Austria, uno de los países europeos que nunca llegó a abandonar el servicio militar obligatorio, quiere que sus jóvenes pasen más tiempo en el Ejército. El Gobierno de coalición formado por conservadores, socialdemócratas y liberales presentó el 27 de julio un proyecto para ampliar la prestación en tres meses, desde los seis actuales hasta un total de nueve. No obstante, los tres meses adicionales no se cumplirían de forma continuada, sino mediante un sistema de maniobras y ejercicios de reservista distribuidos durante los diez años posteriores al servicio inicial. La reforma se justifica por el deterioro de la seguridad europea y las amenazas derivadas de la invasión rusa de Ucrania, aunque también reabre el debate sobre la neutralidad histórica del país, según la información publicada por Mediapart.

El movimiento no supone exactamente la recuperación de la mili, porque en Austria nunca desapareció, pero muestra hasta qué punto el reclutamiento ha regresado a la agenda europea. Tras décadas profesionalizando sus ejércitos, los gobiernos vuelven a preguntarse cómo conseguir soldados suficientes para sostener una política de defensa cada vez más ambiciosa.

Ese debate avanza en paralelo al aumento del gasto militar. En 2025, la inversión en defensa de la Unión Europea alcanzó los 381.000 millones de euros, un 62,87% más que en 2020. España destinó alrededor de 34.000 millones a cumplir el objetivo del 2% del PIB acordado con la OTAN. Sin embargo, ese aumento no ha resuelto la dificultad para atraer y retener personal.

Alemania ha optado inicialmente por un sistema voluntario previsto para comenzar en 2026. Los jóvenes de 18 años deberán pronunciarse sobre su disposición a incorporarse a las Fuerzas Armadas y quienes respondan afirmativamente podrán realizar al menos seis meses de servicio. Aunque la obligatoriedad no forma parte del diseño inicial, la estructura permitiría ampliar el reclutamiento si no se alcanzan los objetivos previstos. En 2025, nueve de los 27 países de la Unión Europea contaban ya con algún tipo de prestación militar.

Bélgica ha recurrido directamente a los incentivos económicos. Su Ministerio de Defensa envió en noviembre de 2025 una carta a casi 150.000 jóvenes de 17 años para ofrecerles un año de servicio voluntario, remunerado con alrededor de 2.000 euros mensuales. En un contexto de precariedad y problemas de acceso a la vivienda, el Ejército aparece así como una salida laboral financiada por el rearme. Los gobiernos evitan imponer el servicio militar, pero utilizan incentivos para cubrir puestos que no consiguen llenar por las vías habituales.

Francia también debate la recuperación de alguna forma de prestación. Un estudio de YouGov situaba en el 69% el porcentaje de franceses favorables a recuperar el servicio, frente al 59% registrado en Alemania, el 49% en Italia y el 43% en Reino Unido.

Otros Estados han ido más lejos. Lituania recuperó la obligatoriedad en 2015 y exige nueve meses de servicio a hombres de entre 19 y 26 años. Letonia hizo lo mismo en 2024 con una prestación de doce meses para hombres de entre 18 y 27 años, seleccionados mediante sorteo.

Suecia reimplantó en 2017 un modelo mixto y selectivo. Cada año incorpora a una pequeña parte de los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad, hombres y mujeres. No moviliza a toda una generación, sino que escoge a quienes reúnen las condiciones que necesitan las Fuerzas Armadas. El sistema sueco se ha convertido en una referencia para ampliar las reservas sin asumir el coste de una mili universal.

Dinamarca también recurre al sorteo; Finlandia y Estonia mantienen la obligación para los hombres, y Grecia y Chipre nunca abandonaron el servicio. La proximidad de los países bálticos y nórdicos a Rusia ayuda a explicar por qué el servicio militar tiene allí una aceptación difícilmente trasladable al resto del continente.

La recuperación del servicio obligatorio tampoco garantiza por sí misma una mejora de la capacidad militar. Formar grandes contingentes exigiría más cuarteles, instructores, alojamientos y equipos, además de la manutención de miles de reclutas. Unos pocos meses, además, pueden resultar insuficientes para manejar sistemas cada vez más complejos.

El coste económico constituye una de las principales barreras para recuperar la obligatoriedad universal. También existe un coste social: interrumpir los estudios o el inicio de la vida laboral de una generación. En otro análisis publicado por infoLibre, el militar retirado Jesús Núñez ponía en duda que sumar reclutas implicase necesariamente una mayor capacidad militar y señalaba que el desarrollo tecnológico empujaba hacia ejércitos más reducidos y especializados. 

España permanece, por ahora, al margen de esta corriente. PSOE y Sumar rechazan recuperar el servicio obligatorio y el PP tampoco ha defendido deshacer una de las decisiones del segundo Gobierno de José María Aznar, que suspendió la mili hace ahora justamente 25 años. Vox es el único partido que ha planteado expresamente su regreso.

La vuelta sería jurídicamente posible porque el servicio fue suspendido, no eliminado completamente. La Constitución mantiene ese derecho y el deber de defender España. Por su parte, la ley de la carrera militar contempla la figura del reservista obligatorio. La posibilidad legal, sin embargo, no elimina el rechazo social.

Según una encuesta de YouGov, un 42% de los españoles apoyaba algún periodo de servicio militar obligatorio, frente a un 52% que lo rechazaba. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, los directamente afectados, el respaldo descendía al 34% y la oposición alcanzaba el 62%. La apoyaban el 69% de los votantes de Vox, el 49% de los del PP, el 35% de los del PSOE y el 24% de los de Sumar.

La discusión española se concentra más en las carencias del modelo profesional. Las Fuerzas Armadas tienen 116.739 integrantes frente al objetivo de alcanzar una cifra que se encuadre en el intervalo entre 130.000 y 140.000. El presidente del Observatorio de la Vida Militar, Mariano Casado, calcula que faltan entre 15.000 y 23.000 efectivos de tropa y reclama mejores salarios, condiciones de vida y salidas profesionales para atraerlos y retenerlos.

La decisión de Austria confirma que el servicio militar ha dejado de ser únicamente un recuerdo europeo. En algunos países nunca desapareció; en otros ha regresado mediante sorteos o sistemas selectivos, y en Alemania, Bélgica o Francia reaparece bajo fórmulas voluntarias e incentivos económicos.

Europa todavía no ha restablecido el reclutamiento masivo que dominó el siglo XX, pero el rearme está trasladando el debate desde los presupuestos hasta la población. Después de multiplicar el gasto y acelerar la compra de armamento, los gobiernos se enfrentan ahora a la cuestión más incómoda de cualquier política militar: quién debe incorporarse a los ejércitos, en qué condiciones y qué parte de su vida tendrán que entregar los jóvenes para sostenerla.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reclamado este lunes al Gobierno de Marruecos que investigue "hasta el final" la tragedia ocurrida en la frontera de Ceuta con la llegada masiva de inmigrantes y ha subrayado que "Ceuta y Melilla no se tocan", al tiempo que ha garantizado que el Ejército seguirá apoyando a la Guardia Civil en la ciudad autónoma.

Durante su visita al Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM IV), con sede en la Base Aérea de Zaragoza, Robles ha asegurado que tanto España como Marruecos no pueden "mirar para otro lado" ante una tragedia en la que, según ha recordado, han fallecido cerca de un centenar de personas.

La ministra ha reclamado a las autoridades marroquíes que investiguen qué ocurrió y quién estuvo detrás de los movimientos organizados a través de las redes y ha garantizado que todas las personas que hayan entrado de forma irregular en España "van a ser devueltas siempre con arreglo a la legalidad".

"Le pido al Gobierno de Marruecos que investigue y llegue hasta el final" para esclarecer lo sucedido, ha dicho en declaraciones a los medios, al considerar que "quien haya estado detrás de esto, las mafias o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades".

Robles también ha reprochado que se utilice a menores y a otras personas, "echándoles a la muerte" mediante engaños difundidos en las redes sociales.

A su juicio, los responsables son quienes organizan estas actuaciones y hacen creer a los migrantes que pueden acceder de forma irregular a España.

La titular de Defensa ha insistido en que "todo el mundo tiene que tener muy claro que la integridad territorial y la soberanía española no se tocan".

En este sentido, ha garantizado que el ejército permanecerá en la ciudad autónoma para apoyar a la Guardia Civil "en las labores que haya que realizar".

Preguntada por si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisó al Ministerio del Interior de la posible llegada masiva de migrantes, Robles ha eludido responder de forma directa y se ha limitado a destacar que los profesionales del CNI, el CIFAS y los servicios de información de la Policía Nacional y la Guardia Civil realizan "un trabajo excepcional", por lo que ha rechazado entrar en un debate sobre su actuación.

*En memoria de mi madre.

"Noticias falsas, calumnias, que calientan al pueblo y piden justicia. Es un linchamiento, un verdadero linchamiento. Y así, lo llevan al juez, para que el juez le dé forma legal, pero en realidad ya ha sido juzgado. El juez debe ser muy valiente para ir contra un juicio hecho así, popular, hecho a propósito, preparado… es un modo de hacer jurisprudencia" (Papa Francisco. Homilía de Santa María, 28/4/20).

Hay condenas que dictan los tribunales y otras que emite la opinión pública mucho antes de que un juez pronuncie una sola palabra. Las primeras pertenecen al Derecho; las segundas responden a la política, la comunicación y la necesidad de transformar la sospecha en certeza. En esa tensión se mueve hoy buena parte del debate sobre la presunción de inocencia en España, un derecho que la Constitución reconoce de forma expresa y que se ve cada vez más expuesto a una erosión práctica, difícil de corregir.

La garantía del artículo 24.2 de la Constitución nunca tuvo un respaldo jurídico tan sólido ni una fragilidad social tan visible. No porque los tribunales hayan renunciado a protegerla, sino porque el proceso penal ya no transcurre solo en los juzgados: convive con un proceso paralelo, inmediato y emocional —filtraciones, declaraciones políticas, titulares, redes sociales— que no conoce reglas de prueba ni respeta la contradicción, y que, sin embargo, influye de manera creciente en la percepción pública de cualquier procedimiento.

No se trata de cuestionar la libertad de información ni la crítica política, esenciales en democracia. El problema aparece cuando esas lógicas invaden el proceso penal, cuya única finalidad legítima es determinar, con pruebas valoradas con todas las garantías, si una persona ha cometido o no un delito. Confundir esos planos desnaturaliza el único que puede restringir legítimamente la libertad de un ciudadano.

La investigación seguida contra el expresidente del Gobierno Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra ilustra esa tensión. No porque permita anticipar ninguna conclusión sobre el fondo —algo incompatible con el respeto a la función jurisdiccional—, sino porque muestra cómo una causa penal puede convertirse desde sus primeras fases en un espacio de confrontación política y mediática que termina proyectándose sobre las propias garantías procesales. Lo significativo no ha sido solo la intensidad del debate, sino la reacción ante una decisión perfectamente legítima: que el investigado decidiera declarar primero ante el juez y reservar allí sus explicaciones, opción que forma parte del núcleo del derecho de defensa y que algunos han leído como opacidad o indicio de culpabilidad. Ahí está una de las claves del problema.

En un Estado de derecho, la primera obligación de quien debe defenderse en un proceso penal no es satisfacer la curiosidad pública ni el debate político, sino defenderse eficazmente dentro del proceso. Guardar silencio, no autoincriminarse, no revelar anticipadamente la estrategia de defensa y comparecer solo ante el órgano jurisdiccional no son concesiones graciosas ni privilegios: son garantías estructurales del modelo acusatorio, conquistadas durante siglos para impedir que el poder sustituya la prueba por la sospecha.

El problema es que el ejercicio de esos derechos ha comenzado a interpretarse como motivo de desconfianza: comparecer ante los medios se lee como intento de construir un relato; guardar silencio, como ocultamiento; declarar solo ante el juez, como falta de transparencia. Casi ninguna conducta queda a salvo, porque cualquier decisión procesal termina absorbida por una narrativa previa de culpabilidad. La consecuencia es seria: la presunción de inocencia no se vacía únicamente con una sentencia condenatoria, sino que puede erosionarse mucho antes, cuando el ejercicio del derecho de defensa se interpreta como indicio incriminatorio. Jurídicamente sigue existiendo la garantía; socialmente empieza a imponerse la presunción de culpabilidad.

Se ha escrito mucho sobre juicios paralelos y filtraciones, pero menos sobre algo más profundo: la contaminación estructural del proceso penal. No se trata solo de que existan opiniones externas sobre una investigación, sino de que el ecosistema político y mediático altere las condiciones en las que las garantías procesales deben desplegar su eficacia. Esas garantías se concibieron para controlar el poder estatal dentro del proceso —cómo debe practicarse una prueba, cómo incorporar datos o documentos, cuándo autorizar una intervención telefónica, cómo practicar un registro—, no para neutralizar una filtración interesada o una campaña sostenida durante meses. Ningún recurso judicial repara por completo una reputación dañada por una acusación convertida en espectáculo antes de llegar a juicio.

Cuando la lógica del enfrentamiento político sustituye a la lógica probatoria del Derecho, la verdad deja de construirse mediante pruebas y se edifica sobre percepciones y mayorías coyunturales. El proceso penal se transforma en un instrumento narrativo: cada diligencia se presenta como confirmación, cada filtración como prueba. Deja de ser un mecanismo para descubrir la verdad y pasa a ser una maquinaria para consolidar un relato previo.

De ahí uno de los efectos más inquietantes: la inversión silenciosa de la carga de la prueba. El proceso penal exige que sea la acusación quien destruya la presunción de inocencia con prueba de cargo suficiente; sin embargo, el debate público termina imponiendo al investigado la obligación de demostrar públicamente que no cometió los hechos. El uso del lenguaje, aquí, como en otras ocasiones, no es inocente.

Ningún tribunal modifica formalmente las reglas, pero en el plano de la percepción social el investigado pasa a ser tratado como culpable mientras no convenza a la opinión pública. Esa exigencia es especialmente injusta porque obliga a probar un hecho negativo: la probatio diabolica que el Derecho romano ya reconocía como pretensión imposible. Ningún sistema serio puede imponer a una persona la carga de acreditar que un hecho nunca ocurrió; por eso el proceso penal moderno descansa sobre un principio básico: quien afirma la existencia del delito debe probarlo.

Esto es especialmente claro en delitos como el tráfico de influencias, donde el tipo penal exige acreditar una influencia concreta, ejercida sobre una autoridad determinada, con finalidad y relación causal suficientes con el acto adoptado. Lo que no alcance ese nivel pertenece a la sospecha, no a la prueba, aunque el debate público suela exigir al investigado que demuestre precisamente lo contrario, invirtiendo una carga que corresponde a quien acusa.

La diferencia entre sospecha y prueba también se aprecia en el uso de indicios y declaraciones incriminatorias. La prueba indiciaria solo destruye la presunción de inocencia cuando parte de hechos plenamente acreditados que, en conjunto, conducen mediante un razonamiento lógico a una única conclusión incriminatoria; no basta acumular sospechas ni unir piezas inconexas. En fase de instrucción esos requisitos rara vez están completos, porque los hechos siguen investigándose y las diligencias buscan precisamente confirmar o descartar posibilidades, pero nunca convertir aquella en una prospección a la "caza" de delitos a los que acomodar los hechos. Anticipar un valor incriminatorio pleno a elementos todavía provisionales equivale a sustituir la función investigadora por una conclusión que corresponde al tribunal tras el juicio oral.

Algo semejante ocurre con las declaraciones de coimputados o los denominados “pentiti”: pueden orientar una investigación, pero no sustituir la prueba. Su credibilidad no depende de su impacto mediático, sino de que existan elementos externos que la verifiquen objetivamente. La jurisprudencia constitucional es constante en este punto: la declaración incriminatoria de un coimputado solo tiene eficacia probatoria si aparece corroborada por datos objetivos independientes, no por la repetición de otro relato semejante. Y cuando la obtención de ciertos elementos probatorios suscita dudas sobre su licitud inicial, reforzarlos mediante declaraciones derivadas de aquellos no elimina la objeción, sino que puede extenderla. Las garantías no son formalidades vacías: son las condiciones para que la verdad judicial sea también una verdad constitucionalmente legítima.

El proceso penal y el debate público funcionan con reglas profundamente distintas. El primero exige contradicción, corroboración y prueba válida; el segundo suele conformarse con la coherencia aparente de un relato. Por eso la acumulación de titulares puede crear una certeza social aparente contraria a la solidez jurídica de la acusación precisa. La novedad no es que existan críticas políticas o cobertura informativa intensa —algo que siempre ha acompañado a las democracias—, sino la velocidad con la que una investigación penal puede convertirse en una verdad social definitivamente cerrada.

Ahí emerge uno de los conceptos más inquietantes de la cultura jurídica contemporánea: la muerte civil. Antes describía la pérdida de capacidad jurídica asociada a ciertas condenas; hoy adquiere otro sentido, porque la exposición mediática de un procedimiento puede convertir al investigado en objeto de una condena social irreversible. Incluso una absolución posterior rara vez restituye del todo el daño reputacional, profesional y personal sufrido durante años.

No se trata de pedir impunidad ni de apartar a la justicia del escrutinio público: todo poder democrático debe ser criticado. Tampoco de ofrecer trato especial a quienes ejercieron responsabilidades políticas; la igualdad ante la ley implica que respondan ante los tribunales como cualquier otro ciudadano. Pero esa misma igualdad exige que disfruten exactamente de las mismas garantías procesales. Por eso la cuestión de fondo no es solo el caso concreto, sino la reacción que provoca el ejercicio de derechos procesales legítimos: cuando esa reacción se generaliza, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional.

La presunción de inocencia no pertenece al investigado; pertenece al Estado de derecho. El derecho a guardar silencio o a no declararse culpable protege no solo a quien finalmente resulte inocente, sino también a quien pueda ser culpable, porque los derechos fundamentales existen no para premiar conductas ejemplares, sino para impedir que el poder castigue sin haber demostrado antes la responsabilidad conforme a las reglas del proceso. Cesare Beccaria escribió que es preferible absolver a un culpable antes que condenar a un inocente, porque el error del primer caso es excepcional y el del segundo destruye la confianza en la justicia. Hoy esa advertencia adquiere una dimensión nueva: el riesgo no reside solo en una condena judicial errónea, sino también en aceptar que la sospecha sustituya gradualmente a la prueba y que el proceso penal sirva para confirmar una culpabilidad ya construida en el espacio público.

Quizá haya llegado el momento de ampliar el debate sobre la presunción de inocencia. Durante años nos hemos preguntado cómo protegerla frente a decisiones arbitrarias del poder público; hoy la pregunta es distinta: cómo preservarla cuando el proceso penal sigue siendo formalmente correcto, pero el entorno político y mediático vacía de contenido sus efectos prácticos. La Constitución protege al ciudadano frente al poder del Estado, pero hoy el mayor poder para destruir la presunción de inocencia no siempre procede del Estado, sino de la capacidad de construir una verdad pública antes de que exista una verdad judicial. Ninguna garantía procesal fue diseñada para neutralizar por sí sola ese fenómeno. Por eso el problema decisivo ya no es si un procedimiento acabará en condena o absolución, sino si aceptamos que un ciudadano deba defender primero su reputación ante los medios para conservar después sus derechos ante los jueces. Si se invierte ese orden, se invierte también el sentido del proceso penal: cuando la sospecha sustituye definitivamente a la prueba, la víctima deja de ser un investigado concreto y pasa a ser el propio Estado de derecho.

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Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, de 'La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia' (editado por Planeta).

No cabe duda de que en los últimos meses se está produciendo en Europa una cohesión en materia de política exterior y de seguridad cada vez más fuerte. La primera presidencia de Trump fue un primer empuje en la puesta en marcha de la segunda Estrategia de Seguridad, donde nace frente a él, por parte de la Alta Representante Federica Mogherini, la noción "autonomía estratégica", que fue desarrollada por el Alto Representante Josep Borrell, quien a su vez aprueba la Brújula Estratégica. Sin embargo, es sabido que la Brújula Estratégica se elaboró un poco antes de la agresión rusa a Ucrania; por lo tanto, el cambio profundo en la política exterior, de seguridad e incluso de defensa nace posteriormente como consecuencia de los últimos cuatro años de la agresión rusa a Ucrania desde el 24 de febrero del 2022. Por lo tanto, en estos cuatro años se ha dado un empujón enorme a la defensa, urgidos por la necesidad.

En las últimas semanas o meses, especialmente desde las elecciones húngaras del 12 de abril, se está produciendo un despertar estratégico de Europa. Día a día, pero que posiblemente empezó hace un año con el Libro Blanco de Defensa presentado por el comisario de Defensa y del Espacio Kubilius en marzo de 2025. Asimismo, hay que tener en cuenta que en los últimos meses se está produciendo un debate en torno a la política de seguridad y la necesidad de su reforzamiento. Está habiendo diversas publicaciones en torno a las distintas posiciones de los Estados miembros, en concreto de Alemania y Francia, aunque se busca un refuerzo compartido.

Estamos pendientes de la publicación de la tercera estrategia de seguridad de la UE, que parece que será inminente, y que de alguna forma será el punto de partida de los nuevos desarrollos y debates futuros, como en materia de defensa, por ejemplo la operacionalización del artículo 42.7, y estamos seguros de que tendrá una repercusión grande en la política de defensa europea. En el mes de junio, ha sido designada una nueva secretaria general del Servicio Europeo de Acción Exterior, en sustitución de la española Belén Martínez Carbonell, quien a pesar de la corta duración de su mandato ha desempeñado un papel importante. Su sustituta es la exministra de Defensa holandesa, Kajsa Ollongren, lo cual tiene dos implicaciones. Por un lado, significa que los gobiernos quieren reforzar la política de seguridad y defensa, y por otro, al designar a una exministra de uno de los seis países importantes se está mostrando que la puesta en marcha de la defensa europea autónoma será un hito importante de la política exterior para los próximos años.

Asimismo, el día 1 de julio, Irlanda asumió la presidencia de turno de la Unión Europea. Ha planteado los tres pilares de su presidencia. En materia de seguridad plantea la necesidad de desarrollo de capacidades de defensa crítica, así como impulsar el trabajo sobre la nueva estrategia europea: “Promoveremos el desarrollo y evolución de la política de defensa de la Unión Europea, para asegurar que siga respondiendo a las crisis actuales, e impulsaremos el trabajo sobre movilidad militar y adquisiciones de defensa…”. Plantea, además, otros temas en defensa, lo cual es muy significativo, teniendo en cuenta que Irlanda es uno de los únicos cuatro países neutrales de los 27 Estados miembros de la UE. Hay que resaltar también que se está negociando estos días el Plan Financiero Plurianual (2028–2034), donde el incremento en defensa es espectacular (entre cuatro y diez veces el plan anterior), lo cual refleja que la defensa es una de las primeras prioridades de la Unión para la próxima década.

En los últimos días, el 13 de julio de 2026, se ha aprobado una Coalición Integrada de Misiles Antibalísticos en la que participan diez países de Europa (Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España y Suecia, de la UE, además de Noruega, Reino Unido y Ucrania). Los integrantes reconocen la creciente amenaza que representan los misiles balísticos y la importancia cada vez mayor de las capacidades de defensa para la seguridad del continente europeo. Esta coalición tiene un carácter estrictamente defensivo.

Por otro lado, al día siguiente, el 14 de julio, Día de La Bastilla, Fiesta Nacional Francesa, ha habido un desfile militar en el que la gran novedad ha sido la participación de los 35 países de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, donde han marchado 500 soldados aliados junto a las tropas francesas. Entre ellos, 25 ucranianos y 21 españoles, con representación de tropas de tierra, infantes de marina y miembros del Ejército del Aire y del Espacio. También participó un caza F-18 con base en Zaragoza. El eslogan del desfile de este año era: "El despertar estratégico de Europa". Además de los europeos, estuvieron Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda, y participaron 25 Jefes de Estado y de Gobierno, lo cual manifiesta el respaldo y la mejora de la situación de Ucrania en la guerra.

El 8, 9 y 10 de julio, el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo realizó un curso de verano en la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial que ha tenido una gran repercusión en los medios. Se titulaba El imperativo de la seguridad y defensa de la Unión Europea, con objetivo de analizar y plantear las diversas alternativas que se están produciendo en esta circunstancia histórica que lleva a la necesidad imperativa de relanzar la política de defensa europea, de forma autónoma y con capacidad de disuasión suficiente. Entre las ponencias, destacó la presencia y participación de Javier Solana, ex Alto Representante de la Unión Europea para la PESC y el responsable de la Estrategia Europea de Seguridad de 2003, titulada "Una Europa segura en un mundo mejor".

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Francisco Aldecoa Luzárraga es presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y Catedrático Emérito de Relaciones Internacionales de la UCM

Tomo prestado el título de Oliver Laxe porque, cada verano, arde algo más que el monte. Arden casas, empleos, recuerdos y, a veces, vidas. Después llegan las condolencias, las fotografías entre cenizas y la vieja pregunta: ¿faltaron medios o faltó voluntad antes de que apareciera el fuego?

Las comunidades autónomas destinaron a prevención y extinción unos 2.825 millones de euros entre 2012 y 2017: una media anual de 471 millones, un 20% menos que en el periodo anterior. En 2018-2019, la media subió a 517 millones; entre 2020 y 2022 volvió a bajar a 480. Para los años siguientes los datos siguen incompletos. También la estadística arde lentamente: cada autonomía contabiliza de forma distinta y algunas ni siquiera desglosan todo el gasto.

Mientras tanto, la defensa avanza con paso de desfile. España gastó 59.373 millones durante los seis años completos de Rajoy; 22.453 millones en 2018-2019; 56.847 millones durante la coalición PSOE-Unidas Podemos, y unos 55.816 millones estimados solo en 2024-2025, ya con Sumar en el Gobierno. En dos años, casi lo mismo que en seis. La OTAN estima 33.123 millones únicamente para 2025.

Y España es solo una pieza del tablero. En 2025 el gasto militar mundial alcanzó los 2,887 billones de dólares: cerca de 7.900 millones cada día. Con alrededor de una décima parte podría cubrirse la inversión adicional necesaria para reforzar la atención sanitaria primaria en los países de ingresos bajos y medios; con poco más del 3%, cerrar su brecha educativa anual, y con menos del 2%, financiar las inversiones estimadas para combatir el hambre. No significa que todo gasto en defensa sea prescindible, pero sí permite medir la desproporción: el mundo encuentra billones para prepararse contra enemigos y regatea miles de millones para evitar muertes por hambre, enfermedades tratables o falta de necesidades básicas.

Trump reclama más gasto militar, no por amor a nuestra seguridad cotidiana, sino porque el rearme también es un negocio. Pero la pregunta incómoda no debe dirigirse solo a Washington. Sumar se declara fuerza pacifista y afirma que las soluciones no pueden venir del aumento del gasto militar. Sin embargo, forma parte del Gobierno bajo el que el gasto medio anual en defensa casi se ha duplicado respecto a la coalición anterior. Puede alegar que Defensa está en manos del PSOE; lo que no puede es habitar el Gobierno y presentarse después como simple espectador.

También Ione Belarra ha reprochado al Gobierno que destine al armamento «el dinero que debería ir destinado a nuestra sanidad pública, a nuestra educación, a nuestro sistema de atención a la dependencia». La crítica señala una contradicción real, pero también exige memoria: durante la coalición PSOE-Unidas Podemos, de la que fue ministra, el gasto en defensa pasó de 11.240 millones en 2020 a 17.451 millones en 2023, un 55% más. Podemos expresó su desacuerdo, pero formó parte del Gobierno que aprobó los presupuestos bajo los que se produjo ese aumento. La oposición interna cuenta; la responsabilidad compartida, también.

Defender un país no consiste únicamente en comprar aviones, fragatas o misiles. También es mantener montes limpios, brigadas estables todo el año, pueblos vivos, vivienda, sanidad y servicios públicos. Un cortafuegos protege con menos épica que un caza, pero con más eficacia. No se trata de elegir entre seguridad y bienestar, sino de decidir qué amenazas son reales y cuánto estamos dispuestos a pagar por ignorarlas. Porque el dinero público no cae del cielo: sale de quienes, cuando todo arde, esperan que las comunidades autónomas y sus servicios de emergencia lleguen antes que las llamas.

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Carlos Brage es socio de infoLibre.

El contrato para el mantenimiento del sistema de vigilancia del puerto gijonés del Musel se inclina a favor de la industria armamentística israelí. Así se desprende del acta de la última reunión de la mesa de contratación, en la que se hizo la valoración definitiva de las ofertas recibidas. Un encuentro, celebrado el pasado 1 de julio a puerta cerrada, en el que se decidió proponer a la Autoridad Portuaria de Gijón que encargase esas labores a Magal Solutions SL por 156.628,79 euros. Aunque radicada en España, esta compañía, que en los últimos años se ha hecho con contratos similares en relación con otros tres puertos, está controlada en último término por Magal Security Systems Ltd, que forma parte del gigante armamentístico israelí Rafael.

La Autoridad Portuaria de Gijón dio a comienzos de junio la orden de iniciar el proceso de contratación. Lo hizo al entender que no disponían de personal propio que estuviera capacitado para llevar a cabo unos trabajos "altamente especializados". En concreto, el mantenimiento durante dos años de los sistemas de videovigilancia –incluyendo cámaras ópticas, térmicas y todos sus elementos, así como la gestión de alarmas integradas–, seguridad perimetral y comunicaciones, así como los motores de los portones de acceso del vallado perimetral. A la licitación se presentaron solamente dos compañías. Una de ellas era Elecnor Seguridad. La otra, Magal Solutions.

Tras la valoración de ambas propuestas, y salvo sorpresa de última hora, será la filial de la compañía armamentística israelí la que se quede con el contrato. Es la que ha hecho la oferta económica más ventajosa: 156.628,79 euros, frente a los 165.763,64 de la empresa rival. Y la que ha obtenido la puntuación más alta también en la fase técnica. Ha jugado a su favor, entre otras cosas, el conocimiento de los sistemas instalados. Al fin y al cabo, esta empresa es la fabricante de los vallados inteligentes que integran el Sistema de Seguridad Perimetral. Por todo ello, la mesa de contratación acordó la pasada semana proponer a Magal Solutions para la contratación "por el importe de su oferta" al resultar "la proposición de mejor relación calidad-precio".

La sociedad se constituyó el 7 de mayo de 2008 como Nevis Servicios y Gestiones SL, un nombre que fue cambiando hasta la denominación actual. Con una cifra de negocio en 2024 –últimas cuentas depositadas– de 2,75 millones de euros, la empresa centrada en la seguridad de activos críticos cuelga de la mercantil Magal Security Systems Ltd. Y esta última compañía, a su vez, forma parte de Rafael Advanced Defense Systems, el gigante armamentístico israelí que cerró 2025 con ventas récord por más de 6.000 millones de dólares y cuyo material lleva años arrasando Palestina. Un conglomerado de la guerra que cuenta en nuestro país con otras filiales, como es el caso de PAP Tecnos.

El Gobierno aprobó el pasado mes de septiembre el Real decreto-ley 10/2025, que contenía un conjunto de medidas de presión a Israel por la masacre del pueblo palestino. Entre otras, el embargo de la compra y venta de armas a ese país. "Se prohíben las exportaciones destinadas a Israel y las importaciones originarias de Israel del material incluido en los anexos del Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso –armas, municiones, bombas, aeronaves, buques, sistemas de dirección de tiro, entre otros materiales–", recogía el primero de los artículos.

El decreto, no obstante, permite autorizaciones "excepcionales" cuando estén en riesgo "los intereses generales nacionales". Y, por supuesto, no impide, más allá de la compra de armas, que la Administración contrate los servicios de empresas de defensa israelíes o sus filiales. De ahí que Magal Solutions, la filial de Rafael, pueda seguir optando a licitaciones y pueda seguir encargándose del mantenimiento de los sistemas de seguridad de varios puertos españoles. Solo en 2024 y 2025, según reveló Público, las autoridades portuarias de Málaga, Huelva o Tarragona cerraron contratos con esta compañía por un total de 2,5 millones de euros para la vigilancia de sus instalaciones marítimas.

El Producto Interior Bruto (PIB) es, seguramente, el indicador económico más popular. En la jerga escarpada de la macroeconomía, es de los pocos conceptos que tiene alguna posibilidad de salir a colación en una sobremesa y más si se tiene en cuenta que este martes ha comenzado la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía). En el encuentro de la Alianza Atlántica, el tema central será el gasto en defensa de los distintos socios con relación a sus respectivos PIB. También volverá a cobrar protagonismo la polémica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, por la negativa de este último a elevar el gasto militar hasta el 5%. Sin embargo, hay dudas acerca de si este indicador, el PIB, es el más adecuado para ponderar cuánto aporta cada Estado miembro a la cuenta común y qué sacrificios implica ese esfuerzo.

Para Sánchez, el objetivo del 5% era “innecesario” y “desconsiderado”, una posición que le valió a España reiteradas amenazas de Trump. La OTAN, en su análisis de junio, concluyó que España es el séptimo país que más capacidades militares aporta, por lo que cumplía con los compromisos requeridos aunque se negase a implementar el polémico acuerdo de gasto. En este contexto de rearme, tensiones internacionales e inversión desbocada en la industria militar, emergen cuestiones sobre cómo se mide el impacto de esta carrera armamentística en los servicios públicos y qué coste puede tener para el estado del bienestar.

Una de las primeras críticas apunta precisamente a la forma de calcular el gasto en defensa como porcentaje del PIB. Aunque se utiliza de forma frecuente, el PIB es un indicador macroeconómico que mide la producción comercial e industrial de un país en un año, pero no equivale al presupuesto público ni al dinero disponible de un Estado. Es decir, aunque el PIB da una idea del volumen de la economía, los gobiernos no disponen de ese monto, sino que únicamente recaudan una parte mediante impuestos y otro tipo de tasas. 

Por eso surgen las críticas acerca del sacrificio que puede suponer para los servicios públicos y para el bolsillo de los ciudadanos gastar más en armas. De hecho, el PIB de dos países diferentes puede crecer, pero la calidad de ese crecimiento puede ser muy distinta. Por ejemplo, una economía crecerá "mal" si lo hace con familias endeudándose, inflación o excesiva dependencia de sectores de escaso valor añadido y sueldos bajos, lo que necesariamente dejará a esa región mucho menos margen para gastar porque necesitará, por ejemplo, más gasto social. De ahí que destinar un 5% a defensa no implique tener el resto disponible para otros gastos y la comparación entre países sea mucho más difícil.

En este punto cabe destacar también las diferencias entre crecimiento y desarrollo. Es decir, puede haber más actividad, pero no necesariamente esta puede estar traduciéndose en una mejora de la educación, la salud, el medio ambiente, las infraestructuras, la inclusión social o la productividad.

Para una parte de los economistas, el impulso inversor en el sector de la defensa puede suponer una oportunidad, un dinamizador para la industria y para el avance tecnológico; pero desde otros puntos de vista, dar prioridad a las partidas de inversión en defensa puede suponer renuncias serias en materia social. Un ejemplo es Alemania. En abril de este año, el Ejecutivo germano anunció un recorte de 38.000 millones en sanidad hasta 2030 y restricciones en prestaciones sociales para poder pagar el endeudamiento que habían asumido de cara al rearme. Esta misma semana, justo antes de la cumbre de la OTAN, tomó otra decisión polémica: aumentar su déficit en otros 200.000 millones el próximo año y dedicar una quinta parte de su gasto total estimado (555.400 millones de euros) a sus fuerzas armadas. “No te puedes defender de Putin desde el equilibrio presupuestario”, apostillaba su ministro de Finanzas, Lars Klingbeil.

En España, el Gobierno ha negado siempre que el incremento del gasto en defensa vaya a traducirse en recortes, pero la duda es razonable y las críticas emergen. “De algún sitio tiene que salir el dinero”, señala Pere Ortega, investigador del Centre Delàs de Estudios por la Paz y experto en gasto militar. Ortega apunta que una parte de la financiación en defensa procede de transferencias que hacen otros ministerios y eso, insiste, “son en definitiva recortes de otras partidas”. 

Otra de las críticas es que, aunque la inversión en defensa genere empleo y aumente el PIB, su impacto sería limitado, ya que “un tanque no crea valor económico adicional” más allá de su fabricación porque “una vez que se fabrica, o se estaciona o se destruye en combate”, explica el informe de Delàs. En cambio, una obra civil tiene un retorno superior, como por ejemplo una carretera, ya que facilita el transporte y puede, por ejemplo, repercutir en una bajada del precio de ciertos productos.

En este marco, los Estados tienen tres maneras de financiar el gasto en defensa. Una, emitir deuda pública destinada a sufragar el gasto en adquisidores militares. La segunda, financiar el aumento del gasto militar por la vía de impuestos, aumentando o creando nuevos. Y la tercera, ajustar el presupuesto anual, es decir, reducir el gasto de otros ministerios para incorporar más recursos a defensa.

Todas estas vías forman parte del dilema ante el que se encuentran los países europeos, todos ellos con el estado del bienestar como pilar, pero también como desafío. Por poner un ejemplo, en España, en el periodo entre 2010 y 2024, la mayor parte del aumento real del gasto público (112.603 millones de euros) se ha dirigido a pensiones (97.990 millones de euros) y salud (14.739 millones de euros), de acuerdo con un análisis del think tank económico Fedea.

A expensas de las polémicas que deje esta nueva cumbre de la OTAN, es indudable que la carrera por el rearme se acelera cada vez más. Y, con ello, también lo hacen las advertencias sobre el coste que puede tener en la vida de los ciudadanos. "No tenemos que aceptar eslóganes simples. Es el momento de introducir preguntas y debate: ¿Cómo se pagará este proceso de rearme? ¿Qué vamos a perder? El dinero destinado a Defensa es dinero que necesitamos para mantener unos mínimos de protección social", advierten en las conclusiones del informe Delàs.

En opinión del presidente Donald Trump, España es un país “hostil a la OTAN” y que “no juega en equipo”. Es una de las muchas perlas que el mandatario norteamericano ha dedicado a España desde que el Gobierno rehusó seguir sus directrices en materia de gasto en defensa dentro de la Alianza Atlántica y cuestionó su política exterior en lo relativo a Irán. Un año después de que estas diferencias se materializaran en la cumbre de la OTAN en La Haya, Ankara (Turquía) será esta vez el escenario en el que se retomará el debate sobre cuánto contribuye cada país a garantizar la seguridad de sus socios.

Por eso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja a la capital turca este martes con todos los focos puestos sobre la polémica del gasto en defensa que deben afrontar los países de la Alianza y la reticencia de España de llegar hasta el 5% que exigió Estados Unidos y se acordó –sin el respaldo de España– el año pasado en La Haya. En el encuentro se debatirá sobre la posibilidad de ampliar el porcentaje de gasto efectivo o real hasta ese porcentaje (ningún país lo cumplió en 2025), pero el Ejecutivo español apuntará a mantener su 2% actual.

“España está ya en el 2% y ha entregado todas las capacidades que le ha solicitado la Alianza. Y las capacidades son lo importante para la defensa”, señaló este lunes José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, en una entrevista a RTVE. En la misma línea se expresaba Margarita Robles, ministra de Defensa, que remarcaba que España estaba cumpliendo con las capacidades que se le requerían e insistía en que “pese a lo que diga Trump”, los mandos de la OTAN sabían que España estaba haciendo su parte. La posición de aliado incómodo viene porque el Gobierno se ha negado a acatar la cifra del 5%, aunque por el momento, según las propias cifras del organismo, ningún país alcanza ese porcentaje.

Ese "pese a lo que diga Trump" de Robles hace referencia a las reacciones airadas del presidente estadounidense a la posición española. Trump ha descrito a España como un “desastre” dentro de la OTAN y ha amenazado con represalias comerciales por su reticencia a alcanzar el porcentaje del PIB que él marcó y ante la negativa del Gobierno a autorizar a EEUU el uso de las bases militares de Rota y Morón para su participación en la guerra que ha iniciado en Irán. 

Precisamente, los distintos conflictos internacionales —desde la invasión rusa a Ucrania (2014) hasta el conflicto de Estados Unidos en Irán (2025)— han ido creando un escenario donde el rearme es una realidad. De acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés), el gasto militar mundial alcanzó los 2,6 billones de euros en 2025, es decir, un 2,9% más en términos reales respecto a 2024, cuando el salto ya había sido de un 9% con respecto a 2023. 

Si miramos el capítulo sobre España, SIPRI señala que el gasto militar aumentó un 50% el año pasado hasta los 34.265 millones de euros, lo que colocó su porcentaje de gasto en el 2% del PIB por primera vez desde 1994. En todo el continente la inversión ha aumentado en ese periodo un 14% (tres veces menos que el incremento registrado en España), llegando a los 736.000 millones de euros. Es el mayor crecimiento anual del gasto militar en Europa Central y Occidental desde el final de la Guerra Fría y define bien la espiral de rearme que afecta a todo el mundo.

Desde el Centre Delàs de Estudios por la Paz, Pere Ortega, investigador y experto en gasto militar, pone el acento en el gran salto que ha dado la partida económica destinada a defensa y resalta que la espiral de rearme actual terminará por hacer que se resientan otros servicios públicos. "Hay que entender y explicar de dónde ha salido todo ese dinero, porque en parte llega desde partidas de otros ministerios que no son el de Defensa y el Gobierno no está siendo claro en esto", explica.

En los datos que proporcionó la OTAN en 2025 se puede observar cómo la mayoría de los países se sitúan en el entorno del 2% de sus respectivos PIB y a la cabeza están aquellos que cuentan con regulaciones para que el gasto anual se mantenga en un porcentaje superior a ese 2% (marcados en el gráfico con un asterisco).

En España, esta carrera militar se concreta en diferentes contratos, pero también en la actividad de algunas empresas que giran hacia la defensa, aunque ese no hubiese sido su sector antes, para subirse a esta ola. En 2025 el Gobierno pondrá en marcha 42 Programas Especiales de Modernización (PEM) en defensa antiaérea o misiles que suponen una inversión de algo más de 33.300 millones de euros y que se desplegarán a lo largo de 15 años, según el Centre Delàs. Estas partidas, explica Pere Ortega, aún no se han abonado porque están en ejecución, pero es un dinero que comenzará a fluir en 2026.

"Para desarrollar estos PEM, el Ministerio de Industria ha concedido créditos (ayudas) en concepto de I+D a empresas militares por un importe de 22.827 millones de euros. En total, los programas de armamento vigentes ascienden a 81.957 millones en conjunto, lo cual supone un enorme compromiso de gasto para las arcas públicas a pagar en los próximos tres lustros", señala el Instituto Delàs en su informe.

Con estas cifras sobre la mesa, Delàs insiste en que el gasto en defensa es superior a lo que se estima oficialmente y apunta a un 2,42% del PIB, en vez del 2,1% que ha cuantificado el Gobierno. Ortega señala que desde Delàs consideran que hay partidas que se desvían a gasto militar y no se cuentan como tal, por lo que la factura aumenta. "Por ejemplo, las ayudas que se dan a las empresas militares desde el Ministerio de Industria y que este año han sido 5.500 millones. El Gobierno no las considera gasto militar, pero nosotros sí", concluye.

En estos contratos PEM hay desde nombres de empresas españolas de defensa como Indra, Escribano, Urovesa o Navantia, hasta multinacionales como Airbus, Lockheed Martin (EEUU), Rafael (Israel), Thales (Francia) o General Dynamics Santa Bárbara (EEUU). Entre lo que se les ha encargado producir están baterías, buques, drones, helicópteros, sistemas de misiles o componentes tecnológicos. 

Pero más allá de los contratos que atañen a las armas, otras compañías españolas empiezan a fijarse en contratos de defensa, en un intento de aprovechar el ciclo de inversión desbocado que vive este sector. Entre ellas está Telefónica. En su junta de accionistas dio a conocer la intención de la compañía de fortalecer su presencia en productos de defensa y de ciberseguridad. La compañía que dirige Marc Murtra (antiguo CEO de Indra) ya cuenta con una filial de defensa (Telefónica Defensa y Seguridad) y se ha acercado a Indra para optar a posibles contratos de forma conjunta. Además, se acaba de hacer con un contrato de 89,1 millones para el suministro, renovación y soporte de licencias de software Microsoft para el Ministerio de Defensa.

No es la única que lo hace, explica Ortega: "Las industrias compiten para participar de este gran pastel y es normal". Otras que han dado un giro son las tecnológicas GMV, Sener y Oesía, que participan en el proyecto de Defensa para la creación de un nuevo caza tras el fracaso del Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS) y también se acercan a Indra.

El investigador de Delàs critica esta deriva y pone el acento en que el flujo de recursos hacia el ámbito militar detrae recursos que podrían ayudar a reforzar el estado del bienestar. “Dicen que muchas tecnologías militares se trasvasan a lo civil, pero resulta más bien al contrario. La tecnología civil, por ejemplo, en el ámbito de la electrónica, es la que acaba adaptándose para usos militares”, explica. "Si todos esos proyectos, en lugar de enviarlos a la industria militar, se invirtiesen en lo civil, serían mucho más eficaces: por ejemplo, se calcula que por cada millón de euros de gasto militar se crearían nueve puestos de trabajo en educación", concluye.

En junio del 2025 tomamos la decisión de reocupar nuestro territorio en Trujillo, Honduras, porque los canadienses que lo ocupaban, en un resort frente al mar caribe, traficaban con piezas arqueológicas que ya estaban incautadas y nosotros reivindicamos nuestra cultura. Ellos dicen que son millonarios. Pero nosotros somos los millonarios porque no hay cantidad de dinero posible para decir lo que tenemos: la tierra es el número uno y lo más importante de todo. Por eso, defendemos y creemos en la tierra. No nos gusta la explotación. Ahora tenemos un centro de saberes ancestrales que se llama Hachari Wayunagu (solar de nuestros antepasados, en lengua garífuna).

En el ámbito espiritual el mar es muy importante. En los resorts los dueños privatizan el acceso a la playa y al mar. Incluso marcan su territorio dentro del agua donde ponen áreas restringidas en las que no se puede pescar, ni pasar. El mar es una de las partes más importantes en la vida de un garífuna. Desde siempre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi padre han ido a la pesca. De ahí traen el sustento para la proteína dentro del hogar. El mar cumple en la vida y en la espiritualidad un rol muy importante porque es un Dios que nos sirve para limpieza y para protección.

El territorio que reocupamos en el departamento de Colón es un camino que viene del centro de Trujillo y va hacia las comunidades de Santa Fe, San Antonio y Guadalupe. Cuando el canadiense Randy Roy Jorgensen, llamado el “rey del porno”, estaba en nuestro territorio, no se podía pasar porque él tenía cercado y puso rompeolas para detener el mar. Una de las problemáticas es que vienen, según ellos, a invertir y, más bien, llegan a hacer daño: hacen su proyecto y dejan más pobre a la comunidad que es la dueña del territorio.

El gobierno siempre quiere atacarnos y minimizarnos y que los garífunas quedemos en el olvido. Por eso, estamos pendientes de la gestión del Presidente Nasry Asfura porque sabemos que las cosas no van a ser fáciles.. Sabemos que la lucha va a ser difícil, pero tampoco vamos a dejar de luchar. Aquí vamos a estar pase lo que pase. Al final de cuentas los territorios son nuestros. Los antepasados nos los dejaron como legado. Los garífunas no somos de armas, somos gente de paz. Queremos salvaguardar y enseñarles a nuestros hijos y a nuestros nietos la importancia de la tierra.

Tenemos que defender nuestras tierras porque vivimos del cultivo. Creemos en la siembra. Ahí está la vida. Pedimos que nos respeten porque nosotros no somos gente violenta. Nos ha tocado ir a las calles y nuestra mayor arma es nuestra espiritualidad, nuestro humo, nuestras maracas, nuestro tambor, nuestros instrumentos. Con eso salimos a pelear y a exigir que nos den el derecho de poder vivir dentro de nuestro territorio. La búsqueda es la de un matriarcado. Desde siempre las mujeres son las que han liderado el pueblo garifuna.

Desde la historia nos cuentan que, en 1635, dos barcos españoles naufragaron frente a la costa de San Vicente, una isla del Mar Caribe y las personas que estaban siendo transportadas para esclavizarlas pudieron escapar a nado. Los caliponan (o caribes rojos) les dieron refugio y de la mezcla surgió el pueblo garífuna o caribe negro, una mixtura entre las tradiciones caribeñas y africanas. Los ingleses expulsaron a los garífunas de San Vicente y 2.026 sobrevivientes fueron llevados a Punta Gorda, en la Isla de Roatán, el 12 de abril de 1797 y esa es la fecha en la que se celebra el “día de la llegada”. De ahí se trasladaron a Trujillo. Por eso, las tierras que reocupamos son ancestrales.

Cuando Joseph Chatoyer, Satuyé (el que carga bien), el mayor estratega militar y político del caribe negro, descripto como muy alto, de “porte imponente y dotado de una inteligencia extraordinaria”, por los ingleses a los que combatió en una rebelión que inició y por la que murió luchando el 14 de marzo de 1795, se venía abajo, la que lo inyectaba era Barauda, una guerrera ancestral, una figura femenina legendaria, un símbolo de resistencia y una estratega intelectual de la lucha contra el colonialismo inglés en el Siglo XVIII, en San Vicente. La mujer garífuna cumple un rol muy importante, es la cabeza del hogar y de todos los ámbitos. Siempre lleva la batuta. Es la protagonista.

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Joezeline Martínez Lideresa garífuna de la Organización Fraternal Negra Hondureña.

Hay un momento en las crisis en el que el debate deja de ser si hay que hacer algo y pasa a ser cómo hacerlo. En materia de rearme militar, Bruselas cruzó ese umbral hace tiempo, pero la sensación en las instituciones europeas es que el cruce se ha consumado del todo en estos últimos meses. El debate comunitario, como ha podido comprobar infoLibre en un seminario sobre la materia organizado en Bruselas por el Parlamento Europeo, ya no es si Europa debe armarse, sino a qué ritmo, con qué dinero, bajo qué estructura y en detrimento de qué otras políticas.

La transformación tiene ya nombre y cifras. En marzo de 2025, la Comisión Europea presentó el plan ReArm Europe —rebautizado Readiness 2030 después de que los primeros ministros de Italia y España protestaran por el nombre— para movilizar hasta 800.000 millones de euros hasta 2027 en inversión en defensa. El vehículo principal es el instrumento SAFE: hasta 150.000 millones en préstamos respaldados por el presupuesto comunitario para compras y proyectos de defensa conjuntos. Los otros 650.000 millones son “instrumentos de flexibilidad financiera” que permiten que los Estados miembros gasten más en defensa sin que compute como déficit excesivo. El rearme también ha modificado la arquitectura política de la UE, que tiene por primera vez en su historia un comisario de Defensa: el lituano Andrius Kubilius, que tomó posesión en diciembre de 2024 con el mandato de "gastar más, gastar mejor y gastar europeo."

Las implicaciones han llegado también a la industria: la alemana Rheinmetall ha pasado de producir 70.000 obuses de artillería al año en 2022 a 1,1 millones, según declaraciones de la empresa —que afirma haber superado ya la capacidad de producción de munición convencional de toda la industria estadounidense— e incluso empresas ajenas al sector, como la francesa Renault, están reconvirtiendo fábricas para fabricar armamento. Las pretensiones de la Unión Europea se centran precisamente en materia de industria militar, y pasan por agilizar los procesos de fabricación, compra y traslado de material, hasta llegar a un "mercado europeo de armas". La creación de un ejército común, de momento, no está sobre la mesa.

La pregunta que más incomoda en los pasillos del Parlamento Europeo es qué otras cosas van a dejar de financiarse para sufragar estos gastos. Fuentes de la institución apuntan que la nueva prioridad defensiva se construye en parte "creando tuberías entre fondos existentes": programas como Horizonte Europa o los fondos de cohesión están siendo flexibilizados para poder financiar proyectos de uso dual o directamente militar. Sectores como la agricultura, la investigación científica o la administración de fondos regionales ya han expresado su inquietud: según interpretan, cada euro que se dirige a defensa es un euro que no va a programas sociales como la Política Agraria Común (PAC) o el intercambio universitario Erasmus.

Ese debate se libra, además, en un Parlamento que ha elevado la defensa al rango político máximo del que dispone: además de un nuevo comisario, la antigua subcomisión de Defensa —que se reunía esporádicamente y con escaso peso— se ha convertido en una Comisión permanente de pleno derecho, la SEDE, en la legislatura actual. Es en esa comisión donde coinciden los dos eurodiputados españoles con más peso en la materia: Javier López, vicepresidente noveno del Parlamento Europeo y miembro titular de la SEDE por el PSC-PSOE, y Nicolás Pascual, coordinador del PPE en esa misma comisión, que llegó al escaño directamente desde la embajada de España ante la OTAN, donde estuvo destinado entre 2017 y 2018. Proceden de dos trayectorias distintas y dos partidos que en Madrid libran una guerra sin cuartel, pero en Bruselas comparten un diagnóstico casi idéntico sobre lo que Europa necesita hacer en materia de defensa.

"Tenemos una ventana de oportunidad reducida y poco tiempo. Necesitamos autonomía estratégica de aquí al final de la década", dice López. Pascual llega al mismo sitio desde otra dirección: "La invasión de Ucrania se dio porque nos faltó disuasión. Ha llegado el momento de sentarnos y definir una estrategia". El rearme europeo genera en Bruselas un consenso transversal difícil de encontrar en casi ningún otro asunto.

Una mayoría con matices

Pero hay una variable que Bruselas tiende a leer de forma selectiva: el apoyo popular. La burbuja de las instituciones europeas se ha lanzado al rearme político y militar tras la invasión de Ucrania y ante el creciente aislacionismo de Estados Unidos, a los que denominan comúnmente “aceleradores externos” y consideran una “llamada a despertar de un letargo”. 

Si la justificación técnica está en Moscú y Washington, la justificación política está, según ellos, en la opinión ciudadana, expresada a través de los eurobarómetros. En enero de 2026, el 52% de los ciudadanos europeos expresó confiar en que la UE refuerce su seguridad, dato que sube al 64% en España, por encima de la media. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) confirmó la postura española el pasado abril: el 89,5% de los encuestados cree que el mundo es más peligroso que hace diez años, el 66,6% teme una guerra global, y el 54,1% dice estar de acuerdo o muy de acuerdo con que la UE debería gastar más en defensa. 

La mayoría existe, y es clara, pero los matices importan. En primer lugar, las encuestas reflejan un apoyo mayoritario al refuerzo de las capacidades militares de la UE, pero no cuantifican económicamente ese apoyo, por lo que es difícil saber si la inversión sin precedentes —y la consiguiente bajada en otras inversiones— cuentan realmente con el apoyo popular que Bruselas da por hecho. 

En segundo lugar, esa mayoría se construye de forma muy desigual en el eje ideológico: en España, entre los ciudadanos que se sitúan en el extremo izquierdo de la escala, el rechazo al mayor gasto en defensa supera el 62%. El punto de inflexión está en el centro del espectro; a partir del 6 (siendo el 1 lo más a la izquierda y el 10 lo más a la derecha), el apoyo es abrumador. Lo que es cierto es que la tendencia histórica da la razón al frenesí militar de Bruselas, según datos del CIS analizados por Newtral, el porcentaje de españoles que consideraba el gasto en defensa "demasiado" bajó 16 puntos entre 2015 y 2024 —del 40,5% al 24,5%—, con caídas pronunciadas entre votantes tanto del PP como del PSOE. Es decir, la tolerancia al gasto ha crecido en toda la sociedad, incluyendo en la izquierda.

Lo que no ha crecido de la misma forma es la confianza en la OTAN. La UE obtiene una nota media de 6,44 sobre 10 en el CIS, bastante homogénea en todos los tramos ideológicos. La OTAN saca un 5,27, y cae a 4,4 entre los ciudadanos de izquierda. La sociedad española respalda la defensa europea, pero no necesariamente el marco atlántico que la sustenta. Y el PSOE tiene que gestionar ese matiz: su propio electorado y, sobre todo, sus socios parlamentarios de izquierda, habitan en un espacio donde el apoyo a la OTAN y al rearme es estructuralmente más débil. El marco compartido que PP y PSOE exhiben en Bruselas no se extiende a España, pero Bruselas avanza sin contemplaciones. 

Desde la cumbre de Gales de 2014, la OTAN —y especialmente los sucesivos presidentes estadounidenses, independientemente de su partido— lleva más de una década pidiendo a sus aliados que gasten al menos el 2% de su PIB en defensa. En junio de 2025, en La Haya, ese objetivo se multiplicó de golpe: los 32 aliados firmaron un compromiso de llegar al 5% del PIB para 2035. El acuerdo se divide en dos tramos: al menos el 3,5% para capacidades militares nucleares —tropas, armas, preparación para el combate— y hasta el 1,5% restante para un cajón de sastre que incluye ciberseguridad, infraestructuras críticas, resiliencia civil e industria de defensa. 

España fue el único aliado que no suscribió el texto original. El 19 de junio, días antes de la cumbre, Sánchez envió una carta a Rutte calificando el objetivo del 5% de "no solo irrazonable, sino también contraproducente", incompatible con el Estado de bienestar y capaz de generar "desaceleración económica y presiones inflacionistas". A cambio, ofrecía llegar al 2,1%. Trump respondió desde el escenario: "España es un problema". Rutte fue menos beligerante pero igual de rotundo —“Los países tienen que encontrar el dinero. No hay alternativa"— y quiso zanjar finalmente el debate declarando que "España también ha acordado los objetivos de capacidad", pero el Gobierno lo mantuvo abierto respondiendo, por boca de su portavoz, que la posición del máximo responsable de la Alianza era "una opinión."

Hoy, España ha aumentado la inversión hasta el 2,1%, superando por primera vez el umbral del 2%, la histórica exigencia de la Alianza. La OTAN parece apreciar el esfuerzo, y ha cambiado el discurso tajante por uno algo más ambigüo: por un lado sigue sosteniendo que el 5% se aprobó por unanimidad y que España no se opuso formalmente en el momento decisivo; pero por otro lado matiza que lo que se acordó no fue un porcentaje fijo sino unas “capacidades militares” —clasificadas, no públicas—  que los socios se comprometen a lograr, y el 5% de su PIB es solo el cálculo de lo que costarían. 

Fuentes de la Alianza admiten que si España es capaz de alcanzar las capacidades acordadas con una inversión menor al 5% de PIB, nadie le exigirá más gasto. En este sentido, cabe recordar que el porcentaje de PIB es una manera frecuente de medir el gasto en defensa, pero el PIB es un indicador macroeconómico que expresa la producción comercial e industrial de un país en un año, no representa su presupuesto ni su dinero disponible. Es decir, destinar un 5% del PIB a la defensa —o a cualquier otra cosa— no conlleva quedarse con el porcentaje restante para el resto de los gastos.  

La novedad de la UE asumiendo como prioridad tareas de seguridad y defensa es también una fuente de fricción con la OTAN, que lleva décadas siendo el único actor legítimo en este espacio. Ambas instituciones comparten Bruselas como sede, precisamente con el objetivo de mantener unidos y coordinados los poderes político y militar. Desde la Unión se insiste en que no hay competencia, que el refuerzo de los aliados europeos es bueno para todos. Pero algunos hechos apuntan en otra dirección.

La tensión empieza ya dentro de la propia Alianza, y parte de un desacuerdo de fondo sobre la amenaza. La OTAN describe a Moscú como "la amenaza más seria a nuestra seguridad" desde 2022 y señala que no ha habido ningún diálogo político con Rusia desde la invasión. La Administración Trump, en cambio, trata a Rusia como un "potencial socio" en la negociación sobre Ucrania. Esa divergencia enfrenta a EEUU con el resto de la Alianza, donde el bloque europeo sí mantiene una posición común frente a Rusia que la OTAN, con Estados Unidos dentro, no puede sostener con la misma cohesión. Es una de las razones por las que, según el eurodiputado Javier López, el desalineamiento transatlántico es estructural y no coyuntural: "La relación UE- Estados Unidos que había antes ya no va a volver. Nuestros intereses se han desalineado: antes la prioridad americana era contener a la URSS, ahora es China, y ahí nuestro papel es periférico. Trump pasará, pero ese desalineamiento seguirá ahí".

La propia OTAN reconoce que se ha pasado del burden sharing —compartir la carga— al burden shifting: Europa no está simplemente gastando más junto a Estados Unidos, sino asumiendo responsabilidades que Washington está dejando de ejercer. Desde la Alianza se insiste en que Estados Unidos sigue siendo imprescindible, sobre todo en materia de disuasión nuclear, y que el mayor esfuerzo europeo se hace en beneficio propio, no porque lo diga Estados Unidos. Pero las señales que llegan de Washington —la retirada de Afganistán, la ambigüedad sobre Ucrania, las presiones arancelarias e incluso militares a aliados— son las de un socio que ha redefinido sus prioridades.

Esa redefinición genera además una contradicción directa entre las dos organizaciones. Desde la OTAN se pide más confianza en Estados Unidos y menos soberanismo digital europeo. Fuentes de la Alianza denuncian el “recelo tecnológico” de la Unión y ven en la dependencia europea de la infraestructura estadounidense un factor de cohesión. Pero en la Unión Europea no se ve de la misma forma: “Nuestra dependencia de Estado Unidos en materia de infraestructura digital nunca había sido una fuente de vulnerabilidad, pero ahora sí", sostiene el parlamentario socialista Javier López, y añade: “Sin sobregesticular demasiado, debemos cambiar esta situación”.  

A todo esto se suma un conflicto estructural que la arquitectura de defensa europea no ha resuelto, sino agudizado. Turquía es miembro de la OTAN pero no de la UE, mientras Chipre es miembro de la UE pero no de la OTAN. El litigio territorial entre ambos —la isla sigue dividida desde la intervención militar turca de 1974— entorpece y a menudo imposibilita la coordinación entre las dos organizaciones desde hace décadas. El  último episodio se produjo en septiembre de 2025, cuando Turquía solicitó participar en el programa de defensa SAFE y Chipre bloqueó la solicitud. El Estado turco hace lo propio con las peticiones chipriotas a la OTAN. 

Hay un país del que nadie habla en Bruselas cuando se debate la nueva arquitectura de seguridad europea. Marruecos firmó en abril de 2026 una hoja de ruta de cooperación en defensa con Estados Unidos por diez años. El país destina el 4% de su PIB a defensa —el doble del porcentaje español— e importa el 60% de su armamento del país norteamericano. 

El acercamiento a Marruecos por parte de Estados Unidos en materia de industria armamentística —que coincide con su alejamiento de la Unión Europea y su enfrentamiento político con España—  tiene ya consecuencias directas en su política internacional: una comisión de la Cámara de Representantes describió en abril de 2026 a Ceuta y Melilla como ciudades administradas por España pero "ubicadas en territorio marroquí", validando las históricas pretensiones marroquíes sobre las conocidas como “plazas de soberanía” españolas —como ha hecho también con los planes del reino alauita sobre el Sáhara—. La OTAN, por su parte, no cubre bajo su paraguas a Ceuta y Melilla, cuya defensa no está prevista por el artículo 5 del Tratado, lo que significa que una acción militar sobre las ciudades autónomas no provocaría automáticamente una respuesta de la Alianza.

Estas cuestiones, sin embargo, no parecen suscitar ninguna preocupación en las instituciones europeas, que consideran que las únicas potenciales amenazas al flanco sur provienen del Sahel: la inestabilidad, el terrorismo, los flujos migratorios y la creciente influencia rusa en el vacío dejado por Francia como potencia administradora. A pesar de ello, desde el sector diplomático de Bruselas se admite que, si bien establecer una hoja de ruta para esta región —cuyos tres países más relevantes son Burkina Faso, Malí y Níger, que han formado la Alianza de Estados del Sahel (AES)— es una prioridad para la Unión Europea en este mandato de la Comisión, no existe actualmente una postura unánime entre los países socios. Mientras tanto, Rusia aprovecha la indecisión y continúa expandiendo su influencia militar, económica y cultural en esta zona y en todo el continente africano, con el que mantiene ya un comercio por valor de 27.000 millones de dólares al año. 

Europa está entrando en una nueva etapa geopolítica en la que la dependencia estratégica ya no resulta sostenible. La agresividad de Putin, la incertidumbre derivada de la política exterior estadounidense de Trump y la inestabilidad crónica en Oriente Próximo, agravada por la estrategia del gobierno de Netanyahu, han dejado una lección clara: Europa no puede seguir delegando indefinidamente su seguridad.

España debe asumir que este debate ya no es ajeno.

Tradicionalmente, la política española ha tratado la defensa como una cuestión periférica, subordinada a otras prioridades. Sin embargo, en el contexto actual, la seguridad europea y la estabilidad económica están íntimamente conectadas. Energía, comercio, migración, cadenas logísticas, seguridad digital y estabilidad regional dependen también de la capacidad de Europa para proteger sus intereses.

Esto no significa abrazar una lógica militarista ni sacrificar el modelo social europeo. De hecho, uno de los errores más persistentes del debate público consiste en presentar la inversión en defensa como incompatible con el gasto social.

No lo es.

La dicotomía entre “más defensa o más bienestar” simplifica un problema mucho más complejo. La cuestión no es elegir entre hospitales y seguridad, entre educación y capacidades estratégicas, sino decidir cómo organiza Europa, y dentro de ella España, sus prioridades presupuestarias, industriales y tecnológicas.

España dispone de una oportunidad singular para liderar este proceso dentro de Europa.

Su posición geográfica, entre el Atlántico, el Mediterráneo y el norte de África, la convierte en una pieza estratégica de primer orden. A ello se suma una base industrial relevante: Navantia en construcción naval, Indra Sistemas en tecnología y defensa, presencia industrial de Airbus, así como capacidades logísticas, satelitales y de ciberseguridad con amplio margen de expansión.

Invertir en defensa europea no debería entenderse exclusivamente como adquisición de armamento, sino como política industrial avanzada. Supone innovación, investigación, transferencia tecnológica, empleo cualificado y autonomía en sectores críticos.

Una estrategia común de defensa europea mejor coordinada permitiría además reducir ineficiencias históricas: compras fragmentadas, duplicación de sistemas y dependencia tecnológica externa. Es decir, gastar mejor, no simplemente gastar más.

España podría desempeñar un papel central en la construcción de una arquitectura europea de defensa más integrada y racional, compatible con el mantenimiento del Estado del bienestar que define el proyecto europeo.

Ese debería ser el verdadero objetivo: no copiar modelos de potencia basados en hipertrofia militar, sino construir una capacidad de defensa suficiente para proteger autonomía política, estabilidad económica y cohesión social.

Porque una Europa incapaz de defenderse termina dependiendo de agendas ajenas. Y una Europa dependiente pone en riesgo, precisamente, aquello que pretende preservar: prosperidad, democracia y protección social.

España haría bien en comprender que liderar una defensa europea más autónoma no contradice su vocación social. Al contrario: reforzar seguridad, industria y soberanía estratégica es también una forma de proteger el bienestar de sus ciudadanos.

No se trata de elegir entre cañones o pensiones. Se trata de entender que, en el mundo actual, la autonomía estratégica también es política social.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

El pasado 9 de abril, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, fue preguntada por la detención de un suboficial español en el Líbano a manos del ejército israelí. El militar había sido sacado de un convoy de la ONU "con una violencia evidente", trasladado a una aldea y retenido durante una hora, según describió después la ministra de Defensa, Margarita Robles. Muñoz respondió que no tenía suficiente información para valorarlo y que, en todo caso, una hora no era tanto: "Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida”, afirmó la portavoz.

Dos meses antes, en un acto organizado por elespañol.com, la vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, había anunciado el compromiso de su partido de tener unas Fuerzas Armadas "dinámicas, profesionales, motivadas, formadas y cuidadas". Cuando estalló la polémica por las palabras de su portavoz, Feijóo evitó pronunciarse. Muñoz, por su parte, afirmó su compromiso con las Fuerzas Armadas, pero sin retirar ni matizar su comparación con el control de tráfico.  

En el Partido Popular, la ironía y la tendencia a restar importancia a estos incidentes, y a otros más graves, forman ya un patrón que se repite desde hace más de una década, cada vez que el agresor de los militares españoles es el ejército israelí. 

El 28 de enero de 2015, un proyectil de artillería israelí de 155 milímetros impactó contra la torre de observación en la que vigilaba el cabo Francisco Javier Soria Toledo —malagueño de 35 años, a pocas semanas de ser padre—, que murió en el acto. El bombardeo israelí fue tan intenso —con más de 118 proyectiles identificados, según el propio ministro de Defensa— que el helicóptero de evacuación no pudo aterrizar a recoger el cadáver porque los obuses seguían cayendo. Entre esa munición había, según declararon los militares españoles en el informe reservado del Estado Mayor, bombas de racimo: armas prohibidas por una convención internacional que Israel no ha suscrito.

El 14 de abril de 2015, el ministro Pedro Morenés (PP) compareció en la Comisión de Defensa del Congreso. Sin ninguna crítica ni denuncia, el popular hizo hincapié en la falta de intencionalidad israelí y destacó su disposición a aceptar una investigación conjunta. Los informes de dicha investigación —el español, el israelí y el de la ONU— se clasificaron y no se facilitaron al Congreso ni a la prensa.

En esa misma sesión, cuando el diputado socialista Diego López Garrido criticó la actuación de los artilleros israelíes, el diputado popular Vicente Ferrer Roselló respondió que quería "agradecer, en nombre del Arma de Artillería de las Fuerzas Armadas israelíes, la fe de algunos portavoces en su puntería". Y remató: "Son buenos, pero fallan." Un militar español llevaba muerto dos meses y medio y el representante del partido del Gobierno no solo lo justificaba, sino que ironizaba hablando en nombre del ejército que lo había matado. Su bancada aplaudió. 

Lo que vino después lo revelaría diez años más tarde la investigación Israel Files, publicada por infoLibre en diciembre de 2025 junto con la red European Investigative Collaborations (EIC). Los documentos internos del Ministerio de Justicia israelí muestran que el Departamento de Guerra Legal de Israel, a través del despacho Cuatrecasas, monitorizó el proceso judicial sobre la muerte del cabo y que, según sus correos internos, habría recibido de la Fiscalía de la Audiencia Nacional información sobre sus intenciones procesales antes de que fueran comunicadas al juez o a la familia, un hecho que la Fiscalía niega. La causa fue archivada en 2017. 

Once años después, el 16 de noviembre de 2025, un tanque israelí abrió fuego con su ametralladora contra una patrulla española que hacía labores de vigilancia a pie cerca de la frontera libanesa. Los proyectiles impactaron a cinco metros de los soldados, que tuvieron que tirarse al suelo y esperar 30 minutos hasta que el tanque se replegó. La ONU definió el ataque como una "grave violación" de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad. El Ministerio de Defensa lo calificó de "absolutamente inaceptable". Israel dijo que había sido un error de identificación por "malas condiciones meteorológicas". El PP no emitió ninguna declaración sobre la actuación israelí.

El 12 de enero de 2026, otros tres tanques israelíes se adentraron en territorio libanés y dispararon contra una unidad de reconocimiento española en las inmediaciones de la localidad de El Khiam. Los proyectiles cayeron a 150 y 380 metros de los soldados. Mientras se replegaban, los tanques los rastrearon con el láser de puntería. La respuesta del PP fue un escrito en el Congreso pidiendo a Robles que explicara "la utilidad de mantener nuestra presencia" en la misión, sin ninguna mención a la actuación de Israel. 

Semanas después, a finales de marzo de 2026, tres militares indonesios integrados en la brigada multinacional que España lidera en el Líbano murieron en dos ataques sucedidos en menos de 24 horas. Las investigaciones preliminares de la ONU apuntan a un proyectil de tanque israelí en el primero de los casos; el segundo, a un artefacto explosivo cuya autoría no ha sido definitivamente establecida. 

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), que prestó asesoría legal a la madre del cabo Soria Toledo, califica la gestión que hizo entonces el Gobierno del PP de "bajada de pantalones lamentable". Tras los nuevos incidentes, su secretario general, Iñaki Unibaso, expresa su preocupación "ante la repetida falta de ética de Israel" y recuerda que los tres indonesios fallecidos operaban bajo mando del Ejército español.  "Israel sigue actuando con total impunidad", resume Unibaso.

De las declaraciones de Vicente Ferrer a las de Ester Muñoz ha pasado una década, varios ataques israelíes contra soldados españoles y un suboficial detenido y agredido. El PP ha usado ese tiempo para comprometerse a cuidar a las Fuerzas Armadas, presumir de estar orgulloso de sus militares y pedir reformas para mejorar sus condiciones. Lo que no ha hecho, en ninguno de estos episodios, es condenar, o al menos tomarse en serio, los ataques israelíes que las fuerzas españolas o bajo mando español reciben en el Líbano.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha informado este lunes de la muerte "hace escasos segundos" de un segundo casco azul indonesio en Líbano durante un ataque a un convoy y ha manifestado su "enorme preocupación" por la situación en el sur del país donde están desplegados 700 militares españoles en la misión de paz de la ONU (UNIFIL) que se encuentran "bien", según informa EFE.

"Además del ataque que hubo ayer en el que falleció un militar indonesio y otro resultó muy grave, hace escasos minutos ha habido otro ataque a un convoy en el que ha fallecido un segundo militar indonesio", ha informado Robles en declaraciones a los periodistas a su llegada al Ministerio de Industria, donde se va a presentar el programa IN+DEF. 

Robles ha explicado que, a pesar de la gravedad de la situación, los cascos azules siguen realizando convoyes y en el caso de la mañana del lunes el primero de los vehículos de esa patrulla de vehículos ha sido alcanzado.

En cuanto al contingente español, Robles ha emplazado a esperar las decisiones que tome Naciones Unidas, organismo al que ha pedido que traslade a los responsables políticos que hay que garantizar la seguridad no solo de los efectivos españoles sino de los 10.000 cascos azules que forman en este momento la misión. Está previsto que la misión acabe el mandato de Naciones Unidas a finales de este año.

Con el ataque de este lunes ya son dos los cascos azules indonesios fallecidos en Líbano después de que en la noche del domingo muriera un militar de esa nacionalidad a raíz de la explosión de un proyectil en una base de la UNIFIL cerca de Adchit Al Qusayr, en el sur del Líbano, mientras que otro fue herido de gravedad.

Este militar herido se encuentra en estado "crítico", ha señalado Robles, que ha recordado que el contingente de Indonesia está bajo mando español en la base Miguel de Cervantes, cerca de Marjayou. 

La ministra ha explicado que los militares españoles se están volcando en ayudar a los indonesios y ha insistido en que la situación es de "total preocupación" y, por ello, ha exigido a Naciones Unidas que exija a Israel y, en su caso, al grupo chií Hezbolá también, el fin de los ataques.

"Esta situación que está ocurriendo es gravísima desde todos los puntos de vista de UNIFIL, que es una misión de paz y, por tanto, las hay que respetarla siempre y en todo caso.

El inicio de la guerra de Irán es difícil de explicar. La versión oficial sostiene que Israel y Estados Unidos atacaron al país del Golfo Pérsico para evitar la producción de armamento nuclear. Sin embargo, el primer día del conflicto, varios misiles impactaron contra un lugar donde no debían, la escuela primaria Shajareh Tayyebeh, en la ciudad costera de Minab. En sus aulas estudiaban niñas de entre siete y doce años.

En los días siguientes se han buscado todo tipo de explicaciones a un ataque “que no tenía ningún sentido, tampoco como daño colateral”, como explica a infoLibre el teniente Marín, perteneciente al Regimiento de Transmisiones del Ejército de Tierra, un cuerpo acostumbrado a trabajar en sistemas y tecnologías de la información y de las telecomunicaciones. Y poco a poco han ido apareciendo respuestas. The Times fue uno de los primeros medios en señalar que la inteligencia artificial ya estaba participando en el conflicto a través del llamado kill chain, el sistema que conecta los datos con el disparo. “El algoritmo parece que no tomó la decisión de ‘apretar el botón’, pero sí cruza los datos de la lista de blancos y el ritmo de los ataques”, explica Marín, .

Un exoficial de inteligencia naval estadounidense, identificado como Romero, confirmaba a Univisión lo ocurrido: “El Pentágono ha integrado la inteligencia artificial en la fase inicial de la guerra con Irán. Esta tecnología agiliza la selección de objetivos estratégicos y coordina el uso de drones con una precisión sin precedentes”.

Pero la inteligencia artificial también falla. Medios como The New York Times apuntan a la desactualización de la base de datos de Project Maven, un programa cuya aplicación visible es Maven AI. Este sistema “integra en una sola interfaz la fusión de datos procedentes de satélites, drones y otros sensores, un mapa operativo con posiciones propias y enemigas, herramientas de seguimiento de activos, sistemas de priorización de información y agentes conversacionales capaces de responder consultas en lenguaje natural sobre el campo de batalla”, explica Óscar Ruiz, analista en seguridad e industria militar.

Shajareh Tayyebeh fue un complejo naval de la Guardia Revolucionaria que hace una década, en 2016, se transformó en una escuela de primaria. Pasó de ser un objetivo militar a ser un lugar protegido por el IV Convenio de Ginebra. Sin embargo, todo apunta a que en alguna de las bases de datos y capas cartográficas utilizadas seguía etiquetado como objetivo.

“Un error relativamente habitual”, recuerda el coronel Rubio, experto en Seguridad Global y Defensa y autor de libros como La guerra de los robots o Guerra SA, pero que “se hubiera corregido mediante verificación manual” con personal de inteligencia sobre la zona.

Un reportaje de Anadolu Agency explica que en las primeras 24 horas de la operación Furia Épica las fuerzas estadounidenses atacaron más de 1.000 objetivos con ayuda de sistemas diseñados para analizar grandes volúmenes de datos de inteligencia y sugerir posibles puntos de impacto. El ritmo —en torno a 42 objetivos propuestos por hora— ha llevado a varios analistas a cuestionar si la velocidad de los sistemas automatizados no está superando la capacidad humana de verificar cada blanco con rigor.

“Comprobar tal cantidad de datos llevaría semanas”, aseguran expertos en defensa y análisis de datos. Por eso, el uso de la IA para acortar tiempos sin la supervisión humana habría provocado un error grave. La duda ahora es si hay —o habrá— más archivos sin actualizar.

El jefe del Mando Central estadounidense, el vicealmirante Brad Cooper, se ha esforzado por marcar una línea roja clara. “Los humanos siempre tomarán las decisiones finales sobre qué disparar, qué no disparar y cuándo hacerlo”, y las herramientas de IA “pueden convertir procesos que solían tomar horas, e incluso días, en segundos”. Pero el botón todavía lo sigue apretando un humano al que, como se ha comprobado, la información puede llegarle sesgada o con errores.

Detrás de Maven Smart System (MSS) está Palantir, una empresa especializada en el desarrollo de software de análisis de macrodatos que trabaja para las principales agencias del Gobierno de Estados Unidos, como la CIA o el FBI.

Palantir, fundada por el creador de PayPal, Peter Thiel, desarrolló Maven AI como una evolución natural del Project Maven que el Pentágono lanzó en 2017. Ahora esta tecnología pretende convertirse en el “sistema operativo para las guerras”, como asegura su creador. De hecho, Palantir ha firmado acuerdos con Reino Unido y con la OTAN para implementar MSS.

Maven AI fusiona en una sola interfaz imágenes de satélite, vídeo de drones, datos de radares, interceptaciones de comunicaciones y reportes de inteligencia humana. Sobre ese volumen de información, el sistema no solo muestra iconos en un mapa: genera y prioriza listas de objetivos, calcula coordenadas, propone qué armas usar y, cada vez más, simula campañas completas. Como si la guerra fuese un videojuego. "Esto banaliza la guerra y puede tener graves consecuencias en el futuro", coinciden los militares Marín y Rubio.

El analista de inversiones Danny Vena pone un ejemplo de cómo funciona la gestión de los datos de Palantir: “Alguien compró un billete de avión de ida, alquiló un piso, está haciendo grandes reintegros de una cuenta bancaria en el extranjero, hace repetidas llamadas a números de una lista de vigilancia en Oriente Medio, alquila un gran camión, hace viajes a los principales parques temáticos. Si se mira cualquiera de esas cosas por separado, no parece gran cosa”, pero al unir los puntos podría ser un terrorista. Y esa confirmación es la que debe hacer un humano, como recordaba Rubio.

Alex Karp, CEO de Palantir, fue muy explícito cuando le preguntaron para qué servía MSS: “para matar gente”. Y es precisamente por esa declaración por la que la compañía Anthropic, cuyo modelo de IA Claude está integrado en Maven AI, se negó a proveer servicios a la Administración Trump.

Su CEO, Dario Amodei, defendía la necesidad de límites claros para evitar que su modelo se convierta en el cerebro de un sistema de armas completamente automático. Sin embargo, mientras se cruzaban los comunicados, Maven seguía funcionando con Claude a la espera de “integrarlo en el futuro con otros modelos de lenguaje de gran tamaño”, como quiere Karp. Esto ha provocado que la compañía de Amodei sea considerada por Donald Trump como una “Radical Left AI company” por negarse a eliminar salvaguardas que impiden alimentar armas totalmente autónomas o hacer vigilancia masiva de ciudadanos.

China también se ha mostrado crítica y apoya la misma idea que Amodei, de que el uso de inteligencia artificial en la selección de objetivos y en ataques preventivos “erosiona el control humano” y abre la puerta a que los algoritmos tomen decisiones de vida o muerte sin supervisión. Pekín reclama reglas globales más estrictas sobre la IA militar y, en particular, limitar el desarrollo de armas autónomas letales como si de 'Terminator' se tratase.

Así pues, esta 'guerra moderna' está cambiando la idea de qué es un objetivo militar. La Guardia Revolucionaria iraní ha reivindicado varios ataques contra centros de datos en Emiratos Árabes Unidos y Baréin, alegando que son infraestructuras clave para el sistema de inteligencia que utilizan sus enemigos. Expertos como Óscar Ruiz advierten de que los centros de datos podrían convertirse en objetivos habituales en conflictos futuros.

Dentro del propio Ejército estadounidense hay voces que piden frenar el entusiasmo. En un ensayo de la Air University, varios coroneles de la Fuerza Aérea advertían ya en 2021 del salto cualitativo que implican los sistemas autónomos.

"Los sistemas autónomos tendrían que distinguir entre civiles y combatientes y respetar los principios de proporcionalidad y precaución. Tendrían que tomar decisiones informadas y llegar a una conclusión sensata; en otras palabras, tendrían que usar su propio juicio. […] Con el aprendizaje automático no hay garantía de que los puntos de decisión puedan explicarse con claridad ni de que podamos extraer lecciones de los errores", rezaba el texto.

Un análisis del Modern War Institute de West Point introduce otra preocupación: la responsabilidad legal: "Los comandantes seguirán siendo responsables de demostrar necesidad militar y proporcionalidad. Si no pueden explicar cómo ha llegado la IA a una recomendación de ataque, el problema deja de ser técnico: se convierte en un problema legal insalvable".

Intelectuales como Yuval Noah Harari llevan años advirtiendo de que la IA puede contribuir a provocar muertes masivas como en el caso de los rohingya en Myanmar, "algoritmos de Facebook, diseñados para maximizar la interacción, impulsaron teorías conspirativas y odio, y eso ayudó a desencadenar una campaña de limpieza étnica. Incluso si los algoritmos tienen solo un 1% de responsabilidad, es la primera vez en la historia que decisiones tomadas por una IA sobre qué información difundir han contribuido a un gran cambio histórico", decía en La Vanguardia.

Y como si hablara del caso iraní, Harari aseguraba en Nexus que “un dictador paranoico podría otorgar un poder ilimitado a una IA falible, incluido el de lanzar un ataque nuclear. Si el dictador confía más en su IA que en su ministro de Defensa, ¿no tendría sentido que fuera dicha IA la encargada de supervisar el uso de las armas más poderosas del país?”

El "deterioro de la situación de la seguridad" y "la imposibilidad de continuar desarrollando los cometidos asignados" han obligado al Ministerio de Defensa a "reubicar" al Grupo de Operaciones Especiales encuadrado en la Coalición Internacional de lucha contra el Daesh (SOTG) en Irak.

"España ha determinado la reubicación temporal del Grupo de Operaciones Especiales (SOTG) destacado en Irak" ante el deterioro de la situación a causa de la guerra en Irán, señala una nota del Ministerio.

"Todos los militares del SOTG, encuadrados en la Coalición Internacional de lucha contra el Daesh ya se encuentran en lugares seguros" a la espera "de la evolución de la situación", añade.

"Este re-despliegue se ha realizado en estrecha coordinación y colaboración con las autoridades iraquíes, contando con el apoyo de la Coalición y manteniendo siempre informados a nuestros países amigos y aliados", añade el comunicado de Defensa.

"El compromiso de España con la Coalición Internacional y con la estabilidad de Irak permanecen inalterables, pero la volatilidad y fragilidad de la situación en la zona obligan a tomar esta decisión para garantizar la protección de nuestras fuerzas", concluye.

La presidenta de la Comisión Europea ha justificado este lunes los ataques ilegales de Estados Unidos e Israel contra Irán. No es la primera vez que Ursula von der Leyen respalda una embestida militar contraria al derecho internacional. En 2023, tras los ataques de Hamás en Israel que dieron origen al supuesto genocidio perpetrado por ese Estado contra los gazatíes que investiga la Corte Internacional de Justicia –el tribunal de la ONU– la mandataria europea trasladó unilateralmente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el respaldo de la UE a cualquier respuesta israelí a esos atentados, en una actuación muy criticada entonces. Este lunes, la presidenta del Ejecutivo europeo ha animado a Europa a dejar de ser "guardiana del viejo orden mundial". "Siempre defendimos y defenderemos el sistema basado en normas [...] pero ya no podemos confiar en él como la única forma de defender nuestros intereses".

Con esas polémicas declaraciones, muy criticadas, la presidenta viene a plantear que la UE se debe dotar de nuevos mecanismos que le permitan actuar en un mundo multipolar en el que las grandes potencias parecen haber abandonado los principios y objetivos de Naciones Unidas. Un nuevo sistema global en el que EEUU ataca unilateralmente Venezuela o Irán en guerras de agresión como la que también mantiene desde hace cuatro años Rusia con su invasión de Ucrania. O Israel causando en Gaza, un territorio administrado por Tel Aviv, una masacre de más de 70.000 palestinos, entre ellos decenas de miles de niños y mujeres, con desplazamientos forzosos de decenas de miles de personas y hambrunas, sin el mínimo respeto por el derecho internacional humanitario.

Conseguir lo que plantea Von der Leyen –poder escaparse del corsé del derecho internacional en la relación con socios como Washington– no es una tarea fácil. Porque la totalidad del complejo normativo europeo está informado por el sistema y los valores de Naciones Unidas. Y a un nivel cuasiconstitucional. Su tratado constitutivo, el Tratado de la Unión Europea (TUE), se refiere hasta en seis ocasiones a Naciones Unidas y su Carta, los principios y objetivos de la organización global surgida tras la Segunda Guerra Mundial, y los adopta como propios. Introducir cierto margen a la unilateralidad de la Unión Europea, como parece sugerir la presidenta de la Comisión, implicaría una reforma en profundidad del armazón jurídico comunitario en la que los Veintisiete tendrían que ponerse de acuerdo.

La primera alusión al viejo "orden de normas" al que se refiere Von der Leyen y que contienen los tratados se encuentra en el artículo 3 del TUE. En su apartado cinco se establece que el respeto a la Carta de Naciones Unidas y al desarrollo del Derecho Internacional serán dos de los principios que impulsaran las relaciones de la Unión "con el resto del mundo". Ese mismo artículo recoge algunos de los valores que consagra esa Carta, como la paz, la seguridad, el respeto mutuo entre los pueblos y la protección de los derechos humanos –"especialmente los del niño"-. Con ese instrumento de la ONU en la mano, guerras de agresión como la de Irán o la de Ucrania son de todo punto ilegales y contrarias al derecho internacional, y hay consenso entre los juristas expertos en la materia.

Es el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas el que prohíbe a sus miembros "recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas", es decir, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Las dos únicas excepciones a esa obligación son hacerlo con el respaldo del Consejo de Seguridad, o en uso del derecho de "legítima defensa individual o colectiva" de cada Estado. En este último caso, las represalias adoptadas deben ponerse inmediatamente en conocimiento de ese órgano de la ONU.

La Carta vuelve a aparecer en el Título V del tratado de la UE, el que regula la acción exterior de la Unión y la política exterior y de seguridad común. El respeto a los principios que refleja ese texto de Naciones Unidas también se contiene en el artículo 21.1, al igual que otros que coinciden en parte con los de la ONU, como la promoción de la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos, la dignidad humana y los principios de igualdad y solidaridad. Ese mismo artículo vuelve a referirse a ella al expresar entre las finalidades de su política exterior "mantener la paz, prevenir los conflictos y fortalecer la seguridad internacional, conforme a los propósitos y principios" de esa carta.

El tratado fundador de las Naciones Unidas también limita las operaciones militares en las que puede actuar la UE en su conjunto. "La Unión podrá recurrir a dichos medios [civiles y militares] en misiones fuera de la Unión que tengan por objetivo garantizar el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional, conforme a los principios de la Carta de Naciones Unidas", establece el artículo 42.1 del TUE. Así pues, una hipotética acción militar europea en el exterior de su territorio solo podría ampararse en el Derecho Internacional y perseguir sus fines pacíficos y de garantía de ese "sistema de normas", en el que ha dejado de confiar Von der Leyen.

El sistema jurídico de la organización internacional global también aparece en el artículo del tratado europeo que establece la cláusula de ayuda mutua en caso de agresión exterior a un miembro de la Unión. "Si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas". Este último artículo, el que permite la legítima defensa como un "derecho inmanente" de cada Estado, es el que amparó el envío por el Gobierno de una fragata española a Chipre tras los ataques con drones iraníes en una de las bases británicas situadas en su territorio.

El TUE contiene una sexta referencia al sistema de Naciones Unidas, pero no para regular su acción exterior o de defensa, sino como una obligación interna de sus miembros en la organización mundial. Se encuentra en el artículo 34.2 y obliga a cualquier miembro europeo del Consejo de Seguridad de la ONU –a Francia, como único miembro permanente, pero también a cualquier otro que forme parte de forma rotatoria– a "concertarse entre sí" e informar "al resto de los Estados miembros y al Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad". Los miembros europeos de ese organismo de Naciones Unidas deben defender en ese foro "las posiciones e intereses de la Unión".

El escenario es revelador. La Administración Trump, que ha rebautizado el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra y al frente del cual está Pete Hegseth, un exmilitar que llegó al cargo directamente desde un programa de la cadena Fox, exigió a las grandes empresas de inteligencia artificial lo que todo poder ejecutivo acaba pidiendo a quienes necesita controlar: acceso sin restricciones. La cláusula era tan amplia como inquietante: "Cualquier uso legal". Bajo ese paraguas cabían, sin mayor matiz, la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses y el desarrollo de sistemas de armas completamente autónomas —maquinaria bélica que decide por sí misma a quién matar, sin intervención humana en el momento del disparo—.

Anthropic dijo que no. OpenAI respondió que sí.

Ese contraste condensa el debate más sustantivo que atraviesa el sector tecnológico en este momento y que obliga a entender qué son estas empresas. ¿Laboratorios de investigación con responsabilidad pública? ¿Proveedores de infraestructura al servicio del mejor postor? ¿O actores morales con una agenda propia que trasciende el beneficio trimestral? La respuesta no es filosófica. Tiene consecuencias directas sobre cómo se desplegará la tecnología más transformadora del siglo, quién la controlará y bajo qué condiciones.

Para entender el alcance de lo que está en juego, hay que presentar a los actores. Porque en esta industria, los nombres importan menos que las estructuras de poder, las lealtades financieras y, sobre todo, las líneas que cada uno ha decidido —o no— trazar en el suelo.

Para entender por qué Anthropic rechazó al Pentágono, hay que recordar por qué existe Anthropic. La compañía fue fundada en 2021 por Dario Amodei, su hermana Daniela y varios investigadores que abandonaron OpenAI con una convicción compartida: que sin salvaguardas robustas el desarrollo de inteligencia artificial general —la que los científicos entienden que sería equiparable, para bien y para mal, a la del ser humano— representa un riesgo existencial para la humanidad. No era retórica. Era, y sigue siendo, la premisa fundacional de todo lo que hace la empresa.

De esa convicción surgió la llamada IA Constitucional, el enfoque técnico y filosófico que distingue a Claude —el modelo de Anthropic— del resto. La idea es tan elegante como ambiciosa: en lugar de entrenar al modelo mediante el castigo y la recompensa de comportamientos humanos, proceso opaco y difícilmente auditable, se le enseña a evaluarse a sí mismo contra un conjunto de principios escritos. Una Constitución. El modelo aprende a rechazar instrucciones que violen esos principios no porque un operador humano lo castigue en tiempo real, sino porque ha interiorizado una arquitectura ética.

La estructura corporativa de Anthropic —una de las poquísimas tecnológicas que no ha donado dinero a Trump y que respalda la regulación de la IA que está llevando a cabo la Unión Europea— refleja la misma lógica. La empresa opera como una Corporación de Beneficio Público y ha creado un organismo de supervisión independiente, el Long-Term Benefit Trust, con capacidad real de intervenir en decisiones estratégicas. No es marketing. Es una arquitectura diseñada para que ningún inversor, por grande que sea, pueda forzar a la empresa a cruzar ciertas líneas.

Y eso que los inversores son grandes. Amazon ha inyectado 8.000 millones de dólares. Google ha aportado cerca de 2.000 millones. Fondos soberanos de Singapur y gestoras como Coatue, una de las más importantes del sector tecnológico, completan un balance que eleva la valoración de Anthropic a cifras estratosféricas. Pero esas inyecciones de capital no se traducen en control sobre las decisiones éticas de la empresa —al menos no formalmente, no todavía—.

Cuando la Administración Trump designó hace unos días a Anthropic como "riesgo para la cadena de suministro" —etiqueta históricamente reservada para adversarios extranjeros, no para empresas domiciliadas en San Francisco— estaba reconociendo implícitamente que sus mecanismos habituales de presión no habían funcionado. La empresa había dicho no y mantenía el no. A un coste enorme: contratos federales vetados, acceso restringido a determinadas agencias y la señal inequívoca de que Washington puede hacer la vida muy difícil a quien no coopere. Anthropic, aparentemente, lo asume. De momento, con el apoyo del sector.

OpenAI (creadora deChatGPT) nació con una misión igualmente grandiosa: garantizar que la inteligencia artificial general beneficie a toda la humanidad. Durante años, esa misión tomó la forma de una organización sin ánimo de lucro que publicaba sus investigaciones y rechazaba la lógica de la acumulación privada. Lo que siguió es conocido: la necesidad de capital para competir forzó una reestructuración profunda, completada en octubre de 2025, que convirtió a OpenAI en una Corporación de Beneficio Público valorada en 500.000 millones de dólares.

Para comprender qué es hoy OpenAI, hay que mirar quién la financia. Microsoft es el mayor accionista externo, con una participación del 27%. La compañía ha invertido más de 13.000 millones de dólares desde 2019. SoftBank lideró una ronda de financiación de 41.000 millones de dólares y controla aproximadamente el 13% de la empresa. Entre los inversores de esa ronda figuran también Founders Fund —el vehículo de Peter Thiel, el dueño de Palantir y pieza clave de la estrategia del Pentágono—, Sequoia Capital y Andreessen Horowitz, tres de las firmas más influyentes de Silicon Valley.

La Fundación OpenAI, heredera de la estructura sin ánimo de lucro original, conserva alrededor del 26% y mantiene el poder de nombrar al consejo directivo. Lo paradójico es que su CEO, Sam Altman, no posee ninguna participación accionarial en la empresa que dirige, lo que en teoría elimina conflictos de interés pero en la práctica no limita su capacidad de negociación.

En ese contexto, la firma de un contrato clasificado con el Pentágono responde a una racionalidad perfectamente coherente con esa estructura. OpenAI argumenta que sus salvaguardas internas son suficientes para gestionar los riesgos, que no necesita restricciones contractuales rígidas porque confía en sus propios procesos de revisión.

Es un argumento que suena razonable hasta que se pregunta quién supervisa esos procesos cuando el cliente es el propio Gobierno que podría regularlos, y cuando los accionistas esperan rentabilidad sobre inversiones de decenas de miles de millones de dólares. El propio Altman se lo confesó esta semana a sus empleados: no "tiene la capacidad de tomar decisiones operativas" sobre cómo el Pentágono usará sus tecnologías. Será Hegseth quien decida.

Ningún análisis del presente se entiende sin una figura que lleva veinte años haciendo exactamente lo que las demás empresas tecnológicas dijeron que jamás harían: vender inteligencia artificial al aparato militar y de seguridad del Estado sin disculpas ni eufemismos.

Palantir fue cofundada en 2003 por Peter Thiel, que acababa de vender PayPal a eBay, y fue financiada en sus inicios parcialmente por el fondo de capital riesgo de la CIA. Thiel la concibió como un noble propósito: software que ayudara a las agencias de inteligencia a detectar amenazas ocultas sin convertir Estados Unidos en un Estado policial.

Para dirigirla reclutó a Alex Karp, filósofo doctorado en Frankfurt, sin formación tecnológica pero con una capacidad extraordinaria para vender la visión de un mundo violento donde los datos son la única defensa posible. El propio Karp, un ejecutivo sin pelos en la lengua, admite que Palantir “se utiliza en ocasiones para matar a personas”, una honestidad brutal que contrasta llamativamente con el lenguaje aséptico del resto del sector.

Durante años, Silicon Valley trató a Palantir como a un paria. Trabajar con gobiernos, con el ejército, con agencias de inteligencia era considerado una transgresión moral inaceptable en los campus tecnológicos de California. Palantir no se disculpó. Karp convirtió esa marginación en argumento: mientras sus competidores miraban hacia otro lado, él construía la infraestructura de datos más profundamente integrada en el Estado que nadie haya levantado jamás.

El resultado es hoy difícil de ignorar. En julio de 2025, el Ejército estadounidense adjudicó a Palantir un contrato por valor de hasta 10.000 millones de dólares durante una década. Su sistema Maven Smart System, plataforma de IA para operaciones en el campo de batalla, es el núcleo del esfuerzo de modernización militar del Pentágono y se basa en la utilización de ChatGPT (el modelo de OpenAI), Grok (el de Elon Musk) y, hasta hace unos días, de Claude (el de Anthropic).

Según The Wall Street Journal, el Departamento de Defensa utilizó los modelos de inteligencia artificial de Anthropic precisamente a través de su contrato con Palantir, para asistir en operaciones militares. Y ahora tendrá que buscar otro modo de hacerlo.

Esta circunstancia revela algo fundamental sobre la arquitectura real del poder en el sector: Palantir no es un competidor de los grandes laboratorios de IA, es su cliente más exigente y su intermediario más poderoso ante el Estado. Palantir opera a través de dos segmentos principales: el Gotham, que sirve a agencias de defensa e inteligencia en todo el mundo, y el AIP, orientado al sector comercial. Su valoración de mercado ronda los 350.000 millones de dólares. En el cuarto trimestre de 2025 registró un crecimiento de ingresos del 70% interanual.

La ideología que anima a Palantir merece atención porque es, a diferencia de la mayoría de sus competidores, completamente explícita. Karp declara que la misión de Palantir es “asustar a sus enemigos y, en ocasiones, matarlos”, refiriéndose a los adversarios de Occidente. Ha dicho que las empresas tecnológicas tienen la obligación de apoyar al ejército estadounidense, y que él y Palantir son “activos en la defensa de los valores de Occidente”.

El contraste entre estos actores no agota el mapa. Meta, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, propiedad de Mark Zuckerberg, ha adoptado una estrategia radicalmente distinta: la apertura total de sus modelos Llama, accesibles para cualquier investigador, empresa o gobierno.

Su filosofía oficial es que la transparencia genera seguridad, que un modelo auditable públicamente es más seguro que uno guardado en una caja negra corporativa. Pero conviene no confundirse, sin embargo, sobre su naturaleza: Meta no es una ONG. Sus ingresos dependen de la publicidad y de las licencias empresariales. La apertura de sus modelos no es filantropía: es una apuesta estratégica para establecer un estándar global que otros tengan que adoptar, erosionando la ventaja competitiva de quienes guardan sus modelos bajo llave. Eso sin contar que, según sus críticos, esa misma apertura permite también a actores maliciosos descargar el modelo, modificarlo y eliminar cualquier salvaguarda.

El panorama no acaba ahí. Los grandes nombres se completan con Google y su modelo, Gemini, que ocupa un territorio peculiar porque modificó sus propios principios de IA —los que en 2018 prometían no desarrollar tecnología bélica— para convertirse en el primer proveedor de la plataforma de IA del Pentágono. La tensión entre la cultura investigadora y ética de DeepMind —el laboratorio de IA de Google— y las demandas comerciales de Google Cloud —la empresa de computación en la nube— es real y no está resuelta.

Y luego está xAI, la empresa de Elon Musk, que ha convertido la ausencia de restricciones en argumento de venta. Grok fue aprobado para uso militar clasificado precisamente porque aceptó el estándar gubernamental sin negociaciones. El aceleracionismo —la convicción de que cualquier freno al desarrollo tecnológico es un error— es aquí una posición explícita, no una consecuencia involuntaria de presiones comerciales.

La designación de Anthropic como "riesgo para la cadena de suministro" es, a su manera, un reconocimiento involuntario de que la arquitectura ética de una empresa puede tener consecuencias políticas reales.

Los gobiernos saben que quienes controlan la infraestructura de IA controlan algo parecido al sistema nervioso de la economía global. Nvidia, el principal fabricante de los chips que mueven la IA, alcanza una valoración de varios billones de dólares gracias a estas empresas. Amazon y Google han tejido una interdependencia entre sus nubes y los modelos de IA que hace casi imposible una desinversión sin daños colaterales sistémicos. En ese contexto, una empresa que dice "no" es, efectivamente, un problema.

Lo que el episodio también revela es que Palantir lleva dos décadas construyendo exactamente el puente que casi todas los demás empresas intentaron evitar —el que conecta el poder computacional privado con el aparato coercitivo del Estado— y que ahora ese puente resulta ser la infraestructura indispensable.

Los nuevos actores de la IA pueden tener principios más sofisticados y modelos más potentes, pero necesitan a Palantir para llegar al cliente que más paga. Y Palantir necesita sus modelos para mantener la ventaja operativa. Es una dependencia mutua que ninguno de los dos lados tiene mucho interés en proclamar.

La pregunta que queda abierta tras la negativa de Anthropic a participar en el festín de la IA capaz de matar de manera autónoma no es técnica sino política: ¿puede sobrevivir un modelo de negocio que antepone límites éticos a los contratos gubernamentales en un entorno donde el Estado controla la regulación, los contratos públicos y, llegado el caso, la etiqueta de “riesgo para la seguridad nacional”? Anthropic apuesta a que sí, que la credibilidad a largo plazo —con clientes corporativos, con reguladores europeos, con la opinión pública informada— vale más que los contratos que rechaza hoy.

El envío de una fragata a aguas chipriotas decidido por el Gobierno tras un ataque iraní retoma un debate jurídico con más de veinte años de solera, desde que una ley obligó a que el Congreso autorice las misiones en el exterior y al mismo tiempo exceptuó las directamente relacionadas con el interés nacional, según recoge EFE.

Fue la Ley Orgánica de Defensa Nacional la que impuso las autorizaciones en 2005 para los envíos de tropas, pues hasta entonces las Cortes solo tenían que ser consultadas en caso de declaración de guerra, sí regulada en la Constitución.

En las demás ocasiones, se entendía que era una decisión que formaba parte de las funciones constitucionales del Ejecutivo.

"Para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, el Gobierno realizará una consulta previa y recabará la autorización del Congreso", reza el artículo 17.1, y en una sola frase dicta tanto la exigencia como el ambiguo abanico de excepciones.

Desde entonces, el Congreso ha aprobado 26 autorizaciones de ese tipo, según diversas fuentes recabadas por EFE, y ninguna vez denegó el permiso, siempre dieron luz verde amplias mayorías de diputados.

Afganistán, Congo, Líbano, Chad, Somalia, Haití, Uganda, Libia, Mali e Irak figuran entre los destinos de tropas españolas con autorización del Congreso al Gobierno para los despliegues.

A veces fue el pleno y otras veces la Comisión de Defensa el órgano que lo autorizó, ya que, a falta de disposición reglamentaria, es la Mesa del Congreso la que decide a cuál se lo deriva; e incluso en una ocasión fue la Diputación Permanente la que dio el visto bueno.

Varios juristas han criticado la falta de precisión normativa sobre cuándo y cómo debe el envío de tropas someterse a una votación del Congreso, y también a que se dejara al Senado al margen, algo que no ocurría en el precepto constitucional sobre la guerra, que cita a las Cortes, ambas cámaras.

Desde que el jueves el Ministerio de Defensa anunció que la fragata Cristóbal Colón se encamina hacia Chipre en compañía de navíos griegos y de un portaaviones francés, junto al que ya estaba en el Báltico, el Gobierno y el PP han enfrentado las dos interpretaciones jurídicas acerca del artículo 17 de la LODN.

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preguntado por la prensa el viernes en Huelva, subrayó que "echar una mano a Chipre" es para "una misión evidentemente defensiva, nada ofensiva", y que la decisión del Gobierno "se ajusta lógicamente a la Ley Orgánica de Defensa Nacional".

En cambio, el PP ha exigido que someta la decisión al Congreso, porque, según ha resaltado el viernes en un comunicado, los soldados españoles en ese desplazamiento "se exponen a ser atacados".

Además, el PP ha reprochado a Sánchez que nunca haya sometido los envíos de tropas al exterior al visado del Congreso, ya que las 26 autorizaciones se aprobaron entre 2005 y 2018, a los gobiernos que presidieron José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, sin ninguna en los últimos ocho años.

Un posible motivo es la variación del concepto de interés nacional, con cambios semánticos según lo define la Directiva de Defensa Nacional de 2020 respecto a las de 2008 y 2012, ya que, salvo disposición legal superior, es el documento máximo que rige en la materia.

Hace dos años el PP registró una proposición para modificar la LODN y concretar cuándo se requerirán las autorizaciones.

Sin una reforma legal, el debate jurídico seguirá abierto cada vez.

El presidente de EEUU, Donald Trump ha vuelto a atacar a España diciendo que "tenemos muchos ganadores, pero España es una perdedora". Lo ha hecho en una entrevista con The New York Post donde también ha atacado al primer ministro británico, Keir Starmer, por ser "muy decepcionante".

El mandatario ha continuado así sus descalificaciones hacia España tras la negativa del Gobierno de permitir que EEUU use las bases de Rota y Morón para apoyar los ataques en Irán. Por ello Trump ha dicho que Madrid es "muy hostil" con la OTAN.

Por otra parte, aseguró que España "no se comporta como un buen compañero en el equipo" y, por ello, Trump señaló que "nosotros tampoco vamos a serlo con España".

Según el Post, Trump abundó en sus críticas al primer ministro británico, de quien dijo que "no es Winston Churchill, por así decirlo", y lamentó "su actuación" respecto al "ataque contra una nación hostil" de EEUU, en referencia a su negativa inicial a permitirle usar sus bases en la ofensiva contra Irán.

"Debería (Starmer) estar dándonos, sin preguntas ni dudas, cosas como bases (...). Deberíamos ciertamente contar con ellos. Me sorprendí mucho con Keir. Muy decepcionado", agregó.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha respondido que no puede aceptar el "desprecio" con el que Trump habla de España, un país que siempre colabora en misiones de paz si tienen cobertura internacional, ya que "los derechos humanos sólo se defienden sin atajos, cumpliendo la ley".

Así lo ha indicado Robles en una conferencia en Barcelona, en la que ha afirmado que el actual escenario internacional es "muy complicado y muy difícil", y ha subrayado que solo cuando hay un amparo internacional se puede asumir el uso de la fuerza, incluso en los casos en los que sea para acabar con un régimen que no respete los derechos humanos.

En su intervención, Robles, que ha insistido que "el mundo tiene que basarse en reglas", ha admitido que echa de menos un mayor liderazgo, protagonismo y unidad por parte de Europa, que ahora está condicionada por el auge de la extrema derecha y del nacionalismo.

España enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre en compañía del portaaviones francés Charles de Gaulle y de otros navíos de la Armada griega para dar protección y defensa aérea a ese país, que sufrió un ataque como consecuencia de la guerra de Irán, ha informado el Ministerio de Defensa y ha recogido EFE.

La fragata se incorporó el pasado martes, día 3, al Grupo Naval del Charles de Gaulle para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico.

Con el despliegue de la fragata, España muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental, después de que un dron de fabricación iraní impactara en la base británica de Akrotiri, en la isla mediterránea, ha subrayado Defensa.

La Cristóbal Colón es la fragata de la Armada española tecnológicamente más avanzada y su misión en el Mediterráneo será ofrecer protección y defensa aérea, complementando de esta forma las capacidades de la batería Patriot que España tiene desplegada en Turquía, ha señalado Defensa.

También estará preparada para prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por el conflicto de Irán.

El grupo naval se dirigirá al Mediterráneo para llegar a las costas de Creta hacia el martes 10 de marzo. En breve, el buque de aprovisionamiento Cantabria saldrá a la mar para suministrar combustible y prestar apoyo logístico durante el tránsito de los barcos por el golfo de Cádiz.

La Cristobal Colón es con 146 metros de eslora, 18,6 metros de manga, 7,2 metros de calado y una velocidad máxima de 28,5 nudos la fragata más moderna de la clase F-100 con la que cuenta la Armada y dispone del mayor porcentaje de participación de la industria española en su construcción, que se ejecutó en los astilleros de Navantia en Ferrol (A Coruña).

Puede desempeñar cualquiera de las cuatro misiones genéricas asignadas a la Fuerza Naval: disuasión y defensa; gestión de crisis; seguridad marítima y proyección exterior.

El navío está preparado para enfrentarse a blancos complejos y participar en ejercicios de defensa antiaérea y antimisil. Su dotación actual gira en torno a los 200 hombres y mujeres.

A nivel internacional, destaca su participación en las siguientes operaciones:

• Desde marzo de 2014 la fragata se integra en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2 (SNMG-2), en ocasiones como buque de mando.

• Desde noviembre de 2016, en la operación Sea Guardian (operación de la OTAN) que presta apoyo al conocimiento de la situación marítima y a la lucha contra el terrorismo.

• En 2017 participa en un Despliegue de Larga Duración en Australia, junto a unidades de la marina de ese país.

• Entre noviembre de 2020 y marzo de 2021 completa 150 días desplegada en la SNMG-2 como buque de mando, actuando en beneficio de la seguridad de España y la OTAN.

• En mayo de 2021 lideró las maniobras de la OTAN At Sea Demonstration/Formidable Shield 2021, en las que efectuó con éxito un lanzamiento de misil Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) contra un blanco supersónico a casi tres veces la velocidad del sonido.

• En 2022 desplegó en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2 (SNMG-2), contribuyendo a la disuasión, a la seguridad marítima y a los intereses nacionales de los países de la Alianza navegando en el Mediterráneo.

• Entre agosto y diciembre de 2024 vuelve a integrarse en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2, participando en la operación Noble Shield, bajo mando de Canadá.