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El Gobierno busca fórmulas para garantizar que la enmienda de ERC no afecte a la lucha contra la corrupción

DEBATE EN EL CONGRESO

El ‘superjueves’ del Gobierno: saca adelante todas las votaciones clave que sellan un final tranquilo de la legislatura

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, este jueves en el Congreso.

La coalición y sus socios de investidura funcionaron como La Roja frente a Costa Rica. Un símil que se escuchó mucho en los pasillos del Congreso a lo largo de todo el jueves durante un maratoniano Pleno que se alargó hasta la madrugada del viernes. Y que tuvo como resultado a un Gobierno sacando con una holgadísima mayoría los Presupuestos Generales del Estado, los nuevos impuestos a la banca, las energéticas y las grandes fortunas y la admisión a trámite de la reforma de la sedición.

De esta manera, el Gobierno cogió mucho aire de cara a lo que queda de legislatura. Atada con esos nuevos Presupuestos (terceros en tiempo y forma), que ahora pasan al Senado. Con varios mensajes muy claros: la suma de votos sigue funcionando a pleno pulmón frente al griterío de las derecha sobre fracturas internas, la política económica explora el lado más a la izquierda y se sigue adelante con la hoja de ruta para calmar el clima en Cataluña.

Es el resultado panorámico tras cuatro días durísimos en el Congreso de los Diputados, marcados principalmente por los feroces ataques de Vox contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, que tuvo que escuchar exabruptos contra ella del calibre de: “Su único mérito es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias”. El clima impulsado por la ultraderecha se convirtió en un auténtico bochorno y en un espectáculo que superó todos los límites por parte de los de Santiago Abascal.

Todo el espectro progresista defendió a Montero posteriormente, tanto en el Hemiciclo como en los pasillos y entrevistas en los medios. “Una vergüenza”, lo describió la titular de Hacienda, María Jesús Montero, el rostro más visible de este superjueves al ser la impulsora de los Presupuestos Generales para el año que viene.

A pesar de estos momentos que superaron los límites del parlamentarismo por parte de la ultraderecha, el resultado es arrollador para un Gobierno que venía de una semana muy complicada por los efectos de la aplicación de la ley del sólo sí es sí y la polémica por la posible reforma del delito de malversación.

El aumento de 'síes'

Pero el contador en verde de los votos devolvió la fuerza a los integrantes de la coalición. Demostrando una estabilidad potente, que se retrata en el aumento del propio bloque de la investidura: se ha pasado de 167 votos a un grupo de 188 síes. A estos Presupuestos Generales del Estado se han sumado a UP y PSOE los diputados de Esquerra, PNV, EH Bildu, Más País, Compromís, PDeCAT, Coalición Canaria y PRC.

“Es la victoria del entendimiento entre dispares”, sentenció el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante los periodistas después de la votación de las cuentas públicas. Todo esto, agregó, en un momento “tan complejo”, por lo que celebró que salgan esas cuentas tan “importantes” que ayudarán especialmente a los más vulnerables. Se trata del proyecto con mayor gasto social de la historia de España (seis de cada diez euros van para servicios públicos). Ahora pasa al Senado, con la idea de que entren en vigor el próximo 1 de enero.

Y, para el presidente, esto supone dar estabilidad al país. Estos Presupuestos se interpretan políticamente como el seguro para aguantar todo lo que queda de legislatura, algo que parecía casi imposible para muchos cuando arrancó la coalición a principios de 2020. La idea del presidente es que las elecciones sean a finales del año que viene, cuando corresponden, y no tiene intención de anticipar esos comicios. 2023 será un mega ciclo electoral, que arrancará con las municipales y autonómicas del 28 de mayo. El PP quiere convertirlas en un especie de moción de censura, según trasladó en el Senado el martes el propio Alberto Núñez Feijóo, pero en La Moncloa están convencidos de que sus territorios aguantarán bien y que el PP va ya hacia abajo en los sondeos.

Estabilidad de la coalición y apoyo cerrado a Irene Montero

Además, esa estabilidad se ha visto también entre los propios miembros de la coalición. A pesar del malestar por la respuesta ante la aplicación de la ley del sí es sí, los ataques machistas a Irene Montero por parte de Vox han servido para unir a los miembros del Gobierno. La parte socialista ha salido en tromba a defender a la ministra de Igualdad durante estas horas.

“Creo que los ciudadanos, a esta casa (el Congreso) y a los políticos, lo que nos exigen, sobre todo en un momento como el actual, es que hagamos política útil. El insulto, la descalificación y el hooliganismo político al final lo que demuestran es una ausencia total de proyecto político, de ideas y propuestas para solucionar los problemas. A pesar de todo el ruido, en las Cortes hoy se han aprobado los terceros presupuestos de esta legislatura”, ahondó el propio presidente Sánchez.

Pero es que esta jornada sirvió también para aprobar tres impuestos que hasta hace poco parecían también inabarcables: los relacionados con las grandes energéticas, la banca y las grandes fortunas. Tres tasas que van en la misma dirección que en otros países y que suponen un paso en la línea de la justicia fiscal. Provocaron un auténtico terremoto político, pero se consolidan ya parlamentariamente. En un momento, además, en el que el contexto internacional marcó que las bajadas masivas de impuestos, como las defendidas por el PP, van en contra de lo que dictan los propios mercados, como pasó en el Reino Unido con la debacle de la libra y la caída de Liz Truss. El resultado en la Cámara Baja: 186 síes, 152 noes y 10 abstenciones.

La reforma de la sedición, adelante

El tercer punto clave, y de importancia especial para la política territorial, fue el paso dado para reformar el Código Penal, en el sentido de cambiar el delito de sedición por uno de desórdenes públicos agravados, que supone rebajar a cinco años las penas máximas de cárcel frente a los quince actuales. Además, se contempla que la inhabilitación por cargo público ahora se puede quedar entre los seis y los ocho años. 

La ley, pese a los ataques furibundos de la derecha y la ultraderecha, sigue a partir de ahora su tramitación parlamentaria. La idea del Gobierno es que sirva para amainar la situación en Cataluña y con el argumento de que ahora la comunidad está mucho mejor que en 2017. La gran duda es si durante su paso por las Cortes se incorporará un cambio también en el Código Penal respecto a la malversación. ERC tenía la intención de presentar una enmienda en ese sentido, pero ha enfriado la posibilidad en los últimos días (por la vertiente de la corrupción). El presidente del Gobierno no terminó de cerrar la puerta y dijo que hay que esperar a que los grupos la presenten y se debata.

La proposición de ley fue motivo de un duro debate entre los grupos parlamentarios. La derecha volvió a atacar salvajemente a la coalición. Pero no le salió al PP su objetivo. Pidió que la votación fuera por llamamiento con la idea de que hubiera disidencias entre los socialistas, pero no lo logró. De hecho, los miembros del PSOE se mostraron más orgullosos que nunca de sus decisiones y se levantaron todos a la vez en el primer sí. La diputada Inmaculada Oria, del PSOE de Granada, dijo: "Aquí estamos todos las y los socialistas juntos. Sin fisuras. Sí". La pantalla, minutos después, dejaba el resultado: 187 votos a favor, 155 en contra y 6 abstenciones.

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