En letras gruesas y blancas, aparece la cifra sobre un cartel negro: “2.348”. Es el número de muertos “relacionados con el desastre” causado por el gran terremoto que azotó el este de Japón el 11 de marzo de 2011.

Pero en la prefectura de Fukushima, a 200 kilómetros al norte de Tokio, donde hace quince años tuvieron que huir 160.000 personas del accidente nuclear de la central operada por la Tokyo Electric Power Company (Tepco), las palabras son trampas. Hay que analizarlas para comprender su significado.

En el museo conmemorativo del gran terremoto y el desastre nuclear de Futaba, a solo 6 km de los reactores que explotaron tras ser golpeados por un tsunami, cada término se sopesa cuidadosamente. Por ello, las autoridades se han tomado la molestia de explicar quiénes son los muertos “relacionados con el desastre”: las personas que sucumbieron al “modo de vida de los refugiados”. No murieron, pues, a causa del terremoto directamente, sino que perecieron por “falta de cuidados”, “agotamiento físico” y “abatimiento psicológico” en los meses y años posteriores a la evacuación de las zonas devastadas por el tsunami y contaminadas por la lluvia radiactiva. Además, las tasas de suicidio han aumentado considerablemente.

“Son muertes causadas por el trastorno del entorno de estas personas”, explica Yasuyuki Taneichi, médico del hospital comunitario de Kuwano Kyoritsu, en la prefectura de Fukushima. “No murieron aplastadas por el derrumbe de una casa, sino por una concatenación de factores: la reducción de la actividad física y la ruptura de los vínculos sociales, con el consiguiente impacto psicológico. Todo ello les arruinó la vida”.

Las palabras “accidente nuclear” no figuran en la pared del memorial. Están implícitas en el término “desastre”. A principios de marzo, al cruzar por segunda vez la sala con una semana de diferencia, me sorprendió que el número de víctimas hubiera aumentado a 2.350. Se habían añadido dos personas más al macabro balance. Quince años después de la catástrofe nuclear más grave desde la explosión del reactor de Chernóbil en 1986, sigue aumentando el recuento de muertos en Fukushima.

En total, han fallecido 3.810 personas “en relación con el desastre” en las nueve prefecturas afectadas por el terremoto de 2011, según la autoridad encargada de la reconstrucción, cifras que datan del 31 de diciembre de 2025. En Iwate, al noreste de Honshū, la isla principal del archipiélago, 472 muertos; en Miyagi, justo debajo, 932; en Ibaraki, al norte de Tokio, 42.

En la prefectura de Fukushima, donde se produjo el accidente nuclear, 2.348. Más que en cualquier otro lugar y más que el balance del tsunami, que mató directamente a 1.831 personas, según las autoridades. A nivel nacional, perdieron la vida en el terremoto del 11 de marzo de 2011 casi 20.000 personas. Una de las peores catástrofes de la historia de Japón.

“El desastre se produjo en dos fases”, recuerda Terumi Kataoka, activista y esposa del pastor de Aizuwakamatsu. En 2011, acogió a evacuados en su parroquia, a unos cien kilómetros de la central. “Se produjo la explosión de los reactores. Algunas personas fueron evacuadas de inmediato, pero otras no. El ejército tardó en llegar a Futaba [ciudad colindante con la central, ndr]. Y luego pasaron hasta diez horas desde que la gente subió a los autobuses hasta que encontraron un lugar de evacuación. Algunas de esas personas estaban enfermas, eran mayores, necesitaban cuidados y murieron durante el transporte. Es horrible.”

Durante el traslado entre el hospital de Futaba y la ciudad de Iwaki perdieron la vida cuarenta pacientes. Otras personas heridas por el tsunami quedaron atrapadas en la zona evacuada y no pudieron ser rescatadas: “Después del 11 de marzo, volví a mi casa para regar las plantas”, recuerda Tomoko Kobayashi, gerente de un ryokan, un hotel tradicional, cerca de Minamisōma, a unos treinta kilómetros de la central. “No había nadie. Solo las flores me sonreían. En un momento dado, llegó un hombre. Acababa de perder a su primo, atrapado entre el agua y los escombros. Había pedido ayuda, pero como se encontraba en la zona irradiada, la gente no pudo rescatarlo. Lo oían gritar al otro lado del límite de la zona.”

Frente a la costa japonesa, el buque de la armada estadounidense USS Ronald Reagan envió a un equipo a socorrer a las víctimas del terremoto, y se encontró en medio de una nube radiactiva. Varios cientos de marineros interpusieron una demanda judicial, sin éxito, después de que algunos de ellos enfermaran gravemente. Uno de los demandantes falleció a causa de un cáncer raro.

En cuanto a los trabajadores de la central de Fukushima-Daiichi, uno de ellos murió de cáncer de pulmón en 2018, mientras que un subcontratista perdió la vida en 2024 tras realizar trabajos de descontaminación. En 2011, dos jóvenes trabajadores fallecieron a causa del accidente, una tragedia recreada en la serie The Days.

“Las muertes relacionadas con el desastre en la prefectura de Fukushima son mucho más numerosas que en otros lugares, es espectacular”, señala Toru Honda, médico del pueblo de Iitate, a unos cincuenta kilómetros de la central. “Esas personas no murieron directamente a causa del accidente nuclear, sino como consecuencia de él, sucumbiendo a la depresión y la desesperación, tras haber perdido su trabajo, su casa y su entorno familiar”. En su gran mayoría, tenían 66 años o más, según la Agencia de Reconstrucción.

Kuichi Eda, al frente del seguimiento sanitario de las consecuencias radiactivas y las evacuaciones, recibe a Mediapart en las laberínticas oficinas de la prefectura de Fukushima. Se toma su tiempo para responder a las preguntas, abre gruesos expedientes, muestra tablas de datos y distribuye informes. Pero cuando se le pregunta por el número de muertos causados por el accidente, se queda sin respuesta: “Nuestro servicio no puede responder a eso. No es nuestra responsabilidad”. 

El tema sigue siendo políticamente delicado en Japón. La actual primera ministra ultraconservadora, Sanae Takaichi, provocó un escándalo en 2013, dos años después de la catástrofe, al declarar: “Se produjo un accidente en la central nuclear de Fukushima-Daiichi de la empresa Tepco, pero no murió nadie”. En aquel momento, figura emergente del Partido Liberal Democrático (PLD), tuvo que disculparse.

Pero cuando, en febrero, el ministro de Reconstrucción, Takao Makino, presentó en rueda de prensa el balance de la “revitalización” de las regiones afectadas por el terremoto de 2011, ni siquiera se molestó en distinguir entre las víctimas mortales de la catástrofe natural y las del accidente nuclear. Una hábil forma de dar por zanjado el tema.

¿Ha llegado ya el momento de cerrar el libro de los muertos de la catástrofe de Fukushima? “¿Cuántas muertes causó el accidente de Fukushima? No se puede responder a esta pregunta quince años después, es demasiado pronto”, asegura Yasuyuki Taneichi, médico muy implicado en el seguimiento de los jóvenes afectados por el cáncer. “Chernóbil ocurrió hace cuarenta años y todavía no tenemos respuestas a todas las preguntas. En el caso de Hiroshima y Nagasaki, los efectos sobre el cáncer son claros ahora, ochenta años después.”

El aumento del riesgo de cáncer es el principal efecto a largo plazo de la exposición a la radiación en los supervivientes de la bomba atómica (hibakusha en japonés, “los irradiados”) durante el resto de sus vidas. “Los efectos de la radiación tardan muchísimo tiempo en manifestarse. Está claro, pues, que, cuando la industria nuclear dice que todo va bien, se trata de una afirmación sin fundamento”, añade el médico.

En Iitate, un municipio agrícola enclavado en un valle de arrozales y prados, el doctor Honda nos recibe en la consulta de su enfermero, en un salón amueblado con amplios sofás, junto a un rincón repleto de instrumentos musicales. El pueblo tuvo que ser evacuado tras el accidente nuclear de 2011. La orden de alejamiento de la población fue parcialmente levantada en 2023.

Antes de marzo de 2011, el municipio contaba con 6.500 habitantes. Hoy en día, solo queda una cuarta parte, alrededor de 1.500 personas. “No ha habido ningún nacimiento en Iitate el año pasado”, se lamenta el médico. “Las estructuras familiares han quedado completamente destruidas por la energía nuclear, ese es su mayor crimen aquí. Antes, vivían diez o quince personas bajo el mismo techo y los hijos heredaban la granja de sus padres. Pero hoy en día, nadie quiere vivir aquí debido al elevado nivel de radiación, y las familias se han desintegrado.”

“Cuando llegué aquí, justo antes de que se levantara la orden de evacuación, el alcalde me dijo que no necesitaba más recursos médicos”, recuerda Katsuya Hoshino, el enfermero. “Sin embargo, solo había una clínica abierta dos días a la semana y solo por las mañanas.” Finalmente, impulsado por el deseo de ayudar a los habitantes a defenderse en su entorno radiactivo, se instaló allí. Pero “durante las visitas médicas, hacen pocas preguntas sobre la radiactividad. Las personas que le temían se han marchado”. Ha llamado a su clínica Agabego, en referencia a la vaca roja (Akabeko), un amuleto tradicional de la región de Fukushima, y al nombre griego agapê, que significa amor incondicional.

Toru Honda señala que, salvo en uno o dos casos, todas las causas de muerte de sus pacientes están relacionadas con el cáncer: “Pero eso no prueba la relación con el accidente”. ¿Cómo saberlo? En Iitate se siguen registrando altos niveles de contaminación. La contaminación oscila entre 0,25 y 0,30 microsieverts por hora, lo que equivale a entre 2,6 y 3 milisieverts al año, explica el médico del pueblo: “Es dos o tres veces más que la dosis recomendada por la Comisión Internacional de Protección Radiológica, lo que supone un riesgo para los habitantes”.

En la prefectura de Fukushima, la radiactividad ambiental debe superar los 20 milisieverts al año para que una zona sea objeto de una orden de evacuación y, por lo tanto, declarada inhabitable. En el resto del país, y del mundo, la norma es de 1 milisievert.

Nobuyoshi Ito, ingeniero en mediciones de radiactividad, ahora jubilado, también vive en Iitate. Supervisa cada día la radiactividad de su pueblo y muestra sus mejores resultados: más de 3 microsieverts en un cruce de carreteras, o 90.000 becquerels en una zanja entre una carretera y un campo en 2024, ocho años después de la descontaminación. Los sieverts miden la dosis recibida por un organismo, mientras que los becquerels cuantifican la radiactividad presente en el suelo, el agua u otra fuente.

“Los coches circulan y desplazan las partículas radiactivas. Y cuando llueve, las esparcen y van a parar al río”, explica con un contador en la mano. Detrás de su casa, en este hermoso jueves soleado de finales de febrero, hay 1,30 microsievert. “La norma internacional es dar prioridad a la salud de los habitantes, hacer todo lo posible para evitar el riesgo y, si existe un beneficio demostrado en el uso de la radiactividad, limitar ese riesgo al mínimo. Pero ¿qué beneficio obtenemos al vivir tras un accidente nuclear? Ninguno.”

“Es difícil demostrar la relación entre la radiación y las muertes”, advierte Toru Honda. La población está envejeciendo y el cáncer es la principal causa de muerte en Japón desde hace varias décadas.

Hachiro Sato, concejal de Iitate, dice que ya ha perdido la cuenta de las visitas al cementerio, mientras que la población se ha reducido a una cuarta parte: “Sé de veinte o treinta personas que han enfermado y fallecido desde 2011”. Y cuando pregunta a las familias por las causas de las muertes, le dicen “leucemia”, “cáncer” o “tumor maligno”.

“Los partidarios de la energía nuclear dicen que no es por el accidente, los detractores dicen que sí. Es ridículo”. Quince años después, sigue reprochando al alcalde que tardara en evacuar el pueblo, casi un mes y medio después del accidente de la central. “La gente pasó todo ese tiempo expuesta a la lluvia radiactiva. Casi todos eran personas mayores, porque los jóvenes y las familias habían huido por su cuenta”.

A unos cien kilómetros de allí, en el extremo occidental de la prefectura de Fukushima, el sol penetra en una nave de la Iglesia Unida de Cristo a través de sus vidrieras amarillas y azules. Su interior, un lugar de oración, es también un cuartel general antinuclear, donde están perfectamente alineados folletos sobre los bombardeos de Hiroshima y hay panfletos que llaman a manifestarse contra la reactivación de la central de Kashiwazaki-Kariwa (una de las mayores centrales nucleares del mundo, con siete reactores).

Terumi Kataoka, activista y esposa del pastor de la parroquia, es originaria de la región afectada. Todavía tiene amigos y familiares allí. “Hay un antes y un después del 11 de marzo de 2011: la gente padece cáncer, problemas de piel, problemas cardíacos. Son muy conscientes de todo ello, pero no pueden demostrar la relación con el accidente.” Su padre murió hace cinco años, a los 80 años. Es una edad avanzada. Pero en pocas semanas murieron muchos otros octogenarios. “¿Por qué todos al mismo tiempo?”

Para Terumi Kataoka, “es muy difícil imaginar que haya gente que dude de que el accidente nuclear haya causado muertes: lo que ocurrió en Hiroshima y lo que ocurrió en Fukushima es el mismo fenómeno radiactivo”. “¿Por qué se reconocen las muertes en un caso y no en el otro?”, se pregunta.

En Fukushima no se ha construido ningún monumento a los fallecidos por el accidente nuclear. Pero en la pared de una granja, no lejos de Namie, hay un altar improvisado, donde se ve un cráneo de vaca sobre el símbolo de la radiactividad. Una mano burlona ha garabateado una calavera con una nariz de payaso y ha sido clavado a una cruz otro trozo de esqueleto bovino.

Hacia el cielo se eleva una alambrada: “Es el humo de la central”, explica Masami Yoshizawa, campesino anarquista y artista. “Esta obra simboliza la tumba de la central de Fukushima. Porque esto es un infierno.”

En 2011, durante la evacuación, tuvo que dejar sus vacas en la granja. “Murieron encerradas en el establo”. Conserva fotos de sus cadáveres. “Se echó a perder la vida de esos animales.” Vacas, gallinas, cerdos, caballos: en 2011 se sacrificaron 650.000 animales de granja en un radio de 20 km alrededor de la central.

En su pared también escribió: “Adiós, Namie”. Pero la ciudad sigue ahí. Es incluso uno de los municipios que el Gobierno quiere convertir en escaparate de la reconstrucción de la región. “¿Qué vamos a hacer con esta ciudad? Los que regresan son abuelos y abuelas. ¿Vendrán aquí los nietos? No lo creo. Este lugar está condenado a ser destruido. Hemos dedicado toda nuestra vida a él y se ha acabado. Cuando explota una central nuclear, esto es lo que pasa. No queda nada.”

El 11 de marzo de 2011, el tsunami azotó Japón. El 15 de marzo fue un día de importantes emisiones radiactivas.

Para escribir esta serie de artículos, viajé a Japón entre mediados de febrero y principios de marzo. La mayoría de las entrevistas se han realizado en japonés y han sido traducidas por Hiroko Aihara, Johann Fleuri y Makiko Segawa.

Traducción de Miguel López

La politización de asuntos de interés general todo lo enturbia. Ahora estamos en plena campaña de la derecha en apoyo de la energía nuclear y, en consecuencia, de la izquierda en contra. El despliegue del lobby atómico estos días es tan arrollador que impide un debate argumentado sobre si es conveniente, o no, alargar la vida útil de las centrales nucleares hasta que se logre el almacenamiento de la energía.

"¡Que viene el apagón!", amenazan, como si atemorizas a un niño con el lobo. Mientras, está en marcha una estrategia dirigida a crear confusión con un tema muy técnico que tiene al Gobierno atrapado entre Sumar y PP-Vox. Resulta que el 1 de noviembre comenzaría el predesmantelamiento de las centrales nucleares con Almaraz al frente previsto para el 2035, según el plan que ellas mismas firmaron con Enresa. Lo que ha provocado el renacer de una polémica que, como el aborto, parece de otra época. 

Si la energía nuclear es tan genial y no está prohibido construir una central, Feijóo y Abascal deberían animar a las eléctricas a levantar una al lado de su casa. Lo que se llama educar con el ejemplo. Ya lo hizo Celia Villalobos con los huesos durante la crisis de las vacas locas o Arias Cañete con los yogures caducados. El problema es que los inversores no quieren meterse en un negocio que no es rentable si hay que partir de cero y que conlleva un alto coste de almacenamiento y gestión de residuos radiactivos.

No veas qué marrón. Porque un molino eólico se desmonta en un día pero en donde ha habido una central nuclear hay que custodiar durante siglos algunos residuos. En 2009, el Congreso planteó montar un cementerio nuclear (ATC) en un municipio de Guadalajara pero la oposición social y política fue tal que se abandonó el asunto. Así que cada una de las siete centrales que hay en España tiene que asumir sus residuos.

Las eléctricas carecen de interés en construir nuevas centrales, pero les conviene mucho que las actuales sigan funcionando ahora que ya están amortizadas. Y a cambio de pedir permiso para seguir funcionando chantajean al Gobierno para que les quite los impuestos que el nuevo gurú económico del PP, Alberto Nadal, aprobó en 2013 cuando era secretario de Estado de Energía y que enfureció al sector. Tranquilos, que para eso ha vuelto ahora, para prometer eliminarlos en cuanto regresen al poder. Lo de siempre. Cuando gobiernan suben impuestos y crean otros nuevos, pero en la oposición se quejan de los que ellos mismos se inventaron. 

Ahí está la presidenta de Extremadura, María Guardiola, que acaba de renunciar a 40 de los 80 millones que la central de Almaraz ingresaba a su comunidad gracias a su tasa ambiental autonómica. Le ha obligado Vox como condición para apoyar los presupuestos. El pasado mayo ya lo había hecho Mazón, perdonó la ecotasa a la central de Cofrentes a pesar de los más de 5.000 millones que había ganado en 2024. Los presidentes del PP exigirán luego al Gobierno más ingresos porque les faltan para garantizar los servicios públicos a valencianos y extremeños.

En estas, reaparece Red Eléctrica, que cuenta con más redes y más energía que nunca, a pedir auxilio a la CNMC, dando un golpe de gracia a las renovables, que tendrán menos protagonismo en el sistema frente al aumento en el mix de las centrales de ciclo combinado de gas porque no es capaz de gestionar el tráfico y busca cubrirse las espaldas. Un contexto perfecto para polarizar y entonar ‘Nucleares, sí. Por supuesto’, la irónica canción de Aviador Dro en los años 80, en respuesta al lema de la izquierda 'Nucleares, no. Gracias', cuando el debate sobre la energía nuclear estaba en su apogeo.

He viajado a Japón invitado por la comunidad budista de la Soka Gakkai. He participado en encuentros universitarios y en diálogos con comunidades budistas de distintos lugares de Japón. La experiencia que más me ha impresionado ha sido la visita a Nagasaki en plenos preparativos del ochenta aniversario de su destrucción, el 9 de agosto de 1945, provocada por la bomba atómica, que causó la muerte de 75.000 personas e hirió a otras 75.000. 

Allí he sido recibido por el alcalde de la ciudad y juntos hemos hecho memoria de tamaña masacre y hemos asumido el compromiso de luchar por la eliminación de las armas nucleares. Las experiencias que más impacto me han producido hasta las lágrimas han sido la visita a la Zona 0, en el Parque de la Paz, donde explosionó la bomba, al Museo de la bomba atómica donde he visto las imágenes de destrucción de vidas humanas y de la ciudad, y a la Sala de la Memoria Internacional de Nagasaki para las Víctimas destinada a hacer una oración por la paz. Es ahí donde se encuentran los testimonios de los supervivientes y objetos de las víctimas, entre ellos un reloj que se paró a las 11.02, hora exacta de la explosión.

Bajo el impacto de estas visitas, el de la memoria de las víctimas y el dolor por tamaño ultraje a la dignidad humana, el sábado 23 de noviembre de 2024, he pronunciado una conferencia sobre “Espiritualidad interreligiosa y caminos de paz”, cuya síntesis resumo en el siguiente tridecálogo sobre la contribución de las religiones a la construcción de un mundo pacífico y pacificador, basado en la justicia, bajo la inspiración inicial de Hans Küng.  

A las puertas de la conmemoración del 80 aniversario de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, nuestro grito y el de toda la humanidad debe ser: “Hiroshima, Nagasaki, Gaza y tantas poblaciones y vidas humanas destruidas, nunca más”.

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Juan José Tamayo es profesor emérito de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones de la Universidad Carlos III de Madrid.

Llega como el telón que se baja cuando acaba el espectáculo, como el sonido del clarín que marca el final de la marcha: este miércoles 10 de marzo, en vísperas del décimo aniversario del accidente de la central nuclear de Fukushima Daiichi (Japón), un organismo de la ONU afirmó que no se puede establecer ninguna relación entre la radiactividad liberada por los reactores destrozados por el terremoto y el tsunami del 11 de marzo de 2011 y los índices de cáncer medidos desde entonces entre los habitantes.

En el informe de 248 páginas, el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas (Unscear) explica que el fuerte aumento del cáncer de tiroides entre los niños no se debe a la exposición a la radiación ionizante, sino que es sólo la consecuencia de la muy precisa vigilancia sanitaria establecida por las autoridades tras la catástrofe; ahora vemos lo que antes no se buscaba. Además, no se ha registrado ningún aumento de las deformidades congénitas, de los abortos espontáneos o de los nacimientos prematuros.

Hasta febrero de 2020, la prefectura de Fukushima había notificado 237 casos de cáncer de tiroides, según el World Nuclear Status Report. El comité de control sanitario de la prefectura de Fukushima no reconoce por el momento una relación causal entre la aparición de este cáncer y el accidente nuclear. El cribado sistemático muestra una alta tasa de nódulos tumorales tiroideos en niños de 18 años o menos en el momento del accidente, según precisa el Instituto de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear (IRSN). La mayoría de los casos identificados son pequeños y sin expresión clínica, a diferencia de los registrados en Francia en los registros de cáncer.

Para Greenpeace Japón, es demasiado pronto para concluir que la catástrofe nuclear no ha provocado casos de cáncer porque los efectos de la radiación pueden aparecer después de muchos años. La ONG está especialmente preocupada por el regreso de los residentes a zonas parcialmente o mal descontaminadas, lo que podría tener consecuencias a largo plazo para la salud.

¿A quién creer? Greenpeace es una organización antinuclear. Unscear es un organismo de arbitraje científico que se suele distinguir por negar los efectos nocivos de las radiaciones sobre la salud, especialmente en la época del accidente de Chernóbil en 1986. Este órgano, único de estas características, se beneficia del aura que le confiere la aprobación de estos informes por parte de la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, su “reclutamiento es muy endógeno, sus deliberaciones privadas y sus dictámenes inapelables”, describe Yves Lenoir en su libro La Comédie atomique, una historia crítica de las instancias de control de las radiaciones.

El balance humano y sanitario de Fukushima ha sido objeto de una batalla de cifras durante los últimos diez años, mientras que la estimación del número de muertos por el tsunami de marzo de 2011 parece incontestable, alrededor de 20.000 muertos. La historia de la peor catástrofe de principios del siglo XXI está lejos de estar escrita.

Diez años después, el accidente de Fukushima continúa. En realidad, nunca se ha detenido: todavía hay que inyectar agua permanentemente en tres de los reactores de la central nuclear para estabilizar la temperatura de éstos, así como nitrógeno, para evitar una explosión de hidrógeno. Esta operación constante de refresco genera 150 metros cúbicos de agua contaminada cada día, el equivalente a una piscina olímpica cada tres semanas. Tepco, la operadora de la central, se ha dado otros diez años para recuperar todo el combustible almacenado en las piscinas de los seis reactores, que también deben refrescarse constantemente.

Las aguas subterráneas que rodean la central se bombean y se vierten al mar para evitar que entren en contacto con la radiactividad en los edificios. El suelo está permanentemente congelado a una profundidad de 30 metros para formar un “muro impermeable” y evitar que la radiactividad se extienda fuera de la planta.

Tras diez años de este tratamiento intensivo, el volumen de agua contaminada almacenada en el lugar hasta que Tepco encuentre qué hacer con ella, supera el millón de metros cúbicos. En febrero de 2020, 977 tanques, de mil metros cúbicos cada uno, estaban alineados en la central, detalla el IRSN. El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) estima que la capacidad máxima de almacenamiento del emplazamiento debería alcanzarse el próximo año, en el verano de 2022. La forma de deshacerse de estas aguas aún parcialmente contaminadas son la evaporación y el vertido en el océano Pacífico.

El interminable trabajo de gestión posterior al accidente en la central de Fukushima-Daiichi ha llevado al teórico y autor Sabu Kohso a calificar Fukushima de “desastre eterno”. Muestra “la tendencia irreversible de los dispositivos humanos a alienar el cuerpo planetario, a desencadenar cada vez más incidentes cuyos impactos afectan a todas las actividades vitales, mientras que, lenta e imperceptiblemente, el flujo invisible de radionúclidos sigue fundiéndose en nuestro entorno”, escribe en un libro que acaba de publicarse en francés, Radiations et révolution (Radiaciones y revoluciones).

En el agua, en el suelo, en los alimentos, en el aire: los radioelementos se miden constantemente y se cartografían con regularidad. Entre marzo de 2011 y octubre de 2020, la tasa de dosis ambiental en la prefectura de Fukushima se redujo globalmente a la mitad. Esta disminución se debe en gran medida a la desintegración física de los dos cesios (cesio-134 y cesio-137), explica el IRSN.

A finales de 2011, las autoridades japonesas definieron una “zona de descontaminación activa” en la que el gobierno debe llevar a cabo acciones para limpiar la radiactividad. Unos 95.000 residentes fueron evacuados tras el accidente, mientras que 65.000 personas que vivían fuera de la zona se marcharon voluntariamente. A lo largo de los años y gracias a las operaciones de descontaminación, el perímetro de las zonas de evacuación se ha reducido de 1.150 km2 (8,3% de la prefectura de Fukushima) en 2013 a 336 km2 (2,5% del territorio) en marzo de 2020.

El Gobierno ha autorizado el regreso de los residentes a las zonas en las que la dosis anual de radiactividad puede alcanzar los 20 milisieverts (mSv) –una milésima de sievert, la unidad utilizada para evaluar el efecto biológico producido por una dosis en un organismo vivo–. Sin embargo, la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) fija el límite de dosis anual en 1 mSv, excluyendo las exposiciones médicas y naturales.

Diez años después del accidente, sólo el 22% de los residentes han regresado a la zona de descontaminación. En junio de 2020, Shinzō Abe, el ex primer ministro japonés, anunció la reapertura, para su repoblación, de toda la antigua zona evacuada, “sin ninguna obligación de descontaminación, lo que generó una nueva ola de ira e incomprensión”, describe la socióloga Cécile Asanuma-Brice en otro libro recién publicado, Fukushima, dix ans après. Sociologie d'un désastre (Fukushima, diez años después. Sociología de un desastre).

Esta medida va acompañada del pago de dos millones de yenes (16.000 euros) por hogar a las familias que acepten venir a vivir a la antigua zona evacuada durante al menos cinco años, así como el pago de 1,2 millones de yenes (9.500 euros) a las de otras prefecturas que acepten venir a vivir a la prefectura de Fukushima, añade el investigador. Desde febrero de 2020, no hay restricciones a la pesca y venta de especies marinas capturadas cerca de la costa de la prefectura de Fukushima.

“La industria nuclear no puede morir. Es como un zombi”

Para Sabu Kohso, esta normalización de la vida en un entorno radiactivo es un signo de aceptación de una catástrofe cuyos efectos no están definidos en el tiempo ni en el espacio. Son ilimitados. “Se ha puesto en marcha un nuevo régimen de gestión de crisis que mantiene a la población como rehén. En lugar de neutralizar las emisiones de material radiactivo, lo administra”. En contraste con la violencia directa y espectacular, “los efectos de la radiactividad son graduales, invisibles, dispersos en el tiempo y el espacio, y rara vez se perciben como violentos”.

Cita el trabajo del investigador estadounidense Rob Nixon, que habla de “violencia lenta” para describir la exposición a los residuos industriales, que siempre se distribuyen de forma desigual o discriminatoria. “Después de un tsunami, por muy atroces que sean sus consecuencias, un territorio puede ser reconstruido y habitado”, analiza Sabu Kohso. “El tiempo de luto por los desaparecidos es posible. Después de una catástrofe nuclear, es mucho más difícil que la gente mantenga un vínculo con la tierra. La exposición a bajas dosis de radiación no ha terminado. Los efectos de la radiactividad no están claros”.

Sabu Kohso se encontraba en Nueva York, donde vive desde los años 90, en el momento del tsunami y del inicio del accidente de la central nuclear el 11 de marzo de 2011. Desde entonces, viaja varias veces al año a Japón para observar los efectos del desastre. Activista de los movimientos antiglobalización y antiautoritarios en la década de 2000, traductor del recientemente fallecido antropólogo David Graeber, no es especialmente militante contra la energía nuclear. En 2018, participó en un libro colectivo donde citaba sus diarios de viaje: Fukushima et ses invisibles (Fukushima y sus invisibles).

En 2020, había nueve reactores nucleares en funcionamiento en Japón, frente a los 54 que había antes del accidente de Fukushima. El año pasado produjeron su mayor cantidad de electricidad desde 2011, según el Informe sobre la situación de la industria nuclear mundial. En 2018, el Gobierno japonés presentó un plan para aumentar la cuota de energía nuclear en la generación de electricidad hasta alrededor del 20% en 2030 –en 2019 era solo del 7,5%–. Ese mismo año, el Tribunal de Distrito de Tokio absolvió a tres ex altos ejecutivos de Tepco de los cargos de negligencia en la gestión de la central de Fukushima Daiichi. Los demandantes han recurrido.

Para Sabu Kohso, la energía nuclear genera un “capitalismo apocalíptico”. “Fukushima revela la verdadera naturaleza del régimen nuclear, cuyo crecimiento se basa en la distribución global de su red de producción. Después de la peor de las catástrofes, este régimen no sólo ha seguido produciendo como si no hubiera pasado nada: ha utilizado la catástrofe para reforzar su reinado”. Esto requiere “la fusión nuclear del capitalismo y el Estado” porque “las centrales nucleares y las armas nucleares no pueden ser fabricadas por simples empresas comerciales. Cuesta tanto y requiere tanto control sobre la sociedad que necesita al Estado. Es un enorme nodo industrial que abarca muchas actividades: extracción, transporte, gestión de residuos. Es una industria totalizadora. Una enorme máquina de opresión, explotación y expropiación. Esta producción infinita de residuos, que no se pueden reciclar, crea una actividad ilimitada”.

Así, según él, “la supervivencia del capitalismo en su crisis permanente depende, al menos en parte, del carácter perpetuo de la industria nuclear”, que “se reproduce ampliando una tarea que no puede cumplir”. El “capitalismo radiactivo prolonga su vida vampírica a través de un esquema distópico de capitalización: mientras experimenta sin cesar con una tecnología utópica más o menos capaz de lidiar con los desechos siempre acumulados, no deja de satisfacer la sed de dinero de las empresas transnacionales”.

En su libro, Sabu Kohso retoma ampliamente la historia de Japón desde 1945. ¿Por qué un país devastado por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki eligió la energía nuclear civil para producir su electricidad? “Los promotores de la energía nuclear en el Japón de la posguerra defendían una ‘nación próspera y soldados fuertes’. Compartían un deseo fanático del poder y trataban de regular la sociedad reuniendo a personas y grupos influyentes de los sectores público y privado en torno a la creencia de que el desarrollo de las infraestructuras podía fortalecer el espíritu nacional a través de la ciencia y la alta tecnología”.

¿Se aplica esta lógica en la era post Fukushima? Cita el ejemplo de la campaña Come para apoyar a Fukushima, en la que propietarios de restaurantes, supermercados y consumidores anuncian su consumo de alimentos producidos en la zona del desastre. “Nacionalistas anunciaron sake y pescado de Fukushima. Empezaron a utilizar restos radiactivos en materiales como el cemento para construir puentes. Es una forma de nacionalizar los residuos”. Por todo ello, en su opinión, la energía nuclear hace inmortal al capitalismo: “La industria nuclear no puede morir. Es un poco como un zombi”. A finales de 2019, estaba previsto que la llama olímpica de los Juegos Olímpicos de Tokio saliera de Fukushima.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

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Mientras medio mundo se enfrentaba a un microorganismo invisible, un incendio en la zona de exclusión alrededor de Chernóbil le recordó al planeta las deudas pendientes con la salud pública. En el escenario apocalíptico tras el accidente nuclear de 1986 también se planteó la disyuntiva entre la seguridad de los ciudadanos y el mantenimiento de la economía. Ganó esta última premisa y el orgullo nacional. Sin claves para saber cómo comportarse ante una realidad sobrevenida que trastoca por completo la cotidianidad, Kate Brown (EEUU, 1965), profesora de Ciencia, Tecnología y Sociedad en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), propone en el ensayo Manual de supervivencia. Chernóbil. Una guía para el futuro (Capitán Swing) algunas ideas. Dice que las sociedades son lentas para reaccionar a las catástrofes que claramente podían verse venir.

¿Qué puede enseñar Chernóbil a los ciudadanos afectados por la crisis del coronavirus?

Las imágenes que llegaban de Wuhan en febrero, de personas poniéndose trajes de protección para salir de sus casas, se parecen a las fotografías del accidente de Chernóbil. Los sanitarios que tratan el covid-19 parecen astronautas, pero no para viajar hacia el espacio sino a las clínicas de sus localidades. Pronto, todos nos veremos así. En ambos casos, la gente se despertó un día y descubrió que el mundo a su alrededor ya no era seguro, que pequeños microorganismos que no podemos ver, tocar, sentir u oler nos pueden hacer daño. De la noche a la mañana, la gente empezó a sentirse alienada de su alrededor. Estos eventos apelan a nuestra nueva y paradójica realidad: las tecnologías que han hecho habitable la tierra para muchos de nosotros también la han convertido en menos habitable para la vida humana. Tras Chernóbil y Fukushima, soldados, agricultores y empleados de las centrales trabajaron para limpiar el desastre. Ahora, cuando encargamos comida o llamamos a los hospitales de nuestra localidad, somos más conscientes y estamos más agradecidos a la gente que hace el trabajo que nos mantiene saludables. Espero que aprendamos las lecciones básicas de la justicia medioambiental, que el desastre sitúa a los pobres y a la clase trabajadora en la primera línea y los deja ahí. Esos trabajos deben ser valorados con un buen salario y todas las ventajas, merecen nuestro respeto y cuidado.

¿Cómo reaccionaron psicológicamente las personas al desastre de Chernóbil? ¿Estamos respondiendo igual?

Sí, lo estamos haciendo. Creo que hay ruptura psicológica similar, la sensación de que el entorno no es seguro nunca más o incluso reconocible, de que no hay un sitio al que huir y sentirte seguro. Esta es también una ocasión para pensar en las corrientes en las que nos movemos. El filósofo Emanuele Coccia considera que no solo hemos hecho inhabitable la tierra, sino la atmósfera, que él describe como el mar de la vida. Como nadadores en este mar, no podemos estar biológicamente aislados. En el aire que nos rodea chapotean los virus, pero también las bacterias, dañinas o beneficiosas, pesticidas de los campos, microbios resistentes a los bactericidas de los lotes de alimentación de los animales, polvo contaminado por partículas radioactivas. El aislamiento es la clave para frenar la pandemia y la necesidad del aislamiento supone también un reconocimiento de nuestra profunda integración con lo que nos rodea. 

Desde un punto de vista médico, ¿qué desconocemos aún de las consecuencias del accidente de Chernóbil? accidente de Chernóbil

Esto es lo que sabemos a partir de los archivos: los documentos desclasificados de la Unión Soviética muestran que a principios del verano después del accidente [que se produjo el 26 de abril de 1986] cientos de personas enfermaron (¡40.000 fueron hospitalizadas solo ese verano por haberse visto expuestas a Chernóbil!). La gente que vivía en zonas afectadas o comió alimentos contaminados sufrió un incremento en la frecuencia de enfermedades cardiacas, digestivas, autoinmunes o endocrinas. Las mujeres tuvieron dificultades para llevar a término sus embarazos, se produjeron más abortos espontáneos y aumentó el número de bebés que morían poco después de nacer, a menudo a causa de malformaciones congénitas. Tanto hombres como mujeres eran menos fértiles. Los niños desarrollaron lo que ahora se llama síndrome del niño enfermo. En zonas fuertemente afectadas, entre el 80% y el 90% de los niños padecía una enfermedad crónica o varias. Cuando revisé los documentos del Ministerio de Agricultura, observé que buena parte de la producción agrícola estaba contaminada por la radioactividad. La gente ingería con su comida isótopos radioactivos. Una vez dentro de los cuerpos, la radioactividad ataca los tejidos, destruye células y provoca que la gente se sienta mal y fallen sus órganos. Los investigadores y funcionarios de la salud pública soviética recogieron estos cambios durante los cinco años posteriores al accidente. Después, la Unión Soviética colapsó. Las agencias de la ONU, lideradas por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), asumieron la gestión en la evaluación del desastre. Revisaron los estudios de los japoneses supervivientes a las bombas atómicas y dijeron que, comparativamente, las dosis de Chernóbil eran bajas, así que no había efectos perceptibles en la salud. Sobre las tasas crecientes de enfermedades aseguraron que se debían a la ansiedad, las dietas pobres o el abuso de alcohol. Así que, como consecuencia, no se llevó a cabo ningún estudio a gran escala sobre los efectos del accidente en la salud. Muchos científicos pidieron esa investigación. El hecho de que unos pocos administradores internacionales clave trabajaran para bloquear la financiación para ese estudio es el principal impedimento de nuestro conocimiento médico sobre las consecuencias del desastre.

¿Es difícil demostrar que ciertas enfermedades que afectaron y siguen afectando a la población cercana a Chernóbil están provocadas por la radiación?

Sí, los recientes estudios demuestran un alarmante incremento en los casos de malformaciones congénitas (se multiplicaron por seis), la esperanza de vida disminuyó en 15 años y sigue aumentando el número de cánceres. Estos estudios muestran también un elevado nivel de cesio radioactivo en el cuerpo de las personas. Sin embargo, las investigaciones están todas elaboradas a pequeña escala y por eso tienen poca importancia estadística. 

El epidemiólogo Alexander Klementiev le comenta que no confía en los datos médicos de Chernóbil porque estaban imbricados por el sistema político. ¿Tiene la misma sensación sobre la actual crisis provocada por el covid-19?

Es muy difícil conseguir estadísticas médicas precisas en tiempo real. Muchos hechos se pierden o mucha gente es ignorada o pasada por alto. Estamos descubriendo que en Estados Unidos muchas más personas han muerto a causa del virus de las que figuran en los recuentos oficiales de marzo y abril. La perspectiva histórica nos da una imagen más amplia, pero casi nunca será totalmente precisa. Los investigadores todavía no están seguros del número de personas que murió a causa de la llamada gripe española de 1918. 

¿Qué pueden hacer los científicos cuando un sistema o un político rechaza o niega sus teorías?

Es una pregunta difícil con la que lidiamos en Estados Unidos actualmente. Funcionarios clave en la Administración Trump niegan que el cambio climático sea un problema. La ciencia es clara en este asunto, pero da igual que los científicos lleguen con más pruebas. Los investigadores en este país han tenido que ser más políticos y francos en sus advertencias sobre la crisis ecológica. Mi esperanza es que Trump siga el camino de los líderes soviéticos que perdieron toda su credibilidad y tuvieron que dejar el cargo. 

¿La pandemia ha reabierto el debate sobre la necesidad de un sistema de salud público en Estados Unidos?

Estamos viendo cómo un sistema en el que la sanidad está unida al trabajo de las personas pone en peligro a la mayoría cuando la economía se quiebra, con el consiguiente desempleo masivo (ahora se sitúa en un 14%, el porcentaje más alto desde la Gran Depresión de la década de 1930). También estamos comprobando que la gente con empleos precarios sin cobertura sanitaria ni baja por enfermedad propaga el virus porque no tiene otra opción más que la de acudir a su puesto de trabajo. La industria cárnica estadounidense está construida en torno a este sistema de trabajo precario en el que la gente es tratada como los animales a los que sacrifican.

¿Chernóbil es todavía una amenaza?

Cada verano de los últimos cinco años, y a causa del clima más seco y cálido en Ucrania, los incendios forestales han arrasado los territorios de Chernóbil. Esta primavera los incendios han llegado antes y han sido peores. El fuego volatiliza isótopos radioactivos almacenados en la hojarasca y la madera que se convierten en humo y cenizas. El humo se extiende de manera amplia hasta llegar a zonas cultivadas de otros lugares. No podemos marcharnos de zonas que hemos contaminado y decir: “Mira, la naturaleza está prosperando, se repara a sí misma”. Los ecosistemas dañados requieren cuidado y reparación por parte de los seres humanos o las toxinas se extenderán. Ahora mismo, Polonia, Bielorrusia y Ucrania están planeando dragar una gran ruta para barcos desde el Báltico al Mar Negro. El canal va a travesar la zona de Chernóbil, a tan solo unos pocos kilómetros de la planta nuclear. El dragado agitará las toxinas radioactivas enterradas, provocando que fluyan hacia el Mar Negro y más allá. El canal también destruirá las marismas de Prípiat, uno de los territorios más diversos ambientalmente de Europa. Con el coronavirus estamos viendo como la invasión de los seres humanos de espacios salvajes liberan patógenos que pueden infectarnos. Por muchas razones, este canal supone una idea terrible. 

¿Cómo afectó a la víctimas de Chernóbil el colapso de la Unión Soviética?  

En 1990 los líderes de Bielorrusia y Ucrania pidieron a la ONU 374 millones de dólares para trasladar a más de 200.000 personas de las áreas contaminadas y empezar un estudio sanitario a largo plazo sobre las consecuencias médicas de la catástrofe. En agosto de 1991 la Unión Soviética colapsa y, un mes más tarde, la petición a la ONU para recaudar dinero para reasentamientos quedó frustrada, en buena medida porque el estudio médico liderado por el OIEA señalaba que los supervivientes a Chernóbil no padecían problemas médicos provocados por la radioactividad de la planta. A medida que la Unión Soviética se desmoronaba, las ayudas para alimentos no contaminados o los fondos para monitorización médica se secaron. La gente tuvo que arreglárselas por su cuenta. 

Dice en el libro que las poblaciones más pobres comen la basura tóxica del mundo industrializado. ¿Quién se está alimentando con basura radioactiva de Chernóbil? 

La gente demasiado pobre para abandonar las zonas contaminadas de Chernóbil consume la mayoría de basura radioactiva, pero los efectos colaterales fueron globales y así también ha sido la diseminación de los productos contaminados. De manera breve, todos consumimos desechos radioactivos, bien sean de Chernóbil o de la época de ensayos nucleares (cuando se liberaron más billones de curios que en Chernóbil) y también de la época de accidentes como el de Palomares en 1966. En mi libro señalo que el inicio del capítulo nuclear en la historia de la humanidad también se corresponde con el inquietante aumento en el hemisferio norte de cánceres, problemas de fertilidad, trastornos autoinmunes o enfermedades congénitas. Hay una correlación. Creo que deberíamos tener más interés sobre si existe causalidad entre estos dos tendencias.  

¿Qué errores de los cometidos en Chernóbil se repitieron posteriormente en Fukushima?Fukushima

Cuando el tsunami colisionó con la planta nuclear de Fukushima-Daiichi en 2011, los empresarios japoneses y los líderes políticos respondieron de una manera siniestramente similar a los líderes soviéticos. Restaron importancia a la magnitud del desastre y tardaron meses en admitir que los tres reactores habían fusionado. Enviaron a bomberos desprotegidos a un terreno con alta radioactividad y, de manera intencionada, retuvieron información sobre los niveles de radioactividad y directivas sanitarias. No dieron yodo a los niños e incluso elevaron el baremo admisible de exposición radioactiva en los colegios de uno a 20 mSv al año, que es el límite para trabajadores adultos en plantas nucleares. Durante los meses siguientes, los funcionarios de salud pública fueron reacios a monitorizar la comida y desoían las preocupaciones de los padres por la salud de sus hijos. Decían, como otros muchos críticos con las investigaciones soviéticas, que el incremento registrado de bultos en la tiroides en pediatría y los cánceres eran un efecto de las revisiones (es decir, si buscas tumores, los encontrarás). Japón depende mucho de la energía nuclear. Como en la Unión Soviética, los líderes nipones priorizaron el orgullo nacional y la economía sobre la salud y la seguridad de la población. Esto indica que a la hora de modificar nuestro sistema energético debido al cambio climático, tenemos que escoger tecnologías que sean lo más seguras posible.

Se acerca a la catástrofe de Chernóbil desde un punto de vista medioambiental, ¿considera que la crisis del covid-19 puede ser asimismo analizada desde esta perspectiva?

La pandemia es una tragedia global, pero no es la primera vez que tenemos una nueva enfermedad infecciosa. En los últimos 70 años, han aparecido cientos de nuevas enfermedades infecciosas. Dos tercios de ellas proceden, al igual que el covid-19, de animales. La mitad de esas afecciones zoonóticas provienen de granjas de animales atestadas y la otra mitad de animales salvajes cuyos territorios han sido ocupados por asentamientos humanos. El mejor indicador sobre donde van a brotar nuevas enfermedades es la densidad de población. La mal llamada gripe española de 1918 probablemente surgió en granjas de Kansas en las que la gente, los animales y los pájaros convivían en zonas muy próximas. Hay un estudio que apunta que entre 1940 y 2004 las enfermedades infecciosas se materializaban con mayor frecuencia en zonas de alta densidad, como el noreste de Estados Unidos, Europa occidental, Japón y el sureste de Australia. En las décadas recientes, a la vez que la mayoría de trabajo manufacturero se trasladó a Asia, la gente y los animales empezaron a vivir de manera más cercana. Para responder de todo a lo que ha pasado, necesitamos reflexionar sobre las redes ecológicas a lo largo de todo el mundo que nos atan unos a otros. 

¿La naturaleza es capaz de enmendar las catástrofes provocadas por los humanos?

La naturaleza tiene una habilidad increíble para regenerarse después del daño. Incluso aunque los seres humanos conviertan este planeta en un lugar inhóspito, otros organismos sobrevivirán (por ejemplo, las bacterias se reproducen y mutan cada 20 minutos a la par que se van adaptando al entorno). Más que dominar o conquistar la naturaleza (estas son las metáforas que se han usado durante mucho tiempo), deberíamos aprender a usar las plantas, los microbios e incluso los virus como aliados en nuestro bienestar. Después de todo, el 6% del ADN humano es de origen vírico.

¿Qué cree que nos ha enseñado ya la pandemia del covid-19?

Nos ha enseñado que podemos hacer cambios rápidos y dramáticos en nuestra economía y sociedad cuando hay una amenaza global. Hemos estado paralizados antes de otra gran crisis global, el cambio climático. El planeta en un ciclo desbocado de calentamiento será (y ya lo es) mucho más difícil de parar que el virus. Hemos aprendido de la pandemia que tenemos que asumir acciones drásticas antes de que el daño se multiplique exponencialmente.

* Esta entrevista está publicada en el número de junio de tintaLibre, a la venta en quioscos. Puedes acceder a todos los contenidos de la revista haciendo clic aquí o suscribirte aquí.aquí

El voto particular de quien hasta ahora era el ponente en el procedimiento en el que se dirime en la Audiencia Nacional el futuro inmediato de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), señala que la "obligación" de "descontaminar" las 40 hectáreas de terrenos con plutonio "corresponde" a España y remarca que, "como país soberano", no puede "justificar su inacción" en la "falta de cooperación" de EEUU.

"La idea indebida de que el proyecto de rehabilitación de la zona está indisolublemente ligado a la colaboración de EEUU ha de ser negada de manera tajante", traslada el magistrado Helmuth Moya, máxime, según añade, cuando "se ha considerado que el mantenimiento de la situación puede afectar a la salud pública".

El voto particular emitido por quien ostentaba la ponencia en el procedimiento impulsado por Ecologistas en Acción y que ahora ha recaído en el magistrado José Guerrero, "comparte desde luego" la decisión de la mayoría de pedir al Consejo de Ministros que se levante el secreto sobre el Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado en 2010.

No obstante, discrepa de que el tribunal "limite el alcance" de la medida y lamenta que la petición no vaya "acompañada de los argumentos" por los que sería "ilegal" una eventual negativa del Gobierno a la "desclasificación".

Recuerda el magistrado que, a lo largo del pleito en el quye se "trata de decidir sobre los plazos para la ejecución" del plan de limpieza, la Abogacía del Estado ha justificado que todo lo relativo a Palomares es "materia clasificada" porque su publicidad podría "dañar o poner en riesgo los intereses políticos, sociales, económicos y comerciales de España y, particularmente, las relaciones diplomáticas con Estados Unidos".

"En una sociedad democrática cuando están en juego valores de primordial importancia como la salud pública y la protección del medio ambiente, no puede servir esto de pretexto para seguir negando información a la ciudadanía sobre los verdaderos efectos del accidente nuclear de Palomares", subraya para añadir que "los intereses mencionados con tal laxitud" por la Abogacía del Estado "no pueden incluirse dentro de los conceptos jurídicos indeterminados de Seguridad y Defensa Nacional".

El magistrado Helmuth Moya advierte, asimismo, de que el auto acordado por la mayoría del tribunal "permite" en su parte dispositiva "mantener la confidencialidad de la documentación" sobre Palomares "en su conjunto" ya que pide la desclasificación sugiriendo que se remita con "con las indicaciones que sean procedentes en relación a la confidencialidad de su contenido".

"Como señalan sentencias del Tribunal Supremo, con independencia de que la materia haya sido clasificada, el tribunal que conoce del asunto debe hacer lo necesario para garantizar una tutela judicial efectiva a las partes que puedan verse perjudicadas por la restricción al acceso de información", concluye.

En su voto particular, en el indica que a lo largo del procedimiento como ponente ha procurado "admitir la incorporación de toda aquella información que directa o indirectamente permitiera conocer la realidad de lo que acontece en el área contaminada de Palomares", alude a un extremo sobre el que no se pronuncia el auto pero que también está a debate en el pleito; el traslado a la zona y almacenamiento en contenedores de casi 6.000 kilos de material radioactivo entre 2011 y 2016.

El magistrado, ante la "previsible la negativa" del Consejo de Ministros a desclasificar ya que el asunto "ha permanecido clasificado como reservado tanto durante el régimen dictatorial como durante más de cuarenta años de democracia", detalla unas pruebas complementarias que en su ponencia consideraba que era necesario practicar para poder dictar sentencia.

Así, entre otras, propone pedir un informe al Consejo de Seguridad Nuclear sobre las instalaciones de almacenamiento definitivo de materiales radiactivos de alta intensidad existentes en el mundo y la "viabilidad" de un proyecto de gestión de residuos radiactivos que contemple "el traslado de las tierras contaminadas de Palomares a esas instalaciones".

Según expone, el informe debería referirse también a la "viabilidad" de un almacenamiento provisional, bien en las instalaciones de El Cabril (Córdoba) "diseñadas en principio para el almacenamiento de residuos radiactivos de baja y media intensidad" o bien en "una de las zonas de uso restringido de Palomares, previa su descontaminación".

Por último, asegura que "interesaría" preguntar si la acumulación del material radioactivo traslado en los últimos años a Palomares "en contenedores de la zona 2 y en una edificación en la zona 3", tiene "una mayor incidencia en las dosis anuales de radiación ionizante recibidas por quien transite habitualmente en las cercanías del lugar donde se hallan depositados los materiales radiactivos".

Greenpeace ha denunciado este jueves que ampliar la actividad de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta 2027, habiendo superado los 40 años de antigüedad, supone más riesgos que beneficios económicos y en el empleo de la región.

La creación de empleo asociada a las laborales de desmantelamiento ascendería a unos 100.000 puestos de trabajo y, solo en Extremadura, entre 22.600 y 24.400, según el único estudio publicado sobre el efecto en la economía y el empleo del cierre progresivo de las centrales nucleares en España, realizado por Abay Analistas Económicos y Sociales para Greenpeace. La ONG ha solicitado una reunión con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para trasladarle estos datos. 

Las empresas propietarias de la central, Iberdrola y Endesa, han acordado cerrar la planta cacereña en 2027 con inversiones no superiores a 400 millones de euros y ampliables un 50 por ciento, lo que está en la línea del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que prevé su cierre entre los años 2025 y 2030.

Entre 2020 y 2023 la unidad I y la unidad II de Almaraz superarán los 40 años de actividad productora de electricidad. La I llegará a 40 años el 10 de marzo de 2020 y la unidad Ii el 15 de junio de 2023. La ONG señala que conceptos como vida comercial, económica o contable no tienen nada que ver con vida de diseño del reactor que es el que considera que debe ser el que se valore en términos de seguridad nuclear.

Por la antigüedad de más de 40 años del reactor y el balance del empleo, la ONG ve "ventajas" en cerrar la central extremeña. De los miles de empleos que generaría el cierre de la central, el 42 por ciento del empleo neto generado por el proceso de desmantelamiento, la gestión de sus residuos y la sustitución de energía nuclear por otras fuentes es empleo de alta cualificación (universitario y/o con estudios de postgrado).

Finalmente, sus cálculos incluyen también la sustitución de la capacidad de generación de la nuclear por renovables ya que considera que las inversiones requeridas para sustituir la producción nuclear de Almaraz por renovables generarían 94.000 empleos.

Un grupo de científicos ha informado este miércoles de que se han detectado materiales radiactivos provenientes del desastre de la central nuclear japonesa de Fukushima en aguas del estrecho de Bering, cerca de Alaska (Estados Unidos).

Los análisis de las aguas frente a la isla de St. Lawrence revelan un alto nivel del isótopo radiactivo cesio-137, que está relacionado con la central de Fukushima, que sufrió un accidente nuclear a raíz del terremoto y tsunami registrados en 2011 en la zona.

No obstante, el asesor marino Gay Sheffield ha asegurado que el nivel detectado no supone un peligro para la salud de aquellas personas que viven en la zona y que subsisten gracias los alimentos obtenidos del mar. El accidente nuclear de Fukushima no provocó víctimas mortales de forma directa, aunque sí afectó a la vida de decenas de miles de personas que se vieron obligadas a abandonar sus casas y pasaron a vivir en situación precaria en Japón. Además, la radiactividad dejó un rastro de contaminación que ha ido remitiendo con el paso del tiempo. El número de evacuados por causa del terremoto y el tsunami superó los 420.000 en 2011, el año del accidente. A principios de 2015 esta cifra se ha reducido a menos de 240.000.

No es sólo que los materiales radiactivos no salen, sino que llegan más. Y además con total discreción. El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) transportó en 2016 a Palomares, epicentro del accidente nuclear de 1966, aún pendiente de descontaminación, casi una tonelada y media de residuos radiactivos. La población local no se enteró. N el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, en cuyo término municipal se encuentra la pedanía de Palomares, donde ya hay al menos 30.000 metros cúbicos de tierra contaminada por plutonio. Tampoco la Subdelegación del Gobierno en Almería. Ni la Junta de Andalucía.

Un año antes, en 2015, el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo (PP), había anunciado un acuerdo con su homólogo estadounidense, el demócrata John Kerry, para la limpieza de Palomares. Margallo dijo que tenía"garantías" de que Estados Unidos iba a "reparar un error histórico cometido hace 50 años", en referencia al más grave accidente nuclear de la historia de España, ocurrido en 1966. Aquel compromiso de Margallo no sólo ha quedado en nada. Es que desde entonces ha regresado a Palomares con total opacidad material radiactivo tomado para su estudio.

El total de residuos regresados a Palomares suma 1.446 kilogramos. Casi una tonelada y media. Llegó a Palomares en dos envíos: en mayo de 2016, 796 kilos en 76 cajas; en noviembre del mismo año, 670 kilos en 77 cajas. La información sólo se ha hecho pública porque la desveló La Voz de Almería el 23 de octubre.

Ni el subdelegado del Gobierno, entonces Andrés García Lorca (PP), ni el alcalde de Cuevas, Antonio Fernández (PSOE), recibieron información al respecto. Los residuos fueron depositados en unos contenedores protegidos por unas vallas bajo responsabilidad del Ciemat, dependiente del Ministerio de Ciencia. Provienen de sondeos y muestras de suelo, sedimentos y cenizas, entre otros materiales. Fueron trasladados desde Madrid, donde habían estado almacenados en bidones del Ciemat, por un empresa de transportes autorizada para el traslado de material radiactivo.El Ciemat asegura que no había obligación legal de informar de dicho traslado.

La Audiencia Nacional, que investiga los residuos de Palomares a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción, ha solicitado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que aclare este traslado de residuos, que deberán permanecer en Palomares hasta la limpieza del entorno. Dicha limpieza no tiene ni plazos, ni plan, ni tratado que le dé cobertura, ni asignación económica. Se trata de traslado de nuevo material sine die.

Mutismo institucional

Tras la publicación de la información por parte de La Voz de Almería, el alcalde de Cuevas viajó a Madrid y fue recibido en el Ciemat, donde se le informó de que "de acuerdo con las características del material, este tipo de transportes no requieren comunicación previa". Es decir, que no había por qué informarle de que iban a depositar en su pueblo más de una tonelada de material de radiactivo, cuando en teoría el Gobierno está trabajando para que Estados Unidos se lleve de Palomares la tierra contaminada. El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora se conformó con la explicación. Consultado por infoLibre, el consistorio se remite una comunicación emitida por el Ciemat defendiendo su actuación. El Ciemat alega en dicha comunicación que los materiales deben permanecer en Palomares para facilitar su inspección y estudio.

No siempre el Gobierno local fue tan dócil. Con el PP en el Ejecutivo central, el alcalde se mostraba más exigente. En 2017 lamentaba que la descontaminación estuviese en "stand by". Este mismo año, en marzo, meses antes de la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la Moncloa, reclamó a Exteriores que "fijara un plazo" para la limpieza. Ahora sabe que no solamente no hay plazo, sino que además en 2016, también con el PP en el Gobierno, llegaron nuevos residuos.

A pesar del cambio de color político, no sale un solo reproche del Gobierno hacia la actuación del Ciemat con el PP. Este periódico ha contactado con todas las administraciones potencialmente interesadas. El Ministerio de Ciencia, del que depende el Ciemat, remite a dicho organismo o al Consejo de Seguridad Nuclear. Lo mismo hace el Ministerio de Medio Ambiente. La Junta de Andalucía es la única administración que no oculta su malestar. La Consejería de Medio Ambiente ha solicitado información al CSN. "Aunque no lo gestione la Junta al ser de competencia estatal, hemos pedido al Consejo de Seguridad Nuclear que nos informe sobre de qué es lo que está ahí exactamente", señaló este lunes el consejo José Fiscal.

El CSN, un organismo público teóricamente independiente que responde ante el Congreso y el Senado, no responde a las preguntas de este periódico, entre ellas si el Ciemat debió informarle del traslado de una tonelada y media de residuos a Palomares. El Ciemat afirma: "Para este tipo de materiales no aplica el régimen de aprobaciones y notificaciones sobre el bulto, la expedición y la notificación previa de la expedición". El material fue catalogado con la etiqueta de Naciones Unidas UN2910, correspondiente a "material radiactivo, bultos exceptuados, cantidades limitadas de materiales".

No responde el grupo parlamentario socialista, que fue preguntado sobre si mantiene su exigencia al Gobierno, expresada en febrero de este año, de que "ponga fecha" al traslado de los residuos.

Una deuda histórica

En realidad ni el PSOE ni el PP han sido capaces de empujar a Estados Unidos a retirar el material contaminado, pese a ser su responsabilidad. Una responsabilidad histórica. Un bombardero B-52 y un avión nodriza KC-135 de Estados Unidos colisionaron el 17 de enero de 1966 durante una operación rutinaria sobre Palomares. Cayeron cuatro bombas nucleares que transportaba el B-52. Dos de las bombas fueron recuperadas intactas. Pero no las otras dos. Una cayó en un valle a 1,7 kilómetros al oeste del núcleo urbano. Su paracaídas no funcionó, por lo que se produjo una detonación que ocasionó un cráter de 6,6 metros de diámetro y 2 metros de profundidad. La otra cayó en una cañada en el límite este de Palomares, "en un lugar próximo a algunas viviendas", según el CSN. Su paracaídas se había desplegado pero resultó dañado, por lo que detonó parcialmente el explosivo químico, produciéndose un cráter de 6 metros de diámetro y un metro de profundidad. No hubo heridos entre los habitantes de Palomares, donde sí quedó para siempre el estigma del plutonio. Nunca ha habido compensación.

El informe del CSN Palomares 1966-2013. En el camino de la normalización radiológica describe así la situación resultante: "Al impactar dos de las bombas con el suelo, se produjo la deflagración de parte de su explosivo químico yse diseminó una buena parte de los 9 kilogramos de combustible nuclear fisionable [que puede sufrir fisión, es decir, división o rotura], en forma de óxidos de plutonio (Pu), uranio (U) y americio (Am)". Militares estadounidenses identificaron la zona afectada por la contaminación radiactiva, la llamada línea cero, que comprendía unas 220 hectáreas. Más de 700 personas, en su mayoría militares de Estados Unidos auxiliados por militares españoles y guardias civiles, trabajaron en las tareas de reparación. Las operaciones, que costaron al Ejército de Estados Unidos 80 millones de dólares de la época, supusieron la retirada de 1.400 toneladas de tierra y vegetales, trasladados al centro de reprocesamiento de materiales nucleares Savannah River Facility, en Aiken (Carolina del Sur).

The New York Times publicó publicó en 2016 que de cuarenta veteranos del ejército de Estados Unidos que habían trabajado en la zona tras el accidente y que el periódico localizó, 21 tuvieron cáncer.

Papel mojado

A pesar de los empeños de España, nunca se ha acometido la descontaminación completa y el traslado de los restos a Estados Unidos. Ambos países han firmado diversos acuerdos de colaboración, desde el Pacto Otero-Hall de 1966 a los firmados en 1997, 2005 y 2007. Un plan de rehabilitación de 2010 prevé instalar unas plantas de tratamiento de suelos para minimizar el volumen de terrenos a transferir a Estados Unidos para su almacenamiento definitivo. El plan establece los pasos a dar en relación a la zona contaminada: extracción de tierras, desbrozado de vegetación a ras de suelo, retirada de tierra afectadas de difícil accesos, restauración ambiental mediante relleno, comprobación radiológica y control final. El Ciemat puso cifras a la contaminación en 2010: 30.000 metros cúbicos de tierra en 40 hectáreas. Hay medio kilo de plutonio.

El plan del Ciemat no es más que un documento de carácter preliminar, según una respuesta de la Abogacía del Estado a una demanda presentada por Ecologistas en Acción ante la Audiencia Nacional para forzar la limpieza de la zona. De hecho, no hay planificación económica para la limpieza, detalles sobre los puntos de partida y llegada durante el hipotético traslado y programa para la gestión de los residuos. Transcurridos más de 52 años desde el accidente, España carece de un estudio epidemológico de Palomares.

Lo único que hay es un protocolo de intenciones firmado en 2015 por Kerry y Margallo, que entonces dio por encarrilada la solución. Pero el propio Ministerio de Exteriores responde hoy que la firma por parte de la Administración demócrata de un "protocolo de intenciones" sobre "parámetros y objetivos" no vincula jurídicamente a posteriores gobiernos de Estados Unidos.

La Administración Trump, señala Exteriores, "no ha dado muestras de tener intención de iniciar negociaciones jurídicamente vinculantes". Es papel mojado. El ministerio que ahora dirige Josep Borell insiste, no obstante, en que la "solución definitiva" al problema pasa por "trasladar los residuos fuera de España".

Un "almacén clandestino"

El abogado de Ecologistas en Acción José Ignacio Domínguez afirma que el Estado "ha perdido toda la credibilidad"para hablar del traslado de los restos. "No se lo cree ya nadie", señala, reafirmado por el traslado de una tonelada y media en 2016, 50 años después del accidente. Domínguez cree que la movilización popular podría llevar a cambiar de estrategia al Gobierno, pero lamenta el "síndrome de Estocolmo" del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora. "Se ponen del lado de los que les están engañando y ocultando información. Es alucinante que un alcalde acepte que no tiene que ser informado de que le han metido dos contenedores en residuos en su pueblo, con una alambradilla junto a una zona cultivable. Lo único que les preocupa es salir en la prensa porque creen que se ven perjudicados los productos agrícolas y el turismo. Punto", afirma Domínguez, para quien en la práctica Palomares se ha convertido en"un almacén nuclear clandestino y no reconocido".

Ecologistas en Acción siempre ha considerado que la limpieza fue "cosmética", como le trasladó el pasado año en un escrito al Consejo de Seguridad Nuclear, al que instaba a actaur. Ante el fracaso de esta solicitud, Ecologistas presentó en octubre del pasado año una demanda ante la Audiencia Nacional para que obligue al CSN "a limpiar 50.000 metros cúbicos y a que los almacene temporalmente a la espera de encontrarles un almacén definitivo que no tiene por qué estar en Estados Unidos", en vista de la poca voluntad de colaboración de la Administración Trump.

Las autoridades españolas afirman que el peligro para la salud humana es bajo. "El riesgo que se podría dar en Palomares", señala en un informe el CSN, "es que las partículas contaminantes que están de un modo estable adheridas a los suelos puedan ser ingeridas o inhaladas por su transferencia a alimentos o al aire". Ambas vías se controlan en la actualidad de acuerdo a los criterios de restricción de uso de los terrenos con la delimitación y control de accesos a las zonas afectadas. Por lo tanto, señala el Ciemat, "puede asegurarse que la exposición de la población de Palomares es muy baja". Ecologistas en Acción denuncia en cambio que sí hay riesgos y que se oculta información mediante la declaración de documentación como secreto oficial.

La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso ha reclamado este miércoles por unanimidad al Gobierno un plan de desmantelamiento de las centrales nucleares, así como las modificaciones legislativas necesarias para establecer un sistema de financiación para estos proyectos. Además, le exige soluciones urgentes para el proyecto paralizado del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca).

Estas medidas se incluyen en un dictamen acordado con anterioridad por la mayoría de las fuerzas políticas en la Cámara en la ponencia creada para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Este informe se divide en varios puntos, entre los que destaca el destinado al desmantelamiento de las centrales. El Congreso exige al Ejecutivo que los cierres se hagan con garantías de seguridad, tanto para las personas, como para el medio ambiente y le propone la creación de un plan de desarrollo de las comarcas cercanas a las plantas, para paliar la pérdida económica que suponen los cierres.

En el texto, se habla concretamente de la planta de Santa María de Garoña (Burgos), cuyo desmantelamiento ya ha sido comunicado. Pero, además, la comisión ha instado al CSN a hacer informes de seguimiento de las implicaciones de la parada en la central de Vandellós II (Tarragona), tras detectarse un aumento de caudal del agua recogida en los sumideros del edificio de contención, debido a la rotura de una válvula.

Sobre este tema, se ha referido el portavoz de Unidos Podemos en esta comisión, el diputado de Equo Juantxo López de Uralde, quien ha mostrado su preocupación por el "envejecimiento" de un parque nuclear que, a su juicio, registra "cada vez un mayor número de incidentes". En este sentido, ha denunciado la "falta de voluntad del CSN para afrontar esta situación", sobre todo en materia de transparencia y comunicación.

Soluciones contra ataques terroristas y ciberataques

"Con estas propuestas de resolución pretendemos poner orden y que el cierre se haga ordenado y de forma progresiva para que se sustituyan por otras fuentes de energía sin que esto tenga consecuencias en precio de la energía o en las emisiones", ha declarado durante su intervención en el debate.

El coportavoz de Equo, ha mostrado también su preocupación por el proyecto del ATC y la falta de resolución en esta materia. De hecho, el dictamen aprobado tiene un apartado específico sobre esta iniciativa. En concreto, reclama "una solución organizada" entre Gobierno y CSN para su gestión, con un análisis de la instalación que se lleve a cabo "en el plazo más breve posible", y con el objetivo de clarificar, antes de tres meses, la situación relativa al proyecto y su calendario de ejecución.

También a este tema se ha referido la portavoz de Ciudadanos en esta comisión, Melisa Rodríguez, quien ha recordado el dato del que alertaron expertos participantes en la ponencia: que las piscinas de residuos están a más del 90% de su capacidad. A su juicio, hay que tener especial atención a los sobrecostes que esto supone y a la necesidad de una planificación, empezando por la reanudación del proyecto del ATC.

En cuanto a la seguridad, las propuestas del Congreso se centran en la necesidad de potenciar la regulación, una medida que dejan al Gobierno. Según apuntan, hay que actualizar los protocolos de emergencia y contemplar los planes de prevención y actuación ante ataques terroristas. Además, piden mecanismos de transparencia y difusión hacia la ciudadanía que convive con las instalaciones y a que se transponga, durante 2018, la directiva europea sobre esta materia.

Especial es la mención que se hace a la ciberseguridad en las plantas. Los miembros de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, se han mostrado preocupados por la vulnerabilidad de las centrales respecto a ciberataques y riesgos externos. Por ello, han pedido al CSN que remita, antes de abril de 2019, un informe sobre esta materia al Parlamento.

Cambios en el CSN: piden no prorrogar el mandato de su presidente

Por otra parte, el dictamen recoge algunas de las propuestas del Congreso para cambiar algunas prácticas internas del CSN, comenzando por la elección de sus miembros.miembros El informe propone que los directores técnicos sean elegidos de modo colegiado "con las garantías de independencia exigibles a un consejero, valorando su capacidad de liderazgo y exigiendo elevadas y reconocidas aptitudes técnicas".

El texto, recogido por Europa Press, también exige que no se prorrogue "en ningún caso" el mandato del "actual y reprobado presidente del CSN" que expira el 28 de diciembre de este año.

También Rodríguez, ha mostrado su "preocupación" en este aspecto, y, en concreto, por "los problemas de gestión de personal del CSN", así como la falta de independencia del Consejo. "Seguimos reclamando que el nombramiento de los miembros se haga de otra manera y no a dedo por algunos partidos políticos", ha denunciado.

Finalmente, el dictamen recoge también una petición de paralización del proyecto de construcción de la mina de uranio en Retortillo (Salamanca); se pide confirmación de la reducción de radioactividad en la pedanía de Palomares (Almería); y explicaciones sobre el traslado de dióxido de uranio radiactivo de larga duración al almacén de residuos de baja y media actividad de El Cabril (Córdoba), entre otras medidas.

Un CNS que no cumple 

Durante el debate de las medidas, la mayoría de los grupos han coincidido en criticar la falta de compromiso del CSN ya que, según han apuntado varios de los portavoces, muchas de las propuestas de resolución incluidas en el dictamen son iguales a las recogidas años anteriores y que no se llegaron a cumplir.

Entre ellos, el portavoz de Energía de ERC, Jordi Salvador, quien ha reconocido que algunas propuestas se repiten con respecto al informe anterior, el de 2015. Además, ha mostrado su "decepción" con el presidente del Consejo, por sus compromisos que después, a su juicio, no ha cumplido. De forma similar se ha expresado la representante de PNV, Idoia Sagastizabal, para quien esta falta de rigor "pone en cuestión" al organismo; y el portavoz de Energía de PDeCAT, Ferran Bel, quien "habría que distribuir responsabilidades" por esta actitud, tanto hacia el CSN como hacia el Gobierno.

Precisamente, como nuevo partido que sustenta el Gobierno, el PSOE ha señalado que su intención es que la actualización del plan de residuos se produzca en los próximos meses, así como aquellas cuestiones que se puedan resolver y aún no se han hecho. La portavoz socialista en esta materia, Pilar Lucio, ha reconocido su preocupación por las centrales que presentan más incidencias y por el hecho de que el Consejo "no siempre haya atendido" a las informaciones que se le han pedido sobre este tema.

Por parte del PP, su portavoz en este debate, José Alberto Herrero Bono, ha defendido que su formación "jamás" va a poner en cuestión la objetividad del Consejo, debido a la "enorme responsabilidad" y "sensibilidad social" que supone la seguridad nuclear. Por eso, ha querido separar la ponencia de "cuestiones ideológicas" y ha recriminado que algunas propuestas de resolución se inmiscuyan en el funcionamiento y las decisiones del CSN.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), institución pública que vela por la seguridad radiológica y de las instalaciones que usan este tipo de energía, es bien claro en sus principios. Reza que es "el único organismo competente en España" en esta materia y que su misión es "proteger a los trabajadores, la población y el medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes". No hace falta profundizar en la explicación para entender lo importante de su función. Y no solo porque el CSN nos proteja de un fatal accidente en una central nuclear, sino porque la radiación está presente, de manera no tan visible, en una explotación de uranio, en un cementerio de residuos o incluso en su casa, en forma del peligroso gas radón.

En estos últimos años se ha hecho más evidente la necesidad de una transición energética ambiciosa, justa y planificada, que descarbonice el sector y apuntale el crecimiento sostenible. En ese escenario, las nucleares tienen mucho que decir: sucias, por los residuos que generan, más caras de lo que parecen, pero prácticamente nulas en emisiones de gases de efecto invernadero y garantes de la seguridad del suministro. Los ecologistas, como es bien sabido, son firmes detractores, al contrario del Gobierno y, en concreto, del Ministerio de Energía. Y en este debate, el CSN tiene mucho que decir, al ser el encargado de dar su visto bueno a las nuevas instalaciones y de dilucidar el impacto ambiental y sanitario de las infraestructuras nucleares. Pero las sospechas sobre su papel y las quejas de politización y opacidad son cada vez más frecuentes.

La  Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (Astecsn) está formada por funcionarios del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que nace en 2015 para cubrir un hueco en la reivindicación de los trabajadores del organismo. Hasta entonces, la representación sindical estaba copada por los sindicatos tradicionales, CCOO, UGT y CSI-F, que se centraban sobre todo en cuestiones laborales (horarios, condiciones), alejadas de los temas de fondo del regulador nuclear. Lo explica su presidenta, Nieves Sánchez, técnica del CSN. Y desde que se fundaron, no han dejado de dar guerra, a pesar de que no son mayoritarios.

La última batalla es la concerniente a un proyecto de Real Decreto que aprueba un reglamento con un nombre muy largo: sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes. Como la mayoría de los que se aprueban de este tema, se trata de la transposición de una directiva europea al respecto. Y, una vez esté en vigor, regulará todas las situaciones y todas las categorías de exposición a elementos radioactivos peligrosos de trabajadores o de ciudadanos. El periodo de consulta pública se cerró a finales de abril y el Astecsn dirigió sus propuestas al Ministerio de Energía directamente. Para ellos, explica Sánchez, lo ideal hubiera sido mantener un debate abierto y participativo en el seno del CSN y que la propuesta del regulador representara a los técnicos. "Pero el consejo no nos da opción a eso. Ese es el problema", afirma Sánchez.

El conflicto, que parece puntual, es sistemático. Hay una división entre los miembros del pleno del CSN y al menos una parte de los técnicos, que son los que dominan el lenguaje, las fórmulas, los procedimientos y, en definitiva, la materia. No se les tiene en cuenta en las decisiones y lo que formula la institución no tiene respaldo entre muchos de los de abajo, según el testimonio del Astecsn. Según la normativa, el Gobierno propone a los consejeros y el Congreso, a través de la comisión del ramo correspondiente, se puede negar a un nombramiento con una mayoría de tres quintos, pero los opositores tienen que proponer un candidato alternativo que suscite esos mismos tres quintos de apoyos. Actualmente, tres de los cinco miembros del pleno han sido propuestos y tienen el apoyo del PP. "El regulador español no tiene gente adecuada, sino incompetente. Y la estructura no les deja hacer todo lo que ellos querrían. No les llega toda la información o no les da tiempo. No conocen el lenguaje técnico…", asegura Sánchez, cuyo juicio a los consejeros del órgano es muy duro.

Plenos públicos

A juicio del Astecsn, y de otras muchas voces, hay dos problemas: la transparencia y la independencia. Y son dos cuestiones ligadas. "Los plenos del CSN no son públicos y deberían serlo", asegura Sánchez. Así se eliminan, a su juicio, las posibles sospechas sobre los intereses de los consejeros, que deberían ser siempre a favor de la protección máxima del ciudadano y no a favor de las compañías, con el negocio nuclear en sus manos, ni a favor necesariamente del Gobierno. Haciendo esos plenos públicos, a juicio de la técnica, se genera un debate público muy favorecedor para el regulador y mucho más democrático. Y, con una estructura más horizontal, las voces de los trabajadores del CSN que elaboran los informes serían escuchadas desde el principio, en vez de tener que acudir al Ministerio de turno para que sus posturas se vean reflejadas en la ley.

Es una vieja reivindicación. En julio, la Comisión de Energía del Congreso sacó adelante una proposición no de ley que instaba a reforzar "la transparencia en su toma de decisiones y la independencia en la elección de sus cinco consejeros", con los votos a favor de Ciudadanos y PSOE y la abstención del resto de grupos. La propuesta incluía que los plenos se retransmitan en abierto y en directo, y que posteriormente se publiquen los diarios de sesiones y no solo el orden del día, como hasta ahora. Además, el texto insta a reformar la elección de los miembros del pleno, con la participación de una comisión técnica "independiente", y defiende que el CSN publique un informe al final de cada mandato que recoja las incidencias y las quejas sobre su labor. No parece que la proposición no de ley haya calado demasiado, a juzgar por las propias actuaciones del regulador, que a finales de abril publicó su plan de comunicación con cuatro años de retraso desde la primera petición del Congreso, apoyada en las recomendaciones de la Comisión Europea.

Jura del cargo de consejeros del CSN.

Entre las múltiples propuestas del Astecsn al reglamento, se reivindicaba un mayor protagonismo del CSN en algunos aspectos. Por ejemplo, la ofensiva contra el gas radón –un elemento radioactivo que se cuela desde el subsuelo y puede aparecer tanto en estaciones de metro como en hogares, y que es la segunda causa de muerte de cáncer de pulmón– va a estar comandada, según propone el Ejecutivo, por el Ministerio de Sanidad, algo que no convence a los funcionarios de la organización: "Lo lógico es que el CSN ejerza esta potestad en exclusiva como único organismo competente en materia de protección radiológica", tal y como viene en sus principios, argumentan.

El departamento de prensa del CSN no ha querido contestar a infoLibre ni acerca de estas alegaciones de la asociación, ni acerca de las acusaciones de falta de transparencia.

No es el único proyecto de Real Decreto sobre el que ha alzado la voz Astecsn. También mandó sus alegaciones el pasado año sobre el reglamento de seguridad en instalaciones nucleares. Sánchez carga las tintas contra un punto clave, a su parecer: el proceso de selección de esas instalaciones. Es decir, decidir dónde va a ir una central nuclear, una mina de uranio o un cementerio de residuos nucleares. "Entendemos que el proceso de selección debería estar tratado en la normativa", explica. Que se analice concienzudamente cuál es el lugar ideal para una infraestructura de este tipo y que se sigan criterios especificados, y no al revés: decidir un lugar y posteriormente, a través de una evaluación de impacto ambiental, comprobar si es el sitio idóneo, lo que se hace ahora y lo que causa muchas más tensiones y costes, explica la presidenta de Astecsn. Es lo que ha pasado con el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de Villar de Cañas, emplazamiento escogido por el Consejo de Ministros, envuelto en polémica desde el principio y ejemplo, a juicio de estos técnicos, de las insuficiencias del CSN.

El ejemplo de Villar de Cañas y el tesón del Gobierno

Este cementerio nuclear, diseñado, como todos los ATC, para recoger los residuos de todas las centrales de España, sufrió un varapalo en enero de este año por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Sin embargo, el Gobierno podría declararlo de "interés general" para saltarse el veto de la justicia y, de hecho, le ha dedicado una buena suma en los Presupuestos Generales del Estado. El ATC ha estado puesto en duda por, precisamente, encontrarse donde se encuentra. "Los terrenos son inadecuados. El acuífero es demasiado superficial, por lo que en caso de accidente las aguas se contaminarían. La geografía del terreno es de arcillas expansivas, que se hinchan si llueve. Y es de composición kárstica, lo que implica que bajo la superficie se abren agujeros sin avisar", explica el coordinador del Movimiento Ibérico Antinuclear y miembro del Comité Asesor del CSN, Francisco Castejón.

El razonamiento parece lógico: estudiar el terreno antes de proyectar nada. Poner ahí el cementerio fue "una decisión política, en vez de una técnica", resume Sánchez. El ATC de Villar de Cañas necesita el tercer de los aprobados del CSN, el relativo ya a la construcción de la infraestructura, un visto bueno necesario para que el Ministerio de Energía otorgue también su beneplácito. Sus trabajadores ya han denunciado que se les está presionando para dar el ok cuanto antes. El caso, por las incertidumbres que genera, ilustra todas las dudas que se ciernen sobre el CSN, el organismo que representa la línea entre la seguridad y la inseguridad radiológica. Y más cuando el Gobierno apuesta contra viento, marea y fotovoltaica por las nucleares. No solo contra el criterio del movimiento ecologista o de los tribunales regionales: también contra el criterio de las propias eléctricas propietarias de las centrales.

Dos iniciativas legislativas del Ejecutivo apuntan en ese sentido. Una, el decreto con el que el Gobierno pretende poner trabas al hipotético cierre de centrales de generación de energía eléctrica, poniendo impedimentos a la determinación de empresas como Endesa. Finalmente, será tramitado como ley. Y otra, aún sin concretar: la intención anunciada de la cartera de Álvaro Nadal de hacer que las propias compañías paguen la gestión de los residuos nucleares que acompaña a un eventual desmantelamiento, lo que encarecería la factura para ellas.

El papel que está jugando el Gobierno está claro. Falta una absoluta certeza sobre la independencia del CSN con respecto a ese tesón gubernamental, puesta en duda por técnicos, por ecologistas y por partidos. En un momento tan crítico para la transición energética, en el que, en el fondo, se decide en qué clase de país y de planeta queremos vivir, las dudas sobre el papel del regulador no ayudan a la confianza que, se supone, hay que depositar en las instituciones.

Los planes para retirar los residuos radiactivos de Palomares han entrado en punto muerto. No hay plan definitivo, ni plazos, ni cauce político activo. Y sí un amplio catálogo de argumentos de Estado para no acometer la limpieza. El principal es que sin Estados Unidos es imposible. Pero no el único: falta planificación económica, detalles sobre los puntos de partida y llegada durante el hipotético traslado y programa para la gestión de los residuos. Lo único que hay –admite ahora la Abogacía del Estado– es un mero estudio preliminar. La euforia en 2015 del ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo (PP), que dio por encarrilada la solución tras dar continuidad a las negociaciones pilotadas con anterioridad con por el Gobierno socialista, se ha apagado por completo. El plan para limpiar de plutonio Palomares ha entrado en noche cerrada.

La Abogacía del Estado, en su respuesta a una demanda presentada por Ecologistas en Acción ante la Audiencia Nacional para forzar la limpieza de la zona, admite la "imposibilidad" de poner en marcha "actualmente" la rehabilitación de los terrenos, dado que el plan del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), de 2010, tiene sólo un carácter "preliminar". Dicha "imposibilidad" se extiende incluso a la reclamación de "fijar un plazo para la ejecución del mismo. El taponamiento de esta vía se agrava con el enfriamiento diplomático, tras quedar en suspenso el protocolo acordado en 2015 por los Gobiernos de Mariano Rajoy y Barack Obama para la descontaminación de Palomares, en Cuevas de Almanzora (Almería). Donad Trump no ha dado la menor continuidad a la declaración solemnizada por el entonces ministro de Exteriores Margallo y su homólogo estadounidense, el demócrata John Kerry. El día de la firma con Kerry, Margallo dijo que ambos países venían a "reparar un error histórico cometido hace 50 años". Margallo empezó en 2012 a afirmar que España tenía "garantías" por parte de Estados Unidos.

Lo cierto es que no sólo la parte diplomática está parada. La planificación española también es insuficiente para iniciar los trabajos, según la Abogacía del Estado. "No existe un plan definitivo aprobado por el órgano competente, el Consejo de Ministros [...], y menos aún un plazo en el que deba ser cumplido un plan definitivo inexistente", señala la Abogacía del Estado en su escrito, de 5 de marzo. El plan de limpieza de 2010 elaborado por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) es una mera "propuesta preliminar informada favorablemente por el CSN en 2010", que define sólo los conceptos básicos y los elementos conceptuales de las actuaciones previstas, "dejando para una fase posterior el desarrollo de la ingeniería de detalle del proyecto y los aspectos específicos de tipo operacional y administrativo". Al plan, que tiene por objetivo "retirar las tierras afectadas por el accidente con la mayor cantidad de radiactividad", le falta por desarrollar lo relativo a "impacto radiológico al público, protección radiológica de los trabajadores, gestión de residuos radiactivos y vigilancia radiológica ambiental", según la Abogacía del Estado.

El escrito insiste en la "imposibilidad de fijar un plazo para la ejecución del plan", que "no da pleno cumplimiento" a todos los requisitos del reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes y "sólo regula una mínima parte de los aspectos que exige un plan de rehabilitación". La ayuda de Estados Unidos, sin la que España no se plantea acometer la limpieza, "requeriría [...] la suscripción de un tratado internacional en toda regla, y no una mera declaración de intenciones [...]". Dicho tratado debería abarcar cómo se hacen los traslados de material radiactivo, su paso por aguas internacionales, los puertos de salida y llegada, el coste económico... Las acciones previstas en el plan de rehabilitación tendrían un coste de 30 millones de euros, según un informe técnico de la Comisión Europea.

Falta de instalaciones

La Abogacía del Estado se apoya también para apuntalar la "imposibilidad" de retirar los residuos en que España carece de instalaciones para el almacenamiento definitivo de materiales contaminados con plutonio, lo que obligaría a cambiar el tipo de licencia del centro de almacenamiento de El Cabril. El almacén previsto en la provincia de Cuenca, que además también sería temporal, se está topando con problemas judiciales.

La Abogacía del Estado señala además que no existe una "exposición inaceptable [al plutonio] para la población" Palomares. Lo que se da en la zona contaminada, según el escrito, es una "exposición perdurable", que según el escrito no incumple los requisitos legales. Transcurridos más de 52 años desde el accidente, España carece de un estudio epidemológico de Palomares, como publicó infoLibre. La zona de peligro se encuentra actualmente vallada.

"Absolutamente nada"

"La conclusión está clara: no van a hacer absolutamente nada. Dicen que el problema es que no hay almacenamiento, cuando bastaría una modificación del reglamento. El plan del Ciemat está elaboradísimo, listo para ponerse en marcha. Pero no hay voluntad. Es un tema problemático en un pueblo lejano, en el que no piensa nadie", afirma José Ignacio Domínguez, abogado de Ecologistas en Acción.

A su juicio de Domínguez, Palomares es de facto una instalación nuclear, y en la zona contaminada el plutonio se expande vía fauna y vía viento. Domínguez afirma que las autoridades están interesadas en difundir mediante filtraciones que el coste de la reparación sería inaceptable. "Pero no es cierto. Está cifrado en 30 millones", afirma.

17 de enero de 1966

El 17 de enero de 1966 colisionaron durante una operación rutinaria de reportaje en vuelo sobre Palomares un bombardero B-52 y un avión nodriza KC-135 de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Fallecieron siete tripulantes. Los restos de las naves se extendieron sobre cientos de hectáreas en el litoral y el mar. Cayeron cuatro bombas nucleares que transportaba el B-52. Una se halló la misma noche del 17 de enero en el lecho seco del río Almanzora, al este de Palomares y a 300 metros de la costa. No había sufrido daños. Otra cayó al Mediterráneo. Un pescador de Águilas (Murcia), Francisco Simó, con el tiempo "Paco el de la bomba", la localizó. Fue recuperada intacta el 7 de abril, 80 días después de la colisión, a 8 kilómetros de la costa. El paracaídas había funcionado.

Los problemas vinieron con las otras dos bombas, las que el CSN llama W-2 y W-3 en su informe Palomares 1966-2013. En el camino de la normalización radiológica. La W-2 cayó en un valle a 1,7 kilómetros al oeste del núcleo urbano. Su paracaídas no funcionó, por lo que se produjo una detonación que ocasionó un cráter de 6,6 metros de diámetro y 2 metros de profundidad. Hubo "dispersión material en forma de aerosol", según el CSN. La bomba W-3 cayó en una cañada en el límite este de Palomares, "en un lugar próximo a algunas viviendas", según el CSN. Su paracaídas se había desplegado pero resultó dañado, por lo que detonó parcialmente el explosivo químico, produciéndose un cráter de 6 metros de diámetro y un metro de profundidad. No hubo heridos entre los habitantes de Palomares, donde sí quedó para siempre el estigma del plutonio. Nunca ha habido compensación.

La situación resultante fue ésta, según el informe del CSN: "Al impactar dos de las bombas con el suelo, se produjo la deflagración de parte de su explosivo químico y se diseminó una buena parte de los 9 kilogramos de combustible nuclear fisionable [que puede sufrir fisión, es decir, división o rotura], en forma de óxidos de plutonio (Pu), uranio (U) y americio (Am)". Militares estadounidenses identificaron la zona afectada por la contaminación radiactiva, la llamada línea cero, que comprendía unas 220 hectáreas desde Puerto Blanco (donde se encontró la bomba 2) hasta las laderas de sierra Almagrera situadas junto al río Almanzora, donde cesó la búsqueda "ya que era una zona de difícil acceso, deshabitada y sin uso en esas fechas", según el CSN.

Más de 700 personas, en su mayoría militares de Estados Unidos auxiliados por militares españoles y guardias civiles, trabajaron en las tareas de reparación. Se emplearon casi 100 vehículos, más de 20 máquinas pesadas y 33 navíos. Fue retirada la tierra contaminada de 25.000 metros cuadrados de suelo junto con restos vegetales. Las operaciones, que costaron al Ejército de Estados Unidos 80 millones de dólares de la época, supusieron la retirada de 1.400 toneladas de tierra y vegetales, trasladados por mar al país norteamericano en 4.810 bidones para su depósito en el centro de reprocesamiento de materiales nucleares Savannah River Facility, en Aiken (Carolina del Sur). The New York Times publicó en 2016 una información que desvelaba que de 40 veteranos del ejército de Estados Unidos que habían trabajado en la zona tras el accidente y que el periódico localizó, 21 tuvieron cáncer.

Colapso de la hoja de ruta

Desde 1966 hasta ahora los sucesivos gobiernos de España y Estados Unidos han mantenido una línea de colaboración para la supervisión de las consecuencias. A pesar de los empeños de España, nunca se ha acometido la descontaminación completa y el traslado de los restos a Estados Unidos. Ambos países han firmado diversos acuerdos de colaboración, desde el Pacto Otero-Hall de 1966 a los firmados en 1997, 2005 y 2007. Este último acuerdo menciona que, en caso de que se considerase la necesidad de proceder a una limpieza, el Ciemat prepararía las recomendaciones para alcanzar una limpieza final de la zona, tanto en superficie como subterránea.

Dichas recomendaciones están el Plan de Rehabilitación de Palomares de 2010, que prevé instalar in situ unas plantas de tratamiento de suelos para minimizar el volumen de terrenos a transferir a Estados Unidos para su almacenamiento definitivo. El plan establece los pasos a dar en relación a la zona contaminada: extracción de tierras, desbrozado de vegetación a ras de suelo, retirada de tierra afectadas de difícil acceso y que hayan permanecido inalteradas desde 1996 mediante aspiración con mangueras, expedición y transporte de los residuos radiactivos, restauración ambiental mediante relleno, comprobación radiológica y control final. El Ciemat puso cifras a la contaminación en 2010: 30.000 metros cúbicos de tierra en 40 hectáreas. Medio kilo de plutonio. Ese plan del Ciemat no es más que un documento de carácter preliminar, según señala la Abogacía del Estado.

"Puramente cosmética"

Ecologistas en Acción siempre ha considerado que la limpieza fue "puramente cosmética", como le trasladó el pasado año en un escrito al Consejo de Seguridad Nuclear. Ahí le solicitaba que empezase a retirar los residuos. Ecologistas aludía en dicha comunicación a una carta de agosto de 1968 enviada por el presidente de la Junta de Energía Nuclear, José María Otero Navascués, al entonces ministro de Industria Gregorio López Bravo, en la que exponía que en Palomares “no se ha registrado ninguna anormalidad hasta la fecha, pese a que como Vd. sabe, se quedaron en el terreno unos cuantos kilos de óxido de plutonio”. Ante el fracaso de su solicitud, Ecologistas presentó en octubre del pasado año una demanda ante la Audiencia Nacional para que obligue al CSN "a limpiar 50.000 metros cúbicos y a que los almacene temporalmente a la espera de encontrarles un almacén definitivo que no tiene por qué estar en Estados Unidos", en vista de la poca voluntad de colaboración de la Administración Trump.

Las autoridades españolas afirman que no hay riesgo para la salud. "El riesgo que se podría dar en Palomares", señala en un informe el CSN, "es que las partículas contaminantes que están de un modo estable adheridas a los suelos puedan ser ingeridas o inhaladas por su transferencia a alimentos o al aire". Ambas vías se controlan en la actualidad de acuerdo a los criterios de restricción de uso de los terrenos con la delimitación y control de accesos a las zonas afectadas. Por lo tanto, señala el Ciemat, "puede asegurarse que la exposición de la población de Palomares es muy baja". El informe añade que el seguimiento desde 1966 del estado de salud en más de mil habitantes de Palomares no ha observado "ninguna evidencia de patología directamente relacionada con el accidente, incluso en aquellas personas que presentan algún resultado dosimétrico por encima del límite [...]". Ecologistas en Acción denuncia en cambio que sí hay riesgos y que se oculta información mediante la declaración de documentación como secreto oficial.

La asociación ecologista acusa además al CSN de "plegarse a las presiones" de Estados Unidos y aceptar la limpieza de sólo 28.000 metros cúbicos, que en cualquier caso la nueva Administración norteamericana no tiene la menor intención de llevarse".

Consultado por este medio, el Ministerio de Exteriores España asegura a través de un portavoz que el departamento que ahora dirige Alfonso Dastis "mantiene su compromiso con una solución definitiva con el traslado fuera de nuestras fronteras" de los residuos y recuerda que "hubo un acuerdo político con la anterior Administración de Estados Unidos", si bien no fue vinculante. Exteriores recalca que el Ciemat mantiene activo su programa de vigilancia radiológica.

Unos 200 obreros norcoreanos murieron por el derrumbe de un túnel en construcción a causa de la prueba nuclear realizada el pasado 10 de septiembre por el régimen de Kim Jong Un en la localidad de Punggye Ri, según ha informado este martes la televisión japonesa Asahi.

De acuerdo con Asahi, que cita fuentes familiares, unos 100 trabajadores estaban dentro del túnel cuando se vino abajo y otros cien que acudieron a rescatar a sus compañeros quedaron sepultados por un segundo derrumbe.

Los expertos consultados por la cadena nipona han explicado que la infraestructura había quedado dañada por las seis pruebas nucleares realizadas en la zona, la última y más potente el 10 de septiembre.

Por su parte, el jefe de la agencia meteorológica de Corea del Sur, Nam Jae Cheol, dijo el lunes durante una reunión parlamentaria que otro test atómico de Corea del Norte provocó el colapso de la plataforma utilizada para ello y liberado materiales radiactivos, de acuerdo con la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Pyongyang ha llevado a cabo en los últimos años varias pruebas nucleares y con misiles balísticos que han llevado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a endurecer las sanciones contra el país asiático. Pero Kim, lejos de amedrentarse, ha mantenido su escalada militar.

La formación ecologista Equo ha registrado este viernes en el Congreso una iniciativa a través de la cual emplaza al Gobierno a investigar un vertido de cesio radiactivo que, el pasado 20 de junio, según apunta, se registró en el exterior de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

El coportavoz del partido, Juantxo López de Uralde, explica en el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, que esta mancha de contaminación por cesio radiactivo (producto de fisión) se ha hallado junto al almacén temporal de bidones y residuos, pegada al doble vallado de la planta.

"Al parecer este incidente no ha sido notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)", ha denunciado el diputado de Unidos Podemos. Por ello, en esta iniciativa preguntan al Ejecutivo si tienen intención de investigar este suceso para verificar lo ocurrido.

Garoña, a la espera de reabrir

A su juicio, este incidente "debe ser objeto de una investigación en la que se aclaren todos los extremos del mismo". Desde Equo alertan de que podría ser peligroso, tanto para las personas como para el medio ambiente.

Este documento ha generado las críticas del sector ecologista, ya que el propio presidente del regulador había asegurado que Garoña no podría volver a abrir si no se hacía una inversión en sus instalaciones, unas modificaciones que la empresa responsable de su gestión Nuclenor no ha realizado aún.

Trascurridos ya 51 años desde el accidente nuclear de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), ocurrido el 17 de enero de 1966, no se ha realizado aún un estudio epidemiológico que evalúe su incidencia sobre la salud de la población. "Hubo otro accidente similar dos años después, en 1968, en Groenlandia [en la base aérea de Thule]. Aparte de que se llevaron diez veces más tierra contaminada que de Palomares, el Gobierno danés hizo estudios epidemiológicos. En Palomares ha habido una exposición bien definida al plutonio, al uranio y al americio. Esta exposición tiene un alcance y se puede medir. Estas premisas, a mi juicio, obligan a realizar un estudio epidemiológico", señala el epidemiólogo Juan Alguacil, catedrático del área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Huelva.

El accidente de aviación de Palomares provocó la caída de cuatro bombas nucleares estadounidenses 75 veces más destructivas que las que fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Dos de las bombas liberaron plutonio, contaminante durante miles de años y extremadamente nocivo para el ser humano. El tipo de residuos que queda en Palomares provoca cáncer de pulmón, hígado o huesos, lo cual permite focalizar la búsqueda de resultados. Los residuos se encuentran aislados, para evitar su contacto con humanos.

Al doctor Francisco Laynez Bretones, especialista en medicina interna en el hospital de Torrecárdenas (Almería), le preocupa esta falta de estudios epidemiológicos. Con anterioridad fue jefe de servicio del hospital de Huércal Overa, del cual depende Palomares, y allí tuvo oportunidad de familiarizarse con el problema de los residuos y conocer de primera mano la inquietud por los posibles problemas de salud entre la población. En noviembre se dirigió por escrito a la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), adscrita a la Consejería de Salud de la Junta. Laynez pedía que en el marco de las X Jornadas de Salud Pública, que se celebrarían en diciembre, se aprobase la realización del primer estudio epidemiológico en Palomares, transcurrido ya más de medio siglo desde el vertido, tras el cual no se evacuó a la población local.

En su propuesta, Laynez destaca que los trabajos realizados se han limitado a estudios de la antigua Junta de Energía Nuclear, actualmente el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), cuyas conclusiones "han sido brevemente publicadas". En su monografía Palomares, desde el accidente a la restauración, este organismo dependiente del Ministerio de Economía señala que el seguimiento desde 1966 no ha observado "ninguna evidencia de patología directamente relacionada con el accidente, incluso en aquellas personas que presentan algún resultado dosimétrico por encima del límite [...]". "El riesgo que se podría dar en Palomares", advierte el informe, "es que las partículas contaminantes que están de un modo estable adheridas a los suelos puedan ser ingeridas o inhaladas por su transferencia a alimentos o al aire".

El doctor Laynez subraya que, desde los años 80, hay un incremento del plutonio en el aire de Palomares, debido a las faenas agrícolas. "En los últimos años", añade, "parte del plutonio se está transformando en americio, que emite radiaciones gamma y es más nocivo para la salud que el plutonio". "Sin embargo, no se ha realizado ningún estudio epidemiológico solvente en la zona de Palomares en estos 50 años", concluye Laynez su propuesta, que califica de "imperiosa" la necesidad de abordar la tarea "sin más demora".

Los coordinadores de las X Jornadas de Salud Pública de la EASP contestaron a Laynez con un no. “En las Jornadas sólo aceptamos trabajos ya realizados, no propuestas. Lo invitamos a que el año que viene presente los resultados, en caso de que decida llevarlo a cabo”, señalaba la respuesta. Uno de los revisores indicó sobre la propuesta: “No estoy de acuerdo en que no haya estudios realizados. Haciendo una búsqueda rápida se encontraron más de 20". Entre ellos citaba el Análisis Epidemiológico de Palomares 1991-2005, realizado por el doctor Pedro Antonio Martínez Pinilla.

infoLibre preguntó a la EASP por los "más de 20" estudios que justificarían que no se realizara uno más, pero no hubo respuesta concreta en este punto. Desde este organismo público señalaron que, de entrada, la propuesta no se ajustaba a lo que se demandaba en las jornadas de salud pública. La Consejería de Salud tampoco tiene constancia de estudios epidemiológicos, pero un portavoz oficial subraya que "desde el Distrito del Área Norte [de Almería] se realizan estudios periódicos sobre mortalidad en toda la zona sin que este municipio presente cifras diferentes al resto de pueblos del área".

Lo que no hay es un estudio epidemiológico. Este medio ha contactado con diversas instituciones públicas al objeto de conocer si tenían constancia de la existencia de algún documento científico de referencia en este ámbito. Los ministerios de Defensa y Sanidad negaron tener competencias en la materia. El Instituto de Epidemiología Carlos III negó tener constancia de ningún estudio de este tipo. Tanto el Consejo de Seguridad Nuclear como el Ciemat se remiten a los controles que se realizan cada año a unas 150 personas.

Un análisis de alcance limitado

El "análisis epidemiológico" de Pedro Antonio Martínez Pinilla carece de valor científico y no fue publicado en ninguna revista. El propio Martínez Pinilla ya advierte de las limitaciones de su trabajo, con "muestras muy pequeñas susceptibles de estar influidas por el azar". El estudio detecta una mayor cantidad de tumores en Palomares que en Guazamara, otra pedanía de Cuevas del Almanzora, entre 1986 y 1990, pero cifras similares entre 1991 y 2005. "Es del todo deseable realizar un censo nominal de Palomares en el año 1966 y a continuación [un censo de] los emigrados y los inmigrados, para poder conocer el verdadero periodo de tiempo que cada censado de Palomares ha vivido realmente en Palomares. Sería deseable conocer los verdaderos tiempos de exposición que cada habitante ha tenido, por su proximidad o lejanía con las zonas radiactivas", señala el estudio de Martínez Pinilla en sus conclusiones.

Este medio se puso en contacto con la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) al objeto de recabar una opinión experta sobre la necesidad, o no, de estudios científicos a fondo en Palomares, y sobre la validez de lo ya elaborado. El experto designado fue Juan Alguacil, que tiene claro que sí existe esa necesidad aunque –puntualiza– se trata de su opinión, no de la SEE en su conjunto. "Una de las cosas que hemos aprendido de Hiroshima y Nagasaki es que la radiación está ahí para toda la vida, independientemente de que a los cinco o a los diez años aparezca más o menos marca. En Palomares es relevante antes que nada saber qué gente estuvo expuesta y empezar por ahí", señala Alguacil, para quien el Instituto de Salud Global de Barcelona sería la institución idónea para llevar a cabo el estudio epidemiológico.

Un tribunal de Japón ha fallado este viernes que tanto el Estado como la Compañía Eléctrica de Tokio (Tepco) son responsables por negligencia de la crisis en la central nuclear de Fukushima-1 tras el terremoto y posterior tsunami de 2011, informa Europa Press.

El fallo es el primero en reconocer la responsabilidad del Estado en las demandas por daños presentadas por los afectados por las evacuaciones en los alrededores de la central, según ha informado la agencia japonesa de noticias Kiodo.

Tepco, que ha sido criticada por ignorar la amenaza que suponía un posible desastre natural para la central, ha afirmado que revisará el fallo judicial antes de emitir una respuesta, tal y como ha recogido la agencia británica de noticias Reuters.

Los problemas en Fukushima-1 se deben al terremoto y el tsunami que el 11 de marzo de 2011 arrasaron la costa de la prefectura japonesa, dando lugar al peor accidente nuclear de la historia, junto al de la central de Chernóbil, en Ucrania.

Fukushima-1 estaba preparada para un terremoto, ya que Japón se asienta sobre una falla, pero no para un tsunami, por lo que el azote del mar provocó varias explosiones de hidrógeno que hicieron que los núcleos de algunos de sus reactores se fundieran parcialmente.

Greenpeace denunció, en la víspera del sexto aniversario de terremoto y posterior tsunami que aniquiló la central nuclear de Fukushima Daiichi, que Japón está presionando a la población afectada por el accidente para que vuelva a las zonas que aún están contaminadas y, entre otras medidas retirará las ayudas económicas a las víctimas pese a que la situación, según la ONG está aún "fuera de control", informa Europa Press.

Además, la ONG denuncia violaciones a los derechos humanos a los supervivientes de Fukushima y este sábado entregará una carta detallando esta cuestión a las Embajadas de Japón en Helsinki, París, Bruselas, San Petesburgo, Viena, Berna y Berlín.

La ONG advierte de que cuando aún se sienten los efectos del accidente nuclear "de manera significativa", algunas de las áreas más contaminadas dentro de la zona de exclusión, conocidas como zona 1 y 2, se están preparando para el reasentamiento de la población a pesar de que la radiación sigue siendo muy superior a lo aconsejable.

Los niveles en los bosques cercanos son comparables a los de la zona de exclusión de 30 kilómetros de Chernóbil, que más de 30 años después del accidente, quedó formalmente declarada como inhabitable.

En este aniversario, el director de Greenpeace Japón, Yuko Yoneda, recuerda a las víctimas y denuncia que esta medida es "un intento" del Gobierno del primer ministro japonés, Shinzo Abe, por ayudar a la industria nulcear y dar "una sensación falsa de normalidad", pese a que los muestreos de la ONG dicen "lo contrario".

Desde España, la portavoz de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, manifestó que estaría "encantada" de volver a Fukushima e invitar al ministro de Energía "que apuesta por las viejas nucleares en España, para mostrarle lo que está pasando allí".

"La gente está atrapada. Ni la planificación de emergencias ni la seguridad nuclear se tuvieron en cuenta en su día y ahora, debido a las políticas de reasentamiento para lavar la cara a la industria nuclear, se da una nueva vuelta de tuerca en vez de defender los derechos humanos de las víctimas, especialmente las mujeres y la infancia", reprobó.

Las declaraciones se producen tras un reciente estudio realizado por un equipo de investigación que recogió muestras en Iitate, a unos 30 kilómetros de la central accidentada y encontró dosis de radiación que están "muy por encima de los objetivos de descontaminación del Gobierno japonés, con niveles de exposición anual de por vida que representan un riesgo para los ciudadanos que vuelvan.

De hecho, la ONG internacional asegura que en algunos hogares de Iitate, las dosis de radiación equivalen a una radiografía de tórax cada semana.

Sin embargo, advierte de que el Gobierno de Japón confirmó en febrero que todavía no se ha realizado ninguna evaluación de los riesgos de exposición de por vida para los ciudadanos si tuvieran que volver a esta localidad.

En la actualidad, de los 54 reactores nucleares que existían en Japón antes del 11 de marzo de 2011, la mayoría siguen inactivos seis años después de la catástrofe, ya que en la actualidad operan tres de ellos.

En este contexto, Greenpeace pide a al Gobierno de España "que coquetea con reabrir" la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y ampliar la vida del parque nuclear "envejecido" que deje de apostar por esta tecnología y avance "con urgencia" las energías renovables.

Respecto a Japón, exige al Gobierno nipón que proporcione apoyo financiero completo a la población superviviente y ofrezca información "transparente" sobre los riesgos, para que nadie tenga que regresar por razones económicas o bajo engaño por una falsa sensación de seguridad.

Finalmente, insiste en que se debe actuar para reducir la exposición a la radiación al mínimo absoluto para proteger la salud pública y permitir a la población que decida si quiere volver sin coacciones.

La central nuclear de Flamanville, en el norte de Francia y operada por EDF, ha registrado hacia las 10.00 horas de este jueves una explosión que podría haber dejado heridos, según informa el diario local Ouest-France y recoge Europa Press.

Hasta el lugar se han desplazado ya los equipos de emergencia pero, según fuentes de la prefectura citadas por el diario, no se ha activado el plan particular de intervención ya que no hay riesgo nuclear.

El medio francés indica que se han confirmado ya cinco intoxicados por el humo, pero que no se tienen noticias de heridos graves. Según las fuentes del periódico, el incendio está en camino de ser completamente controlado.

Los bomberos han indicado que se ha producido una explosión que ha ocasionado un incendio en el corazón de la central, fuera de la zona nuclear de la misma.

La central de Flamanville, que cuenta con dos reactores, se inauguró en 1986. Produce el 4% de la electricidad en Francia. En 2015 se registraron fallos en las válvulas de seguridad del sistema de enfriamiento y se ha denunciado ante el regulador nuclear francés que un tercer reactor, en construcción, tiene problemas de debilidad en el acero utilizado. 

La Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) ha asegurado haber detectado este jueves unos niveles de radiación récord en el reactor número dos de la central nuclear de Fukushima Daiichi, afectada por el terremoto y posterior tsunami de 2011, recoge Europa Press.

La compañía ha indicado que los niveles han alcanzado los 530 sieverts por hora, lo que podría suponer la muerte de una persona tras una corta exposición, según informó la agencia japonesa de noticias Kiodo.

Asimismo, ha anunciado la localización de un agujero de un metro cuadrado en la cubierta metálica ubicada debajo del recipiente de presión del reactor, apuntando que probablemente fue causado por combustible nuclear fundido.

TEPCO dijo el lunes haber localizado lo que parecía ser combustible nuclear bajo el reactor número dos de la central durante una inspección con una cámara, si bien no pudo entonces confirmar de qué se trataba.

Los problemas en Fukushima-1 se deben al terremoto y el tsunami que el 11 de marzo de 2011 arrasaron la costa de la prefectura japonesa, dando lugar al peor accidente nuclear de la historia, junto al de la central de Chernóbil, en Ucrania.

Fukushima-1 estaba preparada para un terremoto, ya que Japón se asienta sobre una falla, pero no para un tsunami, por lo que el azote del mar provocó varias explosiones de hidrógeno que hicieron que los núcleos de algunos de sus reactores se fundieran parcialmente.

En ese "documento de intenciones" se indica que la cooperación mantenida en los últimos años –y más concretamente desde 2010– se ha limitado a "conversaciones varias", y se declara que la cooperación prevista tiene que abordar temas, "tan sencillos" como delimitar las responsabilidades de las partes y las condiciones técnicas, financieras y jurídicas para la ejecución de las actividades de rehabilitación de la zona. Además, se añade, todo ello dependerá de la disponibilidad de fondos, personal y otros recursos de las partes.

En resumen, que queda "casi todo por intentar".

Y por si esto fuera poco, el documento deja claro que las partes podrán "interrumpir en cualquier momento, con una simple comunicación por escrito, todas las actividades previstas en la declaración de intenciones".

Por tanto, la primera conclusión que puede deducirse de esta declaración es que no parece que existan muchas "intenciones" de resolver a corto plazo el problema de Palomares ni de, como denomina el programa, "remediar" su entorno.

Un problema que fue creado hace más de 50 años. El 17 de enero de 1966, dos aviones de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos colisionaron en el aire en una maniobra de reabastecimiento en vuelo. De las cuatro bombas termonucleares transportadas por uno de ellos (B-52), tres cayeron en tierra y una en el mar. De las tres que cayeron en tierra, solo le funcionó el sistema de emergencia (paracaídas) a una de ellas, y las otras dos impactaron contra el suelo liberando todo el plutonio que contenían (9 kilos, 4,5 kilos por bomba) que contaminó una superficie de terreno perteneciente a los municipios de Vera y Cuevas del Almanzora.

En el mismo año, los americanos llevaron a cabo una limpieza sui generis mediante la cual, una parte de la tierra y los objetos más contaminados fueron transportados a Estados Unidos, otros fueron depositados en dos grandes fosas, que fueron localizadas recientemente, gracias a modernos detectores, por el CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), y otra zona de más baja contaminación, fue cubierta con tierra. El material radiactivo transportado a EEUU fue llevado en 4.810 barriles a Savannah River (Carolina del Sur), pero estos barriles contenían solamente 270 gramos de plutonio (un 3 % del total). Se sabe también que hay enterrados otros 690 barriles (45 gramos de plutonio), y el CIEMAT reconoce que hay medio kilo más en las inmediaciones del pueblo.

El resto del plutonio (unos ocho kilos) parece que está, en su mayor parte, en el mar, según los estudios elaborados por el Departamento de Física del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Todos estos datos no comienzan a conocerse hasta el año 2003, en el que se aprueba, bajo eufemístico nombre, un “Plan de Investigación Energética y Medioambiental en Materia de Vigilancia Radiológica” para tratar de limpiar la zona del plutonio liberado por la fuga radiactiva de las dos bombas. Pero no fue hasta el año 2008 en el que la perseverancia y profesionalidad del personal del CIEMAT y la presión reivindicativa de las organizaciones medioambientalistas lograron que se elaborara un mapa radiológico, que permitió la restricción total del uso de 40 hectáreas de terreno y un plan de actuación en la zona de Palomares.

Ahora bien, cumplir este plan suponía un esfuerzo y un coste económico y político que nadie estaba dispuesto a asumir. Las reticencias de EEUU para asumir los costes de hacerse cargo de esos residuos están relacionadas, sin duda, con que la solución adoptada podría significar un precedente para otras zonas del planeta contaminadas por accidentes similares.

El tiempo pasa, y las muestras indican que hay una cantidad significativa de material radiactivo en la zona, ya que el plutonio se está desintegrando y transformando en americio, que es mucho más radiactivo que el plutonio original.

En los últimos años, ha habido al menos dos ocasiones (2011 –despliegue del escudo antimisiles en Rota–, y 2015 –declaración de la Base de Morón como "permanente" y aumento del personal en la misma–) en las que se ha propuesto la inclusión, en las negociaciones con EEUU, de la limpieza pendiente de residuos radiactivos en Palomares. El resultado ha sido esta pobre "declaración de intenciones", que dependerá de "los recursos disponibles" y que se "podrá interrumpir en cualquier momento".

Han pasado ya 50 años desde el accidente, demasiado tiempo en términos políticos pero muy poco en términos ambientales. El Gobierno español debe mantener una clara y firme voluntad política para resolver definitivamente el problema de Palomares, donde los riesgos de radiación continúan y aumentan cada día.

Muchos se preguntan, ¿cuándo se van a transformar las intenciones en hechos?