El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel sigue a la espera de un plan que, al igual que los ya aprobados para Doñana o el Mar Menor, aporte soluciones duraderas frente a la sobreexplotación de los acuíferos y la sequía crónica de este emblemático humedal. Mientras el Ministerio para la Transición Ecológica y la Junta de Castilla-La Mancha prolongan una negociación sin resultados concretos, desde el entorno del parque surge una alternativa activa y esperanzadora: “Resilvestrando el Guadiana”.

Este proyecto, promovido por la asociación Ojos del Guadiana Vivos junto a diversos colectivos sociales y expertos, propone devolver al Guadiana manchego su papel central como fuente de vida y parte de nuestra historia. Actualmente, el trabajo se centra en un tramo clave del río, entre los antiguos molinos de Griñón y Molemocho, una zona excluida históricamente del Parque Nacional, pero crucial para su supervivencia.

Aunque lo deseable sería que el futuro plan estatal recogiera e incorporara estas propuestas, muchas de las actuaciones planteadas pueden ponerse en marcha de inmediato, sin necesidad de esperar, siempre que cuenten con el respaldo institucional necesario, especialmente desde la administración central. Así, este proyecto se inscribe también en el marco de las actividades preparatorias para la conmemoración, en 2028, del centenario de Félix Rodríguez de la Fuente, figura esencial en la declaración del Parque Nacional en 1973. Su legado sigue siendo un referente inspirador, y recogemos su testigo con la firme voluntad de frenar el deterioro al que conduce el olvido de nuestro pasado, más aún cuando hablamos de un río habitado y vivido desde la Prehistoria.

El proyecto se traduce ya en una serie de actuaciones específicas:

• Restauración del Molino de Griñón, bien de titularidad pública incluido en el PRUG del parque como actuación a desarrollar en las próximas fechas. Su recuperación arquitectónica e hidráulica permitiría valorizar un patrimonio histórico fundamental. 

• Recuperación del cauce natural del Guadiana, especialmente de su estructura meandriforme original (“la madre”), como forma de restaurar la dinámica fluvial y prevenir incendios de turba. 

• Aportes de agua a la ribera mediante una acequia de careo por gravedad, que permita un sistema de “siembra de agua” que mantenga la humedad del terreno y evitar episodios de combustión espontánea de la turba. Estas actuaciones deben de contar con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y con el Organismo Autónomo de Parques Nacionales.

• Creación de un itinerario educativo y ecoturístico entre Griñón y Molemocho, que articule la restauración ecológica, la divulgación ambiental y la reactivación del uso público sostenible del entorno.

• Impulso a un polo de desarrollo cultural y digital, asentando teletrabajadores conservacionistas, investigadores universitarios y creadores en espacios de coworking rural vinculados al proyecto.

• Recuperación de herbívoros autóctonos, como el caballo, para el control natural de la vegetación.

• Fundación de un centro de humanidades ambientales, como espacio de investigación y de residencia de artistas, en torno a las relaciones entre sociedad, paisaje e historia.

El proyecto insiste en una visión integral: la crisis del parque no es solo ecológica, sino también política, económica y cultural. El gran error ha sido aislar Las Tablas del resto del río. Y eso incluye también a la historia de las poblaciones que han vivido en este territorio y que siguen siendo parte de la solución.

Amplios sectores de la población ya no aceptan la sobreexplotación del acuífero, porque comprenden que no solo daña el Parque Nacional, sino que también perjudica a la mayoría de la ciudadanía, al comprometer el equilibrio hídrico, la economía sostenible y el paisaje cultural del Guadiana

El pasado mes de marzo se celebró el I Encuentro “Resilvestrando el Guadiana” que reunió a colectivos como la Asociación Tablas de Calatrava, la Peña Equina “Rocinante” o empresas como Caminos del Guadiana, Madrija o Ferroal; así como a expertos en patrimonio, ganadería, geografía y medio ambiente, incluyendo a figuras como Manuel Zamora, experto en ganadería, Miguel Ángel Hervás, arqueólogo de Calatrava La Vieja o Ana González Besteiro, geógrafa social y ámplia conocedora de la situación en el Alto Guadiana.

Ahora se anuncia un II Encuentro, que se celebrará el próximo 22 de junio, tras una caminata interpretativa entre Griñón y Molemocho. Contaremos en esta ocasión con la asociación Venta de Borondo, experta en la recuperación de bienes culturales que conocerá el estado actual del molino de Griñón. Esta jornada aspira a ser mucho más que una ruta ambiental: un foro de propuestas vivas, un espacio de escucha mutua y un acto de afirmación cívica. Porque el futuro del Guadiana no puede quedar atrapado en el pasado de los intereses enfrentados.

Daimiel, junio de 2025.

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*Alberto Celis es geógrafo e historiador. Firman también en apoyo de este artículo Alejandro del Moral, Alejandro del Moral Molina, Benigno Varillas, Enrique Luengo y Carmen Sánchez.

La Unesco ha solicitado a España, antes del 1 de diciembre de 2024, un informe actualizado sobre el estado de conservación de Doñana y que implemente "con urgencia" las medidas de protección implementadas de la misión de Monitoreo Reactivo de 2020 sobre los acuíferos; de lo contrario, ha advertido, "podría crear las condiciones para su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro". Además, ha pedido el cierre de todos los pozos ilegales y ha expresado "su máxima preocupación" por la proposición de ley (PDL) de la Corona Norte registrada por PP y Vox en el Parlamento andaluz.

Así lo ha solicitado en su última resolución, consultada por Europa Press, y que se debatirá del 10 al 25 de septiembre en Riad (Arabia Saudita) en el Comité Intergubernamental para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural Mundial de la Unesco.

De este modo, en dicho documento, en el que la entidad realiza un nuevo análisis de la situación del parque nacional, ha pedido a España que elabore un informe, antes del 1 de diciembre de 2024, sobre el estado de conservación de Doñana, así como que ponga en la marcha las medidas implementadas para reducir la pérdida de agua en los acuíferos.

Al respecto, la Unesco señala que "aprecia los continuos esfuerzos del Estado Parte para reducir el uso de aguas subterráneas del acuífero de Doñana", mediante la implementación de diversas recomendaciones de la misión de Monitoreo Reactivo de 2020, pero ha reiterado su "máxima preocupación" por "la sobreexplotación", por lo que le ha pedido que "implemente plenamente todas las recomendaciones de la misión de 2020 con carácter de urgencia". De lo contrario, continúa el texto, "podría crear las condiciones para su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro".

Por otro lado, ha manifestado su "máxima preocupación" por la tramitación en el Parlamento andaluz de la PDL sobre la regularización de los regadíos de la Corona Norte. De hecho, ha instado a implementar "íntegramente el Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío situadas al Norte de la Corona Forestal de Doñana (Peocfd)", toda vez que urge a cerrar los pozos ilegales.

Por otra parte, solicita al Estado que confirme si se ha aprobado el Plan Hidrológico de la cuenca del Guadalquivir (2021-2027), y que desarrolle un plan estratégico que "defina los probables impactos relacionados con el cambio climático en la propiedad, así como medidas de adaptación y mitigación para abordar estos impactos".

Además, advierte sobre las "disminución en el número de aves acuáticas" que invernan en Doñana, algunas de ellas "clave", además, de que "actualmente no se reproducen ni se observan en la propiedad debido a la sequía prolongada y la falta de agua superficial".

Por un lado, la vicepresidenta tercera del Gobierno en funciones y ministra para la Transición Ecológica y el Reto demográfico, Teresa Ribera, a través de su cuenta de Twitter, se ha expresado sobre la que ha definido como "nueva advertencia de la Unesco".

Por ello, ha señalado que "hay cosas importantes que no debemos poner en riesgo", por lo que ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "actuar frente a las amenazas que se ciernen sobre Doñana", toda vez que le ha conminado "a empezar enterrando definitivamente su ley de ampliación de regadíos".

Por su parte, WWF ha lamentado que la Unesco "aún no haya propuesto la inclusión de Doñana" en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, "teniendo en cuenta la catastrófica situación en la que se encuentra desde hace años el Parque Nacional, como lo demuestran las numerosas y rotundas evidencias científicas, que obligan a actuar urgentemente para evitar que Doñana llegue a un punto de no retorno".

Así las cosas, la organización ha pedido, "una vez más", al presidente de la Junta de Andalucía que "retire de manera inmediata y definitivamente la proposición de ley", toda vez que ha solicitado la aplicación del Plan de la Fresa "en su actual redacción", y que la administración andaluza "consensúe con el Gobierno central un plan marco de actuaciones ambicioso y conjunto, con medidas para recuperar y restaurar la funcionalidad hidrológica de Doñana, así como que se cumplan los principios de gobernanza abandonados en este área protegida".

"Una vez más la Unesco amenaza con incluir a Doñana en el vergonzoso listado de lugares Patrimonio de la Humanidad en Peligro, lo que sería una verdadera deshonra para Andalucía y para nuestro país", ha indicado la ONG, toda vez que ha advertido a Juanma Moreno del riesgo de aprobar su ley para legalizar el robo de agua y los regadíos ilegales junto a Doñana. "Esperemos que esta vez haga caso y empiece a trabajar para cumplir con su responsabilidad internacional", ha concluido la ONG.

El Parque Nacional y Natural de Doñana es uno de los espacios naturales más valiosos de nuestro país –y del mundo– por su gran biodiversidad y riqueza de ecosistemas, muchos de los cuales albergan especies únicas.

Desde hace varios años, los científicos vienen alertando de que este territorio emblemático, situado en la desembocadura del río Guadalquivir, está gravemente amenazado por dos motivos: el cambio climático, ya que cada vez se suceden más episodios de lluvias torrenciales puntuales, seguidos de largos periodos de sequía; y la sobreexplotación del acuífero para uso agrícola. Esto está teniendo grandes repercusiones en la biodiversidad de la zona porque muchas especies dependen directamente de la cantidad y calidad del agua para completar su ciclo de vida.

Ahora, la decisión del Parlamento de Andalucía de aprobar la tramitación de un plan para modificar las zonas de regadío del entorno de Doñana y aumentar la superficie legal de riego pone aún más en riesgo a esta área protegida.

Por eso, un total de 25 sociedades científicas estatales que forman parte del Grupo de Sociedades Científicas por la Conservación del Patrimonio Natural (SOCINAT), junto con 1.109 investigadores y científicos del ámbito de la biodiversidad y geodiversidad, han firmado un manifiesto a favor de la protección de Doñana y contrario a la legalización de cultivos en el entorno del parque nacional.

Este documento explica que la información sobre la evolución de los diferentes parámetros hidrogeológicos, hidrológicos y biológicos de Doñana, resultado de los múltiples estudios llevados a cabo en las últimas décadas, no deja margen de duda sobre el deterioro del parque nacional. Por lo tanto, insisten en el hecho de que se debe replantear el modelo de planificación y gestión territorial en la zona, remediarse las amenazas que se ciernen sobre este espacio natural y evitar cualquier incremento de la superficie de regadío en el entorno.

“Al crecimiento legal de miles de hectáreas de nuevos cultivos se une el crecimiento desordenado de la agricultura, con centenares de extracciones ilegales de agua e incluso ocupaciones de montes públicos que son roturados para poner invernaderos. Este intenso consumo de agua hace que el acuífero descienda, con lo que las lagunas del interior del área protegida dejan de llenarse y desaparecen.”, explicaba a SINC Eloy Revilla, investigador del CSIC y director de la Estación Biológica de Doñana, en un artículo de opinión publicado el pasado mes de junio.

Además, con un respaldo sin precedentes en el campo de la ciencia española, el manifiesto apunta que ya existen afecciones dañinas sobre el ecosistemas y enumera importantes cambios en la distribución de las comunidades vegetales. A esto hay que sumarle la desaparición de plantas, tendencias negativas relevantes en especies amenazadas de aves, y en organismos dependientes de hábitats acuáticos, como libélulas, peces, anfibios, reptiles y un largo etcétera, que están erosionando gravemente la biodiversidad del parque.

También señala que la resiliencia del ecosistema ya ha sido gravemente afectada y que la tendencia se agravará y tornará irreversible si no se limitan las causas del drástico cambio que está sufriendo Doñana y su entorno.

“Las especiales comunidades vegetales que cubrían las cubetas de las lagunas temporales están siendo sustituidas por matorral y pinar, mientras que las plantas y animales acuáticos de Doñana son cada vez más raros. El descenso del nivel freático está detrás de estos cambios”, indicaba Revilla.

Por ello, lamentan la decisión tomada por el Parlamento de Andalucía, pese a la oposición del Gobierno Estatal, el organismo de cuenca, las organizaciones ecologistas, sociales y políticas, buena parte de los agricultores afectados y las advertencias de organismos internacionales.

Ante esta situación, las sociedades científicas e investigadores firmantes desde diferentes ámbitos de la ciencia, manifiestan que las presiones globales a las que se enfrenta Doñana son alarmantes e insostenibles, que cualquier incremento de la superficie de regadío resulta una amenaza que desoye la evidencia científica, y que la legislación presenta herramientas suficientes, que deben aplicarse, para frenar el deterioro al que se encuentra sometido Doñana.

Doñana se seca cada vez más y no hay en marcha políticas que lo eviten, advierte un informe de WWF. Existe "una clara tendencia hacia la desertificación", fundamental pero no únicamente a causa del cambio climático, indica la ONG ecologista en un estudio presentado este martes, que incide en el problema del "robo de agua" y pone sobre la mesa un preocupante diagnóstico sobre el futuro de la joya natural: aumento de las temperaturas, disminución de las precipitaciones, desaparición de lagunas, cambios de los hidroperiodos, aumento del nivel del mar, modificación en las pautas de las especies migrantes, desaparición de especies vegetales, desplazamiento del tapón salino, mayor estrés hídrico y aumento de la contaminación de las aguas [ver aquí el informe completo].

El informe Doñana y el estuario del río Guadalquivir. Análisis de WWF España sobre sus problemas ambientales, financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica, parte de un trabajo de campo sobre 25 municipios de la comarca de Doñana y el estuario del Guadalquivir en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla. "Cada vez hay más estudios y advertencias del mundo científico sobre los efectos que el cambio climático está teniendo y tendrá sobre Doñana. De ellos, el aumento del nivel del mar aparece como uno de los más importantes. Sin embargo, pese a los riesgos conocidos, existen proyectos que los ignoran, como la propuesta para construir en la marisma de Trebujena un complejo urbanístico de 300 viviendas, hoteles y campo de golf", señala WWF en relación al proyecto impulsado por Costa Guadalquivir.

No es el proyecto que más preocupa. WWF cita la pretensión del Gobierno de la Junta de Andalucía de "resucitar el viejo proyecto de construcción de una carretera de alta capacidad entre Huelva y Cádiz, atravesando las marismas y el río Guadalquivir por el norte del Parque Nacional de Doñana". Aún no hay nada en firme sobre ese proyecto de carretera. WWF reitera su oposición al proyecto de almacenamiento de gas de Naturgy y al dragado del Guadalquivir, este último actualmente suspendido. Y alerta contra la reapertura de la mina de Aznalcóllar, donde tuvo lugar el desastre de 1998. También subraya cómo la actividad humana ha provocado un desequilibrio con un elevado impacto negativo sobre la naturaleza, "modificando este espacio hasta provocar cambios profundos". "Los impactos son numerosos y diversos: robo del agua, fragmentación de hábitats, venenos, minería, contaminación lumínica y acústica, furtivismo, masificación turística, abandono y quema de plásticos, destrucción de bosques...", añade.

"El cambio climático –añade el informe– también podría dar lugar a nuevas enfermedades que afecten a la fauna, la flora e incluso a la población local. Por ejemplo, ya se han dado casos de fiebre del Nilo en ganado de Almonte [municipio de la provincia de Huelva, donde está la aldea de El Rocío]"."Existen modelos de desarrollo incompatibles con un desarrollo sostenible a nivel ambiental, económico y social. Por eso, pedimos a las administraciones modelos de gestión integrales, como medida de adaptación al cambio climático. Atajar estos problemas supone conservar Doñana, mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y asegurar su futuro", explica Juanjo Carmona, coordinador de la Oficina de Doñana de WWF España, que ha tratado de combinar el diagnóstico severo con un catálogo de propuestas para salir del atolladero. Teresa Gil, responsable del Programa de Agua de WWF España, añade: "Doñana es un símbolo de la conservación y de resistencia. Son 50 años luchando por su supervivencia. Vive en un difícil equilibrio ecológico. Si las administraciones no toman las medidas para su protección en serio, su deterioro puede volverse irreversible y más incierto aún el futuro de este Patrimonio de la Humanidad del que son responsables la Junta de Andalucía y el Gobierno central”.

El agua, el "principal problema"

La salud del ecosistema de Doñana, uno de los humedales más importantes de Europa, depende del agua, un recurso que provoca una importante tensión en la zona. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha empezado el cierre de pozos ilegales, mientras los agricultores ven peligrar su modo de vida [ver aquí información en profundidad]. WWF pone el foco en la extracción ilegal. "Doñana lleva décadas sufriendo el robo del agua y la sobreexplotación de su acuífero, fundamentalmente para el riego de fresas y otros frutos rojos, aunque también para arroz o algodón", indica el informe, que considera este el "principal problema" del entorno. "A pesar de los esfuerzos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para cerrar numerosos pozos, el robo del agua en la Cabecera de la Rocina o en la zona regable de los Hatos, entre otras, sigue siendo un cáncer para el acuífero de Doñana", señala WWF.

Esta sobreexplotación "ha provocado un descenso en los niveles de las aguas subterráneas" y una disminución de los caudales que llegaban al Parque Nacional desde la red de arroyos, en algunos casos hasta un 80%. El descenso del nivel freático está teniendo consecuencias en la red de lagunas del Espacio Natural. "El robo de agua puede estar provocando que durante las largas temporadas de verano los pocos puntos donde queda agua, fundamentalmente zacallones, se conviertan en foco de enfermedades como la tuberculosis", añade.

WWF estima en 2.000 los pozos ilegales. En la zona regable de Los Hatos, "a pesar del constante saqueo del acuífero, las administraciones y los partidos continúan prometiendo nuevas concesiones de agua para cultivos de regadío, actitud tremendamente irresponsable", señala WWF, la ONG de referencia en Doñana. El verano pasado, un vídeo atizó la polémica porque demostró que dirigentes del PP en Huelva animaban a los regantes a impedir el cierre de pozos. La batalla por el agua también es por los votos [ver aquí el vídeo]. A ello se suma que los cauces que vierten a Doñana y el estuario sufren constantes filtraciones y vertidos de fitosanitarios desde que se incrementó el número de hectáreas de cultivo de regadío a mediados del siglo pasado, indica el informe, que añade que los vertidos de la industria agropecuaria están provocando contaminación de aguas y suelos, con la consiguiente afectación sobre la fauna y la flora.

Incendios

El informe presta una especial atención al fuego. Según datos de la Red de Información Ambiental de Andalucía (Rediam), entre 2008 y 2018 el 10% de los incendios y conatos de incendio en Andalucía han tenido relación directa con la Comarca de Doñana. Almonte está entre los cinco municipios con mayor número de actuaciones forestales de toda Andalucía en el mismo periodo, según el informe. El 35% de las actuaciones forestales realizadas en la provincia de Huelva y el 23% en Sevilla corresponden a territorios dentro de la Comarca de Doñana.

"Los incendios suponen un importante problema para Doñana y pueden aumentar en los próximos años debido al cambio climático y al estado de algunas masas forestales", señala WWF, que también pone el foco en la extendida práctica de quema de rastrojos y en el abandono y quema de plásticos agrícolas.

El cambio climático allana además el terreno a los incendios. "Las altas temperaturas y los periodos de sequía más largos impactarán en los fuegos llamados de sexta generación, incontrolables y con importantes daños ambientales y económicos", señala el informe, elaborado por Juanjo Carmona y Pablo Flores.

El informe hace un relato pormenorizado por los males que aquejan a Doñana. Ocupación de cauces –"al menos dos tercios de los ríos y arroyos de la zona estudiada se encuentran alterados"–, mala depuración de aguas, vertederos y escombreras ilegales, transformación de suelo forestal en suelo agrícola... "Existen casi 8.000 hectáreas de cultivos intensivos bajo plástico, de las que 1.653, como ya hemos dicho, están en situación irregular. Lucena del Puerto es el municipio con mayor superficie cultivada en zonas que incumplen la legalidad, seguido de Moguer, Almonte, Rociana del Condado y Bonares", indica el informe, que también alerta de la aceleración de los procesos erosivos por la puesta en cultivo de grandes áreas de marisma y la proliferación de plantaciones de fresa en el Condado de Huelva, fenómenos que tienen ya más de 50 años y sobre los que WWF no deja de alertar.

Ocupación del litoral y Polo Químico

Los hábitats litorales están siendo desfigurados, añade el informe. En la provincia de Cádiz hay ya "una intensa ocupación del litoral", con urbanizaciones como Costa Ballena o parcelaciones dispersas al margen de los núcleos urbanos de Rota, Chipiona y Sanlúcar de Barrameda. En esta zona han desaparecido buena parte de los hábitats litorales naturales, aunque quedan aún reductos entre Chipiona y Rota. El caso de Huelva es distinto. La propia existencia del Espacio Natural de Doñana ha mantenido virgen una extensión de playas que parece insólita en la España del desarrollismo y el binominio turismo-construcción. A los más de 30 kilómetros entre la Punta del Malandar y Matalascañas hay que sumar los más de 20 que hay entre esta urbanización y Mazagón.

El Polo Químico de Huelva también impacta. "La emisión de gases, las balsas de fosfoyesos, con elementos radiactivos, o los vertidos al medio marino son las principales consecuencias", indica WWF, que recuerda que cientos de buques transitan cada año por las costas onubenses cargados de mercancías peligrosas, entre ellas petróleo.

Fauna y flora

WWF regresa sobre el problema del atropello de fauna. "Desde 2011, en el área de Doñana, al menos 26 linces han muerto atropellados de un total de 50 fallecidos por causas antrópicas", señala el informe. Otras especies afectadas por este fenómeno son meloncillos, zorros, nutrias, erizos, ratones de campo, chotacabras, mochuelos, lechuzas y numerosos anfibios y reptiles. La ONG reitera su alerta sobre el furtuvismo –con la caza ilegal nocturna de gamos, ciervos y jabalíes–, la pesca sin permisos y los tendidos eléctricos, letales para las avales.

Proliferan las especies exóticas. "En Doñana podemos encontrar especies introducidas con fines económicos (cangrejo rojo), por abandono (la tortuga de Florida), por transporte en el agua de lastre de los buques (cangrejo chino), por interés para la pesca deportiva (black bass), para combatir el paludismo (gambusia) o por escapes de animales en cautividad (cotorra de Kramer, cuya "voracidad y agresividad las convierte en una seria amenaza para Doñana").

El Rocío

Introducción de especies exóticas de flora, pastoreo ilegal, sobreexplotación de recursos forestales, circulación motorizada fuera de las vías para ello, actividades deportivas multitudinarias e incluso el impacto ambiental de las romerías son citados por WWF en su diagnóstico. En el caso de la romería de El Rocío, "se tira basura fuera de los lugares indicados para ello, las personas hacen sus necesidades donde pueden, aumenta el ruido y las perturbaciones para la fauna, hay casos de maltratos a animales, daños a las infraestructuras del Espacio Natural...", señala el informe.

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves por 17 votos a favor, ninguno en contra y ocho abstenciones el informe elaborado tras la visita que una delegación parlamentaria realizó al Parque de Doñana en septiembre de 2018. El informe aprobado solicita, entre otros asuntos, el cierre inmediato de los pozos ilegales de la zona y que se "detengan lo pasos" del proyecto para almacenamiento de gas en el subsuelo.

Así, el informe parlamentario solicita "a las autoridades nacionales, regionales y locales y a la Autoridad del Agua del Guadalquivir que continúen trabajando juntos y fomenten el cierre de todos los pozos ilegales y que detengan de inmediato la extracción ilegal de agua existente". Pide además "la apertura de procedimientos de sanción pertinentes y efectivos contra los propietarios de estas infraestructuras".

También se solicita "una purificación más efectiva del agua que fluye hacia Doñana y que se reduzca la contaminación generalizada de la agricultura y el origen industrial". Señala que "no toda la agricultura en el área de Huelva es una amenaza para el Parque Natural de Doñana, sino la extracción ilegal e incontrolada de agua y un control continuo del agua que fluye hacia Doñana".

Con todo, el informe recomienda a todas las autoridades responsables que "trabajen juntas" para "suspender inmediatamente todos los permisos otorgados hasta que se resuelvan todas las irregularidades detectadas en la Evaluación de Impacto Ambiental.

Los diputados señalan su "profunda preocupación" ya que se aprobó una autorización parcial para desarrollar un proyecto privado para almacenar gas en el subsuelo de Doñana "sin solicitar una evaluación de impacto ambiental completa y holística que incluyera una evaluación sísmica y una evaluación de impacto combinada".

Recuerda además que "el proyecto no puede dividirse en cuatro subproyectos diferentes para evitar evaluar su impacto combinado". También se pide a la Comisión Europea "que evalúe todo el expediente e informe por escrito sobre la idoneidad de las evaluaciones de impacto ambiental".

Además, en otro párrafo solicitan "la retirada provisional de estos trabajos y que se detengan inmediatamente los pasos en el proyecto de gas para garantizar el respeto de los principios de prevención y precaución de la UE". Sugiere "que se tomen las medidas legales necesarias para poner fin a todo el Proyecto Marismas".

Entre los días 19 y 21 de septiembre de 2018, una delegación de diputados de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visitó Doñana. Esta comisión estuvo presidida por el eurodiputado eslovaco Pal Csáky (PPE) y compuesta por el griego Miltiados Kyrkos (S&D), y el austriaco Thomas Waitz (Verdes/ALE), así como por los eurodiputados españoles Rosa Estarás (PPE), Soledad Cabezón (S&D) y Florent Marcellesi (Verdes/ALE).

Durante la visita se mantuvieron encuentros con denunciantes, autoridades de la Junta de Andalucía, el Defensor del Pueblo andaluz y del Ministerio para la Transición Ecológica y con organizaciones ecologistas como la Plataforma Salvemos Doñana, WWF y Ecologistas en Acción, expertos de la Estación Biológica de Doñana del CSIC, responsables de Gas Natural Fenosa-Naturgy y otros afectados.

Fruto de esa visita se redactó un informe borrador que fue presentado formalmente el 20 de febrero en una sesión plenaria de la Eurocámara y se ha votado este jueves, a solo un mes de que se disuelva el parlamento para las elecciones europeas. Este borrador sobre posibles irregularidades medioambientales en el Parque Natural de Doñana reclamaba el cierre de pozos ilegales y una nueva evaluación del impacto ambiental conjunto de los cuatro proyectos gasísticos.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la familia Aznar-Oriol por realizar obras en su casa, sin solicitar los permisos correspondientes, que se ubica dentro del Parque Nacional de Cabañeros, y confirma la condena a pagar 200.001 euros, así como las costas judiciales a la Abogacía del Estado y a SEO/BirdLife, informa Europa Press.

La abogada de SEO/BirdLife, Cristina Álvarez, ha destacado que hay ocho resoluciones judiciales en el mismo sentido durante los cuatro años que ha durado este procedimiento, un tiempo en el que destaca la actitud "prepotente" de los condenados, la familia Aznar-Oriol. Así, ha afeado la actitud de los propietarios a quienes se les ha condenado por hacer las obras en su casa sin pedir un permiso real, y considera que de haberlo hecho de acuerdo con el procedimiento y con el informe técnico de evaluación ambiental. Argumenta que, dado que la vivienda se encuentra dentro de los límites del Parque Nacional, podrían haber obtenido la licencia correspondiente.

"El problema es que no lo hicieron y pensaron que podrían hacer lo que quisieran. Pidieron permiso para mejorar la instalación eléctrica y otras cuestiones menores y ampliaron la vivienda y la hicieron prácticamente nueva", ha puntualizado. Más allá del formalismo legal, Álvarez lamenta la "actitud" de la familia que durante los pleitos ha adoptado una posición de "prepotencia", como de "creerse con derechos especiales" cuando podrían haberlo hecho de manera legal. Confía en que después del varapalo judicial empezarán a "colaborar y cooperar" con "cierto respeto" al Parque Nacional.

Así, ha insistido en que SEO/BirdLife no tiene nada contra la propiedad privada pero los propietarios deben entender que contar con una vivienda dentro de un parque nacional obliga a respetar ciertos límites y precisamente, pide a la familia un cambio de actitud hacia el respeto y la cooperación. En este contexto, ha recordado la petición desde hace años de SEO/Birlife y del resto de ONG ambientales para que las organizaciones puedan ser beneficiarias del acceso a la justicia gratuita. "Casos como este demuestran la necesidad de que las ONG puedan pleitear sin coste en los tribunales", ha manifestado.

Ahora, espera que los Aznar-Oriol y el resto de propietarios de dentro del Parque Nacional de Cabañeros desbloqueen su política de "obstruccionismo" a la gestión y se pueda "por fin" lograr aprobar el necesario plan rector de uso y gestión de Cabañeros que, "hasta ahora" no ha sido posible por su oposición y las trabas planteadas. "Debemos cooperar entre todos los sectores", ha defendido. En su resolución, del 1 de febrero, el Tribunal Supremo da la razón a Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF, que denunciaron los hechos para defender la conservación del patrimonio natural común frente a los intereses particulares.

Este es el cuarto fallo judicial que ratifica la ilegalidad de las actuaciones realizadas en los terrenos, denunciadas por Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF por su potencial impacto en el espacio natural protegido, y el octavo en que la familia Aznar-Oriol ve desestimada su interpretación de la legislación aplicable al Parque. El fallo no llega ni a entrar en el fondo del asunto y concluye que no cabe la tramitación del recurso interpuesto, puesto que la sentencia de la Audiencia Nacional de 2018 era firme y confirma, por tanto la ilegalidad de dos obras anexas a la vivienda: un aparcamiento y una campa para eviscerar piezas de caza, aunque no obliga a demoler las instalaciones.

Finalmente, las tres ONG reclaman ahora la aprobación definitiva del Rector de Uso y Gestión que será el instrumento de planificación para Cabañeros. Su último borrador -al que se opuso la familia Aznar-Oriol- es de 2015, aunque la ausencia de este documento no anula el nivel de protección otorgado a por la figura de Parque Nacional.

La diputada por Huelva de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Isabel Franco, ha tildado este jueves de "barbaridad" la subvención del Gobierno a Gas Natural en relación al proyecto de almacenamiento de gas en el espacio natural de Doñana, informa Europa Press.

Franco ha criticado que "esta barbaridad del Gobierno central de nuevo demuestra que gobierna para Gas Natural", indicando además que "con esta partida y otra en el anterior año, ya ha recibido esta empresa, que quiere utilizar Doñana para almacenamiento de gas, un total de 12,6 millones en concepto de peaje y cánones", ha informado Podemos en una nota.

Así, ha lamentado que el Gobierno "haga oídos sordos" ante todas las denuncias que van contra este proyecto tanto de vecinos, ayuntamientos, Unesco, UICN, ONG, organizaciones ecologistas, instituciones e incluso el Defensor del Pueblo, así como que "ese dinero no vaya para las necesidades de la provincia que podría servir para poner en funcionamiento los chares o apostar por el ferrocarril público, social y sostenible".

Por otra parte, ha criticado que el informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) al que hace referencia el Defensor del Pueblo "no esté publicado y sea accesible a la ciudadanía y las instituciones", y ha asegurado encontrarse a la espera de las respuestas a las preguntas que se han registrado en el Congreso para conocer "por qué ocultan dicho informe y cuándo estará accesible su información".

Por su parte Jesús Romero, parlamentario por Huelva de Podemos Andalucía, ha calificado de "irresponsables e inmaduras las declaraciones del consejero de Medio ambiente, José Fiscal, al afirmar que el odio nubla la razón de Podemos al obviar que el PP es responsable del proyecto de gas en Doñana".

Romero ha recordado que en 2010, cuando el Gobierno era presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, se dio la primera declaración de impacto ambiental al proyecto y "ningún diputado ni en el Parlamento ni en el Congreso manifestaron queja ninguna ni emprendieron ningún procedimiento para impedirlo, ni del PP, ni del PSOE".

Por ello, Romero ha criticado "la inanición continua del Gobierno andaluz, incluso cuando en 2013 y 2014 la Unesco advertía de los peligros de Doñana" y ha recalcado que la Junta "sólo comienza a posicionarse en contra del proyecto y tomar alguna medida en el año 2015 tras las movilizaciones de la plataforma Salvemos Doñana junto con acciones en el parlamento andaluz de organizaciones políticas como Podemos Andalucía".

En ese mismo año, según ha asegurado Romero, "Fiscal hablaba de la seguridad del proyecto y alababa su completa legalidad, lo cual denotaba que seguían con la inercia de la irresponsabilidad", a la par que ha advertido de "la falta de evaluación de impacto sísmico del proyecto, aún estando en la zona del golfo de Cádiz con alta actividad sísmica y que sabemos, como ocurrió con el proyecto Castor, que la inyección provoca aún más actividad".

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Barbate (Cádiz) ha decretado el ingreso en prisión del joven detenido en la capital gaditana por agentes de la Policía Local de Cádiz y la Guardia Civil que estaba reclamado como presunto autor de haber provocado cuatro incendios este verano en la zona de la Janda, en el Parque natural de La Breña y Marismas de Barbate, según ha confirmado a Europa Press la Guardia Civil.

Cabe recordar que el joven fue localizado por los agentes de la Policía Local en las proximidades de las calles Francisco García de Sola y la confluencia con calle Amor Brujo. Así, tras ser identificado y comprobar la vigencia de la búsqueda, los agentes le dieron a conocer su condición de detenido, informándole de los derechos que le asisten e instruyendo las oportunas diligencias.

Una vez que fue trasladado a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, desde el municipio de Barbate se trasladaron miembros del grupo de investigación de la Guardia Civil al objeto de seguir con las oportunas diligencias.

Según adelantó La Voz, el joven llevaba cuatro meses huido y según la investigación se le achacan cuatro fuegos intencionados, como el del 28 de junio en el paraje natural de la Breña con hasta nueve focos distintos.

Una desgracia, hasta cierto punto previsible. Se expresaba un compañero así: “España en estos momentos es un pajar”. Ciertamente lo es, pero aún no parecemos ser del todo conscientes de que estos escenarios eran los previsibles y llevábamos tiempo advirtiendo de lo que se nos venía encima. Lo de que el cambio climático traería situaciones difíciles como esta, ya lo sabíamos, sin embargo, llevamos tanto tiempo oyéndolo y sin reaccionar, que no nos podemos sorprender de que haya ocurrido. Toda la península, y Portugal lo ha sufrido con intensidad estos días, condiciones de extrema gravedad: sequía pertinaz desde hace varios meses, temperaturas elevadas, suelos y vegetación resecos, reservas en los embalses menguadas, humedad muy baja… una chispa, un poco de viento… y la tragedia está servida. Y lo peor es que el seco y cálido verano acaba de comenzar.

Y es obligado valorar el trabajo de los profesionales que acometen la extinción de incendios forestales, su dedicación, cualificación, esfuerzo, valentía… cuando afrontan con decisión un incendio que saben alimentado por masas forestales de pinos cargados de resina, material altamente combustible, y cargados de piñas que saltan en todas direcciones.

Porque Doñana permanece desde hace tiempo en riesgo por motivos distintos al fuego, el acoso ha sido evidente y recurrente, y las presiones han sobrevolado permanentemente tan frágil y valioso ecosistema. Pero un incendio es una eventualidad que hay que prever y atajar mucho antes de que se produzca. El mantenimiento y limpieza de montes, la vigilancia para no permitir que la sobreexplotación del acuífero y los pozos ilegales desequen humedales y zonas de marisma, etc es fundamental para minimizar las consecuencias del desastre. Porque es sabido que una vez que se desencadenan, los incendios forestales suponen un grave quebranto para los montes: ocasionan importantes pérdidas ecológicas, económicas y sociales. Otro patrimonio dañado que legar a nuestros hijos.

Hasta hace muy poco teníamos dudas sobre en qué categoría acabaríamos colocando a Doñana. Podía pasar de ser patrimonio protegido a entrar en la lista negra de patrimonio amenazado. Pero en estos momentos está ya en otra categoría distinta, la de patrimonio herido. _____________

Carmen Molina es coportavoz de Equo Andalucía

Mapama activa el protocolo de evacuación del centro de cría en cautividad del lince ibérico 'El Acebuche'

El Dispositivo para la Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Infoca, ha mantenido durante la noche de este domingo a 80 bomberos forestales, al continuar activo y según confirmó el Plan Infoca en su cuenta de Twitter, también han trabajado cinco agentes de medio ambiente, siete vehículos autobomba, una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT) y una Unidad Avanzada de Análisis y Seguimiento de Incendios (Unasif).

Cabe recordar, además, que el II Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM II) desplegó una segunda compañía para reforzar el dispositivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en este incendio forestal, aumentando a 244 los militares que el BIEM II ha desplegado en la zona, lo que les permitirá mantener el trabajo de dos secciones en línea -100 efectivos entre las dos- durante las 24 horas.

En el lugar, además de los medios de extinción, se encuentra trabajando la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), la Unidad de Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Junta, la Guardia Civil, la Policía Local de

San Juan y Moguer y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA). El GREA ha desplegado el Puesto de Mando Avanzando (PMA), junto al Puesto Avanzado de Incendios Forestales (PAIF), centro neurálgico de coordinación del operativo y en el que están representados los responsables de todos los medios y recursos de la Junta de Andalucía.

En relación también a este suceso, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) ha activado el protocolo de evacuación del centro de cría en cautividad del lince ibérico El Acebuche, y se ha llevado a cabo el desalojo El Acebuchedel personal, de los linces y de los vehículos.

450 personas permanecen realojadas

Un total de 450 personas permanecen este lunes realojadas en instalaciones proporcionadas por el operativo de emergencia desplegado por el incendio de este sábado en el término municipal de Moguer.

Así, según han informado desde el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía en una nota de prensa, un total de 450 personas permanecen realojados, de las que 150 han pernoctado en el polideportivo de Moguer, 270 en el de Almonte y 30 en instalaciones del Consistorio almonteño en Matalascañas. Pese a todo, la mayoría de las personas desalojadas ha ido volviendo a sus lugares de origen al encontrarse en segundas viviendas e instalaciones vacacionales y de recreo.

El operativo ha autorizado la vuelta a las viviendas desalojadas en la zona conocida como Bonares en Mazagón, urbanización El Alcor y Poblado de San José. Permanecen evacuadas las fincas agrícolas de La Huerta, Angorilla, Avitorejo y Peñuelas, así como el Camping Doñana, el Camping Cuesta de la Barca, el Parador de Mazagón, el Poblado Forestal de Mazagón, Inta El Arenosillo, asentamiento de Las Madres, Centro el Acebuche, Las Posadillas.

La carreteras de entrada y salida de Matalascañas han quedado esta madrugada completamente abiertas, tras registrar durante la jornada de ayer domingo cortes temporales para favorecer las tareas de control del incendio y preservar la seguridad de la ciudadanía, según ha informado el 112, servicio adscrito a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía.

Consultas a la ciudadanía

El Teléfono Único de Emergencias de la Junta de Andalucía, el 1-1-2, ha dado respuesta a 2.149 peticiones de ayuda y consultas de particulares y vecinos de la zona. Tan solo durante la jornada del domingo se alcanzaron casi las 2000 consultas (1948).

El nivel 1 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma (Plan Infoca), en su fase provincial, permanece activado desde las 22,15 horas del sábado. Dicho nivel alude a aquellos incendios que pudiendo ser controlados con los medios de extinción previstos en el plan, se prevé por su posible evolución, la necesidad de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas y de los bienes.

Efectivos de la administración autonómica, estatal y local trabajan coordinados en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) y el Puesto Avanzado de Incendios Forestales (PAIF), situado en el Polígono Industrial el Pino de Mazagón para abordar las tareas de control del fuego, protección de personas y bienes, así como atención y asistencia a albergados.

El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 10 confirmó la sanción de 10.000 euros impuesta a los propietarios de la finca de Cabañeros, la familia Aznar-Oriol, por excederse en las obras de construcción de un camino en pleno corazón del Parque Nacional de Cabañeros, en Ciudad Real. La sentencia, sobre la que ya no cabe ningún recurso, llega como respuesta al recurso que la familia había presentado tras conocer la sanción. 

En el 2014, Alejandro Aznar, marido de la expresidenta del Círculo de Empresarios , Mónica de Oriol, pidió una licencia para rehabilitar la vivienda original de la finca Cabañeros, propiedad de la familia del empresario situada en el Parque Nacional, un espacio altamente protegido. La Comisión Mixta de Gestión del Parque Nacional, integrada por dos representantes de la Administración General del Estado y dos representantes de la comunidad de Castilla-La Mancha, fue el organismo que dio luz verde a la obra de rehabilitación.  

Sin embargo, aprovechó las obras para construir al lado un aparcamiento y una explanada para eviscerar las reses cazadas en monterías. Ambas infraestructuras superan los 1.000 m2 cada una, a pesar de que la ley de creación de este espacio protegido prohíbe "la construcción o remodelación de edificios u otras infraestructuras para fines distintos de los tradicionales, al margen de los supuestos contemplados en la presente Ley", motivo por el que pesa sobre la empresa propietaria de la finca, Inmobiliaria del Bullaque, un segundo procedimiento judicial pendiente de resolución, al proponer el Ministerio de Agricultura 200.001 euros de sanción por las ireegularidades en las obras, sanción que también recurrieron los propietarios de la finca.  

Además de la construcción del complejo, uno de los caminos de acceso a la mansión fue modificado mejorando la calidad del firme hasta aparentar prácticamente una carretera. Unas labores que, en principio, excederían los trabajos de protección de la vía pecuaria, sobrepasando el límite en la anchura de la vía, algo que estaba prohibido expresamente, así como modificar el trazado o tocar la vegetación más allá de las cunetas que ya existían.

Las organizaciones Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF denunciaron la construcción de la pista por entender que afectaba de forma negativa al espacio protegido, motivando la sanción, posteriormente recurrida por la familia explotadora del latifundio, y ahora ratificada de forma definitiva por la Justicia. 

Las tres ONG ambientales denunciaron que el proceso de autorización de la pista, de unos 1,5 kilómetros, estuvo plagado de sombras e irregularidades, y que, en vez de colaborar con la conservación de este espacio, la empresa Inmobiliaria de Bullaque (titular de los terrenos) continúa presentando recursos contra las sanciones que se le imponen.

Las organizaciones se muestran especialmente molestas con el hecho de que tras haber recurrido en su día el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) para Cabañeros, la empresa siga obstaculizando su aprobación hasta la fecha. Todo ello para después alegar, apuntan, que la ausencia de este PORN priva de efectos legales a la protección del Parque Nacional.

El proyecto de almacenamiento de gas de la empresa Gas Natural en Doñana se dirime en una larga e incierta batalla judicial. Está en juego no sólo el plan de almacén de la multinacional energética, que implica una red de gasoductos de 72 kilómetros, sino una reclamación patrimonial de 358,7 millones de euros presentada por la compañía contra la Junta de Andalucía, por considerar que ha cambiado su posición a lo largo de su tramitación. Gas Natural esgrime en defensa del proyecto su carácter estratégico, el impulso otorgado al mismo por el Gobierno central –apoyo que abarca las etapas socialista y del PP– y la "dependencia energética" de España. En su reclamación patrimonial contra la Junta, a la que ha tenido acceso infoLibre, acusa al Gobierno autonómico de obstaculizar el proyecto por motivos "políticos". La Junta lo niega.

Los planes de Petroleum Oil & Gas, filial de Gas Natural-Fenosa, consisten en extraer el gas natural que queda en el subsuelo del entorno de Doñana y luego utilizar estos yacimientos para almacenar su propio gas. Ello requiere un red de gasoductos de 72 kilómetros que se adentra en el Espacio Natural de Doñana. Gas Natural lleva extrayendo gas del entorno de Doñana desde hace casi 30 años. Durante este periodo, la compañía multinacional ha extraído gas natural de los yacimientos del subsuelo para producir 13.000 gigavatios/hora (GWh, mil millones de vatios por hora), equivalentes a siete años de consumo convencional de Andalucía.

El proyecto actual pretende ampliar y prolongar indefinidamente en el tiempo la actividad industrial de Gas Natural en Doñana. El plan, que se compone de cuatro subproyectos, tiene las necesarias Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) positivas del Gobierno central. Las autorizaciones del Ministerio de Medio Ambiente fueron obtenidas entre 2010 (Marismas Occidental) y 2013 (el resto de proyectos: Marismas Oriental, Aznalcázar y Saladillo). Un importante impulso institucional al proyecto lo dio en 2011 el entonces ministro de Industrial, el socialista Miguel Sebastián, al adaptar la autorización para extraer gas para permitir también su almacenamiento.

El proyecto ha encontrado obstáculos en la Junta de Andalucía. De sus cuatro subproyectos, tienen el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente dos de ellos: Marismas Occidental y Aznalcázar. El subproyecto Saladillo, aunque está dentro del Espacio Natural, no necesita la autorización de la Junta porque empezó a tramitarse antes de la entrada en vigor de la Ley de Calidad Ambiental de Andalucía. De lo que sí está pendiente Saladillo es de obtener la autorización del Espacio Natural de Doñana, que es "preceptiva", según la Consejería de Medio Ambiente. "Los requisitos para la obtención de esta autorización se han endurecido con la nueva normativa de la Consejería", señalan fuentes de la Junta. No obstante, donde Gas Natural tiene el principal problema es en el proyecto Marismas Oriental, que se adentra en el Espacio Natural.

Sin evaluación conjunta

Marismas Oriental ha sido el principal caballo de batalla del enfrentamiento entre la Junta de Andalucía y Gas Natural, según ha comprobado este periódico analizando la tramitación administrativa de los diferentes proyectos. En abril de 2013 la Junta suspendió el plazo de resolución sobre los proyectos Marismas Oriental y Aznalcázar para solicitar al Gobierno central una evaluación conjunta de todos los proyectos. Ahí comienza la batalla judicial. La empresa presentó un recurso de alzada, que fue desestimado, y acudió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que en 2015 falló a favor de la Junta sin entrar al fondo del asunto. Como tercera medida, Gas Natural presentó una reclamación patrimonial por vía administrativa contra la Junta de Andalucía.

Dicho expediente sigue pendiente de resolución. La reclamación patrimonial de Gas Natural, presentada en abril de 2014 pero a cuyo expediente abierto se continúa incorporado información, alega que su planificación responde a una "demanda basada en el interés general" y "reiteradamente" avalada por el Gobierno. La empresa subraya la "situación de dependencia energética" de España, "especialmente de gas natural" y más aún ante los posibles problemas de abastecimiento desde Argelia. Esta línea de argumentación de Gas Natural, junto con la inclusión de su proyecto en la planificación estatal del sector del gas, es un punto fuerte de su argumentación, admiten incluso fuentes de la Junta de Andalucía, que son conscientes de que la compañía va a "a por todas" y plantea "una batalla a largo plazo".

Motivos "políticos"

En su reclamación patrimonial, Gas Natural acusa a la Junta de Andalucía de "arbitrariedad" y de actuar de forma "cambiante", "oportunista" y por "mera conveniencia". A juicio de la empresa, la Junta tomó su decisión por motivos "políticos". Consultada por este periódico, Gas Natural no aclara a qué se refiere en este punto. No obstante, fuentes conocedoras del conflicto señalan que el motivo podría ser la mayor dureza de la Junta en relación con el proyecto a raíz de la entrada de IU en el Gobierno regional en 2012 y, fundamentalmente, a partir del cambio de Gobierno central en 2011, con la salida de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y la entrada de Mariano Rajoy (PP).

La multinacional cuantifica el posible perjuicio a la empresa en un máximo de 358,7 millones de euros. Gas Natural considera que su proyecto cobra sentido únicamente cuanto pueden desarrollarse sus cuatro subfases, por lo que una obstaculización de la Junta para una de ellas, o incluso para dos, quitaría sentido al conjunto. No obstante, la compañía no aclara qué haría en caso de no poder desarrollar el proyecto completo. Es un escenario que no contemplan.

"Seguridad jurídica"

El Ministerio de Medio Ambiente rechazó en 2013 la petición de la Junta de Andalucía de realizar una evaluación conjunta de los efectos acumulativos de los cuatro proyectos. En una comunicación de 11 de julio de 2013, Medio Ambiente defiende su evaluación ambiental ya realizada y señala que la Junta de Andalucía "ha tenido ocasión de pronunciarse en reiteradas ocasiones sobre los proyectos a lo largo de todo el procedimiento de evaluación ambiental, sin que haya planteado objeción alguna".

Igual reproche realiza Gas Natural: el Gobierno andaluz no planteó ninguna traba al proyecto hasta la súbita suspensión de 2013. En un determinado momento, la Consejería de Medio Ambiente da un giro de 180 grados", dice la compañía en su reclamación, en lo que considera una "abrupta" renuncia al cumplimiento de "su deber" y una "violación manifiesta de la seguridad jurídica, confianza legítima y buena fe".

"El Ministerio entiende que se ha realizado una completa valoración de las afecciones acumuladas que la ejecución de los proyectos puede provocar sobre el medio ambiente", señala la comunicación gubernamental, firmada por el entonces secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, que luego ocuparía la subsecretaría de Presidencia y acabaría dimitiendo por el caso Acuamed. Ante esta negativa a volver a evaluar el proyecto, la Consejería de Medio Ambiente respondió en noviembre de 2013: "No puede aceptarse que la Junta de Andalucía se haya pronunciado sobre los efectos sinérgicos o acumulativos, entre otros motivos porque no fue así requerido". Y reprochó al Gobierno la superficialidad del análisis de riesgos: "Una cosa es mencionar y describir los posibles efectos acumulativos, y otra muy distinta evaluar sus impactos y pronunciarse expresamente sobre los mismos".

Luz verde a Aznalcázar, freno a Marismas Oriental

En cualquier caso, la Junta tuvo que levantar la suspensión sobre la tramitación autonómica de los proyectos Marismas Oriental y Aznalcázar. Y finalmente se pronunció con una resolución de enero de 2016. Resultado: luz verde a Aznalcázar y denegación de la llamada "Autorización Ambiental Unificada" a Marismas Oriental. Gas Natural ya ha presentado recurso de alzada contra esta denegación. Si no prospera, continuará por la vía judicial. "La compañía acudirá a las instancias que considere apropiadas para defender sus intereses", sentencia la compañía." Se trata de unos proyectos que cuentan con DIA positivas y una tramitación exhaustiva, además de llevar desarrollándose en el entorno desde hace más de 30 años", añade.

Sustitución del gasoducto en un 25%

Aunque Gas Natural no tiene todos los permisos para terminarlo, el proyecto ya ha echado a andar. La compañía comenzó los trabajos de la primera fase, Marismas Occidental, fuera del Espacio Natural, tras la declaración de esta subfase de "utilidad pública" por el Ministerio de Industria en marzo, con José Manuel Soria como titular. "Ya se ha concluido la ejecución de los prepozos y la sustitución del gasoducto [actualmente existente] se ha realizado en un 25%", informa un portavoz de la compañía sobre la marcha de los trabajos. El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, insistía esta semana en que el proyecto "no se va a poder llevar a cabo" en su integridad. Avecina choque de trenes. Numerosos grupos ecologistas se oponen al proyecto, que es objeto de una fuerte controversia política en Andalucía. Partidos políticos como Podemos e IU y asociaciones como Ecologistas en Acción, WWF y Greenpeace exigen a la Junta que paralice los trabajos. El Gobierno andaluz asegura que no es competente para ello.

Además de todas estas incertidumbres, la Comisión Europea "ha requerido información actualizada" al Estado español sobre la tramitación de cada uno de los proyectos, "con el objetivo de confirmar" el cumplimiento de la legislación medioambiental, explica un portavoz de la Comisión en España.

Desde tiempo inmemorial, Doñana ha sido sitio de frontera, punto de encuentro, territorio híbrido. De arena y arcilla, de coto y marisma, de abandono y deseo, de poder y sumisión. Un lugar complejísimo, que para nada responde al falso mito de naturaleza virgen, sino más bien a la realidad amalgamada de una coexistencia laboriosa entre un medio natural excelso y una presencia humana que cuenta ya cinco mil años, si no más. El conflicto no supone novedad ni sorpresa en las tierras del Bajo Guadalquivir. Es desde la comprensión del conflicto, con generosidad e imaginación, como hay que dibujar la respuesta.

La historia contemporánea de Doñana se inicia con dos hitos: El establecimiento de la Estación Biológica en 1964 y la declaración del Parque Nacional en 1969. A partir de la visión lúcida de un puñado de sabios y entusiastas pioneros, el Estado español recoge, canaliza y fomenta el deseo de la sociedad de preservar un icono, y su decisión de otorgarle el más alto grado de protección. De los miles de espacios naturales protegidos que hay hoy en España, solo quince son o incluyen parques nacionales, y solo uno, Doñana, reúne todas las mayores distinciones mundiales.

Esta realidad, tanto o más vigente hoy que nunca, debe ser premisa de cualquier solución. Hace muchos años que sabemos que el desarrollo territorial de Doñana no puede dejar de ser coherente con la exigencia de preservar su integridad ecológica. En el camino, se superaron pronto las tentaciones aislacionistas, las “campanas de vidrio” que pretendían separar a los ecosistemas de Doñana de las gentes de Doñana, como si eso fuera en algún modo posible. Desde hace al menos treinta años resulta ya incuestionable que la sociedad local, potentísimamente vinculada a su entorno, debe ser protagonista principal en el trazado de los rumbos, en la definición respetuosa del futuro. Y para este enclave ya está establecido un modelo de sostenibilidad territorial. El rechazo social abrumador a recurrentes cantos de sirena que abogan por resucitar la faraónica carretera costera entre Huelva y Cádiz habla claramente de la madurez alcanzada en este territorio.

Y sin embargo, de forma reiterada y cansina, como auténticos deja vu con opacos apoyos políticos y financieros, resurgen y se abren paso una y otra vez proyectos desnaturalizadores, por más que se tilden de supuestamente sostenibles para el progreso de la comarca. No solo se mantiene de forma vergonzante una miríada de pozos ilegales. Además, y con el argumento de su legalidad por la zonificación del espacio, pero siempre lejos de toda coherencia con los valores del lugar, y sin una pizca de ética ambiental, proliferan al borde mismo del parque nacional iniciativas de infausta minería clásica, de fracking, de gaseoductos, de dragado fluvial. Una situación de permanente beligerancia sencillamente insoportable por una Doñana cercada, atosigada y debilitada, cuya extensión no transformada apenas alcanza ya a una quinta parte de lo que un día fue.

Si Doñana ha de sobrevivir, si ha de restaurar su esencia, si ha de mantener su sublime distinción ecológica, su capacidad de cohesión e inspiración social, su condición de símbolo extraordinario, será porque la sociedad en su conjunto así lo quiera activamente, y reclame de sus representantes en todos los ámbitos y niveles un pacto general de sensibilidad y respeto, que garantice indefinidamente una Doñana sin amenazas, sana, poderosa, y digna del futuro. Un pacto que desde aquí nos permitimos demandar. Muchas gracias.

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Jesús Casas Grande es exdirector-conservador del Parque Nacional de Doñana.

Eduardo Crespo de Nogueira y Greer es exdirector adjunto del Parque Nacional de Doñana.

La Comisión Europea lanzó este jueves un ultimátum a España para que tome medidas para proteger el Parque Nacional de Doñana del deterioro que se está produciendo en su hábitat naturales por la actividad turística y el regadío.

La advertencia tiene la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción, que da dos meses al Gobierno para que corrija la situación o Bruselas podrá llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En su decisión, la Comisión alerta de la sobreexplotación de los acuíferos del parque nacional, que achaca a "las intensas labores de regadío y la demanda de las instalaciones turísticas".

Bruselas recuerda que Doñana alberga varios lugares de la red Natura 2000, protegida por la directiva sobre Hábitat que "no excluye las actividades humanas" en estos espacios, pero sí obliga a los Estados miembros a "tomar medidas" para evitar su deterioro, informa Europa Press.

También considera que las autoridades españolas incumplieron sus obligaciones con respecto a la directiva del Agua, con lo que "impide la gestión sostenible de los recursos hídricos" en la comarca de Doñana.

En su análisis, el Ejecutivo comunitario recalcó que el parque acoge una biodiversidad "única en Europa", caracterizada por una gran variedad de ecosistemas que constituyen el hábitat de algunas especies "en grave peligro de extinción", como el águila imperial española o el lince ibérico, y ofrece refugio a miles de aves migratorias.

Bruselas envió en octubre de 2014 una primera carta de emplazamiento instando al Gobierno a corregir las deficiencias detectadas, pero "persisten los incumplimientos", por lo que decidió dar el último paso antes de acudir a la justicia europea.

Más de 200.000 personas firmaron una petición en la web de la Casa Blanca para que el Gobierno estadounidense autorice la extradición a Zimbabue del dentista Walter Palmer, responsable de la muerte del león Cecil en una cacería ilegal.

"Pedimos al secretario de Estado, John Kerry, y a la fiscal general, Loretta Lynch, que cooperen por completo con las autoridades de Zimbabue y que extraditen a Walter Palmer a petición del Gobierno de Zimbabue", dice la iniciativa, que este sábado por la mañana superaba ya las 200.000 firmas.

La petición añade que Palmer "supuestamente atrajo a Cecil fuera de la seguridad que le proporcionaba el parque nacional" y recuerda que "dos de sus cómplices ya están bajo custodia".

El nivel de apoyos duplica los 100.000 que debía lograr la petición antes del 27 de agosto para recibir una respuesta formal del Gobierno de Barack Obama. Un portavoz de la Presidencia, Josh Earnest, aseguró el jueves en rueda de prensa que revisarían la propuesta, aunque apuntó que corresponde al Departamento de Justicia responder a las peticiones de traslado planteadas por autoridades extranjeras.

El Organismo Autónomo de Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha propuesto una sanción de 200.001 euros a inmobiliaria del Bullaque SA por irregularidades en las obras de reforma y rehabilitación realizadas en finca Cabañeros, en pleno parque nacional del mismo nombre. Esta es la empresa que administra esta finca propiedad de la familia del naviero Alejandro Aznar, marido de Mónica de Oriol, la polémica expresidenta del Círculo de Empresarios. Sus 7.000 hectáreas pertenecen al término municipal de Alcoba de los Montes (Ciudad Real).

Las ONG denunciantes, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción emitieron este miércoles un comunicado mostrando su satisfacción "en parte" por esta sanción. Pero lamentan su cuantía. Según el comunicado, "hay algunos puntos en el expediente abierto en los que es necesario responder con mayor severidad y contundencia, especialmente en lo relativo a la cuantía de las sanciones".

Pese a que Agricultura considera que la propiedad de esta finca famosa por sus cacerías ha cometido una infracción "muy grave" al haber practicado actuaciones sin permiso en este espacio altamente protegido, el castigo se queda en la parte más baja de la horquilla de las infracciones muy graves. La sanción máxima en esta categoría es de dos millones de euros. La ley aplicable según las citadas fuentes es la 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

"Para las organizaciones denunciantes,

unos hechos de estas características, consistentes en la realización de unas obras ilegales sin licencia en el interior de un Parque Nacional deben ser merecedores de la más alta sanción que la ley prevea, sean quienes sean los promotores o responsables. Por este motivo, como parte personada, SEO/BirdLife, WWF y Ecologistas en Acción han solicitado que la sanción que se imponga sea de, al menos, 1 millón de euros", reza el comunicado.

Una carretera sobre una vía pecuaria

Por último, el comunicado, recuerda que estas organizaciones ecologistas siguen a la espera de que la Junta de Castilla-La Mancha ofrezca información sobre las medidas que va a tomar respecto a otro de los hechos denunciados, las obras realizadas que afectaron a una vía pecuaria, asunto de competencia autonómica.

El Organismo Autónomo de Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha propuesto una sanción de 200.001 euros a inmobiliaria del Bullaque SA por irregularidades en las obras de reforma y rehabilitación realizadas en finca Cabañeros, en pleno parque nacional del mismo nombre. Así lo ha podido saber infoLibre de fuentes conocedoras del proceso. Inmobiliaria del Bullaque es la empresa que administra esta finca propiedad de la familia del naviero Alejandro Aznar, marido de Mónica de Oriol, la polémica expresidenta del Círculo de Empresarios. Sus 7.000 hectáreas pertenecen al término municipal de Alcoba de los Montes (Ciudad Real).

Pese a que Agricultura considera que la propiedad de esta finca famosa por sus cacerías ha cometido una infracción muy grave al haber practicado actuaciones sin permiso en este espacio altamente protegido, el castigo se queda en la parte más baja de la horquilla de las infracciones muy graves. La sanción máxima en esta categoría es de dos millones de euros. La ley aplicable según las citadas fuentes es la 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Desde el pasado 4 de noviembre, infoLibre ha venido informando de estas polémicas obras que han estado en el punto de mira de los ecologistas por sus sospechas de que no se habían ajustado a los permisos solicitados y otorgados. Después de la primera de estas informaciones, la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) y Ecologistas en Acción presentaron una denuncia ante el Organismo Autónomo de Parques Nacionales exigiendo la paralización de las obras y la restitución del daño causado a este espacio protegido. 

Fuentes de Parques Nacionales consultadas por este diario ya informaron entonces de que la propiedad de la finca estaba practicando trabajos que no se ajustaban a la licencia solicitada. Según pudo saberse gracias a una respuesta parlamentaria al Partido Socialista, la familia Aznar había pedido al parque que le diera luz verde a trabajos de "albañilería auxiliar", mejoras en la red de saneamientos y en las instalaciones eléctricas y de calefacción, así como aislamientos e impermeabilizaciones. En definitiva, una obra menor.

Pocos días después de que entrara al Parque Nacional de Cabañeros la denuncia de las asociaciones ecologistas un equipo del citado espacio protegido se personó en finca Cabañeros para comprobar si las obras se ajustaban a los servicios autorizados.

Fuentes de Parques Nacionales subrayan que, en lo que tiene que ver con la mansión en sentido estricto, la construcción, a priori, no presentaba problemas. No obstante, el informe no fue concluyente en tanto en cuanto las obras no estaban finalizadas. 

Pero la sorpresa llegó cuando los agentes constataron que junto a la vivienda se estaban desarrollando dos obras que brillaban por su ausencia en la autorización. Se trata, según las mismas fuentes, de la construcción de un aparcamiento con capacidad para 16 vehículos y de una explanada cuya extensión supera los 1.000 metros cuadrados. Esto ocurrió el 14 de noviembre. 

Licencia a posteriori

Un mes después, Inmobiliaria el Bullaque fue informada de la apertura de un procedimiento sancionador por la presunta comisión de una infracción muy grave de la ley de declaración del Parque Nacional de Cabañeros. 

La propiedad de la finca respondió a finales de enero con un escrito de alegaciones en el que aseguraban que los permisos para el aparcamiento y la explanada estaban en tramitación y se solicitaba, por tanto, el archivo del expediente abierto. No pasa inadvertido, no obstante, que la fecha de solicitud de las licencias, según fuentes del Parque Nacional de Cabañeros, fue el 5 de diciembre –el informe de autorización llegó cinco días después–. Es decir, inmobiliaria del Bullaque no pidió autorización para el aparcamiento ni para la explanada, destinada a la evisceración de piezas de caza, hasta que se publicaron las informaciones que apuntaban a posibles irregularidades en finca Cabañeros y se presentaron las denuncias. 

Uno de los argumentos esgrimidos por los propietarios para el archivo fue del de que las citadas obras no causaban nigún tipo de impacto en el paisaje ni daño medioambiental.

En la propuesta de resolución, con fecha del pasado 27 de marzo, Agricultura recuerda que la ley de declaración del Parque Nacional de Cabañeros considera "muy grave" la realización de obras sin licencia en el interior de este espacio protegido. Y que, pese a que desde la propiedad de la finca se insiste en que los permisos estaban en tramitación, cuando se inició el procedimiento, en noviembre de 2014, no había rastro de autorización porque se solicitó a posteriori.

Sin noticias sobre el camino sobre la Cañada Real Segoviana

En la propuesta de resolución de Agricultura no figura nada sobre las modificaciones que la propiedad de finca Cabañeros ha practicado sobre una vía pecuaria que pasa por la Cañada Real Segoviana. Se trata de una competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En este caso, sí se solicitó licencia, pero los trabajos ejecutados la sobrepasan.

Tanto la Junta de Castilla-La Mancha como Parques Nacionales, dependiente de Agricultura, coinciden en que el permiso que solicitaron los Aznar-Oriol para realizar mejoras en el camino no coincide con los trabajos practicados y que, en realidad se ensanchó la vía afectando a la vegetación.

No fue el 6 de noviembre, cuando saltaron las primeras informaciones al respecto y los ecologistas emprendieron las primeras acciones legales, cuando el departamento de Agricultura del Gobierno de María Dolores de Cospedal (Partido Popular) aseguró que a la vuelta del verano se había abierto un expediente por las modificaciones realizadas en la vía pecuaria. Esta denuncia, que sería el resultado de una inspección de las obras por parte de un agente medioambiental del parque, está en manos de los servicios periféricos de Ciudad Real. A día de hoy, no hay noticia del avance del expediente.

Con la nueva pista que ha resultado de la modificación del camino ya son tres los accesos que conducen a la casa de campo de los Aznar-Oriol. Uno de estos senderos que, según insistien fuentes ecologistas, son perfectamente transitables, está ubicado a "unas pocas decenas de metros" del que ha experimentado los cambios; el otro, a unos cuatro kilómetros. El nuevo acceso, de firme similar al de una carretera como puede apreciarse en la imagen que acompaña a esta información, podría proporcionar una forma más cómoda de acceso a los invitados que acuden a las famosas cacerías que se convocan en los terrenos que rodean a esta mansión.

Finca Cabañeros es una extensión de terreno situada en pleno Parque Nacional de Cabañeros propiedad del naviero Alejandro Aznar, marido de Mónica de Oriol, expresidenta del Círculo de Empresarios. En su interior se ha ubicado tradicionalmente una casa de campo que en los últimos meses ha sufrido una transformación importante. Se trata de algo que no ha pasado inadvertido para las asociaciones ecologistas acostumbradas a trabajar sobre el terreno. Y algo que contrasta, además, con lo que reflejan las actas de las reuniones del pleno de la Comisión Mixta del Parque Nacional de Cabañeros a las que ha tenido acceso infoLibre. En ninguna de las reuniones del máximo órgano de decisión de Cabañeros se dio luz verde a una ampliación de la superficie construida, algo que las fuentes del Organismo Autónomo de Parques Nacionales consultadas por este diario aseguran que sí ha ocurrido.

En este sentido, cuando se terminen todas las obras, los Aznar-Oriol pasarán de tener una mansión de 1.500 metros cuadrados a una de unos 1.950. Es decir, habrán incrementado un 30% la superficie construida. Estos datos no figuran en ningún momento ni en los expedientes correspondientes a las autorizaciones para la realización de las obras en la casa de campo ni en las citadas actas de las reuniones de la Comisión Mixta de los Parques Nacionales de Cabañeros y Las Tablas de Daimiel, ambos en la comunidad de Castilla-La Mancha. Esta información ha sido facilitada por el Gobierno, concretamente por el Ministerio de Agricultura, al diputado socialista Alejandro Alonso después de que este presentase varias preguntas relacionadas con las obras en esta finca de 7.000 hectáreas famosa por sus cacerías.

Recientemente, el Gobierno ha remitido a Alonso las copias de las actas firmadas de las reuniones del máximo órgano de decisión de este espacio protegido celebradas entre 2010 y 2014.

En esta documentación, que en total ocupa 59 páginas, las obras en la mansión de los Aznar-Oriol, sólo figuran en una línea del acta del pleno del 22 de mayo de 2012. En el decimoquinto punto del orden del día, Manuel Carrasco, por entonces director-conservador del Parque Nacional de Cabañeros, repasa 21 solicitudes tramitadas inicialmente por el procedimiento de urgencia y, tras escuchar algunas "explicaciones" que el acta no recoge, el pleno acuerda "validar todas las resoluciones emitidas". 

En la tabla de resoluciones, con el número de expediente 10/10 y a nombre de finca Cabañeros, es decir la del naviero Aznar, se autoriza un concepto tan genérico como "reforma vivienda principal". El número de expediente da cuenta de que la solicitud tramitada por el procedimiento de urgencia data de 2010.

Expediente de octubre de 2010

Dado lo genérico del concepto "reforma vivienda principal", para conocer qué permiso solicitó realmente la propiedad de la finca hay que ir al expediente 10/10, del que dio cuenta este diario en el mes de enero. 

Fue el 8 de julio de 2010 cuando Inmobiliaria del Bullaque S.A., empresa inmobiliaria que explota el latifundio, remitió la petición de licencia al registro del Parque Nacional de Cabañeros, ubicado en Pueblo Nuevo del Bullaque (Ciudad Real). El asunto era el siguiente: "Solicitud autorización para reforma de vivienda principal de Cabañeros, finca "Cabañeros", término municipal de Alcoba, (Ciudad Real). La propiedad advierte de que pese a que el estado de la "edificación principal" de la casa es "aparentemente satisfactorio", en realidad necesita algunas reparaciones. Se solicita "autorización y rehabilitación de la vivienda principal de la finca Cabañeros" para una serie de trabajos de "mejora y restauración". Estos trabajos también son precisados en la solicitud: "impermeabilizaciones y aislamientos", "mejora" de instalaciones eléctricas y calefacción, "mejora" de la red de saneamientos y "trabajos de albañilería auxiliar".

"Mayor envergadura"

"Con este documento como base, todo apunta a que la licencia que se solicita es para una obra menor". Así lo definió por entonces el diputado Alonso (PSOE) que subrayó que "lo que se ha hecho es, evidentemente, mucho más". Ahora, con las actas de las reuniones en la mano, el parlamentario insiste: "Se autoriza una obra menor y se hace otra de mayor envergadura".

Alonso mantiene que si en algún momento se ha autorizado algo diferente a la petición inicial (impermeabilizaciones y aislamientos, mejora instalaciones eléctricas y calefacción, mejora red saneamientos y trabajos de albañilería auxiliar), ésta tendría que figurar en las actas de los plenos de esta comisión mixta integrada por representantes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Administración General del Estado. Y no figura.

De hecho, el PSOE reclamó también en el Congreso de los Diputados las "autorizaciones por trámite de urgencia otorgadas por la Comisión Mixta del Parque Nacional de Cabañeros para obras, construcciones u otras edificaciones en los años 2010-2014". Y, en la respuesta, no figura ninguna a nombre de finca Cabañeros. 

Pese a ello, fuentes de Parques Nacionales insisten en que la propiedad de Alejandro Aznar ha incrementado su superficie, es decir que se ha practicado algo más que una mera reforma. Este incremento de superficie no afecta a la planta, sino al alzado, según informan fuentes conocedoras del expediente. La casa de campo, sostienen, contó siempre con dos alturas pero no en la totalidad de la construcción. Con las obras que se están realizando la mansión tendrá una altura homogénea correspondiente a dos pisos.

Además, en el informe previo a la autorización de octubre, una de las razones por las que el técnico se decanta por autorizar la reforma es porque "no supone un incremento del volumen de edificación, al estar pensado la demolición de buena parte de la actual construcción".

Camino sobre cañada real

Otro de los asuntos sobre los que preguntó el PSOE a partir de las informaciones publicadas por este medio tiene que ver con la modificación que la familia Aznar practicó sobre una Cañada Real Segoviana. Uno de los caminos de acceso a esta casa de campo célebre por sus cacerías ha sido transformado hasta lograr la apariencia de una carretera. Fue el pasado 23 de julio cuando la Junta de Castilla-La Mancha autorizó que se realizaran mejoras en el camino.

La autorización partió del Gobierno regional porque es el competente en cuestión de vías pecuarias. El pasado septiembre se abrió expediente a la propiedad de la finca al considerar que los trabajos sobre el camino se habían excedido de lo autorizado y habían afectado a la vegetación forestal sin permiso.

Camino que conduce a finca Cabañeros practicado sobre una Cañada Real

Sobre este tema, Gobierno y comunidad autónoma no coinciden. El Gobierno señala que la autorización para el camino de acceso se concedió en abril de 2014. Pero traslada toda la responsabilidad al Ejecutivo de María Dolores de Cospedal (PP).

En la última respuesta que el Ejecutivo dio al PSOE sobre este tema del camino, en diciembre de 2014, se insistió en que la competencia sobre el asunto la tenía el Gobierno regional de María Dolores de Cospedal (PP). Ahora, en la nueva tanda de información remitida a los socialistas, aparece un expediente, el 4/14, con el que la comisión mixta autoriza "la mejora de la capa de rodadura del camino de entrada a la finca Cabañeros". En realidad, las fuentes conocedoras del terreno aseguran que, más que mejorar la rodadura, se contruyó un camino nuevo.

Asociaciones ecologistas

Estas cuestiones llevan ya meses en el punto de mira de las asociaciones ecologistas. Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) trasladaron el pasado noviembre a la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo en Madrid un escrito de denuncia para que se investigue a los responsables de las obras realizadas en Cabañeros.

Sobre la finca del marido de Oriol, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción también presentaron el 5 de noviembre ante la Junta de Castilla-La Mancha y el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPM), dependiente del Ministerio de Agricultura, una denuncia.

Consideran "inaudito" que se haya permitido realizar estas construcciones en Cabañeros y aseguran proceso de autorización esté "plagado de sombras cuando no de evidentes irregularidades".

Los ecologistas dicen "echar en falta" una evaluación de impacto ambiental, así como la compatibilidad urbanística de las actuaciones y la autorización de la "ocupación de suelo público".

La vivienda de Finca Cabañeros, la propiedad de la familia del naviero Alejandro Aznar en el parque nacional del mismo nombre, ha experimentado en los últimos meses importantes cambios. Las grúas –como dan fe las imágenes que acompañan a esta información– y las excavadoras han estado meses trabajando sobre el terreno para convertir la antigua casa de campo del marido de Mónica de Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios, en una mansión. Pese a la evidente transformación, confirmada a este diario por las asociaciones ecologistas que trabajan sobre el terreno y por fuentes del organismo autónomo de Parques Nacionales, en la solicitud de autorización sólo figuran trabajos de "reforma y rehabilitación", como impermeabilizaciones y aislamientos, mejoras en las instalaciones eléctricas y de calefacción, en la red de saneamientos y tareas de albañilería auxiliar.

El documento, al que ha tenido acceso infoLibre, forma parte de la documentación remitida por el Gobierno al Partido Socialista (PSOE) después de que los diputados Alejandro Alonso, Isabel Rodríguez y María Guadalupe Martín registraran una batería de preguntas para su respuesta escrita sobre las actuaciones llevadas a cabo en esta finca. Fueron presentadas el pasado 5 de noviembre a raíz de una serie informaciones de este medio relacionadas con las obras de la vivienda principal y con las practicadas en uno de los caminos que conduce a la casa, ubicado sobre una Cañada Real.

Fue el 8 de julio de 2010 cuando Inmobiliaria del Bullaque S.A., empresa inmobiliaria que explota el latifundio, remitió la petición de licencia al registro del Parque Nacional de Cabañeros, ubicado en Pueblo Nuevo del Bullaque (Ciudad Real). El asunto era el siguiente: "Solicitud autorización para reforma de vivienda principal de Cabañeros, finca "Cabañeros", término municipal de Alcoba, (Ciudad Real).

La propiedad advierte de que pese a que el estado de la "edificación principal" de la casa es "aparentemente satisfactorio", en realidad necesita algunas reparaciones. "El estado de las instalaciones de electricidad, fontanería y saneamiento en preocupante. Todas las instalaciones están obsoletas y el estado de las cubiertas, deteriorado, lo que puede afectar al funcionamiento de las mismas y puede hacer peligrar la edificación".

¿Una "obra menor"?

Con esta base, se solicita "autorización y rehabilitación de la vivienda principal de la finca Cabañeros" para una serie de trabajos de "mejora y restauración". Estos trabajos también son precisados en la solicitud: "impermeabilizaciones y aislamientos", "mejora" de instalaciones eléctricas y calefacción, "mejora" de la red de saneamientos y "trabajos de albañilería auxiliar".

"Con este documento como base, todo apunta a que la licencia que se solicita es para una obra menor".

Así lo define el diputado Alejandro Alonso (PSOE) que considera que "lo que se ha hecho es, evidentemente, mucho más". 

El parlamentario socialista no se confiesa satisfecho con la información que ha recibido del Gobierno y avanza otra nueva batería de preguntas para resolver la incógnita de qué ha pasado desde octubre de 2010, cuando se autorizaron las obras en base a la petición de la propiedad, y el día de hoy, cuando la apariencia que ha tomado la vivienda dista de lo que puede calificarse de obra menor. "O se está cometiendo una ilegalidad o se oculta información", añade Alonso.

Imagen de la casa de campo de Alejandro Aznar en el Parque Nacional de Cabañeros

Cuando infoLibre publicó estas informaciones la propia ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, aseguró que si el matrimonio Aznar-Oriol –están casados en régimen de separación de bienes– ha cometido alguna infracción, se les sancionaría. "Tienen que cumplir con lo que está establecido dentro del parque nacional", añadió.

En ningún momento, el ministerio aportó a petición de este diario el expediente completo de la licencia solicitada por los Aznar-Oriol. No obstante, sí aportaron otros datos sobre el proyecto de rehabilitación de esta mansión ubicada en un terreno de unas 7.000 hectáreas en pleno Parque Nacional de Cabañeros, muy conocido por los grandes aficionados a la caza de este país. El permiso solicitado por Alejandro Aznar supone que la superficie construida de la mansión pase de unos 1.500 metros cuadrados a unos 1.950, lo que supone un incremento del 30%. Estos datos tampoco figuran en la documentación que el Gobierno ha trasladado al principal partido de la oposición.

Este incremento de superficie no afecta a la planta, sino al alzado, según informan fuentes conocedoras del expediente. La casa de campo de la familia Aznar, sostienen, contó siempre con dos alturas pero no en la totalidad de la construcción. Con las obras que se están realizando a lo largo de este año toda la mansión tendrá una altura homogénea correspondiente a dos pisos. ¿Entra esto dentro de los "trabajos de mejora y restauración? Se trata de una pregunta que, según Alejandro Alonso, debe responder Agricultura. "¿Dónde está la labor de vigilar?", se pregunta.

A lo largo de todo este proceso, en Agricultura han derivado la responsabilidad al PSOE puesto que la licencia lleva fecha de 2010, cuando, efectivamente gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero. Al respecto, el diputado insiste en que es necesario comprobar que lo que se aprobó en la Comisión Mixta del Parque Nacional en 2010 se corresponde con las obras que se están ejecutando en 2014.

Documentación aportada

En la documentación que el Gobierno traslada al PSOE figuran, además, un escrito de un agente medioambiental del Ministerio que se personó en la finca y en el que se hace constar que "la casa requiere trabajos de reforma y rehabilitación, necesarios para su mejora y restauración" . La nota va acompañada de imágenes con goteras "por cubiertas deterioradas", humedades "por falta de aislamiento" y cubierta "con daños en cornisas y fachadas". Lleva fecha del 21 de julio de 2010.

Cinco días después, este escrito permitió la elaboración de un informé técnico. "En general la casa, construida en diferentes periodos durante el pasado siglo, presenta en algunas zonas un alto estado de deterioro, causado principalmente por humedades tanto del suelo como de la techumbre, seguramente resultado de la falta de cimientos en algunas secciones de la casa", figura en uno de los párrafos.

Este informe va acompañado de artículos del borrador del Plan Rector de uso y Gestión del Parque en lo relacionado con "viviendas e infraestructuras existentes". Y, entre otros asuntos, establece que "se promoverá su adecuación a la tipología tradicional del Parque, la mayor integración en su entorno y la reducción al mínimo de las alteraciones al paisaje tanto por su forma como por sus materiales o su acabado". Las fuentes consultadas por este diario aseguran que el "impacto visual" de la mansión resultante de las obras es mayor ahora que el de la construcción de partida.

Otra de las observaciones que figura en este estudio y que contradicen en Parques Nacionales es que se señala que la obra "no supone un incremento del volumen de edificación, al estar pensado la demolición de buena parte de la actual construcción". 

La resolución de autorización definitiva de la Comisión Mixta de Gestión de los Parques Nacionales llegó el 4 de octubre de 2010.

Camino sobre una Cañada Real

Otro de los asuntos sobre los que preguntó el PSOE tiene que ver con la modificación que la familia Aznar practicó sobre una Cañada Real Segoviana. Uno de los caminos de acceso a esta casa de campo célebre por sus cacerías ha sido transformado hasta lograr la apariencia de una carretera. Fue el pasado 23 de julio cuando la Junta de Castilla-La Mancha autorizó que se realizaran mejoras en el camino. 

Camino que conduce a finca Cabañeros practicado sobre una Cañada Real

La autorización partió del Gobierno regional porque es el competente en cuestión de vías pecuarias. El pasado septiembre se abrió expediente a la propiedad de la finca al considerar que los trabajos sobre el camino se habían excedido de lo autorizado y habían afectado a la vegetación forestal sin permiso. Agricultura estudia sumarse a estas actuaciones.

Sobre este tema, Gobierno y comunidad autónoma no coinciden. El Gobierno señala que la autorización para el camino de acceso se concedió en abril de 2014. Pero traslada toda la responsabilidad al Ejecutivo de María Dolores de Cospedal (PP).

Estas cuestiones llevan ya meses en el punto de mira de las asociaciones ecologistas. Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) trasladaron el pasado noviembre a la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo en Madrid un escrito de denuncia para que se investigue a los responsables de las obras realizadas en Cabañeros.

Sobre la finca del marido de Oriol, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción también presentaron el 5 de noviembre ante la Junta de Castilla-La Mancha y el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPM), dependiente del Ministerio de Agricultura, una denuncia.

Consideran "inaudito" que se haya permitido realizar estas construcciones en Cabañeros y aseguran  proceso de autorización esté "plagado de sombras cuando no de evidentes irregularidades".

Los ecologistas dicen "echar en falta" una evaluación de impacto ambiental, así como la compatibilidad urbanística de las actuaciones y la autorización de la "ocupación de suelo público".