El consenso de los ciudadanos para percibir la vivienda como un problema es un hecho innegable desde hace tiempo, pero ahí parecen terminar los acuerdos. Las medidas a derecha e izquierda para combatir esta crisis no suelen apuntar en la misma dirección y ese choque se ha escenificado de forma clara en la negociación del Plan Estatal de Vivienda que llega al Consejo de Ministros este martes. Cuando se concretó el año pasado, la iniciativa del Gobierno recibió un no rotundo por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP).

En septiembre de 2025 los populares emitían un comunicado acusando al Ejecutivo de legislar “contra las comunidades” y de hacerlo “sin diálogo”. Tras varias reuniones, conferencias sectoriales y una incorporación de alegaciones, fuentes del Ministerio de Vivienda señalan a infoLibre que el tono ha sido “más sosegado y más constructivo de lo que pueda parecer” y cuentan con que las autonomías se adapten sin reticencias significativas.

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, llegó incluso a recurrir la ley de vivienda ante el Tribunal Constitucional, aunque la resolución avaló en su mayoría la propuesta del Gobierno. Otras comunidades como Cantabria o Madrid (que también apeló al Constitucional sin éxito) se mostraron muy reticentes y pedían incluir medidas relativas a la okupación o a la liberalización de suelo. “No se está topando (el alquiler) en Madrid porque el PP no quiere, ni en Andalucía porque el PP no quiere y ni en Aragón porque el PP no quiere”, lanzaba la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en respuesta a la posición de Madrid.

Estas discrepancias han prolongado la concreción del plan fuera de los plazos establecidos inicialmente, ya que la idea era ponerla en marcha antes de que finalizase 2025. Pero fuentes de la negociación señalan que se ha optado por dilatar las conversaciones para poder alcanzar consensos. “Siempre puede haber una orden de Génova de última hora, que no sería la primera vez que pasa, pero si las comunidades autónomas van en la misma línea de lo que se ha trasladado en las negociaciones, confiamos en que pueda haber un acuerdo”, concluyen las mismas fuentes. 

Para tratar de suavizar las reticencias iniciales, el Ministerio de Vivienda abrió un periodo de alegaciones e incorporó algunas de ellas a la propuesta. En concreto, ayudas a la urbanización de suelo, ayudas para sufragar los gastos de gestión y puesta en marcha del propio Plan, medidas de flexibilización en la gestión y ayudas para jóvenes.

En primer lugar, la propuesta del Ejecutivo plantea que se blinden las viviendas públicas de forma permanente y sin que puedan pasar al mercado libre al cabo de unos años. Esto es, además, una línea roja que, de no cumplirse, dejaría a las regiones que no lo asuman sin la posibilidad de acceder a los fondos del plan. Fuentes de la negociación señalan que muchas comunidades han asumido este compromiso de forma amplia y otras solo lo implementarán de forma limitada para aquellas casas que se construyan con fondos estatales.

Otro punto central será el reparto de la financiación. Con un presupuesto total de 7.000 millones, la intención es que el Estado asuma el 60% de la inversión prevista y que las comunidades autónomas aporten el 40% restante. También este reparto generó polémica en su momento, ya que hasta ahora el aporte de las comunidades era inferior (en torno a un 25%). La aportación que recibirá cada comunidad se determinará teniendo en cuenta parámetros como la tensión del mercado, la dispersión poblacional, las tasas de desempleo y otros similares. Una vez determinado, es cuando se calcula el porcentaje que cada comunidad deberá añadir para completar el paquete. Esta nueva estructura de cofinanciación la justificaba el Gobierno apelando a la búsqueda de una mayor implicación autonómica en lo que tiene que ver con la vivienda, pero disgusta a las comunidades populares, que la han tachado de "ideológica".

Desde Vivienda explican que, ante las quejas que apuntaban a unos plazos demasiado cortos para su puesta en marcha, será el Gobierno quien asuma los gastos hasta que las comunidades puedan ajustar sus presupuestos. "El primer año lo damos de cadencia y luego ellos comienzan a financiarlo los cuatro años siguientes”, concluyen.

Además del blindaje de la protección pública y del dinero, la norma prevé poner orden en el caos de datos para que se pueda seguir la evolución de los precios a través de organismos oficiales, como los depósitos de fianzas de las comunidades, y no por entidades privadas como los portales inmobiliarios. Este es otro de los requerimientos que Vivienda ha lanzado a las comunidades, exigiendo más transparencia en, por ejemplo, los datos sobre depósitos de fianzas de cada administración o el número de viviendas vacías.

Más allá del marco general y de la batalla política están las medidas destinadas a facilitar el acceso y contener los precios. El documento recoge ayudas a jóvenes para el alquiler con opción a compra de hasta 300.000 euros y para compra y construcción de primeras viviendas en municipios con problemas demográficos. Estas últimas con una dotación que superaría los 10.800 euros. También se incrementa la cuantía del bono joven hasta 300 euros al mes y se concede una ayuda de hasta 250 euros mensuales para alquiler de vivienda habitual.

En conjunto, el reparto porcentual de los fondos pasa por destinar un 40% del presupuesto a la nueva construcción o a la compra de vivienda protegida y un 30% a la rehabilitación.

El otro punto clave es ampliar el parque de vivienda y movilizar casas vacías. Se crearán ayudas a la rehabilitación de viviendas vacías con una cuantía de hasta 35.000 euros si después se ponen en alquiler residencial un mínimo de cinco años a un precio asequible. El plan incluye, también, ayudas de hasta 85.000 euros para construir vivienda pública en municipios de menos de 10.000 habitantes, que podrán destinarse a la venta.

Los plazos para la puesta en marcha de la nueva regulación se conocerán tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde la ministra de Vivienda, aportará información al respecto.

Todas las comunidades presididas por el PP, excepto Ceuta, han decidido no participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para este miércoles, por lo que esta no se celebrará por falta de quórum, han informado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia a EFE. 

El encuentro pretendía abordar la continuidad del modelo de acogida de los menores migrantes no acompañados entre todas las autonomías después de un año de funcionamiento del sistema.

La consejera madrileña de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha señalado que no acudirá a esta reunión prevista para tratar la reubicación de menores migrantes porque considera su convocatoria "ilegal" y ha asegurado que la Comunidad de Madrid no participará en política migratoria "temeraria" de Pedro Sánchez. 

Sí han acudido a la reunión de forma presencial representantes del Gobierno autonómico de Canarias y Castilla-La Mancha, mientras que Ceuta se ha conectado por videoconferencia. 

En un mensaje de vídeo remitido a los medios de comunicación, Dávila ha señalado que no acudiría a la reunión, que iba a ser presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, porque ha sido convocada de forma ilegal, ya que el orden del día fue rechazado en la comisión sectorial previa por la mayoría de las comunidades. 

Y ha cargado contra el Gobierno por querer continuar con lo que ha calificado como un "reparto forzoso de menores como si fueran paquetes y en contra de su voluntad": "No se me ocurre nada más inhumano", ha lamentado.

Sira Rego ha asegurado este miércoles que la acogida corresponsable de los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades sigue adelante pese al intento del PP de bloquear este sistema y su plantón este miércoles en la sectorial que iba a tratar este asunto. En declaraciones a los medios, Rego ha calificado de "absolutamente lamentable" la actitud del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Rego ha manifestado su "profunda indignación" frente a un PP que, en su opinión, recurre al bloqueo procedimental porque "son incapaces de decir lo que realmente está sucediendo y es que es un partido que está abrazando las tesis racistas" y en contra de los derechos de la infancia.

En cualquier caso, la ministra ha aclarado que esta era una cita en la que se iba a informar a las autonomías sobre un nuevo real decreto para actualizar la capacidad ordinaria del sistema de acogida de las comunidades y dar continuidad al modelo. Y, aunque no se haya celebrado la reunión, las comunidades se dan por informadas, lo que permite jurídicamente al Gobierno "con todos los avales", seguir con la formulación del real decreto, que, ha garantizado, irá "de manera inminente" al Consejo de Ministros. 

Veintitrés incendios activos en Cantabria, donde se ha cortado la conexión ferroviaria con la Meseta, y veinte en Asturias mantienen alerta este martes a los servicios de Emergencias de ambas comunidades, en las que el riesgo continúa siendo elevado debido a las altas temperaturas, informa EFE.

En Galicia han quedado estabilizados los principales fuegos, entre ellos el que se originó en Ponteareas (Pontevedra) y que afectó a 600 hectáreas.

En Cantabria, que registra en la mañana de este martes 23 incendios activos, se ha suspendido la conexión por tren con la Meseta debido al fuego en Los Corrales de Buelna, que ha obligado a cortar la vía y la catenaria para establecer un contra fuego y facilitar así la extinción.

El corte afecta a la circulación de la línea de cercanías C1 y a la conexión ferroviaria entre Santander y Palencia, por lo que Adif ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera.

Los incendios activos se encuentran en Los Tojos (6), Cabuérniga (4), Rionansa (2), Valdaliga (2), Tudanca, Cieza, Arenas de Iguña, Molledo, Pesquera, Entrambasaguas, San Vicente de la Barquera, Ruente y Lamasón.

Se mantiene activa la fase de preemergencia del plan especial de Protección Civil desde esta mañana.

Se prevén condiciones meteorológicas desfavorables para evitar y controlar los fuegos en las próximas 48-72 horas, lo que "favorece la acción de los incendiarios y dificulta las labores de extinción", según el Ejecutivo.

"La madrugada ha sido la más comprometida en lo que va de año en la extinción de incendios forestales”, ha dicho el director general de Biodiversidad, Ángel Serdio.

En Asturias hay 31 incendios forestales, de los que veinte están activos, que afectan a quince concejos y se localizan principalmente en zonas altas, inaccesibles o con muy difícil acceso para los recursos terrestres.

Por ello resultará fundamental el trabajo de los medios aéreos de la comunidad autónoma y los movilizados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).

Los incendios se localizan en los concejos de Allande, Amieva, Belmonte de Miranda, Cabrales, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Grado, Lena, Llanes, Morcín, Llanes, Piloña, Ponga, San Martín de Oscos y Tineo.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, elevó pasadas las 23:00 horas de ayer a situación 1 el nivel de emergencia del Plan de Incendios Forestales del Principado.

En la jornada de hoy 55 de los 78 municipios asturianos están en riesgo extremo por fuegos forestales, mientras que 19 lo están en riesgo muy alto y los 4 restantes, en riesgo alto. El miércoles los 78 concejos se encontrarán en riesgo muy alto.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las temperaturas máximas se suavicen hoy y se sitúen en torno a los 26 o 27 grados, con vientos flojos pero posibilidad de rachas muy fuertes en la cordillera. Además, espera precipitaciones débiles y moderadas, acompañadas de tormentas.

La Coordinadora Ecologista de Asturias (CEA) ha pedido al Gobierno del Principado la recuperación del acotamiento al pastoreo de las zonas quemadas por los incendios forestales para evitar que se pueda obtener "beneficio de quemar un monte".

En Galicia el incendio forestal de A Laracha y Carballo (A Coruña), que son dos focos unidos, ha quedado estabilizado tras quemar 150 hectáreas, informa la Consellería do Medio Rural.

Las llamas obligaron a la Guardia Civil a desalojar a trece personas en la parroquia de Caión, en A Laracha.

El incendio que se originó en Ponteareas (Pontevedra) y se extendió por los municipios de Pazos de Borbén y Mos se encuentra también estabilizado tras haber afectado a 600 hectáreas.

El fuego obligó a activar el lunes la situación 2 de emergencia por su proximidad al núcleo de O Galleiro, en Pazos de Borbén, medida preventiva desactivada pasadas las 23:30 horas.

La respuesta de las comunidades autónomas a la guerra de Irán avanza de manera desigual, con regiones que ya han movilizado recursos, mientras otras, como Andalucía, siguen sin aprobar medidas propias. En conjunto, las comunidades autónomas han puesto en marcha ayudas que van desde créditos al apoyo directo al campo o la pesca, descuentos en el combustible o alivio de cargas fiscales, por un total de 2.133 millones de euros. A esta cifra se suman los 5.000 millones de euros anunciados por el Gobierno de Pedro Sánchez la semana pasada en su plan anticrisis.

Entre los ejecutivos autonómicos destaca el País Vasco, con más de 1.000 millones de euros, seguido de Cataluña y la Comunidad Valenciana, con 400 millones de euros cada una. Galicia ha anunciado un plan propio con 150 millones de euros de dotación.

En Navarra, el ejecutivo ha anunciado un plan de choque fiscal de 37 millones de euros. En Baleares, el Consell ha prometido 84 millones de euros, mientras que en Murcia el gobierno autonómico ha movilizado, por ahora, 10 millones de euros.

La Generalitat de Cataluña aprobó un paquete de 400 millones de euros en ayudas directas para proteger a familias, trabajadores y empresas. La Comunidad Valenciana también ha activado medidas con más de 300 millones en ayudas a la industria, junto a créditos y apoyo a autónomos y empresas.

En Galicia, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha aprobado un plan de 150 millones de euros con ayudas a empresas, transportistas y el sector primario. Baleares y Murcia han puesto en marcha medidas por valor de 84 y 10 millones de euros, respectivamente.

Frente a estas iniciativas, Andalucía se mantiene a la espera. La Junta ha puesto el acento en la coordinación con el Gobierno central, mientras el PSOE andaluz presiona al presidente autonómico, Juanma Moreno, para que implemente un plan propio.

Una situación similar se da en Castilla y León y Extremadura, con gobierno en funciones tras las elecciones. La Junta de Castilla y León ha anunciado que compensará las ayudas estatales, centrando su estrategia en rebajas impositivas. En Extremadura, la portavoz del ejecutivo, Elena Manzano, ha defendido que es el Estado quien debe liderar las medidas, calificando de “insuficientes” las adoptadas hasta ahora.

La ministra Elma Saiz, se ha referido a ambas Comunidades Autónomas lamentando la “parálisis” en algunas autonomías y criticando que “los cálculos electorales” estén primando sobre la adopción de medidas.

Aragón tampoco ha aprobado aún un plan, aunque ha avanzado algunas medidas de carácter fiscal. A esta lista se suman otras comunidades con gobiernos estables que tampoco han anunciado iniciativas, como La Rioja, Cantabria y Castilla-La Mancha.

En el caso de Canarias, se prevé un tratamiento específico, ya que el Gobierno de España financiará mediante mecanismos de compensación las medidas estatales que no tienen aplicación directa en el archipiélago.

En política, la confianza es clave. Y cuando Alberto Núñez Feijóó llegó a la presidencia nacional del Partido Popular, en abril de 2022, contaba con un apoyo mayoritario entre los votantes del PP. Es más, daba por descontado que su fama de político moderado y de buen gestor, construida gracias, en buena medida, al control mediático de su partido en Galicia, le abriría la puerta de la Moncloa.  En sus cálculos entraba una recesión económica, que nunca llegó y su supuesta capacidad para frenar a Vox, que ya entonces se había comido buena parte del electorado representado tradicionalmente por el PP, y que tampoco se hizo nunca realidad. 

Las cuentas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) llegaron a reconocerle que el 38,7% de los españoles tenían en él mucha o bastante confianza, frente a un 55,4% que manifestaban poca o ninguna. Un porcentaje muy elevado, tratándose de políticos en España, aunque a su favor también jugaba un cierto desconocimiento. En el barómetro de abril de 2022, justo después de su llegada a Génova, Feijóo lograba una valoración media de 5,20. Además, en la pregunta espontánea sobre quién preferían como presidente del Gobierno, obtenía un 16,4%, por encima de lo que registra ahora. El PP hablaba del "efecto Feijóo".

Con el paso del tiempo, aquellas cifras se han volatilizado. La confianza cayó a los pocos meses por debajo del 30%, en septiembre de 2022, y nunca se recuperó. En el barómetro del CIS de febrero de 2026, lo situó en un 3,45 de valoración media, y en marzo apenas remontó al 3,60, casi dos puntos por debajo de cuando llegó a la presidencia del partido. Pero lo verdaderamente inquietante para Génova es la fidelidad de voto: solo el 69,9% de quienes habían votado al PP en 2023 repetirían hoy, mientras un 17,1% se iría a Vox.

Según el reciente análisis de Rafael Ruiz, consultor y analista de datos en asuntos públicos en Logoslab, el comportamiento de los votantes del PP de 2023 a nivel autonómico se aleja de lo que están reflejando las encuestas de cara a unas hipotéticas elecciones generales que se celebrasen en la actualidad, donde la fidelidad del PP es más baja y la de Vox más elevada. Es decir, los votantes del PP están confiando en mayor medida en sus líderes regionales que en Feijóo. En consonancia con esto último, las valoraciones de Guardiola (7,9) y de Jorge Azcón (7,9) entre sus votantes son claramente mejores que las de Feijóo entre los suyos (6,1).

Cuatro años después, el Partido Popular domina el mapa de poder territorial tras las autonómicas y municipales de 2023 y varios de sus presidentes mantienen una relación bastante sólida con sus electorados, pero esa confianza no se traslada automáticamente al líder nacional, que no logró sumar los suficientes apoyos tras las generales de ese mismo año pese a ser la primera fuerza. De cara a los próximos comicios estatales, que Moncloa sitúa en 2027, el PP sigue apareciendo como la primera fuerza en la mayoría de encuestas, pero su líder no capitaliza la confianza que sí despiertan varios presidentes autonómicos de su propio partido.

Más bien al contrario, cuanto mejor aguantan algunos barones en sus territorios, más visible resulta la fragilidad política de Feijóo. Aunque precisamente ese poder territorial es una de las bazas de las que siempre presume la dirección nacional y de las que se sirve para confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez, es también un espejo incómodo para Feijóo. Sus barones gobiernan, pero él no lo hace. Así, según las encuestas —y los resultados electorales— el electorado conservador distingue entre la marca territorial del PP, y la dirección nacional de Génova, que ofrece una imagen más frágil y más expuesta a la presión de Vox.

En comunidades como Extremadura, Aragón y Castilla y León, el PP aparece mucho más anclado a una lógica de gestión y de liderazgo territorial que a las dinámicas de la política nacional. Prueba de ello es el resultado de la formación conservadora en esos comicios, con tres victorias de sus candidatos: en el caso de la extremeña María Guardiola con 29 escaños y 43,2% de los votos —un acta más que en 2023—; en el del aragonés Jorge Azcón 26 escaños y 34,3% del total —dos menos—; y en el del presiente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, 33 escaños y 35,5% —dos más que cuatro años antes—. En todas estas autonomías, sin embargo, el PP necesita el apoyo de la extrema derecha, que ya ha dejado meridianamente claro que entrará en esos gobiernos.

Es más, de cara a demostrar su autoridad frente a sus barones, Feijóo mandó hace unas semanas a sus principales lugartenientes, Miguel Tellado y Marta Varela —secretario general del partido y jefa de gabinete del líder conservador—, a supervisar las negociaciones con la formación de Santiago Abascal. Una decisión que generó revuelo interno dentro del partido, especialmente en el PP extremeño, después de que los ultras amenazan con votar en contra de la investidura de Guardiola. Un movimiento que ni Tellado ni Varela pudieron evitar el pasado 3 de marzo. Este miércoles ambas formaciones acercaron posturas, pero desde la dirección nacional de Vox acusan a Génova de tratar de "ponerles zancadillas" para que el acuerdo no se produzca.

En estos años al frente del PP, su mayor éxito —la cuota de poder territorial— no es tanto suyo sino de sus barones autonómicos. El mayor fracaso, en cambio, es enteramente suyo: no logró la mayoría que buscaba para llegar a la Moncloa. La debilidad de Feijóo quedó patente, precisamente, en su incapacidad de forzar la dimisión del presidente valenciano Carlos Mazón. Fue él quien dio ese paso tras la presión de los familiares de las víctimas de la dana, pero Feijóo se confirmaba únicamente en que no repitiera como candidato en las siguientes elecciones autonómicas. Tampoco pudo convencer a la alcaldesa de València, María José Catalá, a que diera un paso al frente y fuera elegida como presidenta. Tuvo que aceptar una solución intermedia, la de Juanfran Pérez Llorca.

Ese desgaste a su figura tiene varias implicaciones políticas para el líder del PP. La primera en clave estratégica. Si el PP autonómico se vota por gestión y proximidad, pero el PP nacional pierde capacidad de arrastre, entonces la marca estatal deja de funcionar como paraguas y empieza a depender de la autoridad de sus barones. Génova corre el riesgo de vivir a crédito de sus presidentes autonómicos, a diferencia de lo que ocurre en el caso de formaciones como Vox. En ese caso, sus candidatos autonómicos están relegados a un segundo plano y lo único que importa es su líder, que ejerce como candidato in pectore.

Así, otro de los riesgos que corre Feijóo es que una parte de ese electorado que vota al PP nivel nacional, considere más eficaces a los barones del PP en sus territorios, pero perciba a Abascal como su opción favorita en la batalla nacional. Especialmente si en campaña se sitúan en la agenda cuestiones como la inmigración, las políticas verdes, la corrupción del bipartidismo o las guerras culturales, con cuestiones como los derechos feministas o LGTBI en el centro. En Génova confían en que los ultras sufran un retroceso en las próximas elecciones andaluzas y que también se desgasten al entrar de nuevo a gobernar en algunos territorios.

Sin embargo, ello no resuelve el problema de fondo de Feijóo. Y es que cuanto más se refuerce la idea de que el PP funciona mejor en manos de sus presidentes autonómicos que bajo su dirección nacional, más se estrecha el margen político del actual jefe de la oposición dentro del propio partido. No se trata solo de una discusión sucesoria, que hoy no está formalmente abierta, sino de autoridad efectiva. Y, si Feijóo vuelve a fracasar en unas generales, la batalla por su sucesión vendrá desde los territorios.

Una de las incógnitas que planteaban las elecciones de Castilla y León era conocer qué incidencia iban a tener los graves incendios forestales del pasado verano en los municipios más afectados y, mayoritariamente, han apoyado al PP a excepción de lo ocurridos en El Bierzo, una comarca históricamente socialista, según informa EFE.

El pasado verano fue uno de los más negros para esta Comunidad con más de 140.000 hectáreas quemadas y tres personas fallecidas a causa del fuego.

Entre los fuegos más graves destacaron los registrados en municipios como Benuza y Encinedo (León), Ferreras de Abajo y Mahíde (Zamora), Navalacruz y Arenas de San Pedro (Ávila) o Monsagro (Salamanca), que obligaron a evacuar o confinar a vecinos de distintas localidades durante varios días.

En la comarca leonesa del Bierzo, históricamente ligada a la minería y al movimiento sindical, el PSOE ha conseguido ser la fuerza más votada en la mayoría de los principales municipios afectados por los fuegos, como en Villablino (48,6%), Bembibre (40,6%) o Toreno (53,9%).

Sin embargo, en los pequeños municipios de Benuza y Encinedo, muy afectados por los fuegos, el PP ha conseguido sendas victorias, con el 62,8% y el 48% de los votos, respectivamente.

Fuera de León, la victoria del PP en los núcleos afectados por los fuegos ha sido más clara. En Zamora el PP se alzó como la primera fueza en Mahíde (54,8%), Ferreras de Abajo (41,6%) y Riofrío de Alista (65%) y, en Ávila, en Arenas de San pedro (39%) y Mombeltrán (31,5%), mientras que en Navalacruz, PP y PSOE empataron al 35% de los votos.

Preguntado por la incidencia que han podido tener estos incendios en las elecciones, el candidato del PP a la reelección y ganador de los comicios, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que estos no han castigado al PP, ya que en León, una de las provincias más afectadas, su formación ha estado "a punto de ganar".

"Otros han querido hacer de una tragedia política a corto plazo, lo que es un error", ha expresado el presidente en funciones de la Junta en declaraciones a TVE tras las conocerse los resultados.

En la provincia de León, el PP ha conseguido un 28,04% de los votos, una subida de 3 puntos, frente al PSOE, que ha sido la fuerza más votada en la provincia con el 28,27%, aunque en la comarca del Bierzo, el PSOE ganó en 32 de sus 38 municipios.

La familia del presunto agresor de Miguel Ángel Llamas, cabeza de lista de Podemos en las elecciones de Castilla y León, ha denunciado la difusión de la imagen del mismo a través de las redes sin consentimiento, pide respeto y explica que tiene un grado de discapacidad y dependencia reconocidos.

"Pedimos respeto por nuestro familiar y lamentamos la difusión, sin su consentimiento, de fotografías en las que se le identifican y que han sido ampliamente difundidas por conocidos representantes políticos de nuestro país", señala un comunicado remitido este domingo a los medios de información.

La presunta agresión por la que se le acusa, ocurrida este pasado sábado junto a la caseta electoral de Podemos en una céntrica dalle de Valladolid, "bajo ningún concepto podría ser por motivos o tintes ideológicos como quiso hacer ver el candidato de Podemos, el motivo es muy sencillo: su madurez mental", añade la nota que firma Mariví, hermana del denunciado.

"Esa discapacidad que tiene reconocida corresponde a la de un niño de seis años, y muy difícilmente ha podido identificar a Miguel Ángel Llamas y lo que esta persona encarna y representa", añade la familia de la persona que rompió un cristal de la caseta de Podemos mientras el candidato se encontraba dentro junto a su hijo de tres años, durante la jornada de reflexión, para recoger enseres propios.

Miguel Ángel Llamas salió de la caseta y se encontró con esta persona a la que fotografió y cuya imagen difundió a través de una red social junto a restos de los cristales rotos, antes de interponer una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional situada en el barrio de Las Delicias.

"Rogamos respeto y que sea la justicia la que determine qué pasó", concluye el comunicado de la familia que a su vez ha denunciado ante la Policía Nacional la difusión no consentida de la imagen del presunto agresor.

Todos estos hechos, concluye el comunicado, "están denunciados ante la Policía Nacional" y "tras la amplia difusión de su fotografía nuestro familiar tiene miedo de salir a la calle y de posibles represalias; por ello, rogamos que dejen de difundir su imagen", ha pedido.

En declaraciones a EFE, la hermana del presunto agresor ha explicado que se enteró de los sucedido por un familiar que había visto la imagen difundida en la red social X.

"Le está haciendo muchísimo daño porque no sabe gestionar estos temas, es una persona vulnerable; se han ensañado con él y no lo podemos consentir", ha agregado Mariví antes de informar que puso la denuncia este pasado sábado por la tarde.

Por su parte, el cabeza de lista de Podemos, Miguel Ángel Llamas, no ha querido valorar el comunicado emitido por los familiares, tampoco la denuncia interpuesta, y se ha remitido a la actuación policial.

"No quiero polemizar con nadie. La denuncia la formalicé en la comisaría de policía en Valladolid en el día de ayer. No quiero insistir en ello. Fue una situación muy dolorosa y que la policía haga su trabajo. No voy a hacer más declaraciones", ha respondido a los periodista este domingo en Zamora, a la salida del colegio electoral donde ha depositado su voto.

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) aspiraba a declarar la anguila europea como una especie protegida. Llevó al Comité de Flora y Fauna de las comunidades autónomas numerosos informes científicos nacionales e internacionales que apoyaban la propuesta, pero ni una región votó a favor. Tampoco las comunidades con las que comparte las siglas del PSOE. Asturias fue la más beligerante, posicionándose en contra, mientras que Cataluña, Navarra y Castilla-La Mancha se abstuvieron. 

No es la primera vez que el ministerio de Sara Aagesen choca con una región socialista en materia ambiental o animal. Ha pasado recientemente con la anguila y con el lobo, pero también con el plan de recuperación de las Tablas de Daimiel, que sigue estancado. Al fin y al cabo, muchas de las políticas de conservación que impulsa el Gobierno central son de competencia autonómica, y lo que desde Madrid se considera una medida en defensa del medioambiente, localmente se percibe como una amenaza para la economía y el empleo, por mucho que se apoye en estudios científicos o en peticiones de grupos ecologistas.

En el caso de la protección del lobo, una de las banderas de Transición Ecológica, las comunidades socialistas del norte se han levantado contra esta iniciativa desde que el Gobierno introdujo este mamífero en la lista de especies protegidas (Lespre) en septiembre de 2021. Desde ese momento, solo se podían abatir lobos con permiso de este ministerio y tras agotar cualquier otra vía de prevención, pero Asturias y La Rioja aprobaron aun así planes de control mediante cupos máximos, una fórmula que supuso abrir la puerta a la caza a gran escala y echar un pulso a la directriz del Miteco.

Aun así, ninguna de las dos regiones abatió a ningún lobo entre esa fecha y marzo de 2025, cuando el animal volvió a salir de la lista de especies protegidas. Asturias intentó matar un ejemplar en Picos de Europa, pero no recibió permiso de Transición Ecológica, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja tumbó el programa de esa Comunidad tras una denuncia de la organización conservacionista Ascel. Tras la salida del lobo del Lespre hace ahora un año, Asturias ha recuperado la caza por cupos y se han abatido 25 ejemplares, aunque la semana pasada tuvo que paralizar las batidas por orden del Tribunal Supremo, y no espera retomarlas hasta verano. 

Otro muro con el que se ha topado la Secretaría de Estado de Medioambiente es el Gobierno de Castilla-La Mancha, en manos del barón socialista Emiliano García-Page, conocido por estar alineado con el ala más conservadora del partido. Transición Ecológica lleva más de dos años negociando con esta región para elaborar un plan de rehabilitación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, un humedal a punto de desaparecer debido a la agricultura intensiva. Pero el equipo de Aagesen no logra ponerse de acuerdo con el Ejecutivo autonómico. Este choque es especialmente llamativo si se tiene en cuenta que el ministerio ya ha cerrado dos acuerdos similares para recuperar el Parque Nacional de Doñana y el entorno del Mar Menor, en dos comunidades gobernadas por el Partido Popular.

La ministra insiste a menudo en que las conversaciones están en marcha y en que el acuerdo con Castilla-La Mancha es inminente. La última vez, en una entrevista con eldiario.es a comienzos de febrero: "Esperamos que muy pronto podamos lanzar el marco de actuaciones consensuado con la Comunidad Autónoma. Hemos avanzado mucho en los trabajos técnicos, pero también en el plan socioeconómico, que es muy importante que vaya de la mano de lo ambiental", contestó Aagesen.

Sin embargo, fuentes del Gobierno autonómico dicen que la negociación "está paralizada" desde que enviaron dos propuestas de actuaciones sobre la zona del humedal, y que siguen esperando una respuesta del ministerio. Como ya ha ocurrido en el pasado en otros casos donde está implicada la industria agrícola, los expertos atribuyen el enquistamiento a que la Comunidad quiere proteger el sector primario para que no tenga que abandonar esas tierras.

"Nosotros entendemos que hay que apostar por la protección ambiental, pero también por el desarrollo económico de la región", señalan esas fuentes . "Quienes lo comparan con acuerdos como el de Doñana deben saber que aquí es mucho más complejo. La extensión afectada es muchísimo más grande y hay más población. El pacto afectaría a ciudades muy vinculadas a la agricultura". De nuevo, en este caso, las competencias están mezcladas, porque el parque nacional depende del Gobierno central, pero si el programa quiere incluir una revisión de las parcelas de alrededor, necesita el apoyo de Comunidad y ayuntamientos.

Tanto en la disputa sobre el lobo como en la de las anguilas, el componente económico también está sobre la mesa. Por una parte, los ganaderos ejercen una fuerte presión política para mantener las batidas con el argumento de los ataques que sufre el ganado –por ejemplo, Cantabria asegura que en 2025 murieron 3.493 animales por el lobo–. 

Por el lado de la anguila, la protección de estos peces afectaría a la pesca. La presencia de angulas –el alevín de la anguila– en las aguas de la península se ha reducido un 90% en los últimos 70 años, pero aun así sigue siendo un inmenso negocio: en 2024 se pescaron 59 toneladas de anguilas en España, por un valor de 1,01 millones de euros. "Asturias ha reducido de manera drástica el esfuerzo pesquero, ha limitado licencias, ha acortado campañas, ha prohibido la pesca recreativa y aplica una veda total sobre la anguila amarilla y plateada, lo que cumple con los objetivos comunitarios de conservación", argumentan desde esta Comunidad.

El tiempo seguirá siendo primaveral en las próximas jornadas, con temperaturas diurnas "más propias del mes de abril en la mayor parte del territorio" que de finales de febrero, y con máximas hasta 10 grados por encima de lo normal para la época, según el testimonio del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén del Campo, que recoge EFE.

"Tenemos por delante unos días con tiempo en general estable. Cielos poco nubosos aunque, eso sí, presencia de calima que empeora la calidad del aire. También se formarán bancos de niebla", ha añadido este miércoles. Las lluvias "quedarán acotadas" a puntos de Galicia y comunidades cantábricas, aunque sin descartar que el fin de semana pudieran extenderse a otras zonas de la mitad norte y llegar también a puntos del área mediterránea. 

Las temperaturas en general van a continuar altas para la época, especialmente los valores diurnos. A comienzos de la próxima semana sin embargo, podrían extenderse las precipitaciones a más zonas de la península y Baleares. 

Este miércoles un frente dejará lluvias en el oeste de Galicia pero el jueves será una jornada de tiempo estable. Además este miércoles habrá polvo en suspensión que dará lugar a calima "empeorando la calidad del aire", ha advertido del Campo.

Las temperaturas serán ligeramente más bajas que días previos, aunque los valores seguirán superando los 25° en el Cantábrico, también en puntos del área mediterránea, según la Aemet.

Ya el martes se rondaron los 27° en Bilbao y en Santander, y los 26° en Oviedo, ha informado Del Campo.

Mañana jueves será una jornada de tiempo estable, con numerosas brumas y bancos de niebla tanto en el interior como en zonas costeras del Mediterráneo y en Baleares. No se esperan lluvias y se mantendrá la calima en el oeste peninsular. Subirán las temperaturas en esa zona del oeste de la península, pero bajarán en el Cantábrico.

Será una jornada de nuevo "claramente más cálida" de lo habitual para la época, con máximas entre 5 y 10 grados por encima de los valores normales para las fechas, ha afirmado el portavoz de la Aemet. Se registrarán máximas "más propias del mes de abril en la mayor parte del territorio", al igual que en jornadas siguientes.

El viernes habrá algunos cambios porque un frente alcanzará el noroeste peninsular y dejará allí lluvias. En concreto en Galicia, Asturias y en Cantabria, sin descartar alguna gota en zonas próximas. Se registrará un descenso notable de las temperaturas en el noroeste peninsular, sobre todo en Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria, pero sin grandes cambios en el resto. En buena parte del centro y este peninsular se rondarán los 18 a 20° de máxima; se llegará a 25° en puntos del Mediterráneo.

Lo último que he hecho antes de enviar a publicar esta tribuna ha sido poner los signos de interrogación. Así, este texto queda más personalizado. Yo doy muchas indicaciones disfrazadas de preguntas. Todo el rato. Mis hijos pueden dar fe. 

También he pensado que siempre es mejor abrir un debate antes de emitir tan rotunda afirmación a pesar de estar muy sustentada en la evidencia.

Lo penúltimo que he hecho es dividir la tribuna en dos, porque estaba quedando muy extensa y densa para leerla de una sentada. Hoy publico la Parte I y cuando el equipo editor lo considere oportuno, se publicará la Parte II, ya escrita.

Bien. Mi método de investigación de andar por casa ha sido empezar por donde lo dejé en mi anterior tribuna sobre mis pensamientos intrusivos (ver aquí). De lo que allí manifiesto como opinión, personal, de lo que es realmente importante, recopilo algunos datos. Allí declaraba que, llegados a este punto de desorden y desasosiego internacional, lo apostaría todo a dos asuntos: autonomía y cuidados. 

Por autonomía me refiero a minimizar la dependencia que hoy tenemos como país y peor aún, como Unión Europea, en sectores superestratégicos como la energía, las comunicaciones, la soberanía alimentaria y el agua, por concretar algunos. Solo el asunto de las comunicaciones engloba gestos tan cotidianos como pagar con tarjeta en comercios, consultar y hacer trámites bancarios, todo lo que enviamos en chats que compartimos, todo lo que publicamos en redes sociales, todos los recuerdos y documentos importantes que archivamos o, cuanto menos, almacenamos, eminentemente en formato digital. 

Todos esos sectores estratégicos están demasiado interrelacionados, son excesivamente interdependientes, ya que todo —diseño, funcionalidades, requisitos de acceso, pago por servicios— pasa en definitiva por el switch de grandes corporaciones, todas ellas privadas y todas ellas norteamericanas, salvo —imagino— alguna excepción que confirme la regla y en la que ahora mismo no caigo. Son dueñas de las infraestructuras, porque son privadas, y establecen las reglas de acceso y uso. 

No nos engañemos. Pensábamos que todos nuestros huevos los teníamos distribuidos en varias cestas. Cambiado el orden internacional, resulta que nos caemos del guindo de que en realidad es una única cesta que, además, lleva ahora agarrada por las garras un águila imperial demente que vuela dando tumbos. 

En este ámbito, las comunidades autónomas españolas, que es el ámbito territorial que yo querría comparar para responder a la pregunta del título, poco pueden hacer por sí solas, más que aceptar o negar la mayor y la evidencia, y censurar o alabar el caos que está trayendo consigo, una vez más, el fascismo, la autocracia y los ultrarricos. Dicho esto, hay al menos un asunto de esos sistémicos, como es el de la autonomía energética, en el que las comunidades autónomas sí tienen algo que decir, y que, de hecho, dicen. 

Pues en este asunto la Comunidad de Madrid destaca por ser la menos autónoma en generación renovable (el parque generador madrileño es el de menor potencia total del país, y contribuye con apenas un 0,4% de lo generado en España (ver aquí), más aún comparado con su consumo energético, que satisface con producción propia apenas un 4% del total, exigiendo un mayor esfuerzo de solidaridad a otros territorios, incluidos los cuatro (Castilla La Mancha, Cataluña, Extremadura y Comunitat Valenciana) que albergan siete reactores nucleares activos. Que no se apueste por un despliegue masivo de energías eólicas y fotovoltaicas per tot arreu, principales aliadas de nuestras aspiraciones de autonomía energética para España —por ser el nuestro un país privilegiado en términos de territorio, orografía y sol— es una decisión política consciente y errada si se ha de contribuir al interés general y no a intereses particulares. 

Cuidados son los cinco pilares de los Estados de Bienestar avanzados como los que conformamos la UE, en los que las soluciones que debe consolidar son, qué duda cabe, la salud, la educación, las pensiones, la atención a la dependencia y que las viviendas sean, lo primero de todo y luego ya hablaremos, casas para vivir. Todas las soluciones a la vez, para todas, en todas partes. Y prácticamente todas ellas, esta vez sí, en manos de las comunidades autónomas, que por algo tienen delegadas las correspondientes competencias a petición propia, para ejercer su autonomía.

_________________

Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

El Partido Popular ha presentado este lunes un nuevo documento marco que servirá de referencia para sus pactos en las comunidades con Vox y que están destinados "ordenar los acuerdos y dar gobiernos estables a la España autonómica". Este nuevo modelo de pacto, al que ha tenido acceso infoLibre, sitúa la iniciativa en un momento de "rechazo" ciudadano al Gobierno de Pedro Sánchez y aboga por el consenso y el diálogo contra dinámicas de "chantaje político y privilegios injustificables". El objetivo de esta nueva estrategia es, según el documento, establecer unos puntos comunes que orienten los pactos con otras fuerzas cuando la aritmética parlamentaria lo requiera.

El anuncio de esta nueva postura ha tenido lugar después de que la dirección de Vox confirmase este lunes que se había acordado con el PP un nuevo marco de negociaciones en las comunidades de Extremadura y Aragón.

Este nuevo documento marco se define como "único, vinculante y de aplicación en toda España". Entre sus diez condiciones se encuentra el "pleno respeto" a la unidad nacional, a la Constitución y al Estado de derecho, haciendo hincapié en que las propuestas deben estar dentro de la legalidad vigente. También se respetará a "las principales instituciones" del país, destacando las autonómicas y la Jefatura del Estado. Aspectos como la igualdad ante la ley, la libertad y la subordinación al interés de España también se incluyen en esta hoja de ruta.

El PP propone 18 materias consideradas como "ámbitos prioritarios de acuerdo", ya que, según el documento, son las principales preocupaciones de la ciudadanía. La formación tacha de "infierno fiscal" la política de impuestos y propone en su primera medida la bajada de estos. "La fiscalidad debe premiar el trabajo, recompensar el esfuerzo y facilitar el ahorro, no castigarlos", reza el documento. Los conservadores también cargan contra la burocracia, que "asfixia" a los autónomos, y sugieren la simplificación de los trámites administrativos.

Esta última medida se llevará a cabo también en el mundo agrario y pescador, donde ofrecerán "apoyo productivo y defensa de nuestros productores frente a la competencia desleal". Si bien el documento rechaza las políticas climáticas que "destruyen empleo, encarecen la energía y expulsan la industria", también defiende "un mix energético completo", en el que la energía nuclear esté presente.

En cuanto a la vivienda, el PP propone, ante el "intervencionismo" del Gobierno, aumentar el suelo para construir. Los conservadores también señalan a la ocupación ilegal: "Es una anomalía que no vamos a consentir". Para ello, contemplan como medidas el desalojo exprés y el empadronamiento nulo en viviendas ocupadas.

En materia de subsidios, se hace una diferenciación entre "las personas necesitadas y las aprovechadas" a la par que se ensalza la "solidaridad activa entre personas". A su vez, el partido sostiene que la inmigración irregular ha llegado a "niveles intolerables" y critica la regularización del Gobierno, a la que tacha de "masiva". Por tanto, propone deportar a aquellas personas que delincan de forma grave mientras que el que "venga a trabajar y respetar nuestras leyes debe ser bienvenido".

Otro punto de la nueva hoja de ruta es la natalidad y la familia, que, según el documento, hay quienes quieren "sustituir su papel por la intervención del Estado". Además de medidas fiscales y servicios sociales para ayudar a las familias, el PP pone en valor la maternidad y el rol del padre y propone la supresión de aquellos elementos que puedan dificultar el acceso al empleo de los progenitores.

Por otro lado, el documento afirma que los niños deben estar protegidos de "quienes pretenden utilizar las aulas o los servicios públicos para imponer una visión ideológica del mundo". El sistema educativo que defiende esta formación es "exigente" y basado en "la cultura del esfuerzo".

En cuanto a las mujeres, el PP reconoce que estas afrontan dificultades en el ámbito laboral y por ello abogan por políticas "concretas y eficaces" y que "no enfrenten a los ciudadanos por su sexo". Además, se plantea que los pactos deberán rechazar "las violencias políticas, terroristas, machistas, domésticas o de cualquier clase".

Por otro lado, los populares se muestran preocupados por "el deterioro de la seguridad ciudadana" y piden la "máxima coordinación" con las autoridades. La última materia es la sanidad, definida como "uno de los pilares esenciales del bienestar compartido" y en la que se apuesta por su fortalecimiento en aspectos como la planificación, plantillas y salud mental, entre otros.

En sus últimos requisitos, el PP plantea que los gobiernos de coalición respondan “solidaria y colegiadamente”, rechaza la fragmentación y exige estabilidad institucional. "Ningún Gobierno puede ser útil a la ciudadanía en la permanente incertidumbre".

El 28 de febrero celebramos el Día de Andalucía en recuerdo de una jornada histórica vivida en 1980. Los andaluces fuimos convocados a las urnas para votar el tipo de proceso autonómico que deseábamos. La derecha en el Gobierno quería utilizar el artículo 143 de la Constitución. Separaba así la realidad legal andaluza de la ya vivida en Cataluña, el País Vasco y Galicia, las llamadas comunidades históricas. Las instituciones de las ocho provincias del Sur promovieron el apoyo a la vía del artículo 151, un camino que igualaba los derechos autonómicos andaluces con los otros territorios. La discusión fue larga y agitó la vida política durante muchos meses antes incluso de la Constitución. 

Yo cumplí 19 años el 4 de diciembre de 1977, día en el que celebramos una masiva manifestación en apoyo de los derechos plenos para Andalucía. Los amigos que fuimos juntos a la manifestación éramos muy conscientes de las diferencias territoriales y de la manera diversa de vivir nuestra identidad. La historia nos marca, eso ocurre siempre y a lo largo de los siglos, ya se sabe. Pero en Andalucía, además, estaba muy cerca un tiempo de pobreza, de emigración forzada para escapar de la miseria. El desarrollo económico del País Vasco y Cataluña tenía poco que ver con los paisajes campesinos de nuestra tierra y con el subdesarrollo económico provocado por la política caciquil de la dictadura. Si el franquismo había tratado con una clara falta de respeto las identidades culturales catalana y vasca, su violencia contra la economía andaluza había sido mucho mayor. Por eso hay ahora tantos catalanes y vascos de origen andaluz.

La lucha planteada en el Sur no aceptó las diferencias de trato que suponían los artículos 143 y 151. Comprendimos entonces que la única manera de respetar la diversidad histórica es regular un orden común de derechos. Del mismo modo, lector ya de poetas catalanes como Gabriel Ferrater, Jaime Gil de Biedma, José Agustín Goytisolo o Joan Margarit, comprendí también que el único modo de legitimar un orden común de convivencia es respetar la diversidad de identidades dentro de una ilusión colectiva.

Los poderes mediáticos de 1980 tenían entonces menos capacidad de manipulación. Pese a los esfuerzos televisivos y radiofónicos del Gobierno, ganamos el referéndum de 1980 los partidarios de una autonomía plena por la vía del 151. A aquel proceso le debo no sólo la ilusión de que en política es posible conseguir una victoria, sino también la suerte literaria y humana de haber conocido a Rafael Alberti. El amigo de García Lorca, el poeta del exilio, el autor de Marinero en tierra y Sobre los ángeles, vino a Granada, entró por fin en Granada, como militante del Partido Comunista de España, para participar en un acto organizado en favor del derecho andaluz a una autonomía plena. Tuve la suerte de cenar con él una noche inolvidable de febrero de 1980.

Tampoco he olvidado las críticas de la derecha contra los que queríamos romper España al no aceptar las diferencias territoriales. Son críticas muy parecidas a las que hoy lanzan los herederos de aquella derecha para acusarnos de poco españoles cuando defendemos el derecho catalán a su propia identidad. ¿Es una contradicción? ¿Los que defendíamos la plenitud andaluza somos hoy unos vendidos a Cataluña? No me lo creo. Prefiero pensar que se trata de seguir defendiendo una igualdad de derechos elaborada desde el respeto a la diversidad y una diversidad capaz de articular su convivencia en la igualdad de derechos.

Y aunque han pasado ya muchos años, hay algo que permanece. Debajo de las polémicas, los dimes y diretes, las paradojas, las contradicciones, los insultos y los reproches, nos conviene distinguir entre los que quieren hacer más ricos a los ricos y los que intentan que los pobres sean cada vez menos pobres.

Se están construyendo debates desde una deshumanización antes desconocida, instrumentalizando obligaciones sociales propias del Estado de bienestar en una suerte de persecución y desprotección contra los más débiles. Por puro marcaje al Gobierno, se habla de mayorías o debilidades parlamentarias cuando son asuntos que tendrían que resolverse por consenso. Y estamos viendo el avance de un tiempo político donde hay quienes eligen no ocuparse de nadie. El bloque de derechas supera el 50% en todas las encuestas y aterriza en la realidad en cada cita electoral de las comunidades autónomas. El PP se ha movido mucho en un año. La corriente ultra le ha llevado a abandonar la “generosidad” prometida por Alberto Núñez Feijóo con la regularización masiva a las posiciones más duras. Donde hay más de 500.000 nombres, rostros, familias e historias personales detrás de cada trámite de regularización, prefieren ver antecedentes policiales. Y se habla de ‘invasión’ y ‘seguridad’ cuando son personas que entraron hace años, la mayoría con visados de turistas, y viven aquí.  

En el caso del escudo social a los desahucios se dan dos circunstancias. Quien tiene que poner el fondo (Gobierno) sí aporta y quienes tienen que aportar esa compensación al propietario (comunidades autónomas) no lo hacen. Igual prefieren priorizar que se triplique el precio del alquiler a que haya personas que se queden sin vivienda. Cabe pensar que las comunidades autónomas han jugado a no pagar las compensaciones a propietarios para generar un cabreo justificado. Tienen los fondos y las competencias. La pregunta es con qué objetivo se inhiben de ellas. Un ejemplo es Madrid, donde de 700 reclamaciones de propietarios solo se han pagado 228. 

Podemos llamarlo bulos o interpretación torticera del texto legal. No son ‘inquiokupas’, aquellos que alquilan y dejan de pagar aprovechándose de las lentas resoluciones judiciales. El escudo está restringido a las familias que entraron pagando su fianza, su renta y bajo condiciones sobrevenidas, un traspiés de la vida, dejan de poder hacerlo. Para beneficiarse del escudo social necesitan un informe de servicios sociales con todas las garantías. Es mentira que sean ocupaciones, como dicen PP y Junts. Ni una “expropiación” al propietario, en busca de la expresión más exagerada por parte de Feijóo. 

Hace diez años al PP le costó votos las imágenes de los desahucios con las familias tiradas en plena calle. Fueron doscientas mil ejecuciones hipotecarias sin contar los alquileres. En lugar de escudo social se rescató a los bancos y se destinó una cantidad ridícula a viviendas sociales. Los reales decretos de escudo social de hoy, antes eran códigos de buenas prácticas a los bancos. La nada. Desde entonces, qué ha pasado para que defender los desahucios deje de ser un lastre para el PP, Junts y Vox. Más allá de si se troceó o no el ómnibus (un debate político que no afecta a los ciudadanos), la pregunta es cómo es posible que la derecha convencional no proponga qué hacer con 60.000 familias vulnerables. 

El Gobierno tiene un mes para conseguir los apoyos. Parece difícil porque a Junts solo le preocupa salvar sus muebles electorales. El blindaje no es tan completo como hace un año, pero a la crítica de Podemos del “asco absoluto” hay que recordar que este escudo al menos protege a los inquilinos vulnerables de los fondos buitre. Se puede decir que es poco (lo es), pero es lo posible. 

La urgencia de la vivienda es un debate en el que conviene que cedan todas las partes. El PNV lo ha hecho, el PSOE también. El PP prefiere inventar el contenido del Real decreto y cargar con toda la dureza contra una medida de la que se abstuvo hace un año. Es un escudo de mínimos. Y si los populares entienden que debe ser una política social solo tienen que dar orden a sus comunidades y ayuntamientos para que la cumplan.

Hace cuarenta años se aprobó la Ley General de Sanidad (LGS). La Constitución y las leyes reconocen el derecho a la protección de la salud. Para hacer efectivo este derecho, la LGS creó el Sistema Nacional de Salud (SNS), de cobertura universal, con un amplio abanico de prestaciones, financiado a través de impuestos, y gestionado de forma descentralizada. Desde 1986 hasta 2010 el SNS mejoró decididamente en calidad de servicios y en valoración social. La sanidad pública española ha sido, y todavía es, un gran logro de nuestro país. Sin embargo, desde 2010, como consecuencia de la crisis financiera y la gestión de dicha crisis, se produjeron recortes en el gasto sanitario público, iniciando un proceso de deterioro que no ha parado hasta hoy. La encuesta de 40dB publicada en enero de 2026 pregunta: “¿Cómo evalúas el funcionamiento de la sanidad pública en tu comunidad autónoma?”, y solo el 42,4% contesta que bien o muy bien.

Coincide con el Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad, de noviembre de 2025 donde solo un 48,5% pensaban que funcionaba bien o muy bien, mientras que en 2010 era un 74% de la población quien valoraba positivamente el Sistema Sanitario. Por su parte, el Barómetro del CIS de diciembre 2025 alerta de que la sanidad es el tercer problema que más preocupa personalmente a los españoles, señalado por un 21,5% de la población (detrás de los problemas económicos que son señalados por un 30,7% y de la vivienda, que señala un 27,9%). Conviene recordar que en 2010 la sanidad ocupaba el sexto lugar en los problemas que más preocupaban personalmente a la ciudadanía, y era señalado solo por un 3,5% de la población.

La encuesta de 40dB muestra también que la mayor parte de la población, un 67,5%, prefiere un modelo público de sanidad y que se fortalezca la sanidad pública. También una mayoría, 58,7%, opina que se destinan pocos recursos a sanidad. Y lleva razón.

Tengamos en cuenta que para poder financiar los diferentes servicios públicos (sanidad, educación, fuerzas de seguridad, servicios sociales, infraestructuras, etc.) se necesita recaudar el dinero suficiente para ofrecer el nivel de calidad que puede permitirse cada país. El primer paso, por tanto, es la política fiscal: de quién y cuánto se recauda. El segundo paso es cómo se distribuyen esos fondos entre las diferentes administraciones (central, autonómica, local) para poder cumplir sus respectivas competencias y obligaciones. Y el tercer paso debería ser comprobar que se están cumpliendo adecuadamente esas competencias. Sería bueno abordar los tres aspectos de forma coherente: una reforma que construya un sistema fiscal progresivo (para cumplir el artículo 31 de la Constitución Española); un acuerdo de financiación autonómica suficiente y justo; pero también un mecanismo de control que permita garantizar que el dinero se gasta adecuadamente para cumplir las competencias y obligaciones respectivas.

El nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno de España supondría inyectar 21.000 millones de euros más a las CCAA. Esta cantidad se sumaría a lo que ya se ha ido incrementando la financiación en los últimos siete años respecto a los siete anteriores, que, según el Ministerio de Hacienda, ascendería a 300.000 millones de euros. Estos recursos deberían permitir recuperar las dotaciones suficientes para prestar un servicio sanitario de calidad, “blindando la universalidad de la sanidad pública”.

En efecto, según estas cuentas, el Gobierno de España facilitaría a las CCAA los recursos para poder cumplir con la gestión de las competencias sanitarias. Pero, ¿qué significa “cumplir” y “blindar” la sanidad pública? ¿Cómo lo medimos y quién lo mide? ¿Qué estándares son exigibles, y por quién? ¿Qué pasa si, aún disponiendo de recursos, una CCAA no garantiza la calidad en la atención sanitaria en tiempo y forma adecuada? ¿Qué pasa si se debilitan los centros públicos y se favorecen los privados? ¿Qué pasa si se gestiona de forma ineficiente, por ejemplo, el gasto farmacéutico? Esto es lo que está realmente ocurriendo. 

Frente a ese deterioro progresivo e incontrolado, hemos de fortalecer la sanidad pública definiendo con claridad y sencillez los estándares de calidad de los servicios y fijando las condiciones para alcanzarlos: tiempo de demora para la atención; tiempos de resolución para los diferentes tipos de problemas; estándares de personal de los centros públicos (dotación, cualificación, remuneraciones suficientes, estabilidad, reconocimiento, condiciones de trabajo); instalaciones adecuadas; tecnología apropiada; y un mecanismo de evaluación permanente del funcionamiento del SNS, con sistemas de corrección, local, regional y nacional que incluyan, en caso extremo, la aplicación del artículo 155 de la Constitución (en virtud del cual el Gobierno de España podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a la CCAA al cumplimiento forzoso de sus obligaciones, protegiendo el interés general).

Por todo ello, entendemos que, cuarenta años después de aprobada la Ley General de Sanidad, sería muy conveniente una refundación del SNS. Enfrentamos un problema de primera magnitud y se requiere una respuesta acorde con el desafío: cambios sociales, demográficos, epidemiológicos, profesionales, tecnológicos... Para ello es necesario un Ministerio de Sanidad más fuerte, así como una estructura de coordinación (federal) más potente y ejecutiva del Sistema Nacional de Salud (Consejo Interterritorial y agencias vinculadas), para impulsar y desarrollar una política de personal sólida, así como el mantenimiento y actualización de las infraestructuras apropiadas, que permitan un acceso universal y, en tiempos y condiciones adecuados, el refuerzo de la salud pública, de la atención primaria y de la atención al sufrimiento psíquico, y el control y reducción radical de gasto farmacéutico. 

Solo así podremos blindar, de verdad, un sistema sanitario público de calidad, para toda la población española, resida donde resida, que recupere el aprecio de la ciudadanía por su excelente desempeño. La discusión del nuevo modelo de financiación autonómica, con el importante incremento de recursos que supondría, es una oportunidad para lograr la recuperación y fortalecimiento del SNS, ligando la asignación de recursos al cumplimiento de estándares de personal sanitario, así como de calidad y accesibilidad de la atención sanitaria. Si en lugar de eso nos echamos la culpa unos a otros (gobierno central a gobiernos autonómicos y viceversa), no resolveremos el problema y la sanidad pública continuará deteriorándose, gota a gota. 

______________________

Fernando Lamata Cotanda es especialista en Psiquiatría, miembro del Consejo Consultivo de la Confederación de Salud Mental de España y colaborador de la Fundación Alternativas.

El sentido de la existencia de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) es el mantenimiento y la mejora de los servicios sanitarios públicos del Estado, joya de la corona del bienestar español. Y la principal amenaza que sufre es su progresiva privatización. Privatizar es el desvío de fondos del sector sanitario público hacia el sector privado en detrimento del primero en sus diversas formas.

Lo primero que queremos aclarar son las distintas formas, porque a lo largo de la historia han ocurrido diversos hechos, a veces difíciles de identificar con este fenómeno. Privatizar es:

Privatizar los servicios sanitarios públicos mata, como lo han demostrado numerosos estudios científicos. Este aumento de provisión privada va unido a mayor desigualdad social, produciendo un aumento de la mortalidad evitable al unirse a una desfinanciación paralela de la sanidad pública.

Por eso, como todos los años desde 2014, la FADSP publica un informe sobre el estado de la cuestión en España con los datos del año anterior. Y el resultado es que en 2024 se ha producido un aumento en la provisión privada y en el desvío de financiación al sector privado de nuestro sistema sanitario en general, pasando de un indicador global de la privatización de 16 puntos en 2014 hasta los 21 de 2025, es decir, un incremento del 14,7%. Según los últimos datos disponibles, España supera claramente la media de la OCDE en gasto sanitario privado, con un 28–30% del total y hasta un 3% del PIB, (frente al 21% y 2,2% de la OCDE respectivamente). El gasto de bolsillo es notable: (25.143 M € en 2022), reflejando mayor carga directa sobre las familias.

Sobre la base de este incremento generalizado, el comportamiento de las CCAA ha sido desigual, respondiendo a distintas políticas privatizadoras. En las tablas que adjuntamos se observa que tres de las cuatro primeras CCAA con más privatización en 2024 ya estaban en 2014 en este grupo, donde han permanecido con algún cambio de posición. La primera es la misma en todos los informes (Madrid) y las otras dos (Cataluña y Baleares) han ido cambiando de posición. Pero también hemos escogido cinco comunidades por su incremento llamativo en los últimos años. La primera es Andalucía, que ha experimentado un incremento de más del 32% desde 2019. En Canarias (32,3%) y en la Comunidad Valenciana (29,4%) han sucedido fenómenos similares. Es llamativo el caso de Extremadura (32,3%), que en informes anteriores tenía de los menores grados de privatización y en los últimos tres años se han acelerado sus procesos.

Como suele ser habitual en los estudios sobre los sistemas sanitarios de las CCAA, se objetiva una gran desigualdad entre las mismas, lo que evidencia que la privatización de los servicios sanitarios no es un fenómeno “natural” de evolución de los sistemas autonómicos de salud, sino que responde a políticas explícitas, algunas de larga evolución (Madrid, Cataluña, Baleares) pero otras de reciente implantación, cuyas medidas pueden ser objetivadas. Estas diferencias suponen una muestra más de la falta de cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de la inequidad que hace que el derecho a servicios de calidad de la sanidad pública no se cumpla de la misma forma para todos los/las españolas/es.

La principal limitación del estudio está en la ausencia de transparencia de las administraciones sanitarias, lo que dificulta enormemente encontrar datos homogéneos para todas las CCAA, lo que es un fraude a la ciudadanía que es la que las sufraga con sus impuestos y un incumplimiento notorio de la denominada “ley de transparencia”, que desgraciadamente no ha mejorado de manera sustancial la información sanitaria disponible.

La justificación para privatizar es la insuficiencia de los servicios sanitarios públicos para atender las demandas de la población. Esta teórica insuficiencia hace necesario que los servicios privados complementen a la sanidad pública. Queremos recalcar que detrás de la inocente palabra “complementar” se esconde otra más fea y dura que es “privatizar”, es decir, hacer negocio de la vida y la muerte de los ciudadanos. Esta opinión generalizada (y difundida por los medios) ha sido una de las justificaciones para mantener Muface, a pesar del desorbitado coste que tiene, en vez de integrarla al SNS.

La crisis económica de 2007 puso de manifiesto que la salud (más bien la enfermedad) es una gran oportunidad de negocio. La crisis de suficiencia del SNS provocada por la pandemia ha acelerado el proceso. Muchos políticos que dirigen servicios públicos (de derechas todos y de izquierdas algunos) hablan de la excelencia de la colaboración público-privada ante unos servicios públicos (los que gestionan ellos) que no llegan a cubrir las necesidades de la población. 

Está descrito cómo se llega a la privatización: políticas de recortes presupuestarios de la sanidad pública y abandono de la gestión que lleva al deterioro de los servicios con listas de espera, deterioro de instalaciones, descontento de los profesionales. Después una ofensiva ideológica sobre necesidad de modelos complementarios público-privados ante la “insuficiencia de la pública” que justifican la privatización por múltiples vías. Ensayado ya en otros países como el Reino Unido desde tiempos de Margaret Thatcher.

De nuestro informe se puede concluir:

La privatización es uno de los problemas de salud pública más importantes de España, cuyas consecuencias conocidas son un incremento de la mortalidad general y el aumento de las desigualdades en salud.

_________________________

José Manuel Aranda es vocal de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y colaborador de la Fundación Alternativas.

Gobierna once (11) de diecisiete (17) Comunidades Autónomas. Tiene más territorio que cualquier otro partido en España. Y, aun así, no tiene un proyecto de financiación autonómica propio.

Criticar es fácil. Proponer, motivar soluciones, imposible. Eso es lo que muestra la oposición ante la propuesta del Ejecutivo: mucho poder, pero cero responsabilidades.

El Gobierno propone un sistema técnico y claro: más recursos para todas las comunidades: mayor cesión de IRPF e IVA. Reducción de desigualdades históricas: mecanismos de nivelación por habitante ajustado.

Criterios objetivos: población, necesidades sociales y capacidad fiscal. Beneficia a la mayoría de las comunidades, incluso a varias gobernadas por el PP. La justicia territorial no es una promesa: es un cálculo real, medible y transparente.

El PP domina el mapa, pero carece de propuesta propia, individual o colectivamente. Denuncia favoritismos hacia otras comunidades. Critica supuestos problemas técnicos. Pero no presenta cifras, ni criterios, ni alternativas. En resumen: se limita a la política de desgaste, mientras España necesita soluciones. Equidad real, no gestos políticos. Algunas comunidades reciben más dinero que otras. Eso no es injusticia: es corregir desigualdades históricas. Por primera vez, cada ciudadano podrá acceder a servicios públicos equivalentes, sin importar su comunidad. El modelo no reparte igual, reparte lo que es justo.

En definitiva. El Ejecutivo propone un modelo sólido, transparente y equitativo. El PP, con su mayoría territorial, no propone, no concreta nada. Criticar sin ofrecer alternativa es fácil. Liderar con ideas requiere responsabilidad.

__________________

Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha firmado este lunes el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria electoral para el próximo 15 de marzo, última posible para cumplir la normativa por el final de la legislatura, según informa EFE.

Mañueco tenía previsto comparecer en una rueda de prensa, pero finalmente ha suspendido toda la agenda institucional del Ejecutivo autonómico en señal de duelo por el accidente ferroviario ocurrido en Córdoba, lo que ha llevado al presidente a publicar esta fecha a través de un comunicado.

En el decreto, que entrará en vigor mañana con su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, el presidente regional desvela que en estos comicios los votantes elegirán 82 procuradores, uno más que en la actual legislatura, al aumentar la población en la circunscripción de Segovia.

Vox ha comunicado este lunes al PP la ruptura de las negociaciones que mantenían en Extremadura, a veinticuatro horas de la constitución del Parlamento regional, según fuentes populares, según informa EFE.

Sin embargo, fuentes de la dirección nacional del partido que lidera Santiago Abascal hablan de "paralización" de las conversaciones iniciadas con el PP para una nueva investidura de la popular María Guardiola, y no de ruptura, al entender que eso sería definitivo.

Desde el PP apuntan que en el correo electrónico que Vox les ha enviado "no informa de los motivos de la ruptura", que para los populares responde a "una estrategia nacional" de Vox ante la convocatoria de elecciones en otras comunidades autónomas para "poder decir que ni pactan con la estafa ni con la mafia", es decir, ni con PP ni con PSOE. 

Siempre según los populares, las negociaciones entre PP y Vox de cara a la conformación tanto de la Mesa de la Asamblea como del Gobierno regional "iban muy bien" a falta de rematar "flecos" este lunes, un día antes de la sesión plenaria para la constitución de la Cámara legislativa.

Además han asegurado que había ganas de acordar entre ambas formaciones políticas y el PP no se ha negado a que Vox entrara tanto en la Asamblea como en el Ejecutivo con "un posición importante".

El PP, que mantiene su mano tendida, se ha preguntado si Vox querrá sentarse a dialogar después de la constitución de la Asamblea o si su intención es que los extremeños acudan a unas nuevas elecciones.

Y lamentan que el destino de Extremadura se decidida fuera de la comunidad autónoma, en alusión a la citada estrategia nacional del partido de Abascal.

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado este miércoles que es "mentira" que se haya pactado "un cupo separatista" en la nueva propuesta de financiación autonómica, informa EFE.

"Es falso que este sea un modelo ideado para contentar a Cataluña", ha apuntado en una rueda de prensa tras la cumbre sobre el nuevo sistema de financiación autonómica que ha propuesto el Gobierno.

Según Montero, todos los datos ponen de manifiesto que siempre que se ha planteado una propuesta para un territorio se ha hecho extensivo al resto de territorios y que "no hay ningún tipo de privilegio, de trato de favor, con ninguna comunidad autónoma".

Noticia en ampliación

La cumbre sobre el nuevo sistema de financiación autonómica que ha propuesto el Gobierno, celebrada en la mañana de este miércoles entre la vicepresidenta María Jesús Montero y los consejeros autonómicos de Economía, ha terminado con el rechazo a la propuesta de todas las comunidades salvo Cataluña.

La práctica totalidad de los consejeros autonómicos han expresado a Montero su desacuerdo con el nuevo sistema, y también su malestar por que fuera el líder de ERC, Oriol Juqueras, quien lo anunciara tras reunirse con Pedro Sánchez en La Moncloa.

La reunión ha terminado poco antes de las 14:30 horas de este mediodía tras de más de cuatro horas de debate, centrado fundamentalmente en que Montero expusiera los detalles del nuevo sistema, que necesitaría la mayoría absoluta en el Congreso para entrar en vigor.

El consejero de Economía y Hacienda de Murcia, Luis Alberto Marín, o la consejera de Madrid, Rocío Albert, han expresado tras el encuentro, y en declaraciones a los periodistas, que todas las comunidades autónomas participantes en el encuentro, salvo Cataluña, han manifestado su desacuerdo.

Albert ha explicado que el sistema no va a salir adelante en el Congreso, porque la norma que lo regula no recibirá apoyos suficientes, ya que ni siquiera cuenta con el apoyo de sus socios de Gobierno, ni con el acuerdo de los socios de investidura, ni con el de ninguna comunidad autónoma, salvo Cataluña. ¿Cómo va a aprobar este acuerdo”, se ha preguntado la consejera madrileña.