El pasado 2 de agosto, Radio France Internationale (RFI) dedicó su programa semanal de geopolítica al 90º aniversario del estallido de la Guerra Civil española. Sin embargo, ese programa fue aprovechado por uno de los invitados, Amalio de Marichalar, conde de Ripalda, para atacar al Gobierno, a Pedro Sánchez y a la izquierda española en general con bulos, desinformaciones y exageraciones.

Durante la emisión, la directora del programa llegó a referirse a Marichalar en dos ocasiones como “coordinador de la Asociación Española de Mujeres Juristas”. Sin embargo, el aristócrata no solo no ostenta ese cargo, sino que no tiene posibilidad alguna siquiera de formar parte de esa organización según sus propios estatutos. 

La confusión de Marie-France Chatin, que dirige el programa Géopolitique de RFI desde septiembre de 2008, no es de extrañar, ya que Marichalar utiliza el nombre de la asociación en casi todas las presentaciones públicas en las que participa. Un uso nada casual, ya que la AEMJ es una organización histórica con un pasado feminista en España. Por ello, funciona para maquillar las reivindicaciones de Marichalar como movimiento transversal o heterogéneo, insulso, quizás, feminista. La pregunta que cabe hacerse es si a la organización no le molesta que se haga este uso de su nombre. La respuesta se encuentra en el viraje que ha dado en los últimos años la AEMJ, que ha transitado a posiciones más conservadoras llegando incluso a relacionarse con Vox.

La Asociación Española de Mujeres Juristas (AEMJ) está presidida por Begoña Sainz de la Maza y Orrantia y la junta directiva la completan otras siete mujeres. Ningún hombre. Y en el organigrama no figura ninguna coordinación.

El hecho de que no aparezcan hombres en la junta se debe a la propia composición estatutaria de la asociación, ya que para formar parte de la organización se tiene que ser mujer licenciada en Derecho y ejercer como abogada, procuradora, magistrada, jueza, letrada de la Administración de Justicia o profesora universitaria. Marichalar, que no es jurista, no reúne ninguna de las dos condiciones exigidas. 

Aún así, Marichalar, de forma sistemática, invoca el nombre de esta asociación de forma explícita en sus alocuciones públicas. Por ejemplo, el 25 de septiembre de 2025, en su comparecencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en Bruselas —fue el único de los peticionarios españoles que acudió—, declaró que hablaba "en nombre de la Asociación Española de Mujeres Juristas". En la carta abierta remitida a Ursula von der Leyen, Roberta Metsola y António Costa escribió que lo hacía "como coordinador de De español a español por la Constitución y en nombre de la Asociación Española de Mujeres Juristas y de 30 asociaciones más". 

Y el patrón siempre es el mismo. Marichalar dice hablar en nombre de esta asociación y otras 30 adicionales. Pero la única que nombra de forma explícita es la AEMJ. Las demás, —entre las que se encuentran Espanya i Catalans, el Movimiento Resistencia Ferraz, el Círculo de Amigos de las Fuerzas Armadas de Jaén, Amigos de la Hispanidad y una veintena más—, quedan disueltas en una cifra. La única que pronuncia, y la primera que escribe, es la de las mujeres juristas.

La explicación parece clara. Ante una comisión parlamentaria europea, "hablo en nombre de treinta asociaciones de la sociedad civil" es una afirmación sin rostro; "hablo en nombre de la Asociación Española de Mujeres Juristas" aporta dos credenciales de golpe: la solvencia técnica de un colectivo de juristas con una trayectoria histórica y la legitimidad de una organización de mujeres. 

Por esta razón, el error de la directora del programa de RFI cobra importancia. En sus textos, Marichalar se atribuye la coordinación de una única plataforma —"De español a español por la Constitución"—, y dice actuar en nombre de las demás. Habla como portavoz. La emisora pública francesa convirtió ese "en nombre de" en un "coordinador de" que no existe en ningún documento ni siquiera en los que redacta él. Pero Marichalar tampoco desmintió a la periodista de RFI.

A pesar de todo, el pasado feminista de la asociación y su trayectoria histórica ha variado a lo largo de los años. La AEMJ se constituyó en julio de 1971, presidida por María Telo Núñez, a partir de una comisión de estudios nacida del consejo que la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas celebró en Madrid en 1969. En plena dictadura franquista, su objetivo era desmontar un Código Civil que “situaba a la mujer casada entre los menores, los locos o dementes y los sordomudos que no sabían leer ni escribir”. 

Telo y otras tres juristas lograron entrar en la Comisión General de Codificación, y sus trabajos desembocaron en la ley de 2 de mayo de 1975, que suprimió la obediencia al marido y la licencia marital. La asociación impulsó también el I Congreso Internacional de Mujeres Juristas, en Madrid, en diciembre de 1976.

Medio siglo después, el perfil es otro. Su blog institucional recoge el apoyo al decano del Colegio de la Abogacía de Madrid por su polémico papel en la causa contra el fiscal general del Estado, artículos que reprochan su silencio a "otros colectivos que dicen defender a las mujeres con presupuestos subvencionados" y, de forma recurrente, las cartas que Marichalar dirige a las instituciones europeas.

Pero este giro tiene una fotografía muy representativa. El 21 de marzo de 2024, la AEMJ organizó en el Casino Primitivo de Albacete el encuentro La amnistía a debate. ¿Es posible en un Estado de Derecho? Según la invitación difundida por la propia asociación, la conferencia correría “a cargo de Don Amalio de Marichalar, Conde de Ripalda". El acto estuvo moderado por la presidenta de la asociación e intervinieron el exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Javier Borrego, el magistrado del TSJ de Castilla-La Mancha y vicepresidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial Jaime Lozano, y el abogado del Estado y diputado constituyente Francisco Ruiz Risueño. 

El acto se presentó como un debate sobre la ley de amnistía, pero ninguna de las voces presentes se acercó siquiera a defender la constitucionalidad de la norma. En esa jornada, tan solo seis días después de que el Congreso publicara el dictamen de la proposición de ley —el 14 de marzo de 2024, casi tres meses antes de que la amnistía llegara al BOE—, Borrego desplegó ante el auditorio un rollo de papel higiénico con el texto de la norma impreso encima. 

Una imagen gráfica sobre la posición de los presentes que el mismo Borrego repetiría meses más tarde en unas jornadas organizadas por OKdiario, donde explicó que la idea se le había ocurrido precisamente en Albacete preparando el acto de la AEMJ.

Por si esta imagen dejara lugar a dudas, entre los invitados estaba el comité ejecutivo provincial de Vox en Albacete, que difundió su asistencia y las fotografías del acto en redes sociales, donde se puede ver sentado en primera fila a Marichalar y a la presidenta de la AEMJ moderando la mesa.

Esa es la asociación cuyo nombre encabeza las cartas que Marichalar envía a Bruselas. Una organización nacida para acabar con la discriminación jurídica de la mujer en el franquismo, que hoy convoca actos a cargo del conde de Ripalda e invita a ellos a directivos provinciales de Vox.

Dos años después de su entrada en vigor, la Ley de Amnistía empieza a desplegar sus efectos en el Supremo. La Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha aplicado en los últimos días la medida de gracia a más de una docena de condenados y acusados por desórdenes públicos y desobediencia. Lo ha hecho meses después de que el Constitucional diese el visto bueno a una norma contra la que se ha alzado buena parte de la judicatura –incluida su cúpula–. Y tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dando su aval al texto. Un movimiento del Supremo que, sin embargo, no anticipa el olvido penal inmediato para los líderes del procés, que aún están a la espera de que la corte de garantías les abra el camino.

Tras meses de trámites parlamentarios y de retoques por las trabas en distintas causas judiciales –fundamentalmente, el caso Tsunami y el caso Volhov–, la Ley de Amnistía entró en vigor el 11 de junio de 2024. Sin embargo, pronto se topó con la resistencia del Supremo. A las pocas semanas, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal y el instructor de la causa del 1-O –el magistrado Pablo Llarena– emitieron sendos autos en los que rechazaban que la malversación por la que fueron condenados los líderes del procés –y que aún persigue a los fugados– tuviera encaje en la norma. La ley permitía amnistiar dicha conducta si no había existido "propósito de enriquecimiento". Sin embargo, en este caso los magistrados consideraban que al desviar fondos para la consulta, los acusados habían obtenido un "beneficio personal de carácter patrimonial".

"Quienes eran ajenos al desempeño de funciones públicas aportaron cantidades que consideraron oportunas para hacer realidad lo que luego resultó un frustrado proyecto político. Pero todos sufrieron un decrecimiento de su patrimonio. Por el contrario, los responsables políticos que dispusieron de ingentes partidas presupuestarias para favorecer los mismos fines no vieron alterado su patrimonio en esas cuantías", argumentaban en una resolución que contó con el voto discrepante de la magistrada Ana Ferrer. No obstante, sí consideraban que el delito de desobediencia quedaba cubierto porque se abarcaba "en su integridad, sin matices, sin distinción". Y en la misma línea se pronunció en casos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad.

Pese a ese encaje jurídico, el Alto Tribunal no aplicó la amnistía automáticamente en todas esas causas. Consideraba que la norma vulneraba el derecho a la igualdad ante la ley y atentaba contra los principios de seguridad jurídica y proscripción de la arbitrariedad. Y, por ello, planteó una cuestión de inconstitucionalidad que volvió a poner todo en stand by. El Tribunal Constitucional, finalmente, avaló hace un año el encaje de la norma en la Ley Fundamental. Pero el Supremo decidió no mover ficha hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolviera las cuestiones prejudiciales impulsadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, en las que se planteaba un posible choque de la ley de amnistía con el derecho comunitario.

Luxemburgo rechazó formalmente a mediados de mes que la norma afectase a los intereses financieros de la Unión Europea o que menoscabara la directiva europea contra el terrorismo. Y una vez confirmado el fracaso en ambos frentes, al Alto Tribunal no le ha quedado más remedio que empezar a aplicar la medida de gracia. El Supremo ha declarado amnistiados en la última semana los actos cometidos por al menos una docena de personas. Es el caso, por ejemplo, de tres jóvenes que fueron condenados por desórdenes públicos a raíz de su participación en los disturbios de Barcelona o Girona tras darse a conocer la sentencia contra los líderes del procés por el referéndum del 1-O.

El Supremo, del mismo modo, ha declarado extinguida la responsabilidad penal de Maties Serracant, el ex alcalde de Sabadell condenado por desobediencia al facilitar la consulta independentista. Y lo mismo ha hecho respecto a ocho exmiembros de la Mesa del Parlament. Cuatro de ellos –Anna Simó, Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó– fueron castigados por haber permitido la tramitación de las normas sobre las que se apoyó el referéndum, y los otros cuatro –Josep Costa, Adriana Delgado, Roger Torrent y Eusebi Campdepadrós– por permitir, tras la sentencia del 1-O, que se impulsaran resoluciones relacionadas con la autodeterminación o que reprobaban a la monarquía. Un delito de desobediencia que también ha quedado borrado en el caso de Meritxell Serret, consellera en el Govern que promovió el 1-O.

El movimiento del Alto Tribunal solo se ha producido en causas juzgadas en instancias inferiores por desórdenes públicos y desobediencia que han llegado hasta su mesa vía recurso. Y no anticipa, por tanto, una amnistía inmediata para los líderes del procés. Previamente, el Constitucional deberá pronunciarse sobre los recursos de amparo de todos los dirigentes condenados y procesados, que previsiblemente serán estimados. El plan es abordar, en primer lugar, los de los ya condenados –el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull–, de forma que la doctrina que se genere se aplique por extensión a los huidos –el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig–.

La corte de garantías ya ha fijado el 22 de septiembre para abordar en Pleno el recurso de amparo de Turull. Como ponente del mismo se ha designado al magistrado conservador José María Macías. Dado que hasta ahora ha sido uno de los más críticos con la ley de amnistía, lo previsible es que proponga rechazar el recurso. Si la mayoría, por contra, considera que el mismo debería ser admitido, tendrá que nombrarse un nuevo ponente que elabore una resolución que recoja el sentir mayoritario. Por eso, en el Constitucional se da por hecho que las primeras resoluciones no llegarán hasta octubre. En teoría, solo con ellas, en caso de ser estimatorias, el Supremo debería aplicar la medida de gracia a todos los líderes del procés.

El Tribunal Supremo ha aplicado por primera vez la ley de amnistía a ocho acusados de delitos de desobediencia o de desórdenes públicos por actos relacionados con el 'procés' o con las protestas por la sentencia por la que fueron condenados sus responsables.

La Sala de lo Penal del Supremo ha adoptado esta decisión en cuatro autos distintos que ha hecho públicos este viernes y en los que declara extinguida la eventual responsabilidad penal de esos ocho condenados.

Esta decisión se produce una semana después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenciase que la ley de amnistía se ajusta al derecho comunitario, al considerar que no afecta a los intereses financieros comunitarios ni contraviene la legislación europea sobre terrorismo, al tener en cuenta que "facilita la reconciliación".

Uno de los amnistiados es el expresidente del Parlament catalán Roger Torrent, que fue condenado junto a los que fueran miembros de la Mesa del Parlament Josep Costa i Roselló, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado Herreros por un delito de desobediencia relacionado con el procés.

También han sido amnistiados dos acusados de participar en los disturbios de la madrugada del 19 de octubre del 2019 en la capital gerundense, junto a otras trescientas personas, durante las movilizaciones contra la sentencia del procés y a los que la Audiencia de Girona condenó a un año y medio de prisión.

En 2024 la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó un auto en el que llevó por primera vez la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional.

Esta decisión se enmarcó en el recurso de estos dos condenados por desórdenes públicos por haber lanzaron adoquines contra la sede de los juzgados de Girona tras la sentencia del procés, en 2019.

Un cambio en la composición del Gobierno, bien por la vía de una moción de censura o por la vía electoral, supone siempre una variación de la organización del Gobierno precedente, bien de forma estructural (número de ministerios) o un cambio de algunas normas jurídicas, siempre que no afecten a derechos fundamentales consolidados por el refrendo del Tribunal Constitucional apoyado además por acuerdos o tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por España.

La tensión política que estamos viviendo, desde que el 23 de julio de 2023 se vieron frustradas las expectativas que algunas encuestas y una gran parte de la opinión publicada otorgaban al Partido Popular como vencedor indiscutible e inquilino del Palacio de la Moncloa, se ha incrementado hasta llegar a límites asfixiantes que ponen en peligro la supervivencia del propio sistema democrático. La derecha política y otros centros de poder empresarial y mediático e incluso la salida de tono del presidente de la Conferencia episcopal se han unido a los ataques y a la presión sobre el Gobierno de coalición centrados en la persona de su presidente, acudiendo a excesos dialécticos rayanos en el puro delirio. La colaboración para alimentar este clima se ha visto reforzada por la actuación selectiva de algunos sectores de la judicatura que aisladamente o en bloque bastante numeroso se han posicionado en abierta rebelión contra las normas de procedimiento.

No se trata de un simple cambio de Gobierno. Feijóo en su momento habló, ante el asombro de los constitucionalistas, de la celebración de una “moción de censura instrumental” con el objetivo de hacer una “limpieza” y convocar elecciones. Ya estaba en su mente la creación de una empresa de “Reformas y limpiezas” con unos objetivos que alcanzan, en estos momentos, a unas cien leyes. Como es lógico tiene prioridades que ha trasladado a la opinión pública, lo que siempre es de agradecer.

Su secretario general Miguel Tellado ha dado algunas pistas en una reciente entrevista concedida a Esperanza Aguirre en el diario digital The Objective: “Hace falta un cambio de gobierno en España (...) y hay que derogar el sanchismo en su totalidad. Eso supone tocar cerca de 100 leyes”. El catálogo es amplio: reducir prestaciones por desempleo, limitar la representación sindical de los trabajadores, volver a considerar enfermas a las personas trans, limitar el acceso a prestaciones como el ingreso mínimo vital o acabar con las ayudas a víctimas del franquismo y personas migrantes. Por supuesto la derogación de las leyes de Memoria Democrática y la de Amnistía.

Espero que las urnas eviten que puedan acceder al poder, pero los presagios que nos proporcionan las encuestas son reiterados y por tanto habrá que estar preparados para cualquier eventualidad. La única ventaja radica en que el PP se ha despojado de sus veladuras y se ha fundido con la extrema derecha de VOX con la que ya gobierna en varias Comunidades Autónomas, luego el elector no puede llamarse a engaño.

Si desgraciadamente se confirman los malos augurios, alguien debería entregar al futuro Consejo de Ministros un manual de instrucciones. Con el desparpajo que les caracteriza, Feijóo y Tellado han afirmado rotundamente que la primera decisión que adoptarán será la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Para su ilustración les recuerdo que el artículo 2º. 2 del título preliminar del Código Civil establece que las leyes sólo se derogan por otras posteriores.

Si insisten en llevarla a afecto, saben que tanto el Relator de Naciones Unidas como otros organismos internacionales ponen en cuestión su compatibilidad con los textos internacionales de derechos humanos y el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. En todo caso, el Preámbulo debe incluir la referencia histórica a que el golpe militar contra la democracia encarnada en la Constitución republicana comenzó con los Bandos de guerra (Mola y Queipo de Llano 18 de julio de 1936) en los que se ordenaba “pasar por las armas sin necesidad de juicio a todos los componentes del Frente Popular y a las personas que les ayudasen”. Como puede comprobarse, un “buen comienzo para una reconciliación”.

Feijóo, en su afán por las reformas, se apunta a la ley de la Comunidad de Madrid y anuncia que: “Si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando”. Si se trata de ayudar a la mujer, sin exclusiones, y a las familias, en principio nada habría que objetar jurídicamente y salvo que se derogue el artículo 29 del Código Civil en el que ya está previsto que el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables. Mantiene, como impone la biología, que solamente el nacimiento determina la personalidad y por tanto la titularidad de derechos. Todo lo que precede son expectativas e incluso ficciones. De momento ha manifestado que no tiene intención de reformar la vigente ley del aborto.

Cercenar derechos o reducirlos no es gobernar. Es más bien una tarea de iconoclastas y no de políticos. A nadie deben extrañar los excesos oratorios de los líderes políticos. Mientras se mantenga la permanencia de España en la Unión Europea deben tener en cuenta la supremacía de las normas emanadas de sus órganos y las decisiones del Tribunal de Justicia como máximo intérprete de la normativa europea.

En su frenesí derogatorio pretenden eliminar la Ley de Amnistía, misión imposible, por ser radicalmente inconstitucional. Por más que lo intento no consigo ensamblar el rechazo de la amnistía con el propósito de pasar página sobre la ilegal condena a los líderes independentistas. Por favor, lean con ojos limpios y mente lúcida las resoluciones del Tribunal de Justicia. Les recuerdo un pasaje: “En conclusión esta ley busca proporcionar seguridad jurídica, el respeto por el principio de legalidad y un marco legal para la protección de los derechos fundamentales”.

Sr. Feijóo, como jefe de una empresa de reformas, le recuerdo que hay columnas y muros que no se pueden derribar sin que se venga abajo el edificio.

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José Antonio Martín Pallín es abogado. Ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Si último libro es ‘Visto para sentencia. Jueces e ideología en la Justicia española’ (Siglo XXI Editores).

La defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont ha presentado una denuncia contra España ante la Comisión Europea por "incumplimiento" del derecho europeo, ante la negativa del Tribunal de Cuentas a aplicar de entrada la amnistía tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El escrito elaborado por el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, avanzado por VilaWeb y al que ha tenido acceso EFE, responde a una providencia emitida ayer lunes por el Tribunal de Cuentas, en la que preguntó a acusaciones y defensas si cabe la "posibilidad" de no amnistiar a la treintena de ex altos cargos del Govern encausados por los gastos del 'procés', entre ellos Puigdemont, si se utilizaron fondos de la Unión Europea para sufragarlos.

En su "denuncia" contra el Reino de España por "incumplimiento del derecho de la Unión Europea", fechada este martes y dirigida a la secretaría general de la Comisión Europea, Boye pide abrir contra España "el procedimiento de infracción previsto" en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE, por el "incumplimiento", por parte del Tribunal de Cuentas, de la sentencia del TJUE que avala la amnistía.

El escrito, que no solo representa a Puigdemont sino también a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, dice que el Tribunal de Cuentas "difundió una nota de prensa oficial que tergiversa el sentido del fallo" del TJUE, al afirmar por ejemplo que este fallo "admite las ocho cuestiones planteadas" por el tribunal español, pese a que varias de ellas "fueron declaradas inadmisibles".

El "efecto combinado" de la providencia del Tribunal de Cuentas, señala el texto de la defensa de Puigdemont, Comín y Puig, es la "inaplicación de la sentencia" del TJUE, ya que "se reabre una fase probatoria que el marco procesal declarado conforme prohíbe, se suspende 'sine die' el plazo perentorio de dos meses" de la ley de amnistía y se mantienen, entretanto, "medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de 9,5 millones de euros".

Por ello, la defensa pide a la Comisión Europea que remita "al Reino de España la correspondiente carta de emplazamiento con carácter urgente, dada la naturaleza del incumplimiento y su incidencia sobre medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de 9,5 millones de euros".

La postura del Tribunal de Cuentas, según la denuncia, contraviene el artículo 4 del Tratado de la Unión Europea, sobre la cooperación leal, así como el artículo 19 del mismo tratado y el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales.

"El incumplimiento deliberado de una sentencia del Tribunal de Justicia por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, acompañado de su tergiversación pública mediante una nota de prensa oficial, afecta al valor del Estado de Derecho en que la Unión se fundamenta", subraya el texto.

La defensa de Puigdemont, Comín y Puig también ha remitido un escrito al TJUE para hacerle saber que el Tribunal de Cuentas está cometiendo "un incumplimiento manifiesto y deliberado" del fallo que dictó la semana pasada el tribunal europeo sobre la amnistía.

Asimismo, ha dirigido un escrito de alegaciones al Tribunal de Cuentas en el que niega que los gastos del procés se sufragaran con "fondos procedentes del presupuesto de la Unión" y reclama que "dicte, dentro del plazo máximo de dos meses, una resolución que declare amnistiados los hechos".

Precisamente este martes, la Fiscalía ha pedido al Tribunal de Cuentas que amnistíe de forma urgente a los encausados por los gastos del procés, al considerar "innecesario e improcedente" que se plantee no aplicarles la ley tras la sentencia de la justicia europea.

Han sido tres años trepidantes, que han servido para cerrar una herida, tres años para asentar las bases de un nuevo ciclo político, cuando Carles Puigdemont aterrice en el aeropuerto Josep Tarradellas, el algoritmo judicial haya corregido sus defectos y España, país transversal, plural y periférico, haya dado un portazo definitivo a las mayorías absolutas y acoplado definitivamente su sistema democrático a la plurinacionalidad, con el respaldo de Europa y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Somos un país estable, un país de países que funciona coordinado cuando se ponen a prueba las estructuras del Estado. Por eso las sentencias judiciales no moldean la voluntad de los votantes, en otras coordenadas que invitan a pensar que el equilibro político se alcanzará cuando los partidos de la derecha se decidan a ser aquello que realmente quieren ser: derecha autoritaria o derecha plural. Si sus líderes no encuentran la respuesta, lo hará en las urnas la ciudadanía.

El Madrid D.F. emite señales de catástrofe. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, dispara una nueva alarma a los principales líderes del Partido Popular Europeo: “Hoy nos gobierna un movimiento de destrucción del Estado de derecho, que utiliza medios de comunicación y herramientas del Estado para dañar nuestra salud democrática”. Lo dice ante Alberto Núñez Feijóo. El Madrid D.F. provoca sistemáticamente disonancias cognitivas que no se compadecen con el nombramiento de Pedro Sánchez como copresidente de los Defensores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible esta semana en la ONU, ni tampoco con el aval de la Comisión Europea a las reformas judiciales españolas. El informe sobre el Estado de derecho de la UE de 2026 considera un “progreso significativo” que el proyecto de Ley de enjuiciamiento criminal entregue la instrucción a los fiscales y desvincule del Gobierno el mandato del fiscal general. Todo en orden. El algoritmo judicial, sin embargo, no funciona.

El electorado español es muy estable. Lo demuestra la reestimación de Opina 360 sobre el barómetro del CIS que, más allá del resultado, verifica esa enorme disonancia. El PSOE se sitúa a sólo dos puntos por debajo de un PP que supera el 30%, mientras se acentúa la tendencia declinante de Vox hasta el 16%. Los datos confirman que el Gobierno debe presentar unas cuentas públicas este año. Los Presupuestos Generales son la herramienta indispensable para conectar con su electorado, un millón de indecisos y otros 700.000 dispuestos a retirar su voto a Alberto Núñez Feijóo.

Mientras tanto, el consorcio se debilita. Quién lidera qué es la pregunta después de ver al líder del PP junto a Keiko Fujimori. Esta semana hemos comprobado que algunos prebostes de la industria de la actualidad se apartan del gallego. Los barones, atentos a sus votantes; algunos diputados del PP también se apartan, e incluso José María Aznar López observa la evolución electoral al margen de todo y de todos. Apartarse es el verbo/tendencia de este verano que se conjuga en la derecha española. ¿Todos se apartan? Todos no. Isabel Díaz Ayuso se ha acercado esta semana a Feijóo. 

España tiende a la entropía desde que el algoritmo judicial, algoritmo defectuoso, dicta sentencias que generan demasiada desconfianza en el Poder Judicial. Hace falta, pues, algo que ordene el caos, que controle el desorden y la dispersión de este país. Y ese algo estabilizador tiene su fuente en la plurinacionalidad y el europeísmo. Desde la plurinacionalidad, a través de unos presupuestos sociales, y desde fuera, a través del TJUE, aunque para Oriol Junqueras aún no sea suficiente.

El otro viernes, en el Ritz, Junqueras se lo dijo a Gabriel Rufián y al resto de diputados de ERC que no viven su momento más afectivo: “El crecimiento de la extrema derecha no es una respuesta a la inmigración. Es posible que responda a fallos en la seguridad pero esa sería también una respuesta incompleta. ¿Por qué crece entonces? Porque hay una batalla campal entre el miedo y la esperanza y porque el mundo es tan complejo que las instituciones no siempre pueden resolver los problemas planteados”. Tiene razón el jesuita en su homilía: cuando los gobiernos no resuelven el cambio climático, la crisis energética, las deudas públicas desbordadas o las devaluaciones monetarias encubiertas, se genera una frustración en buena parte de la sociedad. En esta batalla entre el miedo y la esperanza, la esperanza, que puede ser abstracta, etérea o simpática pero necesita ser concreta.

Y la sentencia del TJUE, efectivamente, no es suficiente pero suma. Conviene detenerse en ella: no cierra completamente la herida del procés pero apuntala la convivencia constitucional en el sistema España. El Alto Tribunal ha resuelto las cuestiones prejudiciales que plantearon la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas. La sentencia no afirma explícitamente que Puigdemont sea un hombre libre (continúa sobre él una orden de detención desde hace nueve años firmada por el juez Llarena), pero sí refuerza el sentido histórico, jurídico y político de la amnistía, aprobada hace dos años, consolidando la plurinacionalidad como condición de posibilidad de nuestra democracia parlamentaria, afianzando la interpretación que haga el Tribunal Constitucional en su fallo previsto para el otoño (plena validez de la Ley) y acentuando el dilema sobre lo que quiere ser España y también sobre lo que quiere ser Junts: o un partido cautivo y asimilado a Aliança Catalana o el verdadero partido democristiano en Catalunya. 

Es importante no perder de vista un hecho importante para el soberanismo catalán. El partido ultra e independentista, liderado por Sílvia Orriols, ha sumado varios concejales llegados desde Junts per Catalunya en diferentes municipios de Cataluña durante los últimos meses. En Cambrils, en Vic o Santpedor no sólo se produce el trasvase de votos, también comienza la sangría de concejales. Llegados a este punto, Miriam Nogueras, Jordi Turull y Carles Puigdemont deben elegir si quieren seguir la senda de Trump o, por el contrario, el camino marcado por León XIV.

El PSOE también ha decidido lo que quiere ser en las últimas primarias locales de Madrid. Las municipales son primera vuelta técnica de las generales y también son presente y futuro para un territorio que quiere ser capital plural. Enma López ha enseñado el camino. La victoria formal de Reyes Maroto nos sirve para hacer un diagnóstico: el socialismo madrileño debe resolver su propio dilema: apostar por los líderes cautivos del aparato o por aquellas que tienen la valentía de conectar con la ciudadanía. Deténganse a ver qué han votado los socialistas en los diferentes distritos y comprobarán que no fue a las urnas el socialismo madrileño, tan solo fue el Madrid D.F. progresista.  

Mundiales femenino y masculino de fútbol, Eurocopa y Nations League, mundial masculino de basket, Wimbledon, Roland Garros y US Open, Cannes, Berlinale y Venecia, una pila de Grammys y hasta un Kavli (y parece que se avecina Oscar). El peso de España crece y se expande, a partir del reconocimiento del otro, la Nueva Diplomacia Española desplegada por Albares, el entusiasmo de sabernos una comunidad abierta convertida en el estandarte de la democracia liberal. En el deporte, en la literatura, en el cine y la música, en la defensa de los derechos humanos y el ordenamiento internacional, España siempre está ahí, a pesar del efecto devastador del algoritmo Marchena: somos la coda definitiva a una manera de estar en el mundo. Bien! 

El Tribunal Constitucional verá el 22 de septiembre el primer recurso presentado por uno de los condenados por el procés para la aplicación de la ley de amnistía, una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado esa norma.

En concreto, según han informado este martes fuentes del tribunal de garantías, el Pleno deliberará en esa fecha sobre el recurso del exconseller Jordi Turull y en los sucesivos plenos decidirá sobre el resto de las solicitudes, incluida la del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, de acuerdo con el ponente, José María Macías, ha informado en la mañana de este martes al Pleno de la decisión de incluir el primero de los recursos en el pleno de finales de septiembre.

El Constitucional debe pronunciarse sobre la negativa del Supremo a amnistiar el delito de malversación por el que fueron condenados los líderes del procés que fueron juzgados y por el que se mantiene la orden de detención contra Puigdemont, huido en Bélgica.

El respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía ha alterado de nuevo el tablero político y ha colocado al Partido Popular ante una contradicción estratégica que llevaba meses latente. Mientras la dirección de Alberto Núñez Feijóo insiste en mantener abiertos los canales de interlocución con Junts de cara a un eventual escenario postelectoral, una parte del partido endurece su rechazo a cualquier aproximación a los independentistas y reclama marcar distancias tras una resolución que reduce el recorrido judicial de uno de los principales argumentos del PP contra la norma.

El fallo del tribunal europeo concluye que la ley de amnistía no vulnera el derecho de la Unión Europea en los aspectos planteados por las cuestiones prejudiciales, aunque deja en manos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo la aplicación efectiva de la norma en los casos concretos. Génova, por su parte, insiste en separar el plano jurídico del político y sostiene que el fallo europeo no modifica su oposición a la amnistía.

Sin embargo, el debate dentro del PP trasciende ya la valoración de la sentencia. En los últimos meses, Génova ha asumido que, si los números parlamentarios vuelven a situar a Junts como fuerza decisiva, será inevitable mantener algún tipo de interlocución con la formación de Carles Puigdemont. Una tesis que provoca incomodidad entre dirigentes territoriales y referentes del ala más dura del partido, que ven con preocupación el coste electoral que podría tener cualquier imagen de entendimiento con Junts, especialmente entre el electorado más conservador y en comunidades como Madrid, Castilla y León o Andalucía, donde el rechazo al independentismo ha sido uno de los principales ejes del discurso del PP.

En ese sentido, José María Aznar ya ha lanzado varias advertencias dirigidas a Feijóo. El expresidente ha rechazado cualquier posibilidad de entendimiento con Junts y ha recordado que el independentismo sigue representando, a su juicio, un proyecto incompatible con el marco constitucional. Un mensaje que comparten dirigentes como el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, dos de las voces más críticas con cualquier intento de aproximación a Puigdemont.

A esto se le añade que Feijóo eligió Barcelona para lanzar un mensaje que hasta hace unos meses habría sido difícil de imaginar en boca del líder del Partido Popular. “Como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página”, dijo durante su visita a la capital catalana, en un movimiento destinado a rebajar la tensión con Junts y presentarse como un interlocutor posible para el partido de Puigdemont. Horas antes, su lugarteniente Miguel Tellado reforzaba esa idea en una entrevista en la Cadena Ser: “Estamos en 2026 y el contexto es distinto al de 2017”, señaló.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, se encargó después de fijar los límites de esa nueva estrategia y dejó claro que no iban a retirar el recurso contra la ley de amnistía, ni hacer ningún otro gesto hacia Junts. Más allá del giro dialéctico, insistió, la posición política del partido permanece intacta. Una secuencia que resume el delicado equilibrio que intenta mantener Génova. El PP quiere dejar de aparecer ante Junts como un actor con el que resulta imposible entenderse, pero sin desmontar ninguno de los pilares sobre los que ha construido su oposición a Pedro Sánchez desde el inicio de la legislatura.

Desde las elecciones generales de julio de 2023, el PP ha comprobado que no existe una mayoría parlamentaria alternativa sin el concurso, directo o indirecto, de Junts. Los siete diputados de Puigdemont siguen siendo decisivos. Feijóo ya intentó, sin éxito, explorar esa vía tras aquellos comicios. Entonces el propio expresident respondió con una negativa rotunda, recordando el papel del PP durante los años del procés y las declaraciones de buena parte de sus dirigentes contra el independentismo.

Tres años después, el contexto político ha cambiado. El procés ya no ocupa el centro de la agenda catalana, el Gobierno ha aprobado la ley de amnistía y Junts trata de redefinir su papel en Madrid. En ese escenario, el líder del PP ha intentado abrir una interlocución que hasta ahora parecía imposible, pero tampoco ha encontrado apoyo para una moción de censura. Y es que Feijóo hace esta apelación pública mientras el PP mantiene intacto el discurso con el que calificó la norma como una "humillación", una "cesión al independentismo" y una vulneración de la igualdad entre españoles.

El aval europeo también modifica el contexto político en torno a Carles Puigdemont. Aunque la sentencia no implica automáticamente su regreso a España, sí reduce algunos de los obstáculos jurídicos que pesaban sobre la aplicación de la amnistía y desplaza el foco hacia las futuras decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

Para el PP, ese escenario añade un elemento de dificultad. Si finalmente Puigdemont recupera plenamente su capacidad de actuación en España, cualquier negociación futura con Junts quedará inevitablemente asociada a la figura del expresident, precisamente el dirigente que durante años simbolizó el desafío independentista contra el Estado.

El debate sobre la ley de amnistía refleja además una forma de hacer oposición que el PP ha repetido en los últimos años. Génova combate determinadas iniciativas legislativas del Gobierno con una enorme dureza política, las lleva a los tribunales o anuncia su derogación futura, pero una vez que esas normas modifican el marco institucional o generan efectos políticos favorables, termina adaptándose a esa nueva realidad sin revertirla, pese a que Vox se ha comprometido a hacerlo si llega a la Moncloa.

La amnistía es el ejemplo más evidente. Génova rechaza la herramienta jurídica que ha facilitado la desjudicialización del conflicto catalán, pero al mismo tiempo pretende beneficiarse políticamente del nuevo contexto que ese perdón jurídico ha contribuido a crear. Durante esta legislatura el PP ha convertido en una constante esa doble estrategia: denunciar determinadas reformas como ejemplos del "sanchismo", recurrirlas o prometer su derogación, al tiempo que habla de “pasar página” y busca los pactos con Junts en el Congreso.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, considera que no es ni "adecuada" ni "contundente" la respuesta que la Justicia ha dado a la instrucción del juez Juan Carlos Peinado sobre la causa que afecta a Begoña Gómez.

En una entrevista en la Cadena SER, Bolaños ha reaccionado así a la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que ordenó ayer que se continúe el procedimiento de juicio con jurado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por dos delitos, tráfico de influencias y malversación, y sobreseyó los otros dos por los que la acusaba el juez Peinado, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

Para Bolaños, la respuesta que ha dado la Justicia "a un caso absolutamente flagrante, donde no hay nada de nada, no ha sido una respuesta muy adecuada ni muy contundente".

Cree el titular de Justicia que el juez Peinado "ha tensado las costuras del sistema" y ha recordado que tanto el Consejo General del Poder Judicial como los propios tribunales superiores —la Audiencia Provincial de Madrid— le han revocado en 16 ocasiones.

"Tenemos un Estado de Derecho robusto, con un sistema de garantías y de recursos que está en los mejores estándares europeos. Pero también creo que ha habido resoluciones judiciales absolutamente incomprensibles, que han hecho mucho daño a la Justicia y han hecho mucho daño a las personas a las que ha afectado", ha explicado.

Casos —ha dicho— en los que ha habido resoluciones "absolutamente incomprensibles y alejadísimas del Derecho" en los que "hubiera confiado en una respuesta más contundente del propio sistema de garantías".

En este sentido, ha dicho que el sistema debería ser lo suficientemente robusto para que cuando hay una resolución judicial "incomprensible y alejada del Derecho", se revoque en un tiempo muy ágil y no se alargue en el tiempo afectando a la reputación de la Justicia.

El caso que afecta a Begoña Gómez, ha recordado, lleva dos años en los tribunales y proviene de una denuncia "que se debió inadmitir el primer día", de la mano de "una organización ultraderechista que persigue a Begoña Gómez por ser la mujer del presidente del Gobierno y por ser progresista".

"Con un ánimo político presentó una denuncia con recortes de prensa. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el primer día se tenía que haber inadmitido, no debería haber pasado ni del registro y llevan 2 años", ha lamentado Bolaños, para después añadir que "la respuesta que ha dado la Justicia a un caso absolutamente flagrante, donde no hay nada de nada, no ha sido una respuesta muy adecuada ni muy contundente".

Bolaños también se ha referido a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía y ha asegurado que ya no existen dudas sobre su encaje legal, por lo que ha reclamado que se aplique plenamente a los líderes independentistas "lo antes posible".

El ministro ha destacado que la justicia europea ha confirmado que la norma es conforme al derecho comunitario y tiene como objetivo reducir las tensiones políticas e institucionales surgidas tras el proceso independentista en Cataluña.

A su juicio, su aplicación a dirigentes como el expresident Carles Puigdemont supondría la última etapa de la normalización política, institucional y social en Cataluña. "Hoy es un gran día", ha afirmado Bolaños, quien ha defendido que la ley ha contribuido a recuperar la convivencia y la estabilidad.

El titular de Justicia ha calificado la amnistía como un "logro colectivo" del que se beneficia el conjunto de la ciudadanía y ha reivindicado la decisión del Gobierno de devolver a la política un conflicto que, en su opinión, nunca debió salir de ella.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha desbaratado una de las principales expectativas que la derecha había alimentado desde la aprobación de la ley de amnistía. Tras años señalando a las instituciones europeas como el último dique frente a la norma pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez con los partidos independentistas y aprobada en el Congreso, el tribunal de Luxemburgo ha avalado su compatibilidad con el derecho comunitario en las cuestiones que le habían sido planteadas.

La batalla judicial, al menos en el plano europeo, pierde así uno de sus principales argumentos y obliga a Partido Popular y Vox a reajustar un discurso que convirtió la amnistía en el eje central de su oposición durante el primer año de la legislatura especialmente. Las dos formaciones mantienen intacto su rechazo a la ley, pero su reacción al fallo evidencia estrategias distintas. 

El PP ha dicho respetar la resolución intentando minimizar su alcance y buscando trasladar el rifirrafe al terreno político con el mensaje de que “el debate nunca fue solo jurídico”, si bien hay voces como la del expresidente José María Aznar que han manifestado su oposición a esta línea argumental: la “agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse”. Vox, por su parte, ha endurecido el discurso, ha prometido de nuevo que derogará la norma cuando llegue al Gobierno y ha aprovechado la sentencia para cuestionar tanto la utilidad de las instituciones europeas como la estrategia seguida por Génova.

Desde la dirección de Alberto Núñez Feijóo, la consigna ha sido clara: respeto a las resoluciones judiciales, pero sin modificar un ápice el juicio político sobre la amnistía. Los conservadores sostienen que el TJUE no ha analizado la constitucionalidad de la ley ni ha valorado si fue una decisión legítima desde el punto de vista político. Lo cierto es que el cometido del tribunal europeo no era pronunciarse sobre su constitucionalidad, sino sobre si contravenía la normativa comunitaria antiterrorista o si atentaba contra los intereses financieros de la Unión, tal y como consideraban dos juzgados españoles, y lo ha descartado. Tampoco es función del TJUE valorar la cuestión política, como parece creer el PP a tenor de sus declaraciones.

A su juicio, el problema sigue siendo el mismo que denunciaron desde el principio. Y ese es, a su juicio, que Pedro Sánchez concedió una medida de gracia a cambio del apoyo parlamentario necesario para mantenerse en La Moncloa. Tal argumento permite al PP mantener viva la ofensiva sin entrar en colisión con una sentencia europea que durante meses esperaba que pudiera frenar la aplicación de la norma. De hecho, fuentes de la dirección popular insisten en que la amnistía fue una "transacción" entre el Gobierno y los partidos independentistas.

Pero junto a esa continuidad hay también un cambio de tono que empieza a consolidarse. En las últimas semanas, Feijóo ha defendido la necesidad de "pasar página del procés" y abrir una nueva etapa en Cataluña centrada en cuestiones como la vivienda, la sanidad, la presión fiscal o la seguridad. El mensaje supone un intento de separar la crítica a la amnistía de la política cotidiana catalana y de proyectar la imagen de un PP que quiere disputar la centralidad política en Cataluña sin mantener permanentemente abierto el conflicto territorial.

Ese desplazamiento discursivo refleja una variación respecto a los meses en que el procés y la amnistía monopolizaban buena parte del relato de la oposición. Feijóo quiere presentarse en Cataluña como el dirigente capaz de superar una década marcada por el conflicto territorial, pero la posible vuelta a España del líder de Junts, Carles Puigdemont, en la política española, también dificulta el acercamiento con otras caras menos ‘beligerantes’ a ojos del PP.

Por su parte, la posición de Vox apenas se ha movido, incluso se ha endurecido. El partido de Santiago Abascal reaccionó al fallo insistiendo en que derogará la ley de amnistía si llega al Gobierno, si bien una vez aplicada no puede revertirse, y sostuvo que la defensa de la unidad de España no puede confiarse a las instituciones europeas. Para la formación ultra, el pronunciamiento del TJUE confirma precisamente que la batalla debe librarse exclusivamente en el ámbito político y constitucional español.

La formación aprovechó además la resolución para lanzar un mensaje dirigido al PP. El jefe de la delegación de Bruselas, Jorge Buxadé, reclamó explicaciones a quienes aseguraban que Bruselas acabaría frenando la amnistía o facilitando la entrega de Puigdemont, un reproche implícito a la estrategia que durante meses siguieron los conservadores en las instituciones comunitarias. Vox trata así de presentarse como la única fuerza que nunca depositó sus expectativas en Europa, aunque lo cierto es que también acudió a las instituciones comunitarias para combatir la norma.

La diferencia entre ambos partidos aparece ahora con más nitidez que durante la tramitación de la ley. Mientras el PP busca combinar la impugnación política de la amnistía con un discurso de normalización de la vida política catalana, Vox mantiene el procés como uno de los principales ejes de confrontación y convierte la derogación de la norma en un compromiso explícito de futuro.

El fallo del TJUE llega además después de una campaña de oposición sin precedentes contra una iniciativa legislativa. Desde que Sánchez abrió la negociación con Junts tras las elecciones generales de julio de 2023, la amnistía se convirtió en el principal elemento de movilización de la derecha. El PP convocó manifestaciones multitudinarias en Madrid y otras ciudades, denunció una supuesta quiebra del Estado de derecho, recurrió la ley ante el Tribunal Constitucional y llevó la batalla a las instituciones europeas. Vox, por su parte, mantuvo un discurso aún más contundente, calificando la norma de "golpe de Estado" y reclamando la desobediencia institucional frente a su aplicación.

La amnistía fue durante meses el centro alrededor del cual giró prácticamente toda la oposición del Partido Popular, pero poco a poco dejó de ocupar ese lugar. No desapareció del argumentario de Génova ni de sus promesas para un futuro Gobierno, pero fue perdiendo protagonismo conforme otras crisis —los casos de corrupción que afectan al entorno socialista, la debilidad parlamentaria del Ejecutivo o la ausencia de nuevos presupuestos— pasaron a ordenar la estrategia de Feijóo. 

La posibilidad del regreso de Puigdemont pone a prueba, sin embargo, todo ese desplazamiento. El expresident continúa sometido a una orden nacional de detención porque el Tribunal Supremo considera que la malversación que se le atribuye no puede ser amnistiada. El TJUE no ha levantado esa orden ni ha resuelto directamente su caso. La decisión crucial corresponde ahora al Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse sobre el recurso de amparo presentado contra la negativa del Supremo a aplicarle la ley.

Puigdemont ha presentado el fallo como una “victoria rotunda” y sostiene que ya no queda margen jurídico para negarle la aplicación de la ley. Esa es su interpretación política, no la consecuencia automática de la sentencia: mientras la orden siga vigente, un retorno a España supondría riesgo de detención. Pero incluso sin una fecha inmediata de regreso, la hipótesis vuelve a adquirir credibilidad. Y cada paso que acerque al líder de Junts a Cataluña reactivará el debate que el PP intentaba desplazar. Génova tendrá que decidir si responde recuperando la retórica de los primeros meses de la legislatura o si mantiene su apelación a pasar página.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya se ha pronunciado. Su aval a la ley de amnistía ha sido recibido con gran satisfacción entre el Gobierno, los miembros del bloque de investidura y especialmente Junts. Una victoria jurídica y política frente a las proclamas del fin del Estado de derecho por parte de las derechas desde la negociación de investidura de Pedro Sánchez.

Esta es la ley clave de esta legislatura. Una polémica norma exigida por Junts y ERC para hacer presidente a Sánchez y que supuso todo un terremoto político. Con dudas incluidas dentro del propio socialismo. Pero tres años después, y con la mirada ya puesta en el fin de la legislatura, el texto ha sobrevivido a la ofensiva en los tribunales y, además, ha servido para reconducir el panorama político catalán.

Esta decisión judicial era esperada desde hace meses con ansiedad por parte de Junts y del Gobierno, pues sirve para allanar la vuelta de Carles Puigdemont a Cataluña. No obstante, el paso no se traducirá en el restablecimiento de las relaciones entre los socialistas y los posconvergentes en esta etapa final de la legislatura.

A pesar de la satisfacción por la decisión del TJUE, diversas fuentes socialistas indican que no ven a Junts dispuesto a apoyar ahora de manera férrea al Ejecutivo de Sánchez. “Son imprevisibles”, señala un dirigente del núcleo duro de Ferraz. El fallo del tribunal llega en el momento en el que Moncloa prepara los presupuestos generales del Estado para el año que viene, un factor clave para saber cuándo se pondrán las urnas.

El presidente del Gobierno abrió la puerta a adelantar las elecciones generales, que en teoría deberían ser en julio del año que viene, si no logra sacar adelante las cuentas públicas. El primer gran debate en el Congreso, el de enmiendas a la totalidad, podría celebrarse a finales de octubre o principios de noviembre.

Aunque en el Gobierno siguen trasladando que van a intentar sacar las cuentas públicas y que no tiran la toalla, muchas voces en el partido reflexionan que ahora parece casi imposible lograrlo. La decisión del TJUE da algo de esperanza, pero los posconvergentes llevan semanas trasladando que ellos prefieren que haya ya comicios.

Junts no quiere apretar el botón de la moción de censura junto al Partido Popular y Vox, algo que considera que sería letal para sus resultados en Cataluña. No se puede permitir Puigdemont ir de la mano de la ultraderecha de Santiago Abascal. Pero, a la vez, el nerviosismo prende entre todos los sectores de Junts, especialmente entre los alcaldes, por el auge en las encuestas de Aliança Catalana.

Ahora Junts pone el foco en la aplicación de la ley y mira al Tribunal Supremo. Según el expresidente, el “partido” ahora se jugará en “el Bernabéu”: "Sabemos a quién nos enfrentamos y algunos no nos llamamos a engaño".

"Hoy tenemos derecho a celebrar una victoria ganada a pulso. Sin embargo, el camino para acabar con la represión no ha acabado", remarcó Puigdemont en un texto en redes sociales, donde mandó un mensaje a los tribunales españoles: "Si se siguen negando a aplicar la amnistía de forma integral, no solo estarán incumpliendo una ley aprobada por las Cortes y declarada constitucional, sino que, además, estarán enfrentándose con el derecho europeo".

"El TJUE no podía ser más nítido y no ha dejado ninguna grieta a través de la cual se pueda discutir nuestra victoria", apostilló el expresidente catalán, que recordó que ni Pedro Sánchez ni Salvador Illa quisieron en un primer momento aprobar esta norma.

Para el Gobierno central, la decisión de la Justicia europea supone todo un triunfo en el aspecto técnico de la norma, cuya firma principal es la del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Fue una ley redactada con lupa, hasta la última coma, ya que los socialistas y los independentistas sabían que se enfrentaría a una ofensiva judicial sin precedentes para tumbarla.

“Hoy es un gran día”, consideró el propio Bolaños en una declaración en el Palacio de la Moncloa, donde pidió que se aplique “lo antes posible” a los líderes independentistas. Pero, además de calificar de “impecable” y de constitucional la norma, el ministro puso énfasis en la dimensión política que supuso su aprobación.

Para Bolaños: "La amnistía es la apuesta de un país para devolver a la política lo que nunca debió salir de ella, de resolver sus diferencias, reconociendo la legitimidad de todas las posiciones y la necesidad de convivir y acordar las soluciones dentro de la ley y dentro de la Constitución”. El ministro aseveró que ha servido para zanjar un conflicto: "Los catalanes y el conjunto de los españoles se lo merecían, se lo merecen".

El Gobierno, además, durante estas horas quiere presentar la resolución del conflicto catalán como uno de sus principales legados. En la pasada legislatura, el Ejecutivo aprobó los indultos a los líderes soberanistas. Y en esta llevó a cabo la amnistía. Como reconocen en Ferraz, era esencial para la investidura, pero también se ha evidenciado que ha sido una buena solución en el plano de la convivencia y del diálogo. Los socialistas valoran que, según el último barómetro del CEO de la Generalitat, el ‘no’ a la independencia se impone en la sociedad y que está en mínimos históricos la preocupación por las relaciones entre Cataluña y el Estado.

La decisión del TJUE supone un varapalo para el PP, que lleva toda la legislatura tratando de tumbar esta ley a través de todas las instituciones judiciales posibles y que confiaba mucho en Europa. A pesar de ello, los populares tratan de desviar la atención a través de sus críticas a Sánchez: “El Gobierno intentará presentar esta sentencia como el final del debate. Se equivoca. El debate nunca fue solo jurídico. El debate es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de una mayoría parlamentaria. Y nuestra respuesta sigue siendo no”.

La ley de amnistía permitió la investidura. Ahora el aval llega en su recta final. A la política le quedan todavía muchos capítulos hasta las elecciones.

La amnistía no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. Tampoco contraviene su directiva sobre terrorismo. Y fue aprobada con la finalidad de superar un contexto de enorme conflictividad institucional y política en España. Con esos tres contundentes argumentos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha acabado este jueves con dos años de maniobras insólitas de una parte de la justicia penal española (incluida su cúpula, el Tribunal Supremo) en contra de una ley orgánica aprobada según el procedimiento previsto en la Constitución y cuyo encaje en la norma fundamental fue avalado en junio de 2025 por el Tribunal Constitucional (TC). La resolución allana la vuelta del expresidente catalán Carles Puigdemont, pero no será inmediata. Tendrá que esperar a que el órgano de garantías decida sobre su recurso de amparo y el del resto de dirigentes catalanes a los que el Supremo se negó a aplicar una norma diseñada para ellos.

"Los primeros que deberían tomar nota son los magistrados del Supremo, que son los que tienen paralizada la aplicación de la amnistía a siete dirigentes políticos, desde hace dos años. Nuestra función principal no es la aplicación de la ley al caso concreto, que le corresponde a la jurisdicción ordinaria, sino evaluar su constitucionalidad. Y sobre eso ya hemos dictado 19 sentencias, en un año, entre recursos y cuestiones de inconstitucionalidad", explican a infoLibre fuentes del sector progresista del Constitucional. "También deberían tomar nota los autores de los votos particulares en nuestras veinte sentencias", es decir, los miembros de la minoría conservadora. "Fueron unos votos muy agresivos, alegando insistentemente una vulneración del derecho europeo inexistente, como ahora ha quedado demostrado", añaden esas mismas fuertes, que recuerdan "las desmesuradas críticas internas y externas" a las que ha estado sometido el tribunal desde que declaró la constitucionalidad del grueso de la ley en junio de 2025.

La primera revuelta contra la norma que permitió el pacto que dio origen a la legislatura no se produjo en los tribunales, sino en la fiscalía. Los fiscales del procés, Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, se negaron a reclamar al Supremo que se amnistiara el delito de malversación por el que Puidemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig fueron procesados y por el que fueron condenados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. ¿El motivo? Que los miembros del Gobierno de la Generalitat habrían actuado con "propósito de enriquecimiento", al desviar fondos para la celebración de referéndum independentista, por lo que sería un delito de corrupción no amnistiable según la propia ley. Los cuatro fiscales terminaron apartados después de que la Junta de Fiscales de Sala diera la razón al entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz, por un margen muy estrecho. El jefe de la Fiscalía sostenía que ese ánimo de lucro no existió, y que así se sostuvo en la sentencia por la que fueron condenados.

La tesis avanzada por los fiscales del procés, y que fue corregida por el fiscal general, se impuso, sin embargo, en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. También fue la que adoptó el instructor del procés, el magistrado Pablo Llarena, que se negó a levantar la orden de busca y captura contra Puigdemont y los otros dos dirigentes huidos, Comín y Puig. Pese a que toda España pudo comprobar lo que pretendía el Ejecutivo de Pedro Sánchez y los grupos que lo apoyaron al aprobar esa norma, pese al texto de la exposición de motivos de la propia ley y a la literalidad de su articulado, el Alto Tribunal, en una sincronización argumentativa sin precedentes de los cuatro fiscales díscolos con el instructor Llarena, se negó a aplicarla creando una ficción: que el dinero malversado que había servido para financiar el procés había enriquecido a los dirigentes catalanes procesados y condenados. El autor de la resolución fue el conservador Manuel Marchena.

El Alto Tribunal también llevó la amnistía al Constitucional al considerarla "arbitraria" y "discriminatoria". La cuestión de inconstitucionalidad, redactada por el magistrado Leopoldo Puente, incluyó términos muy gruesos. De un lado, calificaba de "golpistas" a los líderes soberanistas condenados y procesados. "La norma cuestionada repugna al derecho constitucional, a la igualdad ante la ley, resultando por entero arbitrarias las razones que se aducen para justificar el tratamiento claramente discriminatorio que la norma impone", escribió Puente. "Los miembros de esta sala no albergamos duda alguna acerca de la inconstitucionalidad de la norma", añadió. El Constitucional corrigió esa "absoluta convicción" del Alto Tribunal y volvió a avalar el encaje de la ley en la Constitución, como había hecho al resolver el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP.

El activismo judicial contra la amnistía también fue alentado desde las tres asociaciones conservadoras de la judicatura –la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente–, las más representadas en su conjunto, que señalaron la iniciativa gubernamental del perdón como un ataque a la separación de poderes, iniciando un ciclo de conflictividad frontal con el Ejecutivo. La ultraconservadora Plataforma Cívica para la Independencia Judicial, de la que forman parte magistrados como Eloy Velasco (Audiencia Nacional), el juez de lo Mercantil de Madrid Manuel Ruiz de Lara (expedientado por sus exabruptos contra el Gobierno y otras instituciones) o Jesús Villegas, famoso por sus intervenciones mediáticas mostrando siempre su oposición al Ejecutivo, envió a través del correo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) formularios a todos los juzgados y tribunales penales para la formulación de cuestiones de inconstitucionalidad ante el TC o de cuestiones prejudiciales ante el TJUE.

La resolución de Luxemburgo, como las previas del Constitucional, supone un correctivo importante a todas estas tesis tan extendidas en la judicatura española. Pero el aval del TJUE no permitirá el retorno inmediato a España del expresident huido. Previamente, el Constitucional deberá pronunciarse sobre los recursos de amparo de todos los dirigentes condenados y procesados que, casi con total seguridad, estimará en su totalidad. Esas resoluciones, que previsiblemente anularán la negativa del Supremo a aplicar la ley apreciando la vulneración por el Alto Tribunal de una garantía tan básica como el derecho fundamental a la legalidad penal, no llegarán hasta el próximo octubre, según fuentes del tribunal de garantías.

El plan establecido por este último es abordar, en primer lugar, los recursos de los dirigentes condenados –Junqueras, Romeva, Bassa y Turull– para generar una doctrina que sea aplicable a los procesados huidos –Puigdemont, Comín y Puig–. En teoría, solo con esas resoluciones del Constitucional, en el caso más que probable de que sean estimatorias, el Alto Tribunal estaría obligado a desdecirse y aplicar la amnistía también a los segundos. El artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial obliga a todos los juzgados y tribunales a aplicar las leyes "según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional". "Es el Supremo el que, siguiendo ese precepto, debería deshacer este entuerto", aseguran desde el órgano de garantías.

Solo en caso de que no lo haga –algo que las fuentes consultadas consideran muy probable debido a la actitud beligerante contra la ley de la mayoría de sus magistrados– y se muestre inactivo con los procesados, el Constitucional deberá resolver también los recursos de los tres huidos lo que, esta vez sí, obligaría a la Sala de lo Penal a levantar todas las medidas y órdenes de busca y captura decretadas contra ellos y a archivar de una vez por todas su investigación.

El expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha señalado este jueves que el "partido" de la amnistía sigue en marcha, aunque "ahora ya no se jugará en Europa, sino en el Bernabéu": "Sabemos a quién nos enfrentamos y algunos no nos llamamos a engaño", ha advertido.

En un mensaje en la red social X, Puigdemont se ha posicionado así después de que esta mañana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya determinado que la amnistía es conforme al derecho comunitario, lo que allana su regreso a Cataluña, a la espera de que el Constitucional decida si rectifica al Supremo y le aplica la ley.

"Hoy tenemos derecho a celebrar una victoria ganada a pulso. Sin embargo, el camino para acabar con la represión no ha acabado", ha indicado el expresidente catalán.

Puigdemont ha señalado que es necesario que termine la "represión", no para el "beneficio personal" de las personas directamente afectadas por la amnistía, sino "para poder recuperar fuerzas y recursos y centrarse en el objetivo principal, que es la independencia de Cataluña".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves el encaje de la ley de amnistía en el derecho comunitario. La Gran Sala del tribunal, con sede en Luxemburgo, ha rechazado los principales argumentos esgrimidos contra la norma y ha concluido que su aplicación tanto a la responsabilidad contable derivada de los gastos del procés como a los delitos atribuidos a miembros de los CDR no vulnera las obligaciones asumidas por España como Estado miembro.

El TJUE considera que la ley de amnistía persigue el objetivo de "reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación". La sentencia sigue así las líneas fundamentales trazadas en noviembre por el abogado general Dean Spielmann, quien ya había defendido que la norma no suponía una derogación de la legislación europea contra el terrorismo, sino una desactivación limitada de sus efectos para unos hechos determinados.

La corte europea ha resuelto, en primer lugar, la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas sobre si la amnistía de la responsabilidad contable derivada de los gastos del proceso independentista podía poner en riesgo las finanzas comunitarias. El TJUE responde negativamente porque no considera que los intereses financieros de la Unión puedan verse afectados por la posible disminución de la renta nacional bruta que habría podido provocar la secesión de una parte del territorio español.

El tribunal descarta, por tanto, cualquier vínculo directo, actual o potencial entre los gastos del procés y el presupuesto comunitario. Este pronunciamiento afecta a los procedimientos abiertos en el Tribunal de Cuentas por el uso de fondos públicos en la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 y en la acción exterior de la Generalitat.

El TJUE también determina que la ley de amnistía no menoscaba la directiva europea contra el terrorismo, ya que la norma excluye del perdón aquellos delitos que hayan provocado de forma intencionada graves violaciones de los derechos humanos. De esta forma, la corte avala que la amnistía pueda aplicarse a los delitos atribuidos a algunos integrantes de los Comités de Defensa de la República, cuya causa se encuentra en manos de la Audiencia Nacional.

La sentencia respalda igualmente el plazo de dos meses que la ley concede a los tribunales españoles para decidir si aplican la amnistía en cada procedimiento. Según el TJUE, este periodo no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que queda limitado exclusivamente a la resolución sobre la aplicación de la norma y puede suspenderse cuando los jueces eleven cuestiones prejudiciales a la justicia europea.

Los magistrados recuerdan además que las medidas cautelares impuestas a los encausados pueden mantenerse durante la tramitación de esas cuestiones. El Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional deberán ahora reanudar los procedimientos que mantenían suspendidos y dictar sus resoluciones respetando la interpretación fijada desde Luxemburgo.

El fallo no concede directamente la amnistía a las personas afectadas, ya que corresponde a los tribunales españoles resolver cada caso concreto. Sí establece, sin embargo, una interpretación del derecho europeo obligatoria para todos los órganos judiciales nacionales.

La decisión tampoco modifica automáticamente la situación de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de dirigentes independentistas a quienes el Tribunal Supremo se negó a aplicar la norma. No obstante, elimina uno de los principales obstáculos utilizados para cuestionar su validez y refuerza considerablemente los recursos de amparo presentados ante el Tribunal Constitucional.

Puigdemont recurrió la decisión del Supremo de no amnistiarle por el delito de malversación. El alto tribunal consideró que el expresidente catalán se había beneficiado personalmente al no pagar de su bolsillo la organización del referéndum y planteó que la amnistía podía afectar a los intereses financieros europeos, una cuestión que el TJUE ha descartado.

La resolución europea marca ahora el camino al Tribunal Constitucional, cuya decisión será determinante para la posible aplicación de la amnistía a Puigdemont y su eventual regreso a España. El órgano de garantías, que ya avaló en junio de 2025 la constitucionalidad de la ley, había decidido esperar al pronunciamiento de Luxemburgo antes de resolver los recursos concretos de los dirigentes independentistas.

Faltan menos de diez días para que se cumplan tres años de las elecciones generales de 2023. Pero la ley de amnistía, la condición que pusieron Junts y ERC al PSOE para apoyar la investidura de Pedro Sánchez sigue sin desplegar todos sus efectos. Hace un año largo que el Tribunal Constitucional avaló su encaje en la norma fundamental pero el Tribunal Supremo se negó a aplicarla a los líderes independentistas procesados y condenados, entre ellos al expresidente Carles Puigdemont, con un argumento contrario a la literalidad de la ley, su propio espíritu y la voluntad del Parlamento.

Todos esos dirigentes plantearon recursos de amparo contra una decisión por la que el Alto Tribunal se partió y que fue muy cuestionada por toda la academia, pero el Constitucional ha aplazado su decisión hasta que llegue el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Los 15 miembros de la Gran Sala harán pública este jueves su decisión sobre si la disposición que trató de devolver la normalidad a Cataluña es o no contraria a los tratados europeos.

El caso resuelve las dos primeras cuestiones prejudiciales presentadas contra la ley por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. La primera considera que la extinción de la responsabilidad contable que estableció la ley de amnistía para los gastos destinados por 35 dirigentes catalanes –entre ellos Puigdemont y Artur Mas– al proceso independentista y su promoción internacional sería contraria a los intereses financieros de la UE, uno de los motivos que la propia norma recoge para denegar la amnistía.

La cuestión de la Audiencia Nacional se presentó en una causa contra miembros de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR), que organizaron disturbios y protestas callejeras tras el resultado del referéndum del 1-O. La Audiencia los acusa de delitos terroristas, también excluidos del ámbito de aplicación de la amnistía por la propia ley. Sin embargo, la norma define el terrorismo de acuerdo con la directiva europea de lucha contra este fenómeno. Para quedar excluidos de la amnistía, esos supuestos actos terroristas deben haber afectado al derecho a la vida o a la prohibición de la tortura.

El encaje de la norma española en el derecho comunitario recibió un fuerte espaldarazo el pasado 13 de noviembre, cuando el abogado general de la UE, Dean Spielmann, concluyó que la amnistía no vulneraba la norma comunitaria sobre terrorismo, ya que, en su opinión, "meramente conlleva una desactivación parcial y temporal de sus efectos, al extinguir la responsabilidad penal por ciertos hechos determinados, limitados en el tiempo y por su naturaleza". También rechazó que su aplicación a la responsabilidad contable que dirime el Tribunal de Cuentas sea contraria a los intereses financieros de la UE, al considerar que no existe un vínculo directo, "actual o potencial", entre los actos preparatorios del referéndum de los dirigentes independentistas y "los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión". La norma, según el abogado general, se aprobó "en un contexto real de reconciliación política y social". El TJUE no está vinculado por estas conclusiones, pero, en la mayoría de los casos, sus criterios suelen coincidir.

En caso de que la Gran Sala siga el criterio del abogado general, la consecuencia inmediata será la continuación de esos dos procesos en el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, que permanecen suspendidos desde la interposición de las cuestiones. En ese supuesto, lo más probable es que ambos tribunales tengan que terminar aplicando la amnistía y aceptando el criterio impuesto por el TJUE, de obligado cumplimiento en cualquier Estado miembro.

El alcance del fallo también puede resolver las otras dos cuestiones prejudiciales presentadas: la primera, por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y la segunda, por un juzgado de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Tras el aval del Constitucional a la norma de hace un año, la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, en caso de bendecir su encaje comunitario, se interpretará como un espaldarazo al más alto nivel a la apuesta política que impulsó la actual legislatura.

Las cuestiones prejudiciales en Europa son una excepción a la regla: los jueces han aplicado la amnistía a más de 300 personas con total normalidad.

Tras la negativa del Supremo a aplicar la amnistía a los dirigentes que procesó y condenó, y su insistencia en mantener una orden de busca y captura contra Puigdemont, todos ellos presentaron recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. Pero el órgano de garantías ha decidido esperar a la decisión del TJUE para pronunciarse sobre esos casos concretos.

Tras el proceso legislativo que dio forma a la ley, en el que la finalidad de la norma y de sus promotores era clara –entre otros objetivos, amnistiar a los líderes independentistas–, el Alto Tribunal decidió no aplicarla, obviando la literalidad de sus preceptos, la intención del Parlamento y la finalidad expresada en la propia exposición de motivos. Lo hizo con el argumento de que los fondos malversados para financiar el procés produjeron un enriquecimiento de los acusados que previamente no había apreciado.

La resolución contó con un severo voto de la magistrada progresista Ana Ferrer. "Los jueces no podemos hacer interpretaciones que impidan la vigencia de una norma", advirtió Ferrer en una dura opinión discrepante.

Si la la ley recibe el aval del TJUE, lo que se espera es un nuevo revés del Constitucional al Supremo, el tercero después de la anulación de la inhabilitación del diputado de Podemos Alberto Rodríguez y la sentencia de los ERE de Andalucía.

Si el tribunal de garantías estima los recursos de Puigdemont, Junqueras y el resto de líderes soberanistas, sus magistrados tendrán que volver a recordar en varias sentencias que la más alta instancia penal del sistema judicial español –la Sala Segunda del Supremo– habrá vulnerado derechos fundamentales como el de la tutela judicial efectiva y garantías básicas del proceso penal, como el principio de legalidad penal o la retroactividad de disposiciones penales más favorables.

Un aval de la justicia europea a una amnistía como la aprobada por el Gobierno del PSOE y sus socios no tendrá, por tanto, efectos directos en la situación de Puigdemont, Junqueras y el resto de líderes independentistas, pero hará muy difícil que, desde la judicatura, se produzcan nuevas maniobras destinadas a dilatar su aplicación o a desobedecerla.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará el 16 de julio la sentencia sobre la ley de amnistía para determinar si los gastos del procés pusieron en riesgo los intereses financieros de la UE y si el olvido de los delitos de terrorismo es conforme a las normas comunitarias.

El servicio de prensa del tribunal informó este viernes de que la corte con sede en Luxemburgo resolverá las cuestiones prejudiciales que le han planteado el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional sobre la responsabilidad contable de los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, entre otros; y la acusación de terrorismo a 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), respectivamente.

Pero la sentencia también marcará el camino al Tribunal Constitucional, que debe resolver el recurso de amparo que ha presentado Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar el delito de malversación, en un fallo que puede ser fundamental para su regreso a España.

El pronunciamiento del TJUE viene precedido de la opinión que el abogado general Dean Spielmann publicó el pasado 13 de noviembre avalando los principales puntos de la ley de amnistía, al considerar que no perjudica a las finanzas europeas y que responde al interés general.

Spielmann refutó la interpretación del Tribunal de Cuentas —que comparte el Tribunal Supremo al no amnistiar la malversación— de que la secesión de Cataluña hubiese reducido la Renta Nacional Bruta de España y, en consecuencia, su aportación al presupuesto comunitario.

Siguiendo este criterio, señaló el abogado general, se tendría que haber considerado que la retirada del Reino Unido de la Unión Europea en 2020 fue ilegal porque también afectó al presupuesto comunitario.

Y añadió además que no se puede establecer "un vínculo de conexión directa" entre los gastos del procés y las cuentas de la UE, en parte porque el Tribunal de Cuentas no aportó "ningún elemento que indique que se utilizaran fondos procedentes del presupuesto de la Unión" para promover la independencia de Cataluña.

En contra de lo que cree la Comisión Europea, el abogado general negó también que la ley del olvido sea una "autoamnistía" porque no busca "proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles actuaciones judiciales", sino "dar respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación".

El abogado general tampoco vio ninguna incompatibilidad entre la directiva europea de lucha contra el terrorismo y la ley de amnistía porque "conlleva meramente una desactivación parcial y temporal de sus efectos, al extinguir la responsabilidad penal por ciertos hechos determinados, limitados en el tiempo y por su naturaleza".

Según el letrado, la amnistía "cumple los estándares jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos" y no incluye entre los delitos perdonados aquellos que supongan violaciones graves de derechos humanos, principalmente las infracciones de los derechos a la vida y a la integridad física, que excluye explícitamente.

No obstante, pese a avalar los principales aspectos de la amnistía, el abogado general cuestionó algunos de sus aspectos procedimentales, principalmente los dos meses de plazo que la ley da a los jueces para que decidan si deben aplicarla, porque "podrían ser incompatibles" con el derecho a la tutela judicial efectiva.

Sus conclusiones no son vinculantes, aunque estadísticamente suelen coincidir con las sentencias que acaba dictando el TJUE.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó este jueves, de manera unánime, una histórica ley de amnistía para presos políticos condenados en episodios de crisis política entre 2002 y 2025 y que excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país suramericano, según informa EFE.

La nueva legislación excluye de la aplicación de la amnistía los delitos sobre violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción.

Igualmente, establece la exclusión de personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por "promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial" de Venezuela por parte de "Estados, corporaciones o personas extranjeras".

Los diputados aprobaron conceder la amnistía sobre hechos o "faltas cometidas" durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025, como el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de ese año y principios de 2003 y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024.

Además, se designó una comisión especial conformada por 23 diputados, entre opositores y chavistas, que desarrollará e implementará "mecanismos" para asegurar el cumplimiento de la ley, que ya fue enviada a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para su firma y posterior publicación en la Gaceta Oficial. Los parlamentarios podrán contar con la asesoría de expertos.

En el artículo 7, objeto de diferencias entre los parlamentarios y por el cual se postergó el debate la semana pasada, se establece que las personas deben presentarse ante los tribunales para solicitar la amnistía y permite que aquellos que no se encuentren en el país puedan hacer el procedimiento a través de un representante legal.

Entretanto, en el artículo 11 se indica que el tribunal competente verificará las condiciones de la amnistía en cada caso y decretará la nulidad de todos los procesos en curso o la revisión de las sentencias firmes para que se anulen a través de una "sentencia de reemplazo", en un lapso "que no excederá de 15 días continuos".

La legislación también dispone que las personas beneficiadas por esta ley que cometan delitos después de la entrada en vigencia de la amnistía serán procesadas con normalidad según la legislación.

Esta propuesta de amnistía se enmarca en el "nuevo momento político" anunciado por Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE.UU. el pasado 3 de enero.

La ONG Foro Penal contabiliza 644 presos políticos en el país, tras más de 400 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido al Tribunal Constitucional que conceda el amparo al expresident catalán Carles Puigdemont ante la negativa del Tribunal Supremo de no aplicarle la Ley de Amnistía, según informa EFE.

El Ministerio Público y la Abogacía del Estado han presentado sus escritos ante la corte de garantías en los que abogan por estimar el recurso de amparo del expresident contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la amnistía por el delito de malversación, según avanza El Español y confirma EFE en fuentes jurídicas.

En ambos casos, consideran que el alto tribunal debió de aplicarle la amnistía y critican la forma en la que el Supremo interpretó la norma al esquivar su aplicación por la malversación, una actuación que tachan de "irrazonable y arbitraria". También subrayan que lo que pretende el legislador con la ley es perdonar los delitos relacionados con el procés, incluida la malversación salvo los casos en los que concurra un enriquecimiento personal, un hecho que entienden no se puede aplicar a Puigdemont.

Con sendos escritos ya sobre la mesa, la decisión de la corte de garantías está cada vez mas cerca pero condicionada a lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decida sobre las cuestiones prejudiciales que elevaron los tribunales españoles, un fallo que se espera que se conozca como tarde en el mes de marzo.

El abogado general del TJUE ya despejó el camino cuando el pasado noviembre avaló la ley en un informe en el que dijo que la norma se dio "en un contexto real de reconciliación política y social" y que "no existe un vínculo" directo entre los gastos del procés y un perjuicio a las finanzas europeas, como sí entiende el Supremo.

Una vez que la Justicia europea resuelva esta cuestión, el Constitucional ya sí podrá abordar directamente la resolución del recurso que, incluso en caso de que fuera favorable al expresident, correspondería siempre al alto tribunal su aplicación.

Mientras tanto, Puigdemont continúa sin poder regresar a España ya que hace dos semanas el Tribunal Constitucional acordó por una mayoría de 10 a 1 mantener la orden de detención nacional que pesa contra el expresident catalán, en tanto en cuanto el Constitucional resuelve el recurso de amparo.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso este viernes una ley de amnistía general para "reparar las heridas" que ha dejado la confrontación política en el país sudamericano, una medida que beneficiará a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo, según recoge EFE.

En el acto de inicio del año judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rodríguez encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia y la Paz para que en las "próximas horas" presenten la ley ante la Asamblea Nacional -dominado por el chavismo-, así como la "máxima colaboración" al cuerpo legislativo para su aprobación.

"Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos", añadió.

La líder chavista indicó que esta propuesta de ley excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.

Además, la funcionaria pidió convertir El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, señalada como un centro de "torturas" por ONG y opositores, en un centro social y deportivo.

La propuesta la dio a conocer semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, con quien el Gobierno encargado de Rodríguez mantiene acercamientos, hablara del cierre de una "cámara de torturas" en la capital venezolana.

El Helicoide, una estructura inconclusa de la década de 1950 que fue concebida originalmente como un centro comercial, pasó luego a convertirse en la sede del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

El lugar ha sido señalado como un centro de "torturas" por opositores y activistas defensores de derechos humanos, mientras que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha documentado casos de torturas y abusos, una denuncia que ha rechazado el Gobierno venezolano.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado aseguró que la ley de amnistía general es "producto de la presión real" de Estados Unidos y dijo que espera que se haga realidad.

"Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino que es producto de la presión real que ha recibido por parte del Gobierno de los Estados Unidos", manifestó en la charla Hablemos de Venezuela con el periodista Michael Stott en el Hay Festival de Cartagena de Indias, Colombia.

Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, dijo que en el país petrolero "el aparato represivo del régimen es brutal" y "ha respondido a los intereses de las múltiples fuerzas criminales que conforman este régimen".

La opositora añadió que en Venezuela "hay presos políticos que tienen 23 años en prisión", como es el caso de tres policías metropolitanos, y hay otros "que han sido desaparecidos". De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 771 presos políticos.

Asimismo, diputados opositores celebraron el anuncio de la ley de amnistía, al tiempo que pidieron que el texto legislativo marque el cierre definitivo de la "represión" y "persecución" en el país.

El diputado Henrique Capriles dijo en X que la amnistía es un "paso necesario y muy importante" para avanzar al país que quieren "la gran mayoría de los venezolanos". A su juicio, el anuncio de la ley y el cierre de El Helicoide toca la "conciencia del país y devuelve esperanza a miles de familias venezolanas que han sufrido la injusticia y la persecución".

Entretanto, la ONG Provea señaló que los presos políticos han sido detenidos de manera arbitraria por lo que, sostuvo, el Estado no es el que "debe perdonar", sino que "los responsables de graves crímenes" deben "pedir perdón a las víctimas y a la sociedad, y asumir su responsabilidad ante la Justicia por los abusos cometidos".

Familiares de presos políticos en Venezuela dijeron este viernes a EFE que se sienten "esperanzados" tras la propuesta anunciada de ley de amnistía.

Estamos "esperanzados, esperamos que -nuestros familiares- puedan disfrutar de los beneficios que se están dando (...) seguiremos en la lucha hasta poder abrazar a los nuestros, que también han sido víctimas de este terror", dijo a EFE Mariglys Guzmán, quien se encontraba a las fueras del calabozo policial de Zona 7 de la PNB, en el este de Caracas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado el anuncio, una medida que vincula a una "orden de Estados Unidos" y que "debió" adoptarse "hace mucho tiempo con la presión" que, en su opinión, "nunca llegó" del Gobierno de España.

Feijóo cree que la propuesta de Delcy Rodríguez de sacar adelante una amnistía desde 1999 hasta la actualidad no nace de la "convicción", sino de una "orden de Estados Unidos", según ha manifestado este sábado en la red social X.

"Venezuela es un país mejor sin Maduro y Venezuela será un país aún mejor con Edmundo González y María Corina Machado. Pero en lo que ese momento llega, celebramos que la dictadura haga ahora por orden de Washington lo que debió hacer hace mucho tiempo con la presión (que nunca llegó) del Gobierno de España", sostiene el líder de la oposición.

Y en este punto lamenta "la posición que han tenido sobre este asunto" el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el expresidente José Luís Rodríguez Zapatero.

"Ojalá algún día conozcamos sus verdaderas motivaciones", ha añadido Feijóo, que ha precisado que el PP "introdujo a María Corina Machado en la reunión de los primeros ministros y presidentes" del Partido Popular Europeo, "haciendo de nexo entre Europa y la causa venezolana". "Nosotros no les fallaremos", ha concluido.

El Tribunal Constitucional ha rechazado este martes dos cuestiones de inconstitucionalidad sobre algunos preceptos de la ley de amnistía planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Audiencia Provincial de Madrid, informa EFE.

Fuentes jurídicas han informado de que la corte de garantías ha desestimado ambas cuestiones por unanimidad de sus miembros.

Por un lado, ha inadmitido la cuestión promovida por el TSJ de Cataluña en el marco de la causa contra los republicanos Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, responsables de la organización del 1-O, y contra la exconsellera Natàlia Garriga, acusada por desobediencia.

Lo ha hecho en aplicación de la doctrina sobre la indebida simultaneidad en el reenvío prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.

Por otro lado, también ha inadmitido la cuestión planteada por la Audiencia de Madrid en relación a las condenas impuestas a unas personas por desórdenes públicos tras una concentración en apoyo de los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo.

En este segundo caso, el tribunal rechaza la cuestión al alegar pérdida de objeto, puesto que en la sentencia que sustanció y sentó la doctrina sobre la Ley de Amnistía ya declaró inconstitucional el artículo 1.1 de la norma por la diferenciación que establecía entre quienes apoyaron y quienes se opusieron al procés.