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Batet cede ante el Supremo en el caso de Alberto Rodríguez y Podemos responde con una querella por prevaricación

Fotografía de archivo del diiputado canario Alberto Rodríguez.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha puesto fin este viernes al embrollo jurídico y político de los últimos días a cuenta del escaño del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez cediendo ante el Tribunal Supremo y comunicando al parlamentario la retirada de su acta. Con esta decisión, Batet ha optado por seguir el criterio del magistrado Manuel Marchena y no el de los servicios jurídicos de la Cámara, que interpretaron que la sentencia contra Rodríguez implicaba solamente la inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo y no para el ejercicio de cargo público.

Unidas Podemos ha respondido a primera hora de la noche anunciando una querella contra Meritxell Batet por prevaricación. "La decisión que ha tomado cediendo ante la vergonzosa presión del Supremo y a la extrema derecha hace un daño enorme a la democracia y a nuestro país", sostienen los morados. Según han explicado fuentes del grupo confederal, la determinación de Batet de sustraer la condición de diputado a Rodríguez bajo el argumento de ejecutar la sentencia de inhabilitación del Supremo se adopta contra el criterio de los letrados de la cámara y de la Mesa del Congreso, que se expresaron favorables a que conservara su acta. "La presidenta del Congreso conoce la sentencia y sabe que la inhabilitación de Alberto Rodríguez era para ser elegido en unas próximas elecciones durante 45 días, lo que en ningún caso implica perder el escaño", argumentan.

Unidas Podemos han confirmado también que presentará un recurso en amparo ante el Tribunal Constitucional por presunta vulneración del artículo 23 de la Constitución sobre el derecho a la participación política. Sin embargo, el recurso no suspendería la pérdida del acta de diputado, ni siquiera solicitando medidas cautelares, por lo que el grupo parlamentario de Unidas Podemos debería proceder a su sustitución.

Desde la Presidencia del Congreso han explicado este viernes que Batet ha comunicado personalmente a Rodríguez el oficio del presidente del Supremo, Carlos Lesmes, por el que se da traslado de la sentencia de la Sala Segunda (de lo Penal), que según este tribunal comporta la pérdida de su condición de diputado, y del auto por el que se dispone su ejecución. El Supremo condenó al exdirigente del partido morado por un delito de atentado a un agente de la autoridad a una pena de un mes y medio de prisión, sustituida en el fallo por una multa de 540 euros, y otra accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo.

Precisamente esa sustitución de la pena de cárcel por una sanción –que además el diputado condenado ya ha pagado– es lo que esgrimieron los letrados del Congreso en el informe que redactaron sobre este caso, donde concluían que la sentencia del Supremo no debía tener efectos extra penales. De hecho, los servicios jurídicos argumentaban que la pena privativa de libertad, que sí hubiera conllevado que el diputado morado perdiera el escaño, no llegó "a nacer en ningún momento" al haber sido sustituida desde su origen por una sanción económica.

La Mesa del Congreso analizó ese informe en su reunión del pasado martes, un documento en el que PSOE y Unidas Podemos, con mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara, se apoyaron para mantener en su escaño a Rodríguez. El PP y Vox protestaron al entender que la condena del Supremo era clara y que lo único que debía hacer la presidenta es ejecutarla y no "interpretarla".

Un día después de que la Mesa se posicionara, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, dirigió un oficio a Batet pidiéndole que remitiera al alto tribunal el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta a Rodríguez.

Reunión extraordinaria

Este oficio llevó a la presidenta de la Cámara a reunir de nuevo el jueves por la tarde al órgano de gobierno de la Cámara. En esa cita, Batet trasladó a sus compañeros que interpretaba que el Alto Tribunal estaba pidiendo que el Congreso inhabilitara a Rodríguez, pero les consultó la conveniencia de pedir aclaraciones al Supremo sobre los efectos de la sentencia.

Mientras que el PP y Vox insistían en que no hacían falta más aclaraciones, los representantes del PSOE y Unidas Podemos se posicionaron a favor de solicitar detalles al alto tribunal, decisión que finalmente acabó adoptado Batet al término de la reunión de la Mesa, dado que es ella era la competente para dirigirse al Poder Judicial y, por tanto, para dar respuesta al oficio.

La contestación a esa solicitud tardó apenas unas horas. Este mismo viernes, Marchena respondía a Batet que descartaba cualquier error en la sentencia, que la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo es una pena accesoria "obligada" y que el Supremo no está para asesorar a otros órganos del Estado. Sin embargo, tampoco explicaba que la inhabilitación comportara la pérdida del escaño.

El CGPJ reprocha a Belarra sus críticas al Tribunal Supremo

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial reprochó en la noche de este viernes a la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, un mensaje en redes sociales donde cuestionaba la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra el diputado Alberto Rodríguez. En un comunicado, el órgano de gobierno de los jueces mostró su "absoluto y rotundo rechazo" a las manifestaciones de Belarra "con mayor rotundidad que en otras ocasiones" porque atribuyen "la comisión de un delito a sus magistrados", una afirmación que "excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión". "Máxime cuando quien realiza esas manifestaciones es un miembro del Poder Ejecutivo, lo que sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable", ha señalado el CGPJ.

El PSOE, por su parte, reiteró minutos después del comunicado del CGPJ "su postura de respeto absoluto a la independencia judicial que se plasma siempre en el acatamiento y cumplimiento de las sentencias que dictan los tribunales en el ejercicio de sus funciones". Fuentes socialistas subrayaron que la presidenta del Congreso se ha limitado en todo momento a "dar cumplimiento a la ley y a las sentencias emanadas de los tribunales y así lo ha hecho hoy de nuevo, una vez despejadas las dudas sobre su aplicación". Las sentencias se pueden recurrir pero no se pueden incumplir, recuerdan esas fuentes. Por todo ello, "el Partido Socialista respalda la actuación a la presidenta del Congreso en el cumplimiento escrupuloso de su deber".

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