Dos sentencias del Supremo agitan la persecución al lobo: Asturias paraliza la caza y Cantabria sigue adelante

El Tribunal Supremo dictó este lunes dos sentencias contra la caza del lobo en Cantabria y Asturias –donde se han ejecutado más de 60 ejemplares en el último año– que han sumido en la incertidumbre a los implicados. Los pronunciamientos son sobre casos de 2022, fecha anterior a la expulsión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que ha derivado en diferentes interpretaciones sobre si en este momento las comunidades autónomas pueden decretar la caza de nuevos ejemplares. En respuesta a las dos sentencias, Asturias paralizó este martes la persecución del animal al menos hasta verano, mientras que Cantabria asegura que "nada ha cambiado".

La consejera de Medio Rural de Cantabria, María Jesús Susinos, aseguró este martes a infoLibre que su Comunidad seguirá decretando órdenes para abatir a lobos pese al pronunciamiento del Supremo, puesto que las sentencias corresponden a disputas anteriores a la salida del lobo del Lespre en marzo de 2025. Cuando estaba en esa lista, el mamífero solo podía abatirse con el permiso justificado del Ministerio de Transición Ecológica, pero en la actualidad la decisión es exclusiva de cada comunidad autónoma.

"La sentencia nos deniega la petición para las dos extracciones [como se denomina a la caza del lobo por orden administrativa] que pedimos en 2022, pero la situación ha cambiado por completo", valora la consejera. "El lobo ha salido de la lista de especies protegidas y tenemos un plan de gestión activado que permite un cupo de extracciones de hasta el 20% de la población cada año", añade.

La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), que interpuso los dos recursos a los que ahora ha dado la razón el Supremo, interpreta de manera opuesta los dictámenes y opina que las dos sentencias de este lunes afectan también a los planes de gestión del lobo de Cantabria y Asturias para 2025 y 2026, de manera que ambas regiones deberían cesar la caza inmediatamente. Desde abril del año pasado se han abatido en Cantabria 41 lobos y 25 en Asturias.

"Tanto si las comunidades lo quieren ver como si no, las sentencias subrayan que el lobo sigue protegido en Europa y suponen la prohibición de la caza por cupos. Lo que ha ocurrido con la protección del lobo es una reconfiguración, pero su captura sigue estando restringida a situaciones concretas y justificadas", contesta Ignacio Martínez, presidente de Ascel.

En su opinión, que el lobo haya salido del Lespre no implica que deje de estar blindado en la Unión Europea, puesto que está incluido en el anexo de especies protegidas de la Directiva Hábitats. Es cierto que el Parlamento Europeo rebajó también el año pasado su estatus de "estrictamente protegido" a "protegido" en esa normativa –un cambio que abrió la puerta a que los Estados miembros puedan permitir su caza–, pero siempre garantizando que la población "mantenga un estado de conservación favorable".

Asturias, la otra región en la que se permite abatir lobos de manera recurrente desde abril del año pasado, ha tenido que apostar por una estrategia más conservadora. En su caso, la sentencia del Tribunal Supremo de este lunes no solo tumbó el plan de control 2022-2023, que no tiene efectos sobre la situación actual, sino que también anuló el artículo 7.5.a de un decreto del Principado de 2015 que permitía determinar el número de capturas mediante cupos. Como ese artículo sigue presente en el plan de actuación 2025-2026, la Consejería ha cancelado la continuidad de ese programa, que terminaba esta primavera.

"Vamos a seguir garantizando ese equilibrio necesario para desarrollar una actividad agrícola y ganadera y haremos la modificación del decreto", declaró este martes el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos. Según aclaró, los cambios en el artículo ya se aplicarán en el próximo programa de caza del lobo, que esperan tener listo en junio, y que incluirá un cupo que dependerá del informe del estado de la especie en 2025, que publicarán próximamente.

Sobre la decisión de Asturias de paralizar el programa de extracciones actual, la consejera cántabra prefirió no pronunciarse durante la conversación con infoLibre. "No puedo entrar a valorar las decisiones de otra Comunidad. Nosotros seguimos los dictámenes del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que ha avalado nuestro plan en cada recurso que nos han presentado", subrayó Susinos. También destacó que este mismo lunes el Tribunal Supremo descartó un recurso de Ecologistas en Acción y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica que pedía medidas cautelares contra el actual Plan de Gestión del Lobo.

Asturias y Cantabria no son las únicas regiones que han dado batalla en los últimos años para rebajar la protección de este mamífero. Castilla y León ha sido probablemente la que más presionó en su día para retirar al animal del Lespre, y también es la que más manadas alberga (179 en el año 2024) aunque por ahora no ha permitido abatir a ningún ejemplar. Esta región está, en teoría, a la espera de que el Ministerio de Transición Ecológica publique el esperado informe sexenal 2019-2024 sobre el estado de la especie, que debía haberse remitido a la Comisión Europea antes del 31 de julio de 2025. Una vez se conozca si el lobo en España crece o está estancado, decidirán cómo proceder.

Galicia es la segunda Comunidad con más manadas y también ha defendido la caza del lobo durante años, pero por ahora la mantiene paralizada. Tras la expulsión del animal del Lespre hace un año, la Xunta publicó una resolución que volvía a considerarlo especie cinegética en caso de evidencias de ataque a una granja, pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia paralizó la normativa en junio al entender que su puesta en práctica podría afectar a la viabilidad de las poblaciones.