El número de personas que han sido beneficiadas por la ley de amnistía al procés asciende al menos a 86, entre condenados que han sido exonerados y absueltos que han visto cancelados sus antecedentes --incluidos los policiales-- desde que la norma entró en vigor el 10 de junio. Todas las amnistías concedidas hasta ahora han sido acordadas en los tribunales y juzgados con sede en Cataluña, informa Europa Press.

Este viernes, la Audiencia de Barcelona amnistió a 8 procesados: 4 de ellos manifestantes imputados por delitos de desórdenes públicos, atentado a agentes de la autoridad, resistencia grave a agentes de la autoridad y delitos leves de daños; y los otros 4, miembros del cuerpo de Mossos d’Esquadra, acusados de los delitos contra la integridad moral y lesiones.

Por su parte, el Juzgado Penal Número 2 de Figueres (Girona) amnistió el jueves a la exalcaldesa de este municipio, Marta Felip (PDeCAT), que fue procesada como presunta autora de un delito de desobediencia y se encontraba a la espera de juicio por su participación en la preparación del referéndum independentista del 1-O.

El miércoles, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña aplicó la amnistía a un exsecretario del Ayuntamiento de Hostalric (Girona) que fue condenado por un delito de prevaricación a la pena de 9 años de inhabilitación especial para empleo de cargo público por "exagerar" la actuación de un grupo de personas que acudieron al pueblo para retirar lazos amarillos y pancartas en apoyo al proceso independentista.

Ese mismo día, el TSJ catalán también amnistió a una persona que había sido condenada por un delito de tenencia de artefactos explosivos después de que en diciembre 2018 los Mossos d'Esquadra le requisaran la mochila en una manifestación.

Según consta en la sentencia en la que se le absuelve, llevaba "una botella de plástico que contenía ácido clorhídrico en solución acuosa --liquido transparente muy corrosivo que produce quemaduras en contacto con la piel, por ingestión o por inhalación de sus vapores-- envuelta en cinta de embalar con la inscripción de "Puta España" y una caja metálica que contenía 16 bolas de papel de aluminio y 20 clavos y chinchetas junto a otros objetos. El tribunal ha amnistiado también a otras dos personas que fueron absueltas en el mismo procedimiento.

Al margen, esta misma semana, el Juzgado de Instrucción Número 7 de Barcelona ha amnistiado a 46 agentes de la Policía Nacional que estaban siendo investigados por las cargas del 1-O en colegios electorales de Barcelona.

El juez consideró que la amnistía debía ser aplicada en este caso porque "las actuaciones investigadas fueron de escasa duración individual" y estuvieron "enmarcadas en un objetivo policial definido" que no se prolongó en el tiempo "más allá de la propia maniobra policial de entrada y salida de los distintos colegios electorales".

El instructor explicó, además, que los hechos investigados no fueron lo suficientemente graves como para excluirlos de la amnistía, que no ampara delitos de lesiones penados con más de cinco años de prisión, ni tampoco delitos de torturas o trato degradante.

A los 46 policías beneficiados se suman otras 27 personas que fueron amnistiadas el pasado 25 de junio por el TSJ de Cataluña. Los primeros fueron el exconseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, y el escolta del expresidente Carles Puigdemont, Lluís Escolà.

El exconseller había sido condenado por malversación a cuatro años y medio de prisión por designar al mosso d'Esquadra Lluís Escolà --condenado a cuatro años por el mismo delito-- como cargo de confianza para que escoltara al expresidente Puigdemont en el extranjero cuando huyó tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

El TSJ catalán declaró la extinción de la responsabilidad penal de Buch, Escolà y otras 25 personas "al quedar amnistiados los actos en virtud de los cuales fue declarada su responsabilidad criminal en la instancia".

Entre esas 25 personas amnistiadas constan tres que fueron condenadas por un delito de atentado contra la autoridad durante las protestas del 1 de octubre de 2020 en Barcelona. Los magistrados borraron la pena de tres años y un día de prisión que se les había impuesto. A uno de ellos se le perdonó también un delito de lesiones.

Las otras personas que se han visto beneficiadas por la norma fueron condenadas, entre otros, por delitos de atentado contra la autoridad o delitos leves de lesiones en el marco de varias protestas que tuvieron lugar en Cataluña entre 2018 y 2019 a favor del procés.

Todos los que en su momento fueron absueltos en los tribunales de los delitos de desórdenes públicos han visto ahora cancelados sus antecedentes, incluidos los policiales, por el TSJ catalán en aplicación de la ley de amnistía.

La Fiscalía General del Estado calcula que 486 personas podrían beneficiarse de la norma. Según informó el Ministerio Público, la ley afectaría "aproximadamente" a 82 procedimientos penales que se encuentran actualmente en tramitación. Dichas causas se reparten entre el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y juzgados y tribunales de Cataluña.

Sin embargo, matizó que es posible que no se pueda aplicar la amnistía en los 82 procedimientos porque hay causas con delitos que no se incluyen en la ley -como por ejemplo, delitos de odio- en conjunto con otros que sí se contemplan en el texto legal.

Esta misma semana, el Tribunal Supremo ha rechazado amnistiar la malversación al procés y ha señalado que, aunque ve amnistiable la desobediencia, tiene dudas sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía.

Así las cosas, el alto tribunal ha preguntado a las acusaciones y defensas del procedimiento si ven pertinente plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la previsión de la ley de amnistía de exonerar el delito de desobediencia atribuido a los encausados del procés.

El Consejo de Ministros aprobó este jueves la segunda parte de la reforma de las pensiones, diseñada para sostener el sistema público durante las dos décadas en que la jubilación de los baby-boomers lo someterá a una fuerte tensión financiera, sin recortar la cuantía de las prestaciones. La salida del mercado de trabajo de los nacidos en los años 60 y 70, en plena explosión demográfica, supondrá que entre 2030 y 2040 habrá un 50% más de pensionistas que ahora, unos 15 millones, que además cobrarán prestaciones más elevadas, porque sus salarios serán más altos y porque aquellas subirán cada año tanto como lo haga la inflación. El aumento de gasto resultante se acompañará de las mejoras en las pensiones que incluye la reforma, como la subida de las mínimas y no contributivas y una mayor cobertura de las lagunas de cotización y de la brecha de género.

Además, la ampliación del periodo de cálculo de la pensión, que en el primer diseño de la reforma iba a ser neutro en términos de gasto, se ha convertido finalmente en un sistema dual, en el que se permite al trabajador elegir el número de años cotizados para determinar la cuantía de su prestación. Y ya no es inocuo: implicará un aumento de gasto que fuentes del Ministerio de Seguridad Social cifran en una o dos décimas de PIB; es decir, entre 1.300 y 2.600 millones de euros en 2044.

También la subida de las pensiones mínimas y no contributivas tendrá su coste, unos dos puntos de PIB, calcula el ministerio, unos 26.000 millones de euros al final del periodo.

Para sufragar estas medidas y hacer frente a la jubilación de los baby-boomers, la reforma prevé aumentar los ingresos del sistema elevando las cotizaciones que empresas y trabajadores pagan a la Seguridad Social. De tres maneras: destopando las bases máximas de cotización, aplicando una cuota de solidaridad a los salarios más altos y duplicando el recargo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). La primera, por la que las retribuciones por encima de 53.946 euros anuales, hasta ahora exentas, tendrán que cotizar a la Seguridad Social, se traducirá en unos ingresos adicionales de entre cuatro y cinco décimas del PIB, entre 5.300 y 6.600 millones de euros cuando la reforma se haya aplicado íntegramente –el destope será progresivo a lo largo de 25 años, sumando a la subida anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales–. Como la pensión máxima para esos salarios aumentará menos –lo que crezca el IPC más un alza de 0,115 puntos porcentuales–, ese decalaje entre base máxima y pensión máxima permitirá conseguir recursos adicionales para mejorar las pensiones.

La cuota de solidaridad, que se aplicará sobre la parte del salario que exceda de los 53.946, permitirá recaudar algo más de una décima de PIB, por encima de 1.300 millones de euros. Finalmente, esa cuota sólo la pagarán los asalariados del Régimen General, pero no los autónomos. Pese a que era una de las peticiones en la que más habían insistido los sindicatos, el ministerio ha excluido a los trabajadores por cuenta propia por una cuestión de “prudencia”, explican fuentes del departamento de José Luis Escrivá. El nuevo régimen de cotización por ingresos reales, argumentan, acaba de ponerse en marcha y no estará maduro hasta 2032, por lo que han preferido no introducir un elemento adicional en el esquema antes de saber cómo evoluciona.

La tercera fuente de nuevos ingresos del sistema, el MEI, permitirá que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida como hucha de las pensiones, acumule más de 120.000 millones de euros en 2040, según aseguró el propio José Luis Escrivá tras el Consejo de Ministros. La cifra casi duplicaría el máximo histórico de la hucha, 67.000 millones en 2011. Desde entonces, los sucesivos desembolsos a los que obligó el déficit en que ha incurrido la Seguridad Social la dejaron casi vacía. Este año, el primero en que se va a aplicar el MEI, está previsto que se le ingresen unos 2.900 millones de euros. Será gracias al 0,6% en que está fijado el recargo. La reforma prevé que se duplique, hasta el 1,2% y de forma gradual, en 2029.

Con estos ingresos adicionales de la segunda fase de la reforma y los que el ministerio calcula que obtendrá gracias a las medidas de la primera para acercar la edad efectiva de jubilación a la legal, incentivando el alargamiento de la vida laboral –1,4 puntos de PIB, unos 19.000 millones de euros–, el ministerio considera que sumará al final del periodo 3,5 puntos de PIB, unos 46.000 millones de euros, para financiar el sistema sin recortar las pensiones.

Tras conseguir el respaldo de los sindicatos, el ministerio se ha ganado también el de dos de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno. A petición del PDeCAT, la reforma ha incorporado a la cuota de solidaridad tres tramos para hacerla más progresiva. Los que superen en un 10% la base máxima pagarán un 0,92% en 2025 por la parte que exceda de ese tope. Si superan entre un 10% y un 50% la base máxima, se les aplicará un recargo del 1%. Y si superan el 50%, el recargo será del 1,17%. En 2045, la cuota se elevará al 5,5% para el primer tramo, el 6% para el segundo y el 7% para el tercero.

Con EH-Bildu, el Ejecutivo ha pactado mejorar las pensiones mínimas de viudedad, de forma que se equiparen a las contributivas de jubilación. Así, pasarán de los 6.785 euros al año actuales a subir de forma gradual hasta alcanzar los 8.250 euros en 2027.

También será progresiva la aplicación del sistema dual para calcular la cuantía de la pensión. Desde 2027 y hasta 2040, se ampliará el periodo de cómputo a razón de cuatro meses por año, desde los 25 años actuales hasta llegar a 29 años, de forma que en 2027 el trabajador que se jubile podrá elegir entre hacer el cálculo con 25 años de cotización o con 25 años y cuatro meses descartando los dos peores meses. No será hasta 2038 cuando se puedan desechar los dos peores años de entre los últimos 29 cotizados. De 2038 a 2040 seguirán conviviendo ambos periodos de cálculo. Y desde ese año los trabajadores podrán aún elegir como periodo de cómputo 25 años y seis meses en 2041, 26 años en 2042 y 26 años y seis meses en 2043. En 2044 sólo podrán calcular la cuantía de la pensión basándose en lo que hayan cotizado durante 29 años. El motivo de esta gradación no es otro que impedir que los trabajadores a quienes les resulte más beneficioso utilizar el periodo de 25 años se jubilen de golpe anticipadamente para evitar la obligatoriedad de los 29 años, explican fuentes del ministerio.

“Es una reforma para quedarse”, resumen las mismas fuentes, en referencia al mecanismo automático que permitirá la “supervisión” del gasto público en pensiones y obligará a tomar medidas adicionales si se produce alguna desviación del gasto previsto. En un primero momento, será la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la encargada de evaluar el impacto de las medidas sobre el sistema. Si el gasto medio bruto supera el 15% del PIB –el actual se sitúa en el 12%–, el Gobierno deberá adoptar medidas para eliminar el exceso: aumentando aún más las cotizaciones, por ejemplo, o bien utilizando otra fórmula para elevar los ingresos, pero también “reduciendo el gasto en pensiones en porcentaje del PIB” o combinando ambas opciones, tal y como reza el borrador del real decreto-ley recién aprobado.

El Ejecutivo deberá negociar esas nuevas medidas con los sindicatos, la patronal y los grupos parlamentarios y, si no consigue sacarlas adelante antes del 1 de enero del año siguiente, el MEI se aumentará automáticamente para compensar en dos décimas el exceso de gasto hasta que se aprueben las iniciativas destinadas a controlarlo. El Ministerio de Seguridad Social cree que el sistema funcionará aunque cambien los gobiernos. Las citadas fuentes resaltan que han tratado de “darle atractivo” a esta “cláusula de cierre” precisamente para que futuros Ejecutivos no se desvíen de ella. Su intención, dicen, era “hacer un diseño muy suave”. “Si impones condiciones políticas insostenibles para otros gobiernos, no las aplicarán”, explican, “es algo que hemos aprendido del fracaso de modelos pasados”, en referencia a la reforma de pensiones aprobada en solitario por el PP en 2013 y derogada ahora.

El ministerio, además, fía buena parte del éxito de la reforma al mercado de trabajo, cuyo comportamiento no dudan en calificar de “sorprendente”. Según sus previsiones, la tasa de desempleo española terminará en niveles parecidos a los del resto de la Unión Europea; es decir, por debajo del 10%. Ahora se encuentra en el 12,9% y el mínimo histórico fue del 8,6% en 2007. “El paro a doble dígito está abocado a desaparecer”, auguran. Por tanto, será posible, por ejemplo, rebajar la actual cotización para la prestación por desempleo que, como indicó el ministro este miércoles en la Comisión del Pacto de Toledo, es mayor que en el resto de Europa. Seguridad Social contesta así a las críticas de la CEOE al aumento de cotizaciones sociales, que han descalificado como ejemplo de “voracidad recaudatoria” y como una amenaza para la creación de empleo y el aumento de los salarios. 

Los socios de investidura del Gobierno se dividen ante la reforma de la ley del solo sí es sí planteada por el PSOE en el Congreso: el PNV y PDeCAT han anunciado su apoyo a la tramitación de la propuesta socialista, Más País y Compromís optar por abstenerse, y el BNG y la CUP la rechazan. Esquerra y Bildu se reservan su voto, pero ya habían advertido de que no apoyarán la reforma mientras no haya unidad en el seno del Gobierno, ha recogido Europa Press.

Precisamente, el portavoz parlamentario de Más País, Iñigo Errejón, ha calificado de "irresponsabilidad" que el Ejecutivo haya traslado sus diferencias al bloque de investidura y que esté obligando a los grupos a posicionarse en este tema. Y es por eso, según ha explicado, que Más País se abstendrá en la votación de la toma en consideración de esta reforma.

Además, Errejón, ha calificado de "terrible" que este debate se vaya a dar "en la víspera del 8M", un día en el que "cristaliza y simboliza muchas luchas cotidianas" del movimiento feminista. A su juicio, esta división del Ejecutivo ha generado también "división en el feminismo" porque ha provocado "unas formas, unos tiempos y unas actitudes que no propias de los movimientos sociales" y que, según ha indicado, "dificultan la posibilidad de acuerdo".

En los mismos términos ha hablado el portavoz parlamentario de Compromís, Joan Baldoví. El partido valenciano también ha anunciado su abstención y el diputado también ha lamentado que este tema esté suponiendo, no solo "la división del Gobierno y del bloque de investidura", sino también "del feminismo".

A Baldoví le da "un poco de vergüenza" que PSOE y Podemos se estén "tirando el feminismo a la cabeza los unos a los otros" y que estén "intentando repartir carnés de feminismo" cuando, según ha advertido, "hay muchas más feministas en el mundo". Además, ha lamentado la situación en la que queda el PP en este debate. "Unos señores que votaron 'no' a la ley y que no tenían ningún interés en que saliera adelante, se presentarán hoy como los salvadores de las mujeres", ha señalado.

Por el contrario, el BNG votará en contra de tramitar la reforma. En su caso, ven "inaceptable" la posición del PSOE ante el debate de esta reforma y su intención de sacarla adelante con las derechas, pero también ha llamado a la "responsabilidad" a Unidas Podemos. El diputado de la formación gallega, Néstor Rego, ha criticado el "empecinamiento" de los morados en su defensa "a capa y espada" de la ley del solo sí es sí cuando, a su juicio, es "evidente" que tiene "debilidades" y, por tanto, es "necesario corregir". Rego ha insistido en la necesidad de que los dos socios de Gobierno se pongan de acuerdo en esta materia.

La propuesta socialista tampoco contará con el apoyo de CUP que, según ha indicado su portavoz parlamentaria, Mireia Vehí, ve la iniciativa un "debate electoral", no comparte la necesidad de subir las penas mínimas y cree que "no tiene sentido" incluir ahora una disposición transitoria que vale "para el pasado, no para el futuro".

El PSOE sí contará con el apoyo del PDeCat, quien considera necesario corregir una situación que, a su juicio, es "desagradable para todos, incluido el propio Ministerio de Igualdad". El portavoz de esta formación en el Congreso, Sergi Miquel ha señalado que es necesario el "mayor apoyo posible de los grupos" para que la modificación "se haga lo más rápidamente posible" y que se logre un "escenario más deseable".

Junto a los independentistas catalanes, el PNV ha mostrado en estas semanas su apoyo a que esta propuesta sea tramitada en el Congreso y ha anunciado que presentará una enmienda al texto introducir una disposición transitoria que evite las diferentes interpretaciones de los jueces que conlleven reducciones de penas.

Por su parte, ERC y EH Bildu han supeditado su posición en este debate a que exista un acuerdo con el Ministerio de Igualdad para llevar a cabo modificaciones a la norma.

Sergi Miquel es una rara avis en el pasillo del Congreso. En estos tiempos de crispación y de tonos chirriantes, le gusta hablar pausado y apuesta por otro tipo de política. Es un diputado millennial pero aspira a recuperar los aires pragmáticos y de serenidad del nacionalismo catalán moderado. En versión siglo XXI. 

Por eso, Miquel (Llagostera, 1989) suele encontrar la paz en los museos y en las galerías de arte. Un político, enmarcado ahora en el proyecto de Centrem, al que le gusta perderse por las calles del viejo Madrid y que siente debilidad por Yolanda Díaz e Irene Montero. Y sin miedo a confesar que en estos días confusos no termina de encontrar su espacio. Suena el timbre del Congreso, como si fuera una campana.

1- ¿Qué sensación le queda después de las sesiones de control?

Depende del día. A veces, frustración. Otras estoy como excitado. Depende del papel que hayan jugado Vox y el PP.

2- ¿La política genera adicción?

Sí, por muchas cosas. Primero, es un espacio en el que puedes aprender y aportar. En segundo lugar: pasan cosas todo el rato. Eso es fácil que enganche.

3- ¿De qué se habla demasiado en los circuitos políticos madrileños?

De Isabel Díaz Ayuso y del Real Madrid.

4- ¿Cómo se define políticamente?

Un liberal progresista que ahora mismo está intentando buscar espacio porque no se identifica con nada y con casi nadie.

1- ¿Cómo lleva un político de Girona la vida madrileña?

Soy una especie invasora de fácil adaptación. Estoy siempre abierto a recibir y aprender. No ha sido un problema la vida en Madrid.

2- ¿Quién hace los mejores discursos del Congreso?

Aitor Esteban.

3- Después de tantos años aquí, ¿España roba?

España no roba, pero nos debe muchas cosas a los catalanes. Además, España me ha robado el corazón, con mi novio de Salamanca. No puedo quejarme.

4- En su definición en Twitter escribe "everything is art", ¿a qué político le dedicaría un museo?

A Yolanda Díaz. Me parece interesante, sofisticada, elegante e irreverente algunas veces. Es todo lo que me gusta encontrar en el arte.

5- ¿Cuánto hay en el Congreso de House of cards?

A veces demasiado, y a veces demasiado poco. Sólo existe la parte cutre y le falta la parte épica y del morbo.

6- ¿Es más de Mireia Vehí o de Gabriel Rufián?

Mmmm. Hombre, Vehí es de mi tierra, pero mis ideas están más cerca de las de Rufián que las de Mireia. Clarísimamente. Eh, ¿se puede ser de Íñigo Errejón? Es un punto intermedio.

7- También usted dice que, cuando no está en la política o en el arte, se le puede encontrar por Instagram. Confiese de qué cuenta de político es fan.

De la de Borja Sémper.

8- ¿Qué hay de cierto en lo del lobby catalán en el Congreso?

Es cien por cien cierto. Hay un lobby catalán en el Congreso, como en Madrid. Ha sido uno de los grandes aprendizajes. Somos muchos y estamos por todos lados.

9- ¿Qué día aplaudió con más fuerza en el Hemiciclo?

Cuando compareció Zelenski. 

10- ¿Cuándo decidió dedicarse a esto de la política?

No lo decidí, me lo encontré. Pero cuando tienes una vocación de servicio, la materializas en cualquier cosa, desde una sesión cultural a un acto en el Congreso.

11- ¿Quién es su ministro favorito, además de Yolanda Díaz?

Tengo debilidad también por Irene Montero.

12- ¿Sobra testosterona en el Congreso?

¿Es una pregunta? Sí, sí. Efectivamente sobra testosterona. No hay nada más que añadir.

El proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 ya cuenta con más votos a favor que en contra en el Pleno del Congreso a falta solo de conocer la posición definitiva de ERC, con quien el PSOE y Unidas Podemos ya han cerrado varios acuerdos. En concreto, el Gobierno suma 175 síes de los 349 diputados acreditados, lo que permitiría concluir la tramitación de las cuentas públicas en la Cámara Baja y proseguir su hoja de ruta en el Senado, según informa Europa Press.

A la espera de concluir la tramitación parlamentaria de los últimos presupuestos de la legislatura en la Cámara Baja, los dos partidos del Gobierno de coalición, que atesoran 154 escaños, ya se han asegurado los apoyos de PNV (6), Bildu (5), PDeCAT (4), Más País-Equo (2), Coalición Canaria (2), PRC (1) y Compromís (1).

Enfrente se encuentra la oposición de PP (88), Vox (52), Ciudadanos (10), Junts (4), Foro Asturias (1), CUP (2) y los dos diputados de Navarra Suma que fueron expulsados UPN. De su lado, el BNG ha anunciado su abstención a las cuentas públicas, mientras que Teruel Existe y ERC siguen negociando y aún no se han pronunciado de manera definitiva, pero el 'No' parece descartado.

En este escenario, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se ha mostrado confiada en que el Gobierno saque adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2023, a falta de conocer el voto definitivo de ERC.

"Yo confío en que sí, en que el jueves tendremos una sesión larga de votaciones en la que las cuentas saldrán adelante", ha comentado en los pasillos del Congreso tras concluir su defensa de las cuentas públicas en la segunda jornada plenaria.

Pese a que el Gobierno de coalición ya cuenta con apoyos suficientes para sacar adelante el proyecto de Presupuestos, también está cerca de cerrar un acuerdo definitivo con ERC --que tiene 13 escaños-- para pasar el trámite de manera holgada.

La formación catalana ya ha alcanzado un acuerdo con PSOE y Podemos en el marco presupuestario para transferir a Cataluña 900 millones de euros destinados a acometer obras en infraestructuras "clave" en el ámbito ferroviario y de carreteras, además de incluir mecanismos para la ejecución presupuestaria en la región.

Los republicanos han explicado que el acuerdo implica "un gesto" a favor de la negociación, pero han avisado que todavía "queda camino por recorrer hasta poder lograr un acuerdo definitivo".

Lo que sí es definitivo es el apoyo de EH Bildu a los presupuestos, después de que la formación independentista haya llegado a un acuerdo global con PSOE y Podemos para, entre otros puntos, prorrogar durante todo 2023 el límite del 2% para la actualización de las rentas de alquiler y la subida del 15% de las pensiones no contributivas, y que avanzará en cuestiones de Memoria Histórica y autogobierno.

En lo que se refiere al paquete de acuerdos pactados, se incluyen la incorporación de 200 nuevas plazas MIR, alcanzando un total de 1.200 plazas adicionales para 2023, además de la creación del Memorial del 3 de Marzo en Vitoria-Gasteiz y la transferencia de la competencia de Tráfico y Seguridad Vial a la Comunidad Foral de Navarra.

De su lado, el PDeCAT ha anunciado este martes su apoyo a los presupuestos tras acordar con el Gobierno la gratuidad de todas las líneas de autobuses concesionadas por el Estado durante 2023, además de introducir 86 enmiendas en ámbitos económicos, culturales, deportivos o sociales.

En una rueda de prensa paralela a la segunda jornada plenaria de los presupuestos, Bel ha explicado que en lo referente al acuerdo de autobuses, este abarca tanto las líneas concesionadas por el Estado como las paradas de estas. Es decir, que en un trayecto Madrid-Barcelona concesionado por el Estado no solo será gratis el trayecto completo, sino también los trayectos entre paradas intermedias.

Según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a principios de 2022 la red contaba con un total de 4.088 paradas que se encuentran repartidas entre 2.399 poblaciones pertenecientes a 1.837 municipios de la geografía nacional. La longitud total de líneas es de 68.861 kilómetros, con una media de 894,3 kilómetros por concesión.

Estos nuevos apoyos anunciados este martes se han sumado a los que el Gobierno ya tenía atados antes de comenzar la tramitación en el Pleno del Congreso.

Los primeros acuerdos se cerraron con el PNV, grupo que incorporó 48 enmiendas en fase de ponencia que suponen inversiones por valor de 70 millones de euros en Euskadi. Después vino el apoyo de Coalición Canaria, tras acordar un plan de recuperación de 100 millones para la isla de La Palma y ayudas al transporte del plátano de Canarias, entre otros puntos.

Los apoyos de estos grupos permitieron que PSOE y Podemos superaran las Comisiones de Presupuestos sin sobresaltos, ya que les otorgaba la mayoría suficiente para superar la tramitación.

Aun así, el Ejecutivo también se aseguró el apoyo de Compromís, con un paquete que supondría un aumento de unos 60 millones en las inversiones en la región valenciana; al tiempo que también se aseguró el 'sí' del PRC, con otra partida de unos 50 millones en la región cántabra.

A todo esto se suman los acuerdos con Más País en materia de salud mental, bucodental y memoria, así como inversiones de unos 13 millones en partidas relacionadas con el medio ambiente y transporte.

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha enviado a juicio a la formación política PdeCAT, a su predecesora, Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), y a sus extesoreros Germà Gordó, Daniel Osácar y Andreu Viloca por el denominado caso 3%, la estructura puesta en marcha supuestamente para financiar al partido de forma ilegal a través de licitaciones de obra pública, según informa Europa Press.

En un auto de este mismo martes, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 acuerda la apertura de juicio oral para un total de 30 personas físicas, entre ellas políticos, empresarios y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña.

De igual forma, abre juicio respecto a 16 personas jurídicas, mientras que decreta el archivo provisional parcial para Juan Antonio Carpintero, presidente de la constructora Grupo Ortiz.

Pedraz declara a la Sala de lo Penal de la AN como el órgano competente para enjuiciar estos hechos y da un plazo de tres meses a las defensas de los acusados para presentar sus escritos de defensa.

En el auto de apertura de juicio oral, el juez instructor recoge los escritos de acusación tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de los ayuntamientos de Barcelona y de Sant Cugat del Vallés.

Tal y como se dio a conocer la semana pasada, el Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de más de 20 años de prisión para los acusados y una multa de 3 millones de euros para el PdeCAT por la "estrategia para el financiamiento ilícito" que se habría realizado "sistemáticamente" a lo largo de los años en su predecesora política, la extinta CDC, en el marco del caso del 3%.

En su escrito, el fiscal José Grinda acusa a 30 personas físicas y a 14 personas jurídicas, además de a sendas formaciones políticas, solicitando una condena de 21 años y 4 meses de cárcel para el extesorero de CDC Andreu Viloca y de 18 años y 10 meses para el también responsable de las cuentas de la formación Germá Gordó, que fue asimismo consejero de Justicia del Govern con Artur Mas.

Además, pide 1 año y medio de cárcel sustituida por trabajos en beneficio de la comunidad para el exresponsable de finanzas de CDC y extesorero de las fundaciones Daniel Osácar; 1 año de cárcel y otro de trabajos en beneficio de la comunidad para el exresponsable económico de CDC Francesc Xavier Sánchez; 10 años de prisión para la jefa económica y financiera de CDC Anna Dolors, y 14 años para el gerente y coordinador del Área Económica de CDC Carles del Pozo.

Anticorrupción pide imponer la multa de 3 millones al PDeCAT al considerar que, "lejos" de ser "un nuevo partido independiente" de Convergencia Democrática, su nacimiento se entiende como "la mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad, con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente, CDC".

El Ministerio Público detalla en su escrito de acusación que en el período de 2008 a 2015 "altos cargos de CDC, en connivencia con cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y con los diferentes empresarios acusados, pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político ilegalmente y en forma encubierta".

Para la Fiscalía, los ingresos que CDC recibió de sus fundaciones con esta operativa "significaron una fuente de financiación del partido que supuso, en el período comprendido entre los ejercicios 2008 a 2012, una media del 11,5% de la financiación privada del partido y de un 7,7% en la financiación total" de la formación.

Bajo su estructura jerarquizada, los acusados adscritos a CDC y con Gordó al mando "llevaban a cabo un control y seguimiento de las licitaciones de obra pública y servicios ofertadas por diferentes administraciones del ámbito autonómico catalán, bajo la esfera de poder" del partido, ya fuera en ayuntamientos, diputaciones, municipios u organismos dependientes de la propia Generalitat.

Para el resto de acusados, entre los que se encuentran los empresarios a los que se imputan estos hechos, la Fiscalía solicita penas que oscilan entre los 11 años de prisión o condenas sustituibles por multa y trabajos en beneficio de la comunidad.

El escrito de Fiscalía llega dos años después de que el entonces juez instructor, José de la Mata, dictase en 2020 un auto de pase a procedimiento abreviado que puso fin a una investigación iniciada en 2015 por actuaciones irregulares en Torredembarra (Tarragona) y que, a medida que crecía, se remitió a la Audiencia Nacional en 2018 debido a su "grave repercusión" para la economía española.

Los partidos independentistas Esquerra Republicana, Junts, la CUP y el PDeCAT han registrado este martes en el Congreso una proposición de ley de amnistía para todos los procesados y condenados por los hechos del proceso independentista del referéndum del 1 de octubre de 2017. La proposición consiste en una absolución general que consideran "borrón y cuenta nueva" e inicio de una "solución política" para el conflicto catalán.

Se trata de una ley que los partidos independentistas prometieron el pasado mes de diciembre, antes de la disolución del Parlament, y que desde la parte socialista del Gobierno han tachado de inconstitucional, pues prefieren explorar la vía de los indultos o las reformas legales. La última amnistía se aprobó en 1977, como paso previo a las Cortes Constituyentes, ha informado Europa Press.

La iniciativa de los partidos independentistas pretende amnistiar "todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera el resultado", desde el 1 de enero de 2013, lo que incluiría, además del 1-O, a los condenados por la consulta soberanista de 9 de noviembre de 2014, cuando gobernaba Artur Mas.

Junto con los diputados de los partidos independentistas han acudido al Congreso representantes de Amnistía i Llibertat y de Òmnium Cultural. La ANC ya se ausentó en el acto de presentación de la iniciativa el pasado mes de diciembre, en la Modelo de Barcelona, al considerar que su aprobación en las Cortes no es viable.

No es punto final, sino el inicio de un nuevo proceso

La ley ha sido presentada en una comparecencia en catalán y castellano en el Congreso. Montserrat Bassa, por parte de ERC, ha tachado de "salvajada" la respuesta del Estado al referéndum ilegal de 2017 y ha señalado que su amnistía quiere ser "borrón y cuenta nueva" para el independentismo.

Y es que, los portavoces parlamentarios, han querido dejar claro que esta ley de amnistía no es un punto final como fue la de 1977 con el franquismo, sino el inicio de un proceso político para lograr la independencia de Cataluña.

"Esto es el inicio de la solución", ha resumido Ferran Bel, del PDeCAT, quien considera que para hacer política es necesario rehabilitar plenamente a los procesados. "Aunque tiene anclaje en el pasado, esta ley mira al futuro", ha comentado Mireia Vehí, de la CUP.

Bassa, cuya hermana fue condenada en la causa del procés por su papel como consejera, ha indicado que la vía de los indultos no es suficiente porque su objetivo es "el fin de la represión", no un perdón parcial.

Miriam Nogueras, de Junts, también habla de "venganza y ajuste de cuentas" contra los independentistas, y ha defendido la vuelta con garantías de los "exiliados", en referencia al expesidente Carles Puigdemont, huido de España.

Los partidos independentistas Esquerra Republicana, Junts, la CUP y el PDeCAT registrarán este martes en el Congreso una proposición de ley de amnistía para todos los procesados y condenados por los hechos del proceso independentistas del referéndum del 1 de octubre de 2017, según recoge Europa Press.

Se trata de una ley que los partidos independentistas prometieron e pasado mes de diciembre, antes de la disolución del Parlament, y que desde el Gobierno han tachado de inconstitucional. La última amnistía se aprobó en 1977, como paso previo a las Cortes Constituyentes.

La iniciativa de los partidos independentistas pretende amnistiar "todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera el resultado", desde el 1 de enero de 2013, lo que incluiría, además del 1-O, a los condenados por la consulta soberanista de 9 de noviembre de 2014.

Junto con los diputados de los partidos independentistas acudirán al Congreso representantes de Amnistía i Llibertat y de Òmnium Cultural. La ANC ya se ausentó en el acto de presentación de la iniciativa el pasado mes de diciembre, en la Modelo de Barcelona, al considerar que su aprobación en las Cortes no es viable.

Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Junts, PDeCAT, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y la CUP han decidido no acudir este martes al acto que organizará el Congreso para conmemorar el 40 aniversario del fracaso del intento golpista del 23 de febrero de 1981 que presidirá el rey Felipe VI, según informa Europa Press.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, será la encargada de abrir este acto, con el que se pretende celebrar la "fortaleza" de las instituciones y de la Constitución de 1978, según apuntó ella misma esta semana. La ceremonia comenzará a la una del mediodía en el Salón de Pasos Perdidos y, tras la intervención de Batet, tomará la palabra el jefe del Estado.

Batet recibirá al rey en la Carrera de San Jerónimo junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Senado, Pilar Llop; el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; y el presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Como suele ser habitual cuando acude al Congreso, Felipe VI, acompañado de los representantes de las altas instituciones del Estado, accederá al hemiciclo por la conocida como Puerta de los Leones y se dirigirá al Escritorio del Reloj para saludar a los invitados. En esa lista se encuentran los ponentes de la Constitución, los cuatro vicepresidentes del Gobierno; el presidente del PP, Pablo Casado, en su calidad de jefe de la oposición; los miembros de la Mesa del Congreso de los Diputados y portavoces de los distintos grupos parlamentarios.

Las ausencias habituales

Eso sí, de entrada ERC, Bildu, Junts, el PDeCAT, el BNG y la CUP ya han avanzado a Europa Press que no asistirán a esta ceremonia, como suelen hacer en los actos en los que participa el rey o que conmemoran los aniversarios de la Constitución.

Quienes han confirmado públicamente su asistencia, además del PSOE, el PP, Vox y Ciudadanos, es Unidas Podemos, que apoyó la celebración de este aniversario en la Mesa del Congreso, así como Más País-Equo y buena parte del Grupo Mixto.

La última vez que el rey estuvo en el Congreso fue el pasado 2 de febrero para asistir a la Apertura Solemne de las Cortes Generales de la XIV legislatura. Un año después, regresa al Palacio de San Jerónimo en esta ocasión para participar en la citada efemérideefeméride.

Este martes se cumplirán 40 años de la intentona golpista protagonizada por el entonces coronel Antonio Tejero, que irrumpió con un nutrido grupo de guardias civiles en el hemiciclo del Congreso mientras se votaba la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. En el fracaso del 23F tuvo mucho que ver el entonces jefe del Estado, Juan Carlos I, que se encuentra residiendo desde agosto en Abu Dabi (Emiratos Árabes).

Aplazar las elecciones o mantenerlas el 14 de febrero. He ahí la cuestión que sobrevuela estos días Cataluña debido a la grave situación de pandemia de coronavirus y su evolución en los últimos días, con alta incidencia de casos en todo el país cuando se cumplen entre dos y tres semanas desde las fiestas navideñas. Los partidos se han dado hasta el 15 de enero para tomar una decisión, un mes antes de la fecha prevista para los comicios, pero a día de hoy, a pocos días de que llegue esa fecha, no se intuye lo que puede ser la decisión final que se tome. En todo caso, es el Govern presidido en funciones por Pere Aragonès el que deba emitir el decreto de cancelación si esta fuera finalmente la opción a adoptar. Una decisión que, de no hacerse por consenso de todos los partidos catalanes, podría ser causa de una nueva crisis política en la región.

La convocatoria de elecciones autonómicas para mediados de febrero está fijada desde el pasado 21 de diciembre, es decir, desde antes de la Navidad. El decreto de la Generalitat ya se planteaba cauto de cara a la celebración de los comicios, pues en su cuarto párrafo advertía de que "si por razones derivadas de la protección del derecho a la salud por la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia generada por la covid-19 el desarrollo del proceso electoral no se pudiera llevar a cabo con las garantías de salud pública necesarias", se podría "dejar sin efecto" la convocatoria y "posponer la votación para una fecha posterior que ofrezca dichas garantías". La incidencia acumulada en la comunidad en los últimos 14 días es de 468,37 casos por cada 100.000 habitantes.

La mesa de partidos y, finalmente, la Generalitat serán las que respondan a la cuestión, por lo que se espera una semana llena de conjeturas y declaraciones políticas manifestando las distintas opiniones al respecto, siempre con la vista puesta en los datos de evolución de los contagios. No hay ningún partido que defienda taxativamente un aplazamiento de los comicios, pero sus posturas oficiales son claramente diversas. Mientras la candidata de JxCat Laura Borràs apostaba hace unos días por mantener la convocatoria, el PDeCAT ha pedido este mismo lunes al Govern "no alargar la agonía" más de la cuenta y decidir este mismo viernes si se pospone o no el 14F, mientras que ERC, el partido al que pertenece Aragonès, que es quien debe firmar el decreto de aplazamiento, considera que la decisión ha de ser por "consenso" de todos los partidos.

El PSC, por su parte, ha exigido al Govern que movilice los recursos necesarios para preparar el dispositivo electoral porque, en su opinión, no hay otra posibilidad que celebrar los comicios y no existe "ningún escenario epidemiológico" que prevea un confinamiento el próximo 14 de febrero. La CUP se ha manifestado en términos parecidos, mientras que los comuns defienden que las elecciones son necesarias y que, en caso de tener que posponerlas, debería hacerse bajo criterios sanitarios y no "partidistas ni electoralistas". Hasta el presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, se ha pronunciado sobre este asunto pidiendo que los comicios se celebren cuando está previsto.

Vacío legal en la normativa electoral

Este maremágnum de ideas deja de momento a Cataluña en la incertidumbre acerca de si se celebrarán o no elecciones cuando apenas queda un mes para que llegue la fecha elegida, pero lo que parece claro es que, a día de hoy, una suspensión de los comicios no obtendría el aval de todos los partidos. A las posturas políticas se añade el hecho de que la legislación electoral no prevé situaciones a las que hacer frente en caso de que una emergencia sanitaria limite o directamente impida el ejercicio del voto. Es cierto que el año pasado las elecciones vascas y gallegas se aplazaron a causa de la pandemia, pero en aquellos casos hubo pleno consenso por parte de todos los partidos políticos en ambas comunidades, por lo que no hubo ningún impedimento que cuestionara esta decisión.

Al no haber legislación concreta sobre en qué situaciones extraordinarias pueden aplazarse unas elecciones, cualquier partido podría recurrir ante los tribunales el decreto de desconvocatoria. En el caso de Cataluña, sería ante el Tribunal Superior de Justicia debido a que lo que se impugnaría sería una norma del Gobierno autonómico. Según expertos en Derecho Constitucional consultados por infoLibre, la decisión de los jueces dependería de la interpretación que hicieran, es decir, si se basaran únicamente en la Ley de Régimen Electoral General (LOREG) y en la ausencia de escenarios para un aplazamiento, o si tendrían en cuenta otras leyes como las sanitarias en las que se regulan mecanismos para hacer frente a pandemias como la del coronavirus.

Los casos de Galicia y País Vasco no supusieron mayor problema al trasladar de abril a julio de 2020 los comicios autonómicos, pero sirvieron para que se pusieran de manifiesto las carencias de la normativa electoral en casos como el actual. Este hecho fue puesto de manifiesto por el catedrático de la UNED Carlos Vidal durante su intervención en el Congreso el verano pasado en el proceso de renovación de cinco candidatos a vocales de la Junta Electoral Central (JEC). Vidal apostó por la reforma de la LOREG que incluyera una disposición adicional para cubrir el vacío legal y así dotar de mayor seguridad jurídica las convocatorias electorales que pudieran surgir con posterioridad aún con situación de pandemia. Sin embargo, en estos meses no ha habido una sola iniciativa de este tipo en el Parlamento.

Consenso para evitar impugnaciones

Todos los expertos consultados aluden al consenso general como manera para evitar futuras impugnaciones en caso de que los comicios catalanes fueran aplazados. Impugnaciones que arrojarían un escenario político de lo más inestable. El catedrático de la Universidad de Salamanca Rafael de Agapito cree que un decreto de aplazamiento de las elecciones podría incluir el precedente de los casos vasco y gallego como forma para apuntalar la decisión aunque la ley electoral no incluya ningún precepto sobre el que se pueda apoyar la desconvocatoria. Además, considera que en caso de que hubiera alguna impugnación ante los tribunales, el entramado jurídico a estudiar por los jueces no tendría que ser únicamente la LOREG, sino toda la normativa estatal y autonómica que existe para situaciones excepcionales de pandemia.

Cuando los presidentes vasco y gallego, Iñigo Urkullu y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, consultaron a los partidos políticos, todos estuvieron de acuerdo en aplazar la convocatoria. En todo caso, solicitaron informe a las juntas electorales autonómicas, que dieron su aval. En el caso de Cataluña, no existe este organismo autonómico, sólo juntas provinciales, por lo que el informe favorable tendría que venir de la Junta Electoral Central.

El catedrático Luis Aguiar, de la Universidad Carlos III, también opina que a la hora de desconvocar las elecciones del 14F se podría aludir al precedente de Galicia y País Vasco, aunque cree que en el decreto se debería incluir una nueva fecha o al menos una estimación de cuándo podrían tener lugar los comicios. En su opinión, el hecho de que la normativa electoral actual no prevea situaciones de excepcionalidad que lleven a aplazar unas elecciones no es "ilógico", pues considera que el Derecho "no puede cubrir todas las situaciones" y que el caso de Cataluña ahora no difiere de lo ocurrido el año pasado, cuando, según ha dicho, se impuso el "sentido común" ante una situación lo "suficientemente grave".

Mientras se toma una decisión, la maquinaria para preparar la jornada electoral del 14 de febrero sigue en marcha. Ya ha comenzado el plazo para emitir el voto por correo y, de hecho, hoy mismo se ha anunciado de que el período efectivo para ello se ha ampliado hasta dos días antes de los comicios. La Junta Electoral Central aún no ha certificado las candidaturas que oficialmente concurrirán, pero el plazo para presentarlas está a punto de finalizar. 

Las encuestas dicen que, sobre el papel, hay dos escenarios posibles después de las elecciones catalanas. Uno es la repetición de un gobierno apoyado por la más que probable mayoría soberanista (Junts, ERC y la CUP). El otro, un Ejecutivo de izquierdas respaldado por Esquerra, el PSC y Catalunya en Comú Podem. Pero nadie cree que el segundo, más allá de la aritmética electoral, sea políticamente factible: todos los actores políticos catalanes pronostican una repetición de la alianza soberanista por más que las relaciones entre los socios del Govern —los neoconvergentes de Carles Puigdemont y los republicanos de Oriol Junqueras— no hayan hecho más que empeorar desde el fallido intento de proclamar la independencia en octubre de 2017.

Hace tres años, Puigdemont y Junqueras tomaron caminos diferentes. El primer huyó a Bruselas, donde permanece en estos momentos. El segundo no rehuyó la acción de la justicia española, fue juzgado y condenado y todavía permanece en prisión cumpliendo la pena que le fue impuesta aunque ahora, garantizada la legislatura del Gobierno de coalición, con la expectativa de una solución política, bien por la vía del indulto, bien por la de la reforma del delito de sedición en el Código Penal.

Entonces su mala relación personal era pública y notoria, pese a la comunión de intereses exhibida para consumar la proclamación de independencia. Y cada uno de ellos, sin renunciar al objetivo de la independencia, tomó un camino distinto para alcanzarlo.

Puigdemont se aferró a la movilización social y a la denuncia en Europa de la supuesta opresión de Cataluña. Su intención siempre ha sido consumar la independencia por la vía de los hechos desafiando el ordenamiento jurídico y provocando una situación que acabe forzando a la comunidad internacional a intervenir y obligar al Gobierno español a convocar el ansiado referéndum de independencia.

Junqueras, en cambio, trazó un rumbo muy diferente. Esquerra asumió que el soberanismo no tiene todavía la masa crítica de apoyo ciudadano que necesita para obligar al Gobierno de España a someter a las urnas la autodeterminación de Cataluña. La estrategia de ERC pasa por ampliar el espacio político del independentismo atrayendo a su causa a los ciudadanos partidarios del referéndum que no votan al soberanismo. El sueño declarado de Junqueras es fagocitar a Catalunya en Comú Podem y ampliar así no sólo la base social del secesionismo sino su propia hegemonía dentro del espacio político independentista.

Entonces Puigdemont quiso convertir las elecciones del 21 de diciembre de 2017, convocadas por el presidente Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155 de la Constitución, en una respuesta ciudadana a la intervención del autogobierno catalán y al encarcelamiento de “un gobierno democráticamente elegido”. Junts, al igual que la CUP, acudió a aquellas elecciones con la promesa de restaurar a Puigdemont como president de Cataluña y desarrollar la república catalana en los términos establecidos por la ley de transitoriedad anulada por el Tribunal Constitucional.

Esquerra, en cambio, se presentó hace tres años habiendo abrazado ya la estrategia de no volver a forzar la legalidad. Su programa electoral admitía que “avanzar para hacer realidad la república catalana” sólo será posible si el nuevo Govern lograba que Catalunya en Comú se sumara al proyecto independentista, lo que sigue sin haber ocurrido.

Aquella campaña electoral, la más extraordinaria de la historia de Cataluña, ya evidenciaba las grietas del bloque independentista. Puigdemont construyó su discurso desde Bruselas en torno a una idea fija: las elecciones debían servir, exclusivamente, para devolver al Govern a él mismo, en calidad de president, y al resto de los consellers que fueron cesados por el Gobierno de Mariano Rajoy. Y a partir de ahí, forzar una negociación con el Estado sobre la base de la república ya proclamada.

Una estrategia que ERC discutía en privado y, entre líneas, también en público. Junqueras buscaba liderar el bloque independentista para hacerse con el timón del procés y posponer cualquier intento de ruptura hasta contar con apoyo social suficiente.

Pero el 21 de diciembre de 2017 Puigdemont le ganó la partida a Junqueras y consiguió retener el mando de la alianza soberanista. Puso al frente del Govern a Quim Torra, una persona de su absoluta confianza y, desde el Palau de la Generalitat —y el Parlament—, intetó el enfrentamiento con el Gobierno, primero el de Mariano Rajoy y después el de Pedro Sánchez. Una política, la de buscar la ruptura, que Esquerra se resistió a secundar por todos los medios a su alcance, entre ellos la firma de un acuerdo con el PSOE para crear la mesa de diálogo sobre Cataluña.

Por el camino, los desencuentros entre Junts y Esquerra no han hecho más que crecer. Dentro del Govern, a cuenta de las políticas del Ejecutivo en diferentes materias, y fuera de él, sobre todo a la vista de la voluntad de ERC de contribuir a la mayoría de la investidura que primero dio la Presidencia a Pedro Sánchez y ahora acaba de entregarle sus primeros Presupuestos, el pasaporte que el Gobierno de coalición necesitaba para completar la legislatura.

Esquerra cree que, esta vez sí, se va a hacer realidad su sueño de presidir el Govern. Esa es, en realidad, la batalla decisiva de las elecciones que vienen y cuya fecha provisional es el 14 de febrero. Los republicanos, con Pere Aragonès a la cabeza —un político de la absoluta confianza de Junqueras con interlocución directa con el Gobierno de Sánchez— creen que si se hacen con el Palau y tienen la llave de las mayorías en el Congreso estarán el año que viene en una situación inmejorable para sacar el máximo partido a la mesa de diálogo. Están convencidos de que una victoria de ERC ratificará su apuesta por el posibilismo, aunque sea provisional, y desautorizará la estrategia rupturista de Puigdemont.

Aragonès reivindica ERC como la “vía amplia hacia a la independencia” en contraposición a la “vía estrecha” que representan otros adversarios de Junts y la CUP. Su apuesta es la del pragmatismo y la negociación.

Pero la partida no ha terminado. Hace tres años también parecía que ERC se impondría a Junts y Junqueras acabó derrotado por el expresident. Ahora la candidata a la presidencia es Laura Borràs, una incondicional también de Puigdemont que como él y como Torra tiene cuentas pendientes con el Tribunal Supremo. Si acaba siendo condenada, la decisión judicial alimentará, por tercera vez consecutiva, la narrativa de la represión que tanto gusta airear en Europa al líder de Junts.

Las cartas de Borràs

Borràs va a jugar la carta de los acuerdos de ERC con Sánchez, que considera incompatibles con el objetivo de la independencia, así como con la ausencia de resultados de la mesa de diálogo, que la pandemia mantiene congelada desde el mes de febrero. Además del legitimismo de Puigdemont, al que muchos independentistas siguen considerando el verdadero president y cuyo tirón electoral quedó de sobra demostrado en las elecciones europeas de 2019, en las que batió claramente a Junqueras.

“No todos los votos independentistas son igual de independentistas”, proclama Borràs siempre que tiene oportunidad.

La candidata de Junts representa en estos momentos la apuesta por el unilateralismo y la ruptura. La actual portavoz de su formación en el Congreso carece de la personalidad histriónica de Torra, pero comparte sus convicciones y también su determinación.

No obstante, Junts acude a estas elecciones con más lastre del que le gustaría. La gestión de Torra ha estado lejos de ser modélica —el estancamiento político, económico y social de Cataluña desde el referéndum del 1 de octubre es una evidencia para todos, independentistas y no independentistas— y la disidencia interna amenaza con restarle votos suficientes como para verse superados por Esquerra. Primero fue Marta Pascal la que abandonó la nave y fundo el Partit Nacionalista Catalán (PNC). Después el PDeCAT, ninguneado por el propio Puigdemont. Entre los dos las encuestas sugieren que pueden restar a Junts en torno a un 2% de los votos, suficientes para perder la Presidencia que llevan ocupando desde hace una década.

En el debe Junts tiene, sobre todo, que las promesas de las últimas elecciones no se han cumplido. Ni Puigdemont volvió a ser president de Cataluña ni se ha desarrollado la república catalana en los términos establecidos por la ley de transitoriedad anulada por el Tribunal Constitucional. La frustración y el desencanto de sus propias filas pueden pasarles factura.

Mientras tanto, la tensión entre ERC y Junts sigue al alza, entre otras cosas porque hace ya tiempo que ambos partidos carecen de una hoja de ruta compartida hacia la independencia. Y aunque algunos analistas ya han empezado a especular con las dificultades para que una alianza soberanista fragüe después de las elecciones, neoconvergentes y republicanos siguen diciendo, siempre que se les pregunta, que el único escenario que consideran es el de un Govern independentista.

La última encuesta del CIS catalán, el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), apunta a un triunfo de ERC, que ganaría las elecciones, con 35 escaños, entre tres y cinco más que Junts. Completaría el arco soberanista la CUP con entre 8 y 9 diputados, y quizá el PDeCAT con un solitario escaño. En relación con la última encuesta del CEO, publicada en noviembre, ERC habría perdido fuerza al caer de los 36-37 a los 35, mientras que su perseguidor más directo, JxCat, habría mejorado de los 28-30 a los 30-32, estrechando el margen entre los dos principales partidos independentistas. De mantenerse la tendencia, se avecina un final apretado.

Si se suma la intención de voto del PDeCAT, los partidos independentistas estarían en disposición de superar por poco, pero por primera vez, el 50% del voto (50,9%) y repetirían mayoría absoluta, tanto en su horquilla más baja como en la más alta.

La encuesta está en línea con lo que ha venido ocurriendo tradicionalmente en Cataluña. El bloque nacionalista se mueve entre el 46,5% y el 48,8% de los votos desde las elecciones de 1999.

El voto soberanista se ha mantenido estancado, pero a la vez estable, a pesar de la variedad de siglas con las que el independentismo ha trasladado su oferta a los ciudadanos a lo largo de las últimas dos décadas. Primero con los votos de CiU y ERC; después sumando los de Solidaritat Catalana per la Independència (SI) y en 2015 con la coalición Junts pel Sí (una combinación de la antigua Convergència y Esquerra con el apoyo de organizaciones sociales independentistas) y los votos anticapitalistas de la CUP.

El peso del soberanismo está por debajo del 50% de los votos desde las elecciones de 1995. Antes de esa fecha, la suma de nacionalismo e independentismo en las elecciones autonómicas, en los años de hegemonía de Jordi Pujol, siempre superaba la mitad de los votos emitidos.

La candidata del PDeCAT a las elecciones, Àngels Chacón, ha anunciado este lunes que el partido apoyará la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tras explicar que han acordado con el Gobierno el traspaso de los fondos de Rodalies, por valor de 240 millones de euros, y un cambio legislativo para salvar la "viabilidad económica" de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

En rueda de prensa telemática, recogida por Europa Press, ha admitido que, pese a no ser decisivos al tener cuatro diputados en el Congreso, han querido negociar y concretar medidas que tienen también un impacto en los Presupuestos de la Generalitat.

Pese a que las cuentas ya contaban con una mayoría para su aprobación, Chacón ha reivindicado que han logrado que la financiación de Rodalies, que estaba en manos del Ministerio de Hacienda, pase a la Generalitat.

También han contribuido a "salvar la viabilidad económica de una auténtica infraestructura de Estado, la UOC" al haber conseguido un acuerdo para equiparar la contratación de sus 5.000 profesores a la del resto de profesores asociados universitarios de centros públicos.

Además de estas cuestiones, Chacón ha defendido que han logrado tirar adelante unos 40 proyectos para entidades y municipios que beneficiarán ámbitos diversos.

"Este acuerdo demuestra que hacemos política, que dialogamos y somos útiles. Centrar el país es alejarse del populismo y actuar con rigor", ha sostenido Chacón, que ha advertido de que esto no es incompatible con seguir criticando que el déficit fiscal condiciona las políticas que se pueden llevar a cabo en Catalunya.

Según la candidata, siempre intentarán llegar a acuerdo y compaginarlo con su rechazo "a la represión en todas sus modalidades" y con la petición de un referéndum acordado, pactado y reconocido internacionalmente.

Grupo plural

En su opinión, la decisión de los diputados del PDeCAT de apoyar los PGE y el rechazo de los de JxCat evidencia "las dos almas" que tienen, pese a compartir grupo parlamentario, bajo el nombre de Grupo Plural.

"Cuándo hay dos almas, ¿quién es el padre y quién es la madre? ¿Quién debe separarse o no? Es un grupo que también hemos ayudado a constituir", ha defendido Chacón, que ha dejado en manos del secretario de Organización del PDeCAT y diputado en el Congreso, Ferran Bel, las negociaciones al respecto con la portavoz de JxCat en la Cámara Baja, Laura Borràs.

Elección de Borràs

Sobre si la elección de Laura Borràs como presidenciable de JxCat avala la decisión de la ruptura entre ambos partidos, Bel asegura que más que avalar la posición de su formación "deslegitima la posición de algunos que se marcharon del PDeCAT".

Al preguntársele si se refiere al conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, que perdió en las primarias contra Borràs, Bel ha apuntado que es una valoración que debe hacer JxCat y la ciudadanía.

Más País confirma su apoyo a los Presupuestos

Más País-Equo también ha avanzado que su formación votará a favor de la aprobación del proyecto de Presupuestos, que encaran esta semana su recta final en el Congreso antes de su remisión al Senado, pese al "paso atrás" para no subir finalmente la fiscalidad al diésel.

Así lo ha manifestado su portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, que ha expresado su deseo de que estos Presupuestos no sean "punto de llegada, sino punto de partida", y que por ello estarán "vigilantes" para que se ejecuten y "vayan más allá" para reorientar el sistema productivo hacia la transición ecológica.

En todo caso, Errejón ha lamentado también que finalmente no se equipare la fiscalidad del diésel a la de la gasolina, tras el pacto del Gobierno con el PNV, y ha dicho no entender la "indecisión ni los titubeos del Gobierno" para impulsar un proyecto piloto para avanzar hacia la reducción de la semana laboral a cuatro días.

Responsabilidad en un "año durísimo"

"La generación de riqueza no depende del número de horas sino de la productividad", ha argumentado el diputado de Más País, que cree que "el futuro va inequívocamente en el sentido de la reducción de horas", con el fin de "garantizar la conciliación", aumentar el número de puestos de trabajo y reducir los desplazamientos.

En todo caso, ha explicado su apoyo a los Presupuestos en un "año durísimo" en el que "se ha pedido mucha responsabilidad" a la ciudadanía y, cuando esto pasa, considera que "se tiene que devolver tranquilidad y seguridad". "No es momento de codazos ni de peleítas entre partidos", ha dicho.

BNG votará 'no' o se abstendrá

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha descartado el voto positivo a los PGE por parte del diputado del Bloque en el Congreso, aunque todavía se debate entre el 'no' y la abstención, para lo que habrá que esperar hasta el jueves y a si hay algún avance con respecto a las peticiones.

"Galicia se queda descolgada de la foto", ha lamentado este lunes en rueda de prensa Ana Pontón, quien ha arremetido contra los partidos políticos que gobiernan ahora, así como contra el PP y su presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, a quien acusó de no "liderar" una propuesta alternativa.

Pontón ha dicho que "no es solo una cuestión numérica", sobre lo cual ha recordado un "recorte del 11%" en las inversiones a Galicia, sino también "cualitativa". "No hay ninguna cuestión importante. Nos estamos jugando inversiones estratégicas", ha aseverado Pontón, quien ha indicado que los diputados electos por Galicia "en vez de trabajar en contra del BNG, lo hagan a favor de Galicia" para que haya "una buena noticia": "nos estamos jugando más que un millón arriba o uno abajo".

La también diputada nacionalista ha señalado que "si estos van a ser los últimos" Presupuestos expansivos, "qué espera Galicia si no hace valer" ahora su situación. Además, ha advertido de que otros territorios con AVE en marcha —ya que se ha justificado una bajada de inversión a Galicia por el final de esta obra— mantienen un presupuesto creciente

La exconsellera Àngels Chacón ha sido este lunes proclamada candidata del PDeCAT a las elecciones catalanas tras lograr el 93,14% de votos a favor en las primarias del partido, siendo la única que se presentó a dicho proceso.

Así lo han explicado fuentes de la ejecutiva del PDeCAT a Europa Press, que han concretado también que un 4,13% han votado que no, y un 2,73% se han abstenido, con una participación del 39,2%.

Chacón reunió 1.232 avales para presentarse a las primarias del PDeCAT, superando el millar que se requerían para poder hacerlo, entre los cuales estaban el del expresidente de la Generalitat Artur Mas, el exalcalde de Barcelona Xavier Trias y el de 150 alcaldes de Cataluña.

En un discurso ante la ejecutiva del partido, que preside David Bonvehí, Chacón ha agradecido el apoyo de los que la han votado y también por haber mantenido el compromiso con el PDeCAT, una muestra clara de su "solidez personal y política".

"No va de cargos ni de sillas"

"Muchos dudaban de que llegaríamos hasta aquí, o creían que cederíamos ante presiones, pero este proyecto no va de cargos ni de sillas. Por encima de las personas, hay proyectos colectivos, por encima de todo está nuestro país", ha recalcado.

Para Chacón, la política es una herramienta de transformación y los partidos, con sus planteamientos ideológicos y programáticos, deben garantizar "la gobernanza y la toma de decisiones" al margen de que los movimientos sociales puedan influir o condicionar su acción política.

Además de asegurar que asumen la responsabilidad que conlleva gobernar, ha reivindicado que el PDeCAT ha sido esencial en la construcción de Cataluña así como el papel ejercido por sus alcaldes.

Han buscado "sumar"

También ha defendido que han hecho renuncias en pro de Cataluña y que siempre han buscado sumar, y que ejemplo de ello fue la constitución de JxSí y la fórmula de JxCat.

"Somos independentistas, sí, pero no queremos renunciar a nuestro modelo de país. Exigimos respeto a la diversidad ideológica", ha subrayado, tras sostener que la auténtica transversalidad nace de la capacidad de construir acuerdos desde posicionamientos diferentes a partir del reconocimiento mutuo, el diálogo y el consenso.

"Unidad no equivale a uniformidad", ha señalado Chacón, que ha defendido que el PDeCAT seguirá comprometido con la defensa de los derechos y libertades de Cataluña, y ha mostrado su solidaridad con los presos independentistas y los que viven fuera de España como consecuencia del 1-O.

Así, ha acusado a los poderes del Estado de ofrecer "claras muestras de degradación democrática", y ha advertido de que vienen tiempos complejos y que hay trabajar para construir en positivo para lograr una Cataluña libre.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado que hay negociaciones en marcha entre el PDeCAT y JxCat para llegar a un acuerdo de coalición electoral para las próximas elecciones catalanas y ha concretado que son entre "las personas lógicas que las tienen que tener", entre las que ha mencionado al presidente del PDeCAT, David Bonvehí, y al expresidente de la ANC y exdiputado de JxCAT, Jordi Sànchez.

"El calendario está agotado. Si las elecciones pueden venir de aquí a cuatro días, los partidos deben estar organizados", ha afirmado el expresidente en una entrevista en TV3 este miércoles recogida por Europa Press, y ha añadido que en los últimos meses ha intentado tender puentes y preservar la unidad.

Ha concretado que "si el planteamiento es que el PDeCAT deje de existir, no habrá solución, porque hay mucha gente del PDeCAT que no quiere dejar de existir ni se quiere diluir", y ha apostado por la fórmula de la coalición, que asegura que tiene defectos, pero también ventajas.

Regreso de Marta Pascal

Si finalmente hay una separación entre JxCAT y PDeCAT, el expresidente catalán ha dicho que lo lógico es que ambas formaciones "busquen el máximo de apoyos y sumas", y ha apuntado que el PDeCAT tiene la puerta abierta por si se puede ampliar la base de su oferta electoral y reincorporar a gente que se marchó, en referencia a la excoordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal.

Para Mas, la situación en los municipios sería complicadísima si se produce una ruptura entre estas formaciones, aunque ha descartado romper el pacto con el PSC en la Diputación de Barcelona: "La alternativa es irse a la oposición. Y mi pregunta es: ¿dónde seremos más útiles?".

No a una presidencia simbólica

Mas ha asegurado que no es partidario de una presidencia simbólica de la Generalitat en el caso de que el Tribunal Supremo inhabilitase al presidente del Govern, Quim Torra.

"Esta es la salida que yo personalmente no haría", ha sostenido Mas, que ha añadido que bajo su punto de vista Torra puede elegir entre convocar elecciones o que se elija un nuevo candidato a presidente, porque las considera opciones sólidas, en sus palabras.

Ha asegurado que "el terreno de la gesticulación, no lo practicaría", porque cree que no funciona, y en la situación actual de crisis por el coronavirus apostaría por más solidez en las decisiones y las consecuencias que se derivan de ellas.

Al ser preguntado por cuál sería la opción que él escogería, Mas ha afirmado que sabe qué haría pero no lo puede decir porque los expresidentes deben ser cuidadosos para no interceder en las máximas decisiones de los presidentes: "Tengo mi teoría y hoy aún sería menos oportuno que la dijese".

Ha reclamado una respuesta unitaria si se inhabilita a Torra y ha expuesto que para que el proyecto soberanista vaya adelante hacen falta tres condiciones: "Pasar de una mayoría sólida a una mayoría inapelable; la segunda, tener aliados exteriores sólidos, y la tercera, unidad estratégica, de objetivo y camino".

"De estas tres no tenemos ninguna en grado suficiente, y la última es la más debilitada", y ha insistido en que se debe garantizar la pervivencia y unida del movimiento soberanitas y que él tiene autoridad para decir que no se puede deshacer esta unidad.

Caso Palau

Al ser preguntado por la sentencia del Caso Palau, Mas ha afirmado: "Discuto esta sentencia firme", y ha defendido que el extesorero de CDC Daniel Osàcar no debería estar en la cárcel porque asegura que no era el tesorero del partido cuando se firmaron los convenios de obras del Palau de la Música.

Ha subrayado que él asumió responsabilidades y dejó la presidencia del PDeCAT pese a que su nombre "no aparecía en ninguna parte" y lo hizo porque la persona encausada había estado propuesta por él, tras lo que ha deseado que otras personas hiciesen lo mismo que él.

Será la tercera Diada desde la fracasada proclamación de independencia y el contexto en el que se va a producir no puede ser ser más excepcional. Por razones políticas, pero también por culpa de la pandemia, que ha obligado a la Assemblea Nacional Catalana (ANC) a establecer por primera vez ciertos límites a una movilización que preocupa a las autoridades sanitarias.

La ANC es la principal entidad civil del independentismo, controla las movilizaciones en la calle y marca el paso a los partidos. Y ha vuelto a demostrarlo forzando al president Quim Torra a aceptar que la movilización de casi 50.000 personas en la calle el próximo 12 de septiembre es compatible con las medidas aprobadas por el Govern que prohiben las reuniones sociales de más de diez personas en toda Cataluña excepto en los ámbitos laborales y de movilidad. “El derecho legítimo de manifestación tiene que tener en cuenta lo que estamos diciendo de la mínima interacción social. Moverse siempre con las mismas personas en todos lados, es vital. Ahora no sería posible [una manifestación]”, declaró Torra a finales de agosto para rectificar una hora después a través de un comunicado y decir: “La prohibición en toda Cataluña de hacer encuentros de más de diez personas en el espacio público y privado no afecta al derecho de manifestación, siempre que se ejerza respetando las medidas de distanciamiento, mascarilla e higiene de manos”.

Corregirse a sí mismo se ha convertido en una seña de identidad del president. Basta con citar dos ejemplos: el 29 de enero anunciaba elecciones, pero no les ponía fecha, abriendo así un período de incertidumbre que se prolonga hasta hoy. Quienes creyeron que estaba pensando en otoño han tenido que rehacer toda su estrategia: ahora Torra asegura que, de momento, no tiene intención de llamar a las urnas. El segundo es del 26 de febrero. Tras la primera reunión de la mesa de diálogo con Pedro Sánchez, Torra proclamó solemnemente que el Govern no se levantaría de la mesa a pesar de que el Gobierno de España no dio respuesta a sus demandas de autodeterminación y amnistía ni a la incorporación a la mesa de la figura de un mediador internacional. Ahora dice justo lo contrario: no acudirá a otra reunión de esa misma mesa a menos que el Gobierno acepte un orden del día para definir la fecha y las condiciones de un referéndum de autodeterminación y una amnistía.

La situación política catalana no puede ser más inestable. Esquerra presiona al Gobierno central —y a Torra— para celebrar una nueva sesión de la mesa de diálogo justo después de la Diada y ya muy cerca del 17 de septiembre, la fecha en la que el Tribunal Supremo tiene previsto decidir si ratifica la condena de inhabilitación que pesa sobre el president por desobedecer a la Junta Electoral en las elecciones generales de abril de 2019.

Todo el mundo da por hecho que el Alto Tribunal confirmará la sentencia, que al ser firme pondrá fin automáticamente al mandato de Torra. Para entonces el independentismo estará en pleno tercer aniversario del 1-O y Carles Puigdemont, que maneja los tiempos desde su refugio en Waterloo (Bélgica), tendrá el elemento que busca para resucitar el relato de “la represión del Estado” contra el independentismo. Un argumento con el que quiere presionar a Esquerra para dificultar cualquier acuerdo con el Gobierno PSOE-Unidas Podemos, especialmente en materia presupuestaria, y, al mismo tiempo, impulsar la candidatura de Junts per Catalunya (JxC) con la que planea acudir a las elecciones catalanas.

Camino de la desobediencia

Para presionar más a Esquerra, Torra juega estos días con la posibilidad de negarse a acatar la inhabilitación del Supremo, si es que definitivamente llega. En ese caso, obligará a tomar partido a su vicepresidente, Pere Aragonès, más que probable cabeza de cartel de los republicanos en las elecciones en ausencia de Oriol Junqueras, inhabilitado y en prisión. Aragonès tendrá que elegir entre reconocerle como president pese al fallo del Supremo o aceptar la legalidad constitucional y estatutaria y asumir la Presidencia del Govern. Una vez que Torra haya sido inhabilitado, la ley dice que Aragonès será president hasta que el Parlament elija un sustituto. En caso contrario, habrá elecciones entre noviembre y febrero, según la mayoría de los analistas políticos catalanes.

La decisión de Torra de remodelar el Govern esta semana parece sugerir que no tiene intención de convocar elecciones a corto plazo. Pero aun así, todo apunta a que su mandato no pasará de octubre.

El pulso vuelve a ser entre la estrategia de la confrontación, que lidera Puigdemont, y la del diálogo, que impulsa Junqueras. El líder de Esquerra se lo advirtió esta semana: “Si iniciamos una confrontación con el Estado en las condiciones actuales iremos a perder, y nosotros lo que queremos es ganar”. “Si queremos resultados diferentes deberemos prepararnos mejor”, añadió en una entrevista concedída a Europa Press.

Las discrepancias son tan profundas que han acabado por dividir el espacio posconvergente. Puigdemont no sólo ha ordenado romper con el PDeCAT sino que esta semana consumó el cisma expulsando del Govern a la consellera de Empresa, Àngels Chacón, muy bien situada para ser cabeza de cartel electoral de la antigua Convergència, en donde siguen muchos alcaldes y el expresident Artur Mas. El espacio independentista a la derecha de Esquerra vive tiempos de ebullición, a la espera de saber lo que da de sí el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), liderado por Marta Pascal y escisión también del PDeCAT, que debe ahora decidir qué hace con los cuatro diputados que le quedan en el Parlament y, sobre todo, con los cuatro que tiene en el Congreso —la mitad del grupo original de JxC—.

La expulsión de Chacón del Govern, así como del conseller de Interior, Miquel Buch, este sí de JxC pero en el punto de mira del president desde hace tiempo, sugieren que Torra se prepara para un escenario de confrontación en el que sólo quiere leales a su alrededor. Unos preparativos que recuerdan a los que llevó a cabo Puigdemont justo antes de poner en marcha el referéndum del 1 de octubre al echar del Govern a los consejeros menos dispuestos a sumarse a la ruptura constitucional.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas mantiene su militancia en el PDeCAT, después de que su sucesor Carles Puigdemont, varios consellers, exconsellers y dirigentes del partido hayan abandonado la formación en las últimas horas.

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, el portavoz del PDeCAT, Marc Solsona, ha asegurado que Mas mantiene su militancia en el PDeCAT y ha celebrado que el expresidente no haya abandonado el partido "en este momento complejo".

"Siempre ha expresado la voluntad de que él se siente del PDeCAT. Siempre ha intentado participar en proyectos de suma y, por lo tanto, el hecho de que en este momento complejo se reafirme en la militancia en el PDeCAT es una buena noticia", ha afirmado Solsona.

La marcha de Puigdemont y Turull

Por su parte, el expresidente de la Generalitat y líder de JxCat, Carles Puigdemont, anunció este lunes que se da de baja del PDeCAT. La misma decisión ha tomado el exconseller Jordi Turull y varios dirigentes de JxCat.

En un tuit recogido por Europa Press, explicó que este mismo lunes comunicó al presidente del PDeCAT, David Bonvehí, su decisión de darse de baja del partido. Ha afirmado que trabajará "ahora como presidente de JxCat para mantener una relación cordial entre las dos formaciones".

En cuanto a Turull, el exconseller lo anunció igualmente por redes sociales, en un mensaje en el que adjuntó una carta dirigida también al presidente del partido. En la misiva explica la decisión: "Creo que las últimas dinámicas, decisiones y pronunciamientos de la dirección del partido que diriges y presides hacen muy complicado en conciencia mantener una doble militancia".

"Este hecho y movido –repito– solo por mis convicciones y conciencia, me llevan a pedirte que me des de baja como asociado del PDeCAT", afirma en el texto el vicepresidente de JxCat. En la carta, Turull admite que es "una decisión nada fácil y triste especialmente después de haber dedicado tantos y tantos años, e infinidad de horas y kilómetros por todos los rincones del país, y también en muchas instituciones, al servicio del proyecto político que en su momento representó CDC y posteriormente desde su fundación el PDeCAT".

También ha dicho que intentará ayudar para que "las relaciones entre ambas formaciones políticas sean con el mejor tono y lo más positivas posibles". "Personalmente estoy como siempre a tu disposición y te agradezco de nuevo lo que durante todo este tiempo de cárcel, tanto tu personalmente, como el PDeCAT, habéis hecho para los presos políticos y para mí personalmente", ha concluido.

El PDeCAT ha interpuesto una demanda judicial por un cambio en la propiedad de las siglas de JxCat oficializado el 10 de julio en el registro de partidos, y por el cual pasaban de la dirección del PDeCAT a ser controladas directamente por personas próximas al expresidente de la Generalitat y líder del nuevo JxCat, Carles Puigdemont, han informado a Europa Press fuentes del PDeCAT.

Según ha avanzado el diario Ara, el juez ha convocado una vista para la semana que viene con el fin de decidir si toma medidas cautelares y suspende la posibilidad de que Puigdemont use las siglas y lance así definitivamente su propio partido bajo ese nombre.

El PDeCAT insiste en que hay un documento firmado entre el actual secretario general de JxCat, Jordi Sànchez y el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, en el que ambos dirigentes se comprometen a que las decisiones que afecten a la marca de JxCat se tomarán de mutuo acuerdo.

Según han explicado a Europa Press fuentes de la dirección del PDeCAT, la demanda se presentó hace semanas y en ese momento se comunicó a Jordi Sànchez en tanto que dirigente de JxCat.

Las mismas fuentes han añadido que la demanda es una iniciativa cuya posibilidad el PDeCAT ya había anunciado, y que se interpone para defender al propio PDeCAT.

La excoordinadora general del PDeCAT Marta Pascal ha anunciado este lunes que dejará su escaño en el Senado, que adquirió por designación autonómica.

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, Pascal ha explicado que ha decidido poner "punto y final" a su trayectoria en la Cámara Alta después de las conversaciones mantenidas estos últimos días, entre ellas con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, algo que materializará después de participar en el próximo pleno, previsto para esta semana.

"Creo que no puedo seguir poniendo voz a lo que es mi escaño como JxCat en el Senado cuando tengo esta discrepancia, que insisto, yo vivo como pluralidad, yo vivo como suma, como manera de sumar a más gente en este proyecto, y en cambio internamente se vive como una disidencia, como algo que resta", ha razonado.

Albert Bate le reprocha que no le haya comunicado su renuncia

El presidente de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha reprochado este lunes que la excoordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, no le haya comunicado que dejará su escaño en el Senado, que adquirió por designación autonómica.

"Pascal es senadora por designación del Parlament a petición de JxCat. Como presidente de este grupo parlamentario, hubiera agradecido no conocer su renuncia a través de los medios de comunicación", ha destacado en un mensaje en su perfil de Twitter recogido por Europa Press.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas dejará este domingo de estar inhabilitado para ocupar un cargo público en plena reordenación del espacio de JxCat, cuestión que sigue atentamente y que ha explorado con el también expresidente y ahora eurodiputado Carles Puigdemont, informa Europa Press.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Mas a dos años de inhabilitación por desobediencia al organizar la consulta del 9N de 2014, pese a que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional, y luego el Tribunal Supremo rebajó la pena a un año y un mes, impidiéndole entonces presentarse como candidato en unas elecciones, hasta la fecha.

La sentencia complicó así el futuro político de Mas, que desde entonces ha ejercido como expresidente de la Generalitat y ha tenido que afrontar también la condena del Tribunal de Cuentas, que le impuso el pago de cinco millones de euros junto con las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau.

En enero de 2018, Mas también anunció su renuncia a la presidencia del PDeCAT, una decisión que acordó meses atrás con la ejecutiva del partido, que entonces lideraba Marta Pascal, muy crítica actualmente con la línea impuesta por Puigdemont.

Pese a todo, lo que ha sobrevolado siempre sobre Mas ha sido su posible vuelta a la primera línea política una vez terminara su inhabilitación, aunque cada vez que le han preguntado al respecto ha respondido que, en condiciones normales, su rol no es volver a presentarse a unas elecciones al Parlament. Aunque hay sectores del PDeCAT que quieren el regreso de Mas, no es su prioridad y los últimos meses se ha centrado en seguir de cerca las negociaciones sobre la reordenación de JxCat.

Desde junio del año pasado, Mas se ha reunido oficialmente en dos ocasiones con Puigdemont en Bruselas para perfilar una fórmula que aúne el PDeCAT, la Crida y los independientes en un mismo espacio político, y para ello mantiene contactos con todos los actores implicados.

También está informado y sigue de cerca iniciativas como la de El País de Demà, que impulsa el director general de la fundación ESDI, y en la que están implicados exdirigentes del PDeCAT como Pascal y los exdiputados en el Congreso Carles Campuzano y Jordi Xuclà.

Libro y Perpignan 

Está previsto que el martes salga a la venta su libro Cap fred, cor calent. El procés en primera persona, de Columna Edicions, en el que Mas quiere explicar con profundidad los entresijos de su etapa al frente de la Generalitat y el proceso soberanista sin ahorrar "autocrítica" y mostrando sus luces y sombras.

El expresidente catalán también anunció que el sábado 29 de febrero asistirá al acto organizado por el Consell per la República Catalana en Perpignan (Francia) para "dar apoyo" a Puigdemont.

Cuatro años después de que Convergència Democrática de Catalunya (CDC), el partido que durante décadas dominó el ala moderada del nacionalismo catalán, perdiera su identidad como consecuencia de los casos de corrupción que protagonizaron sus dirigentes y de la efervescencia soberanista que siguió a la sentencia del Constitucional que anuló parcialmente el Estatut, el espacio político que ocupaba es un hervidero de siglas, alianzas, plataformas y lealtades cruzadas en busca de un guion —y de un líder— en torno al cual reinventar una oferta política unitaria de cara a las elecciones anticipadas que el president Quim Torra ha anunciado pero para las que todavía no hay fecha.

El PDeCAT, las siglas en las que se metamorfoseó CDC, nunca tuvo la oportunidad de consolidarse por sus propios medios. La creación de Junts pel Sí, la alianza con Esquerra y representantes destacados de las organizaciones sociales independentistas que pilotó el rumbo del soberanismo desde 2015 hasta la declaración de independencia de 2017, desembocó en el imprevisto liderazgo de Carles Puigdemont, huido a Bélgica, y en la necesidad de repetir la experiencia —ya sin los republicanos— en las elecciones autonómicas que convocó Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155. La fórmula de urgencia se diseñó en gran parte a medida de Puigdemont, fue bautizada como Junts per Catalunya (JxCat) y unió de nuevo al PDeCAT, cada vez más diluido, y a un influyente grupo de afines al expresident de los que Quim Torre es uno de sus principales exponentes.

Durante todo el año 2018, Puigdemont trató de poner en pie su estrategia de construcción de una formación política independentista hegemónica siguiendo el modelo del Partido Nacionalista Escocés que obligase a ERC —y a la CUP— a someterse a su liderazgo. No lo logró, pero por el camino fue capaz de desplazar a los dirigentes del PDeCAT más incómodos con la estrategia unilateral y puso en marcha su propia plataforma política, la Crida Nacional per la República (CNR), al frente de la cuál situó a uno de los presos del procés, el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez.

En paralelo, durante estos años se han ido quedando descolgados otros actores menores del soberanismo político no de izquierdas. Es el caso de Demòcrates, una organización formada por los independentistas de la desparecida Uniò Democrática de Catalunya (UDC), que ha sobrevivido todo estos años haciéndose hueco primero en la coalición Junts pel Sí y después en las candidaturas de Esquerra. Un lugar en el que, ahora, no están nada cómodos, porque no sólo no comparten la decisión de facilitar la investidura de Pedro Sánchez sino que se sienten mucho más próximos al desafío rupturista que encarna el president Torra.

Demòcrates de Catalunya ha convocado su II Congreso Nacional para el próximo mes de marzo con el objetivo de concretar su apuesta por “la vía unilateral y de insumisión colectiva como único camino” para la independencia de Cataluña.

Ese mes será capital para el futuro del espacio posconvergente. La Crida celebrará en esas fechas una asamblea general en la que formalizar la “propuesta de actuación política” a la que estos días tratan de dar forma Puigdemont y Sànchez en contacto con el actual responsable del PDeCAT, David Bonheví.

Oficialmente la Crida nació hace un año sin intención de presentarse a las elecciones. Desde entonces ha trabajado en su expansión territorial y en la captación de seguidores con la transversalidad por bandera, sobre todo a partir de propuestas liberales y socialdemócratas.

El rumbo que tome la Crida ahora dependerá de Puigdemont, su líder indiscutible, y eso determinará a su vez el futuro de Junts per Cataluña, que es la apuesta del PDeCAT. Este partido decidió el pasado diciembre “transitar" hacia JxCat —son los dueños de la marca— con la intención de evolucionar hacia una sola estructura, lo que no implicaría forzosamente la disolución de la formación. Eso sí: este recorrido lo quieren seguir haciendo bajo el liderazgo de Puigdemont.

El PDeCAT no quiere integrarse en la Crida, sino convertir JxCat en el espacio donde converjan todos las formaciones partidarias de la independencia. Un cruce de siglas que se hace todavía más complejo si se tiene en cuenta que personas como Puigdemont o el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, militan en la Crida y el PDeCAT al tiempo que forman parte de Junts.

Paradójicamente, y a la vista de que a partir de marzo se abre la posibilidad de tener que hacer frente a elecciones, el PDeCAT ha comenzado a reforzar su estructura. “Ante los tiempos que vienen necesitamos una dirección fuerte, proactiva, que trabaje por el mandato del Consell Nacional de reordenación del espacio y transitar hacia JxCat”, defiende Bonvehí, que aspira a culminar en “unas semanas” el proceso de reordenación de Junts, con “prudencia y generosidad para que todos los sectores se sientan cómodos”. “Queremos que esto salga bien. Las fórmulas están todas abiertas”, sostiene.

Si la situación que viven la Crida, Junts, el PdeCAT y Demócrates es compleja, la de quienes aspiran a reconstruir un espacio político nacionalista pero no independentista, en la tradición de Convergència i Unió (CiU), lo es mucho más.

Catalanismo no soberanista

En este terreno son varias las entidades e iniciativas que reclaman representar al catalanismo no soberanista al que, aseguran, el discurso independentista dominante ha dejado huérfano. Entre ellos están Lliures, un partido que se autodenomina liberal y de centro, creado por el exconseller convergente Antoni Fernández Teixidó en 2017, que nunca se ha presentado a las elecciones y que ahora negocia su integración en la recién creada Lliga Democràtica, otra formación autotitulada liberal y de centro que lidera la politóloga Astrid Barrio. Y cuyo secretario general es Josep Ramon Bosch, que ha sido en dos ocasiones máximo dirigente de la antiindependentista Sociedad Civil Catalana (SCC) y que fue quien fraguó el aterrizaje de Manuel Valls en la política española para intentar el asalto a la Alcaldía de Barcelona.

La Lliga mantiene conversaciones con Convergents, un partido creado por el exconseller Germà Gordó, pero cuyo ideario soberanista dificulta el acercamiento. Y también con Units per Avançar que, con Ramon Espadaler al frente, es el heredero de la desaparecida Unió Democràtica. Units, que reivindica el ideario democristiano, catalanista y no soberanista de Uniò, se presentó a las últimas elecciones autonómicas en coalición con el PSC, lo que le permitió obtener un escaño en el Parlament.

Por si fueran pocas las siglas que tratan de liderar una alternativa catalanista no independentista, queda por ver si la plataforma El País de Demà acaba fraguando una oferta política y electoral. La han impulsado. en los últimos meses de 2019, empresarios, académicos y políticos catalanes cercanos al PDeCAT que se sintieron desplazados desde que Puigdemont tomó el control de la organización, en el verano de 2018. Algunos de los dirigentes políticos a los que tratan de vincular con este proyecto fueron, de hecho, personas muy relevantes del PDeCAT, como el exdiputado Carles Campuzano y la exsenadora Marta Pascal.

Los liderazgos

La redefinición del mapa político posconvergente dependerá, tanto antes como después de las elecciones, de los liderazgos. Todo en el catalanismo no independentista está más verde, mientras en el caso del soberanismo los nombres empiezan a acumularse.

El que más suena es el de Carles Puigdemont, que ya asumió la candidatura a la Presidencia en las elecciones de diciembre de 2017. Él asegura no querer repetir la experiencia, pero tampoco lo descarta, teniendo en cuenta que necesita poner toda la carne en el asador para mantener el liderazgo del espacio independentista y evitar que pase a manos de Esquerra. A su favor cuenta con el resultado de las elecciones europeas, las únicas en las que —con él como cabeza de cartel— Junts fue capaz de batir a los republicanos.

Si al final opta por no presentarse, la mejor situada para ocupar ese lugar es Laura Borràs. La portavoz de Junts en el Congreso goza de su total confianza. En su currículum juega a favor, paradójicamente, estar siendo investigada por el Tribunal Supremo como supuesta responsable de varios delitos —prevaricación, malversación, fraude administrativo y falsedad en documento mercantil— presuntamente cometidos cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

El resto de nombres que se están poniendo encima de la mesa proceden del Govern —el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet; el de Políticas Digitales, Jordi Puigneró; la de Empresa, Àngels Chacón— o del municipalismo, como la alcaldesa de Girona y diputada en el Parlament, Marta Madrenas, también muy próxima al expresident. Sus posibilidades reales dependen del visto bueno de Puigdemont, pero también de los recelos que susciten en el PDeCAT.

El que todavía no ha aclarado si tratará de recuperar el liderazgo del espacio posconvergente es Artur Mas. El expresident de la Generalitat habrá cumplido el próximo 23 de febrero la pena de inhabilitación que le impusieron los tribunales por la consulta del 9 de noviembre de 2014.

Mas, al que se considera reacio a insistir en la vía unilateral para conseguir la independencia, publicará el próximo 25 de febrero, justo después de que termine su inhabilitación, un libro titulado Cap fred, cor calent (Cabeza fría, corazón caliente). Quizá entonces aclare si está dispuesto a volver a la primera línea de la política catalana, de la que le apartó la CUP en 2016 abriendo de paso la puerta del Palau de la Generalitat a Carles Puigdemont.