Vivienda intentará recabar el apoyo de las comunidades al plan estatal y busca cómo implementarlo
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido que llegar a un acuerdo sobre el nuevo Plan Estatal 2026-2030 no es una "asignatura optativa" y ha avanzado que reunirá de nuevo a las comunidades autónomas para saber si quieren o no continuar adelante.
Durante una comparecencia este miércoles ante el pleno del Congreso, ha dicho esperar que el plan sea acordado por las comunidades, a las que pide que no se vendan al interés de su partido. En cualquier caso, si alguna no se quiere adherir, el Ministerio trabaja en otras fórmulas para impulsarlo.
Así, ha explicado que se pueden buscar maneras de que este plan pueda implementarse en esos territorios a través de ayuntamientos, proveedores sociales o entidades del tercer sector, "todo aquel que venga a ayudar y no a poner palos en el camino".
Según ha explicado, por "colaboración institucional" se expondrá de nuevo el texto en una conferencia sectorial para sondear de nuevo a las comunidades autónomas si quieren o no continuar adelante. "Si no quieren, afortunadamente la sociedad española está preparada para asumir el liderazgo de la gestión de estos 7.000 millones" de inversión que prevé el plan, ha indicado.
Ha insistido en que no entiende cómo otros miran hacia otro lado con este problema y ha acusado a los gobernantes de Madrid de vender su parque de viviendas a extranjeros ricos y animar a los 'fondos buitre' para que compren edificios enteros.
Qué opinan los grupos
Durante la interpelación parlamentaria, el diputado del PP Sergio Sayas ha opinado que el plan es una "imposición de políticas huecas" y que está "cargado de frivolidad" y ha pronosticado que el anuncio de construir viviendas protegidas en suelo de instalaciones penitenciarias "se quedará en otro anuncio de cartón piedra".
El portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha afirmado que entre el discurso de la ministra y la realidad hay "un trecho insalvable" y ha calificado de "pírrica" la apuesta del Gobierno por la vivienda social y que las ayudas para acceder a viviendas públicas sean para los "españoles" y no para los "recién llegados".
En nombre de Sumar, Gerardo Pisarello ha explicado que le "suena bien" la parte del plan que va en contra de los "pelotazos" y la venta de vivienda pública, pero ha opinado que no basta con incentivar a quien colabore, sino que "hay que censurar a quienes pretendan sabotear" el plan.
La representante de ERC Etna Estrems ha reconocido el "esfuerzo" que supone este plan, pero ha apuntado que no le "termina de gustar" que pretenda crear una duplicidad de órganos, con la empresa estatal de vivienda y suelo que, en su opinión, invade competencias autonómicas.
Marta Madrenas (Junts) considera que la ley de vivienda ha agravado el problema y que "todavía falta respeto a las competencias de la Generalitat", pero ha elogiado los aspectos "positivos", como que haya más recursos para vivienda asequible, programas de rehabilitación e industrialización y programas de apoyo a colectivos vulnerables.
'De la emergencia al derecho': infoLibre analiza con la ministra de Vivienda el modelo de política residencial
Ver más
Desde el PNV se ha reiterado su demanda de modificar o adaptar la ley de vivienda para que sea efectiva, tras subrayar que el País Vasco la está aplicando y ha quedado demostrado que se necesitan ajustes. Para el portavoz de Podemos, Javier Sánchez, es un "plan vacío que simula que hace algo pero no toca a los grandes tenedores ni regula los alquileres" y que "reincide en medidas que no han servido para nada".
La diputada de CC Cristina Valido ha recordado que Canarias solo apoyará este plan si recoge las singularidades insulares, mientras que el de UPN Alberto Catalán ha pedido la dimisión de Rodríguez.
Por su parte, el socialista Ignasi Conesa ha cargado contra las políticas del PP, a los que ha acusado de vender el parque a millonarios ricos y a los fondos.
