Europa está entrando en una nueva etapa geopolítica en la que la dependencia estratégica ya no resulta sostenible. La agresividad de Putin, la incertidumbre derivada de la política exterior estadounidense de Trump y la inestabilidad crónica en Oriente Próximo, agravada por la estrategia del gobierno de Netanyahu, han dejado una lección clara: Europa no puede seguir delegando indefinidamente su seguridad.

España debe asumir que este debate ya no es ajeno.

Tradicionalmente, la política española ha tratado la defensa como una cuestión periférica, subordinada a otras prioridades. Sin embargo, en el contexto actual, la seguridad europea y la estabilidad económica están íntimamente conectadas. Energía, comercio, migración, cadenas logísticas, seguridad digital y estabilidad regional dependen también de la capacidad de Europa para proteger sus intereses.

Esto no significa abrazar una lógica militarista ni sacrificar el modelo social europeo. De hecho, uno de los errores más persistentes del debate público consiste en presentar la inversión en defensa como incompatible con el gasto social.

No lo es.

La dicotomía entre “más defensa o más bienestar” simplifica un problema mucho más complejo. La cuestión no es elegir entre hospitales y seguridad, entre educación y capacidades estratégicas, sino decidir cómo organiza Europa, y dentro de ella España, sus prioridades presupuestarias, industriales y tecnológicas.

España dispone de una oportunidad singular para liderar este proceso dentro de Europa.

Su posición geográfica, entre el Atlántico, el Mediterráneo y el norte de África, la convierte en una pieza estratégica de primer orden. A ello se suma una base industrial relevante: Navantia en construcción naval, Indra Sistemas en tecnología y defensa, presencia industrial de Airbus, así como capacidades logísticas, satelitales y de ciberseguridad con amplio margen de expansión.

Invertir en defensa europea no debería entenderse exclusivamente como adquisición de armamento, sino como política industrial avanzada. Supone innovación, investigación, transferencia tecnológica, empleo cualificado y autonomía en sectores críticos.

Una estrategia común de defensa europea mejor coordinada permitiría además reducir ineficiencias históricas: compras fragmentadas, duplicación de sistemas y dependencia tecnológica externa. Es decir, gastar mejor, no simplemente gastar más.

España podría desempeñar un papel central en la construcción de una arquitectura europea de defensa más integrada y racional, compatible con el mantenimiento del Estado del bienestar que define el proyecto europeo.

Ese debería ser el verdadero objetivo: no copiar modelos de potencia basados en hipertrofia militar, sino construir una capacidad de defensa suficiente para proteger autonomía política, estabilidad económica y cohesión social.

Porque una Europa incapaz de defenderse termina dependiendo de agendas ajenas. Y una Europa dependiente pone en riesgo, precisamente, aquello que pretende preservar: prosperidad, democracia y protección social.

España haría bien en comprender que liderar una defensa europea más autónoma no contradice su vocación social. Al contrario: reforzar seguridad, industria y soberanía estratégica es también una forma de proteger el bienestar de sus ciudadanos.

No se trata de elegir entre cañones o pensiones. Se trata de entender que, en el mundo actual, la autonomía estratégica también es política social.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

El pasado 9 de abril, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, fue preguntada por la detención de un suboficial español en el Líbano a manos del ejército israelí. El militar había sido sacado de un convoy de la ONU "con una violencia evidente", trasladado a una aldea y retenido durante una hora, según describió después la ministra de Defensa, Margarita Robles. Muñoz respondió que no tenía suficiente información para valorarlo y que, en todo caso, una hora no era tanto: "Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida”, afirmó la portavoz.

Dos meses antes, en un acto organizado por elespañol.com, la vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, había anunciado el compromiso de su partido de tener unas Fuerzas Armadas "dinámicas, profesionales, motivadas, formadas y cuidadas". Cuando estalló la polémica por las palabras de su portavoz, Feijóo evitó pronunciarse. Muñoz, por su parte, afirmó su compromiso con las Fuerzas Armadas, pero sin retirar ni matizar su comparación con el control de tráfico.  

En el Partido Popular, la ironía y la tendencia a restar importancia a estos incidentes, y a otros más graves, forman ya un patrón que se repite desde hace más de una década, cada vez que el agresor de los militares españoles es el ejército israelí. 

El 28 de enero de 2015, un proyectil de artillería israelí de 155 milímetros impactó contra la torre de observación en la que vigilaba el cabo Francisco Javier Soria Toledo —malagueño de 35 años, a pocas semanas de ser padre—, que murió en el acto. El bombardeo israelí fue tan intenso —con más de 118 proyectiles identificados, según el propio ministro de Defensa— que el helicóptero de evacuación no pudo aterrizar a recoger el cadáver porque los obuses seguían cayendo. Entre esa munición había, según declararon los militares españoles en el informe reservado del Estado Mayor, bombas de racimo: armas prohibidas por una convención internacional que Israel no ha suscrito.

El 14 de abril de 2015, el ministro Pedro Morenés (PP) compareció en la Comisión de Defensa del Congreso. Sin ninguna crítica ni denuncia, el popular hizo hincapié en la falta de intencionalidad israelí y destacó su disposición a aceptar una investigación conjunta. Los informes de dicha investigación —el español, el israelí y el de la ONU— se clasificaron y no se facilitaron al Congreso ni a la prensa.

En esa misma sesión, cuando el diputado socialista Diego López Garrido criticó la actuación de los artilleros israelíes, el diputado popular Vicente Ferrer Roselló respondió que quería "agradecer, en nombre del Arma de Artillería de las Fuerzas Armadas israelíes, la fe de algunos portavoces en su puntería". Y remató: "Son buenos, pero fallan." Un militar español llevaba muerto dos meses y medio y el representante del partido del Gobierno no solo lo justificaba, sino que ironizaba hablando en nombre del ejército que lo había matado. Su bancada aplaudió. 

Lo que vino después lo revelaría diez años más tarde la investigación Israel Files, publicada por infoLibre en diciembre de 2025 junto con la red European Investigative Collaborations (EIC). Los documentos internos del Ministerio de Justicia israelí muestran que el Departamento de Guerra Legal de Israel, a través del despacho Cuatrecasas, monitorizó el proceso judicial sobre la muerte del cabo y que, según sus correos internos, habría recibido de la Fiscalía de la Audiencia Nacional información sobre sus intenciones procesales antes de que fueran comunicadas al juez o a la familia, un hecho que la Fiscalía niega. La causa fue archivada en 2017. 

Once años después, el 16 de noviembre de 2025, un tanque israelí abrió fuego con su ametralladora contra una patrulla española que hacía labores de vigilancia a pie cerca de la frontera libanesa. Los proyectiles impactaron a cinco metros de los soldados, que tuvieron que tirarse al suelo y esperar 30 minutos hasta que el tanque se replegó. La ONU definió el ataque como una "grave violación" de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad. El Ministerio de Defensa lo calificó de "absolutamente inaceptable". Israel dijo que había sido un error de identificación por "malas condiciones meteorológicas". El PP no emitió ninguna declaración sobre la actuación israelí.

El 12 de enero de 2026, otros tres tanques israelíes se adentraron en territorio libanés y dispararon contra una unidad de reconocimiento española en las inmediaciones de la localidad de El Khiam. Los proyectiles cayeron a 150 y 380 metros de los soldados. Mientras se replegaban, los tanques los rastrearon con el láser de puntería. La respuesta del PP fue un escrito en el Congreso pidiendo a Robles que explicara "la utilidad de mantener nuestra presencia" en la misión, sin ninguna mención a la actuación de Israel. 

Semanas después, a finales de marzo de 2026, tres militares indonesios integrados en la brigada multinacional que España lidera en el Líbano murieron en dos ataques sucedidos en menos de 24 horas. Las investigaciones preliminares de la ONU apuntan a un proyectil de tanque israelí en el primero de los casos; el segundo, a un artefacto explosivo cuya autoría no ha sido definitivamente establecida. 

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), que prestó asesoría legal a la madre del cabo Soria Toledo, califica la gestión que hizo entonces el Gobierno del PP de "bajada de pantalones lamentable". Tras los nuevos incidentes, su secretario general, Iñaki Unibaso, expresa su preocupación "ante la repetida falta de ética de Israel" y recuerda que los tres indonesios fallecidos operaban bajo mando del Ejército español.  "Israel sigue actuando con total impunidad", resume Unibaso.

De las declaraciones de Vicente Ferrer a las de Ester Muñoz ha pasado una década, varios ataques israelíes contra soldados españoles y un suboficial detenido y agredido. El PP ha usado ese tiempo para comprometerse a cuidar a las Fuerzas Armadas, presumir de estar orgulloso de sus militares y pedir reformas para mejorar sus condiciones. Lo que no ha hecho, en ninguno de estos episodios, es condenar, o al menos tomarse en serio, los ataques israelíes que las fuerzas españolas o bajo mando español reciben en el Líbano.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha informado este lunes de la muerte "hace escasos segundos" de un segundo casco azul indonesio en Líbano durante un ataque a un convoy y ha manifestado su "enorme preocupación" por la situación en el sur del país donde están desplegados 700 militares españoles en la misión de paz de la ONU (UNIFIL) que se encuentran "bien", según informa EFE.

"Además del ataque que hubo ayer en el que falleció un militar indonesio y otro resultó muy grave, hace escasos minutos ha habido otro ataque a un convoy en el que ha fallecido un segundo militar indonesio", ha informado Robles en declaraciones a los periodistas a su llegada al Ministerio de Industria, donde se va a presentar el programa IN+DEF. 

Robles ha explicado que, a pesar de la gravedad de la situación, los cascos azules siguen realizando convoyes y en el caso de la mañana del lunes el primero de los vehículos de esa patrulla de vehículos ha sido alcanzado.

En cuanto al contingente español, Robles ha emplazado a esperar las decisiones que tome Naciones Unidas, organismo al que ha pedido que traslade a los responsables políticos que hay que garantizar la seguridad no solo de los efectivos españoles sino de los 10.000 cascos azules que forman en este momento la misión. Está previsto que la misión acabe el mandato de Naciones Unidas a finales de este año.

Con el ataque de este lunes ya son dos los cascos azules indonesios fallecidos en Líbano después de que en la noche del domingo muriera un militar de esa nacionalidad a raíz de la explosión de un proyectil en una base de la UNIFIL cerca de Adchit Al Qusayr, en el sur del Líbano, mientras que otro fue herido de gravedad.

Este militar herido se encuentra en estado "crítico", ha señalado Robles, que ha recordado que el contingente de Indonesia está bajo mando español en la base Miguel de Cervantes, cerca de Marjayou. 

La ministra ha explicado que los militares españoles se están volcando en ayudar a los indonesios y ha insistido en que la situación es de "total preocupación" y, por ello, ha exigido a Naciones Unidas que exija a Israel y, en su caso, al grupo chií Hezbolá también, el fin de los ataques.

"Esta situación que está ocurriendo es gravísima desde todos los puntos de vista de UNIFIL, que es una misión de paz y, por tanto, las hay que respetarla siempre y en todo caso.

El inicio de la guerra de Irán es difícil de explicar. La versión oficial sostiene que Israel y Estados Unidos atacaron al país del Golfo Pérsico para evitar la producción de armamento nuclear. Sin embargo, el primer día del conflicto, varios misiles impactaron contra un lugar donde no debían, la escuela primaria Shajareh Tayyebeh, en la ciudad costera de Minab. En sus aulas estudiaban niñas de entre siete y doce años.

En los días siguientes se han buscado todo tipo de explicaciones a un ataque “que no tenía ningún sentido, tampoco como daño colateral”, como explica a infoLibre el teniente Marín, perteneciente al Regimiento de Transmisiones del Ejército de Tierra, un cuerpo acostumbrado a trabajar en sistemas y tecnologías de la información y de las telecomunicaciones. Y poco a poco han ido apareciendo respuestas. The Times fue uno de los primeros medios en señalar que la inteligencia artificial ya estaba participando en el conflicto a través del llamado kill chain, el sistema que conecta los datos con el disparo. “El algoritmo parece que no tomó la decisión de ‘apretar el botón’, pero sí cruza los datos de la lista de blancos y el ritmo de los ataques”, explica Marín, .

Un exoficial de inteligencia naval estadounidense, identificado como Romero, confirmaba a Univisión lo ocurrido: “El Pentágono ha integrado la inteligencia artificial en la fase inicial de la guerra con Irán. Esta tecnología agiliza la selección de objetivos estratégicos y coordina el uso de drones con una precisión sin precedentes”.

Pero la inteligencia artificial también falla. Medios como The New York Times apuntan a la desactualización de la base de datos de Project Maven, un programa cuya aplicación visible es Maven AI. Este sistema “integra en una sola interfaz la fusión de datos procedentes de satélites, drones y otros sensores, un mapa operativo con posiciones propias y enemigas, herramientas de seguimiento de activos, sistemas de priorización de información y agentes conversacionales capaces de responder consultas en lenguaje natural sobre el campo de batalla”, explica Óscar Ruiz, analista en seguridad e industria militar.

Shajareh Tayyebeh fue un complejo naval de la Guardia Revolucionaria que hace una década, en 2016, se transformó en una escuela de primaria. Pasó de ser un objetivo militar a ser un lugar protegido por el IV Convenio de Ginebra. Sin embargo, todo apunta a que en alguna de las bases de datos y capas cartográficas utilizadas seguía etiquetado como objetivo.

“Un error relativamente habitual”, recuerda el coronel Rubio, experto en Seguridad Global y Defensa y autor de libros como La guerra de los robots o Guerra SA, pero que “se hubiera corregido mediante verificación manual” con personal de inteligencia sobre la zona.

Un reportaje de Anadolu Agency explica que en las primeras 24 horas de la operación Furia Épica las fuerzas estadounidenses atacaron más de 1.000 objetivos con ayuda de sistemas diseñados para analizar grandes volúmenes de datos de inteligencia y sugerir posibles puntos de impacto. El ritmo —en torno a 42 objetivos propuestos por hora— ha llevado a varios analistas a cuestionar si la velocidad de los sistemas automatizados no está superando la capacidad humana de verificar cada blanco con rigor.

“Comprobar tal cantidad de datos llevaría semanas”, aseguran expertos en defensa y análisis de datos. Por eso, el uso de la IA para acortar tiempos sin la supervisión humana habría provocado un error grave. La duda ahora es si hay —o habrá— más archivos sin actualizar.

El jefe del Mando Central estadounidense, el vicealmirante Brad Cooper, se ha esforzado por marcar una línea roja clara. “Los humanos siempre tomarán las decisiones finales sobre qué disparar, qué no disparar y cuándo hacerlo”, y las herramientas de IA “pueden convertir procesos que solían tomar horas, e incluso días, en segundos”. Pero el botón todavía lo sigue apretando un humano al que, como se ha comprobado, la información puede llegarle sesgada o con errores.

Detrás de Maven Smart System (MSS) está Palantir, una empresa especializada en el desarrollo de software de análisis de macrodatos que trabaja para las principales agencias del Gobierno de Estados Unidos, como la CIA o el FBI.

Palantir, fundada por el creador de PayPal, Peter Thiel, desarrolló Maven AI como una evolución natural del Project Maven que el Pentágono lanzó en 2017. Ahora esta tecnología pretende convertirse en el “sistema operativo para las guerras”, como asegura su creador. De hecho, Palantir ha firmado acuerdos con Reino Unido y con la OTAN para implementar MSS.

Maven AI fusiona en una sola interfaz imágenes de satélite, vídeo de drones, datos de radares, interceptaciones de comunicaciones y reportes de inteligencia humana. Sobre ese volumen de información, el sistema no solo muestra iconos en un mapa: genera y prioriza listas de objetivos, calcula coordenadas, propone qué armas usar y, cada vez más, simula campañas completas. Como si la guerra fuese un videojuego. "Esto banaliza la guerra y puede tener graves consecuencias en el futuro", coinciden los militares Marín y Rubio.

El analista de inversiones Danny Vena pone un ejemplo de cómo funciona la gestión de los datos de Palantir: “Alguien compró un billete de avión de ida, alquiló un piso, está haciendo grandes reintegros de una cuenta bancaria en el extranjero, hace repetidas llamadas a números de una lista de vigilancia en Oriente Medio, alquila un gran camión, hace viajes a los principales parques temáticos. Si se mira cualquiera de esas cosas por separado, no parece gran cosa”, pero al unir los puntos podría ser un terrorista. Y esa confirmación es la que debe hacer un humano, como recordaba Rubio.

Alex Karp, CEO de Palantir, fue muy explícito cuando le preguntaron para qué servía MSS: “para matar gente”. Y es precisamente por esa declaración por la que la compañía Anthropic, cuyo modelo de IA Claude está integrado en Maven AI, se negó a proveer servicios a la Administración Trump.

Su CEO, Dario Amodei, defendía la necesidad de límites claros para evitar que su modelo se convierta en el cerebro de un sistema de armas completamente automático. Sin embargo, mientras se cruzaban los comunicados, Maven seguía funcionando con Claude a la espera de “integrarlo en el futuro con otros modelos de lenguaje de gran tamaño”, como quiere Karp. Esto ha provocado que la compañía de Amodei sea considerada por Donald Trump como una “Radical Left AI company” por negarse a eliminar salvaguardas que impiden alimentar armas totalmente autónomas o hacer vigilancia masiva de ciudadanos.

China también se ha mostrado crítica y apoya la misma idea que Amodei, de que el uso de inteligencia artificial en la selección de objetivos y en ataques preventivos “erosiona el control humano” y abre la puerta a que los algoritmos tomen decisiones de vida o muerte sin supervisión. Pekín reclama reglas globales más estrictas sobre la IA militar y, en particular, limitar el desarrollo de armas autónomas letales como si de 'Terminator' se tratase.

Así pues, esta 'guerra moderna' está cambiando la idea de qué es un objetivo militar. La Guardia Revolucionaria iraní ha reivindicado varios ataques contra centros de datos en Emiratos Árabes Unidos y Baréin, alegando que son infraestructuras clave para el sistema de inteligencia que utilizan sus enemigos. Expertos como Óscar Ruiz advierten de que los centros de datos podrían convertirse en objetivos habituales en conflictos futuros.

Dentro del propio Ejército estadounidense hay voces que piden frenar el entusiasmo. En un ensayo de la Air University, varios coroneles de la Fuerza Aérea advertían ya en 2021 del salto cualitativo que implican los sistemas autónomos.

"Los sistemas autónomos tendrían que distinguir entre civiles y combatientes y respetar los principios de proporcionalidad y precaución. Tendrían que tomar decisiones informadas y llegar a una conclusión sensata; en otras palabras, tendrían que usar su propio juicio. […] Con el aprendizaje automático no hay garantía de que los puntos de decisión puedan explicarse con claridad ni de que podamos extraer lecciones de los errores", rezaba el texto.

Un análisis del Modern War Institute de West Point introduce otra preocupación: la responsabilidad legal: "Los comandantes seguirán siendo responsables de demostrar necesidad militar y proporcionalidad. Si no pueden explicar cómo ha llegado la IA a una recomendación de ataque, el problema deja de ser técnico: se convierte en un problema legal insalvable".

Intelectuales como Yuval Noah Harari llevan años advirtiendo de que la IA puede contribuir a provocar muertes masivas como en el caso de los rohingya en Myanmar, "algoritmos de Facebook, diseñados para maximizar la interacción, impulsaron teorías conspirativas y odio, y eso ayudó a desencadenar una campaña de limpieza étnica. Incluso si los algoritmos tienen solo un 1% de responsabilidad, es la primera vez en la historia que decisiones tomadas por una IA sobre qué información difundir han contribuido a un gran cambio histórico", decía en La Vanguardia.

Y como si hablara del caso iraní, Harari aseguraba en Nexus que “un dictador paranoico podría otorgar un poder ilimitado a una IA falible, incluido el de lanzar un ataque nuclear. Si el dictador confía más en su IA que en su ministro de Defensa, ¿no tendría sentido que fuera dicha IA la encargada de supervisar el uso de las armas más poderosas del país?”

El "deterioro de la situación de la seguridad" y "la imposibilidad de continuar desarrollando los cometidos asignados" han obligado al Ministerio de Defensa a "reubicar" al Grupo de Operaciones Especiales encuadrado en la Coalición Internacional de lucha contra el Daesh (SOTG) en Irak.

"España ha determinado la reubicación temporal del Grupo de Operaciones Especiales (SOTG) destacado en Irak" ante el deterioro de la situación a causa de la guerra en Irán, señala una nota del Ministerio.

"Todos los militares del SOTG, encuadrados en la Coalición Internacional de lucha contra el Daesh ya se encuentran en lugares seguros" a la espera "de la evolución de la situación", añade.

"Este re-despliegue se ha realizado en estrecha coordinación y colaboración con las autoridades iraquíes, contando con el apoyo de la Coalición y manteniendo siempre informados a nuestros países amigos y aliados", añade el comunicado de Defensa.

"El compromiso de España con la Coalición Internacional y con la estabilidad de Irak permanecen inalterables, pero la volatilidad y fragilidad de la situación en la zona obligan a tomar esta decisión para garantizar la protección de nuestras fuerzas", concluye.

La presidenta de la Comisión Europea ha justificado este lunes los ataques ilegales de Estados Unidos e Israel contra Irán. No es la primera vez que Ursula von der Leyen respalda una embestida militar contraria al derecho internacional. En 2023, tras los ataques de Hamás en Israel que dieron origen al supuesto genocidio perpetrado por ese Estado contra los gazatíes que investiga la Corte Internacional de Justicia –el tribunal de la ONU– la mandataria europea trasladó unilateralmente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el respaldo de la UE a cualquier respuesta israelí a esos atentados, en una actuación muy criticada entonces. Este lunes, la presidenta del Ejecutivo europeo ha animado a Europa a dejar de ser "guardiana del viejo orden mundial". "Siempre defendimos y defenderemos el sistema basado en normas [...] pero ya no podemos confiar en él como la única forma de defender nuestros intereses".

Con esas polémicas declaraciones, muy criticadas, la presidenta viene a plantear que la UE se debe dotar de nuevos mecanismos que le permitan actuar en un mundo multipolar en el que las grandes potencias parecen haber abandonado los principios y objetivos de Naciones Unidas. Un nuevo sistema global en el que EEUU ataca unilateralmente Venezuela o Irán en guerras de agresión como la que también mantiene desde hace cuatro años Rusia con su invasión de Ucrania. O Israel causando en Gaza, un territorio administrado por Tel Aviv, una masacre de más de 70.000 palestinos, entre ellos decenas de miles de niños y mujeres, con desplazamientos forzosos de decenas de miles de personas y hambrunas, sin el mínimo respeto por el derecho internacional humanitario.

Conseguir lo que plantea Von der Leyen –poder escaparse del corsé del derecho internacional en la relación con socios como Washington– no es una tarea fácil. Porque la totalidad del complejo normativo europeo está informado por el sistema y los valores de Naciones Unidas. Y a un nivel cuasiconstitucional. Su tratado constitutivo, el Tratado de la Unión Europea (TUE), se refiere hasta en seis ocasiones a Naciones Unidas y su Carta, los principios y objetivos de la organización global surgida tras la Segunda Guerra Mundial, y los adopta como propios. Introducir cierto margen a la unilateralidad de la Unión Europea, como parece sugerir la presidenta de la Comisión, implicaría una reforma en profundidad del armazón jurídico comunitario en la que los Veintisiete tendrían que ponerse de acuerdo.

La primera alusión al viejo "orden de normas" al que se refiere Von der Leyen y que contienen los tratados se encuentra en el artículo 3 del TUE. En su apartado cinco se establece que el respeto a la Carta de Naciones Unidas y al desarrollo del Derecho Internacional serán dos de los principios que impulsaran las relaciones de la Unión "con el resto del mundo". Ese mismo artículo recoge algunos de los valores que consagra esa Carta, como la paz, la seguridad, el respeto mutuo entre los pueblos y la protección de los derechos humanos –"especialmente los del niño"-. Con ese instrumento de la ONU en la mano, guerras de agresión como la de Irán o la de Ucrania son de todo punto ilegales y contrarias al derecho internacional, y hay consenso entre los juristas expertos en la materia.

Es el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas el que prohíbe a sus miembros "recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas", es decir, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Las dos únicas excepciones a esa obligación son hacerlo con el respaldo del Consejo de Seguridad, o en uso del derecho de "legítima defensa individual o colectiva" de cada Estado. En este último caso, las represalias adoptadas deben ponerse inmediatamente en conocimiento de ese órgano de la ONU.

La Carta vuelve a aparecer en el Título V del tratado de la UE, el que regula la acción exterior de la Unión y la política exterior y de seguridad común. El respeto a los principios que refleja ese texto de Naciones Unidas también se contiene en el artículo 21.1, al igual que otros que coinciden en parte con los de la ONU, como la promoción de la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos, la dignidad humana y los principios de igualdad y solidaridad. Ese mismo artículo vuelve a referirse a ella al expresar entre las finalidades de su política exterior "mantener la paz, prevenir los conflictos y fortalecer la seguridad internacional, conforme a los propósitos y principios" de esa carta.

El tratado fundador de las Naciones Unidas también limita las operaciones militares en las que puede actuar la UE en su conjunto. "La Unión podrá recurrir a dichos medios [civiles y militares] en misiones fuera de la Unión que tengan por objetivo garantizar el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional, conforme a los principios de la Carta de Naciones Unidas", establece el artículo 42.1 del TUE. Así pues, una hipotética acción militar europea en el exterior de su territorio solo podría ampararse en el Derecho Internacional y perseguir sus fines pacíficos y de garantía de ese "sistema de normas", en el que ha dejado de confiar Von der Leyen.

El sistema jurídico de la organización internacional global también aparece en el artículo del tratado europeo que establece la cláusula de ayuda mutua en caso de agresión exterior a un miembro de la Unión. "Si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas". Este último artículo, el que permite la legítima defensa como un "derecho inmanente" de cada Estado, es el que amparó el envío por el Gobierno de una fragata española a Chipre tras los ataques con drones iraníes en una de las bases británicas situadas en su territorio.

El TUE contiene una sexta referencia al sistema de Naciones Unidas, pero no para regular su acción exterior o de defensa, sino como una obligación interna de sus miembros en la organización mundial. Se encuentra en el artículo 34.2 y obliga a cualquier miembro europeo del Consejo de Seguridad de la ONU –a Francia, como único miembro permanente, pero también a cualquier otro que forme parte de forma rotatoria– a "concertarse entre sí" e informar "al resto de los Estados miembros y al Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad". Los miembros europeos de ese organismo de Naciones Unidas deben defender en ese foro "las posiciones e intereses de la Unión".

El escenario es revelador. La Administración Trump, que ha rebautizado el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra y al frente del cual está Pete Hegseth, un exmilitar que llegó al cargo directamente desde un programa de la cadena Fox, exigió a las grandes empresas de inteligencia artificial lo que todo poder ejecutivo acaba pidiendo a quienes necesita controlar: acceso sin restricciones. La cláusula era tan amplia como inquietante: "Cualquier uso legal". Bajo ese paraguas cabían, sin mayor matiz, la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses y el desarrollo de sistemas de armas completamente autónomas —maquinaria bélica que decide por sí misma a quién matar, sin intervención humana en el momento del disparo—.

Anthropic dijo que no. OpenAI respondió que sí.

Ese contraste condensa el debate más sustantivo que atraviesa el sector tecnológico en este momento y que obliga a entender qué son estas empresas. ¿Laboratorios de investigación con responsabilidad pública? ¿Proveedores de infraestructura al servicio del mejor postor? ¿O actores morales con una agenda propia que trasciende el beneficio trimestral? La respuesta no es filosófica. Tiene consecuencias directas sobre cómo se desplegará la tecnología más transformadora del siglo, quién la controlará y bajo qué condiciones.

Para entender el alcance de lo que está en juego, hay que presentar a los actores. Porque en esta industria, los nombres importan menos que las estructuras de poder, las lealtades financieras y, sobre todo, las líneas que cada uno ha decidido —o no— trazar en el suelo.

Para entender por qué Anthropic rechazó al Pentágono, hay que recordar por qué existe Anthropic. La compañía fue fundada en 2021 por Dario Amodei, su hermana Daniela y varios investigadores que abandonaron OpenAI con una convicción compartida: que sin salvaguardas robustas el desarrollo de inteligencia artificial general —la que los científicos entienden que sería equiparable, para bien y para mal, a la del ser humano— representa un riesgo existencial para la humanidad. No era retórica. Era, y sigue siendo, la premisa fundacional de todo lo que hace la empresa.

De esa convicción surgió la llamada IA Constitucional, el enfoque técnico y filosófico que distingue a Claude —el modelo de Anthropic— del resto. La idea es tan elegante como ambiciosa: en lugar de entrenar al modelo mediante el castigo y la recompensa de comportamientos humanos, proceso opaco y difícilmente auditable, se le enseña a evaluarse a sí mismo contra un conjunto de principios escritos. Una Constitución. El modelo aprende a rechazar instrucciones que violen esos principios no porque un operador humano lo castigue en tiempo real, sino porque ha interiorizado una arquitectura ética.

La estructura corporativa de Anthropic —una de las poquísimas tecnológicas que no ha donado dinero a Trump y que respalda la regulación de la IA que está llevando a cabo la Unión Europea— refleja la misma lógica. La empresa opera como una Corporación de Beneficio Público y ha creado un organismo de supervisión independiente, el Long-Term Benefit Trust, con capacidad real de intervenir en decisiones estratégicas. No es marketing. Es una arquitectura diseñada para que ningún inversor, por grande que sea, pueda forzar a la empresa a cruzar ciertas líneas.

Y eso que los inversores son grandes. Amazon ha inyectado 8.000 millones de dólares. Google ha aportado cerca de 2.000 millones. Fondos soberanos de Singapur y gestoras como Coatue, una de las más importantes del sector tecnológico, completan un balance que eleva la valoración de Anthropic a cifras estratosféricas. Pero esas inyecciones de capital no se traducen en control sobre las decisiones éticas de la empresa —al menos no formalmente, no todavía—.

Cuando la Administración Trump designó hace unos días a Anthropic como "riesgo para la cadena de suministro" —etiqueta históricamente reservada para adversarios extranjeros, no para empresas domiciliadas en San Francisco— estaba reconociendo implícitamente que sus mecanismos habituales de presión no habían funcionado. La empresa había dicho no y mantenía el no. A un coste enorme: contratos federales vetados, acceso restringido a determinadas agencias y la señal inequívoca de que Washington puede hacer la vida muy difícil a quien no coopere. Anthropic, aparentemente, lo asume. De momento, con el apoyo del sector.

OpenAI (creadora deChatGPT) nació con una misión igualmente grandiosa: garantizar que la inteligencia artificial general beneficie a toda la humanidad. Durante años, esa misión tomó la forma de una organización sin ánimo de lucro que publicaba sus investigaciones y rechazaba la lógica de la acumulación privada. Lo que siguió es conocido: la necesidad de capital para competir forzó una reestructuración profunda, completada en octubre de 2025, que convirtió a OpenAI en una Corporación de Beneficio Público valorada en 500.000 millones de dólares.

Para comprender qué es hoy OpenAI, hay que mirar quién la financia. Microsoft es el mayor accionista externo, con una participación del 27%. La compañía ha invertido más de 13.000 millones de dólares desde 2019. SoftBank lideró una ronda de financiación de 41.000 millones de dólares y controla aproximadamente el 13% de la empresa. Entre los inversores de esa ronda figuran también Founders Fund —el vehículo de Peter Thiel, el dueño de Palantir y pieza clave de la estrategia del Pentágono—, Sequoia Capital y Andreessen Horowitz, tres de las firmas más influyentes de Silicon Valley.

La Fundación OpenAI, heredera de la estructura sin ánimo de lucro original, conserva alrededor del 26% y mantiene el poder de nombrar al consejo directivo. Lo paradójico es que su CEO, Sam Altman, no posee ninguna participación accionarial en la empresa que dirige, lo que en teoría elimina conflictos de interés pero en la práctica no limita su capacidad de negociación.

En ese contexto, la firma de un contrato clasificado con el Pentágono responde a una racionalidad perfectamente coherente con esa estructura. OpenAI argumenta que sus salvaguardas internas son suficientes para gestionar los riesgos, que no necesita restricciones contractuales rígidas porque confía en sus propios procesos de revisión.

Es un argumento que suena razonable hasta que se pregunta quién supervisa esos procesos cuando el cliente es el propio Gobierno que podría regularlos, y cuando los accionistas esperan rentabilidad sobre inversiones de decenas de miles de millones de dólares. El propio Altman se lo confesó esta semana a sus empleados: no "tiene la capacidad de tomar decisiones operativas" sobre cómo el Pentágono usará sus tecnologías. Será Hegseth quien decida.

Ningún análisis del presente se entiende sin una figura que lleva veinte años haciendo exactamente lo que las demás empresas tecnológicas dijeron que jamás harían: vender inteligencia artificial al aparato militar y de seguridad del Estado sin disculpas ni eufemismos.

Palantir fue cofundada en 2003 por Peter Thiel, que acababa de vender PayPal a eBay, y fue financiada en sus inicios parcialmente por el fondo de capital riesgo de la CIA. Thiel la concibió como un noble propósito: software que ayudara a las agencias de inteligencia a detectar amenazas ocultas sin convertir Estados Unidos en un Estado policial.

Para dirigirla reclutó a Alex Karp, filósofo doctorado en Frankfurt, sin formación tecnológica pero con una capacidad extraordinaria para vender la visión de un mundo violento donde los datos son la única defensa posible. El propio Karp, un ejecutivo sin pelos en la lengua, admite que Palantir “se utiliza en ocasiones para matar a personas”, una honestidad brutal que contrasta llamativamente con el lenguaje aséptico del resto del sector.

Durante años, Silicon Valley trató a Palantir como a un paria. Trabajar con gobiernos, con el ejército, con agencias de inteligencia era considerado una transgresión moral inaceptable en los campus tecnológicos de California. Palantir no se disculpó. Karp convirtió esa marginación en argumento: mientras sus competidores miraban hacia otro lado, él construía la infraestructura de datos más profundamente integrada en el Estado que nadie haya levantado jamás.

El resultado es hoy difícil de ignorar. En julio de 2025, el Ejército estadounidense adjudicó a Palantir un contrato por valor de hasta 10.000 millones de dólares durante una década. Su sistema Maven Smart System, plataforma de IA para operaciones en el campo de batalla, es el núcleo del esfuerzo de modernización militar del Pentágono y se basa en la utilización de ChatGPT (el modelo de OpenAI), Grok (el de Elon Musk) y, hasta hace unos días, de Claude (el de Anthropic).

Según The Wall Street Journal, el Departamento de Defensa utilizó los modelos de inteligencia artificial de Anthropic precisamente a través de su contrato con Palantir, para asistir en operaciones militares. Y ahora tendrá que buscar otro modo de hacerlo.

Esta circunstancia revela algo fundamental sobre la arquitectura real del poder en el sector: Palantir no es un competidor de los grandes laboratorios de IA, es su cliente más exigente y su intermediario más poderoso ante el Estado. Palantir opera a través de dos segmentos principales: el Gotham, que sirve a agencias de defensa e inteligencia en todo el mundo, y el AIP, orientado al sector comercial. Su valoración de mercado ronda los 350.000 millones de dólares. En el cuarto trimestre de 2025 registró un crecimiento de ingresos del 70% interanual.

La ideología que anima a Palantir merece atención porque es, a diferencia de la mayoría de sus competidores, completamente explícita. Karp declara que la misión de Palantir es “asustar a sus enemigos y, en ocasiones, matarlos”, refiriéndose a los adversarios de Occidente. Ha dicho que las empresas tecnológicas tienen la obligación de apoyar al ejército estadounidense, y que él y Palantir son “activos en la defensa de los valores de Occidente”.

El contraste entre estos actores no agota el mapa. Meta, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, propiedad de Mark Zuckerberg, ha adoptado una estrategia radicalmente distinta: la apertura total de sus modelos Llama, accesibles para cualquier investigador, empresa o gobierno.

Su filosofía oficial es que la transparencia genera seguridad, que un modelo auditable públicamente es más seguro que uno guardado en una caja negra corporativa. Pero conviene no confundirse, sin embargo, sobre su naturaleza: Meta no es una ONG. Sus ingresos dependen de la publicidad y de las licencias empresariales. La apertura de sus modelos no es filantropía: es una apuesta estratégica para establecer un estándar global que otros tengan que adoptar, erosionando la ventaja competitiva de quienes guardan sus modelos bajo llave. Eso sin contar que, según sus críticos, esa misma apertura permite también a actores maliciosos descargar el modelo, modificarlo y eliminar cualquier salvaguarda.

El panorama no acaba ahí. Los grandes nombres se completan con Google y su modelo, Gemini, que ocupa un territorio peculiar porque modificó sus propios principios de IA —los que en 2018 prometían no desarrollar tecnología bélica— para convertirse en el primer proveedor de la plataforma de IA del Pentágono. La tensión entre la cultura investigadora y ética de DeepMind —el laboratorio de IA de Google— y las demandas comerciales de Google Cloud —la empresa de computación en la nube— es real y no está resuelta.

Y luego está xAI, la empresa de Elon Musk, que ha convertido la ausencia de restricciones en argumento de venta. Grok fue aprobado para uso militar clasificado precisamente porque aceptó el estándar gubernamental sin negociaciones. El aceleracionismo —la convicción de que cualquier freno al desarrollo tecnológico es un error— es aquí una posición explícita, no una consecuencia involuntaria de presiones comerciales.

La designación de Anthropic como "riesgo para la cadena de suministro" es, a su manera, un reconocimiento involuntario de que la arquitectura ética de una empresa puede tener consecuencias políticas reales.

Los gobiernos saben que quienes controlan la infraestructura de IA controlan algo parecido al sistema nervioso de la economía global. Nvidia, el principal fabricante de los chips que mueven la IA, alcanza una valoración de varios billones de dólares gracias a estas empresas. Amazon y Google han tejido una interdependencia entre sus nubes y los modelos de IA que hace casi imposible una desinversión sin daños colaterales sistémicos. En ese contexto, una empresa que dice "no" es, efectivamente, un problema.

Lo que el episodio también revela es que Palantir lleva dos décadas construyendo exactamente el puente que casi todas los demás empresas intentaron evitar —el que conecta el poder computacional privado con el aparato coercitivo del Estado— y que ahora ese puente resulta ser la infraestructura indispensable.

Los nuevos actores de la IA pueden tener principios más sofisticados y modelos más potentes, pero necesitan a Palantir para llegar al cliente que más paga. Y Palantir necesita sus modelos para mantener la ventaja operativa. Es una dependencia mutua que ninguno de los dos lados tiene mucho interés en proclamar.

La pregunta que queda abierta tras la negativa de Anthropic a participar en el festín de la IA capaz de matar de manera autónoma no es técnica sino política: ¿puede sobrevivir un modelo de negocio que antepone límites éticos a los contratos gubernamentales en un entorno donde el Estado controla la regulación, los contratos públicos y, llegado el caso, la etiqueta de “riesgo para la seguridad nacional”? Anthropic apuesta a que sí, que la credibilidad a largo plazo —con clientes corporativos, con reguladores europeos, con la opinión pública informada— vale más que los contratos que rechaza hoy.

El envío de una fragata a aguas chipriotas decidido por el Gobierno tras un ataque iraní retoma un debate jurídico con más de veinte años de solera, desde que una ley obligó a que el Congreso autorice las misiones en el exterior y al mismo tiempo exceptuó las directamente relacionadas con el interés nacional, según recoge EFE.

Fue la Ley Orgánica de Defensa Nacional la que impuso las autorizaciones en 2005 para los envíos de tropas, pues hasta entonces las Cortes solo tenían que ser consultadas en caso de declaración de guerra, sí regulada en la Constitución.

En las demás ocasiones, se entendía que era una decisión que formaba parte de las funciones constitucionales del Ejecutivo.

"Para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, el Gobierno realizará una consulta previa y recabará la autorización del Congreso", reza el artículo 17.1, y en una sola frase dicta tanto la exigencia como el ambiguo abanico de excepciones.

Desde entonces, el Congreso ha aprobado 26 autorizaciones de ese tipo, según diversas fuentes recabadas por EFE, y ninguna vez denegó el permiso, siempre dieron luz verde amplias mayorías de diputados.

Afganistán, Congo, Líbano, Chad, Somalia, Haití, Uganda, Libia, Mali e Irak figuran entre los destinos de tropas españolas con autorización del Congreso al Gobierno para los despliegues.

A veces fue el pleno y otras veces la Comisión de Defensa el órgano que lo autorizó, ya que, a falta de disposición reglamentaria, es la Mesa del Congreso la que decide a cuál se lo deriva; e incluso en una ocasión fue la Diputación Permanente la que dio el visto bueno.

Varios juristas han criticado la falta de precisión normativa sobre cuándo y cómo debe el envío de tropas someterse a una votación del Congreso, y también a que se dejara al Senado al margen, algo que no ocurría en el precepto constitucional sobre la guerra, que cita a las Cortes, ambas cámaras.

Desde que el jueves el Ministerio de Defensa anunció que la fragata Cristóbal Colón se encamina hacia Chipre en compañía de navíos griegos y de un portaaviones francés, junto al que ya estaba en el Báltico, el Gobierno y el PP han enfrentado las dos interpretaciones jurídicas acerca del artículo 17 de la LODN.

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preguntado por la prensa el viernes en Huelva, subrayó que "echar una mano a Chipre" es para "una misión evidentemente defensiva, nada ofensiva", y que la decisión del Gobierno "se ajusta lógicamente a la Ley Orgánica de Defensa Nacional".

En cambio, el PP ha exigido que someta la decisión al Congreso, porque, según ha resaltado el viernes en un comunicado, los soldados españoles en ese desplazamiento "se exponen a ser atacados".

Además, el PP ha reprochado a Sánchez que nunca haya sometido los envíos de tropas al exterior al visado del Congreso, ya que las 26 autorizaciones se aprobaron entre 2005 y 2018, a los gobiernos que presidieron José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, sin ninguna en los últimos ocho años.

Un posible motivo es la variación del concepto de interés nacional, con cambios semánticos según lo define la Directiva de Defensa Nacional de 2020 respecto a las de 2008 y 2012, ya que, salvo disposición legal superior, es el documento máximo que rige en la materia.

Hace dos años el PP registró una proposición para modificar la LODN y concretar cuándo se requerirán las autorizaciones.

Sin una reforma legal, el debate jurídico seguirá abierto cada vez.

El presidente de EEUU, Donald Trump ha vuelto a atacar a España diciendo que "tenemos muchos ganadores, pero España es una perdedora". Lo ha hecho en una entrevista con The New York Post donde también ha atacado al primer ministro británico, Keir Starmer, por ser "muy decepcionante".

El mandatario ha continuado así sus descalificaciones hacia España tras la negativa del Gobierno de permitir que EEUU use las bases de Rota y Morón para apoyar los ataques en Irán. Por ello Trump ha dicho que Madrid es "muy hostil" con la OTAN.

Por otra parte, aseguró que España "no se comporta como un buen compañero en el equipo" y, por ello, Trump señaló que "nosotros tampoco vamos a serlo con España".

Según el Post, Trump abundó en sus críticas al primer ministro británico, de quien dijo que "no es Winston Churchill, por así decirlo", y lamentó "su actuación" respecto al "ataque contra una nación hostil" de EEUU, en referencia a su negativa inicial a permitirle usar sus bases en la ofensiva contra Irán.

"Debería (Starmer) estar dándonos, sin preguntas ni dudas, cosas como bases (...). Deberíamos ciertamente contar con ellos. Me sorprendí mucho con Keir. Muy decepcionado", agregó.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha respondido que no puede aceptar el "desprecio" con el que Trump habla de España, un país que siempre colabora en misiones de paz si tienen cobertura internacional, ya que "los derechos humanos sólo se defienden sin atajos, cumpliendo la ley".

Así lo ha indicado Robles en una conferencia en Barcelona, en la que ha afirmado que el actual escenario internacional es "muy complicado y muy difícil", y ha subrayado que solo cuando hay un amparo internacional se puede asumir el uso de la fuerza, incluso en los casos en los que sea para acabar con un régimen que no respete los derechos humanos.

En su intervención, Robles, que ha insistido que "el mundo tiene que basarse en reglas", ha admitido que echa de menos un mayor liderazgo, protagonismo y unidad por parte de Europa, que ahora está condicionada por el auge de la extrema derecha y del nacionalismo.

España enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre en compañía del portaaviones francés Charles de Gaulle y de otros navíos de la Armada griega para dar protección y defensa aérea a ese país, que sufrió un ataque como consecuencia de la guerra de Irán, ha informado el Ministerio de Defensa y ha recogido EFE.

La fragata se incorporó el pasado martes, día 3, al Grupo Naval del Charles de Gaulle para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico.

Con el despliegue de la fragata, España muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental, después de que un dron de fabricación iraní impactara en la base británica de Akrotiri, en la isla mediterránea, ha subrayado Defensa.

La Cristóbal Colón es la fragata de la Armada española tecnológicamente más avanzada y su misión en el Mediterráneo será ofrecer protección y defensa aérea, complementando de esta forma las capacidades de la batería Patriot que España tiene desplegada en Turquía, ha señalado Defensa.

También estará preparada para prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por el conflicto de Irán.

El grupo naval se dirigirá al Mediterráneo para llegar a las costas de Creta hacia el martes 10 de marzo. En breve, el buque de aprovisionamiento Cantabria saldrá a la mar para suministrar combustible y prestar apoyo logístico durante el tránsito de los barcos por el golfo de Cádiz.

La Cristobal Colón es con 146 metros de eslora, 18,6 metros de manga, 7,2 metros de calado y una velocidad máxima de 28,5 nudos la fragata más moderna de la clase F-100 con la que cuenta la Armada y dispone del mayor porcentaje de participación de la industria española en su construcción, que se ejecutó en los astilleros de Navantia en Ferrol (A Coruña).

Puede desempeñar cualquiera de las cuatro misiones genéricas asignadas a la Fuerza Naval: disuasión y defensa; gestión de crisis; seguridad marítima y proyección exterior.

El navío está preparado para enfrentarse a blancos complejos y participar en ejercicios de defensa antiaérea y antimisil. Su dotación actual gira en torno a los 200 hombres y mujeres.

A nivel internacional, destaca su participación en las siguientes operaciones:

• Desde marzo de 2014 la fragata se integra en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2 (SNMG-2), en ocasiones como buque de mando.

• Desde noviembre de 2016, en la operación Sea Guardian (operación de la OTAN) que presta apoyo al conocimiento de la situación marítima y a la lucha contra el terrorismo.

• En 2017 participa en un Despliegue de Larga Duración en Australia, junto a unidades de la marina de ese país.

• Entre noviembre de 2020 y marzo de 2021 completa 150 días desplegada en la SNMG-2 como buque de mando, actuando en beneficio de la seguridad de España y la OTAN.

• En mayo de 2021 lideró las maniobras de la OTAN At Sea Demonstration/Formidable Shield 2021, en las que efectuó con éxito un lanzamiento de misil Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) contra un blanco supersónico a casi tres veces la velocidad del sonido.

• En 2022 desplegó en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2 (SNMG-2), contribuyendo a la disuasión, a la seguridad marítima y a los intereses nacionales de los países de la Alianza navegando en el Mediterráneo.

• Entre agosto y diciembre de 2024 vuelve a integrarse en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2, participando en la operación Noble Shield, bajo mando de Canadá.

Cuando el estrecho de Ormuz se convierte en una amenaza y el precio del crudo de nuevo empieza a subir, la geopolítica deja de ser un mapa lejano y se convierte en algo muy concreto para toda la ciudadanía española que ve cómo su día a día puede volver a tambalearse por los precios de la luz o la gasolina, la inflación que estos puedan generar y el consecuente malestar social. Es en ese preciso momento cuando el debate geoestratégico vuelve a tener un componente material insoslayable. ¿A qué intereses responden realmente estos ataques de Trump? ¿Quién controla qué? ¿Quién decide qué margen tiene un país cuando las tensiones globales escalan? En un contexto internacional donde la postura de Pedro Sánchez es una excepción, ¿merece la pena explorar caminos que profundicen en esta vía? ¿Qué van a hacer las derechas patrióticas ante semejante ejercicio de soberanía nacional?

En estos tiempos de guerras de inteligencia, que España pueda pedir contención ante el nuevo escenario de tensión provocado por Estados Unidos en Oriente Próximo es mucho más que una distancia discursiva con nuestros colegas europeos. Sin embargo, apelar al derecho internacional mientras al otro lado de nuestras fronteras se está pidiendo más desarrollo de armamento nuclear es, a todas luces, insuficiente. Si no hay ninguna acción más allá de la disputa bruselense y tuitera por el relato, prevalecerá intacta la estructura de poder que ha permitido estos ataques y que nos inserta automáticamente en la lógica estratégica de Estados Unidos. Aquí aparece casi de forma lógica la ochentera pregunta que casi nadie formula en voz alta: ¿Qué ocurriría, en la práctica, si España decidiera abandonar la OTAN en un escenario de escalada bélica? ¿Perderíamos inmediatamente el paraguas de defensa colectiva? Sí. ¿Tendríamos que redefinir nuestra doctrina militar, nuestros acuerdos de inteligencia, nuestras bases estratégicas? Sin duda. ¿Se tensionarían las relaciones con socios europeos que permanecieran dentro? Probablemente. ¿Habría presión financiera y diplomática? Seguramente. Pero es necesario discutir también sobre las otras consecuencias menos mencionadas. 

Si España plantease un escenario de redimensión de nuestra pertenencia a la Alianza Atlántica, ¿forzaría eso a Europa a acelerar una defensa autónoma real? ¿Nos permitiría esa redimensión diversificar alianzas, negociar de manera distinta con potencias como China o reforzar vínculos económicos y políticos con América Latina y el eje UE–Mercosur como parte de una estrategia de interdependencia más amplia? ¿Cambiaría la capacidad de negociación energética si el país dejara claro que su inserción estratégica no es incondicional? Salir de la OTAN sin duda tendría costes, pero permanecer también los tiene. Y la diferencia es que estos últimos los hemos naturalizado como inevitables. Por poner solo una derivada de este escenario en el que los matices son infinitos, con el derecho internacional en una mano y la defensa de una hoja de ruta para la soberanía estratégica en la otra, como mínimo, ya no es sostenible defender que Donald Trump es ahora un mejor aliado que Xi Jinping. 

Mientras se sigue posponiendo el debate sobre el nuevo orden mundial o más bien éste se da sin que nos atrevamos del todo a participar del mismo, en el plano más inmediato la soberanía se juega en algo mucho más pedestre como son las facturas, pero que sin embargo está estrechamente relacionado con ese orden mundial cambiante como ya vimos con la subida de los precios de la energía derivada de la Guerra en Ucrania de la que ya fuimos capaces de ser los líderes de una excepción ibérica para la gestión de los precios. Una excepción que seguiría teniendo efectos en la ciudadanía si no fuera porque, la semana pasada, las derechas tumbaban un Real Decreto-ley que incluía medidas como la prórroga del bono social y otros mecanismos de protección energética para hogares vulnerables. Es importante señalar la gravedad de bloquear herramientas destinadas a amortiguar el impacto sobre la población en un contexto de volatilidad internacional y riesgo de encarecimiento del crudo que va mucho más allá de la aritmética parlamentaria; se trata de una decisión que aumenta la exposición social a la crisis.

Por ello es igual de importante insistir que aquí la contradicción es particularmente difícil de esquivar. Para esas derechas que constantemente presumen de defensa de la nación o de supuesta soberanía frente a injerencias externas, debería tener costes políticos caros cuando su patriotismo excluye la posibilidad de reforzar la autonomía energética interna o los instrumentos que protegen a la ciudadanía. ¿Qué es más patriótico: sostener un bono energético que reduce la vulnerabilidad de millones de hogares o reafirmar sin fisuras la fidelidad a una arquitectura militar diseñada en otro contexto histórico? ¿Qué fortalece más a un país? ¿Repetir la foto de las Azores como símbolo de alineamiento o reducir su dependencia estructural del petróleo del Golfo y de decisiones estratégicas tomadas en Washington?

Es por todo esto que el grado de apoyo a Trump no puede ser un detalle únicamente retórico. Estados Unidos vive una polarización profunda y una deriva autoritaria que ha colocado en el centro político a una corriente abiertamente nacionalista, hostil al multilateralismo y dispuesta a utilizar alianzas como instrumentos transaccionales. Muchos describen ya este escenario político como abiertamente fascista. Si esa posibilidad amplía su poder como estamos observando impasibles en las últimas semanas, ¿qué margen real tendría Europa para disentir en un escenario de guerra? ¿Sería capaz España de sostener una posición como la que retóricamente hemos mantenido estos días si la arquitectura de seguridad de la que formamos parte presupone disciplina especialmente para los casos de escalada bélica?

Teniendo todo esto presente, preguntarse por la salida de la OTAN debe ser mucho más que una consigna, y quizás pueda comenzar a ser un horizonte regulador que permita examinar el grado real de soberanía que tiene nuestro país. ¿Podría España asumir sola su defensa? ¿Qué otros países podrían sumarse a esta posición? ¿Qué nuevas alianzas podríamos dibujar en ese escenario? ¿Puede integrarse este debate en un esquema europeo distinto? ¿Qué implicaría para nuestras exportaciones, para nuestras inversiones, para nuestra capacidad de influir en el Mediterráneo? ¿Nos aislaría o nos obligaría a negociar desde otro lugar? ¿Qué ofrece más seguridad a la ciudadanía de nuestro país? ¿Las operaciones de Trump para controlar el mercado del petróleo que se saltan el derecho internacional o una redimensión de la multilateralidad para nuestra política exterior?

Tal vez la conclusión más probable en este debate sea que no es posible abandonar mañana la Alianza. Pero lo verdaderamente revelador es que la pregunta resulte casi impronunciable mientras se acepta como natural una dependencia que condiciona tanto la política exterior como la energética. No sirve de nada que la patria sea nuestro eslogan si no se traduce en un compromiso con la seguridad ciudadana y la capacidad de decidir en su beneficio bajo presión. Por ello, en un momento de reconfiguración global, quizá la verdadera excepción no sea condenar una guerra concreta, sino atreverse a discutir la arquitectura que nos ata a sus consecuencias. Es por eso que, de nuevo, nuestro país puede estar ante una oportunidad de hacer valer su posición. La excepción española no puede ir únicamente de proclamar firmeza, sino también de reducir vulnerabilidades, aunque eso nos obligue a revisar lealtades heredadas.

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

Las empresas de la industria de defensa española valoran con "optimismo" un contexto "único" que permitió al sector vender en 2024 un 17% más que el año anterior, con una facturación cercana a los 10.000 millones de euros, y representar el 29% de la inversión industrial en innovación a nivel nacional, según informa EFE.

Este lunes se ha presentado en Madrid el Anuario Spain Defence and Security Industry correspondiente a 2024 con la presencia de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, quien ha abogado por potenciar la producción militar nacional, que a día de hoy supone un 2% del PIB (34.000 millones de euros) y crea alrededor de 89.000 empleos en nuestro país. "La seguridad no se delega", ha subrayado.

El anuario revela que en 2024 el volumen de facturación de la industria alcanzó los 9.997 millones, 1.459 más que el ejercicio precedente. De esas ventas, 3.031 millones fueron directas al Ministerio de Defensa, un 35,2% más que el año anterior. También experimentaron un aumento notable las ventas al exterior, hasta los 6.966 millones, un 10,6%.

El grupo Airbus acapara el 45,3% del volumen de ventas en el sector con sus dos filiales Airbus Defence and Space (31,4%) y Airbus Military (13,9%) que facturaron en 2024 un total de 5.712 millones de euros.

Al sector aeronáutico le siguen el de armamento, con 1.096 millones de euros en ventas; el naval, con 1.075 millones de los que Navantia representa el 75%; el de materiales auxiliares, con 656 millones y en el que más pymes trabajan; y el electrónico, con 612 millones y liderado por Indra.

El teniente general Miguel Ivorra, jefe de la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (Digeid), ha subrayado que la capacidad industrial militar "es clave para la seguridad nacional y para el posicionamiento internacional de las empresas españolas".

"España es una referencia en la industria de defensa europea", ha declarado para concluir: "Nos mantenemos firmes en nuestra vocación de servicio al país". En su turno, la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Teresa Riesgo Alcaide, ha sostenido que el Gobierno "responde cuando se le pone delante un reto" con un importante apoyo al sector, que atesora el 29% de la inversión industrial en innovación a nivel nacional.

El anuario revela que la gran mayoría del sector ve el futuro con optimismo, en un momento en el que el gasto en defensa se ha disparado en todo el mundo y en el que existe incertidumbre por la posible fusión entre Indra y Escribano y una batalla judicial emprendida por Santa Bárbara Systems por los créditos concedidos por el Gobierno a esas empresas para inversión en desarrollar armamento. 

El presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, ha llamado a las empresas del sector a trabajar "juntas y sin ambiciones", puesto que hay trabajo para todas y el objetivo es conseguir que los recursos se queden en España y volver al 6º puesto como exportador mundial.

"Estamos ante una oportunidad única para nuestro sector", ha señalado con respecto un contexto geopolítico en el que España debe fortalecer su "soberanía industrial" tanto para las grandes empresas como para las pymes.

Tetiana Kavinova vive en la orilla este de Kiev. Su calefacción dejó de funcionar tras los ataques rusos a las centrales eléctricas de la capital a principios de enero. El agua de su casa, que durante el día está a 8 grados, sale helada y no tiene electricidad para el calefactor ni la vitrocerámica. "Cuando me despierto, deseo que sea de noche para poder dormirme y olvidar", se lamenta. "Pensaba que el inicio de la guerra fue terrible. Ahora creo que aquello era más fácil que esto". 

Su situación no es excepcional. Este invierno, el más duro desde el inicio de la invasión a gran escala, más de un millón de ucranianos han soportado semanas sin electricidad, calefacción ni agua caliente. En enero, el alcalde de Kiev pidió a los residentes que abandonasen la ciudad para aliviar la presión sobre una red eléctrica al borde del colapso. Según la misión de vigilancia de derechos humanos de la ONU, en 2025 murieron 2.514 civiles ucranianos, un 31% más que el año anterior. 

El principal responsable de esa destrucción tiene nombre: Geran-2, la versión rusa del dron iraní Shahed-136. Un aparato triangular de 3,5 metros, capaz de recorrer hasta 2.000 kilómetros con una cabeza explosiva de unos 50 kilos. Los datos de la fuerza aérea ucraniana indican que en 2025 Rusia lanzó unos 54.000 drones de largo alcance, de los que unos 32.000 eran Geran-2. Casi 3.000 al mes, a menudo centenares en una sola noche, para saturar las defensas antiaéreas y abrir paso a los misiles de crucero. "No vuelan muy rápido y por eso son detectables a larga distancia. Pero Rusia los lanza en tal volumen que algunos siempre pasan", explica un agente de un servicio de inteligencia de un país europeo consultado por esta investigación. 

Sin embargo, la responsabilidad de esta crisis no recae solo en Moscú. Una investigación internacional llevada a cabo por infoLibre junto con el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el diario belga De Tijd, el ucraniano The Kyiv Independent, el colectivo alemán Paper Trail Media, el británico The Times y el irlandés Irish Times, revela que estos drones están repletos de tecnología europea. Y que esa tecnología sigue llegando a Rusia pese a cuatro años de sanciones. 

Entre las empresas europeas cuyos componentes han sido identificados dentro del Geran-2 hay una con sede en España: Pierburg S.A., filial del grupo alemán de defensa y automoción Rheinmetall, que fabrica componentes para automóviles en su planta de Abadiño (Vizcaya). La bomba de combustible eléctrica que alimenta el motor del dron lleva la marca Pierburg.

La pieza ya aparecía desde 2024 en la web War & Sanctions —de la inteligencia militar ucraniana— catalogada como alemana. Es un nuevo informe del servicio ucranniano el que la atribuye a la subsidiaria española, sin que se conozcan los motivos del cambio. Un portavoz de Rheinmetall confirma que las autoridades aduaneras alemanas informaron a la empresa en enero de 2024 de que "bombas de combustible eléctricas civiles fabricadas en julio de 2020 para el mercado de recambios de automoción habían sido enviadas a Rusia", pero asegura que la compañía no realizó esa entrega y que desconoce quién la exportó. 

Preguntada expresamente por en qué planta se fabricó la pieza —Pierburg también fabrica en Alemania y en la República Checa—, la empresa declinó dar más detalles. La subsidiaria española, Pierburg S.A. no respondió a las preguntas de infoLibre. 

Los datos de importación de la plataforma comercial Import Genius muestran además seis envíos a Rusia en 2024 de productos Pierburg con España como país de origen: válvulas de presión y sensores de oxígeno para automóviles, piezas que no figuran en la lista europea de productos sancionados y de las que no existe indicio de que guarden relación con drones. Tampoco se puede concluir que fueran enviadas directamente por Pierburg. Las piezas llegaron a distribuidores de recambios rusos a través de intermediarios en Kazajistán, Moldavia y Países Bajos. 

En el centro de la investigación hay seis documentos de la inteligencia ucraniana, obtenidos por The Kyiv Independent, que recogen los componentes hallados en los restos de varios Geran-2 derribados, ensamblados tanto en la gran fábrica de Alabuga como en la planta de Izhevsk. Del análisis se desprende que un solo Geran-2 fabricado en Alabuga contiene hasta 294 componentes extranjeros. En total, el consorcio ha identificado más de cien piezas de 19 empresas europeas con sede en ocho países: Reino Unido, Suiza, Alemania, Países Bajos, Austria, Irlanda, España y Polonia.

De los componentes cuyo año de fabricación pudo determinarse, la mayoría databan de 2023 y 2024, lo que descarta que se trate de piezas antiguas anteriores a la invasión. Los componentes europeos están presentes en prácticamente todas las partes tecnológicas del dron: el mecanismo de dirección, el motor, la antena GPS, los dispositivos de navegación por satélite, el sistema de piloto automático y la placa base principal. 

El consorcio ha rastreado, a través de la base de datos Import Genius, los productos de las marcas europeas implicadas que fueron importados por empresas rusas. En 2024 se contabilizaron 1.207 envíos, de los que más de la mitad —672— contenían productos de la lista europea de bienes de doble uso cuya exportación a Rusia está expresamente prohibida. En ningún caso los bienes llegaron directamente desde un país europeo: las rutas pasan principalmente por China y Hong Kong, y en menor medida por Turquía, Emiratos Árabes, Kirguistán o India. 

Las empresas europeas implicadas comparten un discurso común: condenan la invasión, aseguran cumplir las sanciones y no vender a Rusia, pero admiten que no pueden garantizar que sus productos no acaben allí. Algunas ni siquiera descartan que sus componentes lleguen ya montados dentro de electrodomésticos que después se desmontan para darles uso militar. Alex Prezanti, abogado internacional especializado en sanciones, describe el esfuerzo por sancionar a intermediarios como "un juego de golpear topos: puedes perseguir empresas, pero siempre vas un paso por detrás, porque pueden abrir diez nuevas cada día". 

Vladyslav Vlasiuk, comisario para la política de sanciones del Gobierno de Ucrania, describe el mecanismo: "Una empresa alemana envía algo a Turquía, de Turquía va a Hong Kong, de Hong Kong a China y de China a Rusia. Estas cadenas son extremadamente difíciles de identificar y desarticular". Para Vlasiuk, el punto débil son los propios fabricantes: "La respuesta de 'vendemos muchas piezas diminutas y no podemos controlar miles de componentes baratos' ya no sirve. Llevamos casi cuatro años", denuncia el ucraniano. 

¿Funcionan entonces las sanciones? Vlasiuk pone un ejemplo: Rusia no ha logrado aumentar la producción de misiles de crucero, estancada en unas 1.700 unidades anuales, porque no puede conseguir los componentes occidentales necesarios. Pero con los drones la historia es la opuesta: en 2025 se lanzaron más de 32.000 Geran-2, diez veces más que dos años antes.  "Usan menos tecnologías punteras y más componentes chinos, y eso es algo que han podido escalar", reconoce. La fuente del servicio de inteligencia europeo coincide: "China juega un papel importante pero discreto. Es el elefante en la habitación". 

El origen europeo no se limita a los componentes. Ivan Kirichevsky, experto en armamento del think tank Defense Express y miembro de las fuerzas armadas ucranianas, señala que el propio diseño del Shahed es "una copia directa" de Die Drohne Antiradar, un proyecto de la Alemania occidental de los años ochenta. Cuando cayó el muro de Berlín, los planos se dispersaron e Irán los aprovechó. "Incluso el motor es un clon del alemán y la electrónica prevista en el proyecto original es la misma que usa el Shahed moderno", resume. En resumen: un dron de fabricación rusa, con componentes chinos y europeos, basado en un diseño iraní creado a partir de un proyecto alemán.

A casi cuatro años de la invasión, el vigésimo paquete de sanciones de la UE se negocia en Bruselas. Preguntado por esta investigación, ​​David O’Sullivan, enviado europeo para sanciones, asegura que "no ignoraremos los casos en que nuestras sanciones sean eludidas sistemáticamente" y que la Comisión "está lista para reforzar las medidas cuando se identifiquen posibles lagunas". Pero mientras la Unión Europea promete actuar, los drones siguen cayendo. Y en el este de Kiev, Kavinova sigue pasando frío. "Cuando los técnicos reparan el daño, Rusia lanza un nuevo ataque, o se producen averías porque la red eléctrica está sobrecargada".

De la victoria de Sanae Takaichi en las elecciones celebradas el pasado día 8 en Japón se pueden extraer varias lecturas, tanto en clave interna como en el marco de la región Indo-Pacífico, destacando las que sirven a Donald Trump para reforzar su estrategia de contención de China.

A caballo de una popularidad creciente, y hasta asombrosa si se tiene en cuenta que apenas llevaba en el puesto de primera ministra desde el pasado 21 de octubre, Takaichi decidió convocar unas elecciones a las que formalmente no estaba obligada. Buscaba por esa vía un refrendo popular con el propósito de consolidar su posición personal frente a su propio partido, que la había designado presidenta tras defenestrar internamente a su antecesor, Shigeru Ishiba. Su holgada victoria –con un 68% de los votos– la blindan al menos por un tiempo contra posibles rencillas internas dentro del Partido Liberal Democrático (PLD) y le otorga una base parlamentaria suficiente –con 316 escaños (198 en las elecciones de 2024) de los 465 que componen la Cámara de Representantes– para desarrollar una agenda que vaya más allá de la mera gestión de la herencia recibida. De hecho, con el previsible apoyo del Partido Ishin, partido populista de derechas que ya apoyaba a Takaichi sin formar parte de su gabinete ministerial, podrá superar la barrera de los dos tercios de la Cámara para impulsar reformas estructurales, tanto en el terreno económico como en el seguridad y defensa, y hasta cambios en la Constitución de 1947.

Desde su conocida posición ultraconservadora, ha sabido conectar con las demandas de una sociedad atrapada en un declive tanto demográfico como económico, con la generalizada sensación de haber perdido hace tiempo el tren de la innovación tecnológica y con unos raquíticos resultados económicos. Su lema de campaña –Nihon Dai-ichi (Japón primero)– le ha servido para, a partir de aquí, poder salirse del guion habitual, planteando reformas sustanciales de un modelo agotado. Lo previsible, atendiendo a sus propias propuestas, es que Japón entre en una etapa de significativo aumento del gasto público y recorte de impuestos. Un programa que pronto puede generar dudas en la medida en que Japón ya es un país altamente endeudado, con una deuda pública que ronda el 260% del PIB nacional.

Más allá de su reconocida postura a favor de restringir aún más la política de inmigración en un país en el que apenas el 3% de sus 123 millones habitantes son extranjeros, es en el terreno de la seguridad y defensa donde cabe esperar movimientos más rotundos. En su corta carrera al frente del ejecutivo nipón, Takaichi ya ha tenido tiempo de provocar las iras de Pekín –con alusiones a que la seguridad de Taiwán es un asunto de interés vital para Tokio– y de alinearse aún más con Estados Unidos –Donald Trump ya le adelantó su apoyo y su deseo de recibirla en la Casa Blanca–.

Cabe recordar que desde su derrota en la II Guerra Mundial, Japón se ha visto históricamente limitado en el terreno de la defensa, a la sombra protectora de Washington. Aunque no ha abandonado su tradicional posición pacifista, es un hecho que, desde la etapa del primer ministro Shinzo Abe (2006-2007 y 2012-2020) se viene produciendo una evolución que ahora con Takaichi puede desembocar en un giro geoestratégico de gran alcance. Así, tras haber creado en 2007 un ministerio de defensa (hasta entonces solo había una Agencia de Defensa), los gobiernos del PLD han decidido romper el techo autoimpuesto de no dedicar más del 1% del PIB a ese capítulo, aprobar el despliegue de tropas en el exterior del territorio japonés en el marco de operaciones internacionales de paz, y hasta la exportación de armas a países en conflicto.

Actualmente, las todavía denominadas Fuerzas de Autodefensa de Japón ya son, según el Global Firepower 2025, el octavo ejército más poderoso del planeta, con un presupuesto de 61.746 millones de euros para este mismo año (1,8% del PIB nacional), camino de alcanzar el 2% del PIB para el próximo.

Esa dinámica que ahora Takaichi va seguramente a reforzar responde, por un lado, a las crecientes tensiones en su vecindad, especialmente en relación con Corea del Norte (que lleva seis pruebas nucleares en lo que va de siglo y ha convertido en rutinario el lanzamiento de misiles sobre el espacio aéreo japonés) y China (con crecientes reclamaciones territoriales en el mar del Este de China y su asedio a Taiwán). Pero también guardan relación con las presiones de Washington para que aumente su apuesta militar, tanto para defenderse mejor como para colaborar más intensamente en la contención de la emergencia de China como principal rival estratégico. En esa línea encaja la incorporación de Japón a la iniciativa estadounidense QUAD (Quadrilateral Security Dialogue), junto con Australia, Estados Unidos e India.

Queda por ver si, en esa misma línea, Takaichi se atreve a impulsar el debate ya en marcha sobre la tradicional postura antinuclear. Es evidente que Japón cuenta tanto con la capacidad financiera, como tecnológica para dar un paso de esa naturaleza, incluyendo su propia planta de enriquecimiento de uranio (complejo de Rokkasho, de la Japan Nuclear Fuel Ltd.) y el combustible que le aseguran sus 33 reactores nucleares.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió el uso de un nuevo préstamo conjunto de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, que financiaría inversiones estratégicas y permitiría a la UE "desafiar la hegemonía del dólar", según informa EFE.

"Ha llegado el momento de que la Unión Europea lance una capacidad de endeudamiento común, a través de los eurobonos", afirmó Macron en una entrevista publicada el martes por el diario Le Monde, El País y otros cinco diarios europeos, dos días antes de una reunión informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE centrada en cómo impulsar la competitividad europea. 

El fin de esa emisión de deuda conjunta sería invertir conjuntamente en la transición ecológica, la inteligencia artificial y la tecnología cuántica, para que la UE no se quede atrás. 

En la entrevista, que tuvo lugar la víspera en el Palacio del Elíseo en París, Macron apostó por crear una capacidad de endeudamiento común para estos gastos futuros, en forma de "eurobonos con visión de futuro", subrayó.

"Esta es una oportunidad única, que también nos permitiría desafiar la hegemonía del dólar. De hecho, el mercado global teme cada vez más al dólar estadounidense. Busca alternativas. Ofrezcámosle deuda europea", propuso Macron, para quien sería "un grave error no aprovechar esta capacidad de endeudamiento". Macron también instó a no sucumbir a una "cobarde sensación de alivio" en la crisis de Groenlandia, que el presidente estadounidense quiere hacerse con ella, porque la bajada de la tensión, en su opinión, durará poco.

En este contexto, para el presidente francés ha llegado el momento del "despertar" europeo en los ámbitos económico, financiero, de defensa y seguridad, y democrático. Según el presidente, hay que empezar por la simplificación y profundización del mercado interior, y continuar con el régimen 28 (que pretende crear un código europeo de derecho mercantil), la unión de los mercados de capitales y la integración de nuestras redes eléctrica porque, indicó, "el mercado nativo para nuestras empresas no puede ser veintisiete mercados diferentes, sino 450 millones de personas".

El segundo pilar, continuó, es la diversificación, la firma de nuevas alianzas comerciales, como la UE acaba de hacer con India, ya que esta estrategia ofrece una nueva fuente de crecimiento y también permite reducir las dependencias, expreso. Preguntado en este punto por el acuerdo comercial con Mercosur, al que Francia se opone en su estado actual, Macron afirmó que es "un mal negocio", que está "antiguo" y fue "mal negociado". También añadió que "en cualquier caso, el Mercosur no tendrá el impacto drástico en nuestra agricultura que algunos temen, ni el impacto positivo en nuestro crecimiento que otros imaginan".

Abogó por proteger a la industria de la UE y por no imponer a los productores normas que no exigen a los importadores no europeos.

Cuando un 84% de los ciudadanos de un país se declara “muy preocupado” por los conflictos armados en el entorno europeo —la cifra más alta de toda la Unión—, lo lógico sería esperar que ese mismo país reclamara inversión en defensa, blindaje militar, presupuestos para seguridad. Pero España, una vez más, desafía la lógica convencional. Mientras lidera el ranking del miedo a la guerra junto a Italia, relega la defensa al vagón de cola de sus prioridades políticas: solo un 15% de los españoles considera que el Parlamento Europeo debería centrarse en este asunto, frente al 34% de la media comunitaria. ¿Contradicción? No exactamente. Más bien, una forma distinta de entender la protección en tiempos turbulentos.

El Eurobarómetro del Parlamento Europeo de otoño de 2025 recién publicado, dibuja el retrato de una ciudadanía europea atrapada en lo que ya se denomina con naturalidad "policrisis": tensiones geopolíticas, cambio climático acelerado, desinformación galopante y una sensación generalizada de que el mundo se ha vuelto un lugar más hostil. Pero dentro de ese retrato colectivo, España emerge con rasgos propios, casi únicos. Es el país que más teme la información falsa (85%, frente al 69% europeo), que más se alarma ante las amenazas a la libertad de expresión (85% versus 67%), que más desconfía del entorno digital. Y, sin embargo, cuando llega el momento de establecer prioridades, lo que reclama no son batallones ni escudos antimisiles, sino médicos y empleo.

La explicación de esta aparente paradoja atraviesa el documento de cabo a rabo: los españoles no entienden la seguridad como una cuestión exclusivamente militar, sino como un concepto más amplio que incluye —y prioriza— el bienestar cotidiano. Para el ciudadano medio español, la mayor amenaza a su estabilidad no es una invasión física, sino el deterioro de la sanidad pública o la precariedad laboral. Por eso, aunque el 84% se declara muy preocupado por las guerras cercanas y el 80% por el terrorismo, el 56% exige que el Parlamento Europeo se centre en la salud pública como asunto prioritario (y no en los dos anteriores). Solo Portugal, con un 68%, supera esa cifra. En el conjunto de la UE, la salud ocupa un discreto cuarto lugar, con apenas un 32%.

Esta jerarquía de miedos y prioridades no es estática. Entre mayo y noviembre de 2025, el interés de los españoles por que el Parlamento Europeo priorice la defensa y seguridad cayó siete puntos (del 22% al 15%). En ese mismo periodo, la preocupación por la sanidad pública creció trece puntos (del 43% al 56%) y la referida a economía y empleo subió doce (del 38% al 50%). Es decir: cuanto más hostil se percibe el mundo exterior, más se refugia el ciudadano español en la reclamación de servicios públicos sólidos y empleo estable.

Pero esta aparente contradicción esconde algo más profundo: una confianza inusualmente alta en la Unión Europea como escudo protector. El 79% de los españoles —frente al 66% de la media comunitaria— desea que la UE juegue un papel más importante en la protección frente a crisis mundiales. Solo Chipre (90%), Luxemburgo (83%) y Malta (81%) —tres países minúsculos— superan esa cifra. Y un apabullante 93% de los españoles considera que los Estados miembros deben estar más unidos para afrontar los retos globales, cuatro puntos por encima de la media europea (89%).

La interpretación es clara: los españoles delegan la seguridad en la arquitectura colectiva de la Unión, no en el músculo militar de cada Estado. Prefieren una Europa cohesionada, solidaria y fuerte institucionalmente antes que una carrera armamentística fragmentada. Cuando se les pregunta en qué áreas debe centrarse la UE para ser más fuerte globalmente, los españoles optan por "Educación e investigación" (43%) como primera opción, relegando la defensa a un modesto 27%, trece puntos por debajo de la media europea (40%).

Este europeísmo pragmático no es nuevo, pero sí se ha intensificado. El 72% de los españoles considera que formar parte de la UE es "algo bueno", superando el 62% de la media europea y creciendo tres puntos desde la primavera de 2024. Y aunque la imagen general de la Unión ha sufrido un ligero retroceso —del 52% al 49% de valoración positiva entre mayo y noviembre de 2025—, en España se mantiene en ese 49%, igualando la media comunitaria. Más significativo aún: el 59% de los españoles afirma que se sentiría "más preocupado" si España no fuera miembro de la UE para afrontar retos globales, frente al 55% de la media europea.

Porque si algo caracteriza a España en este barómetro es la intensidad de su ansiedad. El informe señala explícitamente a Italia, España, Chipre, Portugal, Polonia y Malta como los países con los porcentajes más altos de ciudadanos "muy preocupados" en casi todos los tipos de amenazas analizadas. Y los datos son elocuentes.

Además del ya mencionado 84% de preocupación por conflictos armados y el 80% por terrorismo, España registra un 79% de inquietud extrema ante catástrofes naturales y cambio climático, trece puntos por encima de la media europea (66%). Solo Portugal (91%), Grecia e Italia (ambos con 83%) muestran niveles superiores. En ciberataques, el 75% de los españoles está muy preocupado, frente al 66% de la UE. Y en cuanto a dependencias estratégicas, la inquietud española vuelve a destacar: 75% versus 62% en dependencia energética, y 71% versus 59% en dependencia militar de terceros países.

Pero si hay un campo donde España no solo lidera el ranking europeo de la ansiedad, sino que lo hace con distancia, es en la desconfianza hacia el ecosistema informativo. El 85% de los españoles se declara "muy preocupado" por la información falsa o engañosa, la cifra más alta de toda la Unión Europea, dieciséis puntos por encima de la media comunitaria (69%). 

Ni siquiera Chipre (82%) o Italia (80%), países que comparten con España muchos de los temores registrados en el barómetro, alcanzan ese nivel de alarma. En el extremo opuesto, apenas el 45% de los checos manifiesta esa inquietud. Pero lo relevante no es solo el dato aislado, sino que la desconfianza informativa en España es sistémica: el país también lidera la preocupación por las amenazas a la libertad de expresión (85%, frente al 67% europeo) y comparte con Chipre el primer puesto la alerta por la protección de datos personales en internet (82%, frente al 68% de la UE). 

Mientras que Italia supera a España en temores relacionados con la seguridad física —terrorismo (83% versus 80%)—, es en la dimensión digital y de integridad de la información donde la sociedad española se revela como la más vulnerable y alarmada de toda Europa. Para los españoles, la desinformación no es un riesgo secundario: es la amenaza central a la cohesión social, el espacio público y, en última instancia, a la propia democracia.

Esta desconfianza hacia el espacio informativo no es un fenómeno aislado, sino que se entrelaza directamente con otra de las grandes fracturas que atraviesan la sociedad española: la polarización. El 73% de los españoles se declara “muy preocupado” por el aumento de la división entre los distintos grupos de la sociedad, diez puntos por encima de la media europea (63%) y solo superado por Italia (76%). Si se suman quienes manifiestan una preocupación moderada, el porcentaje total de españoles inquietos por la fractura social alcanza el 93%, frente al 86% de la UE.

Es significativo que los países mediterráneos —Chipre y Grecia, ambos con un 72%— compartan con España e Italia este sentimiento de fragmentación interna, mientras que en el norte de Europa la alarma es notablemente menor: apenas un 44% en Dinamarca, un 46% en Lituania y un 47% en Estonia.

Los datos sugieren que la ciudadanía española establece una conexión causal entre ambos fenómenos: el entorno digital degradado —alimentado por bulos, discursos de odio y manipulación algorítmica— estaría actuando como combustible de la división social.

No es casual que España lidere simultáneamente la preocupación por la desinformación (85%), las amenazas a la libertad de expresión (85%) y la polarización (73%). Son tres caras de una misma crisis: la percepción de que el espacio público compartido se ha roto, y de que esa ruptura tiene origen, en buena medida, en la contaminación informativa que erosiona la posibilidad misma del diálogo democrático.

Sin embargo, esta sensación de vulnerabilidad convive con una curiosa resiliencia personal. El 81% de los españoles se declara optimista sobre su futuro personal y familiar, cinco puntos por encima de la media europea (76%). Pero esa confianza se desploma cuando la mirada se aleja del ámbito privado: solo el 50% es optimista sobre el futuro de España, siete puntos por debajo de la media de la UE (57%). Y respecto al futuro del mundo, la cifra española (44%) se alinea con el pesimismo generalizado en Europa.

Es la brecha entre el “yo” y el “nosotros”, entre la capacidad de agencia individual y la impotencia ante las dinámicas globales. Los europeos —y los españoles en particular— se sienten capaces de construir una vida digna para los suyos, pero desconfían de que el sistema global vaya a acompañarlos en ese empeño. De ahí que el optimismo sobre el futuro de la Unión Europea haya caído del 66% en mayo de 2025 al 57% en noviembre. En España, ese optimismo se sitúa en el 56%, prácticamente en línea con la media comunitaria, pero lejos del entusiasmo estructural que el país suele mostrar hacia el proyecto europeo.

Así pues, la singularidad española no reside en una negación del peligro —los datos demuestran que es uno de los países más alarmados de la Unión—, sino en cómo entiende la respuesta a ese peligro. Mientras los países del norte y del este de Europa (Países Bajos 58%, Dinamarca 57%, Finlandia 56%) sitúan la defensa como prioridad absoluta, España apuesta por un modelo de protección distinto: sanidad universal, empleo de calidad, educación robusta, investigación competitiva. 

No es que los españoles no quieran sentirse seguros. Es que interpretan la seguridad como la capacidad de vivir sin miedo a perder el acceso a un médico, a un trabajo o a una pensión digna. Y confían en que sea la Unión Europea, actuando de forma cohesionada, quien garantice ese blindaje social, mientras gestiona de manera colectiva las amenazas militares externas.

En un mundo que perciben cada vez más peligroso y desinformado, los españoles se aferran con más fuerza a la Unión Europea. Pero no le piden arsenales. Le piden que no olvide que la seguridad también se mide en camas de hospital, contratos indefinidos y salarios dignos. 

Toda la labor de Pedro Sánchez se va desvaneciendo hacia donde el crepúsculo corre borrando estatuas, que escribió Pablo Neruda. Aquí, las estatuas vienen siendo Gallardo, Alegría, Martínez Mínguez y quién sabe si María Jesús Montero, en unas elecciones convertidas en pira funeraria y lubricán del socialismo bipartidista. El crepúsculo también puede hacer tambalear la salud política de Salvador Illa desde una cama, mientras el President contempla desde la ventana el letargo de los trenes, o la robustez pucelana y ministerial de Óscar Puente, amenazado con caerse desde un viaducto catalán por el que ya no pasan AVEs ni Cercanías. 

Los caucus autonómicos son los derbis de la derecha donde se define y cobra forma el hegemón autoritario. Los dioses del Olimpo observan cómo se queman los peones del socialismo en las periferias mudas, cómo Vox adelanta sus posiciones ante el PP en la maratón de Marte y cómo Alberto Núñez Feijóo las pierde tras su última comparecencia en el Congreso de los Diputados, reemplazado desde dentro por Ayuso y desde fuera por todos los demás. El presidente popular fue zarandeado este lunes en la comisión que investiga la dana de Valencia por los tres jinetes de la España plurinacional: Ibáñez, Matute y Rufián. Tras las elecciones de Aragón, algo podrido volverá a olerse en la calle Génova (y no será Azcón, precisamente).  

Durante este año trumpista, la política de Pedro Sánchez se ha hecho más heroica y audaz. Su hiperliderazgo cobra más sentido en el sistema mundo que en la Corte de los Leones. Pero, como ya advertimos aquí, el verdadero peligro que puede hacer tambalear al presidente del Gobierno no está en Groenlandia ni en la Carrera de San Jerónimo. La batalla se juega en Indra, Telefónica, Red Eléctrica y, ahora también, Renfe y Adif. Hay señales de humo en la corteza terrestre del poder que han hecho encenderse las alarmas en el búnker subterráneo de La Moncloa. El foco más conflictivo del Madrid DF está en esas empresas donde la democracia es algo más que una estadística y los contratos que se firman tienen tanta importancia como las leyes que se negocian en el Congreso. 

España siempre ha tenido un atávico instinto militar. Claro que la impregnación de lo guerrero se ha dado también en otros países, otras sociedades, otras literaturas y otros siglos. Shakespeare levantó su teatro como denuncia y denigración de los reyes de Europa en Inglaterra, mientras que Lope y Calderón urdieron el suyo para justificar a esos reyes. Pero hay en España, sin duda, a través de la Historia, más superstición del sable que en otros países. Quevedo consagró todo esto con una expresión que asombraba a Borges, y que se contiene en los versos del poeta barroco al Duque de Osuna, muerto: "el llanto militar". Rara vez el llanto ha sido adjetivado de militar. De pronto, en el siglo XXI, el sable de Quevedo logra recobrar el prestigio del Siglo de Oro.

Parece que las alarmas se han encendido definitivamente en el Gobierno y se ha vuelto a escuchar el llanto militar de Margarita Robles desde su despacho en el Ministerio de Defensa. Suenan salvas funerales por Ángel Escribano, el nuevo Duque de Osuna de la cosa militar. Por el momento, la presidenta de la Sepi, Belén Gualda, ya ha dado la orden a sus tres consejeros en Indra para que se paralice la compra de Escribano Mechanical & Enginering, la empresa de lo hermanos Escribano, donde uno de ellos hace las veces de presidente. 

Tiembla el misterio de la guerra cuando la viabilidad económica de la empresa pende del juicio en el Supremo que podría mandar al infierno 7000 millones en contratos y otros 3000 en préstamos de financiación del Estado. Prim, O'Donnell, Serrano, Espartero, "el espadón de Loja". Sables de la panoplia liberal y sables de la panoplia reaccionaria. Todas se funden en este horizonte escrito ya como una posibilidad. Esta ambivalencia del sable es lo que más justifica a todos. Unos se redimen con los otros. El sable nacional es el acorazado de acero imparcial y transnacional que corta el nudo gordiano de las grandes ataduras circunstanciales. La penetración de la economía militar horada la vida civil y ya se decide entre mujeres sin dejar de perder una esencia histórica: lo más español que se podía ser a lo largo de la historia era necesariamente militar.

La pregunta es sencilla. Con todo el merecumbé que se está cociendo en Indra, la empresa en la que Pedro Sánchez ha confiado la práctica totalidad de  las capacidades de España en la OTAN, ¿cómo es posible que el PP macho de Alberto Núñez Feijóo no haya dicho ni media palabra todavía? Puede ser la famosa superstición del sable pero también la no menos importante presencia de José Vicente de los Mozos, CEO de Indra, hombre estrechamente vinculado al gallego hasta hace muy poco, y ahora alfil de Isabel Díaz Ayuso en su conquista del PP. Tomen nota. Robles, Gualda y Ayuso: el poderío militar español ha dejado de ser una cosa de machos y hoy, quienes deciden sobre las vidas y destinos de las legiones son una gavilla de mujeres afiladas en la villa y corte de Madrid. Menudo pasote.

La tensión sigue en máximos. El mundo tenía los ojos puestos en la reunión que este miércoles habían pactado en la Casa Blanca los representantes, por un lado, de Dinamarca y Groenlandia, y por otro, de Estados Unidos, para dirimir el futuro de la isla. El país norteamericano ha asegurado en varias ocasiones, y especialmente en estos últimos días, que su objetivo es anexionarse este enclave estratégico para el control del Ártico, mientras los daneses se cierran en banda ante tal extremo.

En la reunión ambas partes tan solo han sacado en claro su desacuerdo: Dinamarca calificó de "completamente inaceptable" el deseo del presidente de EEUU, Donald Trump, de apropiarse de la isla. Sin embargo, tanto el vicepresidente del país norteamericano, JD Vance como el secretario de Estado, Marco Rubio, continuaron enrocados en sus posiciones. El ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, llegó a usar el término "conquistar": "No conseguimos cambiar la posición estadounidense. Está claro que el presidente tiene este deseo de conquistar Groenlandia".

Lo poco en lo que han coincidido ha sido en crear un grupo de trabajo de alto nivel para abordar la cuestión. "Hemos decidido formar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar si podemos encontrar un camino común a seguir", comunicó en una rueda de prensa Rasmussen, junto a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, tras salir de la reunión celebrada en el Edificio Ejecutivo Eisenhower, dentro del complejo de la Casa Blanca.

El ministro aseguró que se reunirán por primera vez "en cuestión de semanas", apuntando su deseo de abordar las preocupaciones estadounidenses pero "respetando las líneas rojas" de Dinamarca. Sin embargo, no es una tarea sencilla, ya que el mensaje de Trump no parece cambiar respecto a su deseo de ocupar el territorio. Este mismo miércoles, antes de la reunión acontecida –a la que que el presidente estadounidense no ha acudido–, ha posteado en su red social Truth Social que con Groenlandia en "manos" de Estados Unidos, la OTAN será mucho más eficaz, y agregó que "cualquier cosa menos que eso es inaceptable".

Las posiciones siguen enfrentadas pese a este intento de acercamiento. Rasmussen no ha dejado de mantenerse firme en el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés, y asegura que cualquier idea que no respete los derechos de sus ciudadanos es "totalmente inaceptable". "Por tanto, seguimos teniendo discrepancias fundamentales, pero también estamos de acuerdo en estar en desacuerdo", aseguró en un intento de rebajar las tensiones. Sin embargo, el mensaje está claro, tanto el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, como la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, rechazan la posibilidad de que Estados Unidos se haga con la isla.

En respuesta a estas amenazas, este mismo miércoles y en paralelo a las reuniones con EEUU el Ministerio de Defensa danés ha anunciado un aumento de militares en el territorio ártico, así como de maniobras, con el apoyo estratégico de otros países de la OTAN. La presencia militar se va a ver multiplicada a una velocidad vertiginosa en un territorio de apenas unos 57.000 habitantes.

Por el momento, Suecia, Noruega, Alemania y Francia se han unido a su vecino europeo tras la solicitud de ayuda, en un ejercicio que han llamado Operation Arctic Endurance (Operación Resistencia Ártica). "Llegan este miércoles a Groenlandia oficiales de las Fuerzas Armadas suecas. Forman parte de un grupo de varios países aliados", escribió el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en su cuenta de X. 

El Ministro de Defensa danés ha querido hacer patente en unas declaraciones la necesidad de "entrenarse" en estas maniobras "en beneficio tanto de la seguridad europea como transatlántica". En el caso de un conflicto militar en el territorio, las condiciones extremas que enfrenta Groenlandia supondrían un problema para los profesionales menos experimentados, un factor que los países europeos están previniendo.

Francia, por su parte, también enviará militares a la isla. Además, como "señal política" contribuirá con la apertura de un consulado en el territorio perteneciente a Dinamarca a partir del 6 de febrero. El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha sido muy duro en sus declaraciones, calificando de "chantaje" la posición de EEUU.

Hasta este momento, el país norteamericano no se ha pronunciado sobre la reunión mantenida con Dinamarca, pero quien sí ha hablado a lo largo de este miércoles ha sido su presidente, que no ha contribuido a rebajar las tensiones. Según el mandatario, la región en disputa es necesaria para la “seguridad nacional” de su país.

Trump ha hecho alusión al proyecto Cúpula Dorada, un sistema de defensa antimisiles que cuenta con un presupuesto inicial de 175.000 millones de dólares y que serviría para proteger a EEUU desde el espacio. El presidente ha calificado de "vital" a Groenlandia para este proyecto.

Por ese motivo de seguridad, el mandatario ha animado a la OTAN a impulsar la anexión: “Dile a Dinamarca que salga de ahí ¡YA!”. “Si no lo hacemos, Rusia o China lo harán, ¡y eso no va a suceder!”, aseguró. 

El inquilino de la Casa Blanca también ha publicado una noticia que afirma que el año pasado los servicios de inteligencia daneses alertaron del interés militar de China y Rusia en Groenlandia y en el Ártico. “Dos trineos tirados por perros no sirven. ¡Solo Estados Unidos puede!”, comenta con burla en otro mensaje sobre las fuerzas armadas danesas. 

Además, el republicano ha sacado pecho de su papel en el desarrollo de la organización atlántica: "Militarmente, sin el vasto poder de Estados Unidos, gran parte del cual construí durante mi primer mandato y que ahora estoy elevando a un nivel nuevo y aún más alto, la OTAN no sería una fuerza eficaz ni disuasoria, ¡ni de lejos! Ellos lo saben, y yo también".

Groenlandia está ya en el podio de las preocupaciones de Bruselas en este inicio del 2026. Durante meses, las palabras de Donald Trump, sobre el territorio extra comunitario fueron vistas con ligereza y como una bravuconada más del presidente de los Estados Unidos, aunque las alarmas sonasen a raíz de la visita realizada por su número dos, JD Vance. El asalto a Caracas y el secuestro de Nicolás Maduro han mostrado a las autoridades de la UE, a Dinamarca y al resto de Estados de la Unión de lo que es capaz el dirigente de la Casa Blanca.

La maquinaria política de los 27 y la Comisión Europea se ha encendido porque en Bruselas ya nadie se toma a la ligera la amenaza real sobre la isla de la corona danesa. Copenhague está movilizando a sus diplomáticos en la OTAN, el principal foro donde puede presionar hasta cierto punto a Washington en un frente coordinado con sus aliados, mientras Francia involucra a Alemania y a Polonia en posibles misiones militares en el Ártico. Alemania ahora también estudia esa idea.

París ha ejercido de motor diplomático en la UE ante cierta parálisis del resto de socios. Aprovechando el encuentro en la capital gala de la coalición de voluntarios para la ayuda militar y económica a Kiev, el presidente Emmanuel Macron impulsó un comunicado de siete países, incluyendo a Dinamarca, país afectado, reafirmando la soberanía danesa de la isla. Representó la primera reacción de contundencia en la Unión ante el desafío groenlandés.

“Groenlandia pertenece a su gente. Depende de Dinamarca y de Groenlandia, sólo de ellos, decidir los asuntos que dependen de Dinamarca y Groenlandia”, insiste la declaración, firmada por el anfitrión, el presidente Pedro Sánchez, el canciller Friedrich Merz y los primeros ministros de Italia, Polonia y Reino Unido, además de la afectada, la danesa Mette Frederiksen.

Guntram Wolff, ex director del think tank bruselense Bruegel y del German Council of Foreing Relations, destaca que Macron es el líder europeo que más parece involucrarse en esta crisis. En junio visitó Nuuk, capital de la isla, para “reafirmar su apoyo incondicional a la integridad territorial de Groenlandia”. Wolff plantea para Europa “una opción más inteligente” que esperar y ver, “estrategia vacía y que invita [a Washington] a crear hechos sobre el terreno”. Se trataría de la “cooperación discreta pero sustancial con Dinamarca y el gobierno de Groenlandia”, “enviando fuerzas militares adicionales que refuercen las estructuras actuales, apoyadas por defensas navales y aéreas”. A juicio del alemán, esto “enviaría una señal política” sin representar “un acto de provocación” hacia Washington, al tiempo que “Europa también cambiaría los cálculos de política doméstica en los Estados Unidos y redefiniría una nueva relación trasatlántica”.

Europa es consciente de que si Estados Unidos toma por la fuerza de Groenlandia la OTAN implosionaría. Y ante esta realidad, el Gobierno alemán ha despertado. Berlín y Londres ya estarían discutiendo planes para aumentar su presencia militar en el territorio danés dentro de una misión conjunta de la Alianza Atlántica en la región ártica.

La primera ministra Mette Frederiksen acaba de reconocer la existencia de “un conflicto” y que su país afronta “un momento decisivo” con los Estados Unidos sobre Groenlandia. Temores que recoge Marco Buti, jefe de gabinete del ex comisario de Economía, Paolo Gentiloni. El italiano escribe que las conversaciones sobre el territorio danés no pueden “basarse en un escenario central de optimismo” ya que “Trump se comporta precisamente según sus reconocidas pretensiones, o incluso las supera”.

Buti es crítico con la estrategia negociadora de la actual Comisión en el pacto comercial con la Casa Blanca, por eso recomienda “no realizar concesiones” sobre Groenlandia y “nunca confiar en un acuerdo como definitivo”, ni creer que “la preferencia, como dijo el secretario de Estado Marco Rubio, de comprar la isla en vez de usar medios militares debería verse como el inicio de una desescalada, sino más bien la confirmación del compromiso de Estados Unidos a alcanzar plenamente sus objetivos”. Las advertencias de quien fue también asesor del antiguo presidente de la Comisión, Romano Prodi, son claras.

Igual que Guntram Wolff, Marco Buti apuesta porque “fuerzas militares de la UE sean enviadas a Groenlandia, de acuerdo con Copenhague y Nuuk, como señal del compromiso de Europa con la integridad territorial” de la isla. “La UE y sus gobiernos deberían proteger proactivamente Groenlandia frente al expansionismo de Estados Unidos” pide el antiguo alto funcionario europeo.

En julio, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, firmó en Escocia un controvertido acuerdo comercial con la Administración Trump que ponía fin a la guerra arancelaria desatada por la Casa Blanca. El pacto estipula que la mayoría de las exportaciones europeas a territorio estadounidense estarán sujetas a una tarifa del 15%. Además, la UE se compromete a abolir las tasas del 10% a bienes industriales de ese país, como por ejemplo a sus coches y componentes automovilísticos. Sin embargo, este acuerdo está pendiente de su aprobación en el Parlamento Europeo y empieza a cobrar fuerza la oposición contra él.

En la Eurocámara se está forjando un frente de socialdemócratas, liberales, verdes e izquierda en su contra, como medida de presión ante las amenazas de Trump. Los populares europeos tampoco son inmunes al contexto geopolítico actual y algunos de sus importantes legisladores no rehúyen esta posibilidad. Eurodiputados ecologistas en el Comité de Mercado Interior, italianos del Partido Democrático en la Delegación de Relaciones con los Estados Unidos o danesas liberales del Comité de Comercio Internacional hablan de frenar la tramitación parlamentaria de ese acuerdo, lo que de facto supondría ponerlo en el congelador.

El miembro de la izquierda danesa, Per Clausen, en una carta abierta a sus colegas parlamentarios, ha pedido que la presidenta de la institución, Roberta Metsola, paralice la votación del acuerdo comercial el próximo mes. “Si aceptamos este acuerdo mientras Trump está amenazando el orden internacional y realizando reclamaciones territoriales directas contra Dinamarca, se vería como una recompensa a estas acciones y sólo añadiría combustible al fuego”, escribe Clausen.

Suspender la ratificación del acuerdo comercial generaría un grave enfrentamiento político con la Administración Trump, abrirse a nuevas represalias arancelarias desde Washington, un escenario que en la Comisión Europea prefieren evitar. Pero en el Parlamento Europeo, con las tensiones en torno a Groenlandia, parece difícil que ahora mismo exista una mayoría de diputados a favor. Sería el primer golpe en la mesa de la UE ante al autoritarismo de la Casa Blanca.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha advertido este martes, tras el ataque estadounidense a Venezuela (aunque sin nombrarlo expresamente), la necesidad de respetar el ordenamiento jurídico internacional, fuera de cuyo marco "no hay actuaciones legítimas posibles", ha dicho. Así lo ha señalado Robles en su discurso con motivo de la celebración de la Pascua Militar que han presidido los reyes y la princesa Leonor en el Palacio Real y en el que ha recalcado el compromiso de España con el pleno respeto a ese ordenamiento.

La ministra ha insistido en que España es "un socio serio, responsable, fiable y comprometido" en los marcos internacionales a los que pertenece, en defensa de la paz, la seguridad y los valores democráticos que han de presidir la convivencia pacífica internacional.

Y tras recordar que más de 175 militares españoles han fallecido a misiones internacionales de mantenimiento de paz, ha dicho "humildemente": "no damos lecciones a nadie, pero tampoco las aceptamos en ese compromiso que España tiene".

Por su parte, el rey Felipe VI ha destacado el compromiso de España con la seguridad internacional, el multilateralismo y con el orden global basado en normas. En su discurso también ha hablado de la sensación creciente de amenaza que deja 2025, con guerras, crisis y tragedias humanitarias.

Sin embargo, Felipe VI no ha hecho mención a la operación de Estados Unidos en Venezuela. Ha subrayado que ante los múltiples conflictos bélicos y crisis y la "amenaza" que llega al corazón de Europa, lo valioso que es contar con unas Fuerzas Armadas con un alto grado de formación y adiestramiento y unos recursos humanos y materiales que estén a la altura de los desafíos.

Los reyes y la princesa Leonor han presidido la ceremonia de la Pascua Militar en el Palacio Real, un acto castrense que ha reunido a la cúpula de los tres ejércitos y de la Guardia Civil y a la que no ha asistido en esta ocasión el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que asistirá en París a una reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania.