La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó este jueves, de manera unánime, una histórica ley de amnistía para presos políticos condenados en episodios de crisis política entre 2002 y 2025 y que excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país suramericano, según informa EFE.

La nueva legislación excluye de la aplicación de la amnistía los delitos sobre violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción.

Igualmente, establece la exclusión de personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por "promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial" de Venezuela por parte de "Estados, corporaciones o personas extranjeras".

Los diputados aprobaron conceder la amnistía sobre hechos o "faltas cometidas" durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025, como el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de ese año y principios de 2003 y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024.

Además, se designó una comisión especial conformada por 23 diputados, entre opositores y chavistas, que desarrollará e implementará "mecanismos" para asegurar el cumplimiento de la ley, que ya fue enviada a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para su firma y posterior publicación en la Gaceta Oficial. Los parlamentarios podrán contar con la asesoría de expertos.

En el artículo 7, objeto de diferencias entre los parlamentarios y por el cual se postergó el debate la semana pasada, se establece que las personas deben presentarse ante los tribunales para solicitar la amnistía y permite que aquellos que no se encuentren en el país puedan hacer el procedimiento a través de un representante legal.

Entretanto, en el artículo 11 se indica que el tribunal competente verificará las condiciones de la amnistía en cada caso y decretará la nulidad de todos los procesos en curso o la revisión de las sentencias firmes para que se anulen a través de una "sentencia de reemplazo", en un lapso "que no excederá de 15 días continuos".

La legislación también dispone que las personas beneficiadas por esta ley que cometan delitos después de la entrada en vigencia de la amnistía serán procesadas con normalidad según la legislación.

Esta propuesta de amnistía se enmarca en el "nuevo momento político" anunciado por Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE.UU. el pasado 3 de enero.

La ONG Foro Penal contabiliza 644 presos políticos en el país, tras más de 400 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido al Tribunal Constitucional que conceda el amparo al expresident catalán Carles Puigdemont ante la negativa del Tribunal Supremo de no aplicarle la Ley de Amnistía, según informa EFE.

El Ministerio Público y la Abogacía del Estado han presentado sus escritos ante la corte de garantías en los que abogan por estimar el recurso de amparo del expresident contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la amnistía por el delito de malversación, según avanza El Español y confirma EFE en fuentes jurídicas.

En ambos casos, consideran que el alto tribunal debió de aplicarle la amnistía y critican la forma en la que el Supremo interpretó la norma al esquivar su aplicación por la malversación, una actuación que tachan de "irrazonable y arbitraria". También subrayan que lo que pretende el legislador con la ley es perdonar los delitos relacionados con el procés, incluida la malversación salvo los casos en los que concurra un enriquecimiento personal, un hecho que entienden no se puede aplicar a Puigdemont.

Con sendos escritos ya sobre la mesa, la decisión de la corte de garantías está cada vez mas cerca pero condicionada a lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decida sobre las cuestiones prejudiciales que elevaron los tribunales españoles, un fallo que se espera que se conozca como tarde en el mes de marzo.

El abogado general del TJUE ya despejó el camino cuando el pasado noviembre avaló la ley en un informe en el que dijo que la norma se dio "en un contexto real de reconciliación política y social" y que "no existe un vínculo" directo entre los gastos del procés y un perjuicio a las finanzas europeas, como sí entiende el Supremo.

Una vez que la Justicia europea resuelva esta cuestión, el Constitucional ya sí podrá abordar directamente la resolución del recurso que, incluso en caso de que fuera favorable al expresident, correspondería siempre al alto tribunal su aplicación.

Mientras tanto, Puigdemont continúa sin poder regresar a España ya que hace dos semanas el Tribunal Constitucional acordó por una mayoría de 10 a 1 mantener la orden de detención nacional que pesa contra el expresident catalán, en tanto en cuanto el Constitucional resuelve el recurso de amparo.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso este viernes una ley de amnistía general para "reparar las heridas" que ha dejado la confrontación política en el país sudamericano, una medida que beneficiará a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo, según recoge EFE.

En el acto de inicio del año judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rodríguez encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia y la Paz para que en las "próximas horas" presenten la ley ante la Asamblea Nacional -dominado por el chavismo-, así como la "máxima colaboración" al cuerpo legislativo para su aprobación.

"Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos", añadió.

La líder chavista indicó que esta propuesta de ley excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.

Además, la funcionaria pidió convertir El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, señalada como un centro de "torturas" por ONG y opositores, en un centro social y deportivo.

La propuesta la dio a conocer semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, con quien el Gobierno encargado de Rodríguez mantiene acercamientos, hablara del cierre de una "cámara de torturas" en la capital venezolana.

El Helicoide, una estructura inconclusa de la década de 1950 que fue concebida originalmente como un centro comercial, pasó luego a convertirse en la sede del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

El lugar ha sido señalado como un centro de "torturas" por opositores y activistas defensores de derechos humanos, mientras que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha documentado casos de torturas y abusos, una denuncia que ha rechazado el Gobierno venezolano.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado aseguró que la ley de amnistía general es "producto de la presión real" de Estados Unidos y dijo que espera que se haga realidad.

"Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino que es producto de la presión real que ha recibido por parte del Gobierno de los Estados Unidos", manifestó en la charla Hablemos de Venezuela con el periodista Michael Stott en el Hay Festival de Cartagena de Indias, Colombia.

Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, dijo que en el país petrolero "el aparato represivo del régimen es brutal" y "ha respondido a los intereses de las múltiples fuerzas criminales que conforman este régimen".

La opositora añadió que en Venezuela "hay presos políticos que tienen 23 años en prisión", como es el caso de tres policías metropolitanos, y hay otros "que han sido desaparecidos". De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 771 presos políticos.

Asimismo, diputados opositores celebraron el anuncio de la ley de amnistía, al tiempo que pidieron que el texto legislativo marque el cierre definitivo de la "represión" y "persecución" en el país.

El diputado Henrique Capriles dijo en X que la amnistía es un "paso necesario y muy importante" para avanzar al país que quieren "la gran mayoría de los venezolanos". A su juicio, el anuncio de la ley y el cierre de El Helicoide toca la "conciencia del país y devuelve esperanza a miles de familias venezolanas que han sufrido la injusticia y la persecución".

Entretanto, la ONG Provea señaló que los presos políticos han sido detenidos de manera arbitraria por lo que, sostuvo, el Estado no es el que "debe perdonar", sino que "los responsables de graves crímenes" deben "pedir perdón a las víctimas y a la sociedad, y asumir su responsabilidad ante la Justicia por los abusos cometidos".

Familiares de presos políticos en Venezuela dijeron este viernes a EFE que se sienten "esperanzados" tras la propuesta anunciada de ley de amnistía.

Estamos "esperanzados, esperamos que -nuestros familiares- puedan disfrutar de los beneficios que se están dando (...) seguiremos en la lucha hasta poder abrazar a los nuestros, que también han sido víctimas de este terror", dijo a EFE Mariglys Guzmán, quien se encontraba a las fueras del calabozo policial de Zona 7 de la PNB, en el este de Caracas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado el anuncio, una medida que vincula a una "orden de Estados Unidos" y que "debió" adoptarse "hace mucho tiempo con la presión" que, en su opinión, "nunca llegó" del Gobierno de España.

Feijóo cree que la propuesta de Delcy Rodríguez de sacar adelante una amnistía desde 1999 hasta la actualidad no nace de la "convicción", sino de una "orden de Estados Unidos", según ha manifestado este sábado en la red social X.

"Venezuela es un país mejor sin Maduro y Venezuela será un país aún mejor con Edmundo González y María Corina Machado. Pero en lo que ese momento llega, celebramos que la dictadura haga ahora por orden de Washington lo que debió hacer hace mucho tiempo con la presión (que nunca llegó) del Gobierno de España", sostiene el líder de la oposición.

Y en este punto lamenta "la posición que han tenido sobre este asunto" el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el expresidente José Luís Rodríguez Zapatero.

"Ojalá algún día conozcamos sus verdaderas motivaciones", ha añadido Feijóo, que ha precisado que el PP "introdujo a María Corina Machado en la reunión de los primeros ministros y presidentes" del Partido Popular Europeo, "haciendo de nexo entre Europa y la causa venezolana". "Nosotros no les fallaremos", ha concluido.

El Tribunal Constitucional ha rechazado este martes dos cuestiones de inconstitucionalidad sobre algunos preceptos de la ley de amnistía planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Audiencia Provincial de Madrid, informa EFE.

Fuentes jurídicas han informado de que la corte de garantías ha desestimado ambas cuestiones por unanimidad de sus miembros.

Por un lado, ha inadmitido la cuestión promovida por el TSJ de Cataluña en el marco de la causa contra los republicanos Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, responsables de la organización del 1-O, y contra la exconsellera Natàlia Garriga, acusada por desobediencia.

Lo ha hecho en aplicación de la doctrina sobre la indebida simultaneidad en el reenvío prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.

Por otro lado, también ha inadmitido la cuestión planteada por la Audiencia de Madrid en relación a las condenas impuestas a unas personas por desórdenes públicos tras una concentración en apoyo de los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo.

En este segundo caso, el tribunal rechaza la cuestión al alegar pérdida de objeto, puesto que en la sentencia que sustanció y sentó la doctrina sobre la Ley de Amnistía ya declaró inconstitucional el artículo 1.1 de la norma por la diferenciación que establecía entre quienes apoyaron y quienes se opusieron al procés.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este martes por unanimidad mantener la orden de detención nacional que pesa contra el expresident catalán Carles Puigdemont.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que la corte de garantías, en línea con el criterio de la Fiscalía, ha rechazado la solicitud cautelar planteada por la defensa del expresident de levantar la orden de detención nacional, en tanto en cuanto el Constitucional resuelve el recurso de amparo que presentó contra la decisión del alto tribunal de no aplicarle la amnistía.

Del mismo modo, el Pleno ha desestimado una petición similar formulada por los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig que, junto a Puigdemont, también están huidos de la Justicia española.

La orden dictada por el magistrado instructor del Supremo Pablo Llarena frena el regreso a España a Puigdemont y, de hecho, uno de los principales argumentos del Constitucional, a partir de una ponencia de la magistrada progresista Laura Diez, es no desautorizar la actuación del juez Llarena y evitar actuaciones que puedan avanzar hacia un sentido del fallo. 

Pero, además, no atiende el principal argumento del expresident al dejar claro que la constitucionalidad de la Ley de Amnistía no implica que se tengan que alzar ya las medidas cautelares.

Puigdemont solicitó el pasado noviembre al Tribunal Constitucional la suspensión inmediata de las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión formuladas contra él y pidió que esta suspensión se mantenga hasta que el Tribunal dicte una sentencia firme.

En su escrito, la defensa del Puigdemont hacía referencia a las conclusiones del abogado general sobre la Ley de Amnistía, que afirman que es plenamente compatible con el Derecho de la Unión. Recordaba, además, que la norma ha sido declarada constitucional por el TC, por lo que "no puede ser privada de eficacia práctica por la persistencia de medidas penales restrictivas". "La fase cautelar no puede convertirse en un instrumento para reabrir indirectamente un debate constitucional ya cerrado", subraya el escrito.

Por tanto, entendía que el pronunciamiento del abogado general, unido a la declaración de constitucionalidad de la ley, "elimina cualquier fundamento jurídico para mantener viva una orden de detención mientras se tramita el amparo".

"Mantener tales medidas en este contexto supondría un sacrificio desproporcionado e innecesario, incompatible con los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima injerencia que rigen en esta fase", advierte.

Tras un 2025 convulso, con la convalidación el pasado junio de la ley de amnistía y mientras avanzan las múltiples cuestiones de inconstitucionalidad y recursos de amparo asociados a esa misma norma, el Tribunal Constitucional vive, desde hace semanas, un período de tregua y tranquilidad lejos de los furibundos ataques a los que PP, Vox y la judicatura más conservadora han sometido al órgano de garantías –en especial, a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y la mayoría progresista actual– durante la tramitación del recurso de inconstitucionalidad del PP.

Los intentos de socavar la legitimidad de una institución en cuya composición participan los tres poderes del Estado y los principales partidos y sensibilidades ideológicas representados en cada uno de ellos –y que hasta 2023 estuvo dominado por los conservadores– han cesado a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decida sobre el encaje de la disposición del perdón en los tratados y el resto del derecho comunitario.

En los asuntos pendientes, el recurso de amparo de Carles Puigdemont y los del resto de líderes independentistas condenados y procesados contra la polémica decisión del Supremo de no aplicarles la amnistía, serán, previsiblemente, los casos más polémicos a tratar en los primeros meses del año. La mayoría progresista y los cinco magistrados conservadores han rebajado su nivel de enfrentamiento y, de común acuerdo, han rechazado las medidas cautelares planteadas por el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva, que reclamaban que, antes de tomar una decisión definitiva, el tribunal dejara sin efecto sus respectivas penas de inhabilitación. También han desestimado la petición de Puigdemont de dejar sin efecto su orden de detención que impide su regreso a España sin ser detenido.

Las decisiones de fondo no se adoptarán, según fuentes del tribunal, hasta que se pronuncie el tribunal de Luxemburgo sobre las cuestiones prejudiciales contra la amnistía presentadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. El abogado general de la UE, cuyo parecer acoge el tribunal europeo en la mayoría de ocasiones, dio un fuerte revés a las tesis conservadoras y aseguró el pasado 13 de noviembre que la amnistía no afecta a la normativa europea sobre terrorismo. En cuanto a su abanico de efectos, aseguró que es aplicable también a la malversación –en contra de lo que sostuvo el Supremo con un retorcido argumento sobre el lucro–, como reclaman los procesados y condenados.

En contra de lo que sostiene el PP, el Supremo y los magistrados del sector conservador, el alto funcionario europeo defiende que los gastos con los que se financió el proceso no afectaron a los intereses financieros de la UE. El abogado general también rechazó el argumento del PP de que fuera una autoamnistía y centró la aprobación de la ley en un "procedimiento parlamentario regular tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista" para "dar respuesta a una situación excepcional".

Si el TJUE sigue finalmente el criterio del abogado general también en este caso, el Constitucional no tendrá ya ningún obstáculo para decidir sobre el amparo de los líderes del procés. Fuentes del órgano de garantías creen que sus peticiones saldrán adelante –con toda probabilidad tras otro debate muy bronco y un festival de votos particulares– por lo que con toda probabilidad se levantarán definitivamente las penas a los condenados y decaerán las órdenes de detención contra los exdirigentes huidos, Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín.

Esperar al pronunciamiento europeo tiene, además, una segunda ventaja. Porque, en principio, impediría al Supremo o a cualquier otro tribunal que tuviera que aplicar las sentencias de amparo y aplicar la ley presentar una nueva cuestión en Luxemburgo durante la ejecución de las mismas. Cuestionar al TC después de que pronuncie sobre un caso es algo que ya ha hecho la Audiencia de Sevilla en el caso de los ERE. El Constitucional anuló las sentencias y ordenó a ese tribunal rebajar las penas de los expresidentes andaluces Chaves y Griñán, así como de otros consejeros condenados. La Audiencia se negó a hacerlo y recurrió a esa fórmula, la cuestión prejudicial, para desobedecer su fallo.

Más allá de los últimos coletazos del procés, al Constitucional también llegará próximamente el recurso de amparo anunciado por el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra la polémica sentencia que lo inhabilitó –en un proceso sin prueba directa y con serias dudas sobre sus garantías procesales– por desmentir el bulo difundido por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de que el Ministerio Público hubiera orquestado una operación de Estado contra su pareja, el comisionista Alberto González Amador, procesado por dos delitos fiscales, falsedad documental, corrupción en los negocios y administración desleal. La Fiscalía ha presentado este miércoles un incidente de nulidad contra la sentencia del Supremo que, previsiblemente, será rechazada. Pero la vía al Constitucional quedará ya abierta a partir de ese momento.

Este 2026 que empieza es, además, el año en el que al Constitucional le toca afrontar la renovación parcial de cuatro de sus magistrados. Se trata de los cuatro designados por el Senado, que acaban de cumplir su mandato de nueve años. La Cámara tendrá que buscar a los sustitutos del actual presidente, Conde-Pumpido, de la también progresista María Luisa Balaguer, y de los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías (este es muy probable que sea renovado al haber sido nombrado en 2024). El presidente, Pedro Rollán, ya ha iniciado el trámite al solicitar a los parlamentos autonómicos que presenten a sus candidatos, pero el PP, en pleno momento de debilidad del Gobierno de Sánchez por el caso Ábalos y las denuncias de acoso sexual, ya ha anunciado que, por el momento, no piensa negociar nada con el PSOE.

Tradicionalmente PSOE y PP se han repartido en ambas Cámaras los nombramientos –dos para cada uno– al no alcanzar en ninguna los tres quintos de votos necesarios para sacarlos adelante. Al partido de Feijóo, que cuenta ahora con mayoría absoluta de senadores, y sus aliados naturales (UPN y Vox) les faltan únicamente 11 votos para poder designar a los cuatro nuevos magistrados por sí mismos, sin recurrir por primera vez en democracia a los socialistas.

Es más que previsible que el principal partido de la oposición mantenga el bloqueo –como hizo durante más de cinco años en el Poder Judicial– a la espera de que Sánchez se vea obligado a convocar elecciones. En ese escenario, la victoria del PP y el previsible ascenso de Vox que vaticinan todas las encuestas, podría poner en manos del PP la posibilidad de nombrar, por sí mismo o con la ultraderecha, los cuatro nuevos jueces constitucionales, lo que supondría un vuelco inédito en el reparto de mayorías en el tribunal, en el que los conservadores volverían a ser mayoría, algo que no se esperaba hasta 2032.

La tentación es grande, porque si la aspiración del PP se cumple, derecha y ultraderecha acumularán una de las mayores cuotas de poder desde la dictadura. Controlarán los tres poderes del Estado –Gobierno, Cortes y Judicatura–. Pero también el Constitucional. El árbitro que actúa entre ellos.

La ruptura de Junts con el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido un efecto balsámico sobre el Tribunal Constitucional. El órgano de garantías ha dejado de sufrir presiones de unos y otros para decidir cuanto antes los recursos e impugnaciones pendientes relacionados con la ley de amnistía. El tribunal, que avaló el pasado junio la constitucionalidad de la norma, no tiene previsto resolver sobre el fondo de los recursos de amparo de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de los líderes del procés hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), algo que se espera para enero. Una resolución que estime el encaje de la ley de amnistía en el ordenamiento europeo cerraría la puerta a nuevas cuestiones prejudiciales procedentes de tribunales españoles al ejecutar los hipotéticos amparos a Puigdemont y al resto de dirigentes condenados y procesados a los que el Supremo no aplicó la norma.

El último acto del aluvión de recursos, cuestiones y amparos planteados se produjo este martes. Los magistrados retiraron del orden del día del Pleno las peticiones de que se dejaran sin efecto las penas de inhabilitación del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. Los ponentes de las resoluciones, el presidente Cándido Conde-Pumpido (progresista) y los conservadores José María Macías y César Tolosa coincidieron en oponerse a la medida cautelar solicitada por los dirigentes del procés condenados, aunque con distintos argumentos. Con la retirada del asunto se busca coordinar los razonamientos para denegar las cuatro peticiones que sí apoyaba el Abogado del Estado. Se da por seguro que el resto de magistrados votarán en el mismo sentido.

El retraso en la resolución de esas medidas cautelares permite, además, al tribunal, ganar tiempo de cara a la próxima resolución por el TJUE de las dos cuestiones prejudiciales contra la ley planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. El informe del abogado general de la UE, presentado el pasado 13 de noviembre, fue muy favorable a las tesis del Gobierno al sostener que la ley de amnistía no afecta a los intereses financieros de la UE ni tampoco a la directiva europea sobre terrorismo. Si, como se da en la inmensa mayoría de casos, la resolución final del tribunal europeo sigue el criterio del abogado general, el Constitucional tendría manos libres para estimar los recursos de amparo de los cargos independentistas contra la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación.

El fondo de esos recursos no es la constitucionalidad de la norma, algo ya confirmado por el tribunal, sino que tiene que ver con derechos fundamentales que suponen garantías básicas del proceso, como el derecho a la legalidad penal (que se aplique la disposición prevista al caso, es decir la ley de amnistía) o la retroactividad de las disposiciones sancionadoras más favorables (la ley de amnistía lo es). La Sala de lo Penal del Supremo, en una decisión muy cuestionada, decidió no aplicar esa ley al delito de malversación al considerar –en contra de lo que establece su propio texto, la intención reflejada en su exposición de motivos y la de los grupos políticos que la apoyaron–, que los condenados y procesados se habían enriquecido personalmente al dedicar fondos públicos al procés. Tras meses de debates y polémicas parlamentarias, sus magistrados fueron, probablemente, los únicos que no entendieron o no quisieron entender cuál era la finalidad de la amnistía.

Pese al rechazo casi unánime a dejar sin efecto de manera cautelar las penas de inhabilitación en este momento –las derivadas, precisamente, de la condena por malversación– hasta que haya sentencia sobre el fondo del asunto, en el Constitucional se da por seguro que la mayoría progresista sacará adelante las resoluciones que estimen los recursos de amparo. Esas sentencias, que declararán previsiblemente que las garantías básicas de los condenados y procesados fueron vulneradas nada menos que por la máxima instancia penal española, obligarán al Supremo, esta vez sí, a amnistiar los delitos de Puigdemont y el resto de exconsellers.

Esperar al TJUE tiene, además, otra ventaja más para el Constitucional. Tras las resoluciones que rebajaron las penas de la pieza política de los ERE –entre ellas las de Manuel Chaves y José Antonio Griñán– la Audiencia de Sevilla, que tenía que redactar nuevas sentencias, decidió no acatar los amparos concedidos por el Constitucional y cuestionarlos en Luxemburgo. La cuestión prejudicial, planteada después de que la reclamara el PP e inspirada por los votos particulares de los magistrados del TC a propuesta de ese mismo partido, no parece que tenga mucho recorrido, aunque sí puede retrasar la resolución definitiva de esos casos. Esperar al TJUE en el caso de la amnistía podría acabar con la tentación del Supremo de ejecutar una maniobra semejante para combatir un futuro amparo a Puigdemont que le permitiría volver a España sin riesgo de ser encarcelado.

El Tribunal Constitucional (TC) ha retirado in extremis del orden del día del Pleno que comienza este martes las peticiones del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull de que se suspendan las penas de inhabilitación a las que han sido condenados, según recoge EFE.

Fuentes jurídicas confirman a EFE la noticia, adelantada por La Razón, de que el tribunal no abordará los borradores de los ponentes -el presidente Cándido Conde-Pumpido y los magistrados José María Macías y César Tolosa- coincidentes todos ellos en rechazar la suspensión cautelar que pedían los líderes del procés.

El motivo de esta retirada in extremis es para unificar la respuesta que se de a los cuatro casos, que son idénticos, con el fin de alcanzar la unanimidad en la votación que previsiblemente rechazará acceder a la medida cautelar de suspensión de la pena.

De esta forma, se dará tiempo para así llevar nuevamente los borradores al último pleno del año que se prevé que arranque el próximo día 16 para ya sí proceder a su votación.

El pasado 11 de febrero, el TC admitió a trámite los recursos de Junqueras, Bassa y Romeva contra la decisión del Supremo de no aplicarles el perdón por el 'procés'. Y el 28 de abril hizo lo mismo con el del exconseller y secretario general de Junts Jordi Turull.

Todos ellos siguen inhabilitados para ejercer cargo público y solicitaron en sus escritos que esta pena se les suspenda de forma cautelar, por lo que el tribunal abrió una pieza de medidas cautelares para oír a las partes. Junqueras y Bassa cumplen 13 años de inhabilitación, hasta 2031, y Romeva y Turull 12 años, hasta 2030.

Los borradores rechazan acceder a la suspensión cautelar atendiendo a la naturaleza de la pena y la duración de la misma y, en el caso de Junqueras, porque podría suponer "una grave perturbación del interés general" ante el riesgo de que ocupe un cargo público justo aprovechando el momento en que no esté inhabilitado.

Todos ellos coinciden con la tesis de la Fiscalía que aboga por "denegar la suspensión de la pena de inhabilitación absoluta interesada" por los líderes independentistas del procés.

Dice la Fiscalía que "la concesión de la suspensión de la condena que resta por cumplir de la pena de inhabilitación absoluta a los recurrentes supondría, por tanto, una anticipación del fallo del amparo y de sus efectos pues exigiría tanto como pronunciarse sobre la aplicación de la Ley orgánica de amnistía y su eventual estimación, que no corresponde hacer en esta pieza de suspensión".

El Supremo resolvió no amnistiar el delito de malversación por el que Junqueras, Romeva, Turull y Bassa fueron condenados al concluir que los líderes independentistas obtuvieron un beneficio personal de carácter patrimonial con el 'procés' y que los gastos del 1-O habían causado un perjuicio a las finanzas europeas.

El expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha solicitado este lunes al Tribunal Constitucional (TC) la suspensión inmediata de las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión formuladas contra él y pide que esta suspensión se mantenga hasta que el Tribunal dicte una sentencia firme, según informa EFE.

En un escrito dirigido al Pleno del TC al que ha tenido acceso EFE, la defensa del Puigdemont hace referencia a las conclusiones del Abogado General sobre la Ley de Amnistía, que afirman que es plenamente compatible con el Derecho de la Unión.

Recuerda, además, que la norma ha sido declarada constitucional por el TC, por lo que "no puede ser privada de eficacia práctica por la persistencia de medidas penales restrictivas". "La fase cautelar no puede convertirse en un instrumento para reabrir indirectamente un debate constitucional ya cerrado", subraya el escrito.

Por tanto, la defensa del expresidente catalán argumenta que el pronunciamiento del Abogado General, unido a la declaración de constitucionalidad de la ley, "elimina cualquier fundamento jurídico para mantener viva una orden de detención mientras se tramita el amparo".

Advierte de que la ejecución de las órdenes de detención produciría "un perjuicio irreparable" y afectaría "de modo irreversible a la libertad personal, a la participación política del recurrente, al ejercicio de su mandato representativo y a su libertad de circulación".

En este sentido, señala que una eventual sentencia estimatoria no podría reparar plenamente los efectos de una privación de libertad ejecutada antes de resolver el fondo del recurso, lo que privaría al amparo de su finalidad constitucional.

Detalla que durante años, Puigdemont ha visto limitada su libertad de movimiento y su actividad institucional por órdenes de detención cuya validez ha sido jurídicamente desactivada por la Ley de Amnistía y confirmada tanto por este Tribunal como por el estándar europeo. 

"Mantener tales medidas en este contexto supondría un sacrificio desproporcionado e innecesario, incompatible con los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima injerencia que rigen en esta fase", advierte.

Por tanto, señala que la suspensión cautelar solicitada no sólo resulta procedente, sino jurídicamente obligada para garantizar la efectividad del recurso de amparo y evitar la lesión irreversible de los derechos fundamentales del recurrente. 

Por todo ello, pide "la suspensión inmediata de las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión" y que se mantenga hasta que este Tribunal dicte sentencia firme, así como la comunicación inmediata de la suspensión a los órganos judiciales y policiales competentes, nacionales y europeos, para garantizar la paralización total de cualquier actuación dirigida a ejecutar las órdenes impugnadas.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado de "victoria rotunda" el informe de conclusiones del abogado general de la Unión Europea sobre la ley de amnistía porque dice "con toda claridad" que la norma "es conforme a derecho europeo" y ha expresado la satisfacción del Gobierno.

"Victoria rotunda", ha dicho Bolaños en declaraciones en el Congreso tras la publicación de las conclusiones del abogado general de la Unión Europea, Dean Spielmann, en las que defiende que la ley de amnistía no es una "autoamnistía", es aplicable tanto a los delitos de malversación como a los de terrorismo de los que han sido acusados los miembros de los CDR, y que los gastos del proceso independentista de 2017 no afectaron a los intereses financieros de la UE.

El ministro ha recordado que las conclusiones no son vinculantes para el Tribunal de Justicia de la UE, pero ha precisado en que en la mayor parte de los temas "siempre van de la mano el Tribunal con el abogado general".

"Ya dijimos que la ley amnistía era constitucional y era conforme al derecho europeo y el tiempo nos está dando la razón", ha añadido.

Además, el ministro ha destacado que el abogado "desmiente por completo" la "falsedad tantas veces repetida de la autoamnistía".

El Gobierno espera ahora, según ha dicho Bolaños, que el TJUE ratifique esta interpretación del abogado general.

"La ley de amnistía ya ha cumplido su objetivo político, ya existe normalización política social este institucional en Cataluña, ya está garantizada la convivencia en Cataluña y por tanto, el objetivo político de esa ley ya está funcionando", ha agregado.

Asimismo, ha considerado que las conclusiones del abogado general "es un paso más" en la aplicación de la amnistía a todos los líderes del 'procés' al tiempo que ha defendido que se aplique a todos ellos, "en particular a sus líderes más significados".

Preguntado además por la reacción de la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien ha dicho que el informe supone que la ley de amnistía vulneró el Estado de derecho, el ministro ha recomendado a la diputada del PP que se lo lea.

“Se debería hablar menos de cambios horarios y empezar a hablar de la hora del cambio”. La frase que le dijo la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la pasada sesión de control en el Congreso sigue retumbando con fuerza en el tablero político nacional. Un nuevo aviso, con el interrogante de hasta qué punto es una amenaza real.

El próximo lunes el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha convocado una reunión con la cúpula de su partido para afrontar la situación actual y no se descarta ningún tipo de decisión. La cúpula baraja convocar a sus militantes a una consulta interna sobre su apoyo a Pedro Sánchez. Los posconvergentes se encuentran en una especie de callejón sin salida, presionados por el trasvase permanente de votantes, según las encuestas, a Aliança Catalana y por el embotellamiento judicial que hace que el expresidente no pueda acogerse a la ley de amnistía.

Asimismo, en Junts no han logrado sacar adelante el traspaso de competencias en materia de migración, pactado con el PSOE (fue tumbado por PP, Vox y Podemos). Y presionan estos días a los socialistas para conseguir algún triunfo, que podría pasar por sus peticiones respecto a normas relativas a la multirreincidencia y a las ocupaciones, aspectos que consideran clave para su electorado. Otra de sus frustraciones es que la UE no ha aprobado aún la petición de que el catalán sea lengua oficial en las instituciones comunitarias.

El Gobierno en estos momentos trata de actuar en dos sentidos. Por un lado, quiere restablecer los puentes de manera discreta, como suele hacerse a través de las reuniones en Suiza entre el PSOE y Junts, pero también está lanzando un aviso muy directo a los posconvergentes: la alternativa solamente pasa por un Ejecutivo del Partido Popular y de Vox.

Este mensaje lo hizo el propio presidente del Gobierno en una intervención por la mañana el jueves ante los periodistas en Bruselas, a donde se trasladó para participar en la reunión del Consejo Europeo. Sánchez remarcó: “Sabe Junts que estamos cumpliendo con todos esos acuerdos, aunque evidentemente hay algunos que no dependen en exclusiva del Gobierno o de los grupos parlamentarios que lo sustentan”.

Para, acto seguido, hacer esta reflexión dedicada a Puigdemont: “Hay una cuestión, hablando de cambio, indiscutible. Puede haber cambios para avanzar o cambios para involucionar. Para regresar, no una hora como decía la portavoz de Junts, sino cincuenta años atrás. Hoy es indiscutible que a Cataluña y a España les sienta bien este Gobierno de coalición, que ha propiciado un cambio para bien desde 2018, de avance y no de involución, como plantean PP y Vox”.

El recado del presidente va en la línea de que un Gobierno del PP y de Vox supondría una afrenta directa para Cataluña. Y, además, como señalan varias fuentes socialistas, Junts tendría también un problema muy grave entre el electorado catalán si se alinea con la derecha y la ultraderecha para dejar paso a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal al frente del Palacio de la Moncloa. Dentro del Gobierno se habla de que Junts ha tratado de hacer “un juego de palabras” y una “teatralización”, por lo que rebajan la situación y sostienen que no se trata de un ultimátum.

Por la noche, tras revelarse la idea de una posible consulta entre los militantes de Junts, Sánchez se volvió a pronunciar con la idea de que el Ejecutivo está cumpliendo todos los compromisos que están en su mano y de que tendrá una reunión con Puigdemont "cuando toque".

Fuentes socialistas al tanto de los contactos con los posconvergentes hacen este análisis: “Siempre, en nuestra relación con Junts, lo que mejor ha funcionado es la discreción en las conversaciones y la claridad y transparencia en los acuerdos. Creemos que esta metodología ha traído importantes acercamientos y acuerdos, y vamos a seguir así. Somos conscientes de la complejidad de este Congreso, pero en estos dos años han salido adelante importantes leyes que benefician a todos”.

Nogueras respondió a Sánchez en una entrevista en Al rojo vivo, donde dijo que “llega un momento en el que la paciencia deja de ser una virtud”. “Es el momento de tomar decisiones. Se ha convocado para el lunes una reunión de la dirección ejecutiva en Perpiñán, que será quien tome las decisiones que tenga que tomar”, añadió.

Asimismo, la líder posconvergente en la Cámara Baja aseveró: “Hace meses ya le dijimos a Sánchez que la prórroga no duraría toda la legislatura. Está claro que el momento de ultimátums ha terminado y que el PSOE no ha sabido aprovecharlo”. Sobre la posibilidad de que su partido se abra a una moción de censura, contestó: “Esta decisión la va a tomar la dirección ejecutiva”.

En esta situación de cuerda tensionada se mira también a Sumar, que ha tenido choques bruscos con Junts a raíz de la negativa de los independentistas a apoyar el proyecto de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó que lo que quiere ahora el partido de Puigdemont es “mostrar una posición de fuerza” y remarcó que el Ejecutivo va a dialogar de manera permanente para aguantar la legislatura. 

Los populares miran de nuevo con incredulidad de nuevo el movimiento de Junts y creen que a Puigdemont le interesa seguir “chantajeando” a Sánchez. Pero, no obstante, fuentes populares trasladaron al hilo de las palabras de Nogueras: “Si quieren moción de censura, aquí estamos, podemos hablar”.

Este choque entre Junts y el PSOE llega en un momento clave de la legislatura, cuando el Ministerio de Hacienda trata de armar una nueva mayoría de cara a los presupuestos generales. El Ejecutivo todavía no ha presentado ni la senda de déficit, pero no tira la toalla para sacar las cuentas públicas. No obstante, el mensaje que sale de la Moncloa y de Ferraz es que aguantará hasta 2027, aunque la Cámara Baja tumbe esas cuentas.

Pero esta fotografía no es creíble para el PNV, uno de los socios clave para sostener a la coalición. El presidente de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, advirtió de que le parece “muy difícil” que la legislatura llegue a 2027 si no hay presupuestos y no descartó “nada”, incluyendo que haya elecciones generales ya el año que viene.

Termina una de esas semanas intensas en las que la velocidad de estos tiempos marcados por la ansiedad tecnológica dificulta la gestión de los asuntos que van surgiendo y el análisis certero de su relevancia. Confieso que agota (y acojona) la posibilidad de confundir lo urgente con lo importante o la anécdota con el hecho relevante. 

Hemos venido asistiendo a un vendaval originado en el mundo de la cultura que ha tenido ramificaciones políticas (por una vez, al contrario del circuito habitual). Todo porque el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero –colaborador y miembro de la Sociedad de Amigos de infoLibre–), respondió a una pregunta sobre sus relaciones con el máximo responsable de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, recordando un par de datos perfectamente contrastados: el primero, Luis, es poeta, filólogo y catedrático de Literatura, y el segundo es catedrático de Derecho Administrativo y con despacho de abogados especializado en relaciones crematísticas con las grandes empresas del IBEX. (Tan cierto como que, en su día, Muñoz Machado estuvo implicado en el llamado caso Telecinco y, aunque salió finalmente absuelto, la lectura del sumario deja bastante claro a qué se dedicaba el hoy encargado de velar por la limpieza y esplendor de nuestro idioma).

A cualquiera que le conozca lo suficiente, no puede sorprenderle que Luis García Montero diga exactamente lo que piensa, sin florituras diplomáticas por lo general exigibles a cualquier responsable de un cargo público con ambiciones políticas (lean hoy en estas mismas páginas su irónica reflexión sobre lo ocurrido). Lo que confieso que sigue provocándome cierta perplejidad (infinita ingenuidad la mía) es el desparpajo con el que se pone en marcha la maquinaria del fango en este país. A la vista de lo que escuchamos en las sesiones de control del Congreso, que un poeta se dirija a un administrativista llamándole por su nombre y añadiendo su dedicación, sin un solo insulto por medio, no debería llamar apenas la atención –más allá de la oportunidad de la cosa en vísperas de un Congreso Internacional de la Lengua–. Pues no. Enseguida se respondió a una declaración espontánea con un solemne (y presunto) comunicado oficial de la Academia y, sin solución de continuidad, una retahíla de infamias lanzadas por algún académico senil, un escritor de bestsellers sufriente por el reconocimiento literario que no obtiene –pese a sus grandes ventas–, y ciertos iletrados tan calumniadores como desmemoriados. (Parece mentira que algún experiodista autoconvencido de que podía saltarse todas las normas de un ente público como el Cervantes, incluida la edad de jubilación, sin apenas pisar la sede que dirigía, aún se atreva a ensuciar desde pseudomedios falsariamente “objetivos” el nombre de quien decidió resolver el disparate heredado sin echarlo a los públicos leones). 

Al fondo de todo este ruido lo que se cuece es precisamente el guiso de la sucesión de Muñoz Machado al frente de la RAE. No puede contar con los dos tercios de apoyos que necesita para revalidar mandato por tercera vez, y ahí aparece el incombustible Juan Luis Cebrián, que a sus ochenta años mantiene intacta su adicción enfermiza al poder, si no es mediático será cultural –siempre arropado por sus contactos en el mundo de las altas finanzas–. Disparar con dinero ajeno es una de sus habilidades más contrastadas. Circular en coche de empresa, y con asistente que vigile su peinado, es una costumbre arraigada a la que no está dispuesto a renunciar. La tropa de aduladores se ha lanzado a la tarea. 

En este nuestro querido país, funcionamientos mafiosos hay en sectores tan variados como la política, la cultura o la judicatura. Así que pasamos de la perplejidad al estupor. Ese es el término empleado por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del caso Ábalos-Koldo-Cerdán, para expresar su “natural estupor” por el hecho de que el exministro José Luis Ábalos se enfrente en el mismo día a un posible encarcelamiento por la mañana y siga disfrutando por la tarde de las prerrogativas que conlleva su acta de diputado. Dicho de otra forma, el juez Puente no ve elementos suficientes para encarcelar a Ábalos –aunque ganas no le falten ni las disimule– pero se permite indicar al poder legislativo la necesidad de reformar su Reglamento para impedir que un investigado por delitos de corrupción mantenga sus privilegios parlamentarios aunque no haya auto de procesamiento ni, por supuesto, sentencia (ver aquí). No estupor, pero cierta perplejidad causa el hecho de que Ábalos y Koldo sigan en libertad y Cerdán lleve más de tres meses encarcelado, habiendo formado los tres –presuntamente– un entramado criminal con las tareas delictivas repartidas.

Sobran los motivos para sentir estupor ante la “piel fina” que desde ámbitos judiciales se muestra desde 2018 cada vez que surge una crítica a sus actuaciones procedente de la política. Se envuelven en el pilar democrático de la separación de poderes como Pujol se envolvía en la bandera catalana si alguien osaba criticar sus exigencias nacionalistas o como Aznar elevaba un banderón de la rojigualda en Colón que demostrara quién la tiene más larga en cuestiones de (falso) patriotismo. Pero ellos, ciertos jueces y magistrados que se creen elegidos por un poder divino para “salvar España” de esta panda de rojos peligrosos e independentistas alocados, se regodean en autos que no resistirían el menor examen de apariencia de imparcialidad a la que están obligados ni, muchísimo menos, el respeto que Montesquieu exigía a los togados respecto al Ejecutivo y el Legislativo. Han decidido que la separación de poderes solo se concibe contra cualquier injerencia política en decisiones judiciales, nunca contra las descaradas injerencias que algunos magistrados –con especial persistencia desde la Sala Segunda del Supremo que hasta hace poco presidía Manuel Marchena, predestinado en su día a controlar esa sala para el PP “desde detrás”, Cosidó dixit– practican sobre el poder Legislativo y el Ejecutivo, sin complejos.

El juez Puente, sufridor del citado “estupor”, es precisamente el autor de la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Supremo contra la ley de amnistía, en la que calificaba en al menos diez ocasiones el procés de “golpe de Estado”, pese a que la propia sentencia del alto tribunal que condenó a los principales líderes independentistas desechó tal definición, del mismo modo que descartó el delito de rebelión. Da igual. Marchena y Puente comparten la “insumisión” del Supremo contra la amnistía aprobada por el Parlamento, reinventando la interpretación del delito de malversación con una mirada tan creativa y forzada que la magistrada Ana Ferrer, autora del voto particular discrepante de aquel auto memorable, tuvo que expresar algo así: “oigan, que yo firmé la sentencia del procés, estuve en todos los debates previos y jamás nadie mencionó esa interpretación de la malversación” (ver aquí). Se trataba de boicotear la aplicación de la ley de amnistía aprobada por la mayoría parlamentaria. Y de momento lo consiguen.

Como consiguieron, de la mano (¡oh, sorpresa!) de Manuel Marchena, alterar la composición del Congreso expulsando al entonces diputado de Podemos Alberto Rodríguez bajo una acusación de violencia en una protesta popular que quedó finalmente en una multa de 540 euros. El TC estableció tres años después que aquella sentencia había vulnerado el derecho fundamental del diputado y que jamás debió ser expulsado de la Cámara, decisión que tomó la entonces presidenta Meritxell Batet ante las amenazas de Marchena de consecuencias penales si no procedía a la suspensión de Rodríguez. “Natural estupor” debería haber producido tamaño disparate en la injerencia del poder judicial en el Legislativo. 

Por no citar la retahíla de ofensas, insultos y presiones expresadas por distintos togados contra el Gobierno legítimo presidido por Pedro Sánchez. Se diría que Ricardo Conde, Promotor de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (llamado coloquialmente Inquisidor para aportarle una temida autoridad que no ejerce) trabaja menos que Santiago Abascal. Para qué, si ni siquiera la presidenta del Consejo, Isabel Perelló –elegida en su día como nombre de consenso después de cinco años largos de INCONSTITUCIONAL bloqueo del órgano por parte de la derecha–, ha dado signo alguno de salirse de esa falsa equidistancia que siempre se inclina al lado diestro sin disimulo, tanto en la justicia como en la política o el periodismo. Perelló se ha puesto muy solemne cuando algún magistrado se considera afectado por declaraciones políticas, pero jamás ha movido una ceja ante los atropellos constantes al poder legislativo que se cometen por togados que incluso se permiten manifestarse contra el Gobierno a las puertas de sus juzgados. No sólo quieren decidir cómo se resuelve la crisis constitucional que se vivió en Cataluña, sino también qué reformas son admisibles y cuáles no acerca del acceso a la carrera judicial. 

Llegamos de nuevo al punto del que, desgraciadamente, no hay (de momento) conciencia colectiva en este nuestro querido país. Hay gente muy significada en la política, en la justicia, en los poderes económicos, incluso en las instituciones culturales, que no acepta de ningún modo que haya “rojos” al frente de los asuntos públicos, elegidos o nombrados de forma legítima. Consideran que España viene siendo un cortijo en el que mandan los que tienen que mandar, por más que les incordie la obligación de pasar por las urnas cada cuatro años o la de respetar la separación de poderes en la que se basa la democracia. Si hay que saltarse esas mínimas reglas, se saltan. 

Lo dicho, de la perplejidad al estupor. 

El "natural estupor" del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente por la paradoja de que uno de sus imputados en el caso Koldo, el exministro de Transportes José Luis Ábalos, pueda seguir ocupando en el Congreso un escaño pese a los graves indicios de criminalidad que se ciernen sobre él, y su sugerencia a la Cámara para que reforme su Reglamento para evitarlo ha provocado las quejas de la presidencia del órgano legislativo y de la mayoría de los grupos representados en él. Se trata de una apreciación meramente política que, más allá de que pueda comprometer la imparcialidad del propio instructor del caso, que excede de sus funciones para entrar en las del Poder Legislativo. A los jueces no les corresponde pronunciarse en sus resoluciones sobre la pertinencia de las leyes, sino únicamente aplicarlas a los casos concretos que les compete enjuiciar. "Que se presente a las elecciones", le dijeron desde el Parlamento.

La extralimitación de Puente, según fuentes judiciales, es contraria al artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prohíbe a los jueces "dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o Corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos". Se trata de una conducta que, en los casos más trascendentes, puede constituir una falta disciplinaria grave recogida en el artículo 418.2. Porque, en este caso, no hablamos de manifestaciones públicas que se hagan en un evento o durante una conferencia, sino en una resolución dictada durante la instrucción de un proceso, es decir, en pleno ejercicio del poder que cada juez y magistrado ejerce individualmente con su trabajo diario, el Judicial.

El esquema básico de funciones de cada poder del Estado en un régimen democrático está claro desde que Montesquieu lo teorizara en el siglo XVIII. El Legislativo, conformado por el Parlamento, es el que hace las leyes. El Ejecutivo recibe ese nombre porque ejecuta las leyes que hacen las Cámaras legislativas y ejerce la acción de gobierno. El Judicial, el único que no cuenta con una legitimidad democrática (se la otorgan la Constitución y las leyes), interpreta y aplica esas normas a los casos concretos y controla la legalidad de los actos de los integrantes de los otros dos poderes y también del suyo.

Eso no quiere decir que desde la magistratura no quepa una comunicación con el Gobierno o las Cortes. Esa comunicación existe, aunque está muy tasada en la ley. El Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, analiza y redacta informes sobre todos los proyectos de ley que tengan que ver con la organización o funcionamiento del sistema judicial y cuando las Cortes o el Gobierno se lo piden. Lo mismo ocurre en Fiscalía con el Consejo Fiscal. En este caso, además, el fiscal general del Estado tiene el deber de informar al Ejecutivo y a las Cámaras en su memoria anual de las reformas legales que, a su entender, deberían llevarse a cabo.

En los casos concretos, el Código Penal establece en su artículo 4 otras dos excepciones que permiten a los jueces dirigirse al Gobierno. El primero es cuando el juez o tribunal se encuentre ante una acción reprochable que no está penada. En ese caso debe abstenerse de actuar contra sus autores pero puede informar al Gobierno de las razones por las que estima que esa conducta debería ser objeto de sanción penal. También puede hacerlo en el caso contrario, es decir, cuando la ley penal le obligue a condenar pero, a juicio del juez o tribunal, la conducta no debiera ser sancionable o el condenado, atendiendo a las circunstancias del caso, mereciera un indulto que solo el Ejecutivo puede decretar.

Los jueces y magistrados, especialmente los pertenecientes a los sectores y colectivos más conservadores, denuncian permanentemente la vulneración de la separación de poderes cuando desde el Ejecutivo o el Legislativo se cuestionan sus decisiones. Sin embargo, las intromisiones de los propios jueces en las funciones de los otros dos poderes del Estado apenas merecen reproche del estamento judicial. Y algunas de esas intromisiones han tenido una especial gravedad.

El Poder Judicial ejercido por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha servido, por ejemplo, para alterar, mediante una sentencia inconstitucional, la composición del Congreso, es decir, del Legislativo. Hablamos del caso de Alberto Rodríguez, el exdiputado de Podemos que fue suspendido después de que el Alto Tribunal le impusiera una multa de 540 euros por una supuesta agresión a un policía durante una manifestación en La Laguna (Tenerife). El Constitucional dijo tres años después que la sentencia había vulnerado el derecho fundamental a la legalidad penal del representante, que jamás debió ser expulsado de la Cámara. Dio igual que le dieran la razón, porque su salida ya se había producido y se habían celebrado nuevas elecciones.

La condena imponía al diputado una pena de un mes y 15 días de prisión que, como obliga el Código Penal con todas las inferiores a tres meses, se sustituyó por una multa. Los magistrados del Supremo, sin embargo, entendieron que dicha sustitución no afectaba a la pena de inhabilitación que conllevaba la prisión y el presidente de la Sala, Manuel Marchena, conminó a la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a suspender a Rodríguez pese a sus dudas sobre si debía hacerlo. El tribunal de garantías, cuando ya no había forma de restituirlo en el cargo, aseguró que las multas, al ser penas menos graves, jamás llevan aparejada la inhabilitación.

Otro de los ataques a la separación de poderes que se ha producido últimamente es la negativa del Supremo a aplicar la ley de amnistía a los líderes perseguidos y condenados por el proceso independentista catalán. Toda España asistió durante meses a las negociaciones sobre la investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones del 23 de julio de 2023. Junts impuso como condición una ley de amnistía para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el resto de personas perseguidas por el proceso independentista. La letra de la ley, aprobada al año siguiente, su intención, proclamada en su exposición de motivos, y la del Legislativo, expresada durante su tramitación eran inequívocas para todos. Salvo para la Sala de lo Penal del Supremo, que se negó a aplicarla.

Jueces y tribunales no pueden dejar de aplicar una ley. Pero si dudan sobre su encaje en la Constitución, sí pueden cuestionarla ante el TC. A ese mecanismo perfectamente legítimo también recurrió el Supremo al impugnar la norma ante el tribunal de garantías, aunque su resolución advertía de que no albergaba ninguna duda de su inconstitucionalidad. Quien la redactó fue, precisamente, Leopoldo Puente, el instructor del caso Koldo, que también en ese texto entró en terreno pantanoso con esta resolución apoyada por otros cuatro compañeros.

La cuestión enviada al TC entraba a valorar el acuerdo político que llevó a la aprobación de la ley en las Cortes y lo denostaba al considerar que su finalidad era la investidura de Pedro Sánchez y que parte de los que votaron a favor lo hicieron para favorecer a los líderes de sus partidos, en clara referencia a Junts y ERC. Puente y sus compañeros de Sala también cuestionaron que su finalidad fuera superar el conflicto y alcanzar la normalidad democrática en Catalunya, un fin para el que consideraban la ley "inidónea" porque las fuerzas independentistas no habían pedido perdón ni se habían comprometido a no reincidir con otro procés. En suma, el Supremo analizó la oportunidad política de aprobar la disposición del perdón en lugar de ceñirse únicamente a su texto concreto.

Los tres primeros días del pasado julio, cientos de jueces secundaron una huelga. Algunos se manifestaron a las puertas de sus órganos judiciales con sus togas puestas. Lo hicieron convocados por tres asociaciones judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) que aseguran que defienden la "separación de poderes" para oponerse a cualquier iniciativa del Gobierno de izquierdas.

Sin embargo, el objetivo de esa protesta fue presionar al Poder Ejecutivo y al Legislativo para que retiraran o no apoyaran las principales iniciativas judiciales del Gabinete de Pedro Sánchez, como la democratización del sistema de acceso a la carrera o la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que refuerza su autonomía y le entrega la instrucción de las causas penales, algo que ya hace en el resto de Europa.

La huelga fue declarada ilegal por el CGPJ, que la dio por no convocada, aunque dio igual porque muchos miembros de la carrera la secundaron pese a la ausencia de una autoridad que fijara servicios mínimos, sin que nadie (salvo ellos mismos) pudiera juzgar sus excesos reivindicativos y, por supuesto, sin que nadie fuera a restarles de su sueldo mensual la parte correspondiente a los días de movilización, como a cualquier trabajador o funcionario.

Lo hicieron, según dijeron, en defensa de la separación de poderes y pese a que su órgano de gobierno, el CGPJ, había aprobado previamente y por unanimidad de conservadores y progresistas los informes que avalaban –con la introducción de algunas modificaciones– las iniciativas legislativas gubernamentales en las que no encontraron ninguna tacha de inconstitucionalidad. Los que deben garantizar con su trabajo la vigencia de la ley y la Constitución ejerciendo el Poder Judicial recurrieron a una vía ilegal –la huelga– para inmiscuirse en las funciones de los otros dos poderes del Estado sin ninguna consecuencia.

El elemento central de la cuestión de inconstitucionalidad –el instrumento por el que los jueces y tribunales pueden preguntar al Constitucional sobre el encaje de la ley que deben aplicar en la norma fundamental– es la duda. Pero en la cuestión planteada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el 24 de julio de 2024 no existía ninguna inquietud jurídica entre sus miembros. Por eso, la sentencia del tribunal de garantías que este miércoles ha desestimado casi en su total integridad la impugnación elaborada por la más alta instancia penal en España, tiene tanta relevancia. Frente a la "absoluta convicción" del Supremo sobre la inconstitucionalidad de la norma, el Constitucional la rechaza en los mismos términos con los que rechazó en junio el recurso de inconstitucionalidad planteado por el PP.

Los términos en que el Supremo planteó su cuestión hace más de un año, recogían términos especialmente gruesos. Sus magistrados afirmaron, por ejemplo, que la ley de amnistía "repugna al derecho constitucional a la igualdad ante la ley, resultando por entero arbitrarias las razones para justificar el trato absolutamente discriminatorio que la norma impone". En otro de los pasajes mostraba cierta soberbia al asegurar los miembros del Alto Tribunal: “No presentamos una duda, en el genuino sentido del término, interesando que la misma pueda ser despejada. Tenemos la absoluta convicción de que la norma cuestionada vulnera, al menos, los preceptos constitucionales que se dirán. Diferente, –y plenamente razonable en la estructura constitucional cuya protección a todos nos concierne–, es que nuestro criterio, correcto o errado, no resulte decisivo. Es en exclusiva al Tribunal Constitucional a quien corresponde pronunciarse con eficacia al respecto”.

Pues bien, el Tribunal Constitucional, con los votos a favor de la mayoría progresista –los cuatro magistrados del sector conservador han anunciado un voto particular–, ha rebatido uno a uno todos los supuestos motivos de inconstitucionalidad esgrimidos por el Supremo, que llegó a hablar del procés en términos de "golpe de Estado". Como el pasado junio, el órgano de garantías ha admitido una sola pega, la misma que admitió al resolver el recurso de inconstitucionalidad del PP en junio. Que, en el ámbito de aplicación de la ley, el repertorio de conductas amnistiables debe abarcar también todas las infracciones penales que se hubieran podido cometer no solo a favor del proceso independentista, sino también en contra de las consultas.

 Como entonces, los magistrados del TC concluyen que ese repertorio de infracciones conduce a “una consecuencia manifiestamente desigualitaria, pues deja fuera de la amnistía a un grupo de personas que, desde el punto de vista de la causa y finalidad legitimadora de la ley de amnistía, es perfectamente equiparable al que resulta incluido”. Esa razón fue la que llevó a los miembros del tribunal a declarar que dicho precepto vulneraba el principio de igualdad y que por tanto era inconstitucional. “En la medida en que esta inconstitucionalidad no se encuentra en lo que la norma establece sino en lo que omite”, el TC no declaró la nulidad del precepto, sino que estableció que “las disposiciones de la ley [de amnistía] han de entenderse aplicables, con las mismas condiciones, límites y requisitos que sus normas establecen, a quienes realizaron los actos amnistiables con la finalidad de oponerse a la secesión o independencia de Cataluña o a la celebración de las referidas consultas”.

Se trata del primer choque de trenes entre Supremo y Constitucional sobre la ley del perdón en Cataluña (previamente ya colisionaron sobre el caso de los ERE de Andalucía). El siguiente se producirá, previsiblemente, al resolver los recursos de amparo presentados por Carles Puigdemont y el resto de líderes independentistas condenados y procesados contra la decisión de la Sala que juzgó el procés de no aplicarles la amnistía. Este martes, el tribunal de garantías ha admitido a trámite los recursos del expresident y de los consejeros Toni Comín y Lluís Puig contra la decisión más polémica tomada por la Sala Segunda del TS: la de no aplicarles la ley de amnistía saltándose las reglas básicas de interpretación del derecho que establece nuestro ordenamiento.

Las leyes, según el artículo 3 del Código Civil, deben interpretarse de acuerdo a su literalidad y teniendo en cuenta la voluntad de la norma (expresada en su exposición de motivos) y la del Parlamento. Solo la Sala presidida por Manuel Marchena fue capaz de interpretar la ley de manera contrafáctica, como advirtió una de sus magistradas –la progresista Ana Ferrer– en un voto particular, para negarse a perdonar a las personas que, previamente, había perseguido y condenado.

I.- En un alarde de imaginación político-teórica, el permanente candidato a la presidencia del gobierno Sr. Núñez Feijóo ha desvelado, al fin, los elementos básicos de su programa cuando llegue –si es que llega– a la cabeza del gobierno. Realizar una limpieza, en la acepción de cepillarse la mayoría de las leyes aprobadas a lo largo de las dos últimas legislaturas, según parece unos centenares. No ha desvelado, todavía, cuáles vayan a ser las víctimas de tal razia contrarreformista. Sin embargo, no ha podido evitar la tentación de anunciar, a bombo y platillo, que las primeras que caerán serán obviamente la Ley de Amnistía y la Ley de Memoria Democrática. Obviedad por otra parte harto significativa conociendo a los personajes, pues no deja de ser curioso que sean las dos normas que la ultraderecha de Vox odia con especial inquina. Hasta tal punto es maldecida la memoria democrática, que cuando el partido ultra ha tenido parte en los gobiernos autonómicos, la primera condición que ha puesto ha sido la derogación de la referida ley en la autonomía en cuestión. Empresa francamente complicada si se cae en la cuenta de que se trata de una ley estatal, aprobada por el Parlamento de la nación, sobre la que no tienen competencia las autonomías. A no ser que el Sr. Núñez Feijóo nos esté anunciando que cuando llegue a la Moncloa –si es que llega– devolverá los cadáveres del dictador Franco y de José Antonio Primo de Rivera al “Valle de los Caídos”; o los restos de los desenterrados de las fosas comunes o de las cunetas a los mismos lugares donde fueron encontrados y, por qué no, restituir los antiguos nombres de los “héroes” de la dictadura a las calles y plazas de la sufrida España, volviendo a declarar hijo adoptivo,  predilecto o ciudadano de honor al “invicto” Caudillo en un mogollón de pueblos y ciudades de la piel de toro. Incluso a lo mejor se les ocurre volver a declarar legales y conforme a derecho a las miles de sentencias con las que nos condenaron los tribunales de la dictadura, ya fuesen militares, el Tribunal de Orden Público o el Supremo, en su larga trayectoria de aberraciones jurídicas. Pues todo lo anterior forma parte, entre otros, del contenido de la Ley de Memoria Democrática, que con tanta ansia y rapidez se quiere derogar. 

II.- Sin embargo, lo más preocupante es saber por qué la derecha, incluida la que se considera democrática, manifiesta esa animadversión a una ley que lo único que pretende es recuperar la memoria de la democracia, es decir, lo que significó la dictadura, en todos los órdenes, sus consecuencias y lo que costó acabar con ella. Por ejemplo, en Francia, Italia o Alemania sería inimaginable que la derecha democrática se opusiera a que se conociera lo que supuso la lucha contra el fascismo, o que se honrara a los que lucharon por la libertad. En una ocasión, un expresidente de la derecha francesa, durante su mandato, estableció que en todas las escuelas de Francia, al inicio del curso escolar, se leyera la carta que un joven resistente comunista escribió a su madre antes de ser fusilado. ¿Ustedes se imaginan algo parecido aquí, en los mandatos de Aznar o Rajoy? La única explicación lógica que se me ocurre es que la actual derecha española –cómo ya señalé hace más de 20 años– no se ha sentido nunca identificada con la lucha por la libertad y la democracia. Considero que tal actitud es un error, pues sectores del centro derecha de entonces –democristianos, liberales, etc.– formaron parte de una manera u otra de la oposición a la dictadura, participaron en los organismos de unidad democrática y ya antes sufrieron la represión cuando organizaron lo que el franquismo llamó el Contubernio de Münich. Lo triste del caso es que la actual derecha no es la heredera de la que forjó, junto con las izquierdas, la llamada Transición, sino que son los sucesores de la Alianza Popular que lideraron Fraga Iribarne y los llamados “siete magníficos” ministros de Franco. Y esta mala fortuna es lo que explica muchas cosas que sólo dejo apuntadas, entre otras que no apoyaran la amnistía de 1977 –símbolo de la reconciliación nacional–, ni han tenido el más mínimo interés en que se conociera lo que aconteció durante la dictadura.

III.- En cuanto a la amnistía, a los que participaron del llamado procés, creo que fui una de las primeras personas ajenas al nacionalismo que sostuvo públicamente en TVE que, en mi opinión, era acorde con la Constitución, pues los argumentos que se esgrimían en contra no eran atendibles desde ese punto de vista. Al final, así ha sido, y el Tribunal Constitucional, competente para dilucidar estas cuestiones, ha resuelto que la ley es conforme a la Ley de Leyes. No obstante, el líder de la oposición anuncia que la derogará en cuanto llegue al gobierno –si es que llega–. Imagino que se refiere a una posible mayoría parlamentaria que surja de las próximas elecciones, pues que yo sepa ni el presidente ni el gobierno en pleno tienen facultades para derogar una ley. Lo que viene a decirnos en realidad el presidente del PP –aviso a navegantes– es que sólo concibe gobernar con Vox, ya que barrunto que ningún otro grupo o partido del arco parlamentario estaría dispuesto a derogar una ley que han votado a favor. No se entiende muy bien esa propuesta a no ser la de ser fieles a la tradición de la derecha radical de oponerse a las amnistías –ya lo hicieron en el 77–, con la excepción de las fiscales, de las que parecen ser aficionados. De otra parte, resulta un tanto torpe anunciar tal propósito, cuando sería más inteligente dejar puertas abiertas cara al futuro –acuerdos con Junts, etc.–, salvo que la decisión de atarse a Vox sí o sí ya esté tomada.

IV.- Ahora ha surgido el peregrino argumento recogido por un abogado español de la Comisión Europea, nombrado por el PP, de que la amnistía declarada constitucional es ilegal o no válida porque se trataría de una “autoamnistía”. Hay que ver las cosas que hay que oír y en boca de juristas o políticos de tronío. Porque no sé si han caído en la cuenta de que las amnistías, salvo raras excepciones, son siempre autoamnistías. La mayor autoamnistía de todas fue, en el caso de España, la de 1977, en la que se amnistió a víctimas y victimarios por un Parlamento en el que estaban representadas las víctimas y los victimarios, mientras que en el caso actual, los “autoamnistiados” serían una exigua minoría. Todavía hay quien sostiene que la izquierda no debería descartar el apoyar en el futuro la investidura de la derecha, dando por hecho erróneamente que ganarán las próximas elecciones, con el fin de evitar a los ultras. Como si esto fuera Alemania y no viéramos el resultado, para la izquierda, en el país germánico. En fin, cuantas menos inconveniencias se digan y propongan, mejor.

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Nicolás Sartorius es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas.

Mientras ocupó su puesto de asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez recibió cumplidamente cada mes su salario correspondiente procedente de las partidas presupuestarias de Presidencia del Gobierno. Ni un euro más ni uno menos. Lo que le correspondía según su categoría. El hecho de que su labor se centrara en "la gestión de la agenda, del correo o en dar soporte de seguridad y protocolo" a la esposa del presidente, las actividades que consideran lícitas el juez Juan Carlos Peinado y la sección 23 de la Audiencia de Madrid, o mandara correos electrónicos relacionados con el trabajo de su jefa en la Universidad Complutense, no conllevaron ningún perjuicio para los fondos públicos. Tampoco un enriquecimiento para ninguna de las dos. Sin embargo, el instructor de la causa contra Begoña Gómez no ha dudado en procesarla junto a esta por un delito de malversación pese a que, en su auto de este miércoles, no desarrolla ninguna de las conductas de las imputadas que, en teoría, llenarían los elementos del delito.

La debilidad probatoria de la tesis de Peinado es palmaria. Su procesamiento y transformación en un procedimiento de jurado popular se basa en los correos intercambiados por Álvarez con el exvicerrector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio, el centro donde estaba la cátedra en la que trabajaba Begoña Gómez. O el enviado a una directiva de Reale Seguros para solicitar que continuara como patrocinadora de los cursos que impartía, algo que, según sostuvo la Audiencia de Madrid en junio y replicó este miércoles Peinado, "excede claramente de sus funciones", las de la asistente. Ni el instructor ni la Audiencia pueden plantearse que Álvarez pudiera haber hecho esas gestiones en pleno uso de su libertad –porque le dio la gana– o en virtud de su amistad con la esposa de Sánchez. Podría, incluso, sostener que no lo hizo como asesora, sino a título estrictamente privado. Pero nadie pone en duda que ni ella ni Gómez metieron la mano en la caja.

El auto de Peinado que procesa a ambas y también al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, sostiene –también parafraseando a la sección 23 de la Audiencia de Madrid– que, tanto Álvarez como Gómez tienen la condición de funcionarias públicas "a efectos penales". En el caso de la antigua asesora es indudable que lo fue –en Presidencia– mientras ocupó ese puesto de confianza junto a la esposa de Sánchez, pero en el de Gómez, lo deriva de su cargo en la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Complutense. Desde esa posición en el centro educativo no se explica cómo pudo valerse de ella para malversar recursos de Moncloa. Álvarez, en principio, sí estaba en el sitio idóneo para poder cometer el delito que se le imputa, pero lo único que hizo fue cobrar su sueldo.

Begoña Gómez no es una excepción. Todas las esposas de presidentes del Gobierno de la democracia han tenido asistentes para sus asuntos personales. Los tuvieron Ana Botella, la mujer de José María Aznar, y Elvira Rodríguez, la de Mariano Rajoy (en el caso de esta última lo fue durante dos años el actual diputado del PP Jaime de los Santos, que acompañaba a Rodríguez incluso a sus compras de ropa). Rajoy llegó a alojar a su padre, muy mayor y dependiente, en Moncloa abonando sus cuidados con fondos públicos. Pese a que fue denunciado por ello ante el Tribunal Supremo, nadie lo imputó por malversación.

La interpretación creativa de este delito no es solo patrimonio de Peinado en el caso Begoña Gómez. La Sala Segunda del Tribunal Supremo también retorció esta misma infracción para dejar de aplicar la ley de amnistía a las malversaciones por las que había procesado o condenado a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y al resto de los líderes del procés. El alto tribunal, en una resolución de la que fue ponente el que fuera presidente de esa Sala, el conservador Manuel Marchena, los magistrados se negaron a aplicar una ley legítimamente aprobada por el Parlamento y plenamente constitucional, obviando el tenor literal de su articulado, los objetivos que perseguía según su exposición de motivos y la intención declarada de los grupos políticos que la apoyaron –el ruido político y mediático duró meses– de que la norma perdonara la malversación de las personas a las que el Supremo no la aplicó. La más alta instancia penal española era la única institución que desconoció cuál era el propósito concreto de esa disposición.

La argucia de la Sala motivó un duro voto particular de uno de sus miembros, la magistrada progresista Ana Ferrer, que acusó a Marchena y al resto de sus compañeros de "moverse en el terreno de la ficción jurídica" y la "entelequia". También importantes reproches de la academia. La ley contenía en el catálogo de delitos a amnistiar el de malversación pero siempre que no hubiera habido "propósito de enriquecimiento". Después aclaraba que, a efectos de la norma, no existía enriquecimiento si, mediante el delito cometido, el procesado o condenado no había tenido "el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial". La malversación del proces consistió, no en robar fondos públicos, sino en dedicarlos a un fin ilícito como fueron las consultas de 2014 y 2017. Para evitar amnistiarla, Marchena y otros tres magistrados tuvieron que inventarse ese "beneficio personal de carácter patrimonial". Y lo hicieron al considerar que antes de dedicar dinero del erario público a los referéndums, los condenados y procesados se lo habían apropiado.

El voto particular de Ferrer no solo denunció esa interpretación creativa, sino que también advirtió de infracciones básicas cometidas por Marchena y sus compañeros con esa decisión. Como la vulneración para los procesados y condenados en el juicio del procés del derecho fundamental a que se les aplicara retroactivamente la ley más favorable, en este caso la de la amnistía. También el derecho a la legalidad penal (la norma establecía una amnistía para ese delito que no se aplicó) y las más elementales normas de interpretación del derecho contenidas en el artículo 3 del Código Civil y conocidas por cualquier estudiante en los primeros años del grado en Derecho: "Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas". Los afectados han recurrido en amparo al Constitucional que, previsiblemente, dará la vuelta a esa resolución en un nuevo varapalo al Supremo.

Desde que se celebró el congreso del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo trata de presentarse ante la opinión pública como el próximo inquilino de La Moncloa. Aunque no hay garantías de que eso vaya a ocurrir —más allá de las tendencias que marcan las encuestas— porque no hay convocadas elecciones y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue marcando el año 2027 como horizonte electoral, el líder del PP ya está adelantando pantallas.

Tras el cónclave del PP aseguró que su "compromiso" era gobernar en solitario, es decir, sin Vox dentro del Ejecutivo. Y ahora ha dado la orden a su núcleo duro de preparar la "abolición" de las "leyes sanchistas" si llega al cargo. Normas como la ley de memoria democrática, la de vivienda, la ley trans, la de amnistía o la reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ‘ley mordaza’, que sin embargo aún no se ha aprobado en la Cámara Baja.

El líder del PP también se compromete a revertir el acuerdo sobre financiación refrendado entre el Gobierno y la Generalitat para Cataluña hace escasas semanas en caso de que llegue a materializarse. Una posibilidad ahora en el aire no solo por la oposición de la derecha española sino también de la independentista. El programa derogatorio del PP incluye incluso cambiar el Código Penal para reforzar el delito de sedición, de manera que no haya dudas a la hora de aplicarlo a comportamientos como el protagonizado por los independentistas durante el procés. Y volver a igualar todas las penas de corrupción: las que supongan enriquecimiento personal y las que no.

Así lo anunció la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, la pasada semana en una rueda de prensa, en la que aseguró que Feijóo derogará "todas las leyes" puestas en marcha por el Ejecutivo de Sánchez que "rompen con la igualdad de los españoles" durante sus cien primeros días de gobierno. Sin embargo, ni Fúnez ni el PP mencionaron algunas de las normas que Feijóo aseguró que iba a derogar tras llegar a la presidencia del partido en el año 2022 como la ley del aborto, la de eutanasia o la de educación.

Vox comparte el objetivo de Feijóo de borrar todas las normas que han salido del Congreso desde que Sánchez gobierna, incluidas las tres citadas anteriormente. Las considera "ideológicas" su eliminación es, para los de Santiago Abascal, un compromiso irrenunciable. El PP, por el momento, evita detallar cuáles reformará, un matiz importante porque puede condicionar los acuerdos con la extrema derecha en el futuro.

El resultado de la ley de vivienda, que el Ejecutivo de Sánchez aprobó la legislatura pasada, ha provocado la huida de los propietarios, la pérdida de rentabilidad en la gestión de sus inmuebles y, por lo tanto, la reducción de oferta del alquiler, lo que ha encarecido los precios según la lógica del PP. Argumentos que no se sostienen ya que ninguna autonomía, a excepción de Cataluña, ha aplicado esta norma. Precisamente en la autonomía liderada por el socialista Salvador Illa un estudio concluyó que los controles del alquiler bajaron precios y no se redujo la oferta. Pero tal y como está diseñada la norma, las comunidades autónomas son las encargadas de declarar las zonas de precios tensionados, es decir, el instrumento que permite aplicar la regulación de precios, y ninguna de las gobernadas por el Partido Popular lo ha hecho ni tiene previsto hacerlo.

Tras las elecciones autonómicas, la memoria se convirtió en pieza de caza mayor de la llamada guerra cultural. Y tanto Vox como el PP pusieron en marcha el desmontaje de toda la normativa autonómica de protección a las víctimas del franquismo. Una ofensiva reaccionaria que, acabó por dibujar una doble realidad en los territorios controlados por el PP. Así, mientras que en comunidades como Andalucía, Extremadura o Castilla y León las leyes de memoria sobreviven, en otras como Aragón, Baleares, Comunitat Valenciana o Cantabria han sido eliminadas o sustituidas por normas que llegan a equiparar la dictadura franquista con el periodo democrático de la Segunda República.

Desde que se aprobó la ley de amnistía y después de las manifestaciones convocadas en contra de la norma, el PP se comprometió a eliminar la norma de olvido jurídico si llega a la Moncloa. Una derogación que, sin embargo, no sería más que un brindis al sol con mucho simbolismo pero nulos efectos prácticos. Algo de lo que son conscientes en las filas conservadoras tal y como admitió recientemente su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz. "La ley de amnistía es de facto inderogable pues en la jurisdicción penal opera el principio de irretroactividad de las leyes desfavorables al reo", explicitaba en su cuenta de X. Será imposible revertirla, aunque se derogue en un futuro. A esto se le suma que el Tribunal Constitucional ha avalado recientemente la norma, una decisión que sin embargo no ha impedido al PP seguir calificando la iniciativa de "ilegal".

Feijóo también se comprometió a "regular los derechos del colectivo trans", tras llegar al cargo de presidente del PP, pero no a través de la actual ley. Entre los argumentos de repudia, aseguró que "es mucho más fácil cambiarse legalmente de sexo que aprobar la selectividad o que sacarse el carnet de conducir", sencillamente yendo "al Registro a plantearlo, decir que a partir de mañana soy una señora o un señor". También cargó contra los tratamientos hormonales y las operaciones quirúrgicas en menores, a pesar de que la norma estatal nada dice al respecto, salvo para eliminar la obligación de pasar por dos años de hormonación como requisito para acceder al cambio registral. Los conservadores la recurrieron ante el Tribunal Constitucional, que todavía no se ha pronunciado, una estrategia que el PP también empleó en el pasado con normas como la del matrimonio igualitario, hace casi dos décadas, que después el Ejecutivo de Mariano Rajoy no derogó.

Impulsada en medio de un clima de efervescencia social por el Gobierno de Mariano Rajoy, la derogación de la ley mordaza –o, al menos, de sus aspectos más dañinos– es una de las grandes promesas no culminadas de la izquierda. De hecho, la norma lleva más tiempo en vigor con la mayoría parlamentaria que aspira a limitarla que con aquella que hace ya una década la impulsó. Las diferencias respecto al alcance de las modificaciones han frustrado hasta el momento todos los intentos por rebajar el carácter lesivo de la ley. El último, el pasado año, cuando la falta de consenso en cuatro puntos hizo fracasar una reforma que ya estaba muy avanzada. Actualmente se está negociando entre el grupo parlamentario del PSOE y sus socios. De momento, no hay un texto concreto ni plazo para presentarla pese a que PSOE y Bildu alcanzaron un acuerdo en octubre del pasado año en torno a los aspectos que la hicieron descarrilar la pasada legislatura. Si esa reforma finalmente se aprueba esta legislatura, el PP asegura que la derogará.

Vacaciones parlamentarias. El Congreso mira ya hacia septiembre tras el fin del periodo de sesiones coincidiendo con el segundo aniversario de las elecciones del 23 de julio de 2023. Veinticuatro meses en las Cortes de auténtica adrenalina y con la sensación en muchas ocasiones de dificultad en las votaciones y de que puede caer la legislatura.

Pero esa imagen no se corresponde fielmente con los números de lo que pasa dentro del Hemiciclo cuando los diputados pulsan los botones. Y la luz verde es mucho más frecuente que la roja cuando se trata de iniciativas propuestas por el Gobierno o el grupo parlamentario que pilota Patxi López. Este martes en el último pleno antes de las vacaciones el Gobierno logró sacar adelante siete de los ocho puntos (sólo cayó el decreto antiapagones por los ‘noes’ del PP, Vox, Junts, Podemos, BNG y la Chunta).

De las 1.221 votaciones que ha habido en el Pleno del Congreso desde que arrancó la legislatura hasta este martes, el Gobierno y el PSOE han ganado 1.074 y sólo han perdido 147, según fuentes parlamentarias. De esta manera, el grupo parlamentario socialista se ha impuesto en el 88%.

A través de estas votaciones, el Gobierno y el PSOE han sacado adelante 42 leyes que ya están en el BOE y tres reformas del reglamento del Congreso. En estos momentos hay otra ley en tramitación en el Senado, la cámara de segunda lectura, sobre navegación aérea. Y hay 12 iniciativas legislativas en ponencia y otras 27 en diferentes fases de tramitación. En la actividad parlamentaria socialista contabilizan también que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido diez veces en estos dos años y ha contestado 87 preguntas en las sesiones de control.

Entre las leyes aprobadas en el Congreso y que ya están en el BOE, destacan, por ejemplo, la de paridad, la de enseñanzas artísticas, la del servicio público de justicia, la de agentes y bomberos forestales, la de desperdicio alimentario, la de impuestos complementarios a multinacionales, la de la Agencia de Salud Pública y la de antecedentes penales.

Asimismo, el Gobierno ha sacado adelante reales decretos ley como los relacionados para paliar los efectos de la guerra en Ucrania, los de ayudas para afectados por la dana, el encargado de mitigar las consecuencias de los aranceles de Donald Trump a las empresas españolas, el de suspensión de desahucios, el de ayudas para viajes de jóvenes y el de entregas a cuenta, que lleva aparejado una transferencia de más de 147.000 millones de euros a las comunidades en concepto de entregas a cuenta.

Con la firma impulsora del grupo parlamentario socialista, han visto ya la luz en el BOE durante esta legislatura leyes como la amnistía, la reforma de la ley del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la de la ELA y la destinada a prohibir asociaciones franquistas. Asimismo, el PSOE ha potenciado la aprobación del reglamento del Congreso que incluye sanciones para los acreditados como periodistas que no cumplan las normas.

A la vuelta del verano, el Gobierno tendrá varios frentes parlamentarios vitales políticamente. Uno de ellos es el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, que es la medida estrella impulsada por Yolanda Díaz durante esta legislatura y que todavía no tiene los votos amarrados. De hecho, el Gobierno retiró del orden del día del martes el debate de enmiendas a la totalidad de la norma para no sufrir una derrota. 

Asimismo, desde el PSOE se insiste en que en el próximo periodo de sesiones se quieren impulsar los dos proyectos relacionados con la regulación de los grupos de interés después de que haya irrumpido con fuerza el caso Montoro, una trama en la que supuestamente desde el Ministerio de Hacienda durante la época de Mariano Rajoy se hicieron leyes ad hoc para bajar los impuestos a empresas gasistas en plena crisis económica.

La gran incógnita parlamentaria es si el Gobierno tratará de aprobar unos nuevos presupuestos generales para el año que viene. Algunos de sus socios creen que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, debería lanzarse a la piscina y que cada grupo se retrate. El principal obstáculo en este momento para tratar de aprobar las cuentas, según fuentes socialistas, radica en la posición de Podemos. Los morados creen que la legislatura está en punto muerto y trasladan que no aprobarán unas cuentas que apuesten por el aumento en gasto militar (el Gobierno se ha comprometido con la OTAN a subir hasta el 2% del PIB).

El Ejecutivo tiene también a la vuelta del verano que desatascar algunas leyes que se encuentran en fase de ponencia, como es la derogación de la ley mordaza. Asimismo, están en esa fase de tramitación la Oficina de Derechos de Autor, la ley de economía social y la de fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal. Una situación en la que están también las leyes de familias, de entornos digitales, de equidad del Sistema Nacional de Salud y de la reforma de la LOREG (para regular las encuestas y los debates en las campañas electorales).

En el PSOE señalan que siempre la oposición trata de asociar al Gobierno a la inestabilidad, pero que los datos dan otra fotografía. El portavoz en el Congreso, Patxi López, reivindicó este miércoles en La hora de TVE que ya se han aprobado 42 leyes y decretos y hay 43 en marcha, señalando que es una de las legislaturas más “fructíferas”. “Ayer sacamos siete de ocho puntos. Parece que no valen para nada que no tribute el SMI, que haya una Agencia Pública de Salud o que se hagan las entregas a cuentas a comunidades autónomas destinadas a educación, sanidad y políticas sociales… Y no salió un decreto, pero quien perdió fue España, no el gobierno, porque contenía medidas para reforzar el sistema eléctrico y las energías renovables”.

Los Ejecutivos autonómicos gobernados por el Partido Popular ya han anunciado que llevarán ante los tribunales el acuerdo sobre financiación refrendado entre el Gobierno y la Generalitat para Cataluña en caso de que llegue a materializarse; una posibilidad ahora en el aire no solo por la oposición de la derecha española, sino también de la independentista e incluso de algunas formaciones como Compromís y la Chunta. El PP busca, además, exprimir al máximo lo que se presenta como una nueva batalla entre socialistas, ya que algunos barones como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, el asturiano Adrián Barbón o dirigentes territoriales como el extremeño Miguel Ángel Gallardo han rechazado el acuerdo, hasta el punto de plantearse ir también por la vía judicial.

La marcada oposición de todos los dirigentes autonómicos del PP, incluyendo a su líder en Cataluña, Alejandro Fernández –que ha llegado a asegurar que el objetivo con este acuerdo es "volver a activar el proceso separatista"–, contrasta con la posición del partido en el pasado sobre la financiación singular de Cataluña. Hasta el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reconoció que esa vía se podía plantear durante una conferencia en 2016, cuando era presidente de la Xunta. "No es fácil de explicar que a Cataluña no se le dé un concierto cuando lo tienen los vascos y los navarros. No digo yo que el concierto catalán no tenga razón en cuanto a la demanda, porque es verdad que lo tienen Euskadi y Navarra", señalaba, abriendo la puerta a debatir e incluso aceptar esa cuestión.

Lo que para el PP es ahora un acuerdo fruto "del chantaje" y de "la corrupción", ha rondado durante años en círculos populares e incluso formó parte del programa del PP catalán en las elecciones de 2012. "Desde el PP catalán trabajaremos para mejorar la financiación singular para Catalunya, basada en el principio de ordinalidad y con una solidaridad finalista", rezaba uno de los puntos. Es más, Alicia Sánchez-Camacho, durante su etapa al frente del PP catalán, llevó la idea también hasta Génova 13, aunque fue rechazada por María Dolores de Cospedal.

Lo cierto es que, más allá de escenificaciones, cuando el PP ha estado en el Gobierno ha llegado a acuerdos con la Generalitat catalana relacionados con la fiscalidad. El expresidente José María Aznar reformó aspectos esenciales de la financiación en una negociación bilateral con el entonces president catalán, Jordi Pujol (CiU), para llegar a La Moncloa tras las elecciones de 1996. Se acordó un nuevo modelo de financiación, que afectaba a todas las comunidades, en el que el PP y los nacionalistas daban "más autonomía" para definir sus ingresos: se cedió el 30% de recaudación del IRPF para los gobiernos regionales. Ese acuerdo también abrió la puerta a los impuestos cedidos de patrimonio, transmisiones patrimoniales, sucesiones y juego.

El PP, además, defiende el modelo vasco bajo el argumento de que la Constitución Española de 1978 reconoce esta singularidad de los dos territorios forales y de que les aporta mayor seguridad y competitividad frente a otras comunidades. Feijóo también ha cerrado filas con este modelo de financiación, si bien durante su etapa como presidente de la Xunta demandó en más de una ocasión más transparencia sobre el reparto. Otros de sus grandes defensores son el portavoz de la formación a nivel nacional, Borja Sémper, y el exportavoz del Senado Javier Maroto, ambos de Euskadi.

La financiación autonómica se convierte así en el enésimo estandarte judicial de Feijóo contra el Gobierno, aunque enarbolarlo contradiga sus propios planteamientos o, incluso, líneas de negociación previas del partido. Pero antes de esta hubo otras guerras, algunas de las cuales siguen abiertas.

El PP se opuso desde el primer momento a la amnistía. De hecho, fue su principal caballo de batalla contra el Ejecutivo de Sánchez, hasta el punto de convocar cinco manifestaciones en los meses posteriores a su aprobación. Las comunidades del PP anunciaron rápidamente que presentarían recursos contra la amnistía ante el Tribunal Constitucional (TC) y la sentencia por parte del órgano de garantías llegó hace solo unas semanas en forma de jarro de agua fría para los de Feijóo: avaló todos los aspectos nucleares de la ley y concluyó que la amnistía tenía encaje legal en nuestro ordenamiento jurídico.

Los conservadores argumentaban que suponía un retroceso en el Estado de derecho; que no respondía a intereses generales sino solo al particular de Pedro Sánchez de lograr la investidura como presidente y alegaban que tampoco existía ninguna circunstancia excepcional que justificara una amnistía en Cataluña. El TC, sin embargo, desmontó estos argumentos al rechazar que afecte al Estado de derecho y encuadrarla en "circunstancias excepcionales que no se pueden resolver con instrumentos ordinarios".

También presentaron un recurso contra el decreto-ley de la Generalitat de Cataluña de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico. Un recurso que solo hace unos meses el Constitucional tumbó, estimando que la norma regula por primera vez el régimen urbanístico de dicho tipo de viviendas en Cataluña, "no vulnera los límites formales ni materiales de la legislación de urgencia, y que es además conforme con la protección constitucional de la propiedad privada".

Lo cierto es que el boicot a la legislación estatal por parte del PP no es una novedad. En enero de este año el tribunal de garantías también echó por tierra la mayor parte del recurso que el PP presentó contra puntos clave de la ley de vivienda de 2023. Muchos de sus argumentos ya habían sido estudiados hace casi un año, cuando se desestimaron prácticamente todas las alegaciones de la Junta de Andalucía. Pero a principios de 2025 el TC avaló también las limitaciones a subir el alquiler en estas zonas cuando se negocia un nuevo contrato.

Asimismo, el PP llevó un recurso de amparo ante el Constitucional contra el acuerdo que tomó la Mesa de Edad de la Cámara catalana, cuando aceptó los votos delegados del líder de Junts, Carles Puigdemont, y del exconseller Lluís Puig en la sesión constitutiva del Parlament pese a no estar presentes. El tribunal falló a favor del PP, pero su decisión no alteró la composición de la Asamblea autónoma ni tuvo efectos retroactivos, en aras de "la seguridad jurídica". Sus votos no fueron decisivos, por lo que no afectaron al resultado ni, por tanto, a la composición del Parlament ni de la Mesa.

Fueron varios los diputados del PP del Parlamento de Cataluña que presentaron el recurso al considerar que se había "vulnerado el derecho de los recurrentes a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes”, vinculado directamente con “el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes”.

Feijóo también lideró la oposición de las comunidades del PP a la delegación a Cataluña de las competencias en materia migratoria como parte del acuerdo de Pedro Sánchez con Junts. Un acuerdo que implica que la Generalitat de Cataluña gestione integralmente los CIE, expida los NIE y despliegue a los Mossos en las fronteras en coordinación con la policía y la Guardia Civil.

A juicio del líder del PP, supone "desmantelar la seguridad nacional" lo que, a su juicio "es malo para todos los territorios". Los conservadores advirtieron también desde el primer momento de que presentarían recursos ante el TC en caso de que la norma, que todavía no ha visto la luz, se aprobara.

La Comisión Europea cuestionó este martes que la ley de amnistía "responda a un objetivo de interés general" en la vista que celebró este martes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar si los gastos del procés han puesto en riesgo a los intereses financieros de la UE, según informa EFE.

Una opinión que descartaron tanto el Gobierno de España, representada por la abogada general del Estado, Andrea Gavela, como los abogados de los 35 ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos los expresidente catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, cuyas responsabilidades contables está analizando el Tribunal de Cuentas.

Tras la vista, que duró aproximadamente cuatro horas, el abogado general de la UE, Dean Spielmann, no fijó todavía la fecha en la que emitirá su opinión sobre los términos en que deberá pronunciarse la sentencia del TJUE.

"No parece que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España", dijo el abogado de la Comisión Europea, Carlos Urraca, quien consideró, por tanto, que en realidad se trata de una autoamnistía.

Urraca evitó pronunciar esta palabra en la vista, pero sí hizo referencia al escrito que presentó en diciembre ante el TJUE, en el que alegó que los votos de los beneficiarios de la amnistía han sido necesarios para la aprobación de la ley. Un argumento que hizo suyo el abogado de Sociedad Civil Catalana, Juan Chapapría, pero que rechazó, por contra la abogada general del Estado.

Gavela recordó que el Tribunal Constitucional español ha avalado la ley de amnistía por considerar que "responde a un fin legítimo, explícito y razonable" de mejorar la situación política y social en Cataluña ateniendo así al interés general.

Un argumento en el que incidió el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye: "Las autoamnistías exoneran a los autores de grandes crímenes internacionales, impiden la investigación judicial, son dictadas por quienes se benefician de ello y carecen de control jurisdiccional efectivo. Nada de eso ocurre con la ley orgánica de amnistía".

"Esta ley nace en el seno de un procedimiento de reconocimiento mutuo entre las partes, un incipiente reconocimiento de legitimidades, reconocimiento del conflicto y búsqueda de la reparación y la reconciliación entre dos pueblos", continuó Boye, quien apuntó que toda norma "en todo Estado democrático es fruto de la negociación política si no se tiene mayoría absoluta".

Urraca añadió además que la ley de amnistía "ha ahondado en una división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el mundo judicial, en el mundo académico y en la sociedad española" y no ha respetado los plazos de la Comisión de Venecia "con el fin de lograr el objetivo invocado de la reconciliación".

El abogado de la Comisión añadió que "no parece que la disminución de la Renta Nacional Bruta de un Estado miembro provocada por una secesión ilegal y unilateral de una parte de su territorio constituya un perjuicio suficientemente directo para la protección de los intereses financieros de la Unión". En el sentido de que la aportación de España al presupuesto comunitario seguiría siendo proporcional a su peso económico.

No obstante, Urraca dijo que el Tribunal de Cuentas debe determinar si el origen del dinero con el que financió el procés provenía de los fondos de la UE y, en este sentido, consideró que el plazo de dos meses que la amnistía fija para aplicar la norma "podrían impedir" a los jueces "llevar a cabo dicho examen".

Urraca afirmó que según la legislación española, "los jueces que incumplen los plazos se arriesgan a incurrir en responsabilidades disciplinarias", una opinión que descartaron la abogacía general el Estado, los abogados de los demandados y el ministerio fiscal, asegurando que la práctica demuestra que en los procesos judiciales se incumplen los plazos.

El plazo de dos meses permite que el Tribunal de Cuentas pueda comprobar el origen de los fondos "sin ningún problema", aseguró el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo. "Creemos que se va a hacer justicia", dijo en declaraciones a la prensa presidente de Sociedad Civil Catalana, Alex Ramos, al término de la vista.