La mayoría de las comunidades autónomas, muchas del PP, han pedido paralizar durante dos meses el anteproyecto que reduce las ratios en las aulas y mejora la jornada docente con el fin de analizar sus costes y su calendario de implantación. El Ministerio de Educación, por su parte, ha aceptado abrir un grupo de trabajo, pero ha dejado claro que la norma seguirá su hoja de ruta.

"El anteproyecto de ley está en el ámbito del Consejo de Ministros, está en el ámbito ya de una previsible próxima tramitación parlamentaria y tiene que seguir su curso", ha señalado el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, tras la reunión de la primera Conferencia Sectorial de Educación presidida por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

Una reunión que se ha prolongado durante más de tres horas y en la que las comunidades gobernadas por el PP y otras como la del País Vasco han pedido un "paréntesis" y consensuar el anteproyecto durante un plazo de dos meses antes de que sea aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros.

La mayoría de las comunidades han expresado la necesidad de conocer el coste real de la bajada de ratios en las aulas y de la reducción de la jornada docente, adaptándose a cada territorio, y han criticado que el anteproyecto solo se haya negociado con los sindicatos. "Un grupo de trabajo que no va a alterar, ni a parar, ni va a afectar en ningún caso la tramitación del anteproyecto no sirve para nada. Esto son lentejas, si quieres las comes, si no las dejas, pero desde luego las pagas", ha dicho la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades en la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo (PP), a la salida de la reunión.

Zarzalejo ha explicado que solo la reducción de jornada lectiva del docente va a suponer para Madrid en el 2026, 430 millones "que no tenemos en los presupuestos y no podemos asumirlo. "Por lo tanto yo le he pedido a la ministra que rectifique, que deje de asfixiarnos a las comunidades y en este caso a Madrid y que por favor nos deje trabajar. No hay razón para ahora presionarnos de está manera", ha añadido.

También la consejera de Andalucía, María del Carmen Castillo (PP), ha pedido en la Conferencia Sectorial "retirar" el anteproyecto y se ha sumado a las voces de la mayoría de cuantificar económicamente las medidas.

De la Rosa ha señalado a los medios de comunicación que el anteproyecto "no tendrá un impacto económico sustancialmente oneroso para las comunidades autónomas, justamente porque el mapa que ya tenemos de ratio y de horario". "Eso no quiere decir que el grupo de trabajo no siga trabajando efectivamente para aportar, para mejorar, para matizar y converger y aportar sus conclusiones a la tramitación de este expediente. Pero evidentemente el proyecto debe seguir adelante y tiene su hoja de ruta", ha reiterado el secretario de Estado de Educación.

La ministra, por su parte, ha insistido en que "la educación es una política que siempre requiere diálogo permanente y cooperación institucional" y ha avanzado antes del encuentro que el Gobierno será "flexible en lo que se pueda aportar en la tramitación parlamentaria".

El anteproyecto ha recibido el informe favorable del Consejo Escolar del Estado (CEE) y contemplan bajar el máximo de alumnos por aula hasta los 22 en infantil y primaria y hasta 25 en secundaria, frente a los 25 y 30, respectivamente.

La norma establece que el alumnado con necesidades educativas especiales (NEEs) cuente como doble plaza y que se aplique el próximo curso 2026/2027, así como una rebaja de las horas docentes hasta un máximo de 23 horas semanales en primaria y de 18 horas en secundaria. Precisamente el calendario de aplicación ha sido una de las principales preocupaciones de los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas.

En el curso 2027/2028 entrarían en vigor las ratios para infantil y primaria y el alumnado NEEs; en 2028/2029, las de secundaria, y en 2029/2030, la de bachillerato, alcanzando su plena aplicación en el curso 2031/2032.

Los colegios privados siguen aumentando sus ingresos, que ascienden a 14.400 millones de euros anuales, sobre todo impulsados por los centros concertados, y pese a que en el sector varios grupos empresariales han adquirido centros en los últimos años, las entidades de pequeño tamaño que gestionan un único colegio son las predominantes, según informa EFE.

Según el informe elaborado por el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA publicado este jueves, el volumen de negocio de los colegios privados en el curso 2024-2025 creció el 2,5% respecto al curso anterior y mientras los colegios concertados generaron 10.900 millones de euros, los no concertados ganaron 3.500 millones.

Alrededor del 85% del total de los ingresos se deriva de los servicios de matrícula y enseñanza, frente al 15% generado por otros conceptos.

En el curso 2024-2025 había 9.330 centros privados, de los que el 60% eran concertados. El total de matriculaciones en ambas categorías ascendió a 2,76 millones de alumnos y alumnas.

El número de alumnos matriculados en colegios privados aumentó en dos cursos escolares en 3.000 estudiantes, según señala el estudio que incide en que alrededor del 74% del alumnado corresponde a centros concertados (2,05 millones frente a 714.000 alumnos matriculados en centros que no reciben recursos públicos).

 El mercado está liderado por varios grupos empresariales y congregaciones religiosas que gestionan múltiples centros, habiendo protagonizado algunos de ellos procesos de crecimiento mediante adquisiciones en los últimos años. No obstante, la oferta continúa mostrando un alto grado de fragmentación, en un sector en el que predominan las entidades de pequeño tamaño encargadas de la gestión de un único colegio.

Los cinco primeros operadores —excluyendo congregaciones religiosas— reúnen una cuota de mercado conjunta de alrededor del 4% del negocio total generado por los colegios privados.

El Gobierno aprobó el pasado jueves un real decreto para endurecer los requisitos de creación de nuevas universidades privadas. Con 41 de un total de 90, los centros privados constituyen ya el 45,56% de las universidades de España, y acumulan a un 23,30% de los estudiantes de grado matriculados, un porcentaje que no ha parado de subir en los últimos años. 

Son varias las comunidades autónomas en las que hay más universidades privadas que públicas: País Vasco, Valencia, Castilla y León o Islas Canarias; aunque el mayor exponente de esta tendencia se encuentra en Madrid, cuyo Gobierno ha anunciado que impugnará el decreto del Ejecutivo central por considerarlo un “esperpento normativo”. En la capital conviven 13 universidades privadas con tan solo seis públicas. Solo en cuatro comunidades —Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Baleares— no hay universidades privadas. 

​​En paralelo al crecimiento de la privada, varias comunidades —con Madrid a la cabeza— han permitido la apertura de universidades pese a informes técnicos en contra. Según documentación revisada por infoLibre, centros como la Universidad Abierta de Europa —cuya apertura está en suspenso—, la UDIT o CUNEF recibieron evaluaciones negativas del Ministerio de Universidades o de la Fundación para el Conocimiento Madri+d por carencias en investigación, profesorado o infraestructuras.

Aun así, el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso siguió adelante con varias de  las autorizaciones, amparándose en que estos informes “no son vinculantes”. La oposición acusa al Ejecutivo madrileño de “regalar autorizaciones de apertura” y de convertir la región en “un mercado de títulos universitarios”, mientras Ayuso se jacta de estar convirtiendo a la ciudad en "la capital de los estudios superiores en español”. Un plan del que las universidades públicas —que convocaron manifestaciones el pasado abril para denunciar la infrafinanciación de la comunidad— parecen quedarse fuera. 

Además de la apertura de nuevos centros, lleva años consolidándose la tendencia del aumento de matrículas en las universidades privadas frente al descenso en las públicas. Desde el curso 2015-2016, cuando comienza la serie de datos del Ministerio de Ciencia y Universidades, el número de alumnos matriculados en un grado en el sistema público se ha reducido un 5,48%, mientras que los centros privados han registrado un aumento del 83,92% en el mismo periodo. 

En esos nueve años se han abierto siete nuevas universidades privadas en España, mientras que el número de centros públicos no solo se ha mantenido igual, sino que en los centros existentes, las plazas ofertadas para matrículas de nuevo ingreso han sufrido un ligero descenso del 0,27%. 

El efecto de esta tendencia en la proporción de estudiantes entre ambos sistemas es notable: en el curso 2015-2016 un 86,5% de las personas que estudiaban un grado universitario lo hacían en una universidad pública, frente al 13,50% que optaba por una privada. Para el curso 2024-2025, la proporción se había movido en diez puntos, cayendo al 76,70% para el sistema público y aumentando hasta el 23,30% en el privado. 

Ay, Noelia, somos un país de titulados pero la honestidad vale más que un doctorado en Harvard. En España, más del 40% de la población tiene estudios superiores, de los que un 61% son mujeres y un 39% hombres. Esta obsesión por tener una carrera la ha captado al vuelo Ayuso, que está llenando Madrid de universidades privadas, que crecen como setas para dotar de títulos a niños bien con pocas ganas de estudiar pero con la necesidad social y laboral de obtener una licenciatura. Catorce universidades privadas frente a seis públicas, porque, según defiende la presidenta, los alumnos deben tener libertad de elección, siempre que su familia disponga de una cuenta corriente lo suficientemente abultada como para sufragar las elevadas mensualidades de este tipo de centros. 

Si Noelia Núñez hubiera echado mano de alguna de las universidades privadas de pinta y colorea que fomenta su mentora, igual podría haber evitado dimitir, pero sus padres son de Vallecas, estudió en un colegio concertado de Fuenlabrada y puede que ni se lo plantease. No formaba parte del target que persigue la presidenta de la Comunidad, alumnos sudamericanos ricos y españoles pijos. La ‘Ayuso de Fuenlabrada’ tampoco vio la necesidad de tener que haber cursado estudios para presumir de ellos. Ha crecido en el PP y sabe que libertad significa poder mentir a tus anchas sin que haya consecuencias. 

Quizá porque aprendió a mentir como sus mayores, su primera reacción fue continuar falseando la realidad y achacó a un error las titulaciones inventadas y cargó contra Begoña Gómez, que sirve lo mismo para un roto que para un descosido. Estudios superiores no tendrá, pero es muy creativa, lo cual demuestra que no se precisan master para triunfar. Noelia ya había alcanzado el éxito. Era una joven promesa del PP, incapaz de soltar el hilo del engaño. 

Después de que Feijóo le pidiera la dimisión escribió una frase que me tiene loca y que no se ha analizado bastante: “La responsabilidad es la esencia de la libertad y yo asumo la mía”. Cayetana Álvarez, a la que le gusta mucho introducir citas en sus intervenciones, debería apuntarla y usarla como homenaje a su compañera. La tensión entre responsabilidad y libertad es un tema de debate recurrente. Sin embargo, Noelia Núñez parece querer decir que se ha tomado la libertad de construirse un CV muy imaginativo y ahora ha tenido que apechugar para no dejar en ridículo a Feijóo, que la acababa de encumbrar como la apisonadora necesaria para conquistar el extrarradio de la capital. 

Me cuesta entender el complejo de inferioridad que causa en algunos no haber pasado por la universidad. Lula da Silva, presidente de Brasil, o José Mujica, el añorado ex presidente de Uruguay, no han necesitado estudios superiores para convertirse en mitos políticos. A Trump, en cambio, de poco le ha servido su paso por la universidad. Estos días circulan por redes listas de políticos sin titulación, como si fuese una ofensa o una traición. La educación superior está sobrevalorada. Cuántos zoquetes con Master del Universo circulan por ahí, tomando decisiones delirantes. Tener una orla colgada en el salón no es garantía de nada. Lo malo no es carecer de estudios, lo terrible, lo peligroso es mentir hasta diluir los límites entre la realidad y lo inventado.

"Tienen pendiente el edificio de Medicina. No quiero apretarle a la Universidad de Almería, pero puede venir una universidad privada...". No dio más detalles. Está por ahora, dijo, "tocando puertas". "Manteniendo conversaciones". Señaló que era "pronto" para "anuncios", pero la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, dejó claro en una entrevista publicada hace unos días en el Diario de Almería que en su proyecto político sí cabe la universidad privada. Sería, en caso de que se concretase y llegase a abrir sus puertas, la sexta de Andalucía. La quinta si sólo tenemos en cuenta las que han visto vía libre para iniciar su actividad desde que el PP de Juanma Moreno llegó a la Junta. Y no es casualidad.

La proliferación de la universidad privada en España es evidente. El último informe de Datos y cifras del sistema universitario español recoge que actualmente hay 50 universidades públicas por 41 privadas, pero los datos que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades facilitó a infoLibre reflejan que, además, hay otros seis proyectos con evaluaciones desfavorables pendientes de que se les dé luz verde. Todos, sin excepción, en comunidades gobernadas por el PP. Sólo desde 2018 se han abierto cuatro universidades con informes en contra, y todas lo han hecho en regiones gobernadas por la derecha.

Por eso no sorprende lo que está ocurriendo en Andalucía. Es, ni más ni menos, lo mismo que pasa en Madrid, donde ya se ha dado vía libre a la decimocuarta universidad privada mientras se sigue infrafinanciando a las seis instituciones públicas que, denuncian los rectores, están ya al borde del desastre. "El modelo andaluz es igual o incluso peor", señala Jorge Ibáñez, secretario de Universidades de la Ejecutiva del PSOE-A. Consiste básicamente en la doble acción que los conservadores han puesto en marcha no sólo con la educación superior, sino también con la sanidad: se infrafinancia el sistema público y se presenta, después, al privado como el único salvador.

Lo ha denunciado también el PSOE almeriense, cuyo grupo municipal presentará además el próximo martes una moción para que, al menos, el Ayuntamiento de la ciudad se comprometa a no ceder suelos públicos a ningún ente que pretenda abrir una universidad privada, como sí ha ocurrido en Málaga. "¿Por qué está promoviendo la alcaldesa intereses privados en la ciudad en lugar de estar centrada en ofrecer a los almerienses y las almerienses unos buenos servicios públicos que hoy por hoy brillan por su ausencia?", se preguntó la portavoz de la Ejecutiva Provincial de la formación, Fátima Herrera. Es "absolutamente inaceptable", insistió.

La moción, a la que ha tenido acceso infoLibre, redunda en esa idea. "Atraer universidades privadas a una ciudad como la nuestra supone un ataque frontal y directo contra la Universidad de Almería y rompe la función de ascensor social que tiene encomendada, ya que las universidades privadas actúan al margen del sistema público de educación superior, ofrecen sus servicios en condiciones económicas inaccesibles para una parte importante de la población almeriense, consolidando un modelo universitario basado en la capacidad económica y no en el mérito y la igualdad de oportunidad", expone.

El propio anuncio de la alcaldesa de la ciudad mostraba esa estrategia. Fue María del Mar Vázquez la que vinculó la posible apertura de un centro privado a la situación de la Universidad de Almería. "No quiero apretarle", dijo. Antonio Ruiz, portavoz del PSOE-A de Universidades e Investigación, se fijó en ello con mucha atención y por eso preguntará sobre este asunto al consejero del ramo del Gobierno de Moreno, José Carlos Gómez Villamandos. Según reflexiona el socialista, el alumnado de Medicina lleva tres cursos sin un edificio propio, utilizando otros espacios de prestado. Y ello se debe a que así es más sencillo justificar esa nueva universidad privada.

Ahora bien, ¿cuál es la situación de la Universidad pública de Almería? Según explica Ibáñez, la Junta lleva años en deuda corriente con ella y el año que viene la institución podría por ello entrar en déficit. La pública de Málaga, situada en una provincia con tres proyectos sobre la mesa, tuvo por su parte que ser rescatada el año pasado por la Junta, que le prestó 48,5 millones para, simplemente, poder mantener la actividad educativa. "La inversión de la Junta en la universidad pública ha bajado mientras el coste de la vida ha subido", lamenta. Según sus datos, desde 2015 el presupuesto que la Junta ha destinado a esa partida ha pasado del 3,89% al 3,58%.

Este año, la Junta de Andalucía ha aprobado una financiación de 1.750 millones para todas las instituciones públicas, una cifra que supone un ingreso extra de 21 millones que son, según Moreno, un "hito financiero" pero que se alejan, según los rectores, de la deuda de 50 millones que tiene el Ejecutivo con ellas.

Es este doble movimiento el que critica la oposición. No es, insisten siempre, la mera existencia de la privada, sino el deterioro de la pública que lleva asociado. "Fomentar la privada por una cuestión de pluralidad puede valer, pero restringir a la vez la financiación de la pública ya implica cercenar el derecho ciudadano a la educación", lamenta la profesora de la Universidad de Jaén Delia Langa.

Junto a esto, además, también entra en juego la cuestionable calidad que tienen muchos de estos nuevos centros. En sólo siete años han abierto cuatro universidades con evaluaciones desfavorables y hay otras tantas que, a pesar de tenerlos, podrían abrir sus puertas próximamente. Es el caso de tres andaluzas: la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed, online), ya aprobada, y la Universidad Internacional del mediterráneo y la Universidad Internacional de Estepona Antonia Guerrero, todavía en espera.

El Gobierno de Pedro Sánchez es el primero que sabe que esto es un problema. Y por eso ha planteado una reforma del decreto que marca las normas para que se aprueben nuevas universidades. Lo dijo claramente la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Pilar Alegría: "Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Esto va de universidades buenas contra universidades malas", dijo. Desde Andalucía insisten en la misma idea.

"El modelo tradicional de universidad católica, especializada en algunas áreas e imbricada en un territorio, como la de Navarra o la de Deusto, se ha frenado", lamenta Ruiz. "Ahora tenemos universidades privadas que solo buscan crecer y abrir nuevos grados, másteres y campus por toda España a toda costa y sacrificando el nivel de calidad. No se pueden replicar grupos de investigación potentes como si fueran churros. No son universidades que vayan a dejar patentes, transferencia e investigación de calidad", lamenta. Y compara, en este sentido, la Loyola de Sevilla, la primera privada andaluza (abierta en 2011), de la Utamed, enfocada sobre todo a la mera empleabilidad del alumnado. "¿Estás cansado de estudiar para nada? Vente a Utamed y olvídate de los temarios sin foco y de las horas sin teoría. En Utamed, universidad y empleabilidad se unen", destacan en sus vídeos promocionales.

Además de esas dos, Andalucía ha dado luz verde también a la Alfonso X el Sabio Mare Nostrum y la Europea de Andalucía, que todavía no han iniciado su actividad en Málaga, y a la CEU Fernando III de Sevilla, que sí lo ha hecho.

En cualquier caso, Madrid y Andalucía no sólo se parecen en la estrategia privatizadora que pasa por el deterioro público. Sus dos gobiernos del PP, además, han puesto ya encima de la mesa leyes que pretenden limitar las protestas que este tipo de políticas puedan generar en los campus públicos. El borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) de Isabel Díaz Ayuso pretende castigar por ejemplo con sanciones que alcanzan los 100.000 euros "permitir que manifestaciones o acciones no autorizadas impidan el libre ejercicio de actividades autorizadas" o "permitir la ocupación de cualquier lugar del campus". Es decir, serían sancionables los escraches o incluso las acampadas por Palestina.

Por su parte, el Anteproyecto de Ley de Universidades para Andalucía (LUPA) consultado por infoLibre contempla, por ejemplo, que será un decreto de Consejo de Gobierno de la Junta, previo informe del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria, el que establezca el "marco para el ejercicio del derecho al paro académico, su declaración y su posterior desarrollo por las universidades". Se abre la puerta por primera vez, además, a que los rectores de las universidades privadas formen parte de ese Consejo.

“Es un continuo miedo, no porque no esté preparada, sino porque el mercado es muy competitivo y son las pequeñas cosas las que marcan la diferencia” explica Sara Manzanares, estudiante del Doble Grado en Derecho y ADE.

“Derecho solo se quedaba corto” añade, pero en un principio quería completarlo con Ciencias Políticas. Acabó por descartarlo porque tenía pocas salidas, aunque este curso ha comenzado una formación complementaria en esa carrera para engordar aún más un currículo que luchará por encontrar su hueco y ser seleccionado entre otros miles.

La perspectiva de encontrar un trabajo digno que permita a los jóvenes independizarse es cada vez más improbable al acabar la carrera. Por ello, los jóvenes continúan con su etapa formativa con la esperanza de poder diferenciarse de sus compañeros. Antonio Echaves, profesor titular de Sociología en la Universidad de Sevilla, explica a infoLibre que “en momentos de crisis el sistema educativo se convierte en un refugio para los jóvenes”.

Alejandro estudia Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid y comenzará un Doble Grado en Relaciones Internacionales y Derecho el curso que viene mientras termina la carrera. “Es por el síndrome del impostor” dice, mientras argumenta que “el mercado de trabajo está muy precarizado y eso hace que veas a personas haciendo trabajos para los que están sobrecualificados”.

Enrique Gil Calvo y Luis Garrido Medina, sociólogos y autores del libro Estrategias familiares explican que la causa de que la formación se dilate cada vez más en el tiempo tiene mucho que ver con que el alumnado y sus familias decidan planificar mejor la formación de los jóvenes para evitar tener que enfrentarse a una situación de precariedad.

Es el caso de Mateo, estudiante de Doble Grado en Derecho y ADE en la Universidad Carlos III. Eligió esta opción porque “los despachos de abogados siempre prefieren a alguien con un doble grado” aunque los motivos, según el alumno, no van encaminados hacia un mayor conocimiento sino a que “al tener más carga de trabajo, los alumnos están más acostumbrados a un ritmo laboral más alto”.

Según el informe Universidades y Despachos 2023 elaborado por El Confidencial, dos de cada tres nuevos abogados en la élite de los bufetes se habían graduado con un doble grado, mientras que quienes tenían uno solo representaban el 37%. También se repite esta tendencia en los másteres, el 55% de los abogados que se unían a un bufete habían cursado un doble master.

El profesor de sociología explica que esto no siempre ha sido así: “tener una licenciatura era suficiente antes, ahora esto no sucede”. Las nuevas generaciones se están teniendo que enfrentar a una etapa formativa más específica y larga, con la carga económica que eso supone, debido a que ha subido la competencia porque "se ha disparado el número de personas con estudios universitarios".

Pero, ni siquiera tener un currículo brillante y que acredite una formación extensa es garantía de nada. Según datos de Eurostat un 35% de la población en España esta sobrecualificada para el trabajo que desempeñan, una cifra muy por encima de la media europea de 21,5.

El sistema educativo español esta basado en una lógica meritocrática, que también se aplica en el sistema para acceder a la universidad mediante las notas de corte de la recién bautizada PAU. Echaves explica que este sistema funcionaría si “todos los alumnos partieran del mismo lugar” en términos de igualdad de condiciones, cosa que no pasa. Aquí entra en juego bachillerato, ya que los alumnos de colegios privados o concertados llegan “dopados” a la PAU. Y así lo avalan los estudios. 

Las mejores calificaciones se dan en los alumnos de colegios privados: en concreto en un 53%. Y a su vez, según el informe Notas de acceso a la universidad, ¿son equitativas? del Observatori del Sistema Universitario de Catalunya (OSU) este buen rendimiento no se ve en los resultados en los exámenes de la PAU, que se corrigen preservando el anonimato del alumnado.

Daniel Valdivia, profesor de sociología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla explica a este periódico que “las clases sociales más altas y con mayor capital social encuentran siempre forma de cerrarle las puertas a la clase trabajadora” y, a la hora de acceder al mercado laboral “ni siquiera un master sirve, ahora te hace falta un contacto o una recomendación que te permita conseguir un puesto de trabajo”.

El estrato social también determina la posibilidad de alargar los estudios para conseguir cursar los cotizados masters: “a mayor nivel de estudios, mayor es la condición socioeconómica”, explica Echaves, ya que "no hay ningún tipo de presión o necesidad de trabajar".

Las universidades han aumentado sus precios hasta las cifras que conocemos hoy, con Madrid, Navarra y Cataluña a la cabeza, superando las tres comunidades los 18 euros por crédito en los grados.

A pesar de los precios que los alumnos se ven obligados a pagar, esto solo se refleja en la financiación publica de dos de estas comunidades: Cataluña y Navarra gastan 7.137 y 8.976 euros por alumno respectivamente. Madrid, sin embargo, continúa siendo la comunidad autónoma que menos invierte en su educación pública, con tan solo 5.467 euros por alumno.

La infrafinanciación de la universidad pública por parte de los gobiernos del Partido Popular en esta región para promocionar la privada han llevado a que muchos alumnos acudan a ella. De hecho, ya superan en cantidad a las públicas con solo 6 públicas y 13 privadas, más del doble.

Incluso las propias universidades públicas se están volviendo cada vez menos accesibles para los alumnos. La Universidad Carlos III de Madrid, uno de los centros públicos más caros, tiene másteres que pueden rondar entre los 80 y 150 euros por crédito, aunque otros llegan hasta los 225, como el de Administración de Empresas.

Una grieta que se hizo más profunda durante la pandemia cuando la Comunidad de Madrid aprobó el Real Decreto-ley 17/2020 que suprimió el sistema de horquillas permitiendo que los precios subieran de una forma descontrolada. Aún así, en el curso 2023-24 los másteres siguieron con cifras récord, con un 32,6% de matriculados más. Daniel Valdivia explica que "los alumnos deben cursar un master de manera casi obligatoria si quieren acceder a un trabajo" desde que el Plan Bolonia suprimió el quinto año de los grados universitarios.

El pasado abril, plataformas estudiantiles convocaron una huelga en Madrid junto con el profesorado en defensa de la educación pública. Ante sus demandas, Ayuso aprobó la subida de solo un 4,2% de la financiación lo que supone 47,3 millones más. Una cifra muy alejada de los 200 millones de euros que demandaban los rectores. 

Valdivia explica que las soluciones, como aumentar las plazas o limitar la universidad privada, son sencillas por lo que “solo hace falta voluntad política”.

Podría decirse que en Segovia conviven, a la vez, tres tipos de personas. Uno son sus vecinos; otro, los turistas; y otro, los estudiantes universitarios. Caminar por la ciudad Patrimonio de la Humanidad es escuchar, al mismo tiempo, varios idiomas. Cruzarse con un abanico de nacionalidades. A priori, nada que pueda tener consecuencias negativas. Ahora bien, el primer grupo ha puesto el foco en los otros dos. Sobre todo en el tercero. Básicamente, porque está siendo el responsable de expulsarlos de la ciudad.

El objetivo principal con el que el Gobierno anunció la reforma del decreto de creación y autorización de nuevas universidades era garantizar que dejasen de abrirse nuevos centros privados sin cumplir los "estándares de calidad". Pero no sólo. Más allá del endurecimiento de los requisitos para la búsqueda de ese fin, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades también incluyó la obligación de que cada nueva institución se comprometiera a disponer de una capacidad mínima de vacantes de alojamiento equivalente al 10% de las plazas ofertadas. Con ello se pretendían dos cosas: que el precio de la vivienda no fuese impedimento para matricularse en una universidad, y que el incremento de la demanda en los alrededores de los centros no aumentase los precios. Es decir, evitar precisamente lo que está pasando en Segovia. Y en muchas otras ciudades.

El Ejecutivo ha sido claro en todo momento: sus medidas no van de universidad pública contra privada, sino de universidades buenas contra universidades malas. Ahora bien, en lo relativo a la vivienda sí que hay que apuntar sobre todo a las segundas. Lo hizo la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, cuando el verano pasado aseguró que el alumnado de estos centros de nueva creación "ha llegado a ocupar ciudades enteras, alterando mucho el problema del alquiler". Y lo señaló también Diana Morant, cuando en una entrevista con infoLibre aseguró que se ha detectado que muchos propietarios optan por el alquiler por habitaciones a alumnos de estos centros porque pueden sacar mayor rentabilidad a sus viviendas. Por eso ambos departamentos firmaron un protocolo y crearon un grupo de trabajo que continúa en funcionamiento, aunque por el momento sin avances.

La universidad privada lleva años proliferando sin control en nuestro país. Los cuatro centros que históricamente componían ese mapa se han convertido hoy en decenas que el Gobierno no ha dudado en tachar de "chiringuitos". El último informe de Datos y cifras del sistema universitario español recoge que actualmente hay 50 universidades públicas por 41 privadas, pero los datos que el ministerio de Morant facilita a infoLibre reflejan que, además, hay otros seis proyectos con evaluaciones desfavorables pendientes de que los gobiernos regionales del PP les den luz verde definitiva. Es decir: el sorpasso es cuestión de tiempo. A no ser que la reforma del decreto entre antes en vigor y consiga impedirlo.

Los centros han cambiado en todo este tiempo, pero quienes no lo han hecho han sido los estudiantes. Aunque la pretensión es aglutinar a todo tipo de alumnado, lo cierto es que los datos muestran que la privada no es más que la universidad de la clase alta. Basta un dato para corroborarlo: según un informe del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el porcentaje de alumnos de las privadas con progenitores con ocupaciones altas se sitúa en el 60%, un porcentaje que en las públicas se reduce hasta el 40%.

Hay, en cualquier caso, otro dato relevante: muchos de estos estudiantes son extranjeros. Los últimos datos oficiales del departamento de Morant reflejan que el alumnado extranjero que estudia en instituciones públicas lo hace bajo un programa de movilidad (como Erasmus, por ejemplo), pero los que lo están en privadas lo hacen con matrícula ordinaria. En concreto, en el curso 2022-2023 eran 38.286, mientras que en las universidades públicas eran 49.440. Teniendo en cuenta el alumnado que hay en cada una de ellas, el alumnado extranjero con matrícula ordinaria supone el 4% de estudiantes de grado y máster de la pública y el 9% de la privada.

Con los datos en la mano, en cualquier caso, se puede hacer una disección mucho más fina. Porque no es lo mismo el alumnado de las universidades privadas que podríamos denominar clásicas del de las de reciente creación. Esas a las que el Gobierno tacha de "chiringuitos". Son estas las que en su mayoría se han convertido en un imán para estos estudiantes extranjeros. Y es, de hecho, de lo que presumen.

La IE University —antiguo Instituto de Empresa— ofrece un programa de estudios exclusivamente en inglés y no duda en poner en un lugar prominente de su página web sus números: más de 65.000 antiguos alumnos de todo el mundo y más de 130 nacionalidades representadas en el campus. Tienen dos: el de Madrid y el que ha cambiado por completo el dibujo de las calles de Segovia. "El 90% de los alumnos y alumnas de la universidad son extranjeros", señala desde el otro lado del teléfono Juan, vecino de la ciudad y uno de los integrantes del recién creado —hace apenas dos semanas— Sindicato de Inquilinas.

La ciudad se ha convertido en paradigma del problema porque en ella se ha formado lo que Guillermo San Juan, concejal de Segovia en Marcha, tacha de "tormenta perfecta". Las zonas residenciales han tenido un muy escaso desarrollo y tampoco existe, denuncia, política pública de vivienda. "La Junta de Castilla y León lleva 20 años sin hacer una sola promoción y el Ayuntamiento, 15 sin aumentar el parque social", critica desde el otro lado del teléfono. Con ese escenario aterrizó la IE University, en 2012. Plena crisis. Desde entonces y hasta hoy, congrega a un 380% más de alumnado, según los datos que ofrece el concejal y que han sido presentados en el informe Segovia, ciudad tensionada presentado hace unos días por el la Fundación Rosa Luxemburgo y el Foro Segovia no se Vende.

Lo relevante es el perfil de quienes llenan esas aulas. "Es una de las universidades privadas más caras de nuestro país y por eso sus estudiantes son los hijos de la élite mundial", explica San Juan. En números absolutos son ya 4.000, el 11% de la población de toda la ciudad. Y un número elevadísimo para las apenas 500 plazas residenciales que ofrece la propia universidad. ¿El resultado? "La demanda de vivienda por parte de estos estudiantes ha crecido un 96% entre 2016 y 2021. Pagan, de media, entre 1.100 y 1.600 euros por una habitación", desgrana el concejal. "La gente corriente no podemos pagar esos precios", lamenta Juan. Así que se ven desplazados. "El recinto amurallado está ya copado por estudiantes del IE y hay barrios extramuros que ya se han convertido en prohibitivos para cualquier segoviano o segoviana de a pie", continúa el concejal.

El precio del metro cuadrado se ha duplicado. Según los datos de Idealista, los seis euros que se pagaban en abril de 2016 son hoy 12. En apenas dos años, Juan ha pasado de pagar 450 euros al mes por su casa a tener que desembolsar 600. "Todos en Segovia conocemos a alguien que tiene un problema de este tipo", lamenta.

La misma situación se ha repetido con el campus madrileño del mismo centro. Lo explica Pablo Pérez, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. La antigua Torre Caleido del distrito financiero de la ciudad es desde el 2021 un campus vertical: la IE Tower. Y eso ha repercutido en el barrio de Tetuán y hasta en algunas zonas de Fuencarral. En el primer distrito el precio del alquiler es hoy un 52% mayor que hace cuatro años y en el segundo, por su parte, un 42,5%. "En Madrid, además, tenemos una administración que promociona la creación de universidades privadas para atraer a personas de mayor poder adquisitivo. Eso sumado a no emprender ningún tipo de política de regulación de precios da como resultado el desplazamiento y la inseguridad de los inquilinos", lamenta el activista. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, siempre ha manifestado su voluntad de atraer al estudiante internacional y su deseo de convertir Madrid en "capital mundial del español".

Así, hay otros lugares como por ejemplo Villaviciosa de Odón, donde se ubica la Universidad Europea, que han vivido una evolución similar. Mientras que el precio del alquiler en Madrid ha subido un 11,7% en un año —entre abril de 2024 y el mes pasado—, en ese municipio lo ha hecho un 20,4%.

En Málaga, ciudad que espera la apertura de dos instituciones privadas, temen que ocurra lo mismo. Tania Moya, miembro de la plataforma Málaga por la Vivienda, lamenta que las dos universidades prevén acoger a unos 7.000 alumnos, un número de personas que será inabarcable para las residencias de estudiantes. "Va a afectar, sobre todo porque van a venir estudiantes que podrán pagar mucho más que los vecinos, que van a acabar desplazados", critica.

Se trata de un fenómeno que pasa por varias causas. La primera es la que responde al propio funcionamiento del mercado: si hay más demanda y la oferta no crece al mismo ritmo, el precio sube. Lo explica así Ferrán Font, director de estudios y portavoz de Pisos.com. "Es lo que se denomina gentrificación", señala. Los precios suben cuando se instala una universidad del mismo modo que lo hacen en una zona cuando pasa de estar incomunicada a disponer de una amplia red de transporte, por ejemplo. "Cualquier mejora estructural tiene un impacto positivo y otro negativo. Una universidad privada mejora los servicios que ofrece una población, pero también genera interés y atracción", detalla. La particularidad en este caso es que, reconoce, el perfil de quienes atrae es el de jóvenes con alta capacidad económica, que puede ofrecer más renta a los arrendadores.

Pasa, sobre todo, en ciudades pequeñas porque es "donde normalmente la oferta tiene menos capacidad para la demanda". Como lo que ocurre en Segovia.

La mayoría de estos alquileres, por otro lado y según explica San Juan, son de corta duración. Por temporada. "El 90% de estos jóvenes permanecen nueve meses y luego se van. Es una especie de turismo académico", lamenta. Pero eso genera efectos devastadores sobre el mercado de la vivienda. Un informe de investigadores de las universidades de Granada, Málaga y Sevilla reveló que los pisos turísticos —que también están sometidos a alquileres de corta duración— incrementan los precios de toda la vivienda. Según sus datos, un 33% cuando suponen el 10% de todo el parque residencial.

El alquiler de temporada, además, se ha convertido en una especie de "coladero" muy efectivo para esquivar la ley de vivienda, según explican desde el Observatorio Desca. Al no estar sujeto a la regulación de precios, algunos arrendadores alquilan sus viviendas por once meses, una técnica con la que también crea inseguridad a los inquilinos.

Lo advirtieron hace meses: Ciudad Real tendrá, el curso que viene, 25 aulas menos. ¿El motivo? No hay niños suficientes a los que dar clase, así que no queda más remedio que agruparles en las pocas que sí pueden seguir funcionando. No pasa sólo allí, en cualquier caso. La caída demográfica ha empezado ya a dar sus frutos y están siendo los colegios y los institutos los termómetros perfectos para comprobarlo. Ahora bien, como ocurre siempre, no está pasando igual en todas partes. Lo sufre más la España vaciada, claro, pero también la escuela pública. De hecho, es, sin duda alguna, la principal damnificada.

Lo han señalado los expertos en varias ocasiones y las estadísticas les dan la razón. Las últimas cifras sobre unidades escolares publicadas por el Ministerio de Educación revelan que en la última década —desde el curso 2013-2014 al 2023-2024— las aulas de Educación Infantil públicas han caído un 2%, pero las privadas han crecido un 1,6%. Pasa igual en Primaria, aunque es cierto que en menor medida: en esa etapa las públicas han caído un 0,5%, pero las privadas han crecido un 2,3%. En números absolutos, los datos hablan de 1.744 aulas públicas cerradas y de 1.410 privadas abiertas. En prácticamente el mismo periodo —el último disponible en el INE, entre 2012 y 2022—, la media de edad de los españoles y las españolas ha subido tres años: de los 41,6 a los 44,08.

Han sido todos estos los años clave. Un estudio publicado por EsadeEcPol ya cifró en 450.000 el número de niños y niñas menores de 16 años que España había perdido precisamente entre 2013 y 2023. Bajo el título Las escuelas se están quedando sin niños: una oportunidad para transformar el sistema educativo, el think tank auguraba además que, para 2037, esa cifra habría alcanzado el millón. "El pico demográfico de esta edad tuvo lugar en 2013, ahora estamos en ese proceso de pérdida de población menor de 16 años. El problema está en marcha", diagnosticó uno de los autores del estudio, el sociólogo Jorge Galindo. Así se explica, precisamente, que las mayores caídas se hayan producido en la etapa Infantil: el proceso acaba de empezar.

Daniel Turienzo, maestro y doctor en Educación, pide expresamente fijarse en esa etapa para comprender la dimensión del problema. "Mirar lo que ocurre en Infantil es lo más interesante, porque es donde más se comprueba cómo la caída demográfica se está cebando con el sistema público", explica, desde el otro lado del teléfono.

Volvamos a la estadística oficial, como plantea. Si se acerca la lupa, se comprueba que en la última década se han cerrado 1.312 aulas públicas y se han abierto, por su parte, 559 privadas. En Primaria, sin embargo, los números no distan tanto: mientras se han clausurado 432 de la primera red, se han inaugurado 851 de la segunda. Ahora bien, el esquema es el mismo. Y además lleva años ocurriendo.

Un informe de CCOO que analizó esta variable entre los cursos 2017-2018 y 2022-2023 concretó que, a nivel estatal, las unidades de las escuelas públicas de Infantil y Primaria habían descendido un 2,51%, un porcentaje mucho más elevado que el de las privadas, que fue del 0,13%. El alumnado, no obstante, había caído en casi idénticas proporciones en ambas: un 7,06% en las primeras y un 7,45% en las segundas.

Ahora bien, la pregunta que surge es obvia: ¿por qué ocurre?

Turienzo cree que la explicación tiene dos vertientes. La primera tiene que ver con una cuestión de territorio, y se fundamenta en que "las aulas que cierran lo hacen sobre todo en zonas rurales, donde la única escuela que existe es pública" y donde, básicamente, nacen menos niños. Según los datos del INE, comunidades como Cantabria, Asturias o La Rioja son las que mayores descensos en cuanto al número de nacimientos han experimentado en la última década. En concreto, y respectivamente, su natalidad ha caído un 38,4%, un 31,8% y un 31,1%. Estas tres comunidades, además, superan la media nacional de caída de la población matriculada en el segundo ciclo de Infantil —el que más alumnado tiene—, según las cifras recogidas por el departamento de Pilar Alegría: los descensos han sido del 29,8%, 29,6% y 27% respectivamente.

¿Y la segunda vertiente? Según Turienzo, esta respondería más a una cuestión política. "Lo que está influyendo sobre todo en estas estadísticas es el sistema de conciertos", advierte.

Es ideológico. El 13 de enero de 2021, el Gobierno de la Comunidad de Madrid respondía a la aprobación de la ley educativa de la entonces ministra Isabel Celaá con la extensión de la duración de los conciertos educativos a un plazo de diez años. Es decir, que las escuelas privadas que consiguieran un contrato con la administración para recibir fondos públicos lo harían, como mínimo, durante una década. Y antes no se podría tocar ese acuerdo. Podrían seguir funcionando exactamente igual. Pasase lo que pasase en ese periodo de tiempo. Y si el número de alumnos cae en picado, se mantienen las mismas unidades.

La explicación oficial pasaba por el deseo de garantizar "la libertad de elección de más de 360.000 alumnos madrileños". Pero los principales beneficiados por esta decisión fueron los colegios católicos, puesto que son estos los que principalmente integran la red privada financiada con fondos públicos. A nivel nacional, y según los últimos datos de Escuelas Católicas, suponen en concreto el 57% de toda la red. "Si se cierran unidades públicas porque no se pueden cerrar concertadas y la oferta se reduce a esta última, realmente lo que se está haciendo es todo lo contrario a garantizar la libertad de elección", lamenta Turienzo.

Para Cynthia Martínez-Garrido, profesora de Métodos de Investigación en Educación en la Universidad Autónoma de Madrid, la conclusión está clara: "Buena parte de la última década ha gobernado un partido político que decía respetar la gratuidad de la enseñanza. A las pruebas me remito que esta promesa electoral no se está cumpliendo". Héctor Adsuar, secretario de Pública no Universitaria de CCOO, hace el mismo diagnóstico. "En cualquier variable, siempre que hay que recortar en educación se hace por la pública. La privada está protegida", lamenta. El informe que presentó su sindicato también lo aseguraba. "Se está privatizando progresivamente el sistema y los datos son especialmente impactantes en algunos territorios", recogía.

Clara Fontdevila, investigadora postdoctoral de la Universidad de Glasgow, se centra sobre todo en eso: en la variabilidad territorial. Por eso ella prefiere no ser tan contundente. Según destaca de la estadística, no en todas las autonomías y regiones ha ocurrido así, puesto que algunas pierden unidades de todas las redes y en otras, en cambio, las ganan. "Es muy complejo y complicado dar una explicación general, no hay que olvidar que en España hay muchas dinámicas y, en muchas ocasiones, muy específicas de cada comunidad autónoma", destaca.

Sea como sea, la caída demográfica está ahí. Y como vaticinan todos los expertos, y confirman las proyecciones como la realizada por EsadeEcPol, irá a más. Ahora bien, lo que determine el futuro del sistema será cómo se lo enfrente. Todos los expertos coinciden en cuál sería la manera más adecuada: la bajada de alumnado debe tomarse como una oportunidad para mejorar todo el sistema público, no para cercenarlo. "La pérdida de población no es una buena noticia como sociedad, pero si la enfrentamos con planificación puede convertirse en una buena oportunidad educativa", señala Turienzo.

¿Cómo puede hacerse? Según el experto, manteniendo en primer lugar la inversión actual y consiguiendo, de ese modo, que los fondos por alumno se vean necesariamente incrementados. En segundo lugar, aprovechando las unidades que en principio se cerrarían para, por ejemplo, ampliar la oferta o modificarla y orientarla a etapas con más necesidad de plazas como la Formación Profesional. Y por último, decidiendo, en los casos más extremos, qué cerrar y dónde. "Sería esta una buena oportunidad para consolidar el sistema público si conseguimos que las aulas que se clausuren sean las que no tienen una clara vocación de servicio público como, por ejemplo, las concertadas que cobran cuotas ilegales a su alumnado", añade.

Adsuar, por su parte, asegura que desde CCOO están completamente de acuerdo en esas medidas. Y es más, explica que su propuesta, planteada explícitamente al Ministerio de Educación, pasa también por la mejora general de las ratios, apuntando a una bajada directamente proporcional al número de alumnado con necesidades educativas especiales.

Son, como mínimo y según algunos expertos, una amenaza. Primero para los estudiantes y, después, para todo el sistema público. Fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que quiso poner coto, a través de la reforma del decreto de universidades, a lo que denominó sin titubeos "chiringuitos" universitarios, provocando varias reacciones. La primera, la de los centros públicos, que celebraron la decisión porque los consideran responsables —al menos en parte— de su infrafinanciación; la segunda, la de las propias universidades privadas, que criticaron que la norma provoca "inseguridad jurídica" y vulnera "principios fundamentales". Por ahora la reforma sólo ha dado el primer paso en el Consejo de Ministros, pero se espera su aprobación definitiva para mayo. Cuando lo haga, el mapa universitario actual sólo cambiaría en caso de que se cumplan unos requisitos cada vez más duros. Ahora bien, algunas autonomías, aun con la normativa actual, ya están siendo un dique de contención contra este tipo de centros.

La desigualdad territorial es evidente. Se palpa en el mapa actual y se confirma con los proyectos que, al menos hasta ahora, había encima de la mesa. Si observamos el primero, que se puede extraer de la estadística oficial del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se comprueba que es Madrid la que está a la cabeza. Tras ella, Cataluña, Castilla y León y Comunitat Valenciana. Sobre la mesa, otros tantos proyectos que incluirían en ese listado a Extremadura y a Andalucía. Oficialmente, ahora mismo tienen cero y un centro privado, respectivamente, una situación que comparten con Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y Aragón pero en la que sobresale, sin ningún tipo de duda, Castilla-La Mancha. Allí no hay ninguna universidad privada. Pero lo realmente importante es que tampoco se la espera.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha son claros: no tienen nada contra la universidad privada, pero sí contra las "expendedoras de títulos". Su "apuesta", explican fuentes del Ejecutivo de Emiliano García Page, está en la universidad pública y sólo en la privada "seria y de calidad, con estándares y exigencias como las de las públicas". Es un discurso idéntico al del equipo de Sánchez. "Hay que perseguir las prácticas que atenten contra los estándares de calidad universitaria", señaló él mismo cuando anunció la reforma del decreto de acreditación de nuevos centros. "Vamos a asegurar que todo título que se expida en una universidad de nuestro país tenga la calidad que creemos que tenemos que garantizar", añadió la ministra de Universidades, Diana Morant, en una entrevista con infoLibre.

Hasta ahora todo proyecto que quisiera instalarse en una región concreta podía, perfectamente, no cumplir ningún criterio. Es más, según los datos del departamento de Morant, desde 2018 ha habido cuatro centros abiertos de ese modo: dos en Canarias (Universidad de las Hespérides y Universidad Tecnológica de Canarias), uno en Madrid (Universidad del Diseño, Innovación y Tecnología) y otro en Andalucía (Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo).

Es lo que rechaza de plano Castilla-La Mancha. En primer lugar, a partir de la nueva Ley de Universidades que el pasado mes de febrero sacó el Ejecutivo a consulta pública y que consiste, en síntesis, en endurecer los criterios para permitir la apertura de nuevos centros y en exigirles mayor relación con las instituciones. "A todos los aventureros de considerar la universidad solo un negocio no les vamos a dar ninguna facilidad", señaló el propio Page hace ahora un año, cuando presentó la normativa que pretende tener lista en 2026. Según concretan fuentes de su Consejería de Educación, su plan "no trata de universidades públicas contra universidades privadas, sino de proyectos universitarios de calidad". "La universidad juega un papel esencial en el desarrollo de Castilla-La Mancha y es la mejor aliada para construir el futuro de la región, ya que tiene la capacidad de generar futuro, oportunidades, expectativas, ilusión y compromiso con la región", añaden.

Hasta ahora, informan, han recibido aproximadamente una decena de propuestas de instalación de universidades privadas, pero se encuentran todas en stand by hasta que se apruebe la ley regional de universidades.

La conclusión está clara: la proliferación o no de la universidad privada y, sobre todo, de este último tipo de centros, depende en gran medida de la política. Como coinciden todos los expertos —y en cualquier caso corroboran los datos— un gobierno de derechas al frente facilita casi al completo que un nuevo proyecto salga adelante. Sea como sea. Tenga o no instalaciones. Contrate o no profesores suficientes. Y ofrezca o no variedad en sus titulaciones. Por eso Castilla-La Mancha, con el PSOE al frente en estos últimos años, en los que más se han propagado este tipo de "chiringuitos", sigue un rumbo radicalmente diferente. Ahora bien, no sólo es el color del sillón del gobierno el que explica todo.

"Los gobiernos regionales pueden fomentar o impedir el auge de las universidades privadas, pero su presencia no es sólo política", confirma desde el otro lado del teléfono la profesora de Sociología de la Educación en la UCM María Fernández Mellizo-Soto. ¿Y qué es el resto, entonces? Ella considera que hay un factor fundamental y que explica en gran medida esa desigualdad territorial en la implantación de estos "chiringuitos": la renta de la población que integra cada autonomía. Al final, subraya, "el sector privado se instala en aquellos lugares en los que sabe que puede tener éxito. Y esto deja fuera a las regiones más pobres".

La explicación es muy sencilla: por mucho que la universidad privada busque abarcar cada vez a más estudiantes, sigue siendo el cortijo de las clases más altas. Según un informe del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el porcentaje de alumnos de las privadas con progenitores con ocupaciones altas se sitúa en el 60%, un porcentaje que en las públicas se reduce hasta el 40%. Y es que allí los precios pueden llegar a ser hasta tres veces más bajos.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las tres comunidades con menor renta anual media por persona son Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Ahora mismo la primera tan sólo tiene un centro privado, pero data de 1996 y se aleja de lo que el Gobierno tacha de "chiringuito". En Andalucía, por su parte, hay, por ahora, dos: Loyola Andalucía (fundada en 1963) y la CEU Fernando III, que empezó a operar en octubre de 2023. Otros dos esperan ya poder abrir sus puertas, por lo que la autonomía podría considerarse una excepción. Pero allí gobierna el PP desde que ganó las elecciones de diciembre de 2018.

El rumbo de Extremadura es muy parecido. Allí, según explica el catedrático de Tecnología Educativa en la Universidad de Extremadura Jesús Valverde, ni la renta ni la competitividad es elevada pero, sin embargo, tienen un proyecto a puntito de ver la luz —el de UNINDE, con capital chileno y peruano detrás— y otros tres sobre la mesa del Gobierno conservador de María Guardiola. "Cuando gobernaba el PSOE empezaron a hacer peticiones, pero no han prosperado hasta ahora", señala el experto, que sigue creyendo que la región no es lo económicamente atractiva para este tipo de proyectos como lo son, en cambio, las que más renta per cápita registran.

Son, volviendo a los datos del INE, País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña. Y allí el panorama es muy distinto. La primera tiene tres universidades privadas y una pública; la segunda, 13 privadas y seis públicas; la tercera, una de cada sistema; y la última, cinco privadas y cuatro públicas. "Madrid por ejemplo no es sólo una de las regiones más ricas, sino la ciudad a donde más personas acuden a estudiar, ya sean de otras regiones o países. Es decir, es donde el mercado es más amplio y existe por tanto una mayor posibilidad de rentabilidad en los negocios", explica la experta.

Según los datos oficiales del ministerio, a la presidida por Isabel Díaz Ayuso la escogen estudiantes de todas las demás comunidades. Sobre todo de Castilla-La Mancha, una comunidad en la que no existe ese tipo de movilidad.

Cataluña está dentro de ese listado, pero sus características son muy diferentes. Lo explica el catedrático emérito de la Universitat Politècnica de Catalunya Albert Corominas. Ninguna de las cinco universidades privadas catalanas tiene afán de lucro. Tres, además, son confesionales: la Ramón Lllull, la Universitat Internacional de Catalunya y la Abat Oliva CEU. Las otras dos que componen el listado son la Universitat Oberta de Catalunya y la Universitat de Vic, ambas subvencionadas parcialmente con fondos públicos: la primera de la Generalitat y la segunda del Ayuntamiento de Vic.

Pero más allá de las manos que las manejan, su fecha de creación también es relevante. Como recuerda Corominas, la más reciente es la Abat Oliva CEU, reconocida como universidad en 2003 aunque en funcionamiento como escuela desde 1973. Desde entonces, hace más de dos décadas años, ninguna más. "Es complicado saber los motivos, pero creo que tiene mucho que ver el hecho de que el sistema en Cataluña está muy estabilizado y nadie quiere tocarlo. Ni la administración, ni las universidades públicas ni, tampoco, las privadas que ya tienen tantos años de bagaje", señala el experto.

Y ni siquiera algo parecido ocurre en ningún otro lugar de España. Porque si no no se entendería que un gobierno business friendly como el de Artur Mas no hubiera apoyado la creación de centros privados. "En Cataluña siempre ha habido una especie de control sobre las universidades, y creo que eso no se quiere perder de ninguna manera", sentencia Corominas.

Allá por los años 2012 y 2013, cuando los recortes a los servicios públicos eran la realidad de casi cada viernes de Consejo de Ministros, no era extraño que las camisetas verdes inundaran de vez en cuando las calles de las grandes ciudades. "Escuela pública de tod@s y para tod@s", se leía en ellas. Fueron desapareciendo conforme pasaban los años y al mismo tiempo, además, al que se apagaban las protestas. Hasta ahora. Este lunes Madrid será el escenario de una huelga general que los convocantes ya tachan de "histórica". Desde la etapa de infantil hasta la universitaria, estudiantes, profesores y personal administrativo unirán su voz contra un enemigo común: la política privatizadora y asfixiante que Isabel Díaz Ayuso ha convertido en bandera.

El ambiente lleva semanas calentándose, pero ha sido el mundo universitario el que hasta ahora ha monopolizado el protagonismo. La noche del jueves al viernes, sin ir más lejos, alrededor de un centenar de estudiantes se encerraba en el campus de la Universidad Carlos III de Madrid, una acción que apenas unas semanas antes habían protagonizado los estudiantes de la Complutense. Meses antes, juntos y acompañados de las otras cuatro universidades públicas, alzaron la voz frente a la Asamblea de Madrid. Ya entonces avisaron: la batalla será "a largo plazo". Y este 28 de abril será el día grande.

Motivos, dicen todos los sindicatos y organizaciones convocantes, hay de sobra. Los explicarán desde por la mañana en distintas acciones y piquetes informativos, pero la gran movilización recorrerá las calles que unen Atocha y la Puerta del Sol a partir de las 18 horas de la tarde. En la cabecera, y bien visible, el lema: "Salvemos la educación pública". Desde la primera etapa de 0 a 3 años a la universitaria pasando por Primaria, Secundaria, FP y Educación Especial que, junto a la etapa Infantil, protagonizarán un segundo paro también el martes 29.

No es casualidad que se unan. Y tampoco ha habido un gran trabajo para confluir en las reivindicaciones. Como indica el colectivo Menos lectivas, "las circunstancias de cada etapa son diversas", pero "todas coinciden en estar padeciendo un desmantelamiento a ojos vista del sistema educativo público, con una financiación claramente insuficiente que está afectando seriamente tanto a las condiciones laborales de las trabajadoras como a la calidad de la enseñanza". Ana Vicenti es representante de la organización y suscribe cada una de esas palabras. "Hay una cosa que es genérica y que afecta a todo el sistema: la Consejería de Educación nos ha abandonado. Y no es una cosa del PP, sino específica del partido en Madrid", lamenta.

La universidad, una vez más, ha sido el paradigma de este diagnóstico. Los datos concretos que de hecho deja su realidad no dejan lugar a dudas. El Gobierno conservador de Ayuso ha impedido que los seis centros públicos de la región se recuperen de los recortes de la crisis económica y para este 2025 tan sólo ha aprobado un incremento del 4,2% en su financiación, un porcentaje que supone 47,3 millones de euros más y la condena, señaló la comunidad universitaria en su día, del sistema. No hay más que ver ejemplos concretos: la UCM ha recortado un 35% el gasto y hay bibliotecas, como la de Filosofía, que ya no puede adquirir nuevos libros. Ni siquiera uno más.

¿Y qué ocurre mientras tanto fuera de la universidad? Pues no algo muy diferente. "Ha habido una desinversión salvaje. Es más, el despido masivo de personal docente que hubo hace 14 años todavía no se ha recuperado, y menos si tenemos en cuenta que la complejidad que hay ahora mismo en las aulas no es la misma que había cuando empezó la crisis", lamenta Vicenti. Sobre este aspecto en concreto publicó recientemente un informe EsadeEcPol, que llegó a una conclusión muy clara: el alumnado, cada vez más diverso, es una de las causas detrás de que el 47% de los docentes quieran abandonar la profesión. Y de que sólo el 24% mantenga la ilusión por su trabajo.

Pero hay más números. Y los ha recogido la organización Menos lectivas. Por un lado, la Comunidad de Madrid es la región con la carga lectiva más alta: 25 horas para Primaria y 20 para Secundaria, FP y Bachillerato, unos números que dificultan el trabajo, también necesario, fuera del aula. ¿Y en qué deriva eso? En horas extra que, señalan, no se pagan pero que resultan imprescindibles para diseñar las clases, hacer tutorías, formarse o participar en proyectos transversales del centro. Pasa también en la etapa Infantil. Y lo sabe bien Rosa Marín, de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI). "Hay un montón de cosas necesarias que no me queda más remedio que hacer en mi tiempo libre. Nadie me paga ni me devuelve esas horas", lamenta.

A esto se suma, señalan también desde Menos lectivas, que la región soporta unas ratios de alumnos por aula de entre 700 y 1.000 niños y niñas, una cifra muy superior a la recomendada por los expertos, que hablan de un máximo de 250 estudiantes si lo que se quiere es garantizar el bienestar, prestar una atención individualizada y atender de manera adecuada a quienes tienen necesidades educativas especiales o proceden de entornos vulnerables.

El problema es que para ello no sólo son importantes los docentes. El personal de administración y servicios (conocido como PAS) también es parte perjudicada por el desmantelamiento de la educación pública llevada a cabo por Ayuso. Y por eso también es sujeto activo en la huelga de este lunes. Lo explica así Nicolás García, miembro del comité de huelga y portavoz de la sección sindical del PAS del sindicato co.bas. Según explica, para ellos hay algunos puntos que han sido determinantes. Y el fraude de ley que denuncia que han sufrido miles de empleados ha sido uno de ellos.

Denuncian en concreto el "ERE encubierto" que ha realizado la Comunidad bajo el pretexto del proceso de estabilización que la justicia europea obligó a España a llevar a cabo. Como critica García desde el otro lado del teléfono, muchas personas que llevaban entre 20 y 30 años al frente de colegios e institutos públicos han sido despedidos. Y sus plazas, adjudicadas por una oposición que no lo tuvo en cuenta.

Pero ya no es sólo eso, muchas de las categorías que entran dentro de los PAS no han sido definidas y por tanto hay trabajadores que realizan funciones que no les corresponden. Además, no hay sustituciones inmediatas cuando se produce una baja y los sindicatos mayoritarios han firmado un convenio que rechazan de plano. En síntesis, porque empeora sus derechos y prohíbe la protesta.

No ese un paso cualquiera. Es precisamente el que también pretende dar Ayuso en la universidad con la aprobación de la ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC). En concreto, el borrador, al que ha tenido acceso infoLibre, introduce que la universidad colaborará "lealmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" para, señala el documento que todavía está en fase de elaboración, "asegurar la protección de los derechos de todos". Y que el 30% de la financiación de los centros tiene que proceder de fondos propios.

Por eso es esta norma la que más preocupa al sector. Y así lo explica Mariu Ruiz-Gálvez, profesora de Economía en la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM. "Si estamos más movilizados es, fundamentalmente, por esa ley. Es una clara asfixia a la pública y una consecuente apuesta por la privada", lamenta la profesora. La región presidida por Ayuso es, con muchísima diferencia, la que más centros privados tiene en su territorio. Más del doble de los públicos, de hecho.

La de este lunes será la mayor protesta hasta la fecha. Ya antes de que se produzca, representantes de todas las etapas educativas la califican sin ambages de "histórica". Pero no se quedarán ahí. El objetivo será conseguir aunar fuerzas para un paro indefinido. "Madrid no defiende ni a los estudiantes ni a los trabajadores, así que lo único que nos queda es hacer fuerza desde abajo. Sabemos que es David contra Goliat, pero no pararemos", sentencia Vicenti.

Hay comunidades autónomas que están "asfixiando" la universidad pública. Algunas de esas regiones llevan, además, años "maltratando" el sistema. Tanto, que en varios casos puede hablarse ya de que éste ha "quebrado". Y eso suele tener un efecto colateral: la privatización. Es teoría pero es, también, lo que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, diagnostica que está ocurriendo en España.

Lo comparó, en una entrevista con infoLibre, con lo que ha pasado con la sanidad madrileña: la que preside Isabel Díaz Ayuso es la comunidad que menos invierte por habitante y es, al mismo tiempo, la región con más ciudadanos con una póliza privada. Pues lo mismo ocurre con la educación superior. Ahora bien, no es la única. Como señaló la ministra, detrás de que la universidad se haya convertido en un negocio hay una clara "intencionalidad ideológica". Madrid es el ejemplo, pero el modelo, cada vez, se replica en más puntos del mapa.

Situemos primero en qué punto estamos. Según los datos oficiales del departamento de Morant recogidos en el último informe Datos y cifras del sistema universitario español, actualmente hay 50 universidades públicas y 41 privadas. En las primeras estudian 1.077.830 estudiantes de grado y 143.349 de máster que suponen, respectivamente, el 78,2% y el 49,7% del total. No siempre ha sido así. Si nos atenemos a los grados —por ser los estudios mayoritarios—, los datos indican que el número de matriculados ha descendido un 3,5% en las instituciones públicas entre los cursos 2016-2017 y 2023-2024, un periodo en el que el alumnado de la privada ha escalado un 61,1%. Hay, en cualquier caso, matices entre autonomías. Y tienen relación, claro, con el número de centros de cada una.

Vayamos primero a esto último. Madrid gana por goleada, en el peor sentido de la palabra, y destaca por encima de todas las demás autonomías con 13 universidades privadas, más del doble de las seis públicas. De todas ellas, siete se crearon en los últimos 25 años y en la región hay, además, otros dos proyectos encima de la mesa. Por detrás de la gobernada por Isabel Díaz Ayuso se encuentran, aunque lejos, Canarias, Andalucía y Cataluña, aunque sólo las dos primeras han experimentado un fenómeno de explosión de la privada similar al madrileño. Todos sus centros se han construido en el último cuarto de siglo y las islas tienen, de hecho, otro proyecto encima de la mesa. No hay por ahora ningún otro en marcha en Andalucía, y Cataluña tiene particularidades que merecen mención aparte.

¿Cómo se distribuye el alumnado entonces en Madrid, Andalucía y Canarias? O mejor dicho: ¿cómo ha cambiado esa distribución en los últimos años? Haciendo la misma comparativa que a nivel nacional —es decir, lo que ha ocurrido entre los cursos 2016-2017 y 2023-2024—, los estudiantes matriculados en la privada han crecido un 890,4% en Canarias, un 123,5% en Andalucía y un 63,2% en Madrid. En paralelo, los de la pública han descendido, respectivamente y en el mismo periodo, un 4,2%, un 3,4% y un 6%. Para hilar más fino, no obstante, merece la pena comparar cuánto representa el alumnado de las privadas respecto al total de universitarios. Y ese cálculo muestra que estudia en privadas el 14,6% en Canarias (hace casi una década lo hacía el 1,6%), el 2% en Andalucía (antes eran el 0,9%) y el 31,5% en Madrid (en 2016-2017 eran el 21%). En todas ha crecido.

Una vez situados los datos, ¿puede hablarse de factores comunes que los expliquen? Sí, y son varios. Para empezar, las tres autonomías están gobernadas por la derecha. Madrid y Andalucía, por el PP; Canarias, por una coalición entre los conservadores y Coalición Canaria. Destaca especialmente en cualquier caso la región que tiene a Juanma Moreno al frente: cuatro de las cinco universidades privadas andaluzas se crearon a partir de 2023. En concreto, dos ese año y dos el siguiente. Una está ubicada en Sevilla y otras tres, que todavía no han empezado su actividad, lo harán en Málaga. El conservador preside la Junta desde 2019.

Pero hay más. Las cifras que ofreció Morant en la entrevista con infoLibre hablan de diez proyectos de universidades privadas encima de la mesa. Pues bien, según ha sabido este periódico, tres se reparten entre Madrid y Canarias y los otros siete entre Extremadura (que plantea la apertura de tres), Illes Balears (una) y Aragón (con otros tres proyectos). Comunidades, todas ellas, también gobernadas por el PP.

Todos los expertos consultados coinciden en que esto es determinante. "La Comunidad de Madrid lo pone en bandeja", señala por ejemplo Francisco José Marcellán, profesor de la Carlos III y exmiembro de la comisión de acreditación de universidades Fundación Madri+d. "Hay una clara voluntad política e ideológica que contribuye a toda esta proliferación", añade Delia Langa, profesora titular en la Universidad de Jaén. Y para muestra, Málaga, donde el alcalde, denuncia Ana Jorge Alonso, profesora de la UMA, ha llegado a ceder suelo público a universidades privadas. Ha ocurrido recientemente con un terreno adjudicado a la Alfonso X El Sabio. El regidor malagueño, Francisco de la Torre, además, es claro y directo. Considera, sin ambages, un "acierto" el desembarco de estos centros en la ciudad.

"Las universidades privadas se están concentrando allí donde hay negocio y, sobre todo, en ciudades bien pobladas de comunidades proclives a aceptar estos desembarcos", diagnostica por su parte Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y Administración en la Universitat Pompeu Fabra.

Ahora bien, ¿por qué influye tanto el color político de quien controla el Gobierno? Porque esto determina dos cosas: que el sistema público generalmente no se cuida —al menos no de forma adecuada— y que se van a aprovechar todas y cada una de las rendijas que deje entornadas la norma de acreditación de los centros. Volvamos a Madrid.

La región aprobó a finales del año pasado unos presupuestos que establecen en 801 millones de euros la inversión para las universidades públicas, una cifra que en 2009, antes de los recortes, ascendía a 1.127. Es casi un 30% menos, según las cuentas que publicó el diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid Horacio Díez.

Los cálculos de infoLibre son parecidos. Según los datos oficiales recopilados por el desaparecido Observatorio del Sistema Universitario (OSU) y facilitados por la que era su directora, Vera Sacristán, la región gobernada por Ayuso invirtió en 2022 un 5,1% menos que antes de que los servicios públicos sufrieran lo peor de la crisis económica. En el caso de Canarias ese porcentaje se situó en el 1,9% y en el caso de la Comunitat Valenciana, en el 10,9%. Esta autonomía cuenta con cuatro universidades privadas.

"Madrid no permite que la pública amplíe plazas, tampoco mejoran la plantilla de profesores y, al final, lo que se consigue es que los estudiantes se matriculen en la privada", lamenta Marcellán. Enrique Díez Gutiérrez, profesor en la Universidad de León (donde hay otros cuatro centros privados), hace la misma comparación que Morant. Y la aplica a su autonomía y a todas las demás gobernadas por la derecha. "El proceso es bastante clásico: se adelgaza lo público, se genera una necesidad y, entonces, se promueve lo privado como única solución", explica.

En todo caso, el otro factor que mencionábamos también resulta determinante. Es, además, sobre el que ha puesto el foco el Gobierno. Se trata de la normativa que establece las condiciones por las cuales se autorizan y acreditan nuevos centros universitarios, un texto para el que el Gobierno aprobó una reforma hace apenas unos días. En concreto, lo que busca el Ejecutivo es endurecer los requisitos para cerrar esas rendijas por las que los gobiernos de derechas tratan de colar cualquier proyecto o iniciativa.

Hasta este momento —la reforma planteada ha entrado ahora en periodo de consulta— el decreto por el que se rige todo esto es el que en 2021 aprobó el que fuera ministro de Universidades hasta ese mismo año, Manuel Castells. Su objetivo, dijo entonces, era poner coto a los centros privados que actúan como "negocio", pero en ningún caso ser un obstáculo para aquellos "de calidad". En resumen: lo mismo que ahora pretende su sucesora, Diana Morant. "Vamos a asegurar que todo título que se expida en una universidad de nuestro país tenga la calidad que creemos que tenemos que garantizar", dijo en la entrevista que concedió a este periódico.

¿Cómo lo van a hacer? Pues básicamente convirtiendo en preceptivo y vinculante el informe previo que las agencias autonómicas o estatal emiten cuando se presenta cada proyecto. Hasta ahora no ocurre así. Si un examen de una universidad privada concreta determina que la iniciativa no es viable pero el Parlamento autonómico tiene una mayoría para aprobarla, el centro sale adelante. Por eso es muy importante el color del Gobierno. Según los datos del Ministerio de Morant, desde 2018 ha habido cuatro centros abiertos de esta manera. Precisamente en Canarias (Universidad de las Hespérides y Universidad Tecnológica de Canarias), en Madrid (Universidad del Diseño, Innovación y Tecnología) y en Andalucía (Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo).

Por su parte, otras seis universidades privadas con informe desfavorable de la Conferencia General de Política Universitaria esperan a que las cámaras autonómicas les den luz verde. Todas, de nuevo, en comunidades del PP: Universidad Internacional del Mediterráneo y Universidad Internacional de Estepona Antonia Guerrero, en Andalucía; Universidad Técnica del Mediterráneo, en Murcia; CESUGA International University, en Galicia; Universidad Abierta de Europa, en Madrid; y Universidad Internacional para el Desarrollo, en Extremadura. Con esta última, la región presidida ahora mismo por María Guardiola tendría, por primera vez, uno de estos centros.

Castilla-La Mancha sale de toda esta ecuación. Cataluña también. Pero hay un matiz entre ambas, y es que en esta última sí tiene presencia la universidad privada. En concreto, cinco centros que, sin embargo, no pueden enmarcarse dentro de ese boom que sí existe en el resto del territorio español. Lo explica el catedrático emérito de la Universitat Politècnica de Catalunya Albert Corominas. "Nuestro mapa es muy distinto, tanto por la composición como por las fechas", explica, desde el otro lado del teléfono.

¿Qué es lo que ocurre? Ninguna de las cinco universidades en manos privadas instaladas en Cataluña tiene afán de lucro. Tres, además, son confesionales: la Ramón Lllull, la Universitat Internacional de Catalunya y la Abat Oliva CEU. Las otras dos que componen el listado son la Universitat Oberta de Catalunya y la Universitat de Vic, ambas subvencionadas parcialmente con fondos públicos.

Ahora bien, ¿cuándo se crearon? Como recuerda Corominas, la más reciente es la Abat Oliva CEU, reconocida como universidad en 2003 aunque en funcionamiento como escuela desde 1973. Desde entonces, hace más de 20 años, ninguna más. "No hay nadie que tenga interés en que aparezcan nuevos competidores. Yo personalmente no recuerdo ningún intento de que algún fondo de inversión quisiera entrar en el mapa universitario catalán pero, si lo ha habido, no ha prosperado", detalla el experto. Y no prevé que lo haga. "El sistema está muy consolidado. No ocurrirá lo que está pasando en Canarias o en Madrid", sentencia.

Diana Morant (Gandía, Valencia, 1980) presume cada vez que puede de haber sido la primera universitaria de su familia. Sin embargo, sabe que desde que ella lo hizo hasta hoy el sistema ha cambiado completamente. Tanto, que como ministra de Ciencia, Innovación y Universidades se enfrenta a uno de los mayores retos con los que se ha encontrado la educación superior: el auge de la universidad privada al calor del cada vez más evidente deterioro de la pública. Pero eso no le frena, al contrario.

Descuelga el teléfono a infoLibre desde Valencia —también es la líder del PSPV— cuando han pasado poco más de 48 horas desde que el Gobierno diera luz verde a un nuevo Real Decreto para la creación de universidades privadas. El objetivo está claro: endurecer los requisitos y, sobre todo, hacerlos obligatorios. Se acabaron las recomendaciones. Y no porque el Ejecutivo tenga "una cruzada" contra la universidad privada, sino por el deber, explica, de garantizar que todo título universitario tenga un mínimo de calidad.

Cuando el presidente del Gobierno avanzó este lunes el nuevo decreto de acreditación de universidades habló sin tapujos de "chiringuitos". Al día siguiente, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, dijo que no era una cuestión de universidades públicas o privadas, sino de buenas o malas. ¿Qué se puede calificar de universidad mala o de "chiringuito"?

Hemos batido un récord en el número de estudiantes universitarios pero muchas universidades públicas todavía no se han recuperado de los recortes. En la última década el porcentaje de alumnos matriculados en la pública ha crecido sólo un 2%, pero en las universidades privadas lo ha hecho un 117%. Es decir, no hay suficiente oferta en la pública para que todo aquel que quiere estudiar tenga una plaza. En los últimos 25 años no se ha creado ni una sola universidad pública, pero se han abierto 26 privadas y tenemos sobre la mesa del Ministerio peticiones de otros diez centros más. En esa proliferación, muchas instituciones se han aprobado gracias a las comunidades autónomas pero con un informe desfavorable del Consejo de Política Universitaria. El gran cambio que introduce ahora el decreto es que esa evaluación será preceptiva y vinculante, de manera que vamos a asegurar que todo título que se expida en una universidad de nuestro país tenga la calidad que creemos que tenemos que garantizar.

Mencionaba que hay diez proyectos encima de la mesa. Según los datos de su Ministerio, desde 2018 se han aprobado otras cuatro universidades privadas con informes desfavorables del Ministerio. Todos han sido en comunidades del PP. ¿Ha sido la proliferación de estas universidades una cuestión ideológica?

El presidente del Gobierno anunció el lunes dos cosas: por un lado, el endurecimiento de los requisitos para la creación de universidades y, por otro, el aumento del 35% en la financiación de la única universidad pública estatal, la UNED. Nos gustaría que cundiera el ejemplo. Hemos visto que hay comunidades autónomas como Madrid, que sólo ha aumentado un 3% la financiación, que están asfixiando a la universidad pública, de manera que lo único que le queda es sobrevivir y conseguir pagar a final de mes. Cuando hay dificultades hasta para pagar la luz y el agua es que se ha maltratado el sistema, y un sistema quebrado es la mejor excusa para abrir la puerta a la privatización. Se dice entonces que esa oferta permite que el alumno elija en libertad, pero no es cierto, porque no hay suficientes plazas en la pública, y esa es siempre la primera opción para los estudiantes —porque son más prestigiosas— y para los profesores —porque ofrecen mejores condiciones—. Claramente ha habido una intencionalidad ideológica en hacer de la universidad un negocio.

Hay una clara correlación entre el auge de la privada y el deterioro de la pública.

Absoluta. Es una teoría probada científicamente también en muchos países latinoamericanos y en muchas comunidades autónomas. El gran ejemplo es lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid con la sanidad. Cuando asfixias económicamente lo que es de todos, le das una crisis reputacional al servicio. En ese momento, cuando pones en duda la calidad de lo público es cuando aparece, como alternativa, la privada.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, prevé aprobar una ley de universidades que garantice que no se tenga que aportar más del 70% del presupuesto de las universidades. ¿Le preocupa al Gobierno esta normativa?

Le preocupa al Gobierno y le preocupa a las universidades públicas. La obligación que tiene la Comunidad de Madrid con respecto a las universidades es garantizar su suficiencia financiera para que tengan autonomía universitaria y con ella puedan, por ejemplo, abrir titulaciones. El problema es que en vez de estar hablando de eso, Ayuso pone en práctica una asfixia que además estipula por ley, cosa que me parece de un descaro absoluto. Su modelo está clarísimo: está basado en una visión muy mercantilista de la universidad. A día de hoy, si quieres estudiar por ejemplo Medicina en Madrid, o tienes la mejor nota posible que te permita acceder o tu familia tiene que sacarse un crédito. Eso es obligar a la población a gastarse dinero en el sistema privado, porque no ofreces las plazas públicas que te corresponden por obligación. Cuando se dice que las comunidades autonómas son competentes en esta materia es porque reciben dinero de los ciudadanos y son ellas las que tienen que garantizar los servicios públicos.

¿Y qué papel tiene aquí el Estado? ¿Llega tarde este decreto? ¿Son ya demasiadas las universidades privadas como para revertir la situación?

No llegamos tarde. En 2021 ya se aprobó un Real Decreto que exigía unas condiciones que tenían que cumplir las universidades nuevas y a las que se tenían que adaptar las ya creadas en un plazo de cinco años. Lo que hemos hecho ahora es convertir esos criterios de calidad en vinculantes, porque hemos visto el descaro de algunas comunidades, que han seguido adelante con muchos proyectos a pesar de tener a toda la comunidad educativa espantada. Dicho esto, creo que también hay que situar el debate socialmente e identificar muy bien qué hacen nuestros políticos con nuestro dinero y qué está pasando con la universidad pública, sobre todo en Madrid, pero también en Andalucía, la Comunitat Valenciana o Canarias.

¿En qué lugar quedan ahora las universidades que ya están creadas? En el decreto se reduce ahora el plazo a tres años pero, ¿qué pasa si en ese tiempo no se adaptan a los nuevos requisitos? Muchas voces dudan de que las comunidades que ya dieron luz verde a los proyectos ahora los cierren.

Vivimos en un sistema en el que las normas que se aprueban, ya sea por el poder ejecutivo o por el legislativo, se cumplen. Por tanto, confío en que todo aquello que recoge una norma se cumpla. Ahora bien, el Gobierno estará vigilante y si las comunidades autónomas, que son las competentes, no cumplen, pues tomaremos medidas.

¿Se obligaría entonces a las comunidades a cerrar esos centros? ¿En qué lugar dejaría eso a los títulos ya expedidos o incluso a los estudiantes matriculados?

Habrá que estudiar cada uno de los casos. Al final, quien tiene que estar en el foco de nuestra prioridad es el alumno y la alumna que ha hecho un esfuerzo económico para sacarse un título. Lo que queremos es garantizar que esos títulos tengan la calidad cubierta, así que si observamos que una universidad no está trabajando con los criterios debidos no deberíamos seguir incurriendo en esa especie de fraude que se estaría perpretando. En ese caso las universidades dejarían de llamarse universidades y se llamarían de otra manera, al igual que los títulos no serían títulos universitarios. Ahora bien, el título que ya ha sido expedido no perdería su valor.

La derecha ha utilizado varios argumentos para cargar contra el decreto del Gobierno. Entre ellos, aludir a los altos cargos que han estudiado en universidades privadas. ¿Entiende que pueda interpretarse como una hipocresía?

El Partido Popular, como siempre, intenta distorsionar y simplificar el debate. Esto no es una batalla del Gobierno de España contra la universidad privada. Es más, en todo caso sería una batalla de la universidad pública y privada de prestigio contra las universidades privadas de baja calidad. Eso ha quedado clarísimo en el comunicado que este jueves sacó la CRUE, donde están representadas 77 universidades, 26 de las cuales son privadas. Lo que ha dicho básicamente el organismo es que está rotundamente en contra de que se creen universidades con el informe desfavorable del Consejo de Política Universitaria. No hay ninguna cruzada, lo que pasa es que hay que garantizar que quien se gasta un dinero tenga un título con garantías.

Una de las novedades introducidas ahora por el decreto es que las universidades tienen que proporcionar alojamiento para el 10% de sus plazas. ¿Por qué introducir esta medida?

Cualquier comunidad universitaria necesita unos servicios públicos que ofrecer y la vivienda es uno de los que tienen que estar cubiertos. El foco lo ponemos en las privadas porque sólo se crean privadas desde hace años, pero en realidad estamos hablando también de las públicas. Es decir, cualquier institución que se implante tiene que tener un proyecto habitacional que cubra al menos al 10% de la población matriculada. A día de hoy a nadie se le escapa que tenemos un problema de vivienda y un colectivo que lo sufre especialmente es la juventud.

¿La proliferación de la universidad privada también provoca que se incremente el precio de la vivienda?

Sí. Desde Universidades hicimos un trabajo con el Ministerio de Vivienda y el de Economía y hace meses hicimos una propuesta de movilización de suelo público para la construcción de residencias asociadas a universidades que dieran servicio a toda la comunidad educativa, es decir, no sólo al alumnado sino también al profesorado. Hemos detectado el problema de que los propietarios, por la ley de la oferta y la demanda, tienen posibilidad de alquilar un piso por habitaciones sacando más rentabilidad. Al final eso establece también una competencia desleal entre colectivos diferentes que deberían tener una garantía de alojamiento.

Más allá de la calidad de la universidad se ha criticado mucho quiénes están detrás. Hay ya muchos fondos de inversión que controlan algunos de estos centros. ¿Es eso un peligro añadido?

Refuerza la idea de que hay una visión de negocio en torno a algo que para el Gobierno es un bien público. La educación superior no es un bien de mercado y por eso no se puede construir una universidad simplemente bajo valores mercantilistas. El 70% de la investigación que se hace en nuestro país se hace en la universidad, pero es que dentro de ese 70%, el 90% lo aporta la universidad pública. Por eso hemos endurecido también algo que ya introdujimos en 2021, cuando se estipuló que había que dedicar el 5% del presupuesto a esta área. Ahora pedimos que haya otro 2% que proceda de concurrencia competitiva. Es decir, que igual que hay investigadores dando clase en la pública, que los haya en la privada.

Siempre se ha defendido la universidad pública como un ascensor social. ¿Cree que esto sigue siendo así o se está averiando?

Se está averiando. El Gobierno ha hecho el mayor esfuerzo de la historia en becas, destinando 1.000 millones más, y también ha trabajado para que la matrícula esté en mínimos, pero aun así sabemos que la falta de plazas no garantiza oportunidades. La gente ya no elige con libertad, sino que se ve abocada a irse a la privada. Es decir, estamos provocando que los estudios dependan de los recursos familiares.

Carlos Mazón sigue presidiendo la Comunitat Valenciana y una moción de censura no podría cambiar esa situación. Usted ha dicho recientemente que la solución es el adelanto electoral pero, mientras llega o no, ¿qué va a hacer su partido?

Vamos a seguir haciendo una oposición de denuncia a este nuevo pacto —que hemos denominado "del ventorro"— entre PP y Vox. Es más repugnante que el primero, contiene recortes de los derechos de las mujeres, recorte de los derechos a la diversidad, recortes a la memoria. Nos queda la denuncia y la construcción de una alternativa. A día de hoy, la mayoría de la calle —que es solidaria, integradora y busca proteger a las mujeres— no está representada en Les Corts. Puede que ganen las votaciones y saquen sus presupuestos y que Mazón siga de president, pero hay una alternativa mayoritaria que les espera con un proyecto de progreso, no de retroceso. Necesitamos unas elecciones.

¿Le preocupa el clima político que se ha generado en la Comunitat, en la que incluso ha habido un detenido por amenazar de muerte al president?

Claro que nos preocupa, por eso no practicamos nunca los discursos de odio. En política y en la vida hay efectos boomerang. Yo he escuchado al presidente Mazón decir que Sánchez era un cobarde después de haber sufrido una agresión en Paiporta, y ahora él y su equipo nos piden a todos que bajemos el grado de crispación porque se siente amenazado. Creo que hay un problema de degradación de las instituciones y a mí siempre me gusta decir que no ha fallado la política ni la institución de la Generalitat Valenciana ni sus servidores públicos, sino ellos. Por eso la solución es que se vayan.

Tras el frenazo, la educación concertada vuelve a acelerar. Y con fuerza. Tanta, que ha vuelto a marcar un récord de financiación por parte del Estado, rozando ya los 8.000 millones de euros en 2023, un 5% más que un año antes. Así se desprende de la última Estadística de Gasto Público en Educación publicada por el Ministerio, que revela que, en el mismo periodo, la pública creció apenas dos puntos más: un 7%. Exactamente el mismo porcentaje que entre 2021 y 2022, el plazo en el que la concertada sólo vio sus fondos aumentar un 1%. Mucho menos que ahora.

La financiación pública a la escuela concertada nunca ha disminuido. Es más, tampoco se ha estancado. Como mucho se ha reajustado, según se desprende del análisis de los datos, que muestran que en 2021 los fondos que recibió esta red fueron un 6% superiores a los que hubo el año anterior. Dicho de otro modo: la red de la escuela privada sostenida con fondos públicos experimentó un gran incremento justo después de la pandemia para, entre 2021 y 2022, ver un freno en las transferencias por parte del Estado. Un hecho que ahora, de nuevo, vuelve a cambiar. Y que ocurre además a pesar de los negativos augurios que aventuraban que la entrada en vigor de la ley Celaá —de la que el pasado mes de enero se cumplieron cuatro años— amenazaría con hacer desaparecer al sector.

Jesús Múñoz de Priego, creador de la plataforma Más Plurales, llegó a asegurar por ejemplo que el texto conducía "hacia el dominio sistemático del Estado, dotando a las Administraciones de facultades cada vez más amplias en detrimento de las familias". "Se inventa un derecho a la educación pública y la enfrenta al modelo de educación concertada, devalúa la enseñanza de la asignatura de Religión y acentúa aún más el papel intrusivo del Estado en la educación de nuestro país en detrimento de las libertades públicas", añadió. Lo que ocurre es que los datos lo desmienten.

El detalle de la Estadística publicada el viernes por el departamento de Pilar Alegría recoge que lo que el Estado destina a educación —tanto universitaria como no universitaria— asciende a 67.937 millones de euros, de los cuales 60.054 van a parar a la red pública y 7.883 a la privada sostenida con fondos públicos. Todas esas cifras son récord, y de hecho en cuanto a la educación pública supone la constatación de que lo que se destina a la escuela se ha recuperado plenamente de la crisis económica. Hasta 2020, era 2009 el año en el que más había invertido en ella el Estado. Desde entonces todo han sido incrementos.

Ahora bien, la velocidad a la que ambas redes salieron del periodo de recortes no ha sido, ni mucho menos, la misma. "El que sufrió la pública durante la crisis fue muchísimo más grande que el que soportó la concertada", confirma Daniel Turienzo, maestro y doctor en Educación. Justo antes de la Gran Recesión, el gasto público educativo se situaba en 53.895 millones, de los cuales algo más de 48.000 iban a parar a la pública y 5.900 a la concertada. Desde entonces hubo cinco años seguidos —entre 2010 y 2014— de caídas globales de la inversión. La primera lo hizo un 18,7% y la segunda un 2%. Además, en 2014 la concertada ya empezó a recuperarse, mientras que la pública tuvo que esperar un año más para hacerlo. Entonces la concertada suponía un 12,9% de todo lo destinado a la educación; hoy es un 11,6%.

Pero hay un último dato que menciona Turienzo y que resulta revelador: en los últimos 25 años la inversión en la escuela pública ha crecido un 136%, mientras que la de la concertada lo ha hecho un 169%.

El incremento de la financiación de la red concertada, mayoritariamente en manos de la Iglesia, supone un 5% más de fondos que en 2022 y, además, un incemento cuatro puntos superior al anterior, acercando el montante destinado a los 8.000 millones de euros. La barrera de los 7.000 se superó apenas tres años antes, en pleno 2020, cuando la red pública, por su parte, recibió 48.198 millones por parte del Estado. Ahora bien, ¿cómo pueden explicarse estas cifras? ¿Por qué el aumento de la privada sostenida con fondos públicos ha resultado tan exponencial?

Turienzo sitúa la explicación en dos cuestiones: una demográfica y otra política. La primera, explica, tiene que ver con la caída de la natalidad, que afecta sobre todo a la escuela completamente pública porque, al contrario que la concertada, reajusta laoferta a la demanda cada año. "Es esta enseñanza la que cubre toda la España rural y la que, por tanto, ha experimentado mayor caída en el alumnado", sostiene.

Según los datos oficiales también publicados por el Ministerio de Educación, las unidades de Primaria en la pública han crecido un 0,6% en una década, el mismo periodo que en la privada —la estadística no distingue entre la que es concertada y la que no— se han incrementado un 3%. Si observamos lo sucedido en la Educación Infantil, la más afectada por este fenómeno, la estadística revela que entre la pandemia y el curso 2023-2024 las unidades públicas han disminuido un 1,5%, mientras que en la privada han crecido prácticamente lo mismo: un 1,2%. "Los conciertos no se redimensionan hasta que no se renuevan, así que si hay pocos niños y niñas pueden incluso cerrarse aulas públicas y redirigirse a las privadas", continúa el experto. Tanto es así, completa, que en algunos barrios o localidades de comunidades como el País Vasco ya sólo existe oferta para este último modelo.

La segunda explicación, la política, depende por su parte de lo que ocurre en cada comunidad. "En muchas autonomías existe una postura de defensa de esta red", señala Turienzo. Si se analiza la Estadística del Ministerio se comprueba que son Aragón, País Vasco, Castilla y León y Murcia los lugares donde más se destinó a la educación concertada.

Turienzo y otros muchos expertos alertan en cualquier caso de los efectos negativos que tiene que la concertada gane tanto terreno. Más que nada porque las pruebas muestran que es un sistema profundamente segregador. Y generador por tanto de desigualdad. En primer lugar, porque cobra a las familias cuotas que prohíbe la ley y que suponen, de facto, una selección del alumnado con mayor poder adquisitivo. Según la novena edición del Estudio de cuotas y precios de colegios concertados del curso 2023-2024 publicado por la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), el 79,4% de todos los colegios privados sostenidos por el Estado continúa haciéndolo obteniendo, en algunos casos, 510 euros al mes por cada estudiante.

Pero no sólo segregan con esa fórmula. Un estudio publicado por la Fundació Bofill afirmó que, "en algunos casos, las escuelas concertadas informan de un menor número de plazas de las que disponen realmente, priorizan solicitudes sin seguir los criterios establecidos, o informan a algunas familias de que no tienen plazas y les sugieren solicitarlas en otra escuela". Es decir, la concertada ni es gratuita ni para todos.

Y es más, tampoco ha dejado fuera de sus aulas a la religión. Según los datos de la Conferencia Episcopal, la Iglesia tiene 2.536 centros católicos, de los cuales 2.402 (el 94,7%) son concertados. La plataforma Escuelas Católicas informa de que aglutinan ya al 57% de los matriculados en la red.

Cuando una idea se instala en el imaginario colectivo es complicado hacerla desaparecer. Si pudiésemos ver fotografías del pensamiento, quizás comprobaríamos que la imagen que se genera cuando se piensa en una universidad es muy diferente a la que se dibuja cuando se le añade el adjetivo "privada". Sin embargo, la proliferación de esta última está siendo tan elevada y tan rápida que ya resulta prácticamente imposible meter a todos estos centros en el mismo saco. Al menos, si nos atenemos al terreno curricular. El universo de la universidad privada hace mucho que ya no se limita a las clásicas escuelas de negocios. Su auge y expansión les ha hecho diversificar su oferta aunque, eso sí, la sigan dirigiendo al mismo tipo de estudiante.

En el año 2021 varios investigadores de la Universitat de Barcelona lo resumieron perfectamente en un artículo titulado La estratificación horizontal del sistema universitario catalán: el papel de la universidad privada. En él, Helena Troiano, Albert Sánchez-Gelabert y Marina Elias comparaban la jerarquía social con el sistema educativo. Es decir, que del mismo modo que la sociedad se divide en clases, las etapas educativas también se podrían organizar en distintos escalones en los que en el último, el más alto, estaría situada la universidad. La idea era que la unión entre ambos mundos fuera paralela, horizontal. "A medida que cada etapa educativa se expande, es ocupada primero por las clases sociales más aventajadas, pero cuando el acceso llega a un punto de saturación en esas etapas, comienzan a ingresar las clases más bajas", explica el artículo.

¿Qué pasa entonces? "Que las clases privilegiadas buscan nuevas formas de diferenciarse" utilizando, esta vez, la estratificación horizontal, no la vertical. "Comienza entonces a hablarse de otro tipo de prestigio, uno que diferencia entre ramas de conocimiento, entre universidades antiguas y modernas y, también, entre públicas y privadas", explica la autora principal de ese artículo, Helena Troiano, en conversación con infoLibre.

Pero las subdivisiones no terminan ahí. "Hay otra clasificación que distingue entre universidades privadas de élite, de semi élite y de absorción de la demanda", continúa la experta. Y son estas las que están proliferando. Más que nada porque las primeras tan sólo existen en Estados Unidos y en algunos países latinoamericanos, enumera. En España puede comprobarse esta afirmación si se analizan los ránkings internacionales —y se obvian las críticas que levantan entre muchos expertos. Por ejemplo, en la última edición del de Shanghái, el más famoso y prestigioso, tan sólo aparece un centro privado entre otros 35 públicos. "La universidad privada lo ha tenido muy complicado para situarse en la élite porque pervive la idea de que la universidad es un servicio público", argumenta Troiano.

Jaume Martínez Bonafé, profesor titular jubilado de la Universitat de València, realiza una distinción parecida. "Ha habido una transformación de la figura del estudiante. El que acude a la pública es un ciudadano comprometido con su formación pero el que acude a la privada no es más que un cliente con capacidad de exigir porque paga por estar allí", reflexiona, desde el otro lado del teléfono.

Sin embargo, hay un tipo de universidad privada que ha seguido otro camino diferente. Y que no le ha costado tanto ganarse cierto prestigio. No sólo en España, además, sino también en el resto de Europa. "Las escuelas de negocios han sido la única excepción", relata Troiano. Tanto es así, que los grados de adminsitración y dirección de empresas (ADE) son los preferidos del alumnado de la privada. Según los datos oficiales del Ministerio de Universidades correspondientes al curso 2023-2024, estas carreras imparten clase a 39.315 estudiantes, un 13% del total de alumnado. Mientras tanto, las públicas lo hacen en cambio a 98.462 personas, un 9%. Allí son las ingenierías las titulaciones predilectas: suman ya 123.960 matrículas, un 11,5%.

¿Y ha sido siempre así? Sí. Durante el curso 2015-2016, el primero de la serie histórica que se recoge en la web del departamento de Diana Morant, había 21.700 matriculados en ADE, entonces un 12% del total y un 81% menos que ahora. Era también entonces la carrera favorita de los matriculados de la privada.

No sólo lo expresaban con los números, sino también con las palabras. Según el artículo que firmó Troiano hace ahora cuatro años, son los propios estudiantes —en este caso catalanes, puesto que fueron los que respondieron a la encuesta lanzada por los investigadores— los que posicionan a las escuelas de negocios como los mejores centros para estudiar educación superiores. Los preferidos, en parte, porque tenían años de bagaje, precisamente algo de lo que no podían presumir buena parte de las universidades privadas que a principios de los 2000, recuerda Troiano, empezaron a ofertar titulaciones relacionadas con las ciencias de la salud.

Es ahora cuando las cifras muestran la importancia de esta rama de conocimiento dentro de la privada. Si volvemos a las estadísticas de Universidades, los grados que entran dentro de la categoría "otras ciencias de la salud" y Psicología son las otras dos titulaciones con más matriculados, por detrás de ADE. En concreto, la primera aglutina ya a 30.554 personas y la segunda a 29.020.

Dentro del primer área, además, Medicina se ha convertido en el nicho definitivo para la privada, que ya aglutina al 20,5% del total de sus estudiantes. En concreto, en el curso 2023-2024 había 44.666 matriculados en ese grado en facultades de toda España, y de ellos 35.467 lo estaban en campús públicos y 9.199 en privados. Pero es que si echamos la vista atrás hasta el primer curso recogido en esa estadística, el 2015-1016, observamos que de los 43.353 que estudiaban Medicina entonces, un total de 36.395 lo hacía en la pública y 6.958 lo hacía en la privada. Suponían entonces un 16%.

Si analizamos también el número de matriculados en titulaciones de máster, las ciencias de la salud ocupan el tercer lugar, por detrás precisamente de ADE y de "formación de personal docente y ciencias de la educación". Entre los estudiantes de doctorado, en cambio, se lleva la palma. De todos los que tiene, el 22,5% estudian esa rama.

En cualquier caso, cuando Troiano lanzó la pregunta a los matriculados en las universidades privadas, estos no respondieron que eran las escuelas de negocios lo que más prestigio tenían sólo por los años de experiencia. La posibilidad que a su juicio ofrecen para "encontrar un buen trabajo" también fue determinante en su respuesta. Y no de manera casual. Según explican los expertos consultados, la vinculación entre la universidad privada y la empresa es evidente. Sólo con el término "escuela de negocios" ya se adivina. E influye, además, en quién acude.

"Se vinculan mucho al mundo laboral porque al final son los hijos de los grandes empresarios los que acuden a estas universidades", lanza Troiano. Según un informe del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el porcentaje de alumnos de las privadas con progenitores con ocupaciones altas se sitúa en el 60%, un porcentaje que en las públicas se reduce hasta el 40%. El precio de matrícula, aquí, es determinante. "Puede llegar a triplicar el de las públicas", señala Cynthia Martínez-Garrido, profesora de Métodos de Investigación en Educación en la Universidad Autónoma de Madrid.

Sin embargo, tanto ella como Troiano coinciden en que su ambición ya es otra. No es ser el nicho de las nuevas generaciones de empresarios. Ni de los hijos e hijas de quienes tienen las ocupaciones más altas. El objetivo es conseguir atrapar toda esa demanda que no acude a la pública. Y Martínez-Garrido cree que aquí hay una "población diana" clara: "Funcionan como una empresa, así que su objetivo final es recoger toda esa población que la pública no recoge. Fundamentalmente, todos aquellos que trabajan o tienen familia y necesitan conciliar el estudio con todo lo demás", explica la profesora.

Por eso la educación a distancia está siendo una de sus grandes apuestas. Sobre todo en lo relativo a los máster. "Quienes deciden estudiar ese modelo no lo hacen por la calidad de la educación, sino porque eso les permite estudiar en el horario que sea", continúa la experta, que destaca por ello que la pública debe "dar el salto" y "orientarse cada vez más a los estudios online".

No es ilegal ni tampoco contraviene ninguna normativa. En España, dar luz verde a una universidad privada que no cumple con todos los requisitos que marca la ley no sólo es posible, sino también frecuente. Ha pasado, al menos, con centros que se han abierto recientemente en Andalucía, en Canarias y en la Comunidad de Madrid. Y en esta última no sólo con informes emitidos por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, sino también con otros publicados por otro tipo de organismos como la Fundación para el Conocimiento Madri+d. En ocasiones han sido evaluaciones directamente desfavorables; en otras, favorables a pesar de las "dudas" sobre los proyectos y de requerir ciertas modificaciones. Y muchas veces por lo que los expertos critican: la falta de investigación, una de las tareas fundamentales que debe cumplir una universidad. Al menos, en teoría.

La propia Consejería de Emilio Viciana defiende que el sistema permite que se den todos esos escenarios. Según recuerda el departamento en declaraciones a infoLibre, "la apertura de una nueva universidad en la región solo se produce cuando así se aprueba por Ley en la Asamblea de Madrid". Por eso precisamente la privada ha logrado multiplicarse tanto en tan poco tiempo: porque es el PP el que tiene la mayoría absoluta en el Parlamento.

El fenómeno ha ocurrido en toda España —donde en el último cuarto de siglo se abrieron 25 nuevas universidades privadas, alcanzando ya la cifra global de 41, frente a 50 públicas—, pero es que Madrid es el paradigma. La región tiene seis universidades públicas y planea ya la apertura de la que será la décimocuarta privada, la Universidad Abierta de Europa. Según dijo la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el objetivo de su Ejecutivo es convertir Madrid en "la capital de los estudios superiores en español". Y no importa que la pública no entre en ese proyecto ni que el próximo centro privado tenga la oposición, en primer lugar, del propio departamento que dirige Diana Morant.

La Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) ya criticó en su día que la Universidad Abierta de Europa "no dispone de un proyecto de investigación propio" y ni siquiera "concreta algunas cuestiones importantes tales como la colaboración con sectores productivos". Además, "falta información sobre los títulos propios", "se desconoce el número de alumnos" y de plantilla y tampoco están acreditados "los espacios y las infraestructuras para llevar a cabo la actividad investigadora". Hay, sentencia el organismo, "numerosas lagunas y deficiencias" que desaconsejan la apertura. Pero la Comunidad ha hecho caso omiso y ha seguido adelante con el trámite.

Para el diputado del PSOE Horacio Díez este es tan sólo un ejemplo más de que la Comunidad "regala autorizaciones de apertura" a centros de dudosa calidad. "Una educación superior de excelencia exige rigor, regulación y anteponer la formación al negocio", señala en conversación con este periódico. Juan Ignacio Varela-Portas, parlamentario de Más Madrid, también criticó la "acción perversa" de la Consejería de Educación. Y él lo hizo durante una sesión parlamentaria en la que el propio Emilio Viciana defendió que son completamente "exigentes". "Pedimos informe a la SGT [Secretaría General Técnica], pedimos informe a Infraestructura... Y nos aseguramos de que se cumplen todos los requisitos de solvencia", aseguró.

Sin embargo, el proceso que ha seguido la Universidad Abierta de Europa lo contradice. Y no sólo ese. Según una respuesta escrita del Gobierno a través del Congreso de los Diputados, de las nueve universidades privadas abiertas entre 2020 y 2024, tres habían sido suspensas por el Ministerio de Universidades. La madrileña Universidad de Innovación, Diseño y Tecnología (UDIT) era una de ellas.

infoLibre ha preguntado en este sentido a la Consejería cuántas universidades privadas han abierto sus puertas con alguno de los informes previos en contra. Y con cuál, o cuáles, había ocurrido. Pero sus fuentes se limitaron a recordar que los exámenes "son solo valorativos y, por tanto, no vinculantes".

Se refería el departamento en su respuesta a los que emite la Fundación para el Conocimiento Madri+d, "que se refieren a cuestiones como infraestructuras, profesorado o titulaciones y tienen en cuenta las exigencias a incorporar en el convenio de adscripción de los centros a las universidades, tal y como se recoge en el artículo 13 del Real Decreto 640/2021". Pero el argumento se puede ampliar también a los que emite el Ministerio. Según las mismas fuentes, los "aspectos a mejorar no invalidan el conjunto del proyecto". Aunque sí dejan en entredicho, entiende la oposición, la calidad del centro.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de informes en contra? Como dijo el propio Viciana en la Asamblea, hay cuatro evaluaciones que siempre se solicitan cuando arranca un nuevo proyecto. Así aparece al menos en las Memorias de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) de varios de los centros ya en funcionamiento analizadas por infoLibre. El primer examen es el que lleva a cabo la Conferencia General de Política Universitaria dependiente del Ministerio de Diana Morant. Y es este organismo el que fue tan duro con la Universidad Abierta de Europa. Y el que también lo fue con el centro Villanueva, un proyecto cuyo proceso de apertura se extendió entre 2016 y 2020.

En concreto, y según se puede comprobar en su MAIN, el Gobierno estimó que la memoria del proyecto arrojaba "dudas sobre el porcentaje de doctores acreditados", una "posible falta de espacios docentes para el número de alumnos" y falta de "garantías que aseguren la financiación económica". Por eso la evaluación fue desfavorable, aunque fuentes del centro aseguran a preguntas de infoLibre que se remitieron "todas las alegaciones que fueron precisas, respondiendo con solvencia a las cuestiones planteadas hasta recibir la aprobación final de los órganos competentes".

Según se defienden de las críticas, lo importante es que exista "calidad" en la educación superior, no un "modelo de gestión o propiedad". Por eso, aseguran las mismas fuentes, "cualquier medida que ayude a impulsar una educación universitaria de calidad, tanto de iniciativa estatal como privada, es positiva". "Aplaudimos cualquier proyecto legislativo que contribuya a este fin y a la necesaria autonomía de cada centro para ofrecer los conocimientos que demanda la comunidad a la que sirve", sentencian.

La UDIT tuvo un reocrrido muy similar. En su caso, el organismo ministerial consideró "insuficiente la dedicación media del profesorado a la investigación" y que no se estaba aplicando "correctamente el cálculo" para que el 60% de los profesores doctores estuvieran contratados a tiempo completo. Además, se apreciaron "discrepancias" en las distintas menciones a los espacios e infraestructuras que tendría el centro. Su rector, Juan Cayón, aseguró a infoLibre que todo fue subsanado, pero que una vez emitido un primer informe, no se llega a emitir un segundo. Lo recoge también el documento: "Una vez que dicho órgano ha hecho un pronunciamiento sobre el reconocimiento de la citada Universidad, no procede la elaboración de un nuevo informe". En ese momento ya es la Comunidad la que valora. Y esta respondió favorablemente a todos los puntos que el Ministerio había criticado.

infoLibre ha tratado de acceder a los informes completos del Ministerio, pero no ha sido posible. La Fundación para el Conocimiento Madri+d, en cambio, sí habilita su consulta a través de su página web. Y ahí se comprueba que algunos centros han tenido hasta tres evaluaciones y que en muchas ocasiones el llamado "informe final" también ha incluido dudas o aspectos a mejorar que, como señala la Consejería, no han sido impedimento para la aprobación definitiva de determinados proyectos.

ESIC por ejemplo tan sólo fue sometida a un examen. O al menos tan sólo consta un informe de Madri+d. Con fecha 14 de marzo de 2017, el organismo criticó que el plan de titulaciones y su calendario de implantación no era adecuado y que resultaba complicado "evaluar adecuadamente el plan de desarrollo [...] propuesto". Tampoco se cumplía "la ratio exigida de tener al menos un 50% de doctores en titulaciones de grado y un 70% en títulos de máster" y la "información aportada sobre el personal de apoyo no resulta específica". Es decir, "la información aportada por el centro" no fue "adecuada, ni para evaluar su plan de desarrollo de titulaciones, ni la adecuación de los recursos docentes a la misma". Aun así, la Asamblea dio luz verde al proyecto dos años después.

Ramón Arilla, el rector del centro, responde además a preguntas de este periódico que esas valoraciones negativas no fueron más que "un estímulo para continuar mejorando". "Nuestro compromiso es mantener y elevar la calidad educativa, fomentando la innovación y el rigor en todas nuestras áreas, incluida la investigación. Por ello, hemos obtenido 8 proyectos internacionales de investigación en los últimos 3 años", defiende.

Parecido fue lo que ocurrió con CUNEF. En su caso constan dos informes, uno emitido en 2017 y otro publicado cuatro años después, en 2021. En este, en el final, se concluye que la evaluación es favorable a pesar de que se observaron "carencias" sobre la programación relativa a la investigación, una crítica que también realizó en el primer examen, en el que el organismo lamentó que aunque la universidad "acredita un proyecto investigador realizable, debería evidenciarse una mayor implicación de los profesores" en esa tarea, "tanto desde el punto de vista de su participación en proyectos de investigación como en la evaluación positiva de su actividad en este ámbito".

Más duro fue Madri+d en el caso de la Universidad Internacional de la Empresa (UNIE), a la que se achacó en el informe final emitido en 2019 no ofrecer "información acerca del perfil del profesorado". En concreto, el documento criticó que "ni siquiera se aclara si [los docentes] son doctores o no" y tampoco "se explica qué asignaturas van a impartir". El número de profesionales, que tampoco estaba claro, también generó confusión. "Se añaden algunos profesores a tiempo parcial en los cuadros facilitados, pero sigue siendo insuficiente [...]. Teniendo en cuenta que las asignaturas son cuatrimestrales, y que en cada cuatrimestre habrá cuatro o cinco por lo menos, se trata de 8 o 10 asignaturas, que parece complicado que puedan ser atendidas entre 3 o 4 profesores", lamentó Madri+d. "En fin, se trata de una planificación deficiente y con muy poco nivel de detalle", se concluyó. Sólo un año después, la Asamblea lo aprobó.

La oposición trata ahora de poner coto a todo esto. Es decir, de garantizar que el incumplimiento de las garantías de calidad impidan que estos centros puedan comenzar su actividad. En este sentido, Más Madrid ya presentó una Proposición No de Ley para que los informes técnicos sean vinculantes e impidan que el Parlamento dé vía libre a una universidad con una valoración negativa. "Madrid ya tiene más del doble de universidades privadas que públicas, y hay cinco nuevos procesos de acreditación en marcha. No podemos permitir que Madrid se convierta en un mercado de títulos universitarios donde el único requisito sea poder pagarlos", declaró la portavoz de la formación, Manuela Bergerot.

Por su parte, Díez informa que el PSOE propone "una moratoria en la creación de nuevas universidades privadas y de centros extranjeros autorizados en la Comunidad de Madrid". Es decir, que se mantengan los que están, pero que no se abran otros nuevos. Al menos, no hasta que cumplan con los requisitos, que también pide aumentar. En este sentido, el Gobierno, desde hace meses, ya trabaja en la modificación del Real Decreto 640/2021 que estipula las exigencias para nuevos centros universitarios.

El 9 de marzo de 2023 el Congreso de los Diputados aprobaba definitivamente la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Lo hacía con 182 votos a favor (PSOE, Podemos, ERC, PNV, Más País y Compromis), 157 en contra (PP, Vox, Cs, BNG, UPN, CUP y Foro Asturias), 8 abstenciones (EH Bildu y Junts) y un objetivo por bandera: fortalecer la universidad como "fuente de conocimiento, de bienestar material, de justicia social, de inclusión, de oportunidades y de libertad cultural". ¿Cómo? Asegurando que la institución cumple con los tres pilares fundamentales de su existencia: la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento. Las que son, señala la ley, "funciones centrales de su actividad". Ahora bien, ¿son también condiciones sine qua non que hacen de una universidad una institución de calidad? ¿Qué significa exactamente ese concepto?

"Depende de a quién le preguntes", dice, tajante, el profesor de Educación en la Universidad de León Enrique Díez Gutiérrez. Su respuesta, por ejemplo, es que no se puede hablar de "buena universidad" si no existen esas "tres misiones fundamentales". La de un defensor de la universidad privada como es Juan Cayón, rector de la recién creada Universidad de Diseño, Tecnología e Innovación (UDIT), en cambio, introduce la cuestión de la "empleabilidad" de los estudiantes egresados. Es decir, que un centro cuyos titulados obtienen un trabajo antes y con mejor remuneración es mejor que otro en el que eso no ocurre. "Es una cuestión ideológica", opina Díez Gutiérrez.

El debate no surge de la nada. Ha aparecido en las bocas de muchos defensores de la universidad pública que miran con preocupación la proliferación de universidades privadas en España. No es para menos. Son ya 41, 25 de las cuales se crearon en el último cuarto de siglo. Es decir, afloran a un ritmo de una al año. Y se están expandiendo ya en comunidades donde hasta ahora no tenían presencia (como Extremadura) o donde ésta era muy residual (como Andalucía). Lo hacen al calor de los gobiernos de derechas y de los parlamentos controlados por ella, que en muchas ocasiones pasan por alto los informes técnicos que desaconsejan su creación y autorizan, con los ojos cerrados, un nuevo centro. Según los datos ofrecidos por el Gobierno en una respuesta escrita dada a través del Congreso de los Diputados, de las nueve universidades privadas abiertas entre 2020 y 2024, tres abrieron sus puertas con valoraciones en contra.

¿Sginifica eso que no tienen suficiente calidad? Lo que miden esos informes son, realmente, activos. Es decir, elementos tangibles como el número de docentes, el porcentaje de presupuesto que se va a dedicar a investigación, las titulaciones que se imparten o la infraestructura de la que se dispone. Algo así como un proyecto universitario palpable. El cómo funciona se evalúa después, y esa es la labor de los ránkings universitarios.

No son pocos, aunque los más conocidos son tan sólo tres: el ránking Shangái —o ARWU, por sus siglas en inglés—, el QS o el Times Higher Education. En la última edición del primero se colaron 36 universidades españolas entre las 1.000 mejores del mundo, dos menos que un año antes. La Universitat de Barcelona fue la mejor calificada de nuestro país pero, ¿por qué? ¿En qué se basa?

Según la metodología que explica el propio ránking, la evaluación puntúa en función de cuatro indicadores básicos: la calidad de la educación (medida por antiguos alumnos ganadores de premios Nobel u otros galardones), la calidad del profesorado (medido de la misma manera), los resultados de la investigación (es decir, número de artículos publicados en Nature o Science) y el rendimiento per cápita. "Es puramente cuantitativo porque es la única manera de poder comparar una universidad norteamericana con una de Andalucía, por ejemplo", explica Díez Gutiérrez. Y ahí está el problema.

Para el experto, este tipo de exámenes internacionales no sólo son "inútiles y absolutamente negativos", sino que además son herramientas que "distorsionan la filosofía y el planteamiento de la universidad". Básicamente porque, explica, en lugar de fomentar la cooperación fomentan la competitividad, que es "lo contrario al conocimiento científico". Pero no sólo por eso. Todos están realizados en último término por una empresa privada con sus propios intereses y ninguno tiene criterios plenamente fiables. El de Shangái, sin ir más lejos, cae en errores garrafales, a juicio de este profesor.

Uno de ellos es el que valora el número de artículos publicados en revistas científicas. Primero porque, señala, muchas las compran. Y segundo porque eso deriva en que los docentes inviertan más horas en esa producción que en la docencia pura. Así lo critica Carmen Rodríguez Martínez, profesora titular de la Universidad de Málaga. "Ha llegado un momento en el que lo más importante son los artículos científicos que se publican. Muchos docentes producen sin parar, hasta sin un proyecto claro y definido, porque eso les da acreditaciones" y eso permite subir de categoría, lo que redunda también en una mejor posición en esos ránking internacionales. "Además, como no nos dan más tiempo, eso provoca que se contrate a becarios o a ayudantes para dar clase, lo que incrementa la precariedad", lamenta la profesora.

Por otro lado, este sistema convierte la contratación universitaria en una especie de "mercado de fichajes", continúa Díez Gutiérrez. "En lugar de a investigación, muchos fondos de las universidades se destinan a poder contratar a premios Nobel o a científicos reconocidos", lamenta. Y en el mismo sentido, y en cuanto al criterio que examina la dedicación de los egresados, el sistema empieza a valorar mejor a un cirujano bien pagado que a un médico que de verdad cumple con su función de mejorar la salud de la población desde, por ejemplo, el centro de salud de un barrio.

"Yo creo que la universidad tiene que servir para mejorar el funcionamiento de la universidad, lo que ocurre es que ahora mismo está sirviendo para enseñar las reglas del capitalismo con el conocimiento", lamenta Díez Gutiérrez. Tener títulos, ganar prestigio, conseguir una buena posición laboral. Y, por último, hacer caja.

Las palabras del profesor se observan en las estadísticas, que muestran una clara diferencia entre la situación laboral de quienes estudiaron en la pública y quienes estudiaron en la privada. Según un informe de la Fundación CYD, la tasa de afiliación media al primer año de terminar la carrera entre los primeros se sitúa en un 49,44%, pero entre los segundos en un 60,14%. Son más de 10 puntos de diferencia.

En cuanto a la base media de cotización, la investigación certifica que hay 3.426 euros de diferencia entre los egresados de la privada y los de la pública. Y en este caso también ganan los de la primera. "Además, un 47,7% de los egresados en las públicas tiene una base media de cotización anual superior a 30.000€, mientras que la cifra asciende al 64,5% en el caso de las privadas", señala la Fundación CYD.

Por eso es muy distinta la definición de calidad universitaria y éxito educativo para Cayón y para los dos profesores de la pública. No obstante, Díez Gutiérrez afirma sin tapujos que esos conceptos no pueden atribuirse, en ningún caso, a las opciones privadas. Más que nada porque "lo privado no deja de concebir la educación superior como negocio, ya sea ideológico, económico o ambos". Él rechaza el término "calidad" porque prefiere hablar de "mejora". Y sentencia que eso se consigue mediante elementos no tangibles. O al menos no evaluables bajo un estándar de ránking internacional.

"Para ser un país con las mejores universidades deberíamos ser el número uno en el mundo en porcentaje de jóvenes de 23 años que están política y socialmente implicados en la construcción de un mundo más justo y mejor. Mucho más importante que nuestras puntuaciones en matemáticas y nuestras puntuaciones en ciencia o en publicaciones indexadas es la implicación de la generación siguiente en el mantenimiento de una democracia real y en la construcción de una sociedad más justa para los que más la necesitan", sentencia.

Las estadísticas, por primera vez, reflejan un vuelco. Una victoria de la universidad privada frente a la pública. Llevaba años gestándose, pero el curso 2023-2024 ocurrió: la primera ya tiene más estudiantes de máster que la segunda. En concreto, 1.657, una cifra que previsiblemente seguirá aumentando. Los tentáculos de los centros en manos privadas son cada vez más. En número y en tamaño. Y no es porque no haya legislación al respecto, sino porque su laxitud es tal que, aunque sea con un proyecto suspenso, consiguen salir adelante. ¿Cómo? Fundamentalmente con dos herramientas: dinero y un gobierno autonómico dispuesto.

Empecemos por los números. Por explicar su poder. El dato del alumnado matriculado en máster es el que refleja mejor la situación, pero no es el único. El último documento de Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2024-2025 [disponible en este enlace] dibuja una situación que alcanza también a los grados. El curso pasado las universidades privadas tenían 300.994 matriculados, pero es que hace una década eran 166.068. Un 81% menos. En términos relativos, en ese periodo los estudiantes de los centros privados han pasado de suponer el 11,5% del total de universitarios al 21,8%. ¿Por qué, qué ha pasado entre ambas fechas? Pues que las opciones para quienes prefieren este tipo de enseñanza superior se han multiplicado.

Actualmente hay 50 universidades públicas (47 de las cuales son presenciales) y 41 universidades privadas (35 presenciales y seis con enseñanzas online). El primer número siempre es el mismo. Desde 1998 no ha cambiado. El segundo, en cambio, sí. Sólo en el último cuarto de siglo se abrieron 25, es decir, a un ritmo de una al año. Y quedan otras tantas: Madrid ya planea la apertura —virtual— de la Universidad Abierta de Europa, el que será su décimocuarto centro privado; Extremadura tiene en proyecto otros cuatro; Baleares, la primera de las islas, igual que Asturias; y Andalucía, una cuarta. Y la lista podrá seguir creciendo.

Y ahí está el quid de la cuestión, en estos últimos 25 años. Lo explica Marti Parellada, doctor en Ciencias Económicas y colaborador de Fundación Alternativas. "Hablar de 'universidad privada' en su conjunto es arriesgado, porque no tiene nada que ver la que se abrió en el siglo XX que la que se ha abierto en este siglo XXI", señala. Distingue así las que podrían considerarse universidades privadas clásicas, que son básicamente la de Deusto, la Pontificia de Comillas, la Pontificia de Salamanca y la de Navarra, de las que han aflorado en estas últimas dos décadas. Y que en su mayoría, por otro lado, sí tienen afán de lucro. No es lo mismo, ahonda, un centro controlado por la Iglesia —que hay más además de esas citadas— o por una fundación, que otra que tiene el frente un fondo de inversión.

Las primeras de hecho ya lo notan. Según la última memoria de la Conferencia Episcopal, el 58% de los universitarios y universitarias que estudian en universidades privadas presenciales lo hace en centros controlados por la Iglesia, un porcentaje que hace una década era del 65%. Es decir, siete puntos menos de influencia en diez años, el mismo tiempo en el que el número de estudiantes ha crecido más de un 80%. ¿A dónde han ido todos? Pues a esos nuevos centros a los que se refiere Parellada.

Junto a las empresas de negocios, los llamados fondos de capital riesgo son los que están haciendo florecer de manera tan rápida todas estas universidades. Es lo que comprueba Rafael Ramiro, profesor de gestión empresarial en la Universidad Pontificia Comillas y consultor corporativo independiente, con sus datos, que dejan una conclusión muy clara: son estos últimos los principales responsables de todos los números que las estadísticas nos han empezado ya a mostrar. En 2015 ninguna universidad privada contaba con su participación; hoy lo hacen el 10%; de aquí a 2026 lo harán el 19%, calcula el experto.

Pero no son estas empresas en ningún caso quienes, directamente, abren estas nuevas universidades privadas. "Ningún fondo puede directamente pedir y conseguir una autorización para una universidad nueva en ninguna comunidad autónoma. No pueden porque los requisitos que se solicitan solo los tienen instituciones educativas que ya están en funcionamiento durante muchos años", explica el inversor. De este modo, su presencia se explica de dos maneras: o bien porque quien promueve la creación del centro tiene un fondo en su accionariado o bien porque el fondo, al ver que el sector es rentable, compra la universidad después.

Ejemplos de esto último hay de sobra. CVC es dueño de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) de Madrid desde 2019, cuando la compró por 1.100 millones de euros. Tan sólo unos meses antes, Permira compró la Universidad Europea, que cuenta actualmente con centros en Madrid, Valencia, Tenerife y Málaga. Duró hasta el pasado mes de abril, cuando EQT, dueño en España de Idealista, se convirtió en el principal accionista del centro por 2.200 millones. Y KKR, estadounidense, será quien esté detrás a través de Medac de la futura Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED), la primera online de Andalucía.

Estará en Málaga. Y es seguro, porque la Junta de Andalucía ya le ha dado luz verde. No ha importado que tenga un informe técnico contrario a su creación porque, además, esto es algo que pasa habitualmente.

La creación de una universidad nueva no es un proceso inmediato. Y, a priori, tampoco fácil, pero esto último depende de muchas más cosas. Se observa en algunas de las memorias que recogen cómo ha sido el nacimiento de algunas de las nuevas universidades privadas que se han instalado en Madrid y que ha analizado infoLibre. Por ejemplo, la de la Universidad Internacional Villanueva, que registró su solicitud en abril de 2016 y no fue aprobada hasta marzo de 2019, tres años después. O la de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT), cuyo proceso comenzó en diciembre de 2017 y finalizó en febrero de 2022.

Tanto una como otra solicitaron, y así lo recogen sus Memorias de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), los informes que deben pedir antes de constituirse. Fundamentalmente son cuatro: uno a la Secretaría General Técnica, otro a la Fundación de Conocimiento Madri+d, otro a la Dirección General de Infraestructuras y Servicios y otro a la Conferencia General de Política Universitaria, dependiente directamente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Todos estos documentos pueden ser favorables o desfavorables. Por ejemplo, el del departamento de Diana Morant relativo a la Universidad de Villanueva fue "desfavorable" porque el proyecto presentaba "dudas sobre porcentaje de doctores acreditados", "posible falta de espacios docentes para el número de alumnos" y "falta de garantías que aseguren la financiación económica". Aun así, el proyecto puede seguir adelante. De hecho, y según una respuesta escrita del Gobierno a través del Congreso de los Diputados, de las nueve universidades privadas abiertas entre 2020 y 2024, tres lo hicieron así: UDIT, UTAMED y la Universidad Tecnológica de Canarias.

Juan Cayón es rector de UDIT y confirma que en su caso ocurrió así porque la Asamblea de Madrid le dio el beneplácito. Aunque explica, en todo caso, que resolvieron los problemas que se achacó a su proyecto. "Corregimos todas las deficiencias, lo que pasa es que no hubo un segundo informe positivo, directamente en ese punto obtienes el aval del parlamento", cuenta, desde el otro lado del teléfono.

Aquí entra el factor que, junto al dinero, Rafael Ramiro considera fundamental para abrir una universidad privada: la ayuda de los gobiernos autonómicos. Pone dos ejemplos: Madrid y Extremadura. La primera, siempre en manos del PP, es la que, con diferencia, más universidades privadas tiene y proyecta; la segunda, la que más tiene proyectadas. Pasará de no tener ninguna a tener cuatro. Y el gobierno —y poder parlamentario— en manos de la derecha lo explican.

En este sentido, la directora general de Universidad, Esther Muñoz, señaló que su Ejecutivo no quiere que "el mapa de las universidades privadas" sea como el del ferrocarril, que "hace una S" al llegar a su región. A su juicio, los cuatro centros planificados complementan la oferta pública. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lleva a cabo por su parte una campaña evidente contra la universidad pública, cuya financiación ha caído en picado. Sigue siendo inferior, de hecho, a la que recibía antes de la crisis.

"Hay una clara visión política e ideológica en la proliferación de las universidades privadas", considera Parellada. Si no, aunque los informes que realiza el Ministerio de Universidades fueran no vinculantes, la comunidad en cuestión respetaría su criterio. "Está claro que el sistema no funciona. Habría que establecer otros mecanismos que garanticen una mínima calidad. En eso el consenso de la comunidad académica es absoluto", considera.

El Gobierno ha tomado nota de ello. Tanto es así, que el pasado mes de abril el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades constituyó un grupo de trabajo para consensuar medidas y exigencias para la creación de nuevos centros universitarios. Es decir, para modificar el Real Decreto 640/2021, un proceso que según confirman desde el departamento de Morant todavía sigue en marcha. Y en el que la Conferencia de Rectores, presente, pide no olvidar "cuestiones como la inversión en investigación y transferencia de conocimiento en la creación de una universidad, ni tampoco un plan de viabilidad económica".

El Real Decreto contempla, por ejemplo, la necesidad de diez títulos de grado (de distintas ramas), seis de máster y dos programas de doctorado, dedicar al menos un 5% a investigación o un docente por cada 25 estudiantes, como mínimo. Juan Cayón cree que así es suficiente. Para él, el debate público ha olvidado que la creación de una universidad privada es un derecho fundamental recogido en el artículo 27 de la Constitución. Y suficientemente regulado, además. "Siempre se comprueba que existe lo que un proyecto dice que va a hacer, si no, te quitan la acreditación para dar formación", asegura.

Por eso él tiene clara su postura. "No importa en manos de quién esté una universidad, lo realmente relevante es si esta tiene o no calidad", señala. ¿Y cómo se mide? Pues para él, no debería ser únicamente una cuestión de labor de investigación —requisito que, señala, cumple sobre todo la pública—, sino también de empleabilidad. "¿Dónde están los estudiantes egresados años después? Eso también es un indicador importante", sentencia.

En poco más de 24 horas, 15.108 recién titulados y tituladas en Medicina se enfrentarán al examen que decidirá su futuro como especialistas. Sobre la mesa, 9.007 plazas, un 3% más que hace un año. Cifra récord. Los que consigan acceder a una de ellas tendrán por delante otros cuatro o cinco años de formación; los que no, se verán abocados a repetir el examen o, en su defecto, a dedicarse a la sanidad privada, un negocio que está alcanzando beneficios nunca antes vistos. Y que avanza paralelo al de la universidad privada, que de hecho ha encontrado en los grados sanitarios un nuevo nicho que está sabiendo aprovechar: ya tiene sentado en sus aulas al 20,5% del total de los estudiantes de Medicina.

Son datos oficiales recogidos en el Sistema Integrado de Información Universitaria. En el curso 2023-2024 había 44.666 matriculados en ese grado en facultades de toda España, y de ellos 35.467 lo estaban en campús públicos y 9.199 en privados. Pero es que si echamos la vista atrás hasta el primer curso recogido en esa estadística, el 2015-1016, observamos que de los 43.353 que estudiaban Medicina entonces, un total de 36.395 lo hacía en la pública y 6.958 lo hacía en la privada. Eran un 32% menos. Un 16% del total. Por su parte, el número de facultades ha pasado de dos en 2007 a 15 en este curso 2024-2025, según las cifras que maneja la Conferencia Nacional de Decanas y Decanos de Facultades de Medicina.

"Ha habido un cambio total de paradigma. Estamos pasando de una educación en Medicina puramente pública a un sector predominantemente privado", lamenta Domingo Sánchez, representante nacional de Médicos Jóvenes de la Organización Médica Colegial.

La balanza de la que habla el especialista, además, se va a desequilibrar todavía más. La privada tiene proyectados otros nueve campus en los que ofrecerá este grado, por ejemplo, en Madrid, en Andalucía, en el País Vasco o en Canarias. No es casual. La universidad privada no deja de ganarle terreno a la pública y así lo evidencian todos los datos. Los últimos, los publicados este miércoles por el Ministerio de Diana Morant, que muestran que desde el curso 2016-2017 y hasta el pasado el número de personas matriculadas en los campus privados se incrementó un 61,1%. En los públicos, mientras tanto, descendieron un 3,5%. En máster, además, los primeros ya han ganado.

Según los planes que hay en marcha, los 41 centros privados serán 54 en 2026. Y eso si los números actuales no cambian. Los públicos, sin embargo, seguirán siendo 50. Los mismos que cuando en 1998 abrió sus puertas el último en crearse.

Pero volvamos a la Medicina. Porque llama la atención que la privada haya puesto en estos estudios la diana de su negocio. Sánchez tiene claro que fundamentalmente se explica bajo una óptica capitalista. "Todo se mueve por la oferta y la demanda, y como esta está creciendo, pues la privada aprovecha", critica, desde el otro lado del teléfono. Pablo Lara, presidente de la Confederación de Decanos y exdecano de la Facultad de Medicina en la Universidad de Málaga, apunta en la misma dirección. "Cuando se abre un nuevo centro sobran las personas que quieren estudiar en él. Abrir un campus de Medicina es tener un éxito asegurado", explica. Los estudiantes no van desencaminados tampoco. "Este alarmante incremento responde a un interés puramente mercantilista", asegura Mario Fuentes, vicepresidente de Participación y Política Universitaria del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina.

El problema ya no es sólo que el aumento de centros privados no sea necesario. El problema es si realmente resulta útil o, por el contrario, torpedea el sistema. Porque según diagnostican todas las fuentes consultadas, "actualmente no hay una necesidad real de especialistas" en nuestro país. Más bien al contrario: hay una sobreproducción.

Según un documento elaborado por el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) y por la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina, España es el segundo país del mundo en número de facultades de Medicina por detrás de Corea del Sur, llegando a alcanzar las 0,95 por cada millón de habitantes, una cifra que duplica la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sitúa en 0,5 por cada millón de personas el número idóneo. En una década, el número de facultades ha aumentado de 28 a 41. Por eso el examen para acceder al MIR deja todos los años cifras como las que explicábamos al principio: muchos más aspirantes que plazas. Este año, 6.101 titulados se quedarán sin ella. Y así ocurre sistemáticamente. "Esto no solo supone frustración y precariedad para los futuros médicos, sino también un desequilibrio estructural que podría desbordar el sistema de salud", lamenta Fuentes.

No hay por tanto, como esgrime en muchas ocasiones la derecha, una falta de médicos, sino una mala planificación. "Es paradójico. Tenemos muchos médicos, lo que ocurre es que hay especialidades y zonas de difícil cobertura", explica Lara. Y la proliferación de facultades privadas no soluciona el problema.

Independientemente de dónde se estudie se puede hacer el examen que da acceso a ser residente, y cuantos más agresados haya más personas se presentarán al examen. Y más se quedarán fuera. "Al final les estamos haciendo el negocio a otros países, porque muchos de ellos emigran", denuncia Sánchez. Según los últimos datos disponibles en la Organización Médica Colegial, en 2021 se emitieron 4.130 certificados de idoneidad, el documento imprescindible para trabajar en otro país. Nunca antes se habían dado tantos. "Estamos perdiendo muchísimo gastando fondos en formar a sanitarios que acaban trabajando fuera", lamenta Sánchez.

Hay otro problema. La sobreproducción actual podría tornarse en una necesidad futura. Según un informe elaborado por la Organización Médica Colegial en 2018, hasta 2028 se habrán jubilado alrededor de 70.000 facultativos en nuestro país. Y formar a otros tantos nuevos requiere tiempo. Al menos una década. Por eso cada año se recalcula cuántas plazas para poder trabajar en la pública se acreditan. Que la privada esté fabricando titulados rompe el ajuste de esos números. Y no sólo eso.

Sánchez lamenta que la proliferación de estudios privados de Medicina repercute, y mucho, en la equidad en el acceso a la profesión. Porque si se quiere estudiar en la pública es necesaria una nota que supere el 12 (sobre 14) en la prueba de acceso a la universidad, pero si se quiere hacer en la privada basta con tener unos cuantos miles de euros en la cuenta bancaria. Más de 80.000 en cualquier caso, según los precios de los distintos centros que recoge el blog Educalive. La Universidad Alfonso X El Sabio cobra unos 21.150 euros anuales por estudiante, más o menos mismo importe que puede obtener la Camilo José Cela y poco más de lo que cobra la Universidad Europea de Madrid por cada matrícula.

Si la universidad privada es para los estudiantes ricos, para los que cursan Medicina lo es todavía más. Un informe del Ministerio de Morant, de hecho, sitúa esta carrera como la que más porcentaje tiene de alumnado con progenitores con un perfil socioeconómico elevado. En concreto, un 68,7% del alumnado tiene ambos progenitores o uno de ellos con ocupaciones altas y un 82,3% con estudios superiores. Porcentajes, todos ellos, que son más elevados en el caso de los matriculados en centros privados.

Para los centros es entonces este un negocio perfecto. Y que termina de redondearse mediante las prácticas. Porque estos centros tienen convenios con hospitales y centros de salud públicos, pero también privados. La Universidad Europea por ejemplo ofrece prácticas en Madrid en el Hospital de Asisa en Moncloa o en el Vithas de Avenida de América y la Universidad Francisco de Vitoria tiene acuerdos con la aseguradora Sanitas.

Más allá de todo esto, Lara explica que los decanos también critican la proliferación de estudios de Medicina por una cuestión puramente académica. "Una facultad así no se puede improvisar", destaca. Requiere de profesorado, instalaciones y, además, acuerdos con hospitales y centros de salud que garanticen la adecuada formación práctica. "Nos preocupa que no haya profesorado especializado ni centros suficientes. Al final, lo que está en juego en este caso son las futuras generaciones de médicos que van a cuidar la salud de la población", remata.

Según el último Estudio de Tendencias Informativas, presentado por Prensa Ibérica junto con la consultora LLYC el pasado 27 de noviembre, persiste una brecha entre los intereses informativos de hombres y mujeres. A los primeros les interesan más deportes, elecciones políticas y guerras ⎯testosterona dixit⎯, a las segundas, sanidad, educación y cultura. Seguramente ayude a explicar por qué la educación ocupa poco espacio en los medios: los intereses y las voces de las mujeres continúan recibiendo menos atención que los de los varones. 

En los últimos días, la educación se ha asomado a los titulares por el rifirrafe de las universidades públicas madrileñas con la ínclita presidenta de su comunidad autónoma. ¡Albricias! ¿Agitamos pompones, lanzamos cohetes por este repentino interés? Me atrevo a pronosticar que será flor de un día, quizá dos, y, enseguida, volveremos a hablar de disputas políticas, conflictos bélicos y deportes.

La educación interesa poco. No es tema importante en el debate público. Se hace patente cuando tocan procesos electorales, con sus debates y sus discursos y contradiscursos de investidura: la educación ni está, ni se la espera.

La educación es asunto de madres y padres, no de quienes no lo son. Para los que no quieren o pueden plantearse tener hijos, es un problema demasiado alejado de las rigurosas exigencias del día a día. Para los pocos que se atreven a tenerlos, afrontando su crianza en medio de condiciones laborales implacables, lo urgente es hacer ambas cosas compatibles, la conciliación familiar. La educación es el futuro, asentimos todos convencidos. A la hora de la verdad, después de mí, el diluvio.

En el campo de batalla político, los partidos que dicen representar a la izquierda muestran un desinterés sorprendente sobre cuestiones educativas. A la derecha le importa más. Más cuanto más extrema. Ya estoy viendo algún lector indignado. Lo cierto es que, cuando se trata de educación, la autoproclamada izquierda solo plantea vagas reivindicaciones, que no comprometen a nada.

A falta de una izquierda suficientemente combativa o, quizá, mínimamente convencida, la derecha impone sus mantras. Ha insistido tan machaconamente en que los padres poseen un derecho inalienable a decidir sobre la educación de sus hijos e hijas, que la mayoría ha terminado por creer que tiene que ser así. El resultado, la defensa de la educación privada, incluyendo su forma encubierta, la concertada. Su corolario, la reclamación de que el Estado subvencione las decisiones soberanas de los padres. De nuevo, la educación privada.

En materia de educación, tiene derecho quien la recibe y no quien se la impone. Los niños y niñas tienen derecho a recibir educación para desarrollarse al máximo. Los padres, el deber de contribuir a ello. Resulta llamativo cómo, cuando conviene, los defensores a ultranza de los derechos individuales sustraen ese derecho a los más débiles, los menores, para depositarlo en las recias manos de sus progenitores, como si hijas e hijos fuesen una mera extensión de sus padres. En una democracia, la sociedad tiene el deber de garantizar y proporcionar educación. La educación es un asunto de todos. Primeramente, por aquello del futuro.

Como consecuencia de la victoria ideológica de la derecha, gana lo privado, pierde lo público. El descrédito de lo público es fácil. Primero, se degradan intencionadamente las instituciones públicas. Se las financia siempre a la baja y se desvían cada vez más fondos hacia lo privado. Los servicios públicos merman y se resienten. La oferta privada crece pujante. ¿Un ejemplo? Las universidades en la Comunidad de Madrid.

Como cortina de humo para justificar su paupérrima financiación de las universidades públicas, mientras con la otra mano sanciona la existencia de más y más centros privados, la Sra. Díaz Ayuso se ha despachado criticando a la Universidad Complutense de Madrid, por otorgar “títulos como churros”. ¿Hablaría por experiencia propia? El rector de la Complutense reaccionó dolido frente a los reproches de aquella a quien, hace no tanto, declaró “alumna ilustre”, a sabiendas de que era una reconocida detractora de lo público y defensora de lo privado. Todo es así de paradójico.

Un paseo por algunos barrios de Madrid, pongamos Argüelles o Chamberí, que Ayuso conoce bien, muestra la imparable proliferación de universidades privadas. Quizá dentro de algún tiempo, los madrileños dirán a sus hijos (más bien, las madrileñas a sus hijas): “Hija mía, antes todo esto era público”.

La educación proporciona el ascensor social fundamental para que los más desfavorecidos, sus hijas e hijos, y las hijas e hijos de sus hijos e hijas, no estén condenados a seguir siéndolo. Es la clave de la movilidad social, que permite cuestionar y cambiar lo que se quiere presentar como inevitable, la defensa para que la sociedad no se petrifique en una hermética oligarquía. ¿Se puede ser de izquierdas sin querer cambiar el mundo? La izquierda ha muerto. Quizá no lo sabe. La derecha sí y se adueña triunfante del mundo agitando como espantajo el fantasma de quien, en otros tiempos, le plantó cara. También del campo abierto de la educación, desolado por una izquierda que dejó de creer en sí misma.

Mientras tanto, vivimos como en esa comedia de situación, de éxito hace años, en la que el ascensor de la casa siempre estaba estropeado. Los que llegaban por primera vez se sorprendían. Con el tiempo, todos asumían con resignada indiferencia que las cosas eran así. Aquí no da tanta risa.

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Ana Isabel Rábade es filósofa y profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid.

18 de mayo de 2022. Una década después de la última cita se reúne en Barcelona la Conferencia Mundial de Educación Superior de la Unesco. El objetivo, "reinventar" el sector y "asegurar un futuro sostenible para el planeta y la humanidad". En tan sólo tres días hubo 115 mesas redondas con más de 14.000 personas volcadas en ello. Detrás, organismos como la Fundación Princesa de Girona, que en su propia página web enumera quiénes pudieron estar presentes esos días gracias a ella. En la lista aparecen grandes compañías como Deloitte, Samsung, Navantia, Zurich o la Fundación Bertelsmann, un conglomerado empresarial fundado por el alemán Reinhard Mohn y cuya principal apuesta en España ha sido por la formación dual. Dicho de otro modo: por combinar la educación puramente académica con la formación en empresas. Una relación que en ningún caso es casual. "El lema de la conferencia debería haber sido, en realidad, cómo puede la educación superior satisfacer la demanda empresarial", critica Enrique Díez Gutiérrez, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León.

El mapa ha cambiado. Históricamente ha habido cuatro universidades privadas en nuestro país: la de Deusto, la Pontificia de Comillas, la Pontificia de Salamanca y la de Navarra. El resto eran públicas. Ahora, estas siguen siendo exactamente las mismas. Desde 1998 no se ha abierto ninguna. Sin embargo, según los datos oficiales del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ya hay 41 en manos privadas. 25 fueron abiertas en el último cuarto de siglo, a un ritmo de una al año. Y la previsión es que esto siga así. Madrid ya planea la apertura —virtual— de la Universidad Abierta de Europa, el que será su décimocuarto centro privado; Extremadura tiene en proyecto otros cuatro; Baleares, la primera de las islas, igual que Asturias; y Andalucía, una cuarta.

"El sorpasso de las privadas a las públicas es cuestión de días", augura Díez Gutiérrez. Según las solicitudes ya aprobadas o en trámite de serlo, de aquí a 2026 habrá 54 centros en manos privadas, según la previsión que hace Rafael Ramiro, profesor de gestión empresarial en la Universidad Pontificia Comillas y consultor corporativo independiente. En este punto surge una pregunta: concretamente, ¿en qué manos van a estar esos centros? ¿Quién está detrás de este auge imparable?

La respuesta breve habla de tres actores: la Iglesia católica, las empresas de negocios y los llamados fondos de capital riesgo. Y son estos últimos los que protagonizan la respuesta extensa. Son, apuntan los expertos, los que están inundando el mapa. En 2015 ninguna universidad privada contaba con su participación; hoy lo hacen el 10%; de aquí a 2026 lo harán el 19%, calcula Ramiro.

Empecemos por los porqués. "El sector universitario ofrece una rentabilidad mayor al 10%, así que es un auténtica máquina de hacer dinero", señala Díez Gutiérrez. Además, apunta Ramiro, es una rama "muy fragmentada" que ha empezado a explorar la educación online, la que Díez Gutiérrez considera su "gran línea de negocio". La Universidad Abierta Europea es lo único que ofrecerá, igual que dos de los cuatro centros privados que en brevé verán la luz verde en Extremadura. "Los fondos han visto esa fuerte demanda de la educación digital, también alimentada por el interés de estudiantes de otros países, sobre todo de Latinoamérica, de estudiar en España, donde los precios son mucho más baratos que en otros países de nuestro entorno", explica el inversor.

Pero vayamos a los nombres. Hay, principalmente, tres: CVC, Permira y EQT. La primera es dueña de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) de Madrid desde 2019, cuando la compró por 1.100 millones de euros. Sin embargo, no fue esa su entrada en el sector: el fondo británico ya estaba presente en QA Education. Ahora, según adelantó Bloomberg, CVC se plantea venderla por 900 millones más.

Los otros dos nombres están íntimamente ligados. Tan sólo unos meses antes de la compra de UAX por CVC, Permira compró la Universidad Europea, que cuenta actualmente con centros en Madrid, Valencia, Tenerife y Málaga. Duró hasta el pasado mes de abril, cuando EQT, dueño en España de Idealista, se convirtió en el principal accionista del centro por 2.200 millones. Además, de aquí a 2026 el número de universidades que tendrán la presencia de los nórdicos se multiplicará: de cuatro pasarán a ser seis.

También será próximamente, explica el profesor e inversor, cuando entre en el sector un nuevo actor: KKR. El fondo estadounidense, ya presente en Master D o Medac —centros de FP—, será quien esté detrás de la futura Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED), la primera online de Andalucía ya autorizada por la Junta a pesar de contar con tres informes que lo desaconsejaron.

¿Y esto es normal? Lo cierto es que no sólo eso, sino también habitual. Cuando una universidad privada pide permiso para instalarse en una determinada ciudad, los técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades elaboran un informe basado, entre otras cosas, en las instalaciones o el número de profesores proyectados. Sin embargo, se trata de evaluaciones no vinculantes que, de hecho, casi siempre son negativas. "Lo que pasa es que son los gobiernos autonómicos los que deciden en última instancia", lamenta Díez Gutiérrez. Donde ahora mismo hay más proyectos en marcha es en Andalucía, Extremadura y Madrid, todos con ejecutivos del PP.

Son los fondos los que están copando el auge, pero junto a ellos se sitúa el poder histórico de la Iglesia. Según la última memoria anual de la Conferencia Episcopal Española, la institución contaba en 2022 con 17 universidades en toda España en los que estudian un total de 138.973 alumnos, de los cuales 114.198 son de Grado. Suponen, en términos relativos, el 58,5% del total de alumnado de los campus privados presenciales. Tan sólo cinco años antes, en 2017, eran 16 las universidades y 87.425 el número de alumnos. Una década antes, 14 los centros y 78.962 los alumnos. Eran un 76% menos pero suponían, a su vez, el 64,3% del alumnado de las privadas presenciales. Es decir: tenían las aulas menos llenas pero con más poder dentro del sector.

Y en este caso, ¿cuáles son los nombres propios? Hay dos universidades pontificias, la de Salamanca y la de Comillas, con 15.076 alumnos; tres católicas, en Valencia, Murcia y Ávila, con 21.436; nueve de inspiración católica —Navarra, Deusto, Francisco de Vitoria, Ramón Llull, San Jorge de Zaragoza, Loyola, CEU Cardenal Herrera, CEU San Pablo y CEU Abat Oliva— con 88.280; y dos eclesiásticas, San Dámaso y Ateneu Universitari Sant Paciá, con 3.779.

Las consecuencias de todo este proceso de privatización de la educación superior son, a juicio de los expertos, muy negativas. Para Díez Gutiérrez, este proceso supone que la universidad deje de ser un derecho y se convierta en algo "sólo para las élites que puedan pagarlo", que además es educada en valores como "la competitividad y el capitalismo". "La universidad tiene una finalidad educativa, no puede ser que sea una máquina para surtir de mano de abra laboral a las empresas", lamenta el profesor.

Y eso tiene un impacto directo en qué es lo que se imparte. Según lamenta Cynthia Martínez-Garrido, profesora de Métodos de Investigación en Educación en la Universidad Autónoma de Madrid, "la privatización de la educación implica que sea el rédito de la formación lo que marque o no qué ramas de conocimiento (más allá de qué carreras) son mejores o peores". "No se trata de priorizar la importancia social y/o cultural de la rama de conocimiento, estamos hablando de priorizar los beneficios económicos", denuncia.

"La consecuencia de este hecho es radical, las universidades se ven forzadas (por el beneficio) a eliminar aulas de algunas Facultades. Y con ello, esas ramas de conocimiento tendrán no sólo menos profesores, también menos investigadores, e innovaciones", sentencia la experta.