El Gobierno de Rajoy vacía el 88% de la hucha de las pensiones que recibió en 2011

El Gobierno va a sacar 3.586 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para abonar la paga extraordinaria de las pensiones en diciembre. De modo que en la conocida como hucha de las pensiones sólo quedan ya 8.095 millones. Cuando el PP llegó al poder, en diciembre de 2011, la hucha había alcanzado su máximo histórico, 66.815 millones de euros. Por tanto, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha gastado el 87,8% del dinero que heredó del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

El Ejecutivo del PP ha sacado del fondo desde 2011 un total de 74.437 millones de euros, el 90,3% del importe acumulado de la hucha desde que se creó, en el año 2000. Esa cantidad resulta de sumar, por un lado, las cantidades aportadas cada año y procedentes de los excedentes de la Seguridad Social y de las mutuas –53.598 millones– y, por otro, los rendimientos de esas cantidades, invertidas en deuda pública española –28.932 millones–.

Cuando en 2012 la Seguridad Social entró en déficit, el Gobierno comenzó a retirar dinero del fondo, por primera vez desde su creación, para aliviar sus problemas de tesorería y pagar las pensiones en septiembre y octubre, además de la extra en diciembre.

Desde entonces repite la operación cada vez que debe pagar las dos extraordinarias anuales. Hasta que ha dejado el fondo en mínimos. Para evitar que quede a cero, la Seguridad Social optó este año por pedir al Estado un préstamo de 10.192 millones de euros, que no devenga intereses y tiene un plazo máximo de cancelación de 10 años. En verano utilizó 5.986 millones de esa cantidad para abonar la extraordinaria, al tiempo que sacaba de la hucha otros 3.514 millones. Ahora, para pagar la extra de Navidad, ha utilizado los 4.206 millones que le quedaban del préstamo y ha retirado del fondo de reserva 3.586 más. Estos 7.792 millones de euros servirán sólo para abonar la extra; la paga ordinaria se sufraga cada mes con las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores, 9.678 millones este mes de diciembre.

Salarios anémicos, más pensiones cada vez más altas

Según los últimos datos de ejecución presupuestaria publicados por el Ministerio de Empleo, las cuentas de la Seguridad Social tenían un saldo negativo de 5.967,64 millones de euros a 31 de octubre, lo que equivale al 0,51% del PIB. A pesar de que ha aumentado la recaudación de cotizaciones sociales un 5,13% respecto al año anterior, el sistema cerrará de nuevo en números rojos por sexto año consecutivo. De hecho, según las previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el déficit de la Seguridad Social ascenderá este ejercicio al 1,6% del PIB, unos 18.300 millones de euros, el más alto de su historia.

Desde 2012 los ingresos por cuotas no han dejado de menguar: la destrucción de empleo por la crisis, primero, y la anémica recuperación de los salarios y los contratos después, han dejado tiritando las cuentas de la Seguridad Social. Pese a que desde 2014 se han recuperado medio millón de puestos de trabajo anuales, de los 3,6 millones que destruyó la recesión, el trabajo precario –aumento de los contratos a tiempo parcial, devaluación salarial– daña los ingresos del sistema, que al mismo tiempo debe hacer frente a un número cada vez mayor de pensiones y de cuantía más elevada.

Con datos a 1 de noviembre, la Seguridad Social paga 9,56 millones de pensiones, de las cuales son contributivas –derivadas del pago de cotizaciones– 8,85 millones. Ese número ha crecido un 3% el último año. De ellas, son de jubilación 5,87 millones, un 1,7% más que hace un año. Desde 2012, su número ha aumentado un 10,3%. Y su cuantía media, un 1,94% el último año y un 12% desde 2012. A día de hoy, la pensión media de jubilación en España asciende a 1.069 euros al mes.

Déficit hasta 2022

La tendencia en los próximos años seguirá en la misma dirección: cada vez más pensionistas y cada vez pensiones más elevadas debido al envejecimiento de la población y a que los salarios de quienes se jubilan son más altos que los de sus antecesores. Las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 intentaron contener el gasto en estas prestaciones. La primera, modificando los parámetros para calcular su cuantía y retrasando paulatinamente la edad de jubilación hasta los 67 años. La segunda, introduciendo un índice de revalorización y un factor de sostenibilidad que recortan sustancialmente el importe de la pensión.

Hasta ahora sólo ha entrado en vigor el primero. Desde 2014 las pensiones no se actualizan según crece la inflación, sino un 0,25% si la Seguridad Social cierra con déficit –como ha venido ocurriendo desde 2012–, y un 0,50% por encima del IPC si el sistema tiene superávit. Pero tampoco ese factor de contención del 0,25% ha servido para corregir los números rojos de la Seguridad Social. El segundo, el factor de sostenibilidad, se aplicará a las nuevas pensiones a partir de 2019 y se traducirá en un recorte de entre un 0,5% y un 0,7% cada año, según los cálculos de CCOO.

Aun así, la AIReF prevé que la Seguridad Social continúe en déficit al menos hasta 2022. Por lo que seguirá siendo necesario recurrir a más préstamos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para pagar las extraordinarias de las pensiones. Desde 2011 –aunque tampoco se hicieron en 2009– no se han realizado aportaciones al Fondo de Reserva. Y con los 8.095 millones que quedan en la hucha no podría pagarse ni la mitad de la próxima extra de 2018: la nómina de estas navidades alcanza los 17.470 millones de euros, la del pasado junio ascendió a 17.218 millones.

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Las soluciones, en el limbo político

Mientras, los debates en la Comisión del Pacto de Toledo, en el Congreso, se encuentran paralizados. No se habían hecho grandes avances desde que los diputados comenzaron a reunirse en enero, pero la crisis política catalana ha terminado por bloquear definitivamente los trabajos. Precisamente una de las tareas que tiene encomendada la comisión es proponer nuevas fuentes de ingresos para la Seguridad Social. Las soluciones son variadas: destopar las bases máximas de cotización, costear con cargo a los Presupuestos del Estado algunas pensiones –viudedad, orfandad– y determinadas partidas –gestión, personal–, equiparar las cotizaciones de los autónomos con las de los asalariados del Régimen General y eliminar las subvenciones a los contratos que reducen las cuotas de los empresas al sistema.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, repite que la solución para lo que califica de “déficit temporal” es “crecimiento económico y creación de empleo”. También intenta revestir de normalidad el recurso a los préstamos del Estado: “Esto no es raro en la Seguridad Social, ya se hizo en los años 90, cuando no había fondo de reserva”.