La socialista Meritxell Batet ha anunciado este miércoles que renuncia a su escaño y deja la primera línea de la política después de 19 años como diputada, ministra y presidenta del Congreso, según ha anunciado ella misma en un mensaje en la red social X, antiguo Twitter.

Según explica, tras "los grandes resultados electorales" logrados por el PSC en los comicios del 23 de julio, en los que fue el partido más votado de Cataluña con ella como cabeza de lista por Barcelona, "es el mejor momento para dejar la política activa con la satisfacción del trabajo hecho y del deber cumplido".

"Me voy con el orgullo de haber servido a un proyecto colectivo que busca, por encima de todo, mejorar la vida de las personas y transformar la sociedad. Un proyecto al que me he entregado en cuerpo y alma y al que seguiré sirviendo allí donde vaya", ha asegurado.

Batet se ha mostrado convencida en el mismo mensaje de que "pronto habrá un nuevo Gobierno de progreso liderado por Pedro Sánchez que continuará con los avances y las reformas que la sociedad española necesita". "Ha sido un honor y un privilegio. Gracias, de corazón", ha concluido.

Licenciada en Derecho y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra, Batet ya había avanzado el pasado mes de enero que no tenía intención de repetir como presidenta del Congreso, cargo para el que fue elegida en mayo de 2019. Preguntada directamente en RNE sobre si le gustaría volver a ser presidenta si hay oportunidad, la diputada del PSC respondió sin medias tintas: "Bueno, pues no hace falta, la verdad".

En todo caso, volvió a encabezar la lista del PSOE por Barcelona en las elecciones de julio, pero una semana antes de constituirse el Congreso confirmó a la dirección del PSOE su deseo de no ser candidata a la reelección.

En todo caso, desde Podemos ya la cuestionaban como presidenta por su decisión de retirar el acta a Alberto Rodríguez tras ser condenado a inhabilitación por un delito de atentado de autoridad, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo. El exdiputado ocurrió el caso ante el Constitucional, y la sentencia se espera próximamente.

Como presidenta del Congreso, Batet votó en contra de admitir a trámite la ley de amnistía que pedían organizaciones independentistas catalanas en 2021, que había sido tachada de inconstitucional por los letrados, y también rechazó el uso de lenguas cooficiales en la Cámara Baja, dos puntos en los que ahora la posición del PSOE ha variado.

Nacida en Barcelona y de 50 años edad, Meritxell Batet es diputada desde 2004 con José Luis Rodríguez Zapatero, siempre por Barcelona salvo en la legislatura corta de 2016, en la que Sánchez la reclutó para su lista de Madrid. Es miembro de la dirección del PSC como viceprimera secretaria.

Antes de ser elegida presidenta del Congreso en mayo de 2019, fue ministra de Política Territorial del Gobierno de Pedro Sánchez surgido de la moción de censura de 2018.

En próximas fechas recibirá la Medalla del Congreso, una condecoración específica de la Cámara que ella creó la pasada legislatura para reconocer a sus antecesores desde la Transición y que la nueva Mesa del Congreso, con Francina Armengol al frente, acordó concedérsela hace una semana. También tendrá derecho a contar con un retrato oficial en el Palacio de la carrera de San Jerónimo.

La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, ha confirmado a la dirección de su partido que no optará a la reelección en la nueva legislatura, que se abre la próxima semana, ha recogido Europa Press.

Batet, que fue elegida presidenta en mayo de 2019 y repitió en el cargo tras las elecciones de noviembre, ya avanzó el pasado mes de enero que no le "hace falta" seguir al frente de la Cámara en la próxima legislatura. Preguntada directamente en RNE sobre si le gustaría repetir en el cargo si hay oportunidad, la diputada del PSC respondió sin medias tintas: "Bueno, pues no hace falta, la verdad".

A falta de una semana para constituir el Congreso surgido de las elecciones del 23 de julio y elegir a la nueva Mesa, Meritxell Batet ha ratificado su deseo de no volver a ser candidata a presidenta del Congreso.

Según confirman fuentes socialistas, Batet ha subrayado que haber desempeñado esta responsabilidad ha sido "un honor" y ha mostrado su "enorme gratitud por todo el apoyo recibido durante estos años".

Para la votación de la próxima semana sobre su relevo, Batet ha mostrado su convicción de que se formará una mayoría progresista que permitirá al PSOE mantener la Presidencia de la Cámara y "continuar con los grandes avances logrados en esta legislatura".

El hasta ahora portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, avisó este lunes que sería "una temeridad" que el PSOE volviera a presentar a Batet para presidir la Cámara y la reprochó cuestiones como la retirada del escaño a Alberto Rodríguez o las intervenciones de Vox contra la ministra Irene Montero.

La diputada catalana, número uno del PSOE por Barcelona el 23J, también ha reiterado su respaldo al proyecto socialista encabezado por el presidente Pedro Sánchez, que a su juicio "ofrece las mejores soluciones a los problemas de la ciudadanía frente a aquellos que solo ofrecen retroceso".

Quedan diez días para hablar de nombres y resolver incógnitas antes de que el Congreso se constituya, el próximo 17 de agosto, y sea necesario elegir a los nueve miembros de la Mesa de la Cámara Baja. Se trata de un órgano clave para controlar la actividad parlamentaria. Tener la presidencia y la mayoría implica más información, capacidad para impulsar o congelar iniciativas y gestionar un presupuesto que en 2023 superó los 110 millones de euros.

En una misma sesión se elige al presidente y los miembros de la Mesa de la Cámara y los parlamentarios elegidos el pasado 23J son llamados uno a uno para acatar la Constitución. Con estos trámites, se dará por inaugurada la XV Legislatura. De forma paralela desde el PSOE intentan buscar el apoyo de sus aliados parlamentarios para la constitución de la Mesa.

Pertenecer al órgano de gobierno de la Cámara es como sentarse en la sala de máquinas del Congreso, el sitio del que parten todas las decisiones, del que se obtiene información de primera mano y el que marca la agenda parlamentaria. No hay arranques de legislatura en la que el reparto de puestos en la Mesa no genere tensiones, sobre todo desde que el bipartidismo pasó a mejor vida. Y la legislatura que arranca la próxima semana no es la excepción.

La votación marcará los posibles pactos de legislatura y las relaciones entre los grupos parlamentarios los próximos cuatro años, en caso de que el socialista Pedro Sánchez logre sacar su investidura adelante. El primer paso es que la presidencia del Congreso, la tercera institución del Estado, recaiga de su lado, para lo que el PSOE necesita el apoyo de Sumar, PNV, ERC y Junts, con los que ya ha empezado a negociar. Sin embargo, se trata de una batalla que también quiere dar el PP, que espera sumar sus 136 escaños con los 33 de Vox, en aras de complicar todavía más ese eventual Ejecutivo de Sánchez.

En la legislatura que ya expira PSOE y Unidas Podemos han tenido seis de los nueve puestos de la Mesa, frente a los dos del PP y uno de Vox, gracias a un acuerdo entre los socialistas y sus socios que no se produjo en el bloque de la derecha. Ahora los de Pedro Sánchez buscan tener de nuevo la presidencia —Meritxell Batet lo ha ocupado los últimos años— y dos cargos más, mientras que Sumar aspira a tener al menos otros dos. Sin embargo, la coalición de Yolanda Díaz ha abierto la puerta a ceder alguno a formaciones como Esquerra Republicana y a que la presidencia de la Cámara no recaiga del lado del PSOE.

A diferencia de hace cuatro años —ERC entonces rechazó tener un puesto en esa Mesa—, los republicanos no descartan esa posibilidad. La número dos al Congreso por Barcelona, Teresa Jordà, ha señalado este lunes que uno de esos asientos "podría pertenecer al independentismo o al PNV” y que se trata de una cuestión que "está abierta y forma parte de las negociaciones". Así, ese bloque de la investidura se garantizaría cinco escaños por los cuatro de la derecha.

La Mesa del Congreso está formada por la Presidencia, cuatro Vicepresidencias y cuatro Secretarías. A la Mesa le corresponde el gobierno interior y la organización del trabajo parlamentario. Para decidir quién ocupa cada una se celebran tres votaciones. En la primera se elige la Presidencia del Congreso, en la que cada diputado deposita en secreto y en una urna una papeleta con el nombre de su candidato. En la primera ronda hace falta mayoría absoluta pero si nadie la logra, los dos nombres más votados primeros pasan a una segunda vuelta y ahí quien más apoyos recibe obtiene el puesto.

Los conservadores cuentan con 137 escaños a los que podrían sumar los 33 de Vox y el diputado de UPN, lo que les daría un total 171 votos. Los socialistas, por su parten, sumarían sus 121 escaños y los 31 de Sumar. A partir de ahí, tienen la posibilidad de recabar el apoyo de ERC (7 diputados), Junts (7), EH Bildu (6), PNV (5) y BNG (1), es decir, 178 papeletas. Si los posconvergentes rechazan votar a la persona propuesta por el PSOE, la situación sería de empate entre bloques y correspondería a Coalición Canaria decantar la balanza.

Una vez elegida la Presidencia, se celebra una segunda votación también de carácter secreto para elegir a los cuatro vicepresidentes. Cada parlamentario puede votar a un único candidato y se nombra a los cuatro que más papeletas cosechen a su favor. Y finalmente se repite este mecanismo para nombrar a los cuatro secretarios de la Mesa. Si en alguna votación se produjere empate, se celebrarán sucesivas votaciones entre los candidatos igualados en votos hasta que el empate quede dirimido.

Cuando han tenido mayoría absoluta, tanto el PP como el PSOE se han reservado cinco de los nueve puestos de la Mesa —incluida la Presidencia—con el ejemplo de las votaciones de los años 2000 y 2011. En los demás casos, se han producido negociaciones a varias bandas con formaciones soberanistas o minoritarias. Es lo que sucedió durante las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el PSOE facilitó la presencia de Convergència e IU en 2004 y de PNV y CiU en 2008. Desde 2015, el reparto ha ido por bloques.

Es más, en 2015 y 2016 PP y Ciudadanos se garantizaron el control de la Mesa —con tres y dos puestos, respectivamente— a pesar de no tener mayoría absoluta en el Pleno, una circunstancia que explotaron intensamente durante el primer mandato de Sánchez para bloquear las propuestas del resto de formaciones, desde la reforma de la Ley Mordaza a la aprobación de una Ley de Eutanasia, e incluso boicotear la acción del Gobierno socialista.

Una de las bazas que el PSOE tiene encima de la mesa para retener la Presidencia del Congreso es ofrecer a sus aliados parlamentarios puestos en las mesas de las comisiones, presidencias incluidas, y asegurar a ERC y Junts que podrán conformar sus propios grupos parlamentarios gracias a sus votos. Para tener grupo propio hay que contar con al menos 15 escaños o superar los cinco diputados y obtener el 5% de los votos en todo el país, o bien el 15% en todas las circunscripciones en las que se concurre. ERC y Junts han logrado siete escaños cada una en las generales, pero en ambos casos hay dos circunscripciones en las que no superan el 15% de apoyos.

En concreto, ERC no cumple este requisito ni en Barcelona, donde se ha quedado con un 12,33%, ni en Girona, donde se ha anotado un 14,74%. De su lado, Junts no alcanza ese umbral ni en Barcelona, provincia en la que ha cosechado un 9,68% de apoyos, ni en Tarragona, donde su marca es un 11,08%. Sin embargo, la Mesa ha sido tradicionalmente muy flexible en la interpretación de las normas, y normalmente 'perdona' algunas de las décimas que faltan o ampara el préstamo de diputados de otros grupos.

Entre los beneficiados de esa discrecionalidad está el PNV, que se presentó entre 1979 y 2000 con sus siglas en Euskadi y Navarra. A priori, atendiendo a la literalidad del reglamento, los nacionalistas vascos habrían necesitado 15 diputados para tener grupo propio o, alternativamente, lograr el 15% de los votos en cada una de las provincias en las que concurrían. Y aunque jamás superaron ese listón –el partido nunca consiguió ese 15% en Navarra–, siempre tuvieron grupo en el Congreso.

“Han sido unos días tristes, duros, sórdidos. Hemos pasado escalofríos”. Esta es la sensación que expresa una ministra del Gobierno de coalición al rememorar las horas en las que, por primera vez, el Tribunal Constitucional decidió paralizar la actividad de las Cortes para votar unas enmiendas a la macrorreforma legal.

El momento de mayor impacto se vivía la noche del lunes. Todos pendientes del Alto Tribunal, reunido de manera urgente para estudiar el recurso de amparo del PP sobre su propio sistema de elección. En la mente estaba todavía esa jornada del Congreso del jueves anterior que dejó ya a muchos en shock, pero que supuso postergar la decisión final.

Pero tocaba la hora de la verdad, ese fallo. Muchos no podían ni querían imaginarse que se pudiera dar el choque final y la paralización de la votación. Lo confesaba la propia ministra de Educación, Pilar Alegría, antes de conocerse. Nunca había pasado. Nunca. Y el sector conservador impuso finalmente sus votos (seis frente a cinco) para tomar una decisión histórica y que choca con la vida parlamentaria.

“Fue una salvajada”, como sostiene un miembro del equipo de Pedro Sánchez. Muchos nervios, qué hacer. Pero ahí se coordinaron las respuestas desde las Cortes y La Moncloa. Tres mensajes, con distintas palabras pero con el mismo sentido por parte de Meritxell Batet, Ander Gil y Félix Bolaños. Se acataba el fallo pero se criticaba duramente la manera de proceder del Tribunal Constitución. Y no se iban a quedar con los brazos cruzados: las Cámaras se personarían y el Gobierno buscaría un plan b.

Pero a la vez había una preocupación. ¿Cómo se iba a reaccionar por parte de sectores políticos y de la sociedad? Según fuentes gubernamentales, durante esas horas hablaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Coincidieron los dos: eran momentos de tener “la cabeza fría” y mostrar “firmeza y serenidad”.

Una de las preocupaciones eran las señales que llegaban desde sectores de Podemos abriéndose a una posible desobediencia. La titular de Empleo placaría eso con una reunión al día siguiente con representantes del espacio confederal. También los otros grupos de la izquierda mostraron su intención de acatar pese a la gravedad que representaba el fallo inédito.

Las críticas eran públicas y privadas al TC por parte de todos los parlamentarios de la izquierda. Integrantes de los partidos de la coalición no dejaban de repetir que esto va a suponer un antecedente “peligroso” y que el PP había ido demasiado lejos, provocando esa paralización en las Cortes. Los paralelismos con la actuación de Donald Trump fueron constantes.

El Senado era el epicentro político: la reforma siguió su curso el martes, sin las enmiendas tumbadas. En el PSOE tenían claro que no se podía parar el resto del texto y se hicieron consultas con los letrados. Pero esa indignación inicial ha ido madurando también a los largo de los días y no se ha rebajado, a pesar de que se intenten contener las formas. Una de las cosas que más les duele es la “indefensión palmaria” al no haber dado el TC sus argumentos para frenar una parte de la gran reforma legal.

“Juez y parte”, critican miembros del Gobierno en privado también sobre la actuación de Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez al no haberse apartado de una causa que les implica directamente. A la vez durante los días posteriores a la decisión se multiplicaron los contactos entre los grupos para ver qué se podía hacer. “Es un escándalo”, resumen fuentes del Ejecutivo.

La opción que ha ganado finalmente es la de presentar próximamente una proposición de ley con las enmiendas tumbadas. Y diputados de distintos colores en sus conversaciones con el PSOE les hicieron llegar su disposición a firmar también el nuevo texto (de hecho, Más Madrid registró una propuesta así en la Cámara Baja). Otras ideas que manejan para darle más fuerza aún simbólica es que haya una foto de todos los partidos el día que se presente para dejar clara la incomodidad y la vergüenza que les produce que el TC impida debates.

En privado también algunos diputados socialistas reconocen que a lo mejor se debían haber hecho las cosas de otra manera, en referencia a la tramitación parlamentaria. En una reunión la semana anterior en el Congreso, Odón Elorza lo expresó ante sus compañeros. Patxi López repitió a los suyos que había que aguantar y defender el texto. Miembros del grupo parlamentario en el Congreso comentaban en los pasillos que estaban deseando que acabe ya el año. “Es que parece que vamos de marrón en marrón y no podemos vender todas las cosas buenas que está sacando el Gobierno”, subraya una diputada.

“Ha sido todo una barbaridad”, comenta una senadora con muchas décadas a sus espaldas de trabajo parlamentario. Y la sensación que tienen muchos socialistas es que al PP “se le ha ido de las manos”. De hecho, interpretan que Feijóo volvió a hablar de malversación y sedición durante el debate en el Senado para intentar tapar lo que había provocado con su recurso para parar la actividad parlamentaria.

El presidente preparó muy concienzudamente ese cara a cara del miércoles contra Feijóo en la Cámara Alta, en pleno choque de poderes y ante un desafío parlamentario que nunca se había vivido en el país. Tenía claro que había que dejar constancia de que el líder del PP había querido “enmudecer a las Cortes”. Pero, a la vez, buscó trasladar otro mensaje de cara a los ciudadanos: “El Parlamento va a hablar”.

Sánchez ha dado la instrucción de acelerar esa proposición de ley y de que se saque adelante, habilitando el mes de enero en las Cortes si hace falta, el nuevo sistema de elección, que implica rebajar la mayoría de tres quintos dentro del Consejo General del Poder Judicial para elegir a sus dos miembros del Tribunal Constitucional. Lo que ha descartado es también aprovechar, como pide Podemos, el nuevo texto para cambiar también la mayoría en el Parlamento para renovar el CGPJ. 

El presidente ve al PP en esa estrategia a lo Donald Trump y cree que Feijóo se ha mimetizado ya con Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. El presidente sigue queriendo poder renovar el CGPJ, pero no ve señales de que el Partido Popular busque volver a hablar. Una de las cosas que más han indignado al jefe del Ejecutivo en las últimas horas es el tuit que puso el principal partido de la oposición diciendo que les había tocado el Gordo a los agresores sexuales con el actual Gobierno.

Han sido unos días duros y difíciles para el Gobierno y muchos parlamentarios de la izquierda. Un hecho insólito. Y hay preocupación también por la deriva del Constitucional a partir de ahora, teniendo en sus manos recursos clave que afectan a derechos. Por eso, la sensación es que hay que moverse rápido para cambiar las mayorías. No obstante, ahora el foco en La Moncloa está puesto en el paquete de medidas que aprobará el Consejo de Ministros del martes, fijándose especialmente en aquellas destinadas a contener el precio de algunos alimentos. En ello lleva trabajando intensamente un tiempo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sin dar pistas. 

El 15 de diciembre de 2022 será recordado como uno de los días en los que el parlamentarismo español estuvo más tensionado y amenazado. Detrás de ello, un intento de las derechas política y judicial, sin precedentes, para suspender el debate de una ley y paralizar la macroreforma legal del Ejecutivo. El vértigo de un choque de poderes sin precedentes, que falló en su primer intento.

El Gobierno logró finalmente sacar su proposición de ley, con mayoría absoluta y aunando 184 votos de los 350 escaños, pese a la operación política y judicial orquestada por las derechas. En vilo estuvo todo el día la Cámara Baja mirando hacia el Tribunal Constitucional. Allí, sus miembros tenían que decidir si aceptaban las medidas cautelares presentadas en un recurso de amparo por el Partido Popular y que se podían materializar en la suspensión de la votación.

La democracia, en riesgo. Esta era la sensación que transmitieron todos los diputados de las izquierdas, nacionalistas e independentistas. El PP presionaba para que un Tribunal Constitucional no renovado se posicionara sobre una ley que ni siquiera se había aprobado. Pero el Alto Tribunal decidió aplazar su decisión hasta el próximo lunes ante el fuerte choque interno y la cantidad de documentación presentada.

Por lo tanto, finalmente el Congreso daba luz verde al texto, de gran envergadura al incluir las reformas de la malversación y la sedición, la creación del nuevo delito de enriquecimiento ilícito, la clarificación de la ley del ‘sólo sí es sí’ y el nuevo modelo para a elegir dos miembros del Tribunal Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial.

Este último aspecto es vital para la derecha, que sigue con la intención de controlar los principales órganos judiciales, cuando las mayorías deberían ser ya progresistas. El PP lleva bloqueando el Consejo General del Poder Judicial desde hace cuatro años, pero ahora teme que se pierda la mayoría conservadora del Constitucional.

Desde hace más de tres meses se debería haber renovado un tercio del Constitucional (con los dos magistrados correspondientes al Ejecutivo y los dos del CGPJ). Pero el órgano de gobierno de los jueces incumple la propia ley al estar dilatando el proceso el sector conservador del mismo (el próximo día 20 volverán a reunirse).

Ante esto el Gobierno ha movido fecha proponiendo una rebaja de las mayorías necesarias y eliminando la exigencia de tres quintos. Esto ha provocado un gran malestar entre los conservadores, pero el Ejecutivo sostiene que no se puede permitir este bloqueo de la Justicia. Los dos nombres designados por La Moncloa para el TC son Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y Laura Díez, ex directora general de Asuntos Constitucionales, dos perfiles que han levantado también muchas ampollas entre la derecha.

Pero los movimientos judiciales, no sólo políticos, han sorprendido a la par. El Tribunal Constitucional convocó su pleno de este jueves de manera urgente, cuando lleva semanas posponiendo el que debe ratificar a los candidatos del Gobierno para el Alto Tribunal. En el mismo día que se iba a llevar a cabo la votación y poniendo como hora de inicio, las diez de la mañana, cuando la Cámara Baja empezaba su trabajo legislativo a las nueve horas. Es decir, se fijaba estudiar un recurso sobre sí mismo en relación a una ley que ni siquiera había pasado la fase del Pleno del Congreso cuando a su vez está bloqueándose internamente. Una decisión de paralizar la reforma (con la excusa de su tramitación en la Mesa de la Comisión de Justicia) suponía entrar de lleno, además, en otro poder.

El Tribunal Constitucional va a jugar un papel fundamental en los próximos meses porque se tienen que resolver asuntos de vital importancia, y con un marcado carácter social. Encima de la mesa están leyes como la del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero, la ley de eutanasia y la ley Celáa, entre otros. Y desde el Gobierno se lleva tiempo advirtiendo de que una mayoría conservadora caducada puede tener efectos como en EEUU precisamente con la ley del aborto.

Las derechas tenían en mente frenar a través de ese recurso la ley, confiaban en ello. Por eso fue un jarro de agua fría el aplazamiento de la decisión del TC. No lo ocultaban fuentes de Génova al conocerse este paso: “Nos habría gustado tener una respuesta rápida a unas decisiones adoptadas por parte del Gobierno que vulneran los derechos de los diputados de las Cortes generales y que comprometen las garantías del sistema parlamentario español”.

A pesar del aplazamiento, las derechas lo intentaron por todas las fórmulas parlamentarias frenar la macrorreforma legal. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, trató de paralizar el Pleno y la votación, al igual que hizo Inés Arrimadas (Ciudadanos). Esta última llegó a comparar a Meritxell Batet, al frente de la Presidencia del Congreso, con Carme Forcadell. Vox abandonó el Pleno. Pero el debate se celebró, como alegó Batet, porque no había ningún impedimento ni ninguna comunicación oficial del Constitucional. La apuesta de las derechas siguió hacia arriba no participando por parte del PP y de Cs en la votación, con el fin directo de deslegitimar el resultado.

Un resultado que llegaba finalmente sobre las 18 horas del jueves y que fue abrumador: el Gobierno sacó adelante la norma con 184 votos a favor, lo que supone una amplísima mayoría absoluta. Un día, además, en las que sumó otras mayorías absolutas en leyes como la del aborto y la reforma de la PAC.

Pero el ambiente fue asfixiante y demoledor en el Pleno conforme pasaban las horas. Cuca Gamarra mostró su rostro más duro. Y con la teoría de que no se puede legislar sin que el Tribunal Constitucional se pronuncie. En el PSOE, según manifestó Felipe Sicilia desde la tribuna de oradores, el momento vivido era uno de los más graves y se comparó con el 23-F, acusando a la derecha de querer parar la democracia entonces con “tricornios” y ahora con “togas”. 

A la crispación que se ha vivido en las últimas semanas, se suma ahora el intento de la derecha de parar las votaciones por los tribunales y no con los votos conseguidos. El PP vuelve a su lado más duro, a las técnicas de Pablo Casado, quien durante todo su  mandato trató de hacer calar que se trata de un Gobierno ilegítimo. 

El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, resumió la jornada así tras horas de endiablado debate: "Hoy ha triunfado la democracia frente al intento de atropello tan gran ve por parte del señor Feijóo. Nunca antes, de manera tan inaudita, habíamos tenida esta afrenta. Ha sido un día muy triste viendo cómo el PP tiene secuestrada a la Justicia, utilizándola en su beneficio y yendo en contra de algo sagrado como es la soberanía popular".

Ya por la noche, y desde Bruselas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó al Partido Popular y Vox de provocar un "complot burdo" para "amordazar" al Parlamento. "La democracia y la Constitución prevalecerá. La derecha y ultraderecha han intentado amordazar al Parlamento de España para mantener el bloqueo del TC", aseguró Sánchez ante los medios de comunicación en una rueda de prensa posterior al Consejo europeo.

Sánchez afeó también al PP y Vox de que "no todo vale" en política y que no pueden llamar "gobierno ilegitimo" a su Ejecutivo, por lo que reclamó que respeten el resultado de las urnas tras las últimas elecciones generales. El presidente acusó a ambas formaciones de no ofrecer "ningún proyecto" más allá de los insultados y ha reiterado la necesidad del cumplimiento de la Constitución, informa Europa Press.

“El clima es irrespirable”. Esta sensación la llevan repitiendo muchos diputados desde hace un par de semanas. Las sesiones parlamentarias se han convertido en un campo lleno de fango oscuro, sombrío, impropio de las Cortes. Insultos y exabruptos. Todo ello impulsado principalmente por los miembros de Vox, que aprovechan cada intervención para desestabilizar a sus contrincantes y a la propia Cámara.

Ruido y furia. Muchos diputados se quejan de que el ambiente y la estrategia feroz de los de Santiago Abascal está tapando la ingente cantidad de trabajo legislativo que está sacando el bloque de la izquierda. El ejemplo más claro, como recuerdan, es la vital votación de los presupuestos generales durante la semana pasada.

El Congreso se enfrentó a unas maratonianas jornadas, que se alargaron hasta la madrugada. Pero todo quedó ensombrecido por la intervención de Vox en la que se insultó a la ministra de Igualdad, Irene Montero, diciendo que su “único meritorio es haber estudiado a Pablo Iglesias en profundidad”. Esto taponó la proyección de una acción legislativa en la que el Gobierno consiguió sacar adelante unas cuentas con una media de 187 votos a favor tras unas interminables 846 votaciones sobre 5454 enmiendas.

Pero es que ese mismo día la izquierda logró acordar también sin fisuras la admisión a trámite de la proposición de ley sobre la reforma en el Código Penal del delito de sedición y la aprobación de los nuevos gravámenes destinados a las entidades financieras, las energéticas y las grandes fortunas.

Esta misma semana el ambiente volvió a crisparse en la Cámara Baja, con la ultraderecha intentando provocar a la propia Mesa del Congreso buscando la gresca con la utilización de la palabra “filoetarra” o denunciando que les llamaran “fascistas”. Interrupciones constantes. Y una manifestación por parte del PP y de Vox tras decir Irene Montero que promocionaban la “cultura de la violación”.

Y, a pesar de ese claustrofóbico ruido, la Cámara Baja volvió a sacar adelante numerosas votaciones gracias al bloque de la investidura. De hecho, se tumbaron todas las enmiendas a la totalidad presentadas contra la reforma de la sedición. Además, recibieron luz verde algunas leyes de gran importancia a pesar de no estar en los focos: la de start ups, la reforma del sector ferroviario y la de evaluación de políticas públicas.

Desde el Gobierno ponen el foco precisamente estos días en la acción legislativa, en que la coalición está siendo útil, en que logran sacar adelante normas pese a tenerlo todo en contra. Según fuentes de La Moncloa, el Ejecutivo ha sacado hasta este momento 177 iniciativas legislativas.

Esto es un hito para el Gobierno en unas circunstancias, argumentan, totalmente complicadas. La pandemia llegó al inicio de la legislatura, lo que hizo que el Congreso minimizara su actividad. Además, se trata del Parlamento más fragmentado políticamente (con mayor número de partidos) de la historia de España. Asimismo, todavía queda un año para que acabe la legislatura, por lo que es difícil comparar en los mismos términos con otras legislaturas.

Según los datos del Congreso sobre leyes aprobadas por los distintos gobiernos desde 1978 y recopilados por Newtral, la legislatura con más normas ratificadas por un Ejecutivo fue la constituyente (con 297). Y luego les siguen las primeras de Felipe González (con su mayoría absoluta arrastró 247 leyes), de José María Aznar (254) y de Mariano Rajoy (247, también con mayoría absoluta), en circustancias totalmente diferentes a la actual dinámica de unas Cortes multipartidistas.

Pero Pedro Sánchez ya ha superado en número de leyes a las otras legislatura de Felipe González y a la segunda de José Luis Rodríguez Zapatero (176). Otro ejemplo significativo, en la media legislatura en la que Mariano Rajoy tuvo que pactar para sacar normas, entre 2016 y 2018, sólo vieron la luz 39 iniciativas impulsadas por su Gobierno en el Congreso.

Los diputados de la izquierda se quejan de que el ambiente del Congreso está tapando todos estos datos. Además, no se ha encontrado la fórmula para poder rebajar la tensión en las Cortes, a pesar de las advertencias y llamadas de atención por parte de Meritxell Batet, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y Gloria Elizo mientras presidían en los distintos momentos el Pleno de esta semana.

Otra de las quejas que sale de los diputados socialistas es que Vox se presenta como la “España que madruga” y dibuja a un Ejecutivo que no hace nada mientras que la propia ultraderecha tiene el listón laboral muy bajo en la Cámara Baja, ya que, por ejemplo, no ha presentado ni una sola enmienda parcial a los presupuestos generales de 2023, la ley estrella de este periodo de sesiones.

¿Se acabará pronto este clima? Cargos socialistas dicen que desgraciadamente creen que no. De hecho, alguno de ellos advierte de que esta “toxicidad” incluso irá en aumento en las próximas semanas. “Y eso que queda todavía un año para las elecciones”, comenta un parlamentario. Durante estos últimos días denuncian en la izquierda la campaña iniciada por el Partido Popular para poner hasta en duda los datos de empleo (el paro bajó en el último mes en 33.512 personas y se situó en 2.881.380 desempleados, la cifra más baja de un noviembre desde 2007). También esperan fake news y bulos por parte de la órbita de la ultraderecha de cara a los próximos meses.

La orden dada por La Moncloa es seguir tramitando leyes y, de hecho, dar un acelerón antes de que acabe el año con algunas de las más potentes y polémicas, para despejar el camino antes de las elecciones autonómicas y municipales. Además, en el entorno de Sánchez recuerdan que también hay un trabajo que no se ve en el Parlamento pero que tiene mucha importancia en el clima social. En este sentido, citan la labor hecha para resolver conflictos competenciales con Cataluña que no acaben en el Tribunal Constitucional. Por el procedimiento del 33.2 de la ley orgánica del TC, se han logrado 15 acuerdos y solo se han interpuesto 5 recursos ante el Alto Tribunal contra leyes catalanas (en la época de Rajoy se registraron 19).

Por eso, la idea de Pedro Sánchez es centrar su discurso, frente al ruido de las derechas y desavenencias internas, en esa acción del Gobierno y en las medias puestas en marcha, con el convencimiento de que finalmente los ciudadanos entenderán que las medidas puestas en marcha han logrado que España sea en estos momentos el país con la inflación más baja de la zona euro en noviembre.

La Junta de Portavoces del Congreso ha avalado este martes por noche la resolución de Presidencia que rebajará las mayorías que se exigen para acceder a la Comisión de control de los Gastos Reservados, bajando el listón de 210 votos a mayoría absoluta (176), lo que permitirá que los independentistas de ERC, Junts, Bildu y la CUP puedan controlar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y acceder a materias clasificadas. La decisión se ha tomado con la oposición del PP, Vox y Ciudadanos, y a continuación la resolución se ha aprobado en la Mesa de la Cámara, según informa Europa Press.

Se trata de una modificación de la resolución de Presidencia que firmó el socialista Manuel Marín en 2004, un cambio que permitirá desbloquear la constitución de este órgano, que estaba pendiente desde principios de legislatura.

La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, anunció por la mañana su propuesta y ha apurado los plazos al máximo para aprobar la rebaja de los requisitos por la noche y así poder celebrar la votación en el Pleno este mismo jueves.

 Todo ello tras la polémica por el espionaje a políticos independentistas y después de que el Gobierno se comprometiera a activar esa comisión para que la directora del CNI, Paz Esteban, pudiera ofrecer explicaciones en el Congreso.

En una comparecencia ante los medios, Batet ha justificado la premura alegando que es "una anomalía democrática" que aún no se haya podido constituir esta comisión por falta de "acuerdos necesarios". Asegura que lo intentó antes, que ya habló del tema con los distintos grupos parlamentarios y que ahora ve una "inmensa mayoría" a favor de ponerla en marcha.

Según ha explicado, seguía habiendo vetos -de hecho, PP, Vox y Ciudadanos han avanzado en público su rechazo a apoyar la entrada de partidos como ERC, Junts o Bildu en la comisión-, pero no podía convocar la votación con ese listón mínimo de 210 votos porque no habrían entrado todos los grupos parlamentarios de la cámara.

Y, según subraya, la resolución de 2004 también establece que debe formar parte de la comisión "un miembro de cada grupo parlamentario". "En este momento, los vetos de diferentes grupos parlamentarios impiden constituir la comisión al incumplir el mandato de la presencia de todos los grupos", ha añadido.

Su propuesta, por tanto, busca rebajar ese listón de 210 votos para sortear los vetos y asegurar que entran todos los grupos de la Cámara, ya que entiende que a nadie se le puede impedir ejercer su derecho a controlar al Gobierno.

Con ese cambio, el Gobierno y sus aliados de investidura ya sumarían los votos suficientes para superar esa mayoría absoluta, lo que aseguraría un puesto a ERC y a Bildu, que tienen grupo propio en el Congreso, y a Junts como primer partido del Grupo Plural, e incluso podría entrar la CUP en representación del Grupo Mixto.

La ley encarga a esta Comisión de Gastos Reservados, cuyas reuniones son a puerta cerrada, el control parlamentario de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del uso de los fondos reservados por parte de los Ministerios que tienen asignadas partidas de este tipo; Interior, Exteriores, Defensa y el CNI.

La falta de apoyo suficiente a los independentistas ha impedido constituir la comisión hasta ahora y su última reunión fue en 2019, lo que implica que durante estos tres años el Congreso esta incumpliendo su deber legal de controlar al CNI y de recibir cada seis meses informes de los ministros sobre el uso de las partidas presupuestarias para gastos reservados.

La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, ha propuesto en la Mesa de la Cámara una rebaja de las mayorías que se exigen para acceder a la denominada Comisión de secretos oficiales, bajando el listón de 210 a mayoría absoluta, lo que ya permitiría abrir la puerta a ERC, Junts y Bildu al control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y al acceso a materias clasificadas, según informa Europa Press.

Se trataría de una modificación de la resolución de Presidencia que firmó el socialista Manuel Marín en 2004, pero pese a tratarse de un cambio de las reglas del juego, no cuenta con apoyo de grupos de la oposición como el PP, Vox y Ciudadanos.

La ley encarga a la Comisión de Gastos Reservados, cuyas reuniones son a puerta cerrada, el control parlamentario de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del uso de los fondos reservados por parte de los Ministerios que tienen asignadas partidas de este tipo; Interior, Exteriores, Defensa y el CNI.

Y en 2004 se estableció que los diputados autorizados para acceder a esos secretos oficiales, uno por cada grupo parlamentario, deberían recabar el apoyo de tres quintos del Congreso (210) en una votación secreta en sesión plenaria.

Ese listón exige apoyos mutuos entre los grupos parlamentarios y no todos tienen asegurado superarlo. De hecho, el PP, Vox y Ciudadanos vienen advirtiendo de que no apoyarán la entrada de los independentistas en este órgano, lo que les impediría llegar a esos 210 votos.

Por ello, la comisión no ha podido constituirse esta legislatura y su última reunión fue en 2019, lo que implica que durante estos tres años el Congreso esta incumpliendo su deber legal de controlar al CNI y de recibir cada seis meses informes de los ministros sobre el uso de las partidas presupuestarias para gastos reservados.

Tras la polémica por el espionaje a políticos independentistas, el Gobierno ofreció activar esta comisión para que la directora del CNI, Paz Esteban, pudiera ofrecer explicaciones en el Congreso.

Y en ese contexto, Batet ha dado ya el primer paso para modificar la resolución de Presidencia de 2004 proponiendo que el listón se rebaje de 210 a 176 votos, la mayoría absoluta, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Con ese cambio, el Gobierno ya se aseguraría que los independentistas pudieran ser autorizados por el Pleno del Congreso y así se podría constituir la comisión con todos los grupos.

La presidenta del Congreso, Mertixell Batet, ha dado por zanjada este martes la polémica por la votación de la reforma laboral, que salió adelante gracias al error de un diputado del PP, y ha defendido la independencia de los letrados de la Cámara, cuyo informe ha sido determinante para tumbar las quejas del Grupo Popular.

La Mesa del Congreso, por la mayoría que suman el PSOE y Unidas Podemos, ha tumbado los escritos de protesta del PP por esa votación tan ajustada, concluyendo que "no hubo un error técnico", sino una equivocación del diputado del PP Alberto Casero.

"Las decisiones adoptadas fueron correctas, el procedimiento de comprobación de voto fue el adecuado y, al no haber un error técnico, no había necesidad de reunir a la Mesa —ha sentenciado Batet—. Y como saben los errores en el voto no dan lugar a repetición o corrección alguna".

En este contexto, ha recalcado que tanto los letrados como el acuerdo adoptado este martes por la Mesa de la Cámara concluyen que "en todas las decisiones que se adoptaron se actuó conforme a derecho".

Pero la presidenta también ha querido salir al paso de las "descalificaciones" del PP al informe de los letrados y ha subrayado la independencia de los servicios jurídicos, recordando que estos altos funcionarios estaban en los mismos puestos cuando ella llegó a la Presidencia y relevó a la conservadora Ana Pastor.

"Toda institución y quienes la integran necesitan, necesitamos, respetar sus propias normas y a quienes profesionalmente se ocupan de interpretarlas y aplicarlas. Podrán criticarse sus argumentos, pero no se puede desacreditar a unos profesionales que desarrollan su trabajo con total independencia, que son los mismos que lo han hecho bajo otras mayorías políticas y cuestionar su honestidad", ha enfatizado Batet.

En este punto ha avisado de que poner en solfa su trabajo "sin ningún razonamiento o justificación" es, sobre todo, "un modo de deslegitimar a la propia institución".

Ante esos ataques, ha dejado claro que ella "siempre va a estar defendiendo su independencia" y que su labor es imprescincible para "tener referentes y garantías de confianza en la aplicación de las normas, por encima de cualquier disputa política".

"He dicho en más de una ocasión que ejercería esta Presidencia con imparcialidad, y este es mi empeño todos los días. Lo que no se puede esperar de mí es que sea neutral ante los ataques a la institución que me honro en presidir, a sus profesionales y a sus procedimientos. Porque atacarlos a ellos es atacar la legitimidad del Congreso", ha remachado.

Preguntada sobre cómo ha vivido estos días en los que el propio líder del PP, Pablo Casado, habló de "pucherazo" y le avisó de que podría enfrentarse a un delito de "prevaricación", Batet ha desvelado que lo hecho con "la tranquilidad" de saber que actuó siempre con "respeto a las normas y al Reglamento", como después avalaron los letrados.

En este contexto, ha enfatizado su determinación de sigue ejerciendo su responsabilidad "con imparcialidad", sin manifestarse sobre las declaraciones de los partidos, pero reclamando un "absoluto respeto" hacia los profesionales que trabajan en el Congreso y en las demás instituciones con "vocación de servicio público".

De su lado, el secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello, de Unidas Podemos, ha acusado al PP de "usar la mentira para deslegitimar al Congreso" con técnicas propias del "trumpismo de la peor calaña".

En este contexto, ha augurado poco recorrido a los recursos que el PP y Casero han presentado ante el TC alegando que se atentó contra los derechos del diputado, porque no existen argumentos jurídicos que avalen que el parlamentario por Cáceres podía tener una segunda oportunidad para votar.

"Eso sería crear un precedente a partir de una falsedad y haría mucho daño a la democracia", ha dicho, antes de subrayar que si Casado tuviera "la más mínima decencia, rectificaría, pediría disculpas por esas acusaciones infundadas" que hacen un "daño irreparable a las instituciones".

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha explicado que intentan reponer el escaño vacío del exparlamentario Alberto Rodríguez pero respeta los tiempos del partido en Canarias, que siguen "tocados" tras su "injusta" decisión de retirarle el acta, y de lo que culpa a la presidenta de la cámara, Meritxell Batet, y al de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), Manuel Marchena, según informa Europa Press.

En rueda de prensa este martes, ha señalado que quiere ser "claro" sobre este asunto y ha trasladado "todo el apoyo" a la estrategia jurídica emprendida por Rodríguez, para anular tanto la sentencia condenatoria y el decreto que Batet que implicó la pérdida de su condición de diputado.

"Si en estos momentos falta un diputado en el Congreso no es por culpa de Unidas Podemos, que hemos hecho todo lo posible. Es responsabilidad de la presidenta del Congreso y de Marchena, que arrebataron el acta a un diputado electo después de una sentencia injusta y sin pruebas", ha enfatizado para ahondar, además, de que en el fallo del TS no se recoge en ningún momento la pérdida del escaño.

Por tanto, Echenique ha recalcado que están haciendo lo que pueden para ocupar su puesto, pero acorde con los pasos que dé Podemos en Canarias, que necesitan seguir sus tiempos tras el golpe que supuso la salida de Rodríguez del Congreso.

Ayer la coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, también siguió esta línea para señalar que su formación siempre considerará una "injusticia" que se arrebatará este escaño al espacio confederal y a los canarios. De esta forma, respetan y entiende que Podemos Canarias esté tomando sus decisiones.

El pasado viernes Alberto Rodríguez acusó a estructuras de Unidas Podemos de "atacarle" y "culparle" de que su escaño vacante en el Congreso siga vacío después de más de tres meses sin relevo, algo que ha calificado de "gravísimo".

Además, ha atribuido al espacio confederal "presiones" a él y a su entorno para que su plaza en la Cámara Baja tenga un sustituto pronto, en vez de enfrentarse a Batet y al PSOE.

De hecho, empleó un tono duro contra la formación morada, al deslizar que existe una "estrategia continuada" para "culpabilizarle", "revictimizarle" y "responsabilizarle" de esta situación.

Por su parte, el ministro de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, afirmó que Unidas Podemos necesita reponer el escaño vacío del exdiputado y abogó por acelerar el proceso para designar a su sustituto.

El exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que pide que declare nula la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que le condenó por un delito de atentado a agentes de la autoridad y que le supuso la pérdida del escaño, por considerar que viola sus derechos fundamentales, solicitando también que se revoquen "todos los efectos lesivos" de esta supuesta vulneración, informa Europa Press.

En un recurso de 89 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, Rodríguez solicita al TC que establezca que sus derechos se han vulnerado y que, para repararlo, declare la nulidad de la sentencia, anule "todos los actos procesales posteriores en el tiempo", "retrotrayéndose las actuaciones a dicho momento", para que se dicte resolución, ya sea el Supremo o el propio Constitucional, que "revoque todos los efectos lesivos de dichas vulneraciones de derechos fundamentales".

Rodríguez alega que se han violado sus derechos constitucionales a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva, de reunión y manifestación, de representación política y el principio de proporcionalidad, una violación de derechos fundamentales que considera "imputable de modo inmediato y directo a las acciones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo".

Se trata del segundo recurso que presenta Rodríguez en el TC a raíz de dicho fallo. Ya formuló un primer recurso de amparo contra la decisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, de privarle de manera "irresponsable" de su escaño como consecuencia de la ejecución de la condena del Supremo.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha acordado declarar extinguida la responsabilidad criminal del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez toda vez que ha pagado la multa contemplada en la sentencia condenatoria y puesto que ha cumplido el plazo de un mes y quince días de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, informa Europa Press.

En un auto fechado el pasado 24 de enero, la Sala de lo Penal señala que se inició el cumplimiento de la inhabilitación el pasado 22 de octubre de 2021, fecha que coincide con el día en el que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, decidió ejecutar la sentencia del Supremo y comunicar al diputado la pérdida de su escaño. La fecha de cumplimiento de la inhabilitación finalizó el pasado 5 de diciembre.

Según apunta el magistrado ponente Miguel Colmenero, el artículo 130.1 del Código Penal establece que la responsabilidad criminal queda extinguida por el cumplimiento de la condena, algo que se da en este caso concreto porque Rodríguez abonó la multa de 540 euros en octubre y ha cumplido la pena de inhabilitación especial.

Fuentes del Supremo aclaran a Europa Press que este auto no supone que queden extinguidas las consecuencias que en el ámbito parlamentario haya tenido su condena. Cabe recordar que Rodríguez perdió su escaño. En esta misma resolución se indica que la extinción de la responsabilidad debe se comunicada al Registro Central de Penados y Rebeldes a través del Punto Neutro Judicial. Subrayan que esta decisión no es firme y contra ella cabe recurso de súplica en el plazo de tres días.

Cabe recordar que el Supremo condenó a Rodríguez el pasado 6 de octubre a la pena de prisión de un mes y quince días como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad en una manifestación en 2014 con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. La condena conllevaba la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. En la sentencia, el Alto Tribunal resolvió sin embargo sustituir la pena de prisión por la pena de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros).

Tras conocerse la sentencia, la Sala de lo Penal la remitió a Batet y a la Junta Electoral Central (JEC) para su conocimiento y a los efectos oportunos. Así, la presidenta del Congreso, el día 22 de octubre decidió ejecutar la sentencia y se puso en contacto personalmente con Rodríguez para trasladarle el oficio del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, por el que se da traslado de la sentencia de la Sala Segunda, que comporta la pérdida de su condición de diputado, y del auto por el que se dispone su ejecución.

Tras agotar las vías procesales en el Supremo, recurso de súplica incluido, la defensa de Rodríguez ha arrancado la vía ante el Constitucional donde ha presentado ya un primer recurso de amparo contra la decisión de Batet de privarle de manera "irresponsable" de su escaño como consecuencia de la ejecución de la condena del Supremo. Calificaba la decisión de "unilateral, infundada y arbitraria".

El exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha presentado un primer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la decisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, de privarle de su escaño como consecuencia de la ejecución de la condena del Supremo.

En un escrito de 93 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Rodríguez solicita que el tribunal de garantías adopte la medida cautelar urgente de que le sea devuelta su acta de diputado "para evitar el daño irreparable" que provocaría tanto en su persona como a terceros el mantenimiento de la decisión de Batet del pasado mes de octubre.

El Supremo condenó a Rodríguez el 6 de octubre a la pena de prisión de un mes y quince días como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad en una manifestación en 2014 con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. La condena conllevaba la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. En la sentencia, el Alto Tribunal resolvió sustituir la pena de prisión por la pena de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros).

En los antecedentes de hechos del recurso, la defensa indica que tras la publicación de esa sentencia, el 19 de octubre en la reunión de la Mesa del Congreso Batet "ya contaba con el informe elaborado de oficio por los Letrados del Congreso de 18 de octubre de 2021" en el que expresaron que no cabía derivar consecuencia extra penal alguna que afectara a la condición de diputado de Rodríguez.

Pero Batet envió solicitud de aclaración al Supremo sobre la forma de ejecución de la condena, carta que fue respondida por el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, señalando que descartaba cualquier error por el hecho de mantener la vigencia de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, ya que esta pena accesoria es "obligada a la vista de lo dispuesto en el artículo 56.1.2 del Código Penal".

Tras esto, se solicitó por parte de Batet un segundo informe a los letrados del Congreso, y en esta ocasión se pronunciaron de forma distinta al primero. Rodríguez subraya en su escrito que este segundo informe "fue supuestamente documentado tres días después de que la presidenta del Congreso adoptara la resolución lesiva" de apartarle de su acta, si bien en él se incluye que se informó verbalmente a Batet el 21 de octubre.

El 22 de octubre la presidenta remitió escrito a Rodríguez anunciando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), se acordaba ejecutar la sentencia.

La defensa también recuerda que a finales de ese mes la Junta Electoral Central emitió acuerdo al respecto en el que señalaban que Rodríguez "no podrá concurrir como candidato a procesos electorales durante el periodo de duración de la pena impuesta en dicha sentencia". El siguiente capítulo en la estrategia de defensa de Rodríguez llegó en diciembre cuando requirió a Batet el día 28 que le restituyese en su cargo.

Ahora, acude al TC porque entiende que Batet ha vulnerado sus derechos fundamentales, y entiende que se debe dilucidar "la proporcionalidad o desproporcionalidad existente entre una condena de 1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, y las consecuencias extrapenales que derivaron en la pérdida del escaño.

Señala la defensa que el TC debe observar si "esa medida puede ser acordada, sin quebranto constitucional, por quien no tiene entre sus potestades el privar a un miembro del Congreso de su condición de Diputado". "Cómo se garantiza el derecho de participación política de los diputados si (...) pueden ser privados de su escaño con una decisión personal de la Presidenta de la Cámara, sin acudir a un proceso reglado para ello y sin que su actuación tenga un respaldo constitucional o legal que le atribuya tal competencia", se pregunta.

Entiende que la privación del escaño "resulta más severa y de mucho mayor duración que la pena impuesta en la jurisdicción penal", y sostienen que esto afecta a los derechos constitucionalmente garantizados a Rodríguez.

Además, la defensa pregunta al TC en su escrito si una decisión de ese calado puede ser adoptada "de forma arbitraria" y exclusivamente por parte de Batet "sin seguir ningún tipo de procedimiento para ello y obviando, incluso, los informes de los Letrados del Congreso y los acuerdos de la Junta Electoral Central que, en esta ocasión, ejecutó correctamente la condena impuesta".

Apunta asimismo que en este caso se da en la persona del exdiputado "una diferencia de trato discriminatoria evidente por razón de la ideología y la significación política", y recuerda que Alberto Rodríguez era miembro del Congreso de los Diputados "en representación de más de 64.000 electores pertenecientes a una minoría como es la canaria".

Tras sostener que la decisión de Batet fue unilateral y arbitraria, añade que fue una resolución "carente de cualquier fundamento o razonamiento" y analiza el escrito de Batet en el que comunicaba su decisión para apuntar que entre lo expuesto por ella y nada "no existe mucha diferencia a la hora de hablar de fundamentación".

Plasma en su escrito el artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, referente a causas de inelegibilidad para el cargo de diputado. Y resalta que no son elegibles los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad en el período que dure la pena; y los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado.

Tras esto subraya que "se trata de un precepto amplio" que regula supuestos pero que "en ningún caso regula uno como el que afecta" a su representado, y lamenta que para determinar esto "basta una cabal lectura de la norma transcrita y una mínima capacidad de comprensión lectora". "Por tanto, Batet se inventó una causa, no prevista en la Ley, para privar de su escaño a mi mandante", recalca.

Añade a esto que la pena impuesta "quedó extinguida inmediatamente por el pago de la multa" y a partir de ahí, no cabría hablar de la duración de esta a los efectos de la accesoria de "inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena".

Suma a esto que a su juicio el ordenamiento jurídico no prevé que se ejecute la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, mediante la privación del escaño. Y cita el artículo 44 del CP para recordar que "la única consecuencia prevista es la prohibición de presentarse como candidato en una lista electoral en cualquier proceso electoral, caso de convocarse, durante el tiempo que dure su condena".

Además, analizando el reglamento del Congreso, la defensa concluye que el caso de Rodríguez no cumple con ningún supuesto que conlleve la pérdida de su escaño. E incide en que la de Batet fue única y exclusivamente una decisión personal, y que actuó atemorizada "por vaya uno a saber qué tipo de riesgos".

El exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez le ha pedido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que le devuelva el escaño al considerar que su pena "ha quedado ya extinguida", una vez que —según le ha notificado el Tribunal Supremo— esta finalizó el pasado 5 de diciembre.

En el escrito firmado ayer martes, al que ha tenido acceso Europa Press, Rodríguez ha requerido, "sin más demoras", volver al asiento del hemiciclo que le fue retirado tras ser condenado por un delito de atentado a agentes de la autoridad, informó Europa Press.

"Teniendo presente lo anterior, así como la inexistencia de norma legal o constitucional alguna que a usted habilite para privarme de mi cargo de diputado electo, le solicito tenga a bien, sin más demoras, restituirme en el mismo al no existir ya pena alguna pendiente de cumplir", ha señalado.

Rodríguez fue condenado como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad —con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas— a la pena de un mes y 15 días de prisión, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La pena de prisión se sustituyó por una multa de 540 euros que ya ha abonado.

En el marco del escrito remitido al Congreso, el exidiputado ha subrayado que el pasado 23 de diciembre el Tribunal Supremo le notificó el auto por el cual "se aprueba la propuesta de liquidación de condena realizada por la Letrada de la Administración de Justicia el pasado 26 de noviembre de 2021, acordándose que la pena impuesta finaliza el día 5 de diciembre de 2021".

En este sentido, Rodríguez ha insistido en que, apartando la "discrepancia" que pueda haber sobre la liquidación de la pena, tanto el Supremo como la Junta Electoral Central "han determinado, de una parte, en qué consistía dicha pena y sus efectos y, de otra, que la misma ha quedado ya extinguida".

El exdiputado ha adjuntado al texto el auto de Alto Tribunal al que hace referencia y ha reprochado "la tardía notificación". "Me ha informado el día 23 de diciembre de que la condena finaliza el día 5 de diciembre del presente año".

El dirigente ha aprovechado el cierre de su misiva para desearle "una pronta mejoría" a la presidenta de la Cámara, que recientemente dio positivo por coronavirus.

El escaño que solía ocupar Rodíguez permanece vacío. El pasado 12 de noviembre se reactivó el proceso para cubrir su vacante tras tres semanas de impasse una vez que la Junta Electoral Central (JEC) tuvo constancia de la renuncia formal de la primera candidata con opción a sustituirle.

La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, ha reclamado a los políticos "lealtad constitucional", que a su juicio supone, entre otras cosas, cumplir sus mandatos incluso cuando no se está de acuerdo, respetar las mayorías y evitar una judicialización innecesaria de la política. Informa Europa Press.

En su discurso del acto central del aniversario de la Constitución, Batet ha señalado que las democracias se enfrentan a "nuevos riesgos" que no son externos al Parlamento, sino que están dentro. En concreto, ha hablado de la "priorización de las dinámicas de enfrentamiento frente al acuerdo", y de las recetas simples del populismo, fenómenos que a su juicio generan riesgo de deslegitimación de las instituciones.

Frente a ello, Batet llama a recuperar la "lealtad constitucional" como "autoexigencia" para quienes creen en el acuerdo.

Y ello supone, en su opinión, cumplir los mandatos constitucionales inequívocos, incluso cuando se esté "en desacuerdo con las obligaciones constitucionales y legales", y avisa: "Quien discute el cumplimiento de la Constitución pretende situarse por encima de ella".

Y también implica "reconocer la legitimidad del otro y sus propuestas", pero siendo consiente de la posición de cada uno. "Asumir que en ocasiones las opciones propias resultan mayoritarias y en otras deben limitarse a ser la alternativa minoritaria –ha dicho–. Ser leal a la Constitución es aceptar la legitimidad del triunfo del otro y asumirlo, con el esfuerzo de llegar a acuerdos mediante la discusión y el debate".

Por último, critica el empeño por "convertir el debate político en constante reproche de inconstitucionalidad, porque dentro de nuestra norma suprema caben múltiples opciones políticas". "Judicializar innecesariamente la política comporta politizar la justicia, pero sobre todo lleva a desconocer el espacio deliberativo propio de todo sistema político democrático", opina.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha pronunciado unas palabras de recuerdo a la escritora Almudena Grandes, fallecida el pasado 27 de noviembre, al final de su discurso del acto de conmemoración a la Constitución Española celebrado este lunes a las puertas de la Cámara Baja. Batet ha leído una cita de la autora: "Esos domingos de invierno en los que el cielo más bello del mundo elige amanecer en Madrid".

Para la presidenta del Congreso, las palabras de una de las escritoras más importantes de la historia de la literatura española representan un "símbolo de esperanza para saber disfrutar de lo que nos une y de lo mucho que podemos conseguir juntos y en leal convivencia", en el marco de una jornada "de impulso para una política que tenga presente los retos que juntos debemos afrontar y abra caminos al acuerdo".

La cita escogida por Batet hace referencia a la ciudad de Madrid, urbe donde Almudena Grandes creció, vivió y desarrolló buena parte de las historias de sus personajes. Una ciudad a la que la escritora ha expresado su cariño y gratitud en numerosas ocasiones. Sin embargo, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no acudió a su funeral y evitó pronunciarse en las horas y días posteriores a su muerte. Los grupos municipales de PP, Vox y Ciudadanos votaron en contra de que la autora fuera nombrada Hija Predilecta de Madrid.

Si toda novela es un mecanismo narrativo para conducir al lector a través de una historia, toda novela negra pretende además que en ese viaje se resuelva un conflicto de carácter sórdido, uno que el escritor, hábilmente, nos ha ido dosificando. De esta manera, mientras pasamos las páginas abstraídos por los vericuetos de los diálogos y descripciones, vamos poco a poco inclinándonos en contra o a favor de determinados hechos y personajes, justo a la manera en que el escritor quiere que lo hagamos. Así, en la conclusión de la novela, estaremos donde su autor quiere, preparados para una conclusión que nos llene de amargura, que nos deje impactados de sorpresa o satisfechos como si hubiéramos sido nosotros quienes hubiéramos atrapado al delincuente. Cuando una narración tiene un objetivo siempre necesita de unos raíles por los que hacernos avanzar, su maestría consiste en enterrar esas vías, en confundirlas con el escenario, para que creamos que avanzamos y decidimos por voluntad propia. Tengan tanto cuidado con los que escribimos como lo tendrían con un crupier o un prestidigitador.

Les cuento todo esto porque el caso de Alberto Rodríguez parece, más que un asunto judicial, una narración, al estilo de las más hábiles novelas negras, para desencadenar una serie de resultados que dañen al Gobierno. Rodríguez, para empezar, era un protagonista excelente, entre otras cosas porque su aspecto, que llegó a ser motivo de una ruin controversia en el Congreso, le hicieron conocido para el gran público, no sin obviar los apelativos que le dedicó la prensa de derechas. Todo protagonista tiene que ser fácilmente identificable, si no la historia no acaba interesando. Además no era un diputado raso por el cargo que llegó a ocupar, secretario de Organización de Podemos, pero tampoco era uno de los altos dirigentes de la coalición, con los que la maniobra hubiera sido demasiado arriesgada.

Quizá el caso que enfrentó Rodríguez en 2017, una acusación por desórdenes públicos que se remontaba a las lejanas Navidades del año 2006, y que el Supremo consideró extinguida por haber prescrito cualquier responsabilidad penal, puso al diputado canario en la picota: este tipo puede ser el protagonista de una buena historia. No hacía falta más que buscar un suceso que aún fuera susceptible de ser juzgado donde Rodríguez hubiera estado presente. Algo no demasiado difícil teniendo en cuenta su pasado activista en diferentes causas sociales. Cualquiera que haya participado en una huelga, una manifestación o cualquier tipo de protesta sabe que los incidentes pueden llegar a darse. Y surgió el nuevo caso, a finales de septiembre de 2020, uno bajo los cargos de atentado a la autoridad y delito de lesiones, que para dar ambiente al escenario, eran, sin duda, mucho más precisos y sonoros.

Tanto que, antes de que el juicio se celebrara, Rodríguez ya tenía el foco de las columnas de opinión encima, que es al fin y al cabo de lo que se trata cuando quieres que una historia cale en la opinión pública. ¿Qué era lo que faltaba? Los calificativos. Así el diputado pasó a ser “el rastas de Podemos que patea policías”, una visual acusación para que el imaginario colectivo hiciera el resto. Lo cierto es que es extraño que cuando otros protagonistas se enfrentan a otro tipo de acusaciones nunca la capacidad retórica se dispare tanto. Imaginen: “el banquero del PP con la mano larga que metía la mano en el bolso a las viejecitas” o “ese señor que una vez tuvo corona y una máquina de contar billetes en su palacio”. Imaginen: las combinaciones, en este bendito país, pueden ser infinitas.

Ese nuevo caso se basaba en una carga policial en una manifestación contra la ley educativa Wert acaecida en Tenerife: seamos justos, cuatro gritos y cuatro porrazos, uno más de los centenares de incidentes que sucedieron en la crisis de la pasada década, en todo caso, ningún Vietnam. Rodríguez no fue detenido, ni siquiera ningún policía le solicitó su DNI, algo que es muy habitual que suceda en las protestas. Sólo existe un vídeo donde se ve a Rodríguez con otros jóvenes retrocediendo ante la carga policial. Y el testimonio de uno de los agentes. Un caso de apariencia judicialmente endeble que, como todos ustedes saben, ha tenido el resultado que ha tenido: la condena de Rodríguez a 1 mes y 15 días de cárcel, sustituida por una multa, una indemnización al agente y el pago de la mitad de las costas del procedimiento. Una sentencia controvertida con el voto particular en contra de dos de los magistrados que componían el tribunal.

¿Cuáles fueron los efectos más inmediatos? Desde luego que lo menos importante era la condena a Rodríguez, que como muchos protagonistas no era más que una llamativa herramienta para conseguir desencadenar un efecto narrativo mayor. Este fue, sin duda, el de crear un conflicto entre el alto tribunal y el poder legislativo, cargando sobre los hombros de la tercera autoridad del Estado, la socialista Meritxel Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, la decisión de retirar el escaño a Alberto Rodríguez. Algo a lo que Batet se podía haber negado, pero que la podría haber situado cerca del delito de desobediencia. Las fichas cayeron por el lado esperado y entonces el conflicto se desató entre los socios de Gobierno, anunciando UP una querella por prevaricación que al final no interpuso, dejando a Rodríguez el camino en solitario para futuras acciones. Además, las declaraciones encendidas de varios líderes de UP, entre ellas la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, contra el Tribunal Supremo, abren una posible nueva vía de conflicto judicial.

La lectura política dentro de todo este asunto es además preocupante para el propio Podemos. Habiendo sido víctimas comprobadas de las cloacas, teniendo encima la acción permanente de la justicia por temas menores, en ocasiones con procedimientos muy poco claros que no llegan a ninguna parte pero levantan gran polvareda mediática, el uso continuado que sus dirigentes han hecho del concepto de guerra judicial o lawfare ha hecho que haya perdido potencia narrativa. Lo peor no es que ya nadie se sorprenda de que un partido de nuestro arco parlamentario acuse de imparcial y persecutoria a nuestra justicia, lo peor es que para Podemos empieza a sonar a victimismo, por muy injusto en mi opinión que resulte. Quizá esta es otra de las consecuencias buscadas por el caso Rodríguez: impedir que los dirigentes de Podemos pudieran estarse callados.

Cuando más apetece el trazo grueso es cuando más se necesita el pincel fino, sobre todo porque nunca te debes situar donde tus enemigos te quieren ver para perjudicarte, algo sin duda muy difícil en un viernes donde, además del asunto Rodríguez, los ánimos ya estaban calientes por el conflicto dentro del Gobierno en torno a la reforma laboral. El caso de Rodríguez es uno especialmente paradigmático, como hemos visto, ya que de un minúsculo y olvidado asunto se ha conseguido desencadenar una tormenta de dimensiones considerables en el ámbito político e incluso institucional. O cómo la cuestión no es tanto de puzzle jurídico, de interpretación de las leyes, sino sobre todo de arquitectura narrativa, de ir situando una serie de piezas convenientemente para lograr un efecto final.

Aunque no soy un experto penalista, recuerdo el principio de tipicidad de los delitos y de legalidad de delitos y penas: es decir, que cada delito necesita una descripción previa y que las penas también deben estar previstas en la ley para cada delito en concreto. No se pueden confundir, ni inventar en la aplicación judicial del derecho, penas no previstas para el delito cometido.

En concreto, el art. 56 del Código Penal distingue entre la pena de inhabilitación para cargo público, etc. y la pena de inhabilitación para el sufragio pasivo. Es decir, que la ley no confunde la una con la otra y son dos penas distintas. En una interpretación literal del Derecho, si la ley distingue dos figuras jurídicas distintas, no se las debe confundir en su aplicación, por tanto no se puede condenar a inhabilitación para el sufragio pasivo y pretender que, en la ejecución de la pena, se convierta en una inhabilitación para el cargo público (el art. 56. 2, 3 del Código Penal las distingue como penas distintas).

A mi escaso juicio de estudioso del Derecho durante más de 55 años, si el diputado Alberto Rodríguez ha sido condenado a inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo de condena, significa que no se puede presentar a elecciones, no que tenga que dimitir de su cargo público de diputado, que es una pena distinta. Por tanto, si la Sala IIª del Tribunal Supremo hubiera querido condenar al diputado a la inhabilitación para el cargo de diputado, su sentencia debiera haberlo dicho en el fallo y por seguridad jurídica del condenado debía figurar expresamente. Si no ha sido así, habría que aplicar el axioma interpretativo del Derecho: “inclusio unius, exclusio alterius”, la expresa inclusión de uno implica la tácita exclusión de otro. Ya lo dice el adagio latino: “les, ubi voluit, dixit; ubi noluit, tacuit”, que traducido al castellano es: “la ley, cuando quiso decir, dijo; cuando no quiso, calló”. Es decir, cuando el fallo de la sentencia dice que el Sr. Rodríguez no puede presentarse a ser elegido, por lo tanto, está excluyendo ser inhabilitado en el cargo.

Tal vez por ello, el Excmo. Sr Marchena, presidente de la Sala penal de TS, nunca le ha dicho expresamente a la presidenta del Congreso, Sra. Batet, que le inhabilite de su cargo de diputado. Sabe que no puede ejecutar lo que no está sentenciado.

Por otro lado, si se le quería aplicar la oportunista teoría de la inhabilitación sobrevenida (una aplicación analógica de la pena, que está prohibida en Derecho Penal), correspondía que dicha aplicación la hiciera la Junta Electoral, pues tal teoría se derivaría de una interpretación de la ley electoral.

Lo que me extraña es la debilidad de una constitucionalista como la señora Meritxell Batet, presidenta del Congreso, quien tenía el escudo del informe previo de los letrados del Congreso, por lo que, a mi juicio, quedaba excluida de toda responsabilidad por desobediencia a los tribunales. Esa debilidad mostrada es una cesión que no concuerda con su obligación de defender la representatividad de los diputados, quienes son expresión de la soberanía nacional y deben ser defendidos en el ejercicio de su cargo. Esto es el cimiento de la democracia y, por tanto, el cese ordenado del diputado cuestiona, a mi juicio, tanto la soberanía nacional como el Estado de derecho, pues los tribunales no pueden ir más allá de lo que sus propias sentencias dicen, no se puede ejecutar contra, ni más allá de lo sentenciado (me lo acaba de recordar un Juzgado el día 22 de octubre en un auto).

Sorprende que el cargo de diputado se decida en una pena accesoria de una multa de 545 euros. Si barata ha salido su expulsión del puesto, hay que concluir que barato es el valor de lo elegido por los ciudadanos a los que representa, pues de eso se trata.

La democracia no debe dejarse arrastrar por empujes autoritarios. Se empieza por darles el dedo y cortan el brazo. En el pasado siglo XX, de nada sirvieron las cesiones para calmar a la bestia, pues ésta va conquistando los espacios de los que nos retiramos. Día triste para la legalidad y para la democracia y el Estado de derecho en España, y tales cuestiones son la base del sistema político.

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Luis Suárez Machota es abogado.

¿Cómo es posible que unos hechos ocurridos en 2014 en La Laguna (Tenerife) hayan provocado un cisma en el Gobierno de coalición y una verdadera controversia institucional entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial en 2021? A priori, todo en el caso de la condena a Alberto Rodríguez parecería sencillo, sin cabida a interpretaciones, pero, en realidad, nada en este asunto lo es. Desde los hechos en sí, la instrucción judicial de los mismos y el juicio contra el diputado siete años después, hasta las implicaciones políticas y el debate jurídico generado ante un problema que, ahora se ha visto, la ley no tenía contemplado. De ahí lo inédito de este asunto, porque, aunque hay doctrina constitucional sobre la pérdida del escaño o la inhabilitación para presentarse a elecciones, las características concretas de lo ocurrido a Rodríguez han convertido su caso en una tormenta perfecta que acabará, previsiblemente, dentro de varios años con una sentencia del tribunal de Estrasburgo. 

Los hechos: una manifestación en 2014

El escenario fue una manifestación contra la ley de educación del entonces Gobierno de Mariano Rajoy. Rodríguez participó en ella a título individual: entonces ni existía Podemos ni él estaba metido en política. La detención de algunos manifestantes provocó altercados frente a una comisaría de Policía llevó a que algunos agentes identificaran a varios participantes y les citaran al cabo de unos días. Uno de ellos, el ya exdiputado de Unidas Podemos. Según su versión, desde entonces nunca más supo de este asunto, pues la causa estuvo dormida durante años en los juzgados de la isla y se reactivó contra él cuando ya había sido elegido diputado en el Congresodormida.

Seis años tardó el juzgado de La Laguna en remitir al Tribunal Supremo una exposición razonada imputando a Rodríguez un delito de atentado contra agente de la autoridad por pegar una patada en la rodilla a uno de los policías del dipositivo de seguridad de la manifestación, justo unos meses después de las elecciones generales de noviembre de 2019. No había más prueba que el testimonio del agente agredido, pero es lo que ha llevado primero a juicio y posteriormente a una condena.

El juicio

Tanto tiempo pasó entre los hechos y la vista oral en el Suprmeo que el propio policía que sufrió la agresión reconoció en ciertos momentos que no recordaba bien algún aspecto concreto y, además, rebajó la agresión de la que responsabiliza a Rodríguez: mientras la Fiscalía aseguraba que necesitó cinco días de recuperación, el agente lo negó y añadió que la misma noche de la manifestación ya no tenía ninguna inflamación. También admitió que nunca fue examinado por un médico forense, sólo por una doctora en urgencias poco después de los hechos, y reconoció que Rodríguez no le agredió en una mano y que el dolor en esa parte del cuerpo "sería de otra cosa".

Nadie más declaró en el juicio, aparte del agente, de un superior de éste que dijo no haber visto nada, ni siquiera a Rodríguez, y del acusado, que negó cualquier agresión a nadie. Se expusieron varios videos, pero ninguno del momento de la agresión y la vista concluyó con la fiscal rebajando la petición de condena a tres meses de cárcel por unas dilaciones indebidas que, según admitió, no tenían causa justificada. 

La condena

Cinco magistrados del Supremo, con el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, a la cabeza, determinaron que la declaración del policía es suficiente para condenar a Rodríguez por atentado a la autoridad y dos que no. La condena rebajó la petición de Fiscalía: un mes y medio de prisión sustituible por una multa de 540 euros y 45 días de inhabilitación para el ejercicio de sufragio pasivo, pero no hubo unanimidad de los magistrados: dos de los siete que conformaban en tribunal emitieron voto particular alegando que el testimonio del policía no era suficiente "para enervar las exigencias que resultan del derecho fundamental a la presunción de inocencia".

A priori, la sentencia presentaba con pocas aristas, pero ha acabado por abrir la puerta a un choque de trenes entre dos poderes del Estado, el Legislativo y el Judicial. Tres claves son determinantes para entender ese conflicto institucional: la condena a prisión, la sustitución por la multa y la inhabilitación. Y, por extensión,la "inelegibilidad sobrevenida" que el órgano judicial sostiene que debe ser la interpretación última de su sentencia y, por tanto, que habría que retirar el acta parlamentaria al exdirigente del partido morado, algo que los servicios jurídicos del Congreso descartaron.

El debate

Con esa sentencia, el debate jurídico quedó servido. No son pocos los juristas –catedráticos de Derecho, jueces, fiscales, abogados– que se han pronunciado al respecto y, aunque algunos tienen muy claro hacia qué lado habría que decantarse, en su mayoría reconocen que no todo es blanco o negro. Que en la interpretación de las leyes caben muchos grises y que el caso de Alberto Rodríguez es un ejemplo paradigmático de ello. 

El propio Rodríguez y su defensa parecían ser conscientes de las consecuencias que para el exdiputado podía acarrear la condena, de ahí que se dirigiera al Supremo para pedir una aclaración y advertir de que en la sentencia se apreciaban "errores materiales manifiestos" que la Sala debía rectificar debido el carácter forzoso de la sustitución de la pena. Ahí el Supremo dio la primera pista de cuál iba a ser su postura en toda la controversia que se avecinaba: para el tribunal, la resolución estaba perfectamente clara y no requería de ninguna puntualización.

El caso de Alberto Rodríguez y las dudas surgidas a raíz de su sentencia no tienen precedentes, al menos en los últimos años. Cuando ha habido condenas que afectaban a diputados del Congreso u otros cargos públicos no ha habido cabida a distintas interpretaciones, ya que se trataba de condenas de prisión sin posibilidad de sustitución por multa o condenas de inhabilitación para ejercer cargo público además del sufragio pasivo.

El alto tribunal no condenó a Rodríguez a la inhabilitación para el ejercicio de cargo público porque, entre otras cosas, la Fiscalía no lo solicitó. La sentencia sí especifica la inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo, lo que, en puridad, impide al condenado presentarse a unas elecciones. Pero en el Supremo se considera que esto implica el abandono del cargo por mucho que éste se hubiese obtenido años antes de la condena. Este es el concepto de inelegibilidad sobrevenida por incompatibilidad del cargo público que se ostenta con la sentencia que le impide presentarse a unos comicios.

La pena de prisión aquí es clave y también lo que establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) al declarar inelegibles a "los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad en el período que dure la pena" y "los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo o contra las instituciones del Estado". El Supremo entiende que cabe la inelegibilidad sobrevenida, pero los letrados del Congreso creen que la pena privativa de libertad no llegó "a nacer en ningún momento" al haber sido sustituida desde su origen por una sanción económica. Y es que el Código Penal no contempla penas de prisión inferiores a tres meses, siendo esa la razón por la que, desde el inicio, la cárcel se sustituyó por multa. Sin olvidar que Rodríguez adquirió su condición de diputado antes de la condena.

Así pues, cabría preguntarse cuál de las dos penas –prisión o multa– debería tomarse como base para valorar si hay incompatibilidad entre la sentencia y el cargo público: la que inicialmente se pone (prisión) o la que finalmente se aplica (multa) al ser la primera imposible de aplicar.

Intercambio de escritos

Las dos versiones, la del Supremo y la de los servicios jurídicos del Congreso –que consideraron que "no cabe derivar consecuencia extra penal que afecte a la condición de diputado" de Rodríguez–, chocaban frontalmente y aquí se desató el conflicto: la Mesa hizo caso a los letrados y rechazó las peticiones de PP y Vox de retirar el acta al exdirigente de Podemos y al día siguiente, apenas 24 horas después y sin esperar a una comunicación oficial entre poderes, el presidente de la Sala de lo Penal del alto tribunal envió un escrito a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, preguntando cuándo había dado comienzo la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, con la explicación de que iba a proceder a realizar la pertinente liquidación de condena.

Marchena no decía en ese oficio que había tenido conocimiento por los medios de comunicación de que la Mesa había decidido no quitar el escaño a Rodríguez. Ni que no estaba de acuerdo con esa decisión, puesto que, tal y como recuerda el magistrado Joaquim Bosch, "la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sólo es competente para ejecutar su fallo, en el que se encuentra la inhabilitación para el sufragio pasivo, pero no tiene facultades para ordenar, sugerir o hacer indicaciones al Parlamento sobre cómo interpretar las normas electorales".

En un intercambio de escritos inédito, Batet pidió aclaraciones y el presidente de la Sala de lo Penal contestó que la inhabilitación era "obligada", sin aclarar si comportaba pérdida del escaño, precisamente porque en ningún momento Marchena se salía de los términos de la condena: inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo. Además, matizaba que entre las funciones del tribunal no se incluye "la de asesorar a otros órganos constitucionales acerca de los términos de ejecución de una sentencia firme". La presidenta del Congreso acabó por retirar el acta de diputado a Rodríguez, pero sin explicar por qué no ha seguido el primer criterio de los servicios jurídicos de la Cámara. Un primer criterio que ha sido enmendado apenas una semana después: el jefe de los letrados acaba de avalar la decisión unilateral de Batet.

Para armar su siguiente batalla jurídica, Rodríguez ha hecho varias preguntas a Batet en un escrito entregado este mismo lunes: le solicita que aclare el motivo por el que procede su sustitución como diputado "sin procedimiento previo alguno", si esa decisión ha sido "personal", cuándo y mediante qué resolución ha adoptado esa medida por la que pierde el acta y qué base legal sirve de apoyo. Con su nuevo equipo de abogados, encabezado por el letrado Gonzalo Boye –defensor del expresidente catalán Carles Puigdemont–, acudirá en amparo ante Tribunal Constitucional por dos vías: para recurrir la sentencia del Supremo y para impugnar la pérdida del escaño.

En el primero de los recursos será clave el voto particular de los dos magistrados discrepantes de la sentencia; en el segundo se aducirá un derecho fundamental que considera vulnerado, según han explicado a este periódico fuentes de la defensa, que es el derecho a la participación política.

El paso por el Constitucional es obligado si, como ya dijo Rodríguez en el juicio, su objetivo último es recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Habrá que ver cómo aborda este asunto el tribunal de garantías y si prevalece su abundante jurisprudencia que pide interpretaciones favorables al ejercicio de los derechos políticos de los diputados, según fuentes jurídicas consultadas.

¿Y la Junta Electoral?

En todo este tiempo de intercambio de escritos, hay un órgano que también podría haberse pronunciado para valorar si Rodríguez debía o no perder el escaño en aplicación de la sentencia del Supremo. Es la Junta Electoral Central, a la que también se dirigió el alto tribunal para comunicarle su resolución contra el exdirigente de Podemos "para su conocimiento y efectos oportunos". También Vox, PP y Ciudadanos solicitaron que se pronunciara, pero cuando lo haga, el próximo miércoles, ya será tarde. Fuentes de este organismo consultadas por este periódico reconocen que el debate ya ha perdido objeto y lamentan su tardanza a la hora de fijar fecha para abordar la cuestión. Por eso, lo más probable es que ni siquiera se entre en el fondo, pues éste ya ha sido resuelto por la presidenta del Congreso.

Además, recuerdan que en la Junta hay siete magistrados del Tribunal Supremo –uno de ellos, Miguel Colmenero, es el ponente de la sentencia contra Rodríguez, de modo que se abstendrá del debate que pudiera surgir en el seno del órgano–, lo que hace descartar un pronunciamiento que vaya en contra de la interpretación de Marchena sobre la inhabilitación del ya exdiputado.

El secretario general del Congreso y letrado mayor de la institución, Carlos Gutiérrez Vicén, ha avalado este lunes por escrito la decisión adoptada el pasado viernes por la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, de ejecutar la sentencia contra el ya ex diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez que comportaba la pérdida de su escaño, y lo ha hecho amparándose tanto en la aclaración realizada por el propio Tribunal Supremo como en la doctrina del Tribunal Constitucional.

En un escrito fechado este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, Gutiérrez Vicén deja constancia de lo que, según reseña, ya comunicó verbalmente a Batet el pasado viernes, tras recibir la presidenta la aclaración de la sentencia remitida por el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena.

La víspera Batet había pedido a Marchena aclaraciones sobre el alcance de la pena y el presidente del tribunal que condenó a Rodríguez le recalcó que la pena "accesoria" que le impusieron -la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante los 45 días- era "obligada".

Interpretación auténtica de la sentencia 

En su escrito, el secretario general del Congreso sostiene que en esa misiva aclaratoria el Supremo, "en interpretación auténtica de la sentencia" determina, que la pena privativa de libertad impuesta en origen no pierde su naturaleza por el hecho de haber sido sustituida".

En su primer informe sobre este particular, los letrados del Congreso sostuvieron que la sentencia no debía tener efectos extra penales, es decir, sobre la condición de diputado de Rodríguez, porque el Supremo había sustituido la pena de prisión por una multa de 540 euros. 

De hecho, defendieron, y a ello se agarraron el PSOE y Unidas Podemos en el seno de la Mesa, que la pena privativa de libertad que sí hubiera conllevado que Rodríguez perdiera el escaño, no llegó "a nacer en ningún momento" al haber sido sustituida desde su origen por una sanción económica.

Sin embargo, en su escrito de este lunes, el jefe de los letrados plantea que, en virtud de la aclaración remitida el pasado viernes por Marchena, "ha de entenderse que opera la causa de inelegibilidad sobrevenida prevista en el apartado cuatro en relación con el apartado 2 a) del artículo 6 de la Ley del Régimen Electoral General".

Incompatibilidad sobrevenida

Además, el letrado mayor alude a una sentencia del Tribunal Constitucional de 2014 que establece que los supuestos de incompatibilidad en las leyes electorales operan no sólo a la hora de adquirir la plena condición de diputado, sino también "de forma sobrevenida, si a lo largo de la vigencia del mandato, si la situación del representante sufriera alguna alteración a estos efectos".

Esa sentencia, incide el secretario general del Congreso, también señala que los diputados "proclamados y aún elegidos" que queden "posteriormente afectados" por las causas de inelegibilidad incurrirán también en las de incompatibilidad y, por tanto, perderán su acta de diputados.

"La causa sobrevenida opera así como supuesto de incompatibilidad, generadora, no de la invalidez de la elección, sino de impedimento para asumir el cargo electivo o de cese, si se hubiera accedido al escaño", reza el escrito de Gutiérrez Vicén.

Por todo ello, concluye que, en cumplimiento de la sentencia del Supremo contra Rodríguez, Batet "debía declarar" su "pérdida de la condición de diputado" e "iniciar los trámites conducentes a su sustitución, como efectivamente hizo".