Mucha carretera y pocos servicios: por qué los pueblos no son la solución a la crisis de vivienda (todavía)

La crisis de vivienda es uno de los mayores problemas que atraviesa el país. Lo demuestra la subida imparable de los precios del alquiler, la cada vez más frecuente presencia de los apartamentos turísticos en las ciudades y los desahucios que no cesan –y que parece que van a ir a más–. La ciudadanía reclamó al Gobierno una respuesta y, con una presión que cada vez se volvía más asfixiante, el Ministerio de Vivienda tomó cartas en el asunto y presentó una de las medidas estrellas de la legislatura: el Plan Estatal de Vivienda. 

En esta hoja de ruta diseñada por el ministerio que dirige Isabel Rodríguez hay varias medidas destinadas a aliviar la presión que sufren las ciudades, protagonistas indiscutibles de la crisis. Aún así, el documento también recoge varios puntos enfocados en ayudar a poblaciones que, aunque pasan más desapercibidas, también se ven afectadas por la presión del problema de la vivienda.

Entre esas otras directrices destaca una orientada hacia los pueblos, casi siempre olvidados por la Administración. El Ministerio de Vivienda pondrá en marcha ayudas de hasta 15.000 euros para aquellos jóvenes que quieran comprar o rehabilitar una casa en zonas rurales. Esta medida no es nueva y ya en el anterior plan de vivienda estaban presentes, aunque su cuantía era menor, con una cifra de tan solo 10.800 euros. 

En esta nueva edición, el plan también aumenta la cantidad de poblaciones que pueden beneficiarse, elevando la cifra de habitantes máxima hasta 20.000. Matan dos pájaros de un tiro: consiguen viviendas para los jóvenes y evitan que se expanda aún más la despoblación en la España Vaciada. La idea está clara pero, realmente ¿puede funcionar?

Los 15.000 euros que promete el Plan de Vivienda del Ministerio de Vivienda se quedan en nada comparado con las necesidades que requiere una vivienda rural. Por ejemplo, según un informe de la OCDE sobre la vivienda en Castilla y León, un tercio de los edificios u hogares en la comunidad estaban construidos antes de 1961 y más de la mitad antes de 1981. Es decir, la gran mayoría de las casas son antiguas y necesitan una rehabilitación profunda, algo que el propio documento descarta. ¿El motivo? No merece la pena por la falta de servicios e infraestructuras. 

Más vivienda pero más carretera

Los precios de compra en la Comunidad de Madrid y Cataluña suben hasta niveles desorbitados. En el resto de regiones el panorama es menos extremo, aunque los precios también crecen. Según datos recogidos por el portal inmobiliario Idealista, el precio de venta medio de comunidades autónomas como Aragón o Castilla y León, es de 1.609 €/m2  y 1.296 €/m2, respectivamente. En Castilla-La Mancha, una de las más baratas, el precio se sitúa en 1.041 €/m2. 

En Madrid y Cataluña la cosa cambia, con un precio medio de venta por metro cuadrado de 4.562 €/m2 y 2.773 €/m2, respectivamente. Siguiendo estos datos, la tentación por huir de ambas tendría que estar clara y, sin embargo, los datos de despoblación muestran una realidad diferente. En los municipios de menos de 30.000 habitantes hay una densidad media de tan solo 17,8 habitantes por kilómetro cuadrado, una cifra muy cercana (aunque superior) a la que la Unión Europea identifica como riesgo de despoblación, según datos recogidos por El País.

Hay muchos motivos que explican esta paradoja. La falta de un transporte público eficiente es uno de los ejes principales que atraviesan este problema, con un servicio escaso o directamente nulo. “Vivir en un pueblo significa tener mucha dependencia del coche, se da por supuesto. Lo que es importante ver es quienes no tienen acceso al coche”, afirma Óscar Prieto-Flores, profesor de Sociología de la Universitat de Girona. 

Aquí entran en juego las posibilidades de movilidad, ya que las personas que eligen la vida rural (o no les queda otra) se ven obligados a recorrer largas distancias por la concentración del trabajo o los estudios en las grandes urbes. Algo que se complica si se depende del transporte público. Contar con un vehículo privado tampoco soluciona el asunto porque la alternativa es conducir con el coche kilómetros y kilómetros, y (casi todas las veces) con atasco incluido. Esto, más allá del inconveniente que supone, puede tener consecuencias directas en la huida de la población de estas zonas. 

“Los jóvenes acaban yéndose de los pueblos a raíz sobre todo de tener que cursar ciertos estudios, como la universidad o la FP, que están a mayor distancia. Hay dos perfiles: uno más conectado con el hecho de irse fuera porque ve que no hay otra opción y otro que nunca ha salido del pueblo y que, cuando se va a estudiar, comienza un proceso de desconexión por el que toma distancia con sus raíces al estar a tanta distancia”, añade Prieto-Flores. 

Además del transporte, el resto de servicios también deja mucho que desear. En la mayoría de ocasiones, los municipios no tienen infraestructuras o servicios tan básicos como un centro de salud, una escuela, tiendas de alimentación o un simple bar. Por ello, los vecinos tienen que depender para todo, una vez más, del coche.

El trabajo, un gran inconveniente

Los datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el último Censo Agrario muestran cómo el trabajo del campo, mayoritario en los pueblos, ha disminuido. En 2020 ya se evidenciaba una caída en la cantidad de explotaciones en todo el territorio nacional, con 70.000 menos que en el anterior censo, elaborado en 2009. 

Ante este descenso, el Gobierno ha anunciado que pondrá en marcha un proyecto para asegurar que el campo cuente con relevo generacional. La iniciativa, bajo el nombre Tierra Joven, tendrá como tarea la innovación y movilización de tierras agrarias. Además, se pondrán 17.000 fincas rústicas a disposición de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales.

Aunque la medida busca resolver la crisis de despoblación que sufren los pueblos, ignora una evidencia: el cambio climático ha dejado la tierra agonizante. Según un estudio del Observatorio Social de La Caixa, un total de 2.858 municipios españoles son particularmente vulnerables ante el cambio climático. Por lo tanto, el trabajo de la tierra se complica, con una inestabilidad en el clima que no muchos pueden permitirse.

Aún así, más allá del campo, ahora mismo tampoco hay mucha más oferta. “La mejora de los servicios esenciales, tanto públicos como privados, debe ser una prioridad política para incentivar la creación de trabajo y con ello la atracción de nuevos pobladores rurales en determinados sectores de servicios públicos que han ido desapareciendo, como la educación y la salud”, argumenta Carlos López Escolano, doctor en Geografía Humana por la Universidad de Zaragoza. 

¿Hay solución?

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Los problemas son muchos y las políticas para tratar de reducirlos al mínimo escasean. Margarita Barañano Cid, directora de los grupos de investigación GRESCO (Grupo de Estudios Socioculturales Contemporáneos) e IP VIARVU (Vivienda, Arraigos y Vulnerabilidad en las ciudades españolas) de la Universidad Complutense de Madrid, argumenta que la solución debe de ser transversal: “La batería de medidas no puede limitarse a una intervención parcial en las zonas rurales; tiene que ser multidimensional, incluyendo transporte y empleo. Deben ser políticas integradas que también afecten a las ciudades, evitando asimetrías en la concentración del trabajo. Tiene que haber un proceso integral que pase por la descentralización”.

Para la investigadora de la Complutense actuar desde las instituciones de forma más profunda es vital para que las ayudas del Plan Estatal de Vivienda cobren sentido. El comienzo, más que por dar un dinero que considera escaso, tiene que llevar a una transformación que deje atrás la concentración en la Comunidad de Madrid o Cataluña. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha la universidad no se encuentra tan solo en la capital, sino que tiene un campus en todas las provincias, algo que permite que los jóvenes puedan quedarse a vivir en el pueblo si así lo quieren. 

“El objetivo sería, primero, favorecer el acceso a la vivienda y, segundo, que la gente pueda quedarse donde desea vivir, en su localización previa. Que si se va, sea por elección y no por expulsión. Vivir en tu barrio o municipio implica redes sociales de ayuda y colaboración que se pierden cuando te vas lejos. No es solo una cuestión identitaria, sino de organización de la vida cotidiana: cuidar a familiares, apoyo mutuo, crianza… Todo eso se pierde con grandes distancias. Por eso deberían ser políticas que fomenten el derecho a la vivienda y también un cierto derecho al arraigo, al territorio, sin obligar a nadie a quedarse, pero sin empujar a la gente a irse ‘al quinto pino’”, zanja Barañano Cid.