comisión de investigación por parte del PP. Sin contenido penal en los mensajes ni irregular en lo político, queda la valoración de cada uno sobre el grado de agresividad del ‘petardo’, ‘pájara’ o el ‘hipócritas’ de Sánchez a los críticos. Y el debate sobre si la filtración de las comunicaciones privadas de un presidente en la prensa debe ser investigada o denunciada. Es un debate sobre quién filtra y a quién afecta. Y de momento, una piscina sin mucha agua y un incendio sin fuego. 

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, sostuvo este martes que la filtración de los whatsapps personales de Pedro Sánchez puede "ser un comportamiento delictivo" y ha dado por hecho que se abrirá una investigación judicial. En caso de que no pase, el Ejecutivo iniciará las "acciones legales pertinentes".

Bolaños se expresó en estos términos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde señaló que no hay límites "para los ataques a Pedro Sánchez". "Ni su privacidad se respeta", añadió el titular de Justicia, quien dijo que el Ejecutivo "no prejuzga" sobre el origen de la filtración.

El titular de Justicia no precisó plazas para emprender acciones: "Vamos a esperar que se abra esa investigación judicial [de oficio]. Y transcurrido un plazo razonable, iniciaremos acciones". "Queremos llegar hasta el final, hasta el fondo de la filtración", ahondó.

También se pronunció la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que tachó la filtración de "un ataque a la intimidad" del presidente, a la vez que subrayó que esos mensajes no tienen nada que ver con causas judiciales. "Es muy grave, son mensajes privados", dijo.

"No vamos a señalar a nadie", remarcó la también ministra de Educación, quien dijo sobre el fondo de los mensajes que son "absolutamente intrascendentes". "Paren las rotativas", ironizó acto seguido. Alegría manifestó que hubo buen clima dentro de la reunión del Consejo de Ministros.

La inteligencia artificial ya no suena a una tecnología que protagonice un nuevo capítulo de Black Mirror. Con la irrupción de ChatGPT a finales de 2022 y el posterior boom que generó, la herramienta de OpenAI se ha convertido en poco más de dos años en una presencia constante en nuestras vidas. De forma sutil, ha pasado a ser en un fiel compañero que responde a nuestras preguntas, resuelve nuestras búsquedas y nos facilita procesos. Y, esta primavera, también ha aterrizado de forma masiva en el día a día de millones de personas al instalarse casi de manera simultánea en nuestras redes sociales y en nuestras conversaciones bajo un disfraz de ayuda que esconde las dudas y peligros que genera. 

La primera en integrar la inteligencia artificial en su funcionamiento normal y habitual fue X: la red social de Elon Musk introdujo Grok a finales de 2024. En paralelo, Google comenzó a implementar Gemini en Gmail para ayudar a escribir correos o para resumirlos y, a finales de marzo, la incluyó en los resultados de su buscador en lo que se conoce como AI Overviews. El 20 de marzo, el imperio de Mark Zuckerberg lanzó Meta AI en la UE y, poco a poco, los usuarios han comenzado a encontrarse sus círculos azules en Facebook, Instagram y WhatsApp, donde incluso se puede chatear con esta función como si se tratase de un contacto más. 

"Hay mucha fragmentación porque hay varias según la aplicación y esto puede generar cierta confusión al usuario", reconoce Enrique Puertas, profesor de Big Data e inteligencia artificial en la Universidad Europea. Aún así, de golpe, esta tecnología ha dejado de ser una función más en el móvil con la que mejorar la última foto o una utilidad encerrada en la aplicación de ChatGPT para convertirse en una conversación más en nuestros dispositivos. Pero, ¿qué beneficios reales pueden aportar todas estas herramientas que ofrecen ahora X, Google o Meta? 

"La inteligencia artificial en este tipo de redes sociales ofrece un gran atractivo al servicio, dependiendo de la amplitud de sus funcionalidades", explica Elisa Gutiérrez García, profesora de la Universidad Complutense. Para esta experta en IA, derecho y derechos humanos, con esta integración se gana en "comodidad" porque aparece en apps que ya están instaladas y porque se puede usar para "informarse sobre cuestiones que vean en su timeline o para apoyar sus interacciones sin tener que abandonar el ecosistema de la propia plataforma". 

No obstante, Puertas no lo tiene tan claro. "Más allá de funciones para mejorar textos de publicaciones o que escriba mensajes para las publicaciones de Instagram… el usuario no le va a sacar demasiado partido", indica este profesor. 

Pero más allá de la utilidad, poca o mucha, que pueda aportar la inteligencia artificial a redes sociales, aplicaciones de mensajería o buscadores, lo que está claro que desborda estas plataformas de desinformación. "En Instagram ya han incorporado el botón para alertar si ese contenido ha sido generado por IA y en LinkedIn ya se detectan muchos textos generados con esta tecnología", sostiene Puertas. 

Además, su incorporación genera más dudas que certezas en una industria señalada por sus pocos escrúpulos en materias como la privacidad en particular o los derechos digitales en general. "Es posible que la incorporación de esta tecnología suponga una mejora del servicio para sus usuarios y que paralelamente sirva para perfilarlos y moldearlos a gusto de los intereses de estas empresas", explica Gutiérrez García.

Para esta experta una de las grandes pegas de esta colonización de la inteligencia artificial de X, Google y Meta es que son servicios de "acceso y uso gratuito", y diseñar estos modelos y desplegarlos supone "una fuerte inversión de recursos". "El rédito existe a través de otras vías", admite Gutiérrez García, que apunta a que, por ejemplo, se puede generar una mayor "adicción" para retener aún más al usuario en la plataforma y que así pueda "ser impactado con más publicidad y, por extensión, ser más rentable". Porque, si una máxima reina en Silicon Valley, es que "si es gratis, el producto eres tú". 

Pero esta incorporación masiva de la IA a las redes sociales no sólo genera incertidumbres sobre si estas nuevas herramientas aumentarán aún más el control que ya tienen sobre los usuarios; también sobre si usarán su información para seguir entrenando a la inteligencia artificial que están implementando. "Para las empresas supone un beneficio porque están consiguiendo recopilar más datos para seguir alimentando a sus modelos", reconoce Puertas, que señala que uno de los grandes retos actuales para la industria es que esta tecnología "se está quedando sin datos en Internet y está viendo de dónde puede sacar más información". Y los de sus usuarios son una fuente perfecta, en muchas ocasiones, sin que ellos sean conscientes de ello. 

"Creo que un usuario difícilmente va a gozar de cualquier certeza absoluta en este ámbito. Dependerá en gran parte de los términos y condiciones de cada red social, pero es un tema muy sensible que puede afectar a los derechos fundamentales de sus usuarios", asegura García Gutiérrez, que recuerda la opacidad de estos imperios y cómo muchos han permitido iniciativas "francamente reprochables" como, por ejemplo, el escándalo de Cambridge Analytica. 

Y las dudas han vuelto a situarse, sobre todo, en el imperio de Zuckerberg. Meta AI utiliza el modelo Llama 3.2 y es capaz de responder preguntas sobre prácticamente cualquier tema. Por ahora, los usuarios europeos no podrán usar la herramienta para generar o editar imágenes, funciones que sí están disponibles fuera del Viejo Continente. Si el aterrizaje de Meta AI en WhatsApp a partir de finales de marzo fue silencioso y sin prácticamente quejas, su llegada a Instagram está levantando más de una ceja entre sus habituales. 

Durante la última semana, los usuarios han comenzado a recibir correos electrónicos y notificaciones en la propia app bajo el título Conoce cómo afectará nuestra mejora de la IA en Meta al uso que hacemos de tu información. Con la típica jerga de las tecnológicas, lo que se explica es que Instagram va a utilizar la información pública de sus usuarios, como publicaciones, imágenes y comentarios, para entrenar su modelo de inteligencia artificial, exceptuando en todo caso a los usuarios menores de 18 años. 

A muchos, esto les sonará de haberlo ya vivido porque en mayo del año pasado la red social ya envió un mensaje similar. ¿Qué sucedió entonces? Que Meta tuvo que detener su proyecto para entrenar a la IA con publicaciones de Facebook e Instagram en Europa después de que la Autoridad de Protección de Datos irlandesa solicitase a la tecnológica de Zuckerberg que diera este paso ante las dudas sobre su legalidad. 

Casi doce meses después, vuelve a la carga con los deberes supuestamente hechos tras adaptarse al reglamento europeo de protección de datos. En realidad, tal y como detalla Puertas, este fenómeno es común a todas las tecnológicas con la IA: "Sacan nuevas versiones, las despliegan en EEUU y después llegan a Europa meses después porque las protecciones europeas son mucho más restrictivas". 

En el caso de Meta, el Comité Europeo de Protección de Datos ahora le ha dado "el visto bueno" porque, según sostiene García Gutiérrez, ofrece "la posibilidad a cada usuario de oponerse a dicho entrenamiento a través de un mecanismo sencillo implementado adecuadamente por la red social". Eso sí, estará activado por defecto y el usuario tendrá que negarse explícitamente.  

¿Pero es realmente sencillo este proceso? La realidad es que ya de primeras está un poco escondido: hay que entrar el menú de configuración y actividad en el icono de las tres rayas de nuestros perfiles, aquí seleccionar la opción información y entrar en política de privacidad. En este punto, llegarás a una pantalla con mucho texto con el enlace oponerte resaltado casi al principio que te llevará a otra página que explica la información que se usa en este entrenamiento. Es aquí donde se encuentra un formulario donde el usuario debe detallar por qué no quiere permitir que usen tus datos. 

Existe otra opción. El grupo Citizen8 ha creado una web con dos enlaces que genera un correo electrónico y con un texto para solicitarle a Facebook o a Instagram que no recopilen tus datos. 

Y mientras Meta se preparaba para intentar por segunda vez conquistar Europa con su herramienta de inteligencia artificial, Google hacía lo propio de forma casi paralela en los resultados de su buscador en ocho países europeos, incluida España. Los usuarios ya pueden ver en algunas de sus búsquedas lo que se conoce como AI Overviews o Vista creada con IA, que proporciona respuestas sintetizadas directamente en la página de resultados. 

Estos resultados con IA generativa que usa la tecnología de Gemini solo se muestran cuando los algoritmos de Google entienden que añaden valor real; por ejemplo, en consultas complejas con información dispersa en múltiples fuentes. Aunque la función está activa por defecto, el buscador por excelencia ofrece la opción de desactivarla a través de un filtro web. 

La expansión de esta funcionalidad llega en un momento clave para Google. El imperio tecnológico lleva meses implementando Gemini con bastante éxito en Gmail, pero necesitaba dar este salto en su buscador para evitar perder su trono ante TikTok y, sobre todo, ante ChatGPT. Desde su irrupción, el chatbot de OpenAI le comía terreno gracias a sus respuestas ágiles y explicativas.

Pero ni Meta ni Google han sido pioneros en la jugada de llevar sus modelos de inteligencia artificial a productos ya establecidos y exitosos. X tomó la delantera en 2024 al implementar sin ningún tipo de control ni filtro Grok en el antiguo Twitter, propiedad ahora de Elon Musk. Aunque no fue hasta diciembre del año pasado cuando dejó de ser una funcionalidad exclusiva para usuarios de pago. 

A pesar de esto, desde su irrupción en X, Grok se ha usado para generar todo tipo de imágenes hiperrealistas, incluidas aquellas racistas, violentas o sexuales, lo que puede ser un foco de desinformación o discurso de odio. Por poner solo un ejemplo, según publicó The Guardian, difundió información falsa sobre los plazos para registrarse para las elecciones estadounidenses.

Ante esto, lo que está claro es que el despliegue de funciones de inteligencia artificial en plataformas que usamos a diario se está produciendo sin garantías suficientes para los usuarios, con una alarmante falta de transparencia y sin una supervisión efectiva por parte de los gobiernos. ¿Debería existir una mayor intervención institucional?

"Sí, pero igual que debería haberla habido con las redes sociales o con determinadas páginas en internet. Al final es muy complicado porque estamos hablando de un entorno, Internet, en el que es muy difícil regular porque es multinacional. Es muy complicado porque es complejo contar con una regulación común y global y porque cada región tiene sus normas e, incluso, su propia cultura", asegura el profesor Enrique Puertas. 

En el caso de Europa, y a pesar de contar con normas como el reglamento europeo de protección de datos o la ley de Servicios Digitales, la mayoría del articulado de la norma pionera de inteligencia artificial no estará en vigor hasta agosto de 2026. "Desde la UE se trata de proteger los intereses de sus ciudadanos, pero la regulación y la aplicación del derecho siempre van por detrás de los avances tecnológicos", reconoce Elisa García Gutiérrez. 

La causa abierta  por presunta revelación de secretos contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración del correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha abierto de nuevo el debate sobre la privacidad digital. Más allá de las cuestiones políticas y judiciales alrededor de esta investigación del Tribunal Supremo, dos de sus últimos autos han provocado que el foco se ponga en WhatsApp —propiedad del imperio de Mark Zuckerberg— y en Google. 

En concreto, el pasado enero, el juez Ángel Hurtado pidió a Meta y Google que aportasen los datos que tuviesen de García Ortiz entre los días 8 y 14 de marzo de 2024 para intentar recuperar los chats que envió durante este período. La decisión se produjo tras conocerse que los investigadores de la Guardia Civil no habían encontrado un solo mensaje en el terminal intervenido durante los registros. En un segundo auto, de este mismo mes de marzo, y después de que la UCO informase que ambas empresas accedían a conservar esta información, el magistrado detalló qué información les solicitaba. 

Con estos dos autos y la petición del magistrado a WhatsApp y Google, el foco se ha vuelto a poner sobre una controvertida verdad relacionada con la tecnología que no todos los usuarios perciben, incluido el propio García Ortiz: borrar mensajes o correos de nuestros móviles, ordenadores o cuentas no significa que desaparezcan completamente de la faz de la tierra. "Esto es un tema histórico. Por ejemplo, cuando un usuario entra en una web también pasa y deja un rastro: la dirección IP, qué otras páginas ha visitado…", explica Javier Casares, administrador de sistemas. 

"La protección de datos es muy importante, pero si hay un juez que pide estos datos los tienen que suministrar. El derecho a la privacidad cede ante una petición judicial que tiene que justificar por qué pide la información que pide", argumenta Eduardo Valpuesta, catedrático de Derecho Mercantil y director del Máster de Derecho Digital de la Universidad. Para este experto, este caso deja una enseñanza clara: "Aunque pensemos que tenemos mucha privacidad en Internet, al final es casi nula. A pesar de que uno borre el contenido del teléfono, puede hay información guardada en los servidores de las tecnológicas". 

En el caso de las aplicaciones de mensajería y los servicios de correo como Gmail, conservan registros y copias de seguridad que persisten más allá de un borrado local del propio dispositivo por muy exhaustivo o profesional que sea. La clave, tal y como señala Casares, son los metadatos, es decir, "la información que hay alrededor de los datos reales" y que va desde información de los remitentes y destinatarios, pasando por fecha y hora, la frecuencia de comunicación, duración de las interacciones hasta ubicación gracias a la dirección IP. 

Unos metadatos que las tecnológicas guardan fragmentados y divididos a buen recaudo en sus servidores. En Europa, Meta tiene centros de datos localizados en Dinamarca, Irlanda y Suecia. Los de Google, por su parte, están en Irlanda, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia y Alemania.

Lo que no guardan, o eso dicen, es el contenido de estas conversaciones. Es decir, desconocen si el usuario ha escrito "hola", "adiós" o "te paso esta imagen". Eduardo Valpuesta lo compara con Correos: "Puede certificar una carta, pero no la leen". 

En el caso de WhatsApp, Meta presume desde 2016 de tener implantado el cifrado "end to end" o "extremo a extremo" que impide el acceso no autorizado a las conversaciones privadas de los usuarios. "No tenemos manera de escuchar las llamadas ni ver el contenido de los mensajes", detalla la plataforma. Es decir, la información sale cifrada del móvil del emisor y sólo se descifra al llegar al destinatario, quedando oculta incluso para la empresa propietaria del servidor. 

"Nadie, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos", explica el servicio de mensajería en su política de privacidad. "Todo lo que hay alrededor sí que está disponible", matiza Casares que recuerda que en cambio en Signal, la aplicación donde la Administración de Donald Trump compartió con un periodista sus planes de guerra en Yemen, está absolutamente todo cifrado. 

¿Tienen entonces asegurado así los usuarios que sus conversaciones sean totalmente privadas? No y por dos razones principales. La primera es que, aunque el cifrado "end to end" sea ultraseguro, en el caso de WhatsApp la contraseña de este sistema la guarda la plataforma, es decir, que puede llegar a descifrar los mensajes. En cambio, Signal, que también usa este cifrado, conserva esta clave en el propio dispositivo. 

La segunda razón son las copias de seguridad del propio WhatsApp: se hacen automáticamente, en segundo plano, en ocasiones sin conocimiento explícito del usuario y en aplicaciones de terceros como Google Drive o iCloud de Apple. "Al final, las conservaciones están en varios sitios: en el dispositivo del usuario, en los servidores de Meta y en los de Google o Apple", indica Casares. Y aquí está el meollo de la cuestión y el gran agujero de seguridad. 

En el caso de Google Drive, donde se guarda la copia de seguridad, tal y como recuerda Casares, había opciones para cifrar el contenido que guardaban en la copia de seguridad pero "lo cambiaron y ahora prácticamente toda la información está sin cifrar". Apple, en cambio, dice que iCloud utiliza "métodos de seguridad sólidos" y "es pionero en el sector en el uso de tecnologías de seguridad para proteger la privacidad, como la encriptación de punto a punto de tus datos". 

¿Cuánto tiempo se guarda todo esto? "De forma ilimitada. Cómo no tienen el contenido, no se consideran datos sensibles", admite Casares que recuerda que las tecnológicas son empresas que viven por y para saber todo y más de sus usuarios para venderles su principal forma de financiación: anuncios.  

¿Y qué pasa cuando se borra una conversación? "Se guarda de forma local en el móvil y en las copias de seguridad pueden llegar a conservarse", afirma Casares. ¿Y en el caso de tener activado en un chat los mensajes temporales, que desaparecen automáticamente después de un periodo de tiempo establecido? "En general, todo se guarda en el dispositivo, hasta el punto de que puede ser recuperable", apunta este experto. 

¿Y si se borra la cuenta? "No se borra nunca nada. En general, es la regla de oro de las tecnológicas. Y legalmente tampoco lo pueden hacer", reconoce Casares que recuerda que la información que estas plataformas se guardan en sus servidores de forma "ilimitada". "Cómo no tienen el contenido, no se consideran datos sensibles", asegura al tiempo que recuerda que son empresas que viven por y para saber todo y más de sus usuarios para venderles su principal forma de financiación: anuncios.  

Ahora que ya sabemos lo que pasa en WhatsApp, lo pasa con los emails es algo muy similar. En el caso de Gmail, por ejemplo, "el correo está cifrado en tránsito, pero no el contenido", sostiene Casares. Es decir, "Google puede leer lo que el usuario ha escrito".

Eso sí, esto podría tener solución. Aunque la tendría que buscar el propio usuarios. "Podría utilizarse un cifrado a parte", señala Casares. 

"Recogemos información para proporcionar los mejores servicios a todos nuestros usuarios: desde determinar información básica, como el idioma que hablas, hasta datos más complejos, como los anuncios que te resultarán más útiles o los vídeos de YouTube que te pueden gustar", explica Google en su política de privacidad. 

Pero ya sea un whatsapp o un correo, tal y como apuntábamos más arriba, estas empresas no pueden eliminar toda esta información, incluso cuando una persona se borra la cuenta, por motivos legales. "Por ley, durante un año, tienen que guardar de los usuarios a quién ha mandado mensajes, en qué hora, desde qué dispositivos… Supuestamente, ni Google ni WhatsApp tienen acceso al contenido en sí. Pasado este año, ya no los tienen porque guardar y los pueden borrar", detalla Eduardo Valpuesta que recuerda que, mucho antes de las tecnológicas, las operadoras telefónicas ya habían lo mismo. 

Por ejemplo, si reciben una "solicitud legal válida", como "una orden de conservación o una orden de registro" por parte de una autoridad gubernamental, policiales o judicial. "En realidad, en estos servidores, no hay nadie mirando esta información más allá de herramientas automatizadas, a no ser que alguien denuncie y se presente estos requerimientos", reconoce Casares. Es lo que pasa ahora en el caso del fiscal general. 

"Es un procedimiento completamente normal. Estas empresas responden automáticamente y después ya miran si la ha registrado un juez legítimo, los acuerdos entre países…Tienen un departamento que mira lo que se tiene que responder", indica Valpuesta que apunta que en un 80% de los casos se ofrecen datos. 

En concreto, según los datos del último informe publicado por Meta correspondientes con el periodo de enero a junio de 2024, la tecnológica recibió desde España 3.100 peticiones en procesos legales correspondientes a 5.765 cuentas o usuarios que incluyen a WhatsApp pero también a Facebook o Instagram. Un 66,3% de las solicitudes produjeron "algunos datos". 

Según las últimas cifras de su informe de transparencia correspondiente con el periodo de enero hasta junio de 2024, Google recibió desde España 7.180 solicitudes gubernamentales de información sobre 11.368 usuarios De ellas, el 85% generaron datos. 

El juez Hurtado, en el caso de WhatsApp, solicita en la comisión rogatoria datos como mensajes recibidos y/o enviados por los usuarios "indicando los detalles básicos asociados a estas comunicaciones (emisor, receptor, día, hora, etc), copias de seguridad de los chats y/o archivos multimedia, registro de las comunicaciones realizadas "incluyendo fecha, hora, origen, destino y tipo de comunicación". 

Según detalla la plataforma en el Centro de Ayuda, "WhatsApp no divulga el contenido de los mensajes de sus usuarios en respuesta a solicitudes gubernamentales, y tampoco puede hacerlo" por su protocolo de cifrado: "El contenido sólo se conserva en tu teléfono (y, si lo eliges, en la copia de seguridad de tu teléfono basada en la nube)". En función de la solicitud, la respuesta puede incluir "información básica del suscriptor (como su nombre, fecha de inicio del servicio, fecha de última vez, dirección IP, tipo de dispositivo y dirección de correo electrónico) e información de la cuenta (como fotos del perfil, información de grupos y lista de contactos)". 

Incluso, tal y como puntualiza Javier Casares, WhatsApp puede facilitar información sobre el tamaño de la comunicación, es decir, si es un texto largo, corto o si contenía archivos multimedia o documentos. También podrían facilitar información sobre los chats temporales. "El mensaje en sí no, pero sí que se podrá informar sobre que tal persona mandó un mensaje temporal", reconoce este experto.

En el caso de Google, el juez Hurtado le solicita los datos almacenados en los diversos servicios y productos vinculados a la cuenta, copias de seguridad de los dispositivos vinculados a la cuenta, copias de seguridad de aplicaciones de terceros, copias de seguridad de los chats y/o archivos multimedia, y log o registro de las comunicaciones realizadas "incluyendo fecha, hora, origen, destino y tipo de comunicación". 

Es decir, no se centra en los posibles correos que envió García Ortiz durante estos días si no en la posibilidad de que tenga una copia de seguridad de WhatsApp con las conversaciones que tuvo ese día. Si el magistrado solicitara información sobre los emails de Gmail, Google podría ofrecer información del suscriptor, como las direcciones de IP de inicio de sesión; metadatos no relacionados con el contenido como la información de la cabecera; como el contenido de los propios mensajes porque, como se explicó previamente, no están cifrados. 

Inaciu Galán es fundador de la Residencia Lliteraria Xixón y miembro de la Academia de la Lengua Asturiana, la primera de Europa en incluir mujeres entre sus miembros. En esta conversación con infoLibre, analiza los desafíos del asturiano: oficialidad, alfabetización, autoconciencia lingüística, diálogo en el parlamento. "Ha mejorado la percepción del idioma y ha mejorado la percepción del autoconocimiento. En los años 80 una parte importante de la población pensaba que hablar asturiano era hablar mal, hoy ese porcentaje no llega al 3%, y son las generaciones insalvables porque les han inculcado eso a sangre", explica.

¿Podrías contarnos tu historia con tu lengua materna? ¿En qué idiomas hablabas en familia, en la escuela, en la calle?

Este tema es difícil entenderlo desde la perspectiva de un hablante de una lengua monolítica, oficial. La nuestra es una lengua minorizada, que además sufre procesos de hibridación y de sustitución, pero todavía resiste. Entonces es una historia muy mestiza la de mi biografía lingüística, porque de niño mis abuelos me hablaban en asturiano, mis padres más o menos, en mi entorno con mis amigos usábamos el asturiano también, aunque somos una generación más urbana en la que el asturiano ocupaba espacios más informales. Pero sí tengo el recuerdo, desde pequeño, de tener conciencia de que hablábamos algo distinto, de que en nuestra familia había una lengua diferenciada, expresiones que te recordaban a tus abuelos, a tus padres, a tu vida y a tus amigos. Es a partir de determinado momento, a comienzos de la adolescencia, cuando yo descubro en la biblioteca de mis abuelos los únicos dos libros en asturiano que había en la casa. Recuerdo una antología de los años 70 de poesía en asturiano. Cuando veo y leo aquello me doy cuenta de que lo que hablamos en casa ¡también se escribe y es un idioma! Básicamente, fue un descubrimiento para mí. Aunque en mi época ya había bastante gente que estudiaba la asignatura de asturiano en la escuela, yo fui a una escuela concertada católica en la que no se ofrecía la posibilidad. Enseguida empecé a tener conciencia lingüística, empecé a tener intentos de usarla, y recuerdo muy bien una situación en la que escribí, para una actividad del colegio, una redacción en asturiano que me obligaron a borrar. Y me dijeron: ¡pero así no se puede escribir! Te estoy hablando del año 2001, primer año de la ESO.

Esa forma de censura escolar no sería posible hoy, ¿verdad? ¿Has visto avances en la alfabetización desde 2001 hasta hoy?

Creo que sucede cada vez menos, pero todavía pueden ocurrir casos de este tipo, de represión lingüística. Yo lo he vivido como profesor hace cuatro o cinco años, durante la pandemia. Unos chicos de bachillerato daban su discurso en asturiano, en un acto de entrega de un premio en el instituto, y una profesora les llamó la atención. Hay casos, lo que pasa es que como sociedad sí hemos evolucionado, antes eso se daba por normal, no se decía nada, y ahora se responde a eso, y se dice basta, no puede ser. También la ley ha evolucionado. Mi experiencia lingüística, en este sentido, es la de: Te encuentras con una casa medio caída y te preguntas: ¿Qué hago con mi casa? ¿La tiro abajo y construyo una nueva, y sigo mi vida en castellano, o esa casa medio destruida pero que aún se tiene en pie la reconstruyo? Mi decisión fue la de vivir en esa casa, restaurarla, y decir: la voy a llevar hacia el futuro. Eso significó, pues, sorpresa para mis abuelos. Por ejemplo, mi abuelo, cuando yo decidí conscientemente que iba a hablar siempre en asturiano, a los catorce o quince años, dijo, ¿pero a este rapaz qué le pasa, a este niño qué le pasa?

Pero él hablaba en asturiano, ¿no?

Claro.

Entonces reacciona así porque cree que, para el futuro de su nieto, es más conveniente vivir en castellano. Una forma de autodiscriminación lingüística.

¡Si a mí me han dicho en la escuela que borrara la redacción, durante la dictadura a ellos les han pegado, les han castigado, les han obligado a abandonar su propia lengua, al menos en los contextos formales! Ha resistido en los informales. En los formales supone un choque total. Mi abuela no se creía que había diputados que hablaban en asturiano. Le tuve que enseñar vídeos. Porque aunque la usa, y es su lengua, sigue pensando que es una cosa vergonzosa. Cada vez menos, por suerte. Se va consiguiendo eso.

La palabra bable ha ido adquiriendo una connotación peyorativa, ¿no? Asturiano y bable no son totalmente intercambiables. ¿Por qué?

El nombre “asturiano” es el glotónimo tradicional. En los estudios que se hicieron antes de la guerra en la península ibérica, específicamente en el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI), que recogía un montón de muestras y preguntaba, también, cómo se llamaba lo que se hablaba, en toda la recogida en los pueblos de Asturias los hablantes dicen “asturiano”. El nombre “bable” aparece en el siglo XVIII en los ámbitos cultos, primero no de una forma peyorativa, aunque parece que el origen lo es, porque es posible que provenga de “balbucear”, y por tanto, de hablar mal. Está documentado en la teoría, pero no tenemos la confirmación porque no aparece en textos medievales, por ejemplo. No podemos ver la evolución porque no existía ese término. Hasta el siglo XVIII no aparece, es una teoría de los lingüistas que yo creo que es acertada. Después se usa  en los siglos XIX y XX no de forma peyorativa, pero sí es verdad que a partir de la segunda mitad del siglo XX empieza a acoger ese sentido, incluso con el plural. Se suele usar el plural con las lenguas minoritarias para dar la idea de que no tienen unidad, como si todas las lenguas mayoritarias no tuvieran también sus variedades... Una lengua viva siempre tiene variedades, si no no estaría viva.

¿Qué variedades tiene el asturiano?

El asturiano tiene sus variedades no solamente dentro de Asturias, sino dentro de todo el territorio en que se habla, que va hacia el sur, en lo que hoy son las provincias de León, Zamora, Salamanca, parte de Extremadura, y en una pequeña comarca de Portugal que se llama Miranda del Douro, donde también resiste el asturiano, y donde, además, es una lengua reconocida oficialmente por el Estado portugués. Como aquí en Asturias, se enseña en la escuela y se elige de forma voluntaria, pero se enseña. En total somos un millón de hablantes.

Así que la asignatura de lengua y literatura asturiana no es obligatoria.

No, no lo es. Ese es el problema. En primaria tiene una asignatura espejo, digamos, que es escoger “lengua asturiana” o “cultura asturiana”, lo cual es, también, un contrasentido, porque dentro de la lengua asturiana está la cultura, y una cultura asturiana que se exprese en otra lengua no tiene sentido tampoco, pero bueno, han sido las razones políticas las que han llevado a ello. En secundaria y bachillerato el problema es que compite con el francés, con fotografía, con un montón de asignaturas, y especialmente con el francés, porque en un territorio como el nuestro, que suele ser un territorio que expulsa a sus jóvenes cuando acaban de estudiar, las familias se lo piensan mucho a la hora de mandarlos a estudiar una lengua extranjera porque piensan que les puede dar más posibilidades. No se debería poner a las familias en esa contradicción, porque una cosa es estudiar tu lengua, que es muy importante, y otra cosa es estudiar lenguas extranjeras, que es importante también.

¿El uso oral y escrito del asturiano sigue siendo muy desigual? Veo que su uso en el registro oral informal es muy frecuente, pero menos en el escrito. Esto atenta contra la consolidación de una tradición literaria, y está demostrado que una lengua se robustece con la existencia de una literatura escrita en esa lengua... Son procesos encadenados.

Hemos tenido suerte en los últimos años, lo han dicho las encuestas geolingüísticas. Ha aumentado la percepción de los hablantes de que saben escribir su lengua. Esto es importante. Y una parte de esa “culpa positiva”, en este caso, la tiene el proceso de escolarización, en marcha desde el año 84. Han pasado ya cuarenta años, se celebran ahora, y eso ha significado que miles y miles de personas pasen por el sistema educativo y tengan contacto con el asturiano. Ha mejorado la percepción del idioma y ha mejorado la percepción del autoconocimiento. En los años 80 una parte importante de la población pensaba que hablar asturiano era hablar mal, hoy ese porcentaje no llega al 3%, y son las generaciones insalvables porque les han inculcado eso a sangre. Otro elemento que ha tenido mucho que ver en esto, o que yo creo que es el definitivo, es el uso de WhatsApp. Son las redes sociales en general, pero especialmente aplicaciones como WhatsApp. ¿Por qué? Gracias a los grupos familiares, porque tú hablando con tu madre usas un registro oral escrito, y si hablas en registro oral, aquí nos resulta ridículo hablar en castellano, que no es una lengua familiar para nosotros, entonces la gente se ha soltado a escribir en asturiano. Porque ¿antes qué contextos teníamos para la escritura? Solamente los formales. Incluso cuando se escribía una carta, me refiero a postales antiguas que veo de los años 60 y 70, todo era en un registro formal, que no tiene nada que ver con lo que usamos hoy en aplicaciones de mensajería. Eso ha cambiado nuestra manera de comunicar.

Claro, se convirtió en una suerte de alfabetización no reglada, que ofrece un soporte escrito...

Se está demostrando que WhatsApp es un elemento importante para la normalización del idioma.

Me gustaría que nos contaras algo más sobre tu labor de activismo cultural y de política lingüística, tanto a nivel autogestivo como en calidad de miembro de la Academia de la Lengua Asturiana.

Por una parte está mi parte más reivindicativa, en 2011 fundamos una asociación, Iniciativa pol Asturianu, colectivo que viene trabajando intensamente desde entonces y que ha conseguido varios logros en estos años, trabajando de una forma más transversal. Pasamos de que el apoyo político a la oficialidad de la lengua haya crecido de forma exponencial –estamos hablando de que en aquel momento había unos 6 diputados de 45 en el parlamento asturiano que apoyaban la oficialidad–, y que hoy tenemos una mayoría absoluta, que es insuficiente porque para hacer esa modificación legal necesitamos más diputados, 27 de 45, y no hemos llegado todavía, pero sí que ha cambiado completamente la realidad. Partidos mayoritarios, menos los de la derecha, de momento, se han sumado ya a esa reivindicación, pero la derecha ha suavizado sus posturas. Estar siempre enfadados era un problema que teníamos, pero ahora somos capaces de agradecer los logros, no sólo para la persona que que los consigue, que es importante también, sino también para el movimiento. No estar siempre lamentándose, tener esperanza, pensar en dar pasos para el asturiano, es un cambio de mentalidad. Eso no quita las dificultades que tenemos en la transmisión de la lengua, con la falta de un sistema educativo, con la falta de un sistema de medios de comunicación potente y público en los que el asturiano tenga una presencia mayor. Pero bueno, se han hecho muchísimos logros, milagrosos en algunos casos, y entre otros está el de tener una academia.

¿Cuál es la tarea de la Academia de la Lengua Asturiana y cuál es tu rol dentro de ella?

Esto es clave, ya en el siglo XVIII nuestro gran ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos intentó fundar una academia en Asturias, no fue posible en aquel momento, pero en 1919 se fundó la Academia. Una academia que, además, tenía muy clara la idea de normalizar, de crear unas normas. Por cierto, fue la primera academia de Europa que tuvo mujeres entre sus miembros, esto es también un orgullo para nosotros, ser pioneros en esto. Otras tardaron cuarenta, cincuenta años en tener académicas. ¿Qué ocurre? Con las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco fue imposible continuar. Entonces, hasta 1980, después de una importante reivindicación que se hace en los años 70, se recupera la Academia. Por fin hemos tenido los primeros 45 años de tranquilidad para poder normativizar, se han puesto en marcha normas ortográficas, gramática normativa, diccionario normativo, entre otras muchas obras, pero las tres obras clave son esas, y eso ha permitido que hoy tengamos una lengua estándar, y además, un estándar que no está discutido. Muchas otras lenguas de nuestro entorno no tienen estos consensos, está el caso gallego, el aragonés, y nosotros hemos tenido esa suerte. Creo, también, que hemos hecho una norma muy permisiva, poco encorsetada, que ha permitido que todo el mundo se sienta cómodo, y que también las variedades internas puedan ser representadas por la norma general. Es una norma nada centralista en ese sentido. Entonces, gracias a eso, el trabajo de la Academia ha permitido que la educación, los medios de comunicación, la literatura, la música, utilicen ese estándar con normalidad.

Es una institución que defiende derechos lingüísticos colectivos, pero también atiende casos individuales, ¿verdad?

Exactamente, por sus estatutos, desde su fundación por el Gobierno de Asturias, es una entidad que trabaja de forma autónoma, tiene entre sus funciones la salvaguardia de los derechos lingüísticos de los asturianos, por lo tanto también cumple una tarea no sólo de normativización sino de reivindicación. Así que, cuando hay algún caso especialmente grave, cuando a la Academia se le pide que se posicione, cumple un importante papel de defensa de los hablantes. Yo llevo tres años allí. Me han hecho bibliotecario y estamos trabajando en un calendario de actividades a lo largo de todo el año. El más importante es el Día de les Lletres Asturianes, que se celebra en mayo en el teatro Campoamor, y ahí se hace el acto de recibimiento de nuevos académicos, hay discursos institucionales, vienen ministros, es un acto de celebración importante. Tenemos la universidad asturiana de verano, que se realiza de forma conjunta con la Universidad de Oviedo. Y en el mes de noviembre se celebran las jornadas de investigación a la que vienen lingüistas, historiadores. También tenemos un Centro de Terminología Asturiana, (TermAst), en el que se van publicando distintos manuales y vocabularios en asturiano sobre distintas facetas de la vida: el turismo, el derecho, la medicina, la biología. El objetivo es aumentar los campos léxicos de nuestra lengua.

Por último, me gustaría que me hablaras de tu tesis doctoral, defendida en la Universidad de Oviedo y publicada más tarde por Ediciones Trabe, ¡Volved las manos al bable! La llingua asturiana nel franquismu.

Quise describir una etapa, los cuarenta años de dictadura que tuvimos, y cómo vivió la lengua asturiana esas cuatro décadas. No quiere ser una tesis de parte, aunque es inevitable, pero sí que traté de enseñar no solamente la represión, especialmente en la escuela, que es donde más se vio, porque quise hablar también del exilio, y de la gente que se quedó. Porque ha habido de todo: gente franquista que trabajaba convencida por el asturiano, probablemente muy confundida también, y otra gente que estaba en los márgenes, que avanzó con mucha dificultad. Y, por supuesto, también los exiliados, porque emigraron muchos asturianos a México, Argentina, Cuba y Francia, pero sobre todo a Francia y a México. Tenemos ahí también una literatura importante que se publicó desde fuera porque aquí era muy difícil hacerlo. De hecho, el mejor poemario que se publicó en asturiano en los años 40 salió en México, y es de Matías Conde. Un poemario impresionante, de 1948.

* Marisa Martínez Pérsico es una escritora e investigadora argentina. Su último libro es la novela 'Animales blancos' (RIL Editores, Barcelona, 2024). 

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha pedido a WhatsApp y Google que aporten cuantos datos obren en su poder respecto del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para intentar recuperar la información de sus móviles, que fue borrada, así como de una cuenta de correo electrónico, según informa EFE.

Hurtado ha ordenado esta diligencia a petición de la UCO, cuyos agentes no hallaron mensaje alguno en el teléfono móvil de García Ortiz, quien los borró siguiendo un protocolo de seguridad, como sostuvo la Fiscalía General, si bien la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y el fiscal del caso Julián Salto negaron ante el juez que exista dicho protocolo de borrado de seguridad de mensajes.

El juez, que ha citado al fiscal general como imputado el próximo día 29, investiga la filtración de información sobre la investigación abierta al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por fraude fiscal, y sus conversaciones para llegar a un pacto con el Ministerio Público.

En su petición a WhatsApp solicita los mensajes recibidos y/o enviados por los usuarios, indicando los detalles básicos (emisor, receptor, día, hora, etc.), las copias de seguridad de los chats y archivos multimedia, además del registro de las comunicaciones. Precisamente, el juez reconoce que hasta este momento indagatorio la información que se ha obtenido de interés para la causa ha sido extraída de WhatsApp.

En la misma línea pide a Google los datos almacenados en los servicios vinculados a la cuenta, el registro de las comunicaciones, así como copias de seguridad de los dispositivos relacionados con la cuenta, de aplicaciones de terceros y de chats y archivos multimedia.

Por otra parte, ordena realizar una copia de trabajo del volcado de información correspondiente a un teléfono móvil del fiscal general y autoriza que se haga un análisis con el fin de acceder a las aplicaciones y conseguir las comunicaciones. En caso de que se logre, pide un análisis de lo encontrado entre el 8 y 14 de marzo de 2024.

El instructor también autoriza a la UCO para conectarse a aquellos repositorios de información donde pudieran encontrarse archivos susceptibles de contener la información de interés al objeto de proceder a su descarga, procesado y posterior análisis.

Hurtado considera en su auto que la petición de la UCO es "coherente" y "razonable" pues pretende "la recuperación de conversaciones o mensajes" del fiscal general.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha animado a los conductores a denunciar los grupos de WhatsApp que alertan de la ubicación de los controles policiales de alcohol y drogas, una de las conductas "más irresponsables que podemos tener los ciudadanos", según informa EFE.

Lo ha dicho Marlaska este viernes en la rueda de prensa en la que ha presentado el balance de siniestralidad vial de 2024, en la que ha explicado que se está debatiendo en el Parlamento cómo abordar esa conducta sancionable y el medio por el que se comunica la existencia de controles de alcohol.

Se trata de una proposición de ley del Grupo Socialista por la que se reforma la ley de tráfico, actualmente en tramitación parlamentaria, que recoge la prohibición de la difusión de información sobre controles policiales de alcohol y drogas, así como de cualquier otro establecido por razones de seguridad vial.

La nueva norma fijará la responsabilidad de la infracción en la persona física que difunda el contenido, aunque se sirva para ello de plataformas o servicios de la sociedad de la información o se trate de redifusiones con origen en otros datos o informaciones de terceros.

Una jueza de Madrid ha dado validez al Whatsapp como medio para notificar la ausencia del puesto de trabajo por una causa justificada, en una sentencia que anula una sanción de siete días de suspensión de empleo y sueldo impuesta por una empresa a un trabajador que recurrió a esta aplicación para su comunicación, según informa EFE.

En representación del trabajador, el despacho Legalion Abogados impugnó la decisión de la empresa mediante la correspondiente demanda en la que alegó que sí había notificado su ausencia y el motivo de la misma mediante Whatsapp al gerente de la empresa aportando el justificante de asistencia a un centro sanitario con su hijo menor de edad que se encontraba enfermo. La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Social número 20 de Madrid, se basa en los mensajes y el justificante que el trabajador remitió a la empresa, que no compareció en el juicio.

En un comunicado Legalion Abogados destaca que se trata de "uno de los permisos más modernos del Estatuto de los Trabajadores pues se introdujo como novedad en 2023, considerando el uso de esta aplicación de mensajería instantánea como un medio válido de notificación del trabajador a la empresa".

El abogado de Legalion que ha llevado el caso, Daniel Díaz Braojos, destaca que la sentencia ha estimado la demanda porque "el trabajador hizo un buen uso del permiso de fuerza mayor conforme al artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores para el cuidado de su hijo al acudir a urgencias y lo comunicó a la empresa de forma adecuada".

"Las redes sociales están dañando a nuestros niños y voy a ponerle punto final". Con estas palabras el primer ministro australiano, Anthony Albanese, dio luz verde a una normativa "de vanguardia mundial" que busca limitar el acceso de los menores de 16 años a plataformas como Instagram o TikTok. Sin embargo, esta medida recuerda a la anunciada por el Ejecutivo español el pasado mes de junio dentro del anteproyecto de ley orgánica para la protección de los menores en los entornos digitales para evitar, sobre todo, que los más jóvenes accedan a contenido pornográfico con sólo pulsar un botón de su móvil o tableta. En concreto, también fija en los 16 años el umbral para acceder a estas herramientas y a los 18 a espacios digitales que emplean los llamados mecanismos aleatorios de recompensa.

"Me parecen medidas poco prácticas, útiles y efectivas. Solo dan una respuesta política a una demanda social pero su efectividad es cero", defiende Sylvia Pérez, psicopedagoga y profesora de la Universitat Oberta de Catalunya, que se pregunta qué va a cambiar si ahora ya está prohibido para los menores de 13 y hay menores de 12 en estas plataformas. "Puede servir a las familias y a los educadores como elemento de descarga: ‘no es que yo no te deje sino que está prohibido", sostiene esta experta que, recuerda, no obstante, que las prohibiciones, en muchas ocasiones, generan más ansia que lo contrario.

En la misma línea opina Laura Pérez Altable, doctora en Comunicación e investigadora de la Universitat Pompeu Fabra. "Al final no debe ser una cuestión de prohibir o no, o que sean 16 o 17 años. Lo que se debería hacer son acciones para explicar cómo su presencia en redes sociales afecta a su salud mental o a la privacidad datos". Esta experta aconseja hacer "mucha pedagogía y educación mediática" para jóvenes pero también para adultos.

Además de la edad, ambos Gobiernos coinciden en apelar en sus respectivos planes a la protección del menor, ante la pederastia o el contenido violento y sexual, y también al cuidado de su salud mental por los problemas de adicción, acoso o bullying que pueden generar en usuarios tan vulnerables. Por ejemplo, por dar solo un dato, un estudio de Unicef en España advierte que el 42% de los adolescentes ha recibido mensajes de contenido erótico o sexual a través de las redes sociales. 

Lo que está claro es que con estas normas, Australia y España vuelven a poner encima de la mesa el eterno debate sobre la edad a la que niños y adolescentes deben tener su primer móvil, pero también cuándo deben abrirse un perfil en unas redes sociales que llevan años defendiendo que "no fuimos diseñadas para menores". ¿Cuál debe ser la edad mínima de acceso? La mayoría de las plataformas tienen políticas que prohíben a las personas con menos de 13 años crear cuentas, aunque, y aquí el gran problema, sin establecer prácticamente ningún tipo de filtro ni control. La última en modificar esta cifra ha sido WhatsApp que en 2018 la elevó en la UE de los 13 a los 16, para volver a bajarla este mismo año a los 13. 

Las compañías siguen así el baremo legal del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que deja en manos de los Estados de la UE establecer esa edad mínima entre los 13 y los 16 años. Apelando a esta normativa, el anteproyecto de ley orgánica española que aún se encuentra en un estado primigenio, especifica la necesidad de elevar los años de 14 a 16 para "armonizar" así "el umbral establecido por la mayoría de los países de la UE". "La evolución, no sólo de la tecnología digital, sino también de su uso por los menores, ha sido tan exponencial que puede resultar inapropiada su utilización precoz; dada la madurez que requiere el uso de determinados servicios, plataformas, sistemas y contenidos digitales", explica el texto. 

Las expertas consultadas por infoLibre coinciden en que es complejo dar una edad exacta. "Cuando sus padres consideren o cuando haya capacidad crítica en el menor, que se suele dar entre los 12 y los 14", argumenta Pérez que, no obstante, insiste en que el problema no es tanto los años con los que se entra si no "cómo se entra". "Si va a acceder solo y sin supervisión, cuando más tarde mejor: entre los 14 y 16. Si va a acceder con supervisión y ayuda, con 12", detalla.  

"Cuanto más se retrase esta incorporación los jóvenes, mejor", reconoce Pérez Altable que apunta, sobre todo, a cuestiones cognitivas. "No es lo mismo un cerebro de un adolescente de 16 años que de un niño más pequeño", indica. 

Ante la decisión de Australia de establecer los 16 años, una coalición de más de 140 expertos ya le ha hecho llegar una carta al primer ministro con sus preocupaciones sobre este límite de edad. "El mundo en línea es un lugar donde los niños y los jóvenes acceden a la información, desarrollan habilidades sociales y técnicas, se conectan con familiares y amigos, aprenden sobre el mundo que los rodea y se relajan y juegan", defienden en la misiva en la que también detallan que les preocupa que "una prohibición sea un instrumento demasiado contundente para abordar los riesgos de manera efectiva".

Aunque España y Australia, marcando los 16, no son los únicos países que han movido ficha en este campo. En julio pasado, Puerto Rico decretó los 18 años como la edad mínima para que una persona pueda activar una cuenta en cualquier plataforma, una medida similar a la de Texas (EEUU), o a la de Florida, aunque en este estado se fija en 14.

En la misma línea, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y otros ocho estados de EEUU también cuentan ya con normas para blindar los móviles de los más pequeños para evitar acceder a contenidos pornográficos que van desde las multas británicas, pasando por la aplicación gubernamental francesa o la imposición de un control parental en todas las tarjetas SIM a nombre de un menor. Un camino que también ha comenzado a recorrer España con este anteproyecto que apuesta también por la implementación de sistemas de verificación de edad "eficaces y obligatorios" y un control parental activado por defecto en los dispositivos de los niños. 

Lo que está claro es que este debate existe porque los más jóvenes tienen presencia en estos espacios. Un estudio de 2024 del regulador de medios del Reino Unido, Ofcom, asegura que el 51% de los adolescentes de 13 años usan redes sociales. Es más, el 40% de los niños entre 8 y 17 años reconoce haber dado una edad falsa para acceder a un nuevo sitio o aplicación. Además, también alerta que los pequeños de 5 a 7 años están cada vez más presentes en línea y el 32% lo usan de forma independiente, sin supervisión de ningún adulto. 

Según datos de Qustodio, España es el país donde antes se empieza a tener Instagram: el 65% de los adolescentes entre 13 y 15 años ya acceden a esta red social. Además, casi uno de cada cuatro niños de entre 7 y 9 años tiene TikTok, donde pasan casi una hora y media al día; y uno de cada cinco accede a X, antes Twitter. 

Pero, más allá del propio número, la gran incógnita es cómo lograr que se aplique y se cumpla. En el caso australiano, y a la espera de que el texto llegue al Parlamento, el Gobierno sí que ha dado más matices del futuro texto. Por un lado, que la ley no excluirá a los menores de 16 años que ya tienen cuentas ni a los que cuentan con el consentimiento de los progenitores. Y, por otro, que no se impondrán sanciones a usuarios ni a padres, sino que serán las empresas dueñas de estas plataformas las que tendrán la responsabilidad de hacer cumplir el límite de edad.

"Las empresas tienen sus propios requisitos de acceso y si hay gente menor de 16 años es un fallo suyo porque han sabido filtrar bien a los usuarios", afirma Pérez Altable que también defiende que padres y profesores deben hacer pedagogía y no hacer dejación de funciones en las tecnológicas. "Cada uno delega en otro: los padres en el colegio, el colegio en el Gobierno y el Gobierno, que se ve incapaz, en las empresas", explica Pérez que compara la situación con el acceso de menores a una discoteca o con la venta de alcohol cuando "les piden el DNI". "Estamos trasladando el modelo del mundo físico al virtual y lo que hay que hacer es trabajar primero en establecer mecanismos de control", indica esta experta. 

Y es que una de las grandes incógnitas es saber cómo espera el Ejecutivo de Australia que Facebook, Instagram, Google, YouTube, TikTok, X y otras empresas apliquen este límite cuando hasta ahora no han sabido hacerlo. Según publica The Guardian, Albanese y la ministra de comunicaciones, Michelle Rowland, no descartan la posibilidad de que se use el escaneo biométrico, que las plataformas verifiquen la edad utilizando una base de datos del propio Gobierno o que todos los usuarios, independientemente de su edad, estén sujetos a controles.

¿Están preparadas para asumir esta responsabilidad? "No y tampoco está claro si les interesa", reconoce Pérez Altable que señala que lograrlo tampoco será tarea sencilla: "Es muy difícil verificar la edad del usuario porque tiene muchos riesgos a nivel de privacidad de los usuarios y de sus datos". 

Por lo pronto, una de las primeras plataformas en pronunciarse ha sido Meta. El imperio de Mark Zuckerberg propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp ha tirado balones fuera y, tras argumentar que ya cuenta con varias herramientas de seguridad para los adolescentes, defiende en un comunicado publicado por CBS News que la solución para este problema es que la verificación de edad se lleve en las tiendas de aplicaciones de Google y Apple ya que "eliminaría muchas de estas preocupaciones" y "simplifica enormemente las cosas para los padres". 

"Podría ser una solución", asegura Pérez Altable que explica que podría ayudar ya que los progenitores controlarán y vigilarán desde ahí que apps se descargan sus hijos o no en función de su edad. 

Lo cierto es que la medida australiana llega a pocas semanas de que Meta dé un nuevo paso en sus medidas para proteger a los más pequeños con lo que han denominado Instagram para adolescentes para menores de 16 años que llegará a los países de la UE a principios de 2025. Según detalla el imperio tecnológico, el objetivo es "colocar automáticamente a los adolescentes en espacios con protección integradas y dejar tranquilos a los padres de que están teniendo experiencias seguras". 

¿Cómo? Estos perfiles serán privados por defecto, limitarán quién puede ponerse en contacto con ellos y tendrán restringido el contenido que pueden ver como aquellos que sean "sexualmente sugerente o que hablen del suicidio o de autolesiones". Contarán con recordatorios más estrictos de tiempos límites y necesitarán el permiso de sus progenitores para cambiar cualquiera de las protecciones integradas para que sean menos estrictas. 

Para lograr que los menores no mientan sobre su edad, Meta detalla que les exigirá una verificación en más sitios y anuncia que están desarrollando tecnología para encontrar cuentas que pertenezcan a adolescentes y colocarlas automáticamente en "entornos protegidos y apropiados para su edad".

"Es una de las vías, quizás no es suficiente", apunta Pérez que afirma que esta opción ayudaría al adolescente a introducirse en el mundo de las redes sociales "con menos riesgo" siempre y cuando sea dentro del propio Instagram y no otra aplicación separada: "Sería como una transición para usuarios entre 14 y 18".

No comparte esta opinión Pérez Altable. "Son buenas intenciones pero, ¿de qué vale crear un entorno más amigable con los menores si puede decir que tiene 18 en lugar de 14?". Para esta experta es clave que todas estas medidas deben ir acompañadas de "un filtrado de la edad". 

Este movimiento de Meta sigue el camino abierto ya hace años de Google con el lanzamiento de YouTube Kids y deja claro el interés de todas las tecnológicas en general por atraer a los más jóvenes a sus plataformas. ¿Por qué? Principalmente, por la publicidad ya que niños y adolescentes son un público vulnerable y fácil de manipular al que quieren llegar sí o sí. "También pasa en la televisión o en el supermercado", recuerda Pérez Altable que señala que es otra forma para "tener a los menores controlados".

Los datos avalan esta teoría. Un estudio de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard publicado en diciembre de 2023, calcula que Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X (antes Twitter) y YouTube obtuvieron en conjunto casi 11.000 millones de dólares en ingresos publicitarios solo de usuarios estadounidenses menores de 18 años en 2022: 2.100 millones de usuarios de 12 años o menos y 8.600 millones de dólares de usuarios de entre 13 y 17.

Meta, propietaria de Facebook, Instagram, Whatsap y Threads, prohibió "después de una cuidadosa consideración" que el canal televisivo de noticias RT (Russia Today) y otros medios estatales rusos estén presentes en sus plataformas, con el argumento de que participan en operaciones de injerencia en otros países, según informa EFE. “Rossiya Segodnya, RT y otras entidades relacionadas ahora están prohibidas en nuestras aplicaciones a nivel mundial por actividad de interferencia extranjera”, dijo un portavoz de Meta en un comunicado.

La decisión de Meta llega días después de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara sanciones contra RT y otros medios controlados por Moscú.

La administración Biden también anunció el lanzamiento de un esfuerzo diplomático para alertar a la comunidad internacional sobre lo que los funcionarios estadounidenses han descrito como el papel de RT como un “miembro de pleno derecho del aparato de inteligencia”. “Nuestro antídoto más poderoso contra las mentiras de Rusia es la verdad”, dijo el viernes el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a los periodistas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció recientemente que había acusado a dos empleados de RT por canalizar casi 10 millones de dólares a una empresa estadounidense para crear y amplificar contenido alineado con los intereses rusos en medio de la campaña para las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre.

RT tenía 7,2 millones de seguidores en Facebook y un millón de seguidores en Instagram antes del anuncio de la prohibición, señalan medios estadounidenses.

Según el canal CNN, los ejecutivos de Meta, Microsoft y Alphabet, propietaria de Google, están citados a declarar este miércoles ante el Comité de Inteligencia del Senado sobre el trabajo de sus plataformas para combatir las amenazas extranjeras a las elecciones estadounidenses.