La cantante Isabel Pantoja ha entrado en la lista de grandes morosos con Hacienda con una deuda de 1 millón de euros, junto con el también cantante Bertín Osborne, que adeuda 865.000 euros, y el exfutbolista Ardan Turan, con 1,3 millones de euros, en tanto que sale el Real Murcia, que tenía una deuda de 6,3 millones.

La Agencia Tributaria ha publicado este viernes el duodécimo listado de grandes deudores con Hacienda, aquellos que al cierre de 2024 debían más de 600.000 euros y sus responsables solidarios -en términos firmes y con deudas no aplazadas ni suspendidas-.

Además, han entrado a formar parte de los grandes morosos un conjunto de empresas de hidrocarburos: Metaway Combustibles con 195,8 millones, Vertix Petroleum con 194,7 millones, Bio-Zenite Energy con 153,4 millones y Biomar Oil con 119,1 millones.

También son nuevos en la lista Marina Puerto de Santa María con 11,3 millones, Pullmantur Holdings con 7,7 millones y Desguaces La Torre, que vuelve a entrar tres años después de salir con 3,7 millones de deuda. Otras empresas que entran son Autopista Madrid Sur Concesionaria Española con una deuda de 1,7 millones, Fórum Filatélico con 1,5 millones y GM Fuel Ibérica con 1,5 millones.

Quedan fuera de la lista de este año el Real Murcia, que adeudaba 6,3 millones, Afinsa (1,5 millones) y cuatro sociedades del grupo Polaris: Polaris Desarrollo (22,7 millones), Polaris World Network (21,6 millones), Polaris G (21,6 millones) y Polaris World Retail (21,5 millones). 

Entre las personas físicas que se mantienen en la lista pero modifican las cantidades adeudadas destaca Mario Conde, que recorta su deuda en 2,6 millones, reduciendo el total a 3,8 millones, mientras que Paz Vega ha aumentado la suya en 538.000 euros, hasta 2,3 millones.

César Vidal pasa a deber 2,1 millones, 700.000 menos que en el anterior listado, y Francisco Roig (hermano del dueño de Mercadona, Juan Roig) ha recortado en 1,4 millones la deuda de su sociedad Roig Grupo Corporativo, aunque sigue debiendo 8 millones. También el empresario y expresidente del FC Barcelona, Joan Gaspart, ha reducido ligeramente su deuda de algo más de 1 millón a 994.000 euros.

Kulteperalia, sociedad propiedad de José Luis Moreno, baja su deuda a 787.000 euros, 164.000 euros menos. El Xerez Club Deportivo reduce la suya a 2,2 millones, tras restar 5,8 millones, mientras que el Real Jaén ha descontado 350.000 euros y mantiene una deuda de 1,2 millones. En sentido contrario destaca el aumento de deuda de Unión Deportiva Salamanca, con 13,4 millones, tras sumar 2,1 millones.

En el ámbito inmobiliario cabe señalar la cancelación de 2 millones de Reyal Urbis, que no obstante se mantiene como la mayor morosa con un total de 277,8 millones, en tanto que Martinsa Fadesa ha reducido 1 millón su deuda, hasta 4,9 millones.

La promotora Aifos la reduce ligeramente de 90,1 a 89 millones, si bien sus dueños Teresa Maldonado y Jesús Ruiz están en los primeros puestos de la lista de personas físicas más endeudadas, con alrededor de 15 millones cada uno, la misma cantidad que mantiene el empresario jubilado Agapito García.

En sector de los hidrocarburos está el aumento de deuda de la empresa Marillion en 20,6 millones, hasta 156,8 millones, mientras que GM Fuel Tank ha reducido en 4 millones, hasta 1,8 millones. Otras empresas que han aumentado deuda son Pullmantur Cruises hasta 3,7 millones (2,7 millones más), Abengoa Solar hasta 8,9 millones (317.000 euros más) y Abengoa Agua hasta 14,5 millones (133.000 más).

La persona física más endeudada sigue siendo Ramón Olivares Garrigos con 36,8 millones, mientras que ha salido de la lista Álvaro Etxarte Íñiguez que tenía una deuda de 32 millones y Antonio Rivera Zapico ha reducido la suya de 21,7 millones a 0,79 millones. Se mantiene en la lista con la misma deuda el comisionista Luis Medina (0,6 millones), el exarbitro José Enríquez Negreira (1,1 millones) y el empresario Ángel de Cabo (10,7 millones), entre otros. 

El número de grandes morosos con Hacienda (aquellos que adeudan más de 600.000 euros y sus responsables solidarios) se situaba al cierre de 2024 en 5.997, 87 menos que un año antes en saldo neto, dado que han entrado 718 deudores que no figuraban en el listado del año pasado y han salido 805.

Según los datos facilitados este viernes por la Agencia Tributaria, los morosos se dividen en 1.077 personas físicas con una deuda de 1.579 millones y 4.920 personas jurídicas con una deuda de 14.558 millones.

La deuda total asciende a 16.138 millones de euros, un 5,9 % más que un año antes, aunque una vez eliminadas duplicidades esta cifra queda reducida a 13.697 millones, un 8,5 % más.

El 28% del total, 4.508 millones, es deuda de 1.224 morosos que están en proceso concursal en el que las posibilidades de cobro efectivo se encuentran limitadas por la duración del propio proceso. En este listado se han realizado derivaciones de responsabilidad de 2.185 deudores principales a sus responsables subsidiarios o solidarios por un importe de 2.858 millones.

El listado se compone de los contribuyentes, y sus responsables solidarios, con deudas superiores a 600.000 euros a 31 de diciembre de 2024, que además tienen que ser firmes y no encontrarse aplazadas ni suspendidas. También se excluyen los deudores que tras ser informados de su inclusión en el listado saldaron su deuda.

Este año hay 805 deudores que debían 1.361 millones que ya no figuran en la lista, porque han cancelado la deuda, han obtenido un aplazamiento o suspensión, o bien porque la deuda no es firme. Al mismo tiempo, se incorporan 718 morosos nuevos, con una deuda de 2.272 millones. Además, un total de 1.748 deudores que figuraban en el listado publicado en junio de 2024 han abonado desde entonces 221 millones de euros.

Algunos contribuyentes que iban a aparecer en la lista han saldado parte o la totalidad de su deuda para evitarlo, lo que ha generado unos ingresos de 97,95 millones.

En detalle, algunos contribuyentes que se encontraban en situación de aparecer en la lista realizaron ingresos por 41,23 millones de euros en las semanas finales del año para quedar por debajo del umbral de los 600.000 euros y, así, evitar su inclusión.

Junto a ellos, otros morosos que ya habían sido seleccionados para entrar en el listado pagaron 56,72 millones de euros para saldar completamente su deuda y que así sus nombres no fueran publicados, una posibilidad permitida desde hace unos años.

La suma de este importe junto con lo abonado por otros contribuyentes que sí figuran en la lista entre el 1 de enero y el 21 de junio asciende a 150,29 millones.

El ex árbitro de fútbol José María Enríquez Negreira ha entrado en la lista de contribuyentes que deben a Hacienda más de 600.000 euros, mientras que el personaje televisivo, Kiko Matamoros, el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato y el exjugador del Barcelona, Samuel Eto'o, desaparecen de ella, según informa Europa Press.

De acuerdo con el décimo listado de deudores con Hacienda publicado este viernes, José María Enríquez Negreira acumula una deuda con el fisco de 1,11 millones de euros. En la lista también ha entrado el ex jugador del Barcelona Malcom Filipe Silva de Oliveira con una deuda de 821.917 euros.

Entre las empresas que se suman al nuevo listado de morosos destaca Toys R' Us Iberia, con una deuda de 3,06 millones, y Pullmantur Cruises, con 957.438 euros, que se suma a su matriz Pullmantur SA que acumula otra deuda de 817.397 euros. También se incorpora al listado el Club Deportivo Badajoz, con una deuda de 878.476 euros.

Por el contrario, entre las personalidades que abandonan la lista destacan el escritor Ildefonso Falcones, el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, el empresario José María Aristrain, el cocinero Sergi Arola, el personaje televisivo Kiko Matamoros y el futbolista Dani Alves.

El listado de morosos de Hacienda se abandona en los casos en los que los deudores reducen su deuda por debajo de los 600.000 euros, aunque se aproxime a esa cifra, o por otros supuestos como cancelaciones por el cobro o por prescripción o por insolvencia definitiva, entre otros, sin perjuicio de que puedan volver a aparecer a posteriori.

Esta año, el listado esta marcado por la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo en sentencias de enero y febrero pasado, que establecen la obligación de que las deudas y sanciones tributarias hayan de ser firmes para su inclusión en la lista de morosos.

Así, en esta décima lista de morosos de la Agencia Tributaria, se incluye un total de 6.076 deudores con Hacienda de más de 600.000 euros a cierre de 2022, lo que supone un 13,7% menos respecto al volumen recogido en el pasado listado publicado el año pasado.

Según los datos facilitados este jueves por la Agencia Tributaria, el importe global de deudas recogido en el nuevo listado alcanza los 15.212 millones de euros, un 14,1% menos, aunque restando duplicidades —ya que existen importes que corresponden a deudores principales y sus responsables solidarios—, el importe sería de 13.566 millones de euros y por tanto, un 6,9% inferior.

El ministro de Finanzas y portavoz del Gobierno de Andorra, Eric Jover, ha presentado su dimisión irrevocable después que este mismo lunes se hiciera público que no había presentado la declaración del impuesto de sociedades de su empresa desde 2019, según informa Europa Press.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado, el hasta ahora secretario de Estado de Transición Digital y Proyectos Estratégicos, César Marquina, asumirá el miércoles las funciones de Jover como responsable de la cartera de Finanzas y también como portavoz del ejecutivo.

Jover, aun siendo ministro, es también el administrador único de Representacions Jover SLU, la empresa familiar de la cual asumió la gestión después de la muerte de su padre.

En una comparecencia ante los medios este lunes por la mañana ha admitido la dificultad de "compaginar" su trabajo como ministro con la gestión de la empresa y ha asegurado que su gestión empresarial no ha seguido los cánones para hacer crecer la empresa o para que obtuviera beneficios.

Así, ha explicado que ni en 2021 ni en 2022 se emitieron facturas a clientes y que solo se pagó a los proveedores, por lo que la empresa tenía pérdidas, por lo que hizo aportaciones económicas de su patrimonio personal.

La situación le llevó a "un error de interpretación" de la ley ya que consideraba que, como la empresa no facturaba y no tenía beneficios, "no había problema fiscal".

Pero la Agencia Tributaria le contactó hace un año por estos impagos y le abrió un expediente, que ha terminado con una propuesta de liquidación provisional de unos 20.000 euros en total.

Después de la comparecencia de la mañana, este lunes por la tarde Jover ha vuelto a comparecer, esta vez acompañado del jefe de Gobierno, Xavier Espot, para anunciar que había presentado la dimisión irrevocable y que Espot la había aceptado.

Según ha dicho, ha tomado la decisión para que no se ponga en entredicho el proyecto político que representa y el trabajo que lleva a cabo el Govern.

Espot ha agradecido la actuación "absolutamente ejemplar" del ministro a la hora de tomar una decisión que "demuestra que está a la altura de las circunstancias" frente al error cometido por el incumplimiento de las obligaciones tributarias de su empresa.

El jefe de Gobierno también ha elogiado el trabajo de Jover como responsable de Finanzas, así como cuando ejerció de ministro de Educación durante la anterior legislatura.

Jover ha hecho balance de su trabajo al frente del Ministerio de Finanzas, centrado en los últimos años en la gestión de la pandemia de covid-19 y su impacto en la economía del Estado.

Precisamente, ha destacado la diversificación de la deuda realizada esta legislatura, con emisiones internacionales por primera vez en Andorra y la adhesión al Fondo Monetario Internacional.

El 57,3% de los autónomos se ha visto obligado a subir los precios de sus productos o actividades por la escalada de la inflación, aunque un 39,8% no lo ha hecho aún. No obstante, seis de cada diez (59,2%) prevé hacerlo de mantenerse el actual ritmo de inflación, según el XV Barómetro de ATA, realizado a partir de más de 1.000 entrevistas a trabajadores por cuenta propia entre los días 19 a 22 de este mes, según informa Europa Press.

La organización advierte de que el repunte del IPC en los últimos meses está "poniendo en riesgo" la continuidad de muchos autónomos, que ya se encuentran en una delicada situación. De hecho, casi 9 de cada 10 autónomos afirman que este año han sufrido un incremento de sus gastos.

En concreto, uno de cada cuatro autónomos declara que sus gastos han aumentado más de un 20%; el 16,4% señala que han subido entre un 30% y un 50%, y el 6,9% de los autónomos afirma que la factura de sus gastos se ha incrementado más de un 50%.

Uno de los principales costes que está afrontando el colectivo es el de la energía. Según ATA, los mayores costes de producción les han hecho replantearse a muchos autónomos su propia viabilidad, pues a uno de cada cinco (22,2%) los costes de la factura energética les han subido más de un 40%, mientras que el 63,2% pagan entre un 10% y un 40%.

A pesar de eliminación de las restricciones, casi la mitad de los autónomos, un 47%, afirma que su actividad ha descendido en 2022 y el 60% prevé un mayor recorte de su actividad en lo que queda de año. "La continua escalada de los precios, el desabastecimiento de materias primas y el encarecimiento de la energía no está ayudando al colectivo a recuperar todo lo perdido durante los años de pandemia", avisa ATA.

De hecho, entre los principales problemas que están afrontando, los autónomos señalan los costes energéticos y de materias primas, los impuestos o la inflación. Para uno de cada cuatro, el principal problema que más ha dañado su negocio ha sido el incremento de la subida de la luz (26,7%) y para uno de cada cinco, los incrementos en materias primas (20,7%) o los impuestos (20,3%). Las cotizaciones son un problema para el 14,5% de los autónomos y el precio de los carburantes, para el 13,9%.

Sólo la actividad de uno de cada cuatro autónomos se ha mantenido igual que en épocas preCovid y otro porcentaje similar (24,1%) asegura que su actividad ha aumentado en 2022.

El 23,8% de los autónomos ha visto incrementada su facturación en un 10% frente a un 18% que la ha visto descender en el mismo porcentaje. Sólo un 5,4% ha aumentado su facturación más de un 20% y un 6,3% ha perdido en lo que va de año más de un 20% de la facturación, según ATA.

Preguntados por la situación de la economía en general, tres de cada cuatro autónomos la valoran de manera negativa o muy negativa y únicamente el 8% confía en que 2022 va a ser un buen año para la economía española.

Casi la mitad de los autónomos encuestados asegura no tener trabajadores porque no los necesita. De la otra mitad, uno de cada tres ha mantenido el empleo que venía creando en los meses anteriores y un 6,3% ha contratado trabajadores en los últimos meses. No obstante, el 13,4% de los autónomos asegura haber reducido el empleo creado en su negocio.

De cara a los próximos meses, el 30,7% de los autónomos afirma que mantendrá su plantilla, un 4,3% contratará nuevos trabajadores y casi uno de cada diez cree que tendrá que recortar plantilla.

La morosidad, tanto pública como privada, sigue siendo uno de los principales problemas de los autónomos. Según el Barómetro de ATA, en lo que va de año el 41,6% de los autónomos ha sufrido morosidad. El 6,7% de ellos por parte sólo de entidades públicas, el 8,9% tanto de empresas públicas como privadas y el 26%, de otras empresas privadas.

Los porcentajes se han incrementado respecto al anterior barómetro, efectuado el pasado mes de mayo, cuando el 38,6% de los autónomos declaró sufrir morosidad pública, privada o ambas.

Preguntados por la iniciativa Kit Digital llevada a cabo por el Gobierno para ayudar a las empresas a digitalizarse, el 17,9% de los autónomos asegura que la información sobre este fondo no les ha llegado bien; el 54,8% dice que aún no la ha solicitado y menos de un tercio ha iniciado los trámites de la solicitud.

Por otro lado, uno de cada diez autónomos ha solicitado financiación a las entidades financieras, pero le ha sido denegada. Por contra, dos de cada tres aseguran no haber acudido a una entidad bancaria a solicitar información durante este año, pues el 42,2% no han necesitado estas líneas de financiación y el 39,3% afirma que no puede endeudarse más ante las dificultades que está atravesando.

Según este Barómetro, el 58,6% de los autónomos respalda de forma positiva el nuevo sistema de cotización para el colectivo aprobado por el Gobierno, pero uno de cada cinco, el 22,1%, lo desconoce a pesar de que su entrada en vigor se producirá el próximo mes de enero.

De acuerdo con este estudio, casi el 70% de los autónomos declara un rendimiento neto inferior a 20.440 euros al año, por lo que con el nuevo sistema de cotización su cuota será inferior o igual a la que están pagando actualmente. El 12,9% de los autónomos desconoce su rendimiento neto y el 18,9% obtiene un rendimiento superior a esos 20.440 euros al año.

El comisionista Luis Medina, investigado por supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de mascarillas durante la pandemia, y el empresario vasco José María Aristrain han entrado en la lista de contribuyentes que deben a Hacienda más de 600.000 euros, mientras que el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, Twitter y la inmobiliaria Nozar desaparecen de ella. 

Así, y según recoge Europa Press, entre estas nuevas personalidades que entran en la lista, Luis Medina Abascal acumula una deuda con el fisco de 653.000 euros, mientras que la deuda del empresario siderúrgico vasco, José María Aristrain, asciende a 1,26 millones de euros. Por contra, desaparecen de la lista el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, que acumulaba en la anterior publicación una deuda de 1,4 millones de euros, la inmobiliaria Nozar, que debía 214,88 millones de euros, o Twitter, cuyo endeudamiento llegó a los 800.000 euros. También salen de la lista el Ayuntamiento de San Fernando o Lleida Basquet.

También permanecen en la lista viejos conocidos de Hacienda, como Agapito García Sánchez, que es uno de los contribuyentes que más debe al fisco, con una deuda que supera ligeramente los 15 millones de euros; si bien desde hace un tiempo ya no se trata de la persona física más morosa. En esta lista los máximos deudores con el fisco son los hermanos Ramón y Agustín Olivares Garrigos, que deben cada uno la misma cifra, 36,8 millones.

Asimismo, figuran Teresa Maldonado Taillefer y su marido, Jesús Ruiz Casado, propietarios de la promotora inmobiliaria Aifos, que deben a Hacienda 15,66 millones de euros y 15,56 millones de euros, respectivamente, en línea con el año previo.

El cocinero Sergi Arola (985.156 euros), el exfutbolista Samuel Eto'o (981.598 euros), el escritor Ildefonso Falcones, con 1,7 millones, el exsocio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres (956.019 euros), o la actriz María Paz Campos, conocida como Paz Vega, que adeuda a Hacienda más de 3 millones de euros, también repiten en la lista.

El expresidente del FMI y exministro de Economía Rodrigo Rato figura, asimismo, en el listado con una deuda de 1,39 millones de euros, así como el expresidente de Banesto Mario Conde (7,8 millones), el escritor César Vidal (2,6 millones), el futbolista Dani Alves (2,08 millones) o la comunicadora Patricia Conde (1,04 millones).

El empresario del espectáculo José Luis Moreno también permanece en la lista de morosos pero a través de la deuda que mantienen sus empresas Kulteperalia, que debe 950.530 euros, y Alba Adriática, con 1,8 millones de euros.

En cuanto a las empresas, una vez más Reyal Urbis repite como la compañía que más dinero debe a Hacienda, con 310 millones de euros, que supera con creces a empresas como Marillion, con 123,5 millones o Vittone 1842, con 111 millones. Entre las empresas que entran en la lista, destaca Palemad Reciclaje, con una deuda de 127,6 millones.

Asimismo, la empresa Tesedul SA, utilizada por el extesorero del PP, Luis Bárcenas, para recurrir a la amnistía fiscal sigue apareciendo en la lista con una deuda de 1,3 millones, cuantía similar a la recogida en el anterior listado.

En la lista también figuran clubes deportivos que tienen deudas con Hacienda como puede ser el Lleida Esportiu Terraferma Club Fútbol, con una deuda de 1,69 millones de euros; el Real Murcia CF, con 10,1 millones; el Hércules, con 2,39 millones; y el Xerez Club Deportivo, que debe 8,7 millones de euros.

Destaca también Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, que eleva aún más su deuda, con 939.637 euros.

El listado de morosos de Hacienda se abandona en los casos en los que los deudores reducen su deuda por debajo de los 600.000 euros, aunque se aproxime a esa cifra, o por otros supuestos como cancelaciones por el cobro o por prescripción o por insolvencia definitiva, entre otros, sin perjuicio de que puedan volver a aparecer a posteriori.

En esta novena lista de morosos de la Agencia Tributaria, se incluye un total de 7.037 deudores con Hacienda de más de 600.000 euros a cierre de 2021, lo que supone un 3,3% menos respecto a la pasada lista publicada en diciembre. Según los datos facilitados este jueves por la Agencia Tributaria, el importe global de deudas recogido en el nuevo listado alcanza los 17.710 millones de euros, un 2,9% menos, aunque restando duplicidades -ya que existen importes que corresponden a deudores principales y sus responsables solidarios-, el importe sería de 14.567 millones de euros y por tanto, cerca de un 4,2% inferior.

El chef Sergi Arola, el empresario español y exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, el exfutbolista, Samuel Eto'o y Twitter han entrado en la lista de contribuyentes que deben a Hacienda más de 600.000 euros, mientras que regresa a la lista el personaje televisivo Kiko Matamoros.

En el listado publicado este lunes por la Agencia Tributaria figuran también el empresario Bartolomé Cursach o la compañía turística Pullmantur.

Como novedad ante la entrada en vigor de la Ley de lucha contra el fraude, en esta lista de morosos el límite conjunto de deudas y sanciones desciende desde un millón a 600.000 euros, lo que implica que figure un número superior de deudores y deuda en este listado en comparación con los de años anteriores.

Además, se incluyen expresamente en el listado no solo a los deudores principales, sino también, y como novedad, a los responsables solidarios.

La octava lista de morosos de la Agencia Tributaria incluye un total de 7.277 deudores de más de 600.000 euros con Hacienda a 31 de agosto de 2021, mientras que el importe global de deudas recogido en el nuevo listado alcanza los 18.200 millones de euros, según fuentes de la Agencia Tributaria, ha recogido Europa Press.

Como novedad ante la entrada en vigor de la Ley de lucha contra el fraude, en esta publicación el límite conjunto de deudas y sanciones desciende desde un millón a 600.000 euros, lo que implica que figure un número superior de deudores y deuda en este listado en comparación con los de años anteriores. Además, se incluyen expresamente en el listado no solo a los deudores principales, sino también, y como novedad, a los responsables solidarios.

Así, si se compara con la anterior lista publicada en junio de 2021, el número de deudores se ha disparado un 88%, mientras que el importe global de la deuda lo ha hecho un 29,4%, si bien hay que tener en cuenta que 3.000 millones del importe total (18.200 millones) aparecen duplicados como consecuencia de la inclusión de las derivaciones de responsabilidad solidaria.

Homogeneizando criterios con los de los listados anteriores, el número de deudores sería de 3.439, un 11% menos con respecto al listado anterior, mientras que el importe ascendería a algo más de 12.800 millones de euros, por lo que la variación respecto al último listado publicado es, en términos homogéneos, de un 9% menos.

A partir de las 13.00 horas de este lunes, la Agencia Tributaria publicará en la página de su sede electrónica el octavo listado de mayores deudores con la Administración Tributaria.

Para ser seleccionadas, estas deudas deben cumplir las condiciones que establece el propio artículo 95 bis de la Ley General Tributaria: no haber sido pagadas transcurrido el plazo original de ingreso en período voluntario, que estén pendientes de pago a 31 de agosto de 2021 y que no estén aplazadas o suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto.

Otra de las novedades es que se habilita la posibilidad de ser excluido de la publicación si previamente se efectúa el pago íntegro de las deudas y sanciones tributarias que hubieran determinado la inclusión en el listado.

Del total de 7.277 deudores que figuran en este último listado, 1.367 son personas físicas por importe de 2.081 millones de euros (en la lista anterior eran 312 por importe de 673 millones de euros) y 5.910 son personas jurídicas por importe de 16.150 millones (frente a los 3.557 de la pasada lista de junio y 13.426 millones).

Del importe total, más de 7.200 millones de euros, el 40% del total, se corresponde con deudores en proceso concursal (más de 2.176 deudores, el 30% del total) y, por tanto, es deuda afectada por un proceso en el que las posibilidades de cobro efectivo de las deudas se encuentran limitadas mientras dure el propio proceso concursal.

En el listado anterior, la proporción era mayor, con algo más de 7.270 millones de euros (el 51%) y más de 1.696 deudores, el 44% del total.

Por séptimo año consecutivo, el ladrillo es el gran protagonista de la lista de morosos de la Agencia Tributaria (AEAT), en la que figuran personas físicas y jurídicas que adeudan al fisco a partir de un millón de euros. Publicada este lunes 28 de junio, aunque globalmente la lista se ha reducido en 61 personas con relación a 2020 (3.869 ahora frente a 3.930 el año pasado) y las deudas suponen 100 millones menos (hasta totalizar 14.100 millones), los grandes morosos apenas han conseguido rebajar la factura. Nueve de los diez primeros del listado son constructoras o inmobiliarias. Y cinco de esas sociedades han aumentado la deuda. 

Reyal Urbis:341.124.694 euros. Un clásico en la lista de morosos, herencia de la Gran Recesión y el hundimiento de la burbuja ladrillera –no es la única con tales características en esta lista–. Reyal nació como Layer –el mismo nombre leído al revés– y, antes de dedicarse a la actividad más rentable durante el ya lejano boom, era una granja del padre del futuro promotor Rafael Santamaría Moreno, quien en 2007 fundara el denominado G-14, compuesto por promotores. Ese mismo año se fusionó con Urbis y ya en 2010 empezó a buscar acuerdos para refinanciar su deuda de más de 4.000 millones. En 2013 Reyal Urbis presentó el segundo mayor concurso de la historia tras el desplome de Martinsa-Fadesa. Desde entonces lidera la lista y los procuradores han ido subastando sus activos. De 2020 a 2021 la deuda se ha reducido en algo más de dos millones de euros. 

Isolux Corsán: 329.655.825 euros.Otro de los mayores concursos de acreedores de la historia reciente, junto a los ya mencionados de Reyal y Martinsa, además de Nueva Rumasa o Pescanova. El año clave para la constructora es 2017: tras varias ampliaciones de capital y sin presencia antes de ese año en la lista de Hacienda, en aquel ejercicio las cuentas revelaron unas pérdidas de 1.300 millones de euros que multiplicaban por 20 las del curso anterior. La deuda se fue por encima de los 4.000 millones de euros para una empresa de ingeniería e infraestructuras presente en más de 60 países. Más de medio millar de trabajadores –todos– terminaron en ERE. En 2021, la deuda ha aumentado en unos 10.000 euros, esto es, permanece tal y como estaba. 

Nozar: 214.884.425 euros. Nozar: 214.884.425 euros. Cantidad que son unos 227.000 euros menos que en 2020. Víctima de la anterior crisis, Nozar, que solicitó el concurso de acreedores en 2009, está intentando negociar estos días quitas de hasta el 97% para quienes invirtiesen a partir de 25.000 euros en la compañía. En 2014, cinco años después del concurso, Nozar presentó una propuesta de convenio por valor de 477 millones, pero fue rechazada por sus principales acreedores (BBVA, Santander, Banco Popular y Caixabank). Luis Nozaleda, el dueño de Nozar, es un relevante empresario vinícola, con presencia en la zona de Somontano y acciones en la Ribera del Duero. 

Grupo Prasa: 97.707.929 euros. La promotora cordobesa, que fue una de las más grandes del país, calca su deuda de 2020. Sociedad originaria de Torrecampo, el grupo de la familia Romero empezó su emporio en la Costa del Sol en los ochenta, la fiebre ladrillera llevó a Prasa a hacerse con suelos en Europa del Este (Polonia, Rumanía), a ser el accionista mayoritario del Córdoba Fútbol Club e incluso a entrar en el negocio de las residencias de ancianos. Y cuando parecía que la promotora había sorteado la crisis precedente con la venta de activos y una importante reducción de deuda, en 2019 Prasa entró en concurso de acreedores. Hasta hoy. 

Servicios Esquerdo: 97.594.957 euros. Servicios Esquerdo: 97.594.957 euros.La inmobiliaria aumenta su deuda en aproximadamente 230.000 euros desde 2020. Entró en concurso de acreedores en 2017 y ha sido siempre una sociedad que ha huido de los focos mediáticos.  

Aifos: 93.370.931 euros.Aifos protagoniza la mayor reducción de deuda en el top-ten, con algo más de seis millones de euros menos. Aifos fue la mayor promotora de Andalucía y, como Prasa, su expansión se produce en la Costa del Sol. En 2009 se declaró en concurso de acreedores al declararse insolvente, abandonando incluso obras en marcha y dejando miles de afectados que habían comprado sus pisos y nunca los vieron construidos. Jesús Ruiz Casado, el administrador, fue condenado en 2005 a un año y 10 meses de prisión por el Caso Malaya. 

CCF 21:92.805.150 euros. Otra promotora vinculada al caso Malaya, cuyo promotor fue condenado a cuatro años y cuatro meses de cárcel por cohecho activo, blanqueo de capitales, fraude y prevaricación; se fugó y fue detenido en Venezuela y extraditado en 2017. La deuda con Hacienda sube en algo menos de 1.000 euros, por lo que permanece intacta con relación a 2020. 

Obras Nuevas de Edificación 2000: 86.505.950 euros.Este nombre no dice gran cosa, pero otro por el que se conoce a la promotora sí: Onde 2000, perteneciente al polémico constructor Francisco Hernando, El Pocero, fallecido en abril de 2020 por covid-19. Onde 2000 es un clásico de la lista de morosos (desde 2015) y que debe 126.000 euros más en esta edición. 

Organización Impulsora de Discapacitados: 86.227.954 euros.Unos 37.000 euros más que adeuda en 2021 la OID, una supuesta organización benéfica y la única del top-10 que no ha operado en el ladrillo. La novena compañía de España más morosa ha sido sancionada reiteradas veces por vender boletos en nombre de la ONCE. Su enorme deuda no le ha impedido ganar dinero: aunque en julio de 2020 un Juzgado de lo Mercantil ordenó la disolución de la OID, solo cinco años antes llegaba a ingresar más de 50 millones al año con la venta –ilegal– de cupones. El año pasado, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) celebró la liquidación: "Se pone fin jurídico a una entidad cuyo modelo de negocio fue siempre la explotación del juego ilegal", dijo el CERMI en un comunicado. Pero la deuda sigue. 

Bitango Promociones: 73.122.035 euros. Bitango Promociones: 73.122.035 euros.La décima empresa más morosa vuelve a ser una ladrillera, que ha recortado su pasivo con la AEAT en menos de seis millones de euros. Bitango, con sede social en Madrid, vendió vivienda protegida por más precio del normalmente exigido a otras inmobiliarias en Fuenlabrada, Arroyomolinos, Valdemoro o Móstoles, según reveló El País en 2006. Entre sus más ilustres compradores estaba el guardameta Iker Casillas. En 2012 solicitó el concurso voluntario de acreedores 

Salen del top-ten...

Arenal 2000 SL:64.917.625, 02 euros. Debía más de 86 millones de euros en 2020 (86.379.904,27) y siempre aparecía en los primeros lugares. Este ejercicio Arenal2000 SL ha protagonizado un mordisco a su deuda de 22 millones de euros, aunque otra sociedad, Arenal 2001, debe a la AEAT 71.933.654,78 euros y otra (Arenal 2000 de inversiones SL) adeuda 12.064.153,35 euros. 

Anca, del hotelero Antonio Catalán, debe casi 49 millones (48.789.850 euros), bastantes menos que los 89 millones de 2018. 

Y abandonan la lista de morosos definitivamente -bien por haber saldado la deuda, por haberla reducido por debajo de un millón o por tenerla avalada- el futbolista Neymar, que adeudaba en 2020 34,6 millones, el ex motociclista Sito Pons, -llegó a deber 1,9 millones- o la constructora San José, que adeudaba a Hacienda 1,9 millones y que estos días está presente en la operación Chamartín (rebautizada Madrid Nuevo Norte). 

Otras curiosidades

Ya se ha publicado la inclusión del técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti (1,46 millones) o del escritor Ildefonso Falcones (1,3 millones), además de la reaparición de Rodrigo Rato (1,3 millones) o de Dani Alves (2 millones). Dos empresas del Grupo Cantoblanco, de Arturo Fernández, deben más de 11 millones. La presentadora de televisión Patricia Conde, que mantiene un litigio con Hacienda porque ella no reconoce esa deuda, 1,1 millones; y el ex presidente del Valencia FC, Pedro Cortés, entra con algo más de un millón de euros. También reaparece el ex futbolista Gabriel Milito (1,9 millones). Otra novedad: la plataforma de reparto Glovo (Glovoapp23 S.L.) entra por primera vez con una deuda con la AEAT cercana a los 1,4 millones de euros.  

El nuevo entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, entra por primera vez en la lista de morosos con Hacienda, con una deuda de 1,46 millones de euros, así como el escritor Ildefonso Falcones, con 1,3 millones; mientras que regresan a la lista Rodrigo Rato, con 1,3 millones, y el futbolista Dani Alves, con unos 2 millones.

Asimismo, figura por primera vez en la lista de contribuyentes que deben a Hacienda más de un millón de euros a 31 de diciembre de 2020 José María del Nido Carrasco, hijo del expresidente del Sevilla FC y actual vicepresidente del club, con 1,7 millones, ha recogido Europa Press.

En la lista también figuran María Paz Campos Trigos, nombre real de la actriz Paz Vega, con 440.000 euros de deuda más, hasta superar los 3 millones, así como el empresario Agapito García Sánchez, que tras haber reducido su deuda en 566.000 euros hasta los 15,4 millones, ha dejado de ser la persona física que más debe al fisco, después de años ocupando este puesto, y solo superado en la lista anterior por Neymar (34,6 millones).

Así, Teresa Maldonado Taillefer y su marido, Jesús Ruiz Casado, propietarios de la promotora inmobiliaria Aifos, relevan a Agapito García, ya que deben a Hacienda 15,68 millones de euros y 15,57 millones de euros, respectivamente, en línea con el año previo.

Estos son algunos de los nombres destacados recogidos en la lista de morosos publicada este lunes por Hacienda por tener, a 31 de diciembre de 2020, deudas con la Administración Tributaria superiores al millón de euros, y que no se encuentran ni aplazadas ni suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto.

Abandonan la lista, en cambio, bien por haber saldado la deuda, por haberla reducido por debajo de un millón o por tenerla avalada o suspendida, el exjugador del Barcelona Neymar, que tenía una deuda en la lista anterior de 34,6 millones, así como el exmotociclista Sito Pons, que llegó a deber 1,9 millones. También sale de la lista la constructora San José, que adeudaba a Hacienda 1,9 millones.

El listado de morosos de Hacienda se abandona en los casos en los que los deudores reducen su deuda por debajo del millón de euros, aunque se aproxime a esa cifra, o por otros supuestos como cancelaciones por el cobro o por prescripción o por insolvencia definitiva, entre otros, sin perjuicio de que puedan volver a aparecer a posteriori, como ha sido el caso de Rodrigo Rato o Dani Alves.

Mario Conde y sociedades de Bárcenas, José Luis Moreno y Javier Merino

Por su parte, Mario Conde, expresidente de Banesto, ha mantenido su deuda, al deber 8,37 millones, mientras que la presentadora Patricia Conde ha recordado su mora hasta los 1,11 millones, frente a los 1,88 millones de euros del año anterior.

Asimismo, la empresa Tesedul SA, utilizada por el extesorero del PP, Luis Bárcenas, para recurrir a la amnistía fiscal sigue apareciendo en la lista e incrementa su deuda hasta 1,31 millones, desde los 1,28 millones anteriores.

Kulteperalia, compañía del empresario del espectáculo José Luis Moreno, sigue apareciendo entre las empresas deudores por las sociedades Kulteperalia (1,04 millones) y Alba Adriática SL (1,62 millones).

Por su parte, el empresario Javier Merino, expareja de Mar Flores, se mantiene en la lista con algunas de sus sociedades, como Multipetróleos, con una deuda de 1,19 millones de euros; Star Petroleum (1,12 millones), y Multipromotur, con una deuda de 1,16 millones de euros.

De igual forma, el exjugador del Barça y del Zaragoza Gabriel Milito sigue adeudando a Hacienda 1,8 millones de euros, en tanto que el periodista Antonio Navalón presenta una deuda 2,02 millones de euros.

De su lado, el expresidente del club de fútbol del Valencia Vicente Soriano Serra, que debía 1,38 millones de euros a final de 2019, ha abandonado la lista de grandes deudores.

También aparece en la lista el empresario Jose Serratosa, con 1,8 millones de deuda, mientras que el empresario catalán Eudald Domenech Riera mantiene una deuda de 5,69 millones, y el escritor y periodista César Vidal la ha reducido hasta los 3,17 millones.

En el listado también se encuentra el emprendedor, socio inversor en Tuenti e hijo de Luis Ortiz y Gunilla von Bismarck, Francisco José Ortiz von Bismarck, que debe 1,28 millones, y sigue figurando el exjuez y exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Luis Pascual Estevil, condenado por extorsión, con una deuda de 3,7 millones.

Igualmente, aparece el empresario andaluz Rafael Gómez, conocido como Sandokan, que debe 2,8 millones de euros a Hacienda y varias de sus sociedades. Estas empresas son Arenal 2000 de Inversiones (12,06 millones), Arenal 2000 (64,9 millones) y Arenal 2001 (71,93 millones).

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) concede los avales públicos para que los autónomos y las empresas obtengan de sus bancos préstamos con los que sobrevivir a las restricciones de actividad impuestas por el coronavirus. Hasta el momento, ha otorgado 1,03 millones de avales de la línea covid-19, por importe de 93.899 millones de euros. Pero son las entidades financieras las que analizan si sus clientes cumplen los requisitos de solvencia que les garantizarán la devolución del dinero prestado. Sólo para las operaciones de mayor volumen, por encima de 50 millones de euros, el ICO también hace su propio análisis de riesgo antes de conceder la garantía del Estado. Para los de menor cuantía el banco público revisará a posteriori una muestra aleatoria de los ya concedidos.

Sin embargo, esa verificación no la llevará a cabo el ICO, sino la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), a la que el banco público va a pagar 800.112 euros en dos años, prorrogables por otros tres más tras otorgarle un contrato por el procedimiento negociado sin publicidad el pasado mes de mayo. La adjudicación se llevó a cabo sin concurso y tramitada de emergencia por causa de la pandemia, según se recoge en la Plataforma de Contratación del Estado.

El contrato fue autorizado por el Consejo de Ministros, que aprobó la “adjudicación directa y hasta un límite de un millón de euros” de los servicios de apoyo externo que sean necesarios para la puesta en marcha y desarrollo” de la línea de ayuda del covid-19 “lo antes posible”.

No es la primera vez que el ICO recurre a PwC para este tipo de trabajos. De hecho, desde 2014 le ha adjudicado otros seis contratos. La consultora es la encargada de verificar el cumplimiento de las condiciones de las Líneas de Mediación del banco público al menos desde 2016, pero también de realizar las pruebas de eficacia de las coberturas contables del ICO, al que también ha asesorado en materia financiera y fiscal en sus operaciones de pasivo. Pero el de la Línea Covid-19 es el contrato de mayor volumen hasta ahora. En total, el ICO ha pagado a PwC 1,84 millones de euros desde 2014.

El ICO no ha hecho públicos cuántos préstamos por encima de 50 millones de euros ha concedido, pero sí que la financiación media por operación era al cierre de 2020 de 121.373 euros. Es decir, la mayoría de los créditos avalados son de escasa cuantía, ya que el 98% los han solicitado pymes y autónomos.

Un problema de tamaño

El ICO ha delegado en la banca privada la gestión de los préstamos covid porque no tiene capacidad para llegar hasta los autónomos y las empresas, carece de sucursales. Son las entidades financieras las que conocen a sus clientes y tienen “capilaridad” para acercarse a ellos y evaluar mejor que nadie su solvencia. El banco público cuenta con una plantilla de sólo 346 empleados, de los que 17 son cargos directivos. Para hacerse una idea del tamaño del ICO basta con recordar que en 2019 gestionó unos activos de 31.842,6 millones de euros. Bankinter, el más pequeño de los bancos del Íbex 35, tiene unos activos de 83.732,3 millones de euros, más del doble que el ICO, y emplea a 4.554 personas. Entre las antiguas cajas, la que más se acerca al volumen de activos del banco público es Liberbank, que con 3.084 empleados, gestionaba 42.658,5 millones de euros antes de su fusión con Unicaja.

Nada que ver, pues, con la envergadura de otras entidades estatales europeas. Como el banco público alemán, la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), que emplea a 6.700 personas en su sede de Fráncfort, en dos sucursales en Berlín y Bonn y en tres filiales (KfW IPEX-Bank, DEG y KfW Capital). Su volumen de activos asciende a 506.022 millones de euros, casi 16 veces más que el ICO. Bpifrance, el banco público francés, tiene 3.271 empleados, 42 sucursales regionales y unos activos de 136.739 millones de euros. El British Business Bank gestiona 1,54 billones de libras –1,79 billones de euros– en activos con una plantilla de 297 trabajadores.

El último vestigio de banca pública, a la espera de un refuerzo que no llega

Nacido en 1971, el ICO coordinaba entonces la red de bancos públicos del franquismo –Banco Exterior de España, Banco Hipotecario, Banco de Crédito Local, Banco de Crédito Industrial, Banco de Crédito Agrícola, Banco de Crédito a la Construcción y Caja Postal–. Hasta que en 1988 se convirtió en sociedad estatal con consideración de entidad de crédito. En ese momento dejó de recibir dotaciones del Tesoro y empezó a captar fondos en los mercados de capitales.

Tres años después, los bancos públicos se integraron en Argentaria, que nació como banca comercial y terminó siendo privatizada e integrada en lo que hoy es el BBVA. El ICO se convirtió entonces en el único banco público de España, y se transformó en Agencia Financiera del Estado, con el objetivo de potenciar la economía. Para ello utiliza dos mecanismos. Es el banco nacional de promoción de grandes proyectos de inversión en el extranjero, apoyando a la banca privada. Y desarrolla las conocidas líneas de mediación, también en colaboración con las entidades financieras privadas: el ICO diseña las condiciones de los programas –dotación, finalidad, tipo de interés, plazos de amortización–, mientras que los bancos comercializan los créditos y asumen el riesgo de las operaciones. En estos casos, el dinero lo pone el ICO. En la línea covid-19, en cambio, el dinero lo prestan los bancos.

Durante la crisis financiera, desaparecidas las cajas de ahorro y con el crédito restringido en el resto de la banca, el ICO potenció sus líneas de mediación y el crédito directo. También gestionó el Fondo para la Financiación del Pago para Proveedores (FFPP) y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), con los que inyectó más de 85.000 millones de euros mediante el pago de facturas y atendió deuda financiera de las comunidades autónomas por valor de 56.000 millones más.

En su programa electoral, Unidas Podemos se comprometía a construir una banca pública alrededor de Bankia, de la que el Estado poseía el 61,78% del capital hasta su fusión con Caixabank. En febrero de 2020, antes de la pandemia, Pablo Iglesias apuntó hacia el ICO como futuro germen de una renovada banca estatal con más músculo. Sólo un par de días más tarde, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, apoyó en el Congreso el refuerzo del ICO como banco de inversión pública, mediante la integración de otros organismos públicos de financiación, como el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), la Empresa Nacional de Innovación (Enisa) y el Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía (IDAE). Así, dijo, “se maximizaría su impacto para la movilización de inversión pública y privada necesarias”. La pandemia ha dejado la idea en el limbo.

Los préstamos garantizados por el Estado han sido el mecanismo estrella de los gobiernos europeos para combatir los problemas de liquidez de las empresas en el año de la pandemia. En la zona euro se han desplegado avales públicos por casi dos billones de euros, un importe que equivale al 16% de su PIB. El volumen es sólo dos puntos inferior al alcanzado durante la crisis financiera que siguió a 2008, cuando los gobiernos concedieron garantías por valor del 18% del PIB, según las cifras del BCE. Entonces los receptores de esos avales fueron las entidades bancarias, a las que urgía dotarlas de financiación y devolverles la confianza perdida. Ahora los beneficiarios son el resto de las empresas, sobre todo las pertenecientes a los sectores más perjudicados por las restricciones impuestas por el covid.

En España estos préstamos garantizados cuentan con el aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO), a través de dos líneas aprobadas por el Gobierno: una de 100.000 millones de euros y otra de 40.000 millonesotra de 40.000 millones. Hasta el momento, se han concedido 1,003 millones de avales, por un importe de 91.770 millones de euros, que se traducen en 120.799 millones de euros en préstamos otorgados. La garantía del Estado cubre el 80% de los préstamos que pidan autónomos y pymes, y el 70% de los que soliciten las empresas de mayor tamaño si es un nuevo crédito, el 60% si se trata de la renovación de uno anterior. En otros países europeos, como Italia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos o Suiza, el aval público cubre en algunos casos hasta el 100% del préstamo, dependiendo del tamaño de la empresa o la cuantía de la operación.

Tanto en 2008 como ahora, el aval del Estado está sosteniendo una buena parte del negocio bancario. Al menos el de los préstamos a empresas y, sobre todo, en España y Francia. Así lo asegura el BCE, tras constatar el aumento de la concesión de préstamos en la zona euro con la pandemia. Sólo entre abril y julio del año pasado los flujos de préstamos garantizados superaban a los flujos netos globales en todos los mayores países del euro. En otras palabras, el BCE advierte un desplazamiento en la concesión de préstamos ordinarios a préstamos con aval estatal. Es más, en España y Francia, donde más éxito han tenido estos programas, el 65% y el 70% de los nuevos préstamos otorgados, respectivamente, entre abril y julio consistían en préstamos garantizados por el Estado. En Alemania e Italia, en cambio, sólo un 20%. Excepto en Alemania, en las otras tres grandes economías del euro el volumen bruto de préstamos en esos meses superó al registrado en el mismo periodo de 2019.

Para hacerse una idea del brío que ha adquirido este segmento del negocio bancario, basta con señalar que, según la encuesta sobre préstamos bancarios del BCE, en el segundo trimestre del año pasado se produjo la mayor concesión de créditos a empresas desde 2003. Tras preguntar a 143 bancos europeos, un 62% informó de un aumento de la demanda de préstamos por parte de las empresas, una cifra que se elevaba al 80% de los bancos españoles, al 90% de los italianos y al 97% de los franceses. El Banco de España también lo confirma: entre marzo y mayo, en pleno confinamiento, el nuevo crédito bancario a empresas y autónomos se expandió “a ritmos históricamente altos”. Al término de 2020, el crecimiento ha sido del 8,2%, una tasa que no se veía desde 2008, cuando aumentó un 6,8%. Desde entonces la tasa había sido siempre negativa. En mayo llegó a su máximo, con un alza del 8,7% respecto al año anterior.

Además, los avales del ICO han servido a las entidades financieras para aumentar su cuota de mercado en este segmento del negocio. El instituto público repartió cada tramo de avales entre los bancos de acuerdo con la cuota que tiene cada uno de ellos en el sector de crédito a empresas. No obstante, algunos han conseguido finalmente operaciones por encima de su cuota –establecida según los cálculos del Banco de España para 2019–, gracias a la reasignación de los avales sobrantes de un tramo anterior. Es lo que ocurrió con el Santander, que otorgó 25.510 millones de euros en garantías –tiene una cuota del 20%– y al BBVA 19.000 millones –un 15,8%, superior al 11,1% de su cuota–. Bankia prestó 11.000 millones, Caixabank 12.640 millones, Sabadell 8.039 millones y Bankinter 8.600 millones.

Con la ayuda del BCE

Las empresas, sobre todo las más pequeñas y los autónomos, acudieron enseguida a los bancos en busca de un colchón que les permitiera sobrevivir a lo que por entonces se preveía un duro pero corto paréntesis de actividad. Y las entidades financieras aprovecharon al máximo el blindaje del Estado. Como el riesgo soberano español es cero, según las normas que rigen el cálculo de los requisitos de capital, los préstamos acogidos al programa del ICO consumen menos recursos propios. Además, en caso de impago, la pérdida que debe anotarse el banco se reduce si la operación ha contado con una garantía pública. En consecuencia, explica el Banco de España, el programa de avales del Estado facilitó la expansión de los balances de los bancos estimulando la oferta de crédito. E incluso ha contribuido a contener la ratio de créditos dudosos,ratio al aumentar la liquidez de las empresas y el volumen de préstamos.

Además, esos préstamos se han beneficiado de unas mejores condiciones: el tipo medio de interés de la línea ICO es del 2,1% para pymes y del 2,3% para empresas mayores, inferiores al 2,6% y al 3% que obtenían antes de la pandemia o se les ofrecía en caso de operaciones sin el aval público. El plazo medio de los préstamos ICO también es tres años mayor al ofrecido al resto, lo mismo que su importe medio: por encima de los 200.000 euros para pymes para los créditos con aval del Estado, frente a los 70.000 euros de los que no entraban en el programa.

Aun con esos tipos más bajos, los bancos españoles han ganado hasta el momento casi 2.600 millones de euros gracias a los cerca de 120.800 millones prestados a las empresas. A esa cifra hay que sumar las cantidades que obtienen de los tipos negativos con que les financia el BCE. Pueden ganar hasta un 1% pidiendo dinero prestado al supervisor europeo. Esos beneficios constituyen ahora “una parte significativa de los ingresos de las entidades”, admite el profesor de la Universitat Pompeu Fabra José García Montalvo. En la subasta de liquidez del mes de junio, la cuarta de las 10 programadas en principio, los bancos pidieron al BCE una cifra histórica: 1,3 billones de euros. Y aún quedan otros 554.055 millones para repartir en las cuatro subastas que quedan.

Aunque los tipos negativos hunden la rentabilidad del negocio bancario, las entidades financieras reconocen en la encuesta del BCE que la facilidad de depósito negativa –fijada en el 0,5%– está contribuyendo a aumentar los volúmenes de crédito en todos sus tipos. Lo mismo dicen de los programas de compra de activos y del plan de compra de emergencia pandémica –1,35 billones de euros– del BCE, que han tenido un “impacto positivo” en la liquidez –dan más créditos– y en las condiciones de financiación –más favorables para las empresas–. Lídia Brun, investigadora de la Universidad Libre de Bruselas cree también que a los bancos “les ha ido bastante bien” con la política monetaria del supervisor europeo, gracias a la recompra masiva de bonos públicos y a los tipos de depósito negativos. Y que las entidades financieras se han beneficiado de la expansión del crédito corporativo “subvencionado por el Estado” que han supuesto los préstamos del ICO, pero pide “prudencia” hasta que se revele cuántas empresas terminan en la insolvencia.

 Traslado del riesgo al Estado

Pero no son éstas las únicas ventajas que los bancos han obtenido de los avales públicos. Otro beneficio, y fundamental, es que trasladan buena parte del riesgo al Estado. El BCE calcula que casi un tercio de los préstamos que las empresas no van a poder devolver serán asumidos por los Estados una vez activadas las garantías que han concedido. Hay que recordar que el aval del ICO cubre entre el 60% y el 80% de cada préstamo. El resto de la pérdida la tendrán que asumir los bancos. En Reino Unido, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria calculó en julio que un 40% de las empresas que han pedido préstamos de hasta 50.000 libras con un 100% de garantía estatal pueden terminar en morosos, así como el 10% de las medianas –100% de garantía– y grandes –80%– que han solicitado créditos avalados. La pérdida para el Tesoro británico ascendería a 16.900 millones de libras –19.678 millones de euros–. En octubre, la Oficina Nacional de Auditoría, que depende del Parlamento británico, aumentaba las cifras de posibles morosos hasta una horquilla del 35% al 60% y hasta 26.000 millones de libras las pérdidas que debería asumir el Estado. Y el contribuyente.

En España, el índice de morosidad de los préstamos a empresas es del 4,9%. El de las operaciones del ICO es el 4,1%, según explicó el pasado noviembre en el Congreso la directora general de Negocios del organismo, Rosario Casero. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por su parte, ha hecho un cálculo del impacto que tendría en la deuda pública la ejecución de entre el 15% y el 30% de los avales hasta 2025: entre uno y dos puntos del PIB, de 12.000 a 24.000 millones de euros.

Calculando en unos 30.200 millones de euros el coste del porcentaje de garantía que deben asumir los bancos en España por la parte que no garantiza el Estado –a partir de la financiación aprobada hasta febrero–, si finalmente el 20% de las empresas beneficiarias no pueden devolver los préstamos, las entidades se comerían unos 6.000 millones de euros. Hasta el momento, los seis mayores bancos del país han hecho provisiones por un importe superior a los 8.000 millones de euros, por lo que el agujero que podría dejar el impago de los créditos del ICO estaría cubierto. El Estado, por su parte, tendría que digerir unos 18.100 millones. En todo caso, un informe de Barclays considera que los bancos españoles, gracias a los saneamientos realizados tras la crisis financiera, están mejor preparados que en 2008 y podrán soportar una tasa de morosidad de hasta el 30% en los sectores más afectados por el coronavirus. Aun alcanzando ese porcentaje, las entidades financieras mantendrían un colchón que sería mayor para el Sabadell y el Santander pero menor para el BBVA, precisa el banco.

La línea covid del ICO habrá supuesto un revulsivo para los bancos “si todo acaba bien”, matiza García Montalvo, en referencia al alargamiento de la crisis. Los créditos también tienen un coste y es seguro que una parte significativa va a convertirse en fallidos, añade. El 2% de interés que las entidades están cobrando por prestar a las pymes es, en realidad, un interés “muy subvencionado”, prácticamente el que se pide por una hipoteca, que tiene mucho menos riesgo que una pyme. “En un préstamo ordinario, a las pequeñas empresas se les cobra por encima del 4%”, subraya.

Las pérdidas no suprimen el dividendo

Como parte de su último paquete de medidas contra la crisis del covid, el Gobierno ha aprobado un plan para reestructurar los préstamos con aval público que las empresas no puedan devolver. Tiene una partida de 3.000 millones de euros, que incluye las quitas de deuda sólo como último recurso. En la dura negociación que el Ejecutivo mantuvo con la banca para ponerlo en marcha, las entidades financieras se negaron en redondo a que las quitas fueran generalizadas y obligatorias. Para saber cómo se van a realizar, habrá que esperar a que se publique el Código de Buenas Prácticas que ha de elaborar el Gobierno y que será, en cualquier caso, voluntario para las entidades financieras.

Pese al aumento de las provisiones y la subsiguiente repercusión en los resultados –los seis grandes perdieron 5.536 millones de euros en 2020–, los bancos van a pagar dividendos. Aunque en marzo el BCE prohibió el reparto de beneficios entre los accionistas, relajó la medida antes de acabar el año: podrán distribuir un máximo del 15% de la ganancia acumulada de 2019 y 2020. Aun así, sigue recomendando máxima prudencia y pidiendo que no se paguen dividendos hasta septiembre de este año. Cinco de los seis grandes –el Sabadell no lo hará– ya han anunciado que repartirán beneficios. Todos por encima del 1%.

Este pasado lunes debería haberse puesto en marcha el nuevo servicio de notificaciones administrativas y correo certificado del Ayuntamiento de Madrid. Las multas, los embargos, los apremios por deudas tributarias... cualquier notificación o carta certificada del consistorio madrileño ya no será entregada por la empresa pública Correos. De ese servicio postal se ha hecho cargo desde el 1 de diciembre la empresa Recerca i Desenvolupament Empresarial bajo la marca RD Post. El Ayuntamiento de Madrid envía cada año unos 16 millones de cartas certificadas, notificaciones y telegramas, a los que hay que añadir burofaxes y paquetes. Hasta hoy, esos objetos postales los entregaban a los ciudadanos los carteros de Correos. Y, si el destinatario no se encontraba en su domicilio, acudía a la oficina de la sociedad estatal más cercana. A partir de ahora, cuando el empleado de RD Post no pueda entregar en mano la notificación, en 18 de los 21 distritos de la capital el ciudadano podrá recogerla no en una oficina de esta empresa, sino en alguna de las 18 papelerías con las que la empresa ha subcontratado el servicio.

El Ayuntamiento de Madrid sacó a concurso público en noviembre de 2019 los servicios postales municipales, cuyos dos lotes adjudicó casi un año después. A ambos se presentaron las tres mismas empresas: además de Correos, la Unión Temporal de Empresas (UTE) IAM Hispapost-Servinform y Recerca i Desenvolupament Empresarial. El primero, que incluye los envíos postales ordinarios por valor de 2,25 millones de euros, quedó en manos de la UTE, y el segundo, por importe de 16 millones, lo ganó Recerca i Desenvolupament Empresarial. Correos fue excluida desde el primer momento porque su oferta superó los precios máximos unitarios establecidos en el concurso.

Recerca i Desenvolupament Empresarial es una empresa catalana del grupo malagueño AL, especializado en consultoría tributaria y gestión de multas, que ha desarrollado como nueva línea de negocio el envío de notificaciones administrativas, tributarias y judiciales. Lleva 20 años gestionando las del Institut Municipal D'Hisenda de Barcelona, así como de las diputaciones de Cádiz, Almería o el Ayuntamiento de Granada, entre otras instituciones. En el caso de Madrid, ha subcontratado una parte del servicio con otra empresa del grupo, SMS91y ésta, a su vez, ha subcontratado la entrega de notificaciones y cartas certificadas, por importe de 450.000 euros, con esas 18 papelerías madrileñas. Nueve de ellas pertenecen a la cadena Carlin, pero el resto son pequeños establecimientos con los que la empresa ha firmado acuerdos de colaboración.

La UTE IAM Hispapost-Servinform también subcontratará parte de su contrato para gestionar los envíos de correo ordinario, pero lo hará con 73 operadores postales y con Correos, que se quedará con un 20% del servicio.

Dudas sobre la solvencia y capacidad de las tiendas

El pasado mes de agosto, los técnicos de la Mesa de Contratación municipal visitaron los 21 locales de RD Post, para comprobar que la empresa, entonces ya propuesta como adjudicataria, podía prestar el servicio en las condiciones que había prometido en su oferta. Y emitieron un informe, disponible en el expediente público del concurso, donde dictaminaban que la empresa no había acreditado suficientemente los medios de los que decía disponer y le pedían que subsanara esa carencia. Junto a fotos de los 21 locales, los técnicos reclamaban a la empresa que acreditara la solvencia y la capacidad de esas 18 papelerías. También le pedían que probara que están inscritas en el Registro General de Empresas Prestadoras de Servicios Postales y que documentara su relación jurídica con esa red de colaboradores.

Además, criticaban la escasa concreción del contrato “genérico” que había firmado con cada una de ellas, donde no se precisaba que deberán trabajar con notificaciones administrativas ni se especificaba cuál será el volumen de objetos postales que deberían gestionar o cuál es el nivel de servicio que deben prestar. De acuerdo con los cálculos que aparecen en el informe, cada papelería debería atender al año entre 3.685 –la más pequeña, la de Barajas– y 17.911 –la de mayor actividad, Latina– notificaciones de multas, o entre ocho y 57 envíos diarios. Como las visitas se llevaron a cabo durante el mes de agosto, seis de las papelerías estaban cerradas por vacaciones, otras tres estaban “completamente cerradas” o “vacías”, alguna no cumplía con el horario de apertura establecido, y en un caso –Villaverde– la tienda está situada en un polígono industrial “y es de muy difícil localización”, añadían los técnicos municipales.

Finalmente, la Mesa de Contratación expresaba sus dudas sobre la fehacencia, la capacidad de dar fe de la entrega, recepción o rechazo de una notificación administrativa, que la ley atribuía antes en exclusiva a Correos y ahora también a los operadores postales privados. El informe la considera suficientemente acreditada “desde un punto de vista técnico”, pero pide que se compruebe si también queda documentada desde el punto de vista jurídico “y en particular que se verifique el cumplimiento del procedimiento sancionador del Ayuntamiento de Madrid”. Porque cualquier problema de legitimidad o cualquier fallo en la entrega de una notificación tributaria, por ejemplo, puede ser utilizada en impugnaciones legales en un contencioso.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Madrid a infoLibre, RD Post respondió a todos los requirimientos de los técnicos municipales sobre la solvencia y capacidad de las papelerías. La Mesa de Contratación también aprobó la “alternativa tecnológica a la fehacencia convencional” que le presentó la empresa, una “evidencia electrónica de entrega” que el consistorio consideró satisfactoria. De forma que la adjudicación se consideró definitiva y la nueva red de oficinas de recogida y atención al público debería de estar ya en funcionamiento.

No obstante, algo preocupaba al Ayuntamiento de Madrid porque enseguida, “en las primeras reuniones, antes de firmar el contrato”, pidió a RD Post que cambiara las 18 papelerías por oficinas propias. “Desde el punto de vista legal no hay ningún problema, porque todas tienen autorización postal y están en el registro [de Empresas Prestadoras de Servicios Postales]. Pero al ayuntamiento le parecía mucho mejor desde el punto de vista de la imagen que tuviéramos oficinas propias, así que vamos a sustituirlas”, explica a este periódico Oriol Morillo, director de Recerca i Desenvolupament Empresarial. “La imagen es importante para el ayuntamiento y para nosotros”, reitera, por lo que la firma catalana ya ha aumentado de tres a siete las oficinas propias, a finales de año quiere llegar a 11 y “en un plazo de dos o tres meses” desaparecerán las 18 papelerías como oficinas de entrega, adelanta Oriol Morillo, quien destaca también los 150 puestos de trabajo que han creado en Madrid. Los sobrecostes de sustituir las papelerías por oficinas serán asumidos por la empresa, según apunta su director.

El ayuntamiento, por su parte, no quiere hablar de “petición formal a la empresa”. RD Post aún está llevando a cabo “ajustes técnicos” en su sistema, por lo que no podrá comenzar a prestar el servicio hasta dentro de un par de meses, “el mismo tiempo que va a tardar en sustituir las papelerías por oficinas propias”, indica un portavoz municipal. Por tanto, añade, cuando empiece a operar ya lo hará con todas sus oficinas. Mientras tanto, Correos seguirá repartiendo las cartas certificadas y notificaciones del consistorio madrileño. No obstante, el consistorio ya ha comunicado a la plantilla el cambio de adjudicataria del servicio postal, para advertirles de que deberán tapar con pegatinas los textos y logos de los sobres, avisos de recibo y documentos donde hasta ahora figuraba el nombre de Correos. Además, el sindicato Somos Sindicalistas acaba de reclamar a la Agencia Tributaria Municipal –el principal emisor de estos envíos– información sobre los posibles problemas de “certificación de la veracidad” que implicará la asunción de esta tarea por un operador privado.

Tabletas con GPS y evidencia de entrega electrónica

En Barcelona, para prestar este mismo servicio RD Post subcontrató a la cadena Mailboxes Etc, una red de franquicias con más de 200 establecimientos en toda España dedicados a la paquetería y los envíos postales pero que también ofrecen servicios de impresión y diseño gráfico o venden material de oficina. Es propiedad de un hólding italiano, Fineffe, que la adquirió en 2009 a la multinacional estadounidense UPS. En Madrid la empresa catalana no pudo utilizar la misma red porque Mailboxes Etc no trabaja los sábados, un día en que el contrato del ayuntamiento de la capital les obligaba a prestar el servicio, asegura el director de Recerca i Desenvolupament Empresarial.

Oriol Morillo precisa que, en todo caso, no habrá ningún problema con la fehacencia de las notificaciones administrativas. “Nosotros no llamamos a nuestros empleados carteros, sino notificadores, que además trabajan sólo con tabletas”, indica. Éstas cuentan con “una prueba evidente de entrega electrónica, GPS y un peritaje de la Universidad de Valencia sobre la fehacencia”. Los notificadores de RD Post, resalta, harán las dos visitas, espaciadas en el tiempo, a que les obliga la Ley de Procedimiento Administrativo y trabajarán con firma electrónica, aceptada ante los tribunales. “Todos los contenciosos que hemos tenido en Barcelona los hemos ganado”, presume.

Además, Morillo esgrime un dictamen de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) donde, tras una consulta del Ayuntamiento de Almería, el órgano establece que “todos los operadores postales”, y no sólo Correos, “pueden realizar notificaciones administrativas, con las debidas garantías legales, siempre y cuando quede asegurada la constancia de su realización”.

En pérdidas y en riesgo de cierre por culpa de Correos, según la CNMC

En el Ayuntamiento de Madrid han ganado los operadores privados al gigante público tanto en el reconocimiento de la fehacencia como en la oferta económica. Pese a que el precio final con el que se presentó al concurso en el primer lote era el menor de los tres candidatos, sus precios unitarios eran superiores por imperativo de la CNMC, que justo esos mismos días había aceptado las medidas cautelares solicitadas por Asempre (Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulación de Correspondencia) en el expediente sancionador abierto contra Correos por prácticas restrictivas contra la competencia. En su resolución, la CNMC instaba a Correos a abstenerse de ofertar precios unitarios con descuentos que superen los que la sociedad pública hace a sus grandes clientes minoristas.

Según Asempre, esos descuentos “excesivos” pueden llegar a ser superiores al 78%, lo que supone que Correos ofrece precios por debajo de costes para fidelizar a sus clientes. Pero que excluyen del mercado a los operadores privados. De hecho, Asempre pone como ejemplo en su informe a la CNMC a RD Post y al contrato de Correos con Unicaja y Cajamar, y culpa a la política de descuentos de Correos de haber puesto a la empresa “en riesgo de cierre”. Este órgano atribuye el “deterioro en las cuentas” de RD Post entre 2018 y 2019 y a su entrada en pérdidas ese último año, a la política de precios de Correos. Asegura incluso que, pese a haber aumentado su facturación el ejercicio pasado, la firma catalana sufre un “fuerte riesgo de cese de actividad”.

Recerca i Desenvolupament Empresarial figura en la última lista de morosos de la Agencia Tributaria, con una deuda de 1,24 millones de euros. Aunque fue publicada el pasado 23 de septiembre, la lista incluye a empresas y particulares que debían a Hacienda más de un millón de euros a 31 de diciembre de 2019. Oriol Morillo asegura que, cuando se presentaron al concurso del Ayuntamiento de Madrid este año, se encontraban ya al corriente con el fisco. Y lo siguen estando. Así consta en los certificados acreditativos que ha expedido la Agencia Tributaria a petición suya en julio y noviembre. “Fue un problema administrativo de Hacienda, por el pago fraccionado del IVA, que en realidad habíamos pagado dos veces, pero no lo habían consignado en su aplicación contable cuando se hizo el listado de morosos”, detalla. El responsable de RD Post añade que han interpuesto un recurso ante el Tribunal Económico Admnistrativo Central por este motivo.

infoLibre ha preguntado a Correos por el concurso público del Ayuntamiento de Madrid. La sociedad pública se ha limitado a responder que sus precios se calculan basándose en los costes en que incurre y que son comunicados a la CNMC. “No podemos en ningún caso presentar una oferta que se encuentre por debajo de nuestros costes”, resume un portavoz. RD Post asegura que su oferta incluye precios de mercado. El precio unitario máximo fijado en el concurso era de 1,92 euros si la notificación tiene un peso inferior a 20 gramos y de 2,22 euros si pesa menos de 100 gramos. RD Post ofreció 1,75 euros para las primeras, y 1,95 euros para las segundas. Correos los superaba: 2,179 euros con menos de 50 gramos y 2,46 euros con menos de 100. Por su parte, la UTE AM Hispapost-Servinform tuvo que aportar información adicional a la Mesa de Contratación para no ser excluida, porque presentó una oferta anormalmente baja en este lote.

El Tribunal Supremo ha declarado firme una sentencia contra Financiera El Corte Inglés, que incluyó y mantuvo durante más de dos años de forma indebida a un afectado en los ficheros de morosos Asnef y Badexcug por una deuda de 212,68 euros, además de condenarla a indeminzar al demandante con 3.600 euros, según informa Europa Press.

En concreto, el alto tribunal ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por Financiera El Corte Inglés, entidad participada por Banco Santander en un 51% y El Corte Inglés en un 49%, contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo el 15 de mayo de 2019, que fue recurrida por la compañía.

El demandante interpuso esta demanda para proteger su derecho al honor por considerar que fue incluido de forma indebida en el fichero de personas morosas previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, según consta en el fallo al que ha tenido acceso Europa Press.

De esta forma, permaneció inscrito en los registros de morosos de forma ininterrumpida más de dos años por una deuda cuyo origen provenía de una tarjeta de compra suscrita el 1 de octubre de 1984. A pesar de la estimación de la demanda en primera instancia, la entidad presentó recurso de apelación que fue elevado a la Audiencia Provincial 4 de Oviedo.

La Audiencia asturiana en su sentencia exigió la observancia de lo que llama "principio de calidad de datos", es decir, en lo relativo al tratamiento de los datos personales y a su libre circulación se exige que sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades para los que se hayan obtenido, además de que han de ser exactos y puestos al día.

La sentencia de segunda instancia hace también referencia al artículo 29.4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, donde se prevé que solo podrán cederse a terceros datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que cuando sean adversos no tengan una antigüedad superior a seis años debiendo responder con veracidad a la situación económica del momento, según señala Asufin.

Por otra parte, se examinan las exigencias mínimas que debe cumplir el requerimiento previo de pago, uno de los requisitos para que la inclusión en estos ficheros sea posible, debiendo acreditarse que no solo se ha efectuado, sino también la forma en que este se hizo.

Vulneración del derecho del honor

Asufin señala que haciendo referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo se estima que estos casos son indemnizables, debido a que esta inclusión "indebida" vulnera el derecho al honor de la persona afectada por la valoración social negativa y porque la imputación como 'moroso' lesiona la dignidad de la persona, menoscaba su fama y atenta a su primera valoración, aspecto que debe valorarse a través de la divulgación que ha tenido tal dato.

Por todo esto, la Audiencia Provincial 4 de Oviedo desestimó el recurso de apelación interpuesto por Financiera El Corte Inglés, confirmando la sentencia de primera instancia y condenando a la demanda a indemnizar al afectado por el daño moral causado en la suma de 3.600 euros, más los intereses devengados desde la fecha de la resolución hasta el completo pago

La Comunidad de Madrid ha terminado pagando una parte significativa de los 400.000 euros que Avalmadrid concedió en una operación de crédito-aval a la empresa MC Infortécnica SL y que sus dueños, entre ellos los padres de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no devolvieron jamás. Lo hizo el 3 de marzo de 2016, cuando el Gobierno regional estaba presidido por Cristina Cifuentes, y la cantidad que tuvo que abonar a Avalmadrid ascendió a 102.030,55 euros. Ese desembolso se realizó de acuerdo con un convenio que la sociedad de garantías había firmado con el Ejecutivo autonómico el 24 de marzo de 2011, cuando estaba presidido por Esperanza Aguirre.

De acuerdo con ese convenio, la Comunidad de Madrid actuaba como reavalista de determinadas operaciones afianzadas por Avalmadrid. En cada caso, asumió un porcentaje diferente del reaval. Así, en el préstamo de 400.000 euros a MC Infortécnica SL, la Comunidad reavaló el 25%, lo que explica que la cantidad abonada el 2 de marzo de 2016 fuese de 102.030,55 euros (el 25% del total más la parte correspondiente de los intereses generados hasta esa fecha).

Los datos sobre la fecha del pago y la cantidad exacta abonada fueron facilitados a infoLibre por el Portal de Transparencia del Gobierno madrileño.

Otro 50% del préstamo de MC Infortécnica SL fue reavalado por la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), una sociedad con un 98% de capital público que otorga el respaldo del Estado a los riesgos asumidos por las 18 sociedades de garantía recíproca que existen en España. Cersa cubrió otros 206.123 euros del fallido de MC Infortécnica SL.

Avalistas y reavalistas: ¿cómo funciona?

En el dinero otorgado a la empresa que tenía entre sus socios a los padres de Ayuso intervinieron diversos actores financieros. Veámoslo:

– Los 400.000 euros del préstamo los puso Caja España. Pero estaban afianzados por Avalmadrid. Es decir, si MC Infortécnica SL no devolvía el dinero, Caja España se lo reclamaba a Avalmadrid. Eso es exactamente lo que ocurrió, puesto que la empresa de los padres de Ayuso no devolvió ni un euro. Así que Avalmadrid le abonó a Caja España, entre abril de 2012 y junio de 2014, un total de 416.175,60 euros (la cantidad inicial más los intereses).

– Avalmadrid, a su vez, reavaló la operación con Cersa (50% del total) y la Comunidad de Madrid (25%). En otras palabras, una vez declarado fallido el préstamo, Avalmadrid tenía derecho a dirigirse a ambas para reclamarles el dinero correspondiente. Por eso, la Comunidad de Madrid tuvo que desembolsar 102.030,55 euros el 3 de marzo de 2016. 

– Avalmadrid también pidió garantías a la empresa que recibió el crédito y a sus ocho accionistas. En concreto, hipotecaron una nave industrial en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila) y los ocho se convirtieron en avalistas solidarios, es decir, todos ellos respondían con todos sus bienes presentes y futuros del total del préstamo.

MC Infortécnica SL dejó de pagar el préstamo, que se le había concedido el 15 de marzo de 2011, en diciembre de aquel año, cuando le tocaba devolver la primera cuota. El 2 de abril de 2012, el Comité de Morosidad de Avalmadrid aprobó abonar a Caja España, la entidad que había prestado el dinero, el importe impagado por MC Infortécnica SL, además de ejecutar las garantías que habían puesto los socios para solicitar el aval: una nave en Sotillo de la Adrada (Ávila) y los bienes personales de los cuatro matrimonios. Pero hasta el 26 de noviembre de 2012 no entregó a Cobralia, la firma que tenía contratada para recuperar fallidos, el expediente de la empresa a fin de que reclamara en los juzgados la nave y los bienes de los avalistas. En 2013 los abogados de Cobralia pidieron al juez el embargo del local, que no fue subastado hasta abril de 2018. El precio de adjudicación fue de 272.000 euros, aunque el valor de mercado de la nave de Sotillo es muy inferior.

Pero jamás se ejecutaron los bienes de los cuatro matrimonios asociados en MC Infortécnica. De hecho, Avalmadrid permitió con su falta de diligencia que los morosos fueran traspasando sus bienes. Cuando le entregó el expediente a Cobralia habían desaparecido del patrimonio de los socios de la empresa 7 de los 14 bienes inmuebles que tenían en propiedad en el momento de solicitar el préstamo. Esos siete inmuebles cambiaron de titular a través de donaciones o ventas prohibidas por la ley y los restantes ya estaban hipotecados, así que les fue imposible venderlos o donarlos. Los padres de Díaz Ayuso fueron los primeros en traspasar su patrimonio, mediante donaciones a sus hijos y la venta de una nave en Sotillo de la Adrada a terceros ajenos a la familia.

El dinero público cubre los impagos de los Ayuso

A la vista de la cobertura pública de que se ha beneficiado el crédito fallido de MC Infortécnica SL, el quebranto para el contribuyente puede ascender al 75% del importe total. Lo que ya es seguro, de acuerdo con la información que hoy desvela infoLibre, es que a los contribuyentes madrileños ya les ha costado 102.030,55 euros el impago del préstamo por parte de MC Infortécnica SL. En otras palabras: el dinero que dejaron de pagar los padres de Ayuso y los otros seis socios de la empresa lo han puesto, en un 25%, los contribuyentes madrileños.

El pago realizado por la Comunidad madrileña formó parte de un lote de 15 expedientes que Avalmadrid declaró fallidos, por un importe total de 381.019 euros y que se liquidaron en la misma fecha, el 3 de marzo de 2016. Se trata de una parte de los 51 fallidos que por valor de 2,46 millones de euros han sido abonados hasta el día de hoy por la Comunidad de Madrid en cumplimiento del acuerdo de reafianzamiento entre ambas instituciones. Ese convenio supuso el reaval de un total de 464 operaciones firmadas a lo largo de 2011, que ascendieron a 87,26 millones de euros, según la información facilitada a este periódico por la propia Comunidad de Madrid.

Con Cersa, Avalmadrid firma cada año un contrato. El último es de 2018 y establece una cobertura de entre el 35% y el 80% de los riesgos asumidos por la sociedad de garantías madrileña.

Críticas del Banco de España

La gestión del reafianzamiento realizada por Avalmadrid también fue objeto de reproche en los informes del Banco de España, que destaparon numerosas irregularidades en la entidad semipública y han servido de base para crear una comisión de investigación en la Asamblea de Madriduna comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. De hecho, el supervisor bancario envió un requerimiento a la sociedad de garantías para que cambiara su política de reavales: en sus inspecciones había encontrado 78,4 millones de euros en operaciones que carecían de reafianzamiento.

Avalmadrid se comprometió con el Banco de España a implantar a partir del 1 de enero de 2013 un límite de reaval por operación financiera de un millón de euros. Pero tardó 19 meses en aplicarlo. Mientras tanto, continuó autorizando operaciones que superaban ese máximo. Su consejo de administración incluso aprobó en ese tiempo un acuerdo para elevar el límite en un 75% y que pudiera también superarse en caso de novaciones, reafianzamientos y restructuraciones de avales en vigor, destaca el informe del Banco de España. En otras palabras, mientras el reaval de algunas operaciones excedía el tope de riesgo recomendado por el supervisor bancario, otras se quedaban sin él porque Avalmadrid había agotado a mitad de ejercicio el importe anual concedido por Cersa y la Comunidad de Madrid.

La consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) elaboró en diciembre de 2018 un informe, por encargo del consejo de administración de Avalmadrid, donde examinó el contrato por el que la sociedad de garantías madrileña vendió en junio de 2012 a Cobralia una cartera de créditos fallidos. Para ello tuvo también que investigar los contratos que la entidad semipública había firmado antes con esa misma empresa de cobro de morosos, en julio de 2007, para que le gestionara el recobro extrajudicial de los expedientes fallidos, y con su presidente, Fernando Cañellas de Colmenares, a título personal, en mayo de 2008, a quien encargó la presentación de demandas judiciales para recuperar las cantidades adeudadas por las empresas que no habían devuelto los avales concedidos. Igualmente analizó un tercer contrato, con fecha de 20 de octubre de 2010, por el que Fernando Cañellas cedía a Cobralia la gestión judicial por la que le había contratado Avalmadrid.

Los analistas consideran “discutibles” la causa y la finalidad tanto del contrato de venta de la cartera de fallidos de junio de 2012 como del contrato de subrogación de 2010, así como la manera en que fueron formalizados: ambos pueden ser nulos porque su causa fue “ilícita”. Según detalla el documento, al que ha tenido acceso infoLibre, en abril y mayo de 2012 Avalmadrid llegó a un acuerdo “presumiblemente verbal” con Fernando Cañellas para que éste cobrara los honorarios que la entidad semipública le adeudaba. El esquema consistía en la subrogación de los expedientes y la posterior venta de esa cartera de fallidos, una estructura que resultaba “más favorable fiscalmente” para el presidente de Cobralia, destaca PwC. Si se demuestra que ésa era “la única finalidad de ambos negocios jurídicos”, el contrato de venta y el de subrogación tuvieron “una causa ilícita” y, por tanto, “son nulos de pleno derecho”, dictaminan.

Este periódico se ha puesto en contacto con Cobralia, que ha declinado hacer ningún tipo de “comentario o valoración” sobre el informe, Avalmadrid o la intervención de Fernando Cañellas en estas operaciones. “Nuestra política de empresa es no responder a preguntas sobre nuestros clientes o sobre nuestro presidente”, aseguró su portavoz.

Los autores del informe se quejan en varias ocasiones a lo largo de sus nueve páginas de la falta de información con la que trabajan. Los documentos y correos electrónicos que analizaron fueron suministrados por Avalmadrid, pero echan en falta otros necesarios para determinar “los honorarios facturados [por Cobralia y Fernando Cañellas], su correcto devengo” e incluso “la trazabilidad del proceso de decisión”. Llegan a asegurar que la documentación que se les ha proporcionado es “confusa” e “incompleta”.

No obstante, los técnicos de PwC señalan que las operaciones con Cobralia y Cañellas de Colmenares pueden haber producido dos tipos de daños al patrimonio de Avalmadrid. El primero, el perjuicio económico directo, en el caso de que la entidad semipública haya pagado “honorarios por duplicado por un mismo servicio”. Y el segundo, la sanción, pena o multa si Avalmadrid es considerada “responsable subsidiaria o cooperadora necesaria en la comisión de una infracción administrativa o un delito”. Según destaca el informe, todas las negociaciones y documentos “contaban con la intervención o, al menos el conocimiento” del presidente de Avalmadrid en ese momento, Juan Manuel Santos-Suárez, y de su consejero delegado, Juan Luis Fernández-Rubíes. Por lo que “la propia sociedad, a través de sus válidos representantes” aceptó “implícitamente” tanto la subrogación de Cobralia como el contrato de venta de la cartera de fallidos, concluye PwC.

Cañellas cobraba aunque no se recuperase dinero

Los analistas explican que, aunque “a priori” y “contractualmente” no parece haberse producido “una duplicidad o solapamiento” en la gestión de los recobros –Cobralia se encargaba de la recuperación extrajudicial y Fernando Cañellas, de la judicial–, “en la práctica, a la vista del volumen de expedientes gestionados y a la confusión generada”, sí que pudo haber “duplicidad o confusión en los honorarios facturados” puesto que no se delimitó “adecuadamente el perímetro de actuación de Fernando Cañellas”.

Además, PwC llama la atención sobre una peculiaridad del pago de honorarios al presidente de Cobralia. En virtud del primer contrato con esta empresa, el firmado en 2007, Avalmadrid abonaba a la empresa una comisión del 30% sobre el importe recuperado. Pero, según el segundo contrato, de 2008, Cañellas de Colmenares cobraba de las costas a las que era condenado el moroso si aquél ganaba el juicio. En caso de que el deudor no fuera condenado a pagar las costas, era Avalmadrid la que le abonaba los honorarios directamente, previa presentación de la correspondiente factura. El importe incluía un 20% de descuento sobre las tarifas recomendadas por el Colegio de Abogados de Madrid. Además, los costes de investigación de la solvencia del moroso, y los costes de los procuradores los sufragaba igualmente Avalmadrid. En esos años presidía la entidad semipública Eva Piera.

Es decir, subraya el informe, Fernando Cañellas cobraba “independientemente del éxito de la reclamación judicial” que gestionaba, mientras que Cobralia sólo lo hacía en caso de éxito. El problema es que los analistas de PwC desconocían, por la información que Avalmadrid les facilitó, si existía resolución judicial en cada uno de los expedientes que el presidente de Cobralia facturó y Avalmadrid le pagó.

Cruce de correos para solucionar el pago de honorarios

Las sospechas sobre la finalidad real de los contratos analizados por la consultora proceden de varios cruces de correos electrónicos entre directivos de Avalmadrid y de éstos con Cañellas de Colmenares entre abril y junio de 2012. En ellos, se habla de una “posible” subrogación de Cobralia “como parte de una solución global para facilitar el pago de los honorarios devengados por Fernando Cañellas y pendientes de cobro”. Los ejecutivos expresan su preocupación por las “debilidades” del contrato de subrogación y las “situaciones controvertidas” que éste puede generar.

Posteriormente, es el propio Fernando Cañellas quien envía un correo al director de Operaciones, al secretario del consejo de administración y al consejero delegado de Avalmadrid en el que propone la “estructura jurídica” para pagarle los honorarios, incluyendo la subrogación y la venta de la cartera de fallidos. Como este “planteamiento” supone un “coste fiscal muy alto” para él, plantea que se subroguen sólo los expedientes que él factura a Cobralia, que Cobralia facture a Avalmadrid por la gestión judicial de esos expedientes y que, después, Cobralia le compre la cartera.

Así, el 7 de junio de 2012, Cobralia emite una factura por una lista de expedientes que asciende a 305.362,45 euros, de los que se descuenta un 25% y a los que se añade un 18% de IVA. Un total de 270.245,76 euros. La transferencia se realiza cuatro días después, la misma fecha en que Avalmadrid firma con Cobralia el contrato de venta de fallidos. El precio de la operación fue de 113.772,91 euros.

Como estos correos y la discusión entre ambas empresas sobre el contenido de la factura tienen fecha de 2012, los analistas de PwC sospechan que el contrato de subrogación, de octubre de 2010, pudo haber sido “predatado” a esa fecha, porque en realidad se redactó y firmó dos años después.

El próximo día 26 de noviembre comenzará sus sesiones la comisión de la Asamblea de Madrid que investigará las irregularidades en el funcionamiento de Avalmadrid, destapadas por una inspección del Banco de España y por las informaciones publicadas por infoLibre. Los inspectores del organismo supervisor y los analistas de otra consultora, Forest Partners, desvelaron el trato de favor que esta entidad semipública, propiedad en un 26,1% de la Comunidad de Madrid, ha otorgado durante años a ciertas empresas en la concesión de avales. Muchas de ellas estabanvinculadas a miembros del PP o a algunos de los socios de la propia sociedad de garantías, como Bankia, la patronal madrileña CEIM o la Cámara de Comercio de Madrid. Entre los supuestos favorecidos se encuentra la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. Durante años, Avalmadrid no actuó para recuperar el dinero del aval que concedió en diciembre de 2011 a MC Infortécnica SL, una firma de suministros médicos, y que sus propietarios y avalistas no devolvieron. Entonces era Cobralia la empresa encargada de recuperar fallidos como los de la empresa de los padres de Díaz Ayuso.

Asesoría jurídica de Caja Madrid

Fernando Cañellas fundó Cobralia en 2002, después de pasar 14 años en Cajamadrid, donde comenzó en 1982. Fue uno de los seis miembros de la asesoría jurídica de la caja de ahorros a quienes el entonces presidente, Jaime TerceiroJaime Terceiro, abrió un expediente sancionador en 1996 por las anomalías encontradas en la gestión que este departamento llevaba a cabo en el cobro de morosos. Dos años antes, en mayo de 1994, Terceiro había disuelto la asesoría jurídica después de que el departamento de Auditoría Interna elaborase un informe que destapaba irregularidades que habían costado a la caja 30.000 millones de pesetas –180,3 millones de euros–, según publicó en su día el periódico Abc.

Los seis abogados del departamento presentaron después un requerimiento notarial donde se calificaba ese informe de “falso, extemporáneo e ilegal”. Según explicaban en su escrito, los responsables de la caja de ahorros ni les comunicaron el contenido del informe ni les dieron ocasión de presentar alegaciones. También rechazaban cualquier responsabilidad en las anomalías descubiertas. Por el contrario, aseguraban que habían cumplido entre 1992 y 1994 los objetivos de recobro de deuda de forma “espectacular”, “duplicando e incluso triplicando” los resultados de ejercicios anteriores.

Por esas fechas se estaba librando en Caja Madrid una auténtica guerra interna que desembocaría en la renuncia de Jaime Terceiro, en septiembre de 1996, y su sustitución por Miguel Blesa, tras un pacto entre PP, Izquierda Unida, CCOO y la Confederación de Cuadros. Abc citaba entonces a fuentes de los partidos representados en los órganos de gobierno de la entidad, que veían motivos políticos tras la batalla en torno a la asesoría jurídica. En concreto, mencionaban a Emilio Navasqües, que además de miembro de ese departamento era consejero en representación de la plantilla y se había manifestado en repetidas ocasiones en contra de la permanencia de Jaime Terceiro al frente de la caja y a favor de su sustitución por Miguel Blesa. Ignacio Navasqües, hermano del anterior, miembro del mismo departamento y también consejero de la entidad, fue condenado en 2018 a un año de cárcel por el caso de las tarjetas blackel caso de las tarjetas black.

El de Cobralia es el tercer informe que PwC ha elaborado por encargo de Avalmadrid. La entidad semipública solicitó a la consultora un dictamen sobre la conveniencia de denunciar ante la Fiscalía el trato de favor a ciertas empresas descubierto por los analistas de Forest Partners. PwC le recomendó que acudiera al ministerio público. Además, la sociedad de garantías le pidió consejo sobre si debía recurrir el archivo del caso que había decidido el fiscal por considerar prescritos los posibles delitos. En este caso, PwC le aconsejó que no continuara con el proceso judicial.

Lo cierto es que los informes filtrados desde Avalmadrid en una fecha tan oportuna existen y que los entrecomillados que le atribuía el periódico de Losantos son exactos. No tanto el titular, ya que la lectura de los dos textos más bien lleva a la conclusión contraria: que la dirigente del PP pudo tener responsabilidad penal, pero que en todo caso estaría extinguida al haber prescrito el delito a los cinco años.

El análisis de los dos documentos, a los que ha tenido acceso infoLibre, permite concluir que Avalmadrid encargó dos informes a medida con un doble objetivo: evitar la vía penal en el caso Ayuso y echar la culpa de las graves negligencias cometidas durante siete años por los máximos responsables de la entidad a un abogado de Cobralia, la empresa que utilizaba entonces para el recobro de deudas.

Más allá del contenido concreto de ambos textos, es importante tener en cuenta además tres circunstancias:

En otras palabras: Avalmadrid consideró que era buena idea solicitar un informe sobre responsabilidad penal a un experto en Derecho Civil. Y, por si fuera poco, también le pidió que se pronunciara sobre la posible actuación negligente de un abogado de Cobralia al presidente de una de las principales empresas competidoras de Cobralia, que además acaba de firmar un contrato con Avalmadrid para prestarle el mismo servicio que antes realizaba Cobralia.

  El informe sobre las vías de actuación

En el primer documento, que lleva fecha del 25 de julio, el letrado de Racmo informa a Avalmadrid sobre las "las posibles opciones que puedan conducir de manera satisfactoria al cobro de la deuda, tanto en vía civil como en vía penal".

La existencia de un préstamo de 400.000 euros concedido por Avalmadrid a la empresa MC Infortécnica SL, participada por los padres de Isabel Díaz Ayuso y por otros seis socios, había sido desvelada por El Confidencial el pasado 20 de junio. Los ocho socios de la compañía —cuatro matrimonios casados en régimen de ganaciales— se convirtieron en avalistas solidarios del crédito, de forma que respondían con todos sus bienes presentes y futuros de un posible impago. Dos días después, infoLibre descubrió que la dirigente del PP había aceptado en octubre de 2011 que sus padres le donasen un piso en el centro de Madrid en una operación sospechosa de un delito de alzamiento de bienes. En los dos meses siguientes, este periódico ha publicado diversas informaciones relevantes sobre la misma cuestión, entre ellas que Ayuso sabía tres semanas antes de aceptar la donación del inmueble que MC Infortécnica SL estaba en quiebra y no podría devolver el dinero. [Puedes leer aquí todas las noticias de infoLibre sobre los casos Avalmadrid, Ayuso e IBI].

El documento —carátula e índice aparte— tiene en total tres páginas. En la primera, dedica 16 líneas a analizar la "situación de los avalistas". La conclusión es que la "ausencia de solvencia es patente". Pero lo que llama la atención es que hay una sola avalista cuya situación no se analiza: Isabel Ayuso Puente.

En la segunda página se estudia la mejor opción para reclamar a los morosos por la vía civil. La conclusión es que procede presentar una demanda de ejecución de títulos no judiciales. Los juristas consultados por este periódico coinciden con este análisis.

En la tercera página se aborda la cuestión penal. Existe un primer hecho llamativo. La cuestión planteada por Avalmadrid fue la siguiente: "Determinar si hay acción penal posible contra los herederos de los deudores fallecidos". En la actualidad hay dos avalistas muertos: Leonardo Díaz Álvarez, el padre de Ayuso, y Juan Manuel Pitarch Divar (a quien en el informe unas veces se llama "Pitchar" y otras "Pitcher", pero nunca por su verdadero nombre). Los otros seis morosos están vivos. ¿Por qué no preguntó Avalmadrid si había acción penal posible contra ellos? Los juristas consultados por este periódico calificaron de "incomprensible" que se pregunte por unos y no por otros... salvo que se pretenda a toda costa evitar la vía penal, en cuyo caso lo mejor es no preguntar si es posible ir a dicha jurisdicción.

Esa incomprensión se acrecienta si se tiene en cuenta otro hecho: en un tercer documento que maneja la cúpula de Avalmadrid —distinto a los dos de Racmo— se asegura que varios avalistas enajenaron bienes en octubre de 2015 y agosto de 2016. Esas dos operaciones no habrían prescrito penalmente en ningún caso. Y, por tanto, cabría acción penal contra ellos.

En todo caso, Alfonso Cabeza se tiene que limitar lógicamente en este punto a responder a lo que le pregunta Avalmadrid, que es quien delimita de forma tan extraña el alcance del informe.

En cuanto a la pregunta planteada, el presidente de Racmo admite que los herederos de los deudores fallecidos  —Isabel y Tomás Díaz Ayuso y los hijos de Pitarch— podrían ser acusados de cooperadores necesarios en un delito de alzamiento de bienes. Pero encuentra para ello un obstáculo insalvable: "Sería necesario acreditar el dolo en el momento de la comisión del delito (más de 7 años atrás), y entendemos desde nuestro leal saber y entender que sería muy difícil por no decir imposible, acreditar dicho extremo".

Dos semanas después de que Racmo fechase ese documento en el que considera "imposible" acreditar el dolo, infoLibre publicó un correo escrito por Isabel Díaz Ayuso el 14 de septiembre de 2011, en el que admite que MC Infortécnica SL está "muerta". En consecuencia, sabía que no podría devolver el dinero del préstamo y que sus padres tendrían que responder con su patrimonio. El 7 de octubre de aquel año, le donan a ella el piso de Madrid y a su hermano Tomás una vivienda familiar en Sotillo de la Adrada (Ávila). Pero es que la propia Ayuso confesó la semana pasada en una entrevista en Tele 5 que su padre les donó los bienes porque su preocupación era que heredasen "el poco patrimonio que él tenía". Así que el dolo de los cooperadores necesarios en este tipo de delitos —que los receptores de los bienes los reciban sabiendo que el objetivo es frustrar el derecho de los acreedores— parece probado por la confesión de la autora y por pruebas documentales.

Existe una última cuestión reseñable. En relación con la posibilidad de que las deudas de Avalmadrid pudieran considerarse de Derecho Público, en cuyo caso los delitos no prescribirían hasta los diez años, en el informe se afirma literalmente: “Se ha realizado un estudio jurisprudencial de todas las sentencias que condenan aplicando este agravante y concluimos que no se nos abre una puerta por esta vía”. Pero no se cita ni una sola sentencia de ese supuesto "estudio jurisprudencial" realizado.

Así que habiendo establecido que el dolo será "imposible" de probar y que las deudas de Avalmadrid no son de Derecho Público, el presidente de Racmo llega a la siguiente conclusión: "Cualquier tipo de responsabilidad penal estaría prescrita [desde 2017], y en el caso de no estarlo la posible imputación por cooperación necesaria de un delito de alzamiento de bienes, no sería viable". 

infoLibre contactó con Alfonso Cabeza para incluir su versión sobre todas estas circunstancias, pero el letrado explicó que no podía responder al impedírselo el "contrato de confidencialidad entre Avalmadrid y Racmo". [Puedes leer al final de esta información, en La caja negra, todas las preguntas planteadas a Alfonso Cabeza].

La última vez que Avalmadrid se planteó si denunciaba operaciones irregulares ante la Justicia, en febrero de este año, encargó un informe jurídico a la multinacional PriceWaterhouseCooper (PwC), que le recomendó acudir a la Fiscalía. El Ministerio Público decidió finalmente no investigar al entender que las actuaciones posiblemente delictivas estaban prescritas.

  El informe sobre la responsabilidad del letrado de Cobralia

El segundo documento encargado por Avalmadrid a Racmo pretende determinar la "posible responsabilidad de la dirección letrada" en el expediente de MC Infortécnica SL. Aunque no lo menciona expresamente, se refiere en todo momento al abogado de Cobralia, la empresa a la que se encargó que intentase recuperar la deuda de los morosos. La conclusión a la que llega Racmo es que sus competidores de Cobralia actuaron de forma negligente y que los hechos "encajan en lo recogido en reiteradas ocasiones por la jurisprudencia como supuesto de responsabilidad del letrado". En este caso, al contrario que en el "estudio jurisprudencial" sobre las deudas de Derecho Público, sí que cita una sentencia del Supremo. Alfonso Cabeza entiende que al letrado de Cobralia se le puede reclamar el pago del total de la deuda viva de MC Infortécnica SL, que a 30 de junio de 2019 se situaba en 270.000 euros.

Para entender en toda su extensión la maniobra de Avalmadrid es necesario tener en cuenta dos fechas: el préstamo quedó impagado el 15 de diciembre de 2011, pero el expediente no se le trasladó a Cobralia para que intentase cobrar la deuda hasta el 26 de noviembre de 2012. Parece evidente que a Cobralia no se le puede responsabilizar de lo ocurrido con el expediente de MC Infortécnica SL antes de esta última fecha. Pero veamos, en todo caso, cuáles son las negligencias cometidas por los dirigentes de Avalmadrid y por los letrados de Cobralia en relación con la (no) actuación frente a los bienes personales de los morosos.

Respecto a Avalmadrid destacan los siguientes hechos:

En cuanto a Cobralia, las actuaciones reprochables son estas:

Este relato de hechos demuestra que ni los responsables de Avalmadrid ni los abogados de Cobralia cumplieron con sus obligaciones. Pero hay una cuestión que destaca sobre todas las demás: cuando el 26 de noviembre se traslada a Cobralia el expediente de MC Infortécnica SL, los morosos ya han excluido de su patrimonio 7 de los 14 inmuebles que poseían cuando les dieron el crédito. Y sólo tenían otros dos a su disposición, puesto que los cinco restantes estaban hipotecados.

Pese a ello, o precisamente por ello, Avalmadrid decidió encargar un informe legal para ver si le puede endosar la responsabilidad de lo ocurrido al letrado de Cobralia. En el documento que firma Alfonso Cabeza no se menciona ninguna de las actuaciones irregulares o negligentes de los ejecutivos de Avalmadrid y se concluye efectivamente que la actuación del letrado de Cobralia incurre en responsabilidad profesional. 

Y así es como han pasado cerca de ocho años desde que los padres de Díaz Ayuso y los demás socios de MC Infortécnica SL dejaron impagado el crédito de 400.000 euros, sin que nadie haya movido un dedo contra ellos, ni desde Avalmadrid ni desde Cobralia.

La quinta lista de los mayores morosos que publica la Agencia Tributaria no ha deparado grandes sorpresas respecto a años anteriores. Excepto quizá que ha aumentado el ritmo de reducción de la deuda: un 7,8% respecto a la anterior, referida a 2017. Si hasta entonces el volumen de lo reclamado había caído sólo un 1,9% desde que se publicó el primer listado, en diciembre de 2015 –apenas un 0,5% en 2017 respecto al año precedente–, en esta ocasión la deuda se ha reducido hasta los 14.100 millones de euros, desde los 15.600 millones de hace cuatro años. Es decir, del 9,6% total de recorte, casi cuatro quintas partes corresponden a 2018.

El número de los morosos se queda este año en 4.028, cuando en 2015 se elevaban a 4.855: una disminución del 17%.

Pero la cabeza de la clasificación no ha cambiado apenas en todos estos años. Los 17 mayores morosos, los que deben más de 50 millones, continúan teniendo los nombres de las grandes inmobiliarias fulminadas por la debacle del ladrillo. Todas ellas suman una deuda de 1.919,9 millones de euros, si a los impagos de las sociedades se les unen los atribuidos a sus principales accionistas. Así, Reyal Urbis continúa siendo el mayor moroso, con 353,23 millones de deuda. Aun voluminosa, es 8,2 millones menor que la del año anterior. Sin embargo si se suman las cantidades en el debe de Isolux Corsán e Isolux Corsán Concesiones, el montante del malogrado grupo de ingeniería supera a Reyal Urbis, con un total de 369,83 millones de euros.

Les siguen las empresas de uno de los protagonistas del hundimiento inmobiliario, Rafael Gómez Sánchez, empresario cordobés conocido como Sandokán. Grupo Inversor Arenal 2000, Arenal 2001, Arenal 2000 de Inversiones y Grupo de Empresas Rafael Gómez Sánchez acumulan, junto con el propio Sandokán como persona física, una deuda de 242,23 millones de euros. Vittone 1842 SL, una empresa de licores de Girona, debe al fisco 134,23 millones. Otro caído del ladrillo es el grupo malagueño Aifos, que a sus 98,64 millones añade 32 millones de Sun Farm, también propiedad del matrimonio formado por Jesús Ruiz Casado y Teresa Maldonado Taillefer, así como las deudas personales de ambos. En total, 129,89 millones de euros. De hecho Ruiz Casado y Maldonado Taillefer son las dos personas que más deben a Hacienda (más de 15,7 millones cada uno) después del número uno de la lista, el empresario Agapito García Sánchez, que mantiene ese puesto desde 2015.

Banreal Holding SL, una empresa de servicios financieros, repite un año más en el listado, con una deuda de 98,39 millones a la Agencia Tributaria. Tras ella, continúan los damnificados del ladrillo: Grupo Pra SA, con 97,94 millones de euros y el grupo de Francisco Hernando Contreras, El PoceroEl Pocero, que alcanza los 87,84 millones. Le pisa los talones la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), una polémica ONG dedicada a la venta de cupones sin autorización, según Hacienda, que la sancionó por ello en 2015. Debe 86,13 millones de euros.

En la clasificación aparece también Anca Corporate, una sociedad formada por el empresario hotelero Antonio Catalán y la familia Cosmen, propietaria de los autobuses Alsa. Su deuda con el fisco, 81,93 millones. A Promaga, constructora del empresario gaditano Manuel Gaviria, Hacienda le reclama 70,93 millones, mientras que a la inmobiliaria Natica Classic le apunta 60 millones de euros. Rematan la lista otros dos grandes del fiasco del ladrillo: Nozar, con 56,87 millones de euros, y Martinsa-Fadesa, con 50,33 millones.

Desaparece de la lista la sociedad del paraíso fiscal de Man

Por el contrario, han desaparecido dos de los mayores morosos de ediciones anteriores. Se trata en primer lugar de los hermanos Cristina y Luis Cort Lagos, dueños de Portocarrio SL, Portocarrio Valores, Portocarrio Viviendas y Fomensa Hispania. Los Cort Lagos desbancaron el año pasado a Agapito Sánchez como las personas físicas con mayor deuda, cuando sumaban 27,8 y 28,06 millones de euros respectivamente. Salir de la lista no significa que se haya abonado toda la deuda, sólo que ésta ya no alcanza el millón de euros. La segunda es Oceanus Maritime Limited, una sociedad radicada en la isla de Man –un paraíso fiscal– y propietaria de un yate de lujo, que fue durante dos años la segunda empresa más endeudada de la lista. Llegó a deber 227,72 millones de euros.

Entre las personas físicas con mayor volumen de deuda, además de los ya citados destaca de nuevo el exbanquero Mario CondeMario Conde. Aún se le exige el pago de 12,37 millones de euros, por debajo de los 14,96 millones de 2017 pero muy por encima de los 9,93 millones de euros con que se estrenó en la lista.

Ruiz Mateos, clubes de fútbol y Rodrigo Rato

Nombres ya habituales entre los mayores morosos siguen siendo los de la familia Ruiz Mateos, el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández y el antiguo dueño de Viajes Marsans y expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. Las empresas de los hijos de Ruiz Mateos –Garvey, Dhul, Nueva Rumasa y otras– acumulan una deuda con el fisco de 21,87 millones de euros. Las de Arturo Fernández en torno al grupo Cantoblanco deben 19,36 millones. Y las empresas de Díaz Ferrán Air Comet y Spanair superan los 21 millones de deuda fiscal.

Otro sector bien representado entre los mayores morosos es el del deporte. Clubes de fútbol como el CF de Murcia –18,3 millones de euros–, el Mérida –4,8 millones–, el Hércules de Alicante –3,9 millones–, el Real Jaén –11,16 millones–, el Rácing de Santander –3,26 millones–, la Unión Deportiva de Salamanca –13,62 millones de euros–, acompañan a los de baloncesto como el Lleida –1,04 millones– y el Girona –10,12 millones– o el Estudiantes de Madrid –8,21 millones–. Entre las novedades deportivas de la lista cabe destacar al ex motorista Sito Pons, que debe a Hacienda 1,95 millones de euros. Lorenzo Sanz, expresidente del Real Madrid, continúa un año más en el listado de morosos, con 1,36 millones, al igual que el exjugador del FC Barcelona Gabriel Milito, a quien se le reclaman 1,84 millones de euros. Otro exbarcelonista, Dani Alves, por el contrario, ha salido de la lista.

Siguen sin pagar lo que deben a la Hacienda pública el exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo RatoRodrigo Rato –1,02 millones–, y Edmundo Rodríguez Sobrino, testaferro del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, 1,13 millones. Lo mismo puede decirse de Francisco José Ortiz von Bismarck, a quien el fisco reclama 1,28 millones de euros, y  del juez Pascual Estevill –3,7 millones–, que fue condenado por corrupción. Además, entre los mayores morosos se encuentran dos organizaciones políticas: Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid –con poco más de un millón de euros– y Fundescan, una fundación ligada a la UGT canaria –1,05 millones–.

Desde Paz Vega hasta Okeysi

Entre los famosos del espectáculo se han estrenado en la lista la actriz Paz Vega, con casi 2,5 millones de euros, mientras que Patricia Conde se mantiene –debe 1,83 millones– y el cantante Miguel Bosé y el personaje televisivo Kiko Matamoros se caen del listado.

El empresario Javier Merino, exmarido de la actriz Mar Flores, que suma 3,4 millones de euros de deuda a través de tres empresas –Star Petroleum, Multipetróleos y Multipromotur– acompaña también a Luis Miguel Rodríguez, dueño de Desguaces La Torre, con 18,41 millones en el debe fiscal.

Antonio Navalón, periodista de El País y moroso desde 2015, continúa 2,01 millones. El articulista de La Razón César Vidal también se mantiene, con una deuda de 2,7 millones. Ya no aparece el grupo Intereconomía.

Entre las marcas del sector textil se han estrenado los dueños chinos de la cadena de tiendas Okeysi, que se unen así a Caramelo, Hakei y Blanco, en concurso de acreedores.

Seguridad Integral Canaria, una de las empresas del polémico Miguel Ángel Ramírez, ha aumentado su deuda con Hacienda hasta alcanzar el último año los 6,36 millones de euros.

El expiloto de motociclismo Sito Pons aparece por primera vez en la lista de morosos publicada este jueves por Hacienda por tener, a 31 de diciembre de 2018, deudas con la Administración Tributaria superiores al millón de euros, según informa Europa Press. En concreto, el excampeón mundial de motociclismo entra en la lista de morosos de Hacienda por tener una deuda de 1,95 millones de euros.

En cambio, abandonan la lista el artista Miguel Bosé; el futbolista Dani Alves, y el colaborador de televisión Juan Francisco Matamoros, conocido como Kiko Matamoros. El hecho de que hayan salido de este listado no significa necesariamente que hayan saldado su deuda con el fisco, sólo que no supera el millón de euros.

Por su parte, se mantienen en la lista, más o menos con la misma deuda, el exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato; la presentadora Patricia Conde; el expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz y el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez.Rato

, que se incorporó el año pasado por primera vez a esta listado, presenta una deuda de 1,01 millones de euros, ligeramente por encima de la del anterior listado. El expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz mantiene su deuda de 1,36 millones de euros y el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez adeuda 3,6 millones de euros a la Hacienda Pública. En ambos casos, la deuda se mantiene respecto al anterior listado. Por su parte, el expresidente de Banesto Mario Conde tiene una deuda de 12,37 millones de euros con Hacienda, por debajo de los 14,9 millones que figuraban en el anterior listado de morosos. La presentadora Patricia Conde presenta una deuda de casi 1,83 millones de euros, por debajo de los 1,86 millones del listado anterior.

Deudas de más de 15 millones de euros

Por su parte, el empresario Agapito García Sánchez vuelve a aparecer de nuevo como la persona física que acumula una mayor deuda con Hacienda, con un total de 15,97 millones de euros, inferior a la deuda de 16,9 millones de la lista anterior.

Destacan también, por el importe de su deuda, Teresa Maldonado Taillefer y su marido, Jesús Ruiz Casado, vinculado a la promotora inmobiliaria Aifos, que deben a Hacienda 15,68 millones de euros y 15,5 millones de euros, respectivamente. Desguaces La Torre, propiedad de Luis Miguel Rodríguez, conocido como el rey de la chatarra, tiene una deuda con Hacienda de 18,4 millones de euros, superior a los 14,3 millones que adeudaba el año anterior.

Futbolistas, escritores o periodistas

De igual forma, el exjugador del Barça y del Zaragoza Gabriel Milito sigue adeudando a Hacienda 1,8 millones de euros, en tanto que el escritor César Vidal Manzanares debe 2,77 millones de euros, el periodista Antonio Navalón presenta una deuda 2,02 millones de euros y el empresario y expresidente del club de fútbol del Valencia, Vicente Soriano Sierra, debe ahora 1,33 millones de euros.

De la familia Serratosa Caturla sólo aparece José, con una deuda de 1,89 millones de euros. Destacan también el empresario catalán Eudald Domenech Riera, que mantiene una deuda de 5,69 millones, y el exjuez Luis Pascual Estevill, con 3,7 millones, el mismo importe.

Kulteperalia, sociedad del empresario del espectáculo José Luis Moreno, sigue apareciendo entre las empresas deudores, con 1,6 millones de euros, por debajo de los 1,7 millones anteriores.

El empresario Javier Merino, expareja de Mar Flores, se mantiene en la lista con algunas de sus sociedades, como Multipetróleos, con una deuda de 1,19 millones de euros; Star Petroleum (1,15 millones) y Multipromotur, con una deuda de 1,06 millones de euros. En relación al anterior listado, se ha reducido la deuda de Star Petroleum y se han mantenido las de Multipromotur y Multipetróleos.

Reyal Urbis y clubes deportivos

Entre las empresas destaca la deuda de 353,2 millones que acumula Reyal Urbis, constructora que se encuentra en proceso de liquidación y es una de las compañías que más ha recortado su deuda respecto al anterior listado.

También figuran algunos clubes deportivos como Real Murcia (11,16 millones), Unión Deportiva Salamanca (13,62 millones) o Xerez Club Deportivo (10,38 millones), el Real Jaén (1,05 millones) y Racing de Santander (3,26 millones). Estos dos últimos clubs son dos de los que más han reducido su deuda. Igualmente, figuran el Club Basquet Girona (10,12 millones), el Club Deportivo Atlético Alcantarilla (1,84 millones), el Club Deportivo Básico Balonmano Neptuno (1,06 millones) y el Club Estudiantes (8,21 millones).

En la lista aparece también el empresario andaluz Rafael Gómez, conocido como Sandokan,Sandokan que debe 2,69 millones de euros a Hacienda, y algunas de sus sociedades. Estas empresas son Arenal 2000 de Inversiones (12,21 millones), Arenal 2000 (65,1 millones) y Arenal 2001 (71,8 millones).

Otras sociedades que repiten en el quinto listado de morosos son Intereconomía Corporación (12,4 millones ) e Intereconomia TV (5,39 millones), Martinsa-Fadesa (50,3 millones) y sociedades de la familia Ruiz-Mateos, como Nueva Rumasa (8,9 millones). El Grupo Cantoblanco, vinculado al empresario Arturo Fernández, tiene diversas sociedades a las que se reclama dinero, como Grupo Cantoblanco Alimentación (7,4 millones), Cantoblanco Colectividades (6,5 millones) y Arturo Grupo Cantoblanco (3,3 millones).

La quinta lista de morosos de la Agencia Tributaria incluye un total de 4.028 deudores, lo que supone un 6,7% menos respecto a la cuarta lista, mientras que el importe global de deudas recogido en el nuevo listado supera los 14.100 millones de euros, un 7,8% menos que en la anterior, según fuentes de la Agencia Tributaria, como recoge Europa Press.

Respecto a la primera lista de diciembre de 2015, el número total de deudores que aparecen en este nuevo listado es un 17% menor, teniendo en cuenta las nuevas entradas.

No obstante, un total 2.079 deudores que figuraban en el primer listado ya no aparecen en el quinto, de forma que más del 42% de los que aparecían al comienzo de la publicación de la lista ya no se encuentran en la situación que implicaría aparecer en este nuevo listado.

La lista incluye a los deudores con la Hacienda Pública con deudas o sanciones tributarias de más de un millón de euros, pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018, y que no se encuentran ni aplazadas ni suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto.

Del total de 4.028 deudores que figuran en el último listado, 315 son personas físicas por importe de más de 700 millones de euros (en la lista anterior eran 340 por importe de 760 millones) y 3.713 son personas jurídicas por importe de 13.400 millones (frente a los 3.978 del año anterior y 14.600 millones), un 17,5% menos que en el primer listado.

Del importe total, más de 6.700 millones de euros, el 46% del total, se corresponde con deudores en proceso concursal (más de 1.570 deudores, el 39% del total) y, por tanto, es deuda afectada por un proceso en el que las posibilidades de cobro efectivo de las deudas se encuentran limitadas mientras dure el propio proceso concursal. En el listado anterior la proporción era muy similar: algo más de 6.800 millones (el 44%) y más de 1.630 deudores, el 38% del total.

Asimismo, del total de deudores de la lista, en relación con 1.098 deudores principales se han realizado derivaciones de responsabilidad subsidiaria o solidaria a terceros distintos del deudor principal por un importe de casi 2.000 millones, equivalente al 14% del importe total de deuda incluida en el listado. El número de deudores con respecto a los cuales se ha derivado responsabilidad ha aumentado en un 29% en el quinto listado con respecto al primero.

Según los datos facilitados por la Agencia Tributaria, un total de 745 deudores no figuran ya en este listado tras haber aparecido en el del año anterior, tras cancelar o aplazar deudas por importe de 2.530 millones de euros. La salida de la lista se puede deber tanto a la cancelación total o parcial de las deudas objeto de publicación (situándolas por debajo del millón de euros), como a la obtención de un aplazamiento o suspensión de la deuda antes de la fecha de toma de datos (31 de diciembre de 2018).

Por el contrario, un total de 455 deudores, que no aparecían en el cuarto listado del año pasado, entran en la nueva lista publicada este jueves, con una deuda pendiente de 1.198 millones de euros. De los que aún permanecen en la lista, existe un total de 822 deudores que han pagado en lo que va de año más de 95 millones de euros en relación con deudas incluidas en este quinto listado y como consecuencia de ello, 41 deudores no tendrían que aparecer de tomarse como referencia para la extracción del listado el estado de las deudas a fecha de 1 de junio de 2019 y no a fecha de 31 de diciembre de 2018.

A su vez, más de 2.200 deudores que aparecían en el primer listado han pagado vencimientos de deudas incluidas en este primer listado por importe de 591 millones de euros desde la fecha de extracción de los datos de aquel primer listado (31 de julio de 2015) hasta el 1 de junio de 2019.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Medio Cudeyo ha condenado a la empresa Vodafone a indemnizar a un cliente con 6.000 euros por vulneración de su derecho al honor al incluirlo de forma irregular en una lista de morosos por una deuda no reclamada de 245 euros derivada de servicios de los que se había dado de baja. El fallo, contra el que se puede interponer recurso de apelación, estima la demanda interpuesta por el cliente e impone las costas a la compañía de telefonía.

Según consta en la sentencia, el cliente contrató con la compañía los servicios de teléfono fijo, ADSL, televisión y dos líneas de móviles en 2016, pero se dio de baja en septiembre de ese año por cambio de operador, al no poder efectuar el cambio de titularidad a nombre de su esposa. Tras efectuar varios pagos por la prestación de los servicios, fue incluido en mayo de 2017 en el registro de morosos sin que la compañía aportara "prueba alguna de reclamación" sobre la existencia de una deuda exigible por ese contrato. El fallo considera acreditado que de esta manera se vulneró de forma "infundada y arbitraria" el derecho al honor del demandante, al "no tener conocimiento ni ser requerido de pago alguno".