María José de la Fuente ha sido elegida nueva presidenta del Tribunal de CuentasTribunal de Cuentas, en sustitución de Ramón Álvarez de Miranda, que ostentaba el cargo desde 2012. De la Fuente fue elegida consejera a propuesta del PP en 2012 y seis años después se ha convertido en la segunda mujer al frente del organismo fiscalizador. La primera fue Milagros García Crespo, que ocupó la Presidencia entre 1993 hasta 1997. Informa Europa Press.

Su elección ha tenido lugar este lunes durante la sesión extraordinaria que los consejeros y consejeras del Tribunal de Cuentas han celebrado para elegir, o renovar en su cargo, a los miembros que integran su Comisión de Gobierno: el presidente de la institución, presidenta en este caso, y los presidentes de sus secciones de Fiscalización, encargada de los informes de contabilidad, y de Enjuiciamiento, que investiga y sentencia los casos de responsabilidad contable.

La legislación establece que los doce consejeros del Tribunal de Cuentas son elegidos por el Congreso y por el Senado por un mandato de nueve años y que entre ellos eligen al presidentes y a los responsables de las dos secciones. Eso sí, en la sesión de este lunes, sólo han votado once, dado que el pasado enero renunció uno de sus consejeros, Lluis Armet, que en su día fue promovido por el PSOE, y que aún no ha sido sustituido por el Senado.

Tres propuestos por el PP en la cúpula

Además de a De la Fuente, los consejeros han reelegido a Javier Medina, en Fiscalización, y han designado a José María Suárez Robledano, según informaron a Europa Press fuentes del Tribunal de Cuentas. Ambos fueron propuestos como consejeros en 2012 a instancias del PP. En concreto, Robledano sustituye en ese puesto a Felipe García Ortíz, que había sido propuesto por el PSOE.

Es decir, la cúpula del tribunal está ahora en manos de tres consejeros cuyos nombramientos se produjeron en su día a propuesta del partido de Pablo Casado.

Eso sí, cada tres años hay que someter a votación a esos tres miembros de la comisión de gobierno para decidir si siguen o son sustituidos. Álvarez de Miranda, en su día elegido en las Cortes por consenso entre PP y PSOE, fue elegido presidente en 2012 y renovó en 2015.

Según la legislación, esa elección se efectúa mediante votación secreta entre los consejeros de Cuentas y, al día siguiente, el Pleno del Tribunal, incluyendo ya al fiscal de la institución, examinará la legalidad de la propuesta y la comunicará al Congreso.

El PSOE acusa a los consejeros del PP de "manipulación"

El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha denunciado este lunes la "manipulación" realizada, a su juicio, por los consejeros propuestos por el PP para el Tribunal de Cuentas para hacerse con el control de la Comisión de Gobierno del órgano fiscalizador.

"Es la primera vez en la historia de la democracia que el órgano de gobierno del Tribunal de Cuentas está ocupado exclusivamente por consejeros propuestos por un solo grupo político", ha denunciado Gómez de Celis en una nota de prensa.

Para el dirigente socialista, "esta elección se contradice con los valores de supuesta regeneración de las que presume el PP puesto que uno de sus miembros reelegido Javier Medina, tiene una querella por prevaricación puesta por un letrado del Tribunal de Cuentas y que ha sido admitida a trámite".

Podemos cuestiona la independencia del Tribunal

El portavoz de Unidos Podemos ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, Segundo González, cree que el hecho de que la cúpula del fiscalizador esté copada por consejeros a propuesta del PP "pone en tela de juicio la independencia" del órgano fiscalizador.

González cree que la nueva composición del órgano de gobierno de esta institución "no ayuda a asegurar unos informes imparciales" y cree que el sentido de la renovación "le hace un flaco favor" a la "imagen de independencia" que, a su juicio, debe mostrar "la institución que se encarga de fiscalizar al resto".

De letrada a presidenta

La ahora nueva presidenta del Tribunal de Cuentas ha desarrollado su carrera profesional en el Tribunal de Cuentas desde 1993, cuando ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de Letrados del fiscalizador. Fue destinada al Departamento de Fiscalización de Comunidades y Ciudades Autónomas como directora de Programas y, posteriormente, como subdirectora adjunta a la Asesoría Jurídica.

En 1999, pasó a la Presidencia del Tribunal, donde desarrolló una intensa actividad en el ámbito internacional: fue directora de la Unidad de Enlace con el Tribunal de Cuentas Europeo hasta 2003 y directora de Relaciones Internacionales de la Institución, desempeñando las funciones de agente de Enlace con el Tribunal de Cuentas Europeo y directora de la Secretaría de la Organización Europea de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Eurosai).

En 2012 fue elegida consejera y hasta ahora se encargaba del Departamento de Fiscalización de Entidades Locales, cuya función es fiscalizar el sector público local y gestionar la Plataforma de Rendición de Cuentas de las entidades locales.

También ejercía desde 2015 como corresponsable del Departamento de Partidos Políticos, cuya misión es fiscalizar la contabilidad anual de los partidos políticos y sus entidades dependientes que perciben subvenciones para gastos de funcionamiento, así como la fiscalización de los procesos electorales. Además, era desde diciembre de 2014 vocal de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, a propuesta del Tribunal de Cuentas.

El Tribunal de Cuentas denuncia que hace ya 14 años, desde 2003, que viene reclamando una legislación nacional que obligue a las entidades locales a presentarle sus cuentas a tiempo para que puedan ser fiscalizadas, porque año tras año un importante porcentaje de ellas lo hace con retraso o incluso no llega a entregarlas.

"Esta recomendación ya se formuló en 2003", afirma en varias ocasiones el órgano fiscalizador en el informe que ha aprobado sobre el sector local en 2015, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que insiste en lo que empiezan a ser ya viejas peticiones que los gobiernos no atienden: que se impongan medidas más duras para que las entidades se dejen fiscalizar.

Las entidades locales están obligadas a enviar al Tribunal sus cuentas del año anterior para que sean fiscalizadas: la cuenta general, el balance de situación, el resultado económico-patrimonial, la liquidación del presupuesto y la memoria.

En el informe sobre el año 2015 se vuelve a constatar el incumplimiento en el envío de toda esta documentación: el 31 de diciembre de 2016, dos meses y medio después del plazo legal, un 27% de las entidades no había entregado al Tribunal las cuentas de 2015, tres puntos más que el año anterior.

La cifra empeora si se trata en concreto de la cuenta general de 2015, que se tiene que elaborar al final de cada año para informar sobre la situación del patrimonio, la ejecución del presupuesto y los gastos e ingresos: sólo la entregó a tiempo el 56% de las entidades, por debajo del 62% del año anterior. En el caso de los ayuntamientos, cumplió el 60% y entre los cabildos y consejos insulares, sólo el 10%.

Dos de cada tres municipios andaluces ocultan sus cuentas

Por comunidades autónomas, el mayor incumplimiento se registra en Andalucía, donde sólo un 34% había cumplido con el envío de la documentación de 2015 el 31 de diciembre del año siguiente; es decir, dos de cada tres entidades locales andaluzas (66%) ocultaron sus balances al tribunal.

A distancia aparecen las entidades locales de Castilla-La Mancha, Murcia y Cantabria, cuyo nivel de incumplimiento se sitúa en el 38%, el 37% y el 35%, respectivamente, según el informe de la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda.

Por contra, en Canarias, Madrid, Cataluña, Galicia, Asturias, La Rioja y la Comunidad Valenciana cumplen entre el 80 y el 90%, y sólo Aragón presenta un índice de cumplimiento del 93%. El motivo es que en la comunidad aragonesa se aprobó una ley de subvenciones que condiciona la concesión de ayudas a la rendición de cuentas, una medida que, en su opinión, podría expliocar que en esta comunidad, a diferencia de lo ocurrido en el conjunto del Estado, el cumplimiento de los plazos registró un incremento de siete puntos entre 2014 y 2015.

Pero año tras año se producen retrasos y el Tribunal de Cuentas así lo recoge en el informe que elabora sobre la situación del sector local. El documento es remitido al Congreso, donde los grupos parlamentarios lo estudian y aprueban recomendaciones que suelen asumir las que hace el propio Tribunal.

Recetas ignoradas por los sucesivos gobiernos

Entre ellas, la exigencia a las administraciones para que tomen medidas que obliguen a los ayuntamientos a rendirle cuentas. Por un lado, con reformas legales para que esta obligación sea considerada en todo el país como "indispensable" para poder acceder a subvenciones y ayudas públicas, recomendación que ya se hizo en 2003.

También de 2003, de hace 14 años, es la propuesta de que la normativa estatal y las leyes autonómicas impongan los mismos plazos para enviar la documentación, porque "la diversidad genera de manera innecesaria divergencias y desajustes temporales".

El Tribunal insiste igualmente en la conveniencia además de que esos plazos sean más breves, para que se aproxime lo más posible al ejercicio que se va a fiscalizar. "Esta recomendación ya se efectuó en el informe de 2009", recalca el órgano auditor.

Otras recomendaciones del Tribunal de Cuentas también son de hace muchos años. Por ejemplo, tomar medidas legales para que las entidades locales tengan que aprobar unos presupuestos anuales y no funcionen sin ellos, no puedan aprobar modificaciones de crédito sin financiación efectiva y tengan que ajustar su gestión a sus posibilidades financieras reales.

Menos deuda, más inversiones reales

El informe repasa por lo demás las principales cifras de ingresos y gastos de las entidades locales en 2015. En ese año, el gasto total del conjunto del sector fue similar al del año anterior y como en ejercicios anteriores, el área a la que más recursos dedicaron fue la de servicios básicos, el 34%.

Le siguió el apartado de actividades de carácter general (administración, atención al ciudadano, transferencias a otras administraciones, etc), el 21%. Educación, sanidad, cultura y deporte se llevaron el 14% y la protección y promoción social, el 11.

La deuda pública absorbió el 12% del presupuesto ejecutado en 2015, según el Tribunal de Cuentas, lo que supone una reducción del 15% registrado en 2014. "Esta disminución ha sido el hecho más característico en el gasto ejecutado en 2015", dice el órgano fiscalizador, que también subraya el aumento del 14% en las inversiones reales.

Este último capítulo ha ido creciendo desde el año 2013, con la salida de la crisis económica, y el aumento acumulado desde entonces es del 36%.

El sindicato UGT asegura que un buen número de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas se encuentran paralizadas por falta de personal. La plantilla, denuncia, está envejecida, con una media de edad de 60 años y a los cuatro ejercicios sin oposiciones les están siguiendo convocatorias con tan pocas plazas que la institución “se está quedando sin cuadros”. Según los cálculos del sindicato, haría falta sacar a concurso 50 plazas al año durante el próximo quinquenio para cubrir las necesidades de personal.

UGT ha presentado este jueves en el registro del Congreso de los Diputados un escrito en el que denuncian la falta de independencia e imparcialidad de los consejeros del Tribunal de Cuentas, y piden que se cree una comisión de estudio para reformar este órgano constitucional. El sindicato cree que debe revisarse y actualizarse la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, aprobada en 1988, para que sus consejeros sean elegidos por un periodo delimitado –ahora son nueve años– y no sean renovables. También para garantizar que reúnen los requisitos de “reconocida competencia técnica”. UGT pone en duda que los actuales posean esa elevada cualificación. Además, reclaman que se reduzca “de forma drástica” el nombramiento de técnicos por los procedimientos de libre designación y en comisión de servicios. Según explica el sindicato, el 99% de los funcionarios de nivel A1 –titulados– han sido nombrados mediante libre designación; es decir, a dedo.

En el documento, UGT pasa revista a las siete sentencias del Tribunal Supremo que condenan a los consejeros del Tribunal de Cuentas por su política de personal. En concreto, el Alto Tribunal reprocha a los 12 consejeros que conculcaran los principios de igualdad, mérito y capacidad para adjudicar plazas a sujetos predeterminados. En dos de ellas, el Supremo condena al pleno del Tribunal de Cuentas por “desviación de poder”, al haber “torcido” la convocatoria de un puesto de trabajo para impedir que se presentaran a él los funcionarios del propio organismo. En total, el TS condenó a los consejeros a pagar 60.000 euros en costas por las siete sentencias. La cantidad no la han abonado los consejeros, sino que se ha sufragado a cargo del presupuesto del Tribunal de Cuentas, lo que a su vez acaba de ser denunciado ante la Justicia por un letrado de la institución como constitutiva de un caso de “responsabilidad contable”.

Para UGT, la consecuencia de la falta de personal y la parcialidad de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas está siendo su “limitada capacidad de respuesta ante la corrupción”. “Apenas ha detectado ni perseguido caso de corrupción alguno en todos estos años”, resalta en su escrito al Congreso. El sindicato se pregunta si los consejeros son los responsables de esta “inoperancia” o si lo es una “legislación inadecuada”. En cualquier caso, pide que se renueve ya el Pleno del Tribunal de Cuentas, sin esperar a que sus miembros cumplan los nueve años de mandato legal. No sólo por las siete condenas del Tribunal Supremo recibidas por los consejeros, sino también porque fueron elegidos en 2012 a propuesta únicamente del PP, PSOE e IU. Y ahora la composición de las Cortes incluye a nuevos partidos no representados en el órgano de gobierno del Tribunal de Cuentas. Finalmente, UGT reclama un Código Ético para los altos cargos de la institución que, a su juicio, debería tener un nivel de exigencia superior al de la Administración General del Estado.

Obras, alquileres, gritos de dimisión

El Tribunal de Cuentas lleva unos años convulsos por culpa de la política de personal y de la gestión económica. A las denuncias sobre enchufismo en las contrataciones se les han unido las relativas a las obras acometidas en su sede en los últimos tiempos. En su escrito al Congreso UGT califica de “dispersa, ineficiente y sin criterios claros” la política de adquisiciones del Tribunal.

Mientras la empresa pública Tragsa acomete unas importantes obras de reforma en el palacio del siglo XIX que acoge a la institución, la plantilla ha sido trasladada a un edificio en el barrio más caro de Madrid, por el que se paga un alquiler de 1,8 millones de euros. Las obras han comenzado con un año de retraso sobre el plazo previsto. Pero sólo seis meses después de que se realizaran otras en el sótano del palacio por otros tres millones de euros más. Como publicó infoLibre, el deterioro del ambiente laboral se reflejó en la imagen de buena parte de la plantilla pidiendo a gritos la dimisión del presidente del Tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, a las puertas del nuevo edificio en febrero de 2016.

Podemos también pregunta por la política de personal

El grupo de Unidos Podemos-En Comú-En Marea del Congreso también ha pedido este jueves al presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, que explique en una comisión parlamentaria la política de personal de la institución y las sentencias del Tribunal Supremo, informa Europa Press.

Así, su portavoz en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Segundo González, ha registrado en el Congreso una solicitud de comparecencia y ha anunciado que, en caso de que estas no resulten “convincentes”, cree que “habría motivos suficientes para solicitar la dimisión del presidente y del Consejo, que es el responsable de estas decisiones”.

González sostiene que “el actual Tribunal de Cuentas no cumple” con su función de “prevención y lucha contra la corrupción”. “Creemos que es por la excesiva politización y la relación de esa politización con el funcionamiento del Tribunal de Cuentas”.

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, recalcó este lunes que la institución fiscalizadora exigirá identificar a los ciudadanos que contribuyeron a la financiación de Podemos a través de sus microcréditosfinanciación de Podemos a través de sus microcréditos para comprobar si se ingresaron en las cuentas corrientes adecuadas y si se devolvió el dinero a los acreedores.

Aunque al principio usaba el crowdfunding (microdonaciones), desde 2015 Podemos ha venido utilizando para sus campañas electorales la fórmula de los microcréditos que le permite financiarse sin recurrir a la banca gracias a aportaciones de particulares, a quienes se devuelve el dinero pasado un tiempo, cuando el partido recibe las subvenciones públicas.

En su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, donde presentó sus informes de fiscalización de las dos últimas elecciones generales (diciembre de 2015 y junio de 2016), Álvarez de Miranda ha sido preguntado por el PP por esta vía de financiación.

Según ha explicado, tanto el crowdfunding como los microcréditos son "nuevas formas de algo muy viejo": "Estas fórmulas de obtener dinero en pequeñas cuantías se han puesto de manifiesto a lo largo de los años", ha recordado, en alusión a las fiestas del PCE.

La labor del Tribunal de Cuentas, ha añadido, es que "quede muy claro" que estas fórmulas de financiación se ajusten a la ley y eso exige que se utilicen las cuentas electorales adecuadas y que las aportaciones estén "perfectamente identificadas".

La particularidad de los microcréditos es que no hubo tiempo material para realizar esa comprobación en el examen de los gastos electorales de 2015 y 2016, pues las cuentas que los partidos abren para un proceso electoral se cierran pasados los comicios.

Eso supone que la comprobación "se difiere" y, como los fondos de esas cuentas electorales se transfieren después a las que recogen el funcionamiento ordinario de los partidos, el Tribunal de Cuentas tendrá que contrastar los datos cuando prepare sus informes sobre la contabilidad anual de los partidos.

"La comprobación no se puede hacer en periodo electoral, pero cuando llega la fiscalización del periodo correspondiente de la contabilidad ordinaria, se va a solicitar, y ya se solicita, la acreditación de que todos esos acreedores están debidamente registrados, que lo han hecho a través de cuentas corrientes habilitadas y que se ha demostrado o no que ha habido un reintegro de las cantidades percibidas".

Álvarez de Miranda ha subrayado que no prejuzga que haya una situación de irregularidad con estas nuevas fórmulas de financiación, pero sí ha reiterado la petición del Tribunal de modificaciones legales para "que queden reguladas estas operaciones".

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, reclamó este miércoles en el Congreso una reforma legal que dé más poder a este órgano para fiscalizar las cuentas de las fundaciones vinculadas a los partidos políticosfundaciones , más allá del ámbito de las subvenciones, de manera que se pueda evitar que éstas se utilicen para financiar a los partidos al margen de la ley. También ha pedido que se apliquen a las fundaciones los mismos requisitos y limitaciones que se exigen a los partidos en materia de donaciones.

Así lo ha expuesto Álvarez de Miranda ante la Comisión Anticorrupción del Congreso, donde ha acudido dentro de la ronda de comparecencias convocadas por éste órgano para recabar propuestas destinadas a mejorar el actual régimen de financiación de los partidos políticos.

El máximo responsable del fiscalizador ha admitido que uno de los aspectos que más "preocupación" le generan es la "utilización de las fundaciones para la captación de recursos destinados a las formaciones políticas".

Aunque, ha explicado, que "es cierto que no se permite a las fundaciones asumir gastos que corresponden a los partidos", en la medida en que éstas pueden hacer aportaciones a las formaciones políticas, "se produce un corte en la secuencia de control, de manera que, por vía indirecta, los partidos podrían recibir fondos que no pueden obtener directamente".

Este agujero, que también ha sido puesto de manifiesto por otros comparecientes, podría atajarse, como ha propuesto también Álvarez de Miranda, aplicando a las fundaciones "los mismos requisitos exigidos a los partidos políticos en relación con las donaciones".

Además, ha puesto de manifiesto que el Tribunal tiene limitada su actividad fiscalizadora sobre las fundaciones a la regularidad de las aportaciones que reciben y a los gastos financiados con subvenciones públicas, lo que restringe el campo de actuación sobre el que se centran las comprobaciones y se efectúan los cruces de información pertinentes.

Definir donaciones y aportaciones

También en relación con las fundaciones, Álvarez de Miranda ha reclamado que se defina claramente en la ley "la diferencia entre los conceptos de aportaciones y donaciones", dado que su distinción semántica puede dar lugar a distintas interpretaciones.

Otra de sus propuestas es que se regulen de forma "detallada" las nuevas formas de financiación, en especial "las operaciones de endeudamiento a través de los microcréditos" —que utilizan formaciones como Podemos—, cuya fiscalización, ha dicho, "implica verificar la regularidad de esta financiación conforme a las condiciones estipuladas para su devolución".

"Es preciso tener en cuenta —ha dicho— que dichas formas de financiación novedosas deben cumplir escrupulosamente con los requisitos y los límites de la ley, existiendo un cierto riesgo, por su propia naturaleza, de que las mismas se utilicen para eludir su aplicación".

Respecto a la financiación de las campañas electorales, Álvarez de Miranda es partidario de que todas las donaciones que se realicen en periodo electoral se entiendan que son para financiar ese proceso y también ha pedido medidas para "paliar la falta de correspondencia entre el límite máximos de gastos electoral y el importe de la subvención a percibir".

Medidas coercitivas

La necesidad de adecuar los límites de gasto en publicidad electoral a los nuevos soportes publicitarios que brindan las nuevas tecnologías, así como la evaluación de la eficiencia del envío de sobres y papeletas de propaganda electoral, han sido otras de las sugerencias que Álvarez de la Mesa ha dejado en el Congreso.

Todas estas medidas, según el presidente del Tribunal de Cuentas, deberían ir acompañadas de medios coercitivos para que el fiscalizador pueda exigir la colaboración de otros entes para el cumplimiento de sus funciones, ya sean en materia fiscalizadora o jurisdiccional.

Álvarez de Miranda ha explicado que uno de los problemas con los que se topa el Tribunal es que algunos de los proveedores que contratan con los partidos no les envían información y ha sugerido la posibilidad de que la Agencia Tributaria pudiera facilitarles el volumen anual de operaciones de las empresas que trabajan con partidos para detectar si existen disfunciones.

Control interno de los partidos

También ha reiterado su ya clásica recomendación de que se integre en la contabilidad de los partidos la actividad de los grupos institucionales y ha insistido en que ha de imponerse a todos los partidos un sistema de control interno sometido a auditoria.

Respecto a las elecciones locales, ha avisado de que el límite máximo de gastos para las formaciones pequeñas "puede ser inferior a la subvención que procedería en caso de obtener representación" y de que en muchas ocasiones, dicho límite máximo "es manifiestamente insuficiente para el desarrollo de una campaña electoral". A esto se une que si se superan esos topes se puede imponer una sanción que "suele ser desproporcionada".

En un momento de su intervención, Álvarez de Miranda ha puntualizado que "el Tribunal de Cuentas no tiene la naturaleza de un órgano anticorrupción", ni cuenta con las atribuciones y los instrumentos necesarios para actuar como tal, lo que ha provocado sorpresa en algunos grupos parlamentarios.

El compareciente ha subrayado que el fiscalizador está poniendo todo su esfuerzo y voluntad, al máximo nivel, para incrementar el control sobre las formaciones políticas y mejorar los resultados de su fiscalización y, para ello, ha ampliado sus medios humanos.

Mandatos más largos pero sin reelección

Además, ha asegurado se trata de un órgano que funciona con la "máxima independencia" y profesionalidad y que cuenta con un marco jurídico e institucional que protege esa independencia "frente a cualquier injerencia ajena a la defensa del interés público".

No obstante, ha admitido que existen "posibilidades de mejora en el ámbito de la independencia" y que, en una futura legislación, se podrían ampliar los plazos para el ejercicio de la función de miembro del tribunal, pero imposibilitando ser reelegidos.

Según ha detallado, el Tribunal cuenta actualmente con 750 funcionarios, pero debería tener más para "ponerse al día" y evitar el retraso en sus fiscalizaciones, un asunto que se ha comprometido a arreglar. Además, ha deslizado que el presupuesto de este órgano es inferior al de otros similares de países de nuestro entorno.

Posibles irregularidades en las elecciones locales de 2015

El Tribunal de Cuentas ha iniciado el trámite de petición de información previa —antesala de la posible apertura de un procedimiento sancionador— a 49 formaciones políticas que podrían haber cometido alguna irregularidad en el marco de las elecciones municipales de mayo de 2015.

Álvarez de Miranda precisó además que el tribunal está pendiente de iniciar el mismo trámite con otras 517 formaciones "aquejadas de determinadas circunstancias" que no ha precisado.

Según se recoge en el informe del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de los partidos políticos en aquellos comicios, la mitad de las formaciones políticas locales sobrepasaron su límite de gasto hasta sumar 600.000 euros de exceso.

En concreto, un total de 1.057 formaciones locales tuvieron que afrontar esas elecciones con un techo de gasto de menos de 10.000 euros, que es el resultado de multiplicar por 0,11 euros el número de habitantes de los municipios donde hayan presentado lista. Y más de la mitad, un total de 532, acabaron sobrepasando ese tope con un exceso medio de 1.151 euros, lo que supone una infracción sancionable. La mayoría de ellos, 524 partidos, superaron ese límite en más de un 1%.

Tal y como hizo el Tribunal de Cuentas en aquel informe, su presidente ha explicado ante la comisión que el incumplimiento de los límites de gasto electoral por parte de las formaciones pequeñas en las elecciones locales es "generalizado" por lo que hay que revisar la legislación. También ha pedido cambios en las sanciones mínimas que se imponen por esos incumplimientos porque las juzga muy "elevadas".

El letrado del Tribunal de Cuentas Fernando Clemente de Antonio ha denunciado al presidente de ese órgano, Ramón Álvarez de Miranda, y los miembros de la Comisión de Gobierno, Javier Medina Guijarro y Felipe García Ortiz, por responsabilidad contable, según informa Confilegal. Los tres implicados habrían hecho incurrir  a la institución en el desembolso de 38.000 euros, en concepto de costas, que han causado un perjuicio a los fondos públicos del Tribunal de Cuentas y a la Hacienda Pública en general.

Desde 2015, el Tribunal de Cuentas ha sido condenado por cuatro sentencias, pero se trata de la primera vez que recibe una denuncia por la vía contable. El Tribunal Supremo ha impuesto ya seis condenas por diversas ilegalidades, incluyendo la comisión de actos arbitrarios y la supuesta desviación de poder llevada a cabo en el nombramiento de Enrique Medina Guijarro como subdirector técnico nivel 30, en la Dirección Técnica de la Presidencia del Tribunal.

Fernando Clemente de Antonio culpa directamente a los titulares de la Comisión de Gobierno y de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, de ser los responsables directos de los actos que dieron lugar a los recursos de alzada, y de impedir la correcta ejecución de los fallos de las sentencias. Pese a que correspondería a la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas nombrar al instructor encargado de investigar los hechos, en este caso lo lógico sería turnar la denuncia a los consejeros de la Sección de Enjuiciamiento, ya que de lo contario los tres implicados al formar parte de dicho órgano, podrían acabar interviniendo en el proceso de toma de decisión.

El Tribunal de Cuentas echa por tierra uno de los principales argumentos con los que, los últimos gobiernos del PSOE y del PP, justificaron los avales que el Estado otorgó a las entidades financieras privadas entre 2008 y 2012 para que tuvieran liquidez: la supuesta influencia que esos salvavidas tendrían sobre la economía real.

Estas ayudas formaban parte de un plan pactado por los jefes de Estado y de Gobierno de la Eurozona en 2008 y revalidado en 2012. En total, los avales otorgados en ese período alcanzan los 187.956 millones de euros.

En octubre de 2008, cuando se aprobó el primer paquete, el exministro de Economía, Pedro Solbes, aseguró que la medida serviría para paliar la situación de "bloqueo" del mercado financiero español que, a su juicio, estaba afectando a la actividad económica. El actual ministro de Economía, Luis de Guindos, defendió en enero de 2012 –cuando se aprobó una segunda fase– que no poner a disposición de los bancos estos avales públicos sería "un acto de irresponsabilidad" que habría llevado a la economía española "a una situación absoluta de cierre de crédito". 

Pues bien, los auditores públicos concluyen ahora en su último informe de fiscalización de la gestión y el control de los avales concedidos por la Administración General del Estado entre los ejercicios 2008 y 2013 [ver en PDF] que los avales otorgados a las entidades financieras "no han tenido la incidencia deseada en la mejora del crédito al sector privado". En otras palabras, que estas ayudas a la banca no ha tenido los efectos que se vaticinaron sobre la economía real. Al menos, hasta esa fecha. 

En el citado informe, el organismo fiscalizador del Estado explica que en el caso de los avales a entidades de crédito, la decisión de su puesta en marcha se adoptó en el marco de la Unión Europea, dentro de un paquete de medidas que tenían como objetivo último restablecer la confianza y el correcto funcionamiento del sistema financiero, con el fin de "disponer de unas condiciones de financiación adecuadas y eficaces para la economía".

Eficacia 

Los principales objetivos de esos avales –prosigue el informe– eran dos: facilitar la financiación a las entidades financieras, que era muy limitada en ese momento; y posibilitar una mayor disposición de crédito para la economía real.

Los auditores públicos consideran que el cumplimiento del primero de esos objetivos "no ofrece lugar a dudas", pues gracias al otorgamiento del aval del Estado, las entidades de crédito pudieron colocar sus emisiones, obteniendo la liquidez perseguida. Pero respecto al segundo son menos optimistas. Recuerdan que no se ha aportado ningún documento en el que se analice si mediante estos avales la financiación conseguida por las entidades se ha aplicado a facilitar la financiación de la economía real.

Destacan también que en los informes trimestrales remitidos a las Comisiones de Presupuestos del Congreso de los Diputados y del Senado por la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, dependiente del Ministerio de Economía, se informa exclusivamente sobre el importe y características principales de los avales públicos otorgados, "sin que en los mismos se haga ninguna referencia en relación a su eficacia".

A falta de esta información el Tribunal de Cuentas recurrió a diversos estudioss del Banco de España (informes anuales, boletines económicos e informes de estabilidad financiera), en los que se determina que el crédito al sector privado durante el periodo fiscalizado, y en concreto en los años en los que se hicieron efectivos los avales a las entidades de crédito, "ha experimentado una evolución negativa, reduciendo su peso en el balance de las entidades".

En consecuencia, el Tribunal de Cuentas concluye que los avales otorgados "no han tenido la incidencia deseada en la mejora del crédito al sector privado". No obstante, los auditores públicos señalan que "dado el grado de estrés financiero alcanzado en el contexto de la reciente crisis, resulta imposible determinar cuál hubiera sido el comportamiento del crédito al sector privado en este periodo de no haberse adoptado esta y otras medidas de apoyo al sistema financiero".

El escrito, aprobado por la junta de personal el pasado viernes, es una expresión más del malestar que cunde entre la plantilla del Tribunal de Cuentas desde que se hicieron públicos los casos de nepotismo, con un elevado número de empleados emparentados con altos cargos y representantes sindicales. La junta de personal acusa a la secretaria general de la “mala imagen” del Tribunal de Cuentas y de los “niveles históricos de desmotivación y descontento de los empleados”. Ana Puy, destacan, “no ha sido capaz de atajar el torrente de noticias negativas que se han publicado [sobre el órgano fiscalizador] en estos cuatro años.

Los representantes de la plantilla también explican que la secretaria general ha “incumplido sistemáticamente” las recomendaciones en materia de personal recogidas en un informe elaborado en julio de 2015 por el Tribunal de Cuentas Europeo junto con el Tribunal de Cuentas portugués, una auditoría externa realizada según el método de la revisión entre pares. Entre esas recomendaciones figura la de convocar oposiciones y concursos de méritos para ocupar vacantes, “reservando la libre designación para casos excepcionales y debidamente justificados”.

Seis sentencias por adjudicar plazas a dedo

En el último año y medio el Tribunal Supremo ha condenado al órgano que preside Ramón Álvarez de Miranda hasta en seis ocasiones por su política de personal. Según fuentes consultadas por infoLibre, el Alto Tribunal aún tiene pendientes de resolver hasta cuatro recursos por las mismas irregularidades. Según aseguraba el sindicato UGT en un escrito dirigido a la plantilla este verano, el sistema de libre designación es “casi el único sistema utilizado desde hace años por el Tribunal de Cuentas para cubrir plazas del Grupo A1 [el más elevado dentro de la Administración]”.

De hecho, las sentencias del Supremo han anulado la adjudicación de plazas en el Tribunal de Cuentas por modificar los requisitos establecidos en las convocatorias para conceder los puestos a determinadas personas, entre ellas el hermano de un consejero, Javier Medina. También se impidió que alguna plaza fuera solicitada por los letrados y auditores de la institución, se suprimieron requisitos –como saber inglés y francés, y otros de carácter técnico–, se contrató previamente en comisión de servicios a la persona a la que se quería dar la plaza… En conjunto, el Alto Tribunal ha condenado al Tribunal de Cuentas a pagar un total de 47.000 euros en costas por las seis sentencias condenatorias.

El más reciente motivo de conflicto de los trabajadores con los responsables de la institución son las cámaras de vigilancia que se han instalado en la sede provisional de la calle de Ortega y Gasset de Madrid. Según la Junta de Personal, esas cámaras tienen como finalidad controlar a los empleados, no vigilar los accesos por motivos de seguridad. “Ya existen otros medios de control horario” de la plantilla, protestan los representantes sindicales en su escrito. Según las fuentes antes citadas, la secretaria general justificó la medida, meses después de haber instalado las cámaras, con un escrito enviado a la Agencia de Protección de Datos.

Polémico traslado de sede por unas obras sin ejecutar

El pasado mes de enero la plantilla del Tribunal de Cuentas fue trasladada de su sede histórica, un palacio del siglo XIX, a un edificio propiedad de Inmobiliaria Colonial, cuyo principal accionista es el Grupo Villar Mir. El alquiler de la sede provisional le cuesta a la institución 1,8 millones de euros al año. En principio, 550 trabajadores del Tribunal de Cuentas van a permanecer allí este año y el próximo. Pero las obras de rehabilitación del palacio, construido en 1860 según un diseño del arquitecto Francisco Jareño y Alarcón, aún no han dado comienzo. Aunque recibieron el pasado julio la licencia de obras del Ayuntamiento de Madrid, según han confirmado a este periódico tanto el consistorio como la Dirección General de Patrimonio, los trabajos siguen sin ser ejecutados.

Apenas dos años antes, en 2014, la institución se gastó tres millones de euros, indica el escrito de la Junta de Personal, en arreglar el sótano del palacio, en un procedimiento que tacha de poco transparente. En el sótano tenía previsto la dirección instalar a 150 trabajadores, pero finalmente no pudieron ser más que la mitad por una “mala planificación”.

Con todo, los primeros meses de estancia de los trabajadores en la nueve sede del barrio de Salamanca tampoco fueron pacíficos. Llegaron a pedir a gritos la dimisión del presidente a la salida del edificio en una protesta improvisada. Se quejaban de la falta de espacio, de forma que hubo empleados que se encontraron sin puesto de trabajo al llegar allí, de soportar temperaturas de hasta 29 grados por problemas en los sistemas de climatización y hasta de los escasos tornos de acceso, que producían aglomeraciones a las horas de salida. Todo ello lo achacan los representantes de los trabajadores a la “absoluta falta de planificación y de negociación” por parte de la secretaria general, a quien acusan de carecer de un “perfil dialogante y negociador”.

Un portavoz del Tribunal de Cuentas se limitó a calificar el contenido del escrito de “cuestiones internas” que resolverá en su momento el pleno del órgano. Lo integran 12 consejeros –uno de ellos es el presidente– y el fiscal. La secretaria general tiene voz, pero no voto. Una de las funciones del pleno es, precisamente “elegir y remover libremente” al secretario general de la institución. Se reúne una vez al mes. El próximo está previsto para el día 24.

El pleno del Tribunal de Cuentas acordó en octubre de 2014 a iniciativa propia la fiscalización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) correspondiente a ese año, así como del proceso de integración en ella de los organismos públicos declarados a extinguir por la ley que dio origen al conocido como "superregulador". En una de sus conclusiones, el órgano fiscalizador desvela que, al menos durante un año, el presidente de la CNMC, Jose María Marín Quemada, fue el encargado de autorizar y controlar sus propios gastos.

La CNMC se define en su propia página web como un organismo "que garantiza la libre competencia y regula todos los mercados y sectores productivos de la economía española para proteger a los consumidores". Es público, con personalidad jurídica propia, independiente del Gobierno y sometido al control parlamentario. Entró en funcionamiento el 7 de octubre de 2013 cuando se decide unificar todos los organismos reguladores y de defensa de la competencia. A partir de ese momento, agrupó las funciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), el Comité de Regulación Ferroviaria (CRF), la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP), la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria (CREA) y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA). 

Es en el punto 6.16 de las conclusiones del informe de fiscalización donde el Tribunal de Cuentas señala que "la CNMC disponía desde abril de 2014 de instrucciones y procedimientos escritos para la liquidación de dietas, gastos de viaje y comisiones de servicio de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio". Añade que "el procedimiento no determinaba el órgano o la persona que realiza la liquidación de las dietas del presidente siendo él mismo quien autorizaba, declaraba y certificaba sus gastos de dietas y locomoción".

Esto ocurrió así hasta octubre de 2015. Según puede leerse en el citado informe, "por resolución del presidente de 26 de octubre de 2015 corresponde al secretario general cumplimentar el conforme de las comisiones de servicio del presidente que preceptúa el artículo cinco del Real Decreto 725/1989, de 16 de junio, sobre anticipos de caja fija". 

Según contempla ese artículo, "los gastos que hayan de atenderse con anticipos de caja fija, deberán seguir la tramitación establecida en cada caso, y de la que quedará constancia documental". Esto implica que "el 'páguese' del órgano de gestión correspondiente, dirigido al cajero, deberá figurar, como mínimo, en las facturas, recibos o cualquier otro justificante que refleje la reclamación o derecho del acreedor".

infoLibre intentó este viernes, sin éxito, que desde la CNMC aclarasen los motivos por los que durante un tiempo fue su presidente el encargado de controlar sus propios gastos.

En las alegaciones al informe del tribunal, el "superregulador" reconoce en el apartado 4.3 que "efectivamente desde el 26 de octubre de 2015 corresponde al secretario general cumplimentar el 'páguese' respecto de las comisiones de servicio del presidente en atención a la normativa que cita el órgano de fiscalización".

Contratos de alta dirección

Otra de las conclusiones que extrae el Tribunal de Cuentas del funcionamiento del superregulador es que al finalizar el ejercicio fiscalizado [2014], la CMNC superaba el límite máximo de diez directivos contratos de alta dirección alcanzando un total de 22 puestos de esta naturaleza. Es la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 4 de noviembre de 2013 la que fija el límite.

El órgano fiscalizador añade, no obstante, que "nueve de esos contratos se encontraban autorizados por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) con carácter excepcional, otros cuatro pendientes de la consulta con la Abogacía del Estado y tres fueron modificados en 2015 perdiendo su condición de alta dirección".

El documento también critica el retraso, de 8 meses, en la renovación de consejeros en la CNMC. Todos los miembros de los consejos de la CNE, la CNC, la CMT y la CNSP fueron cesados en 2013 y nombrados el presidente, la vicepresidenta y los ocho consejeros de la CNMC. "En septiembre de 2015 debería haberse producido la renovación parcial de los miembros del consejo que, sin embargo, aún se encuentra pendiente", puede leerse en el informe. Estos trámites pasarán a engrosar la lista de tareas pendientes del nuevo Ejecutivo. Una vez propuestos por el Ministerio de Economía, deberán ser ratificados por el Congreso.

Contratos menores

En materia de contratación, el informe apunta a que el cumplimiento de la normativa es "elevado", si bien cita algunas "excepciones". Una de ellas es "el posible fraccionamiento de contratos de seguridad por meses tramitándolos como menores de forma separada" y otras "deficiencias en la tramitación de un contrato de obras". En este sentido, una de las recomendaciones que desde el Tribunal de Cuentas se hace a la CNMC es que "en la contratación de pequeñas obras promueva la concurrencia y la competencia entre licitadores, así como adoptar, en lo posible, las prescripciones recogidas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP),(TRLCSP) incluso en aquellos supuestos en que no sean obligatorias dada la cuantía o naturaleza del contrato".

Toque de atención al Gobierno

Según informa el Tribunal de Cuentas, la ley de creación de la CNMC determinó que seguiría desempeñando transitoriamente las funciones que debían traspasarse a los departamentos ministeriales hasta que estos dispusieran de los medios necesarios para ejercerlas, sin determinar plazos para su ejecución. "En la práctica esto supuso que la CNMC siguiera ejerciendo, después de más de dos años de su creación hasta la actualidad, la mayoría de las atribuciones de los organismos extinguidos, asumiendo los medios materiales y plantillas de personal de dichos organismos", denuncia el fiscalizador.

Al respecto, en las recomendaciones se pide al Ejecutivo que "inicie los cambios normativos o dicte las resoluciones necesarias para ofrecer una solución definitiva a la transitoriedad que determinaba la ley de creación de la CNMC, en cuanto a continuar desempeñando las funciones que debían traspasarse a los departamentos ministeriales".

Asimismo, reclama al Gobierno, ahora en funciones, que revise las dotaciones de personal del superregulador para las funciones que se le han encomendado con posterioridad a su creación.

Según el Tribunal de Cuentas, los gastos de personal disminuyeron en relación con la suma de los gastos de los organismos extinguidos a 31 de diciembre de 2013 en 3.267.000 euros, lo que supuso un ahorro del 10,60%.

Los ánimos están más que caldeados en el número 100 de la calle de Ortega y Gasset. Y no sólo porque la temperatura en las oficinas supere los 27 grados. Allí trabajan casi 600 funcionarios del Tribunal Cuentas desde principio de enero y allí permanecerán durante casi dos años mientras su sede oficial, un palacio construido en 1863, se somete a una completa renovación. El traslado ha sido polémico desde el comienzo y no sólo porque el Tribunal de Cuentas deberá pagar un alquiler de 1,8 millones de euros a Colonial, la inmobiliaria de Juan Miguel Villar Mir.

Los empleados del órgano fiscalizador dicen que no caben en el moderno edificio del barrio de Salamanca, de nueve plantas y una superficie total de 7.800 metros cuadrados. Si a la falta de espacio se le suma el mal funcionamiento del sistema de climatización y que no pueden abrirse las ventanas –es un edificio inteligente con regulación automática de la refrigeración y la calefacción– el resultado son temperaturas que superan las normas legales. “Hemos llegado a los 29 grados”, denuncian fuentes de la plantilla a infoLibre.

“El clima laboral es muy malo”, explican, “y su deterioro se viene arrastrando desde hace tiempo”. En concreto, desde que El País publicó la peculiar política de personal del órgano, con numerosos lazos de parentesco y enchufes, en junio de 2014. La mudanza a la calle de Ortega y Gasset no ha hecho más que azuzar el descontento. Las salidas a la hora del desayuno y la comida se han convertido en un nuevo motivo de malestar. Sólo hay dos tornos para el acceso del personal. Y no siempre funcionan. Los trabajadores se agolpan en el hall y las escaleras, los ascensores son insuficientes. Comienzan las protestas y los gritos: “¡Presidente, dimisión!”. 

Las mismas fuentes aseguran que las cisternas de los servicios no funcionan, y que las empleadas de limpieza tienen que cambiarse de ropa en el cuarto de máquinas. A una subalterna se le ubicó una mesa y una silla en un armario, como se puede ver en la fotografía adjunta. “No habían planificado dónde colocar a los subalternos, que se quedaron sitio”, aclaran, “pero los sindicatos protestaron y la sacaron de allí”.

Cuando se anunció la mudanza al edificio de la calle de Ortega y Gasset y tras una primera inspección, la junta de personal ya advirtió de que el inmueble no cumplía “las condiciones mínimas necesarias para el desempeño de las funciones” del Tribunal de Cuentas.

“Clima laboral deteriorado por la Comisión de Gobierno”

Este viernes, han confirmado fuentes sindicales, se llevará a cabo la preceptiva evaluación de riesgos laborales. Entonces podrá comprobarse si, como dicen los sindicatos, los niveles de CO2 en el edificio superan también los límites legales. Por encima de 800 ppm (partes por millón), el CO provoca dolores de cabeza, mareos o problemas respiratorios. En la sede provisional se han superado las 1.000 ppm, calculan las fuentes.

“Hay un clima laboral muy deteriorado, provocado por la reiterada actitud de la Comisión de Gobierno, que conduce a situaciones que podrían ser fácilmente evitadas y no ocurrirían si existiera un clima de paz social adecuado”, advirtieron CCOO, UGT, CSI-F, ACLA y AFCS en una nota emitida el pasado día 4. Los sindicatos contestaban así a un correo enviado por la Secretaría General del tribunal a los trabajadores donde se les comunicaba la entrada en funcionamiento de un nuevo sistema de control de acceso. Ese sistema no permite a los empleados recuperar el tiempo utilizado en una salida del edificio si éste excede los 30 minutos. Se le descuenta de la nómina. “Es un sistema insólito en nuestro país, tanto en el ámbito público como privado, al no permitir la recuperación ni de los más pequeños retrasos”, protestaron los sindicatos en su nota.

Tampoco le ha sentado muy bien a la plantilla que la Policía Nacional tenga que autorizarles el paso a la biblioteca o el registro o la sala de justicia. O los problemas para acceder a las plazas de garaje, que el Tribunal de Cuentas comparte con otros.

“Sólo hay 20 personas más”

Un portavoz del órgano niega que los trabajadores hayan pedido a gritos la dimisión del presidente, Ramón Álvarez de Miranda, y asegura que los problemas con la temperatura se deben a que los sistemas aún se encuentran “en fase de ajuste”. También rechaza los problemas de espacio que denuncian los trabajadores: “La diferencia con la plantilla que ocupaba antes el edificio [la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid] es sólo de 20 personas”.

Además, explica que el nuevo sistema de control de horario se está negociando con los sindicatos y que las restricciones de seguridad las ha establecido la Policía Nacional, que es quien tiene la competencia.

Las fuentes consultadas por este periódico aseguran, además, que los responsables del tribunal estudiaron el alquiler de un segundo edificio, un palacete situado en las inmediaciones de la nueva sede con un alquiler de un millón de euros, para alojar a los consejeros del órgano, molestos por el escaso espacio y las condiciones de sus nuevos despachos. Algunos de ellos, sin embargo, rechazaron la idea, que quedó definitivamente arrinconada. El portavoz del Tribunal de Cuentas niega la existencia de tal proyecto.

Aún sin licencia de obras en la calle de Fuencarral

Mientras, las obras en el palacio de la calle de Fuencarral siguen pendientes de que el Ayuntamiento de Madrid otorgue la correspondiente licencia. “Se encuentra en trámites, imaginamos que se trata de un problema burocrático”, apunta el portavoz. Las obras se las ha encargado la Dirección General de Patrimonio, propietaria del edificio, a la empresa pública Tragsa, y afectarán a las instalaciones eléctricas, fontanería, saneamiento, climatización y ventilación del palacio.

La rehabilitación y la mudanza obligada de la plantilla se produce después de años de denuncias de la Junta de Personal del tribunal sobre el “pésimo estado” del edificio. Una inspección de la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid detectó el pasado mes de abril hasta 160 defectos graves en el palacio. Incluso la Inspección de Trabajo emitió un requerimiento para que se subsanaran.

La desviación de los créditos iniciales recogidos en los Presupuestos de 2012, el primer año de gobierno de Mariano Rajoy, ascendió al 38,2% de su cuantía, un porcentaje que quintuplica la desviación que tuvo lugar en el ejercicio anterior y que se quedó en el 7,7%.

Así lo puso de manifiesto este martes ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, durante la presentación de la Cuenta General del Estado de 2012, que incluye modificaciones de créditos en el sector público administrativo por valor de 105.204 millones de euros (+38,2%), frente al 7,7% de desvío del ejercicio anterior, algo "atribuible en su integridad a las modificaciones de crédito para operaciones financieras".

"La memoria que incluye la Cuenta General no aporta suficiente información para completar y ampliar el contenido de los estados principales de la misma, destacando la falta de explicación de las causas que motivan las desviaciones entre el resultado presupuestario obtenido y el previsto inicialmente y su variación respecto al del ejercicio anterior", añadió.

Las desviaciones de operaciones no financieras bajan

En el turno de réplica, Álvarez de Miranda insistió en que "es indudable que ha habido un gran incremento" de las modificaciones de crédito, aunque matizó que "su principal componente es hacer frente a los incrementos derivados de operaciones financieras". "Si se analizan las operaciones no financieras, las modificaciones presupuestarias se redujeron un 4%. El coste de nuestro endeudamiento es el que llevó a la Cuenta General del Estado a tener esa importantísima modificación", añadió.

Además, explicó que para mejorar la imputación de gastos e ingresos en el Presupuesto y evitar estos ajustes será determinante la puesta en marcha del Registro Único de Facturas, ya que "limitará" las operaciones no imputadas e impulsará el "esfuerzo de la disciplina financiera".

Asimismo, cree que si todas las entidades del sector público informaran sobre la marcha al Tribunal de Cuentas de las rectificaciones en la Cuenta General, del mismo modo que se hace con la Intervención General del Estado, se tendría un "mejor y mayor seguimiento de las vicisitudes" de la Cuenta General y se reducirían sus deficiencias.

Aumenta la deuda

En cuanto al endeudamiento del Estado durante el primer año del Gobierno de Rajoy, Álvarez de Miranda señaló que mantuvo la "tendencia al alza iniciada a partir del ejercicio 2008", habiéndose incrementado un 13,6%. No obstante, también recordó que 2012 es el primer ejercicio en el que se incluyó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), cuyas pérdidas ascendieron a 26.060 millones de euros.

De hecho, el endeudamiento de este tipo de empresas públicas con entidades de crédito ascendía a 31 de diciembre de 2012 a 60.423 millones de euros, el 44,1% por el Plan de Pago a Proveedores, el 20,7% por el Grupo Aena y el 17,7% por el gestor de infraestructura ferroviarias Adif.

En este punto, Álvarez de Miranda señaló que "la Cuenta General del Estado de 2012 tiene unos efectos económicos de importante ejecución, que son por una parte el incremento del endeudamiento financiero y, por otra parte, la inclusión del FROB", que constituyen "las dos grandes cuestiones que explican su evolución económica".

Deficiencias de la cuenta

El presidente del organismo fiscalizador también lamentó la ausencia de "inventarios completos" de los bienes y derechos no financieros de la Administración General del Estado y de la Tesorería General de la Seguridad Social, lo que da lugar a "deficiencias". Igualmente, las entidades de la Seguridad Social "seguían incluyendo incorrectamente en sus balances el valor de los edificios transferidos a las comunidades autónomas y el de los adscritos a las Fundaciones Hospital" por valor de 3.846 millones.

"Posiblemente es un problema jurídico, pero nosotros que vemos año tras año esta situación incorrectamente contabilizada creemos que habría procedimientos para resolver este problema. Debería resolverse cuanto antes", insistió Álvarez de Miranda a renglón seguido.

Aunque en términos generales la Cuenta General se presentó en el plazo legalmente establecido y tiene la estructura y contenidos previstos, el Tribunal de Cuentas señala algunas deficiencias recurrentes, como la falta de integración de algunos organismos o la presentación de los datos fuera de plazo, si bien este problema experimentó una "notable mejoría" en 2012 al reducirse el número de entidades en esta situación.

"Esta cuenta presenta mejoras indudables tanto en los porcentajes de las entidades que rinden cuenta como el porcentaje de créditos incorporados en la Cuenta General. Por tanto, es un aspecto positivo que implica que la Cuenta General del Estado reúne un mayor grado de la ejecución presupuestaria del conjunto del sector público estatal", señaló Álvarez de Miranda.

Mejora de los plazos

Finalmente, el presidente del organismo fiscalizador insistió en pedir al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para que la Cuenta General se ajuste a la legislación y refleje adecuadamente la actividad económico-financiera del sector público estatal, subsanando las deficiencias detectadas.

También reclamó un año más que se fomenten las medidas legislativas necesarias para reducir los plazos establecidos para los trámites, de modo que la declaración del Tribunal pueda anticiparse y se presente a las Cortes en un plazo más breve. En este sentido, ha avanzado que ya se está trabajando en la Cuenta de 2013 con "el firme propósito de adelantar su emisión" respecto a años anteriores.

El portavoz conservador en la Comisión, Eloy Suárez, le recordó la dificultad de reducir los plazos y le pidió propuestas concretas sobre cómo hacerlo, a lo que Álvarez de Miranda ha respondido que es un "reto" analizar en seis meses lo que la Intervención tiene nueve meses para preparar, pero que cada año se va "consiguiendo" avanzar en los plazos. Además, señaló que el interventor general del Estado coincide con él en que "sería muy necesario" no tener que esperar hasta noviembre para poder iniciar la fiscalización de la Cuenta General, sino que el Tribunal debería poder contar con unas "cuentas provisionales" hacia febrero o marzo sobre las que avanzar el análisis "como hace cualquier auditor".

"Sería de gran utilidad para que el Tribunal de Cuentas cumpliera con su función como sus homólogos europeos, que en los tres primeros meses del año tienen ya unas primeras cuentas formuladas y pueden terminar su labor normalmente dentro del ejercicio siguiente al que se fiscaliza", insistió, matizando no obstante que ésta es su "opinión personal" porque "no existe ninguna decisión de ningún órgano del Tribunal en esta dirección".

Igualmente, Álvarez de Miranda defendió que sería positivo que la fiscalización de la Cuenta General se realizara "en paralelo" a la revisión de las cuentas nacionales por parte de Eurostat, ya que "no tiene sentido que las cuentas rendidas a Eurostat sean revisadas por la Intervención, el Banco de España y el INE, y que el control externo no haya visto ni un solo dato, porque además cuando luego hay revisiones de Eurostat al primero que llama para pedir explicaciones es al Tribunal de Cuentas".

"Somos convidados de piedra para resolver los errores pero no hemos tenido oportunidad de fijar nuestro criterio cuando es el momento adecuado para que el control externo advierta de que el déficit o el endeudamiento de esas cuentas es el correcto", apuntó el presidente.

En la hoja de ruta inmediata de Izquierda Unida no está cambiar la forma de elección del líder. Si ese proceso se abre a la militancia, como ha hecho el PSOE, tendrá que decidirlo la siguiente asamblea federal, cuya convocatoria no está prevista hasta diciembre de 2016.

Cayo Lara no dio este lunes portazo al nombramiento del coordinador federal por las bases, pero casi. Como poco, dijo que eso no toca ahora, porque los siguientes capítulos que tiene IU por delante son las primarias abiertas para la elección de los candidatos municipales y autonómicos y del cabeza de cartel a la Moncloa. Un proceso inédito en la organización.

Este lunes, menos de 24 horas después de la victoria arrolladora de Pedro Sánchez como secretario general en la consulta a los 198.123 militantes del PSOE, la pelota rebotó en los tejados de otros partidos. En IU, por descontado. La federación elige a su coordinador de forma indirecta. En la asamblea federal, el máximo órgano de participación que se convoca cada cuatro años, se dan cita un millar de delegados. Estos votan la lista o listas que se presenten. Lista o listas de miembros al Consejo Político Federal (CPF), que es el máximo órgano de poder entre asambleas. Con el resultado de la votación en la mano, se distribuyen los puestos del Consejo proporcionalmente al peso de cada lista. En el transcurso de la misma asamblea, se reúne el CPF y allí decide el nombre del coordinador, como dicen los estatutos.

La asamblea no elige a todos los integrantes del CPF. Elige a una parte, que oscila entre cónclave y cónclave. En la última, la de diciembre de 2012, se decidió que la asamblea designaría al 70% de los más de 200 miembros del Consejo. El resto los nombran las federaciones en las semanas siguientes a la asamblea. Cuando ya está todo el CPF al completo, se reúne y ratifica al coordinador. Este mismo sistema es el que rige para el nombramiento de los barones territoriales y los líderes locales. En suma, el cuerpo electoral que aúpa a un dirigente a la cúspide de IU es muy reducido. La filosofía que está detrás es que en IU existe un fuerte sentido del liderazgo colectivo, una alergia a cualquier tipo de presidencialismo. De hecho, no siempre sale nombrado un máximo responsable en una asamblea. Así fue en 2008: en medio del cónclave no hubo acuerdo y se desplazó la decisión al primer CPF, un mes más tarde. Ahí Lara ya fue aclamado. 

Lara defendió hoy en rueda de prensa este modelo cuando se le preguntó si sería importable el paradigma socialista. "Al coordinador se le elige democráticamente con participación de los afiliados a través de los congresos". ¿Pero se puede modificar para la elección del coordinador?, se le insistió. "Lo que aprueban las asambleas ordinarias, el órgano máximo de participación, sólo lo pueden cambiar las asambleas". De modo que si se deciden cambiar las cosas, y que al líder lo nombren las bases –en IU militan unas 30.000 personas–, será "competencia de la asamblea", y "ningún otro órgano de IU, ni mucho menos el coordinador", puede "sustraerle" tal poder. 

No obstante, Lara fue hoy más prudente. En enero, después de que el Comité Federal del PSOE aprobara el reglamento y el calendario de las primarias abiertas para la elección del candidato presidencial, las despreció tachándolas de "invento norteamericano" que no interesa a la gente. Y al final las acabó abrazando por completo. 

Pone en valor las primarias internas y externas de IU

El líder de IU prefirió poner en valor que la federación ya hizo primarias internas para elegir a su candidato a la Moncloa en 2007 –ganó Gaspar Llamazares frente a Marga Sanz– o las primarias abiertas a simpatizantes que acaba de concluir Andalucía –y en las que venció Antonio Maíllo por un 88,39%, con "un 77% de participación"– o las que vendrán en el próximo curso. Pero todas esas primarias, abiertas o cerradas, están diseñadas para elegir candidatos, no al coordinador. 

Lara dijo no tener "inconveniente" en hablar con el ganador de la consulta del PSOE, aunque hasta ahora no había tenido con él un contacto directo. "Hablar siempre es bueno". Felicitó a Sánchez desde la tribuna y probablemente lo haga por teléfono en las próximas horas. De él dijo esperar que responda a las preguntas que IU ya hizo a los socialistas en su día: si quiere revertir la modificación del artículo 135 de la Constitución, "las dos reformas laborales, los pensionazos" o las medidas "que hacen daño" a los ciudadanos. 

Ingresos de los cargos públicos

La rueda de prensa este lunes en Olimpo, en la sede federal, basculó sobre todo en la denuncia que Lara hizo de la actuación –el "ataque"– del Tribunal de Cuentas (TCu). Calificó de "decisión política" que el órgano fiscalizador haya abierto un expediente sancionador, y la achacó a la intención del PP de "amedrentar" a su formación.

IU cree que los conservadores no le "perdonan", entre otras cosas, las querellas presentadas por los papeles de Bárcenas o contra la desastrosa gestión de Bankia, o que la federación pidiera reiteradamente la creación de una comisión de investigación sobre la financiación de partidos o pidiera el cese de tres altos cargos del TCu por supuesto "nepotismo". "No nos perdonan esta ofensiva para tener un país menos corrupto y más transparente". 

La federación prepara las alegaciones al expediente, en el que se le acusa de incumplir presuntamente la Ley de Financiación de Partidos. Así consta en el informe de fiscalización de los años 2009 a 2011. IU federal está en el punto de mira, pero también se exponen a sanción las federaciones de Andalucía y Baleares, y también el Partido Aragonés. La queja del TCu es que IU no presentó las cuentas consolidadas (o sea, de forma uniforme de todas las organizaciones territoriales y de Olimpo) de los ejercicios 2009-2011, algo que no tenía que hacerse en la normativa vigente en aquel año, pues se introdujo en la reforma de 2012, de modo que, según subrayó Lara, no se puede aplicar de forma retroactiva, "ni a IU ni a nadie". Las irregularidades administrativas, defendió, habrían prescrito. 

IU dio los mismos argumentos cuando presentó sus alegaciones al expediente informativo abierto por la institución que dirige Ramón Álvarez de Miranda. Luego, los siete magistrados designados a propuesta del PP apoyaron a apertura del expediente sancionador, frente a los otros cinco que no apreciaron ninguna ilegalidad contable. Los conservadores, dijo, actúan así por "miedo". Como por "miedo" a perder poder intentan "retorcer" la ley para hacer que salgan elegidos alcaldes los candidatos más votados. 

El órgano fiscalizador observó donaciones cuyo origen no se identificaba. Una vulneración del artículo 5 de la Ley de Financiación de Partidos, que prohíbe radicalmente las donaciones anónimas. IU Andalucía recibió 107.623 euros en 2009; 136.417 en 2010, y 93.817 en 2011. Lara defendió que no se pueden considerar donaciones, sino los ingresos realizados por los cargos públicos de la federación. En IU existe la llamada carta financiera, por la que la organización detrae una parte del sueldo de sus cargos institucionales para nutrir la caja común. 

El coordinador negó que IU se encuentre en situación de quiebra técnica, y de ello pueden "dar fe" tanto sus proveedores como los bancos, con los que la federación no tiene "buenas relaciones". Sus cuentas son "radicalmente sostenibles" y la deuda que contrajo en los años de Julio Anguita se está reduciendo año tras año. 

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, compareció este martes en comisión en el Congreso de los Diputados, cargado de un montón de negativas, las encaminadas a desmentir las informaciones publicadas por el diario El País que alertaban de irregularidades en los contratos de obras en la institución y nepotismo a la hora de cubrir puestos vacantes. No obstante, y pese a contradecir las revelaciones periodísticas, anunció un "conjunto de medidas para dotar de mayor transparencia todas las actuaciones desarrolladas". Es precisamente este hecho en el que abundaron gran parte de los grupos parlamentarios en sus intervenciones.

¿Si todo ha funcionado bien por qué se introducen cambios concretamente en materia de contratación de obras y de personal, las materias que están en el punto de mira? La respuesta llegó desde la propia institución: en unos momentos en los que la desconfianza de los ciudadanos respecto a las instituciones es cada vez mayor la situación sólo mejora "mediante la búsqueda de la excelencia".

Batería de mejoras

Antes de cerrar su intervención con su propuesta de mejora del funcionamiento interno de la institución, Álvarez de Miranda, se refirió a las noticias que ponían en tela de juicio su política de contratación de personal y de obras. Respecto a este último aspecto, mantuvo que el tribunal del que es responsable "no fraccionó los contratos". Y que jamás se saltó el límite legal pues este es de 50.000 euros y no de 30.000 como se señalaba en las citadas informaciones.

"Cada una de las contrataciones tenía un objeto determinado conforme a Ley de Contratos del Sector Público; las obras eran independientes unas de otras y no formaban parte de un plan de reforma progresiva de las instalaciones, sino que respondían a necesidades puntuales, en ocasiones de carácter urgente. Por ello, no exisitió un 'troceo' injustificado de una obra general de reforma de las instalaciones, cuya necesidad no se planteó", añadió.

Respecto a esta cuestión, "aunque es pública y puede ser consultada en la página web del Tribunal en el apartado del perfil del contratante", a partir de ahora "se va a incrementar para recoger igualmente la derivada de los contratos menores que hasta la fecha no estaban previstos".

En su turno de réplica, Alvarez de Miranda reconoció que en los últimos 30 años ha sido una única empresa la mayor beneficiaria de contratos menores. Fue así, según señaló, porque esta firma se conocía perfectamente la casa y porque realizaba estos trabajos en vacaciones y los fines de semana.

Sobre las conexiones de parentesco en la plantilla del organismo desveladas por El País, el responsable del Tribunal de Cuentas no pudo contradecirlas. "Es cierto que los parentescos existen. Lo que no existe es lo que insinúa ese medio de comunicación". Si bien, señaló que estos procedimientos se habían ajustado siempre a la legalidad vigente.

Convocatorias "públicas y abiertas"

"Todas las personas que participaron en procesos selectivos tanto para incorporarse a los cuerpos propios del tribunal como para proveer plazas de personal laboral, se sometieron a una convocatoria pública abierta a cualquier ciudadano interesado, las ofertas de empleo y las plazas convocadas fueron publicadas en el BOE, de acuerdo con un temario establecido y un tribunal opositor constituido de acuerdo con las normas que dicta la función pública y no cabe deducir de ello un comportamiento arbitrario o irregulas de los correspondientes trbunales calificadores o comisiones de selección", dijo Álvarez de Miranda.

Es en el capítulo de personal donde más medidas se pretende tomar a partir de ahora. Así, Álvarez de Miranda selló su compromiso de dar publicidad a la relación de puestos de trabajo vigente en la página web. También anunció que se va a congelar la incorporación de nuevo personal laboral y que se va a abordar una reforma de los procesos selectivos para el ingreso en los cuerpos superiores de letrados y de auditores y técnico de auditoría y control externo.

Asimismo, el presidente del Tribunal de Cuentas se comprometió, en sede parlamentaria, a "dotar de transparencia a todos los nombramientos, dando publicidad al currículum del adjudicatario" y a estudiar una posible modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) "para primar la designación por concurso, frente a la libre designación".

A juicio del presidente de la institución, esta no necesita, a día de hoy, más personal del que tiene. No obstante, el control de los partidos que las nuevas políticas de regeneración del Gobierno adjudican al Tribunal de Cuentas sí harán necesario, a su juicio, más efectivos.

Auditoría externa

Por último, el máximo responsable de la institución anunció que se iba a estudiar "someter toda la actuación del Tribunal a la revisión de un tercero externo mediante el Instrumento de Revisión entre Pares". Se trata, en definitiva, de una auditoría externa. La intención es que este estudio se realice del momento actual, pero no existen inconvenientes en abordar otros periodos, según señaló Álvarez de Miranda a la salida de la comisión.

El presidente del órgano fiscalizador comenzó su exposición en el Congreso reiterando que el compromiso de la institución que dirige es acortar los tiempos, trabajar más rápido. Así, está ya "muy avanzada" la tramitación de la fiscalización ordinaria de los ejercicios de 2009, 2010 y 2011, y se pretende que se apruebe en octubre el informe, todo con el fin de que "la fiscalización de la contabilidad de los partidos se sitúe en el próximo ejercicio dentro de los plazos previstos en la normativa". Álvarez de Miranda señaló que se "han reforzado los recursos personales asignados a la unidad de partidos políticos significativamente con el fin de acelerar los trabajos de fiscalización".

Los grupos no fueron especialmente agresivos con la enorme demora acumulada. Ricardo Sixto, de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), calificó el informe de "antiguo", y recordó que en aquel año la financiación de los partidos no estaba "bajo el objetivo de los medios y la opinión pública", cosa que hoy no ocurre "por otros acontecimientos", señaló, en implícita referencia al caso Bárcenas. El socialista Ciprià Císcar admitió que ya es "recurrente" la queja por la dilación del TCU, pero "es cierto, y sería injusto no reconocerlo, que el tribunal ha realizado un esfuerzo considerable para ir poniendo al día lo que estaba pendiente" y por acoplarse a la "exigencia" ciudadana de "mayor prontitud y rapidez". Eloy Suárez, del PP, agradeció igualmente el "esfuerzo" del órgano por agilizar sus labores. 

Por lo demás, Álvarez de Miranda resumió, en su intervención inicial ante la Comisión Mixta Congreso-Senado, el contenido del informe (consúltalo aquí) aprobado por el pleno del TCU en junio de 2013 y que hace referencia al primer ejercicio, el de 2008, en el que estaba ya en vigor la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos aprobada por el Gobierno socialista en 2007. Algunos asuntos detectados: ninguna de las 32 formaciones analizadas envió una auditoría interna; existen donaciones "no identificadas" por un total de 293.451 euros –y el artículo 5 de la ley veta taxativamente las donaciones anónimas– que afectan a IU Andalucía (52.055 euros), UPyD (28.476 euros) y Partido Aragonés (212.920 euros); nueve fuerzas políticas que recibieron donaciones privadas que no identificaron a sus donantes como marca la ley (entre ellas, el PP, ERC y Convergència Democràtica); 15 formaciones con patrimonio neto negativo (seis de ellas con más de dos millones de agujero); deuda con los bancos de 223,9 millones de euros, de la que 136,2 millones correspondían a deuda con garantía hipotecaria... En total, la financiación pública recibida por los partidos en 2008 fue de 299,5 millones de euros (y 4,7 millones en gastos de seguridad).

Las 36 fundaciones asociadas a los partidos recibieron 9,1 millones de euros. De ellos, 1,7 millones las captaron las vinculadas al PP (FAES, por sí sola, casi 1,6 millones), el doble de las que percibieron las del PSOE (870.000 euros).  

Que vuelva el tope máximo de donaciones a fundaciones

Al referirse a las prescripciones, Álvarez de Miranda no hacía sino reproducir una conclusión que el propio informe hace: la ley de 2007 estableció un régimen sancionador, sí, pero "omitió la tipificación de las infracciones susceptibles de sanción, así como la posible prescripción de las infracciones y sanciones, lo que hace sumamente difícil e insegura tanto la incoación de los procedimientos sancionadores como su propia tramitación" por parte del TCU. Es más, esa omisión hace, explicó, que el plazo de prescripción que debería contar sería "el más corto, el aplicable a las infracciones leves", de seis meses, razón por la que no tenía sentido abrir expedientes sancionadores. 

La reforma de 2012, ya con el PP en el poder, sí estipuló una prescripción de cuatro años, pero sólo será aplicable para el ejercicio de 2013 y siguientes. Pero la modificación de Mariano Rajoy fue regresiva en algún aspecto, como dijo también el presidente. Este pidió recuperar el tope de 150.000 euros anuales para las donaciones particulares a fundaciones vinculadas a los partidos que figuraba en la disposición adicional séptima de la norma socialista. Ese máximo legal quedó totalmente suprimido hace un año. 

El presidente se quejó de que el tribunal repetido "de forma continuada" que sería "necesario" que los expedientes sancionadores quedaran interrumpidos por el inicio de los procedimientos fiscalizadores, no por el inicio del expediente sancionador, como sucede en la actualidad". O sea, que "la propia realización de fiscalización fuera elemento suficiente para que quedaran paralizadas las prescripciones asociadas a esos ejercicios".

Durante el debate, sobrevoló el caso Bárcenas, sin que se mentase expresamente el nombre del extesorero del PP. Hasta el punto de que el portavoz de los conservadores, Eloy Suárez, acusó a los socialistas de presunta "financiación irregular" por haber logrado la condonación de "36 millones de euros" de su deuda con los bancos. El presidente del TCU le corrigió: nunca la institución llegó a calificar las condonaciones de "financiación irregular". "No teníamos claro si podíamos establecer ese criterio. Lo que decíamos es que era una financiación no contemplada en la ley, y lo estuvimos diciendo muchísimos años". Respecto a la cifra dada por el diputado, simplemente indicó que efectivamente existieron "condonaciones importantes" a los partidos. "Pero la cuenta debería hacerse para todos los partidos", enmendó.

Reproches cruzados de UPyD, IU y PP

Irene Lozano, diputada de UPyD, se quejó de la politización del tribunal, razón por la que no ha sido tan "cariñoso" con su formación. La parlamentaria se quejó de cómo el PP ha hecho sangre por los 28.476 euros de donaciones no identificadas. Los números son ciertos, asumió, pero se debe a que en muchas ocasiones los donantes no se identifican y el personal de los bancos no lo requiere, pero constatada la cifra, el partido dio órdenes de no disponer de ese dinero. A su vez, Sixto, de IU, también juzgó "innegable" que su organización "ha tenido problemas en algunas federaciones para presentar cuentas", pero hay "propósito de enmienda" y esas disfunciones se van corrigiendo. Igual que la deuda de más de nueve millones, que se contrajo en los tiempos de Julio Anguita, por los malos resultados electorales, y que explica el patrimonio negativo. Esta también se está reconduciendo, dijo.

El portavoz del PP fustigó a ambos portavoces. A la primera, por "cuestionar y poner en tela de juicio" la labor del TCU. Y al segundo, por pedir cuentas a Mariano Rajoy por el caso Bárcenas. "Cuando uno oye a Cayo Laya diciendo esas cosas a Rajoy, es evidente que hay un doble discurso. IU no está en condiciones de hablar de transparencia por su persistencia contumaz en no rendir cuentas". Álvarez de Miranda, por su parte, defendió la imparcialidad de la institución y calificó de "profundamente injusto" que se la acuse de "lavar la cara al bipartidismo", protesta dirigida por Lozano.

Císcar, por su parte, subrayó que las cuentas de los partidos requieren "veracidad y transparencia", que todo euro que entre en una fuerza política "debe aparecer en sus cuentas" oficiales, las entregadas al TCU. "Gran parte de la ciudadanía puede pensar que lo que analizamos no se corresponde con la realidad", sostuvo, refiriéndose, sin nombrarla, a la presunta contabilidad B del PP que aparece en los papeles de Bárcenas y que, lógicamente, escapó al control del órgano fiscalizador. Ello llevó a la acusación de Suárez de "financiación irregular" del PSOE por el perdón bancario. Císcar devolvió el tiro y recordó que a una "formación que se refundó" –o sea, cuando Alianza Popular pasó a ser el PP– se le "condonaron todas las deudas y créditos pendientes".