Batet abre la vía para retirar el escaño a Alberto Rodríguez al preguntar al Supremo cómo ejecutar la sentencia

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha decidido este jueves solicitar al Tribunal Supremo una aclaración sobre los efectos de su sentencia contra el diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, dada la controversia generada y que ha llevado a un choque entre una y otra institución por la diferencia de criterio acerca de si el exdirigente del partido morado debe o no perder su acta parlamentaria. No obstante, la máxima responsable de la Cámara Baja es partidaria de quitarle el escaño, según han informado a infoLibre fuentes parlamentarias.

Pocos minutos de terminar la reunión, la Presidencia del Congreso ha explicado que los miembros pertenecientes a PSOE y Unidas Podemos han votado a favor de pedir la aclaración al alto tribunal, mientras que PP y Vox han votado en contra, ya que ellos mantienen desde el principio que Rodríguez debe ser despojado de su escaño tras la sentencia que le condenó a un mes y medio de prisión sustituible por una multa y 45 días de inhabilitación para el ejercicio de sufragio pasivo por pegar una patada a un policía durante una manifestación en el año 2014, antes de que fuese elegido parlamentario. La propia Batet se ha abstenido de votar y ha optado por hacer lo que ha acordado la mayoría, han apuntado las fuentes consultadas.

La votación se ha llevado a cabo, no obstante, sin perjuicio de la competencia de la presidenta del Congreso para dar respuesta al oficio remitido por el presidente de la Sala Segunda (de lo Penal) del Supremo, Manuel Marchena, este miércoles sobre el inicio del cómputo de la pena. Marchena se dirigió a la Cámara Baja justo un día después de que el órgano de gobierno acordara que el diputado mantuviera su escaño, en línea con un informe de los servicios jurídicos del Congreso.

Dos horas y media de bronco debate

Fuentes presentes en la reunión confirman a este periódico que la reunión de la Mesa se ha caracterizado por un debate encendido y bronco, de dos horas y media de duración, tras lo cual PSOE y Unidas Podemos han hecho valer su mayoría, incluso sin que haya participado la presidenta de la Cámara. 

Por su parte, la conservadora Ana Pastor y su compañero Alfonso Suárez Illana, junto al ultraderechista de Vox Ignacio Gil Lázaro, han vuelto a solicitar a Batet que retirara de inmediato la condición de diputado a Rodríguez. Las fuentes consultadas aseguran que la presidenta ha dejado claro que también es partidaria de esta opción, motivo por el cual ha preferido no votar.

Los partidos con representación en la Mesa han comparecido después de la reunión para exponer su postura de lo que ha ocurrido este jueves en el Congreso. Por un lado, Unidas Podemos ha defendido la decisión de la presidenta de solicitar una aclaración al Supremo, dado que en su fallo no existe "nada" en el que se infiera que debe perder el escaño. Y, en este sentido, ha advertido al alto tribunal de que esclarecer no puede comportar "inventar" algo que "no está en la sentencia". A su juicio, privar del escaño a Rodríguez habría supuesto incurrido en una clara "prevaricación".

El PP, por su lado, se mantiene firme en su idea de que la sentencia del tribunal deja claro que el diputado de Unidas Podemos no puede seguir un día más en el Congreso. Por eso, se ha dirigido directamente a Batet para exigirle que ejecute sin dilación la resolución del Supremo, advirtiéndole de que, de no hacerlo, estará "incumpliendo una sentencia". "Confiamos en que Batet esté en su sitio y haciendo prevalecer la separación de poderes", ha comentado también Ignacio Gil Lázaro, de Vox, quien espera que la presidenta no ceda a "presiones groseramente extrajurídicas".

¿Inelegibilidad sobrevenida?

El choque Congreso-Supremo se produjo este miércoles, después de que Marchena enviara un oficio solicitando que se le remitiera el informe sobrela fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta a Alberto Rodríguez. Algo que no se ha producido, puesto que la mayoría del órgano de gobierno del Congreso lo descartó el martes. El magistrado esgrime que su intención es llevar a efecto "la práctica de la correspondiente liquidación de condena".

La cuestión está en que el Supremo no está de acuerdo en que el diputado haya ya cumplido la condena que se le impuso habiendo sólo abonado la multa correspondiente. De hecho, fuentes del alto tribunal citadas por Europa Press se muestran "atónitas y perplejas" acerca de lo que consideran una "reinterpretación" de la sentencia a manos de la Cámara Baja. Esta contrariedad es la que también expresa, sin decirlo, el presidente de la Sala de lo Penal con su oficio a Batet.

El alto tribunal no condenó a Rodríguez a la inhabilitación para el ejercicio de cargo público porque, entre otras cosas, la Fiscalía no lo solicitó. La sentencia sí especifica la inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo, lo que, en puridad, impide al condenado presentarse a unas elecciones. Pero en el Supremo se considera que esto implica el abandono del cargo por mucho que éste se hubiese obtenido años antes de la condena. Este es el concepto de inelegibilidad sobrevenida por incompatibilidad del cargo público que se ostenta con la sentencia que le impide presentarse a unos comicios, algo que los servicios jurídicos de la Cámara Baja habían descartado.