El hasta ahora senador republicano Markwayne Mullin juró este martes el cargo de secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos en sustitución de Kristi Noem, quien fue cesada por el presidente, Donald Trump.

Mullin asume el cargo en un momento especialmente delicado, marcado por el caos en los aeropuertos derivado de la escasez de personal tras el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional, que se quedó sin fondos ante la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso.

La fiscal general, Pam Bondi, tomó juramento a Mullin durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca presidido por Trump un día después de que el Senado lo ratificara para el cargo. "No me importa de qué color político sea tu estado. No me importa si son rojos (republicanos) o azules (demócratas). Al final, mi trabajo es ser secretario de Seguridad Nacional y proteger a todos por igual, y lo haremos", declaró Mullin tras asumir el puesto.

El nuevo secretario recordó que, por culpa del cierre, muchos empleados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) llevan más de 30 días trabajando sin percibir su sueldo, lo que demuestra su "dedicación" a la hora de "proteger la patria". "Nadie va a trabajar más que yo", dijo Mullin, quien prometió a Trump que no lo defraudará.

Mullin, senador republicano de Oklahoma, fue confirmado para el cargo el lunes en el Senado, con una votación de 54 votos a favor y 45 en contra. El nuevo secretario pone fin a una carrera de trece años en el Congreso, donde fue conocido como un negociador clave entre ambas cámaras para aprobar el plan fiscal de Trump en 2025.

Mullin sustituye a Noem, cesada a principios de mes, quien encabezó una política migratoria dura que incluyó redadas masivas en Mineápolis que derivaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales.

El consejo de administración del Louvre adoptó este viernes una batería de medidas urgentes que incluyen la creación "inmediata" de un coordinador y un comité directivo de seguridad, así como acelerar la instalación de videovigilancia en las inmediaciones y en el perímetro del museo, informa EFE.

La medidas, adoptadas en una reunión extraordinaria, incluyen también acelerar la instalación de dispositivos anticolisión en los accesos al Louvre y de los jardines de las Tullerías, o aumentar las patrullas policiales alrededor del museo más visitado del mundo.

Estas medidas llegan tras un informe demoledor publicado la víspera por el Tribunal de Cuentas de Francia, en el que reprocha al Louvre haber descuidado la seguridad y preferido invertir en comprar obras de arte con sus importantes recursos.

Mientras continúa la investigación para recuperar las joyas de la corona de Francia robadas el 19 de octubre pasado, valoradas en 88 millones de euros. Cuatro sospechosos han sido inculpados y encarcelados.

El robo se llevó a cabo a plena luz del día. Dos ladrones escalaron a un balcón de la Galería de Apolo del museo gracias a una grúa, penetraron en el interior rompiendo una ventana con sierras radiales, con las que también abrieron las vitrinas que guardaban las joyas y se dieron a la fuga en motos en las que les esperaban los otros dos ladrones.

Con el fin de que no se repita y con la presidenta del Louvre, Laurence des Cars, a la cabeza, el consejo de administración del museo dio luz verde hoy a una decena de medidas de carácter urgente para reforzar la gobernanza de la seguridad, proteger el recinto (que mide aproximadamente 210.000 metros cuadrados) y mejorar los recursos técnicos y la formación del personal.

Para mejorar la coordinación, según informó el Louvre en un comunicado, se creará de forma inmediata el puesto de "coordinador de seguridad", que reportará directamente la presidente del museo y coordinará las acciones y medidas de todos los departamentos pertinentes en esta materia, ya sea en las instalaciones, en las áreas de equipamiento técnico o de tecnología de la información.

El otro eje en la gobernanza lo constituye la creación también inmediata de un comité directivo de seguridad presidido por Des Cars, que supervisará la implementación del Plan Maestro de Equipamiento de Seguridad (PMES) para el Louvre, garantizando el cumplimiento de su cronograma, objetivos y financiación.

Ese plan, dotado con un presupuesto de 80 millones de euros, pretende reforzar la arquitectura de seguridad del Louvre la extensión de la videovigilancia a todo el perímetro del museo, la modernización de las cinco salas de control, la reubicación de la sala de control central y la integración de la ciberseguridad. La primera fase del plan maestro de seguridad se adjudicará en diciembre de 2025.

En colaboración con la Prefectura de Policía de París y el Ayuntamiento de París, se desplegará equipo de televigilancia en las próximas semanas en espacios públicos sensibles en las inmediaciones del Louvre y se acelerará la implementación de la vigilancia perimetral mediante la instalación de cámaras adicionales dentro del recinto en los próximos meses.

Otro aspecto destacado es la aceleración de la instalación de dispositivos anticolisión en los accesos al Louvre y al aledaño jardín de las Tullerías.

Al mismo tiempo, se iniciarán de inmediato diversas auditorías de seguridad, con la implementación de medidas correctivas, en particular para actualizar el mapa de evaluación de riesgos lo antes posible.

En coordinación con la policía, se incrementarán los patrullajes alrededor del Louvre y se evaluará el posible refuerzo de la presencia policial en el recinto, además el museo incrementará la colaboración humana y tecnológica con la Prefectura de Policía de París.

Se incrementará en un 20% el presupuesto de formación para el personal del museo y se mejorarán los equipos de comunicación para uso diario, con actualización constante de procedimientos y protocolos.

Por último, el consejo de administración del museo dio su visto bueno a la creación de un centro de operaciones de ciberseguridad.

El pasado 15 de enero, Miguel (nombre falso para preservar su identidad) recibió una llamada en la puerta de su casa en el Barrio del Pilar (Madrid) que todavía recuerda con angustia: tres individuos vestidos de negro, al estilo militar, irrumpieron violentamente en el piso donde vivía con su madre y su hermana para avisarle de que debían desalojar la casa cuanto antes. Al negarse y defender su derecho a permanecer en la vivienda, Miguel estuvo recibiendo durante meses golpes en la puerta, gritos, insultos y toda clase de intimidaciones. Aquellos hombres de negro anónimos llegaron incluso a poner silicona en la cerradura. Enseguida pudieron comprobar que su casera, en su afán de vender cuanto antes el inmueble, había contratado a una de las autodenominadas empresas de desokupación para “vaciarlo” de inmediato. Aunque el inquilino tenía derecho, por la vigencia de su contrato, a seguir residiendo ahí, vivió meses con pánico a salir a la calle por miedo a ser agredido. Según el afectado, muchos desahucios invisibles en España se producen de esta manera.

La empresa de desokupación que se dedicó a hostigar durante semanas a Miguel es la ya conocida D.I.O. Express, una de las tantísimas distribuidas en todo el país y dedicadas a amedrentar y amenazar a inquilinas para expulsarlas de sus viviendas. En su web prometen “desalojos express en 48 horas” con la garantía de haber realizado más de 5.000 desahucios al margen de la ley, para que el propietario pueda esquivar los “largos procesos judiciales” que implica llevar a cabo un desahucio por orden judicial. “En D.I.O. Express, gracias a nuestro equipo multidisciplinar, formado por expertos en negociación y asesoramiento legal, logramos que los okupas abandonen el inmueble sin conflictos ni dilaciones”, prometen. En los últimos años, los sindicatos de vivienda advierten de la proliferación de estos grupos que operan al margen de la legalidad para acelerar desalojos a la fuerza.

Estas entidades calificadas de “parapoliciales” por parte de las activistas provivienda han conseguido hacer del miedo a la llamada “inquiokupación” un negocio muy lucrativo que crece día a día. Aunque la mayoría se definen a sí mismas como “mediadoras” e insisten en sus webs en la legalidad de sus acciones, en la práctica suelen amasar grandes cantidades de dinero a base de amedrentar, violentar y acosar, en su mayoría, a inquilinas en situación de vulnerabilidad. 

Desokupa, por ejemplo, afirma en su perfil público que su labor se centra en la recuperación de inmuebles “a través de acuerdos con okupas” mientras que en realidad se dedican a llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales por medio de coacciones y actos intimidatorios. Otras como Desokupacyl presumen de contar con “un equipo altamente cualificado y comprometido, que acometerá el desalojo de manera segura y legal, garantizado un proceso respetuoso y metódico”, si bien su líder, Luis Núñez, fue detenido en Valladolid por extorsión y amenazas tras la denuncia de una empresa.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) aseguran que normalmente, en contra de la creencia general, las empresas se encargan de desalojar a personas con contratos en vigor y sin estar en situación de impago: “En la mayoría de casos han sido contratados para pisos de alquiler donde los dueños querían hacerse con el piso sin haber finalizado el contrato”, alegan desde esta organización. En muchos otros supuestos, tal y como apunta la abogada del CAES Alejandra Jacinto, quienes contratan son empresas pequeñas y medianas que compran inmuebles con inquilinos con contrato en vigor a un precio muy barato a través de una subasta y quieren venderlos más caros. Otras veces se trata de caseros que han invertido en viviendas donde residen mayoritariamente familias vulnerables con procesos judiciales abiertos sin concluir, ya que en estos casos su precio es mucho mayor de lo habitual.

Tan solo algunas de estas empresas figuran realmente como entidades jurídicas, alertan desde algunas asesorías. “Hay constancia de que hay empresas o grupos que están actuando sin ningún registro como empresa ni ninguna sociedad jurídica que responda sobre esa actividad. Hay que entender que primero surgió la empresa ultra Desokupa, de Daniel Esteve, y a raíz de esa empezaron a surgir otras, muchas de las cuales son low cost, están integradas por personas con muy dudosos historiales profesionales, algunas con antecedentes penales y muchas no registran la sociedad”, aclara Víctor Palomo, abogado especializado en vivienda.

Las organizaciones por el derecho a la vivienda coinciden en la necesidad de denunciar que buena parte de estas empresas opera de manera ilegal. Esto sucede, por ejemplo, con Desokupa Gador, del que es imposible hallar su identidad legal como empresa en los registros. “Son grupos organizados que funcionan como mafias, personas que están actuando totalmente fuera de la ley, algo ante lo cual hay muchísima permisividad”, desliza Nacho Martín, inquilino en lucha en el bloque de San Ildefonso en Lavapiés, víctima de la empresa de desokupación Serviokupas y miembro del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Cuando la empresa quiso echar a las vecinas de su edificio, cuenta Martín, ofrecieron 6.000 euros a cada familia para que se fueran del inmueble. 

En grupos de este tipo que sí figuran como entidades jurídicas, la descripción oficial de sus servicios no suele corresponderse con aquellas actividades que realizan en la práctica. Es el caso de Horus Desokupa: en el registro legal, figuran como una empresa de “actividades de seguridad privada”, aunque en su web dejan claro que se dedican a “desalojos de okupas y mediación con inquilinos morosos o en situación precaria” evitando “procesos judiciales largos y complejos mediante mediación extrajudicial”.

Por su parte, Antiokupa Tarraco, a pesar de que se trataba de una empresa dedicada a ejecutar desalojos extrajudiciales a la fuerza, figura en el registro mercantil como operadora de “servicios auxiliares de la propiedad y explotación inmobiliaria, administración y gestión de fincas rústicas y urbanas, servicios integrales de auxilio en trabajos de metal, construcción, industria, jardinería, mantenimiento”. Fue desarticulada finalmente por los Mossos d’Esquadra en 2024 tras acumular más de 60 denuncias. Como transmitió Tarragona Digital, los miembros de este grupo eran “especialmente violentos” contra personas racializadas y algunos de ellos acumulaban antecedentes por “coacciones, amenazas, lesiones y trato degradante”. El ensayo Poder Inquilino, publicado este año por el Sindicato de Inquilinas y el Sindicat de Llogateres, revela que esta empresa instaló GPS en las víctimas para vigilarlas y geolocalizarlas e, incluso, llegaron a sustraer a una niña de tres años de su madre para desalojar una vivienda. Posteriormente, ha sido declarada como organización criminal. 

Con cada una de estas operaciones extrajudiciales las empresas consiguen amasar grandes cantidades de dinero: Idealista afirma que el precio de cada desalojo ronda los 3.000 euros. No obstante, los precios varían en función de la empresa. Por ejemplo, Brigada Desokupa ofrece en su web ejecuciones extrajudiciales “desde 2.500 euros”. En otros casos, como afirman desde el CAES, se ha llegado a dar la circunstancia de que una empresa llegó a cobrar cerca de 1.600 euros por la “visita”, con una prima adicional de éxito o recompensa en caso de que finalmente lograran expulsar a los inquilinos. 

Pero los ingresos que obtienen estas empresas no se circunscriben únicamente a la ejecución de desalojos: algunas venden a través de sus páginas web todo tipo de dispositivos de seguridad, desde alarmas inteligentes hasta puertas blindadas. Por ejemplo, Bastión Desokupación, empresa que también presume de no respetar los tiempos judiciales a la hora de llevar a cabo sus actividades, ofrece “puertas antiokupa”, alarmas resistentes a inhibidores con videovigilancia 24 horas y controles de acceso para impedir que los inquilinos puedan acceder a sus viviendas. 

En los últimos años se han multiplicado las ventas de estos dispositivos, al igual que los llamados “seguros antiokupación”, tanto por parte de estos grupos como por aseguradoras e inmobiliarias. Empresas como Securitas Direct, Prosegur, Segurma, Visegur o Mutua Madrileña, pero también portales inmobiliarios como Idealista. Securitas cuenta con “alarmas antiokupación” con tecnología ZeroVision (un sistema de seguridad que se activa en caso de intrusión y llena el área protegida de humo denso, bloqueando la visión del intruso y dificultando el robo) desde 400 euros el equipo. Mutua Madrileña, por su parte, ha lanzado un seguro antiokupación por 7,5 euros al año: “La garantía antiocupación cubre el pago de un alojamiento alternativo (durante un máximo de seis meses y 800 euros de renta de alquiler) en el caso de que la ocupación se produzca en el hogar habitual familiar”, promueven desde su página.

En los portales web de todas estas empresas, las aseguradoras presumen de contar con una tecnología avanzada y de una efectividad probada para garantizar la seguridad de los propietarios. En el caso de Securitas Direct, ofrecen protección reforzada en la puerta principal “para detectar al intruso antes de que entre”, puertas “antiokupa” de alta seguridad capaces de resistir intentos de forzado, sofisticados sistemas de alarma, cerraduras especialmente diseñadas para resistir métodos de apertura forzada “como el bumping, el ganzuado o el taladrado con sistema anti-picking” y un largo etcétera de sistemas de protección. Aunque describen con minuciosidad el inmenso abanico de herramientas del que disponen y reiteran constantemente su infalibilidad, en ningún momento deslizan datos sobre el número de viviendas que han logrado “salvar” de intentos reales de “inquiocupación”. Sí dan otros datos cómo los relativos al número de personas que se declaran con miedo a la ocupación o de cuántas familias ya disponen de sus productos, cerca de 5,7 millones en 17 países. 

Lo mismo sucede con los anuncios de este tipo de servicios en Idealista, donde tampoco aparecen cifras relativas a su porcentaje de éxito en casos de ocupación. Ni siquiera proporcionan información sobre el número de viviendas que se han visto afectadas por intentos de ocupación, pese a que en la descripción del Seguro Anti Okupas que ofertan apelan a esta amenaza y la sitúan como un peligro permanente. Por un importe de 39,85 euros anuales, prometen cubrir al casero en caso de poder demostrar pérdidas financieras asociadas con la ocupación ilegal de sus propiedades. Las opiniones de los clientes, exhibidas en las webs de ambas empresas, dejan claro que las personas que han contratado los servicios se han sentido “mucho más tranquilas y seguras” desde que disponen de estos dispositivos, aunque ninguna traslada haber sufrido intentos de ocupación.

A juicio de los sindicatos provivienda, existe todo un negocio en torno al “miedo a la inquiokupación” difundido desde determinados medios, principalmente de derecha. Desde el Sindicato de Inquilinas mantienen que “durante los últimos años las campañas contra la okupación en algunos medios han sido muy frecuentes y alarmantes, hasta el punto de que gran parte de la población vive atemorizada de que alguien okupe su casa”. 

En este sentido, Palomo asevera que “ha salido todo un negocio, ya no solamente de las empresas de antiokupación, sino también de alarmas y seguros inmobiliarios que garantizan una fuerte protección al propietario: como la Agencia de Negocios de Alquiler, Alquiler Seguro y todas estas que gastan un fuerte patrimonio en publicidad, sobre todo en las radios, para meter mucho miedo a la gente y lo que está haciendo es criminalizar a los inquilinos”, recalca Palomo. Por su parte, desde Acción contra el Odio indican que “la visibilidad de estas empresas corre paralela a los alarmistas discursos sobre la ocupación de vivienda, que hace que la opinión pública crea que hay casi 1.000 veces más ocupaciones de las que existen”. 

El negocio de estas empresas se mantiene a flote gracias a la impunidad de la que a menudo gozan quienes obtienen beneficio de ese miedo pese a llevar a cabo acciones delictivas. Desde organizaciones como PAH Vallekas señalan directamente a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado por no actuar con la contundencia necesaria cuando una víctima llama para informar sobre el acoso que está sufriendo.

Palomo afirma que muchos policías, cuando hay un conflicto, “no detectan que hay un delito de amenazas o de coacciones sobre la vivienda y tratan de diluir el asunto en vez de tomar acta de que se está cometiendo un delito o en el peor de los casos vemos que incluso dan la razón a la empresa”. Esta situación se está dando actualmente, afirma, de forma primordial en barrios vulnerables. En septiembre del año pasado, activistas de la PAH de Carabanchel denunciaron la complicidad explícita entre Desokupa y la Policía cuando un trabajador de la empresa liderada por Daniel Esteve llamó a la Policía Nacional para ponerla en aviso, haciendo posible un operativo de cerca de 45 efectivos. El despliegue contó con un frente integrado por 15 trabajadores de Desokupa insertos en el cordón policial.

En los casos en los que las víctimas consiguen sentar en el banquillo a las empresas, es habitual que estas queden absueltas o que la causa acabe archivándose. Miguel cuenta que cuando sus acosadores tuvieron que rendir cuentas ante los tribunales “se señaló una primera fecha para juicio y, a causa de un extraño error en los juzgados, se juntaron dos causas y ese juicio se suspendió. Después se dijo que nos iban a llamar para un segundo juicio y resulta que ese juicio se llevó a cabo sin nuestra presencia, es decir, sin contar con los perjudicados y demandantes y se sentenció absolviéndolos”, traslada el afectado.

Por lo visto, el miércoles se jugó la final de la Eurocopa en Bilbao. Aquí, ya saben, no hablamos de fútbol, no por altanería, sino porque a servidor –por mucho que se esfuerce– no le aflora la sensibilidad deportiva. Con todo, me enteré del suceso porque nos lo sirvieron emparedado entre salvajadas. ¿Los ingleses borrachos? Modélica afición.

Hay imágenes verdaderamente enternecedoras: una horda de hinchas arrancando un semáforo y festejando la gesta como si fuera la toma de Constantinopla –qué felices seríamos si nos propusiéramos objetivos existenciales tan asequibles–; un veterano local, palo en ristre, despejando el andamio de su edificio de botarates embriagados. Con piqueros así, les digo, no habríamos perdido Flandes.

No entendiendo las sutilezas del balompié, comprenderán que tampoco entienda por qué se permiten (una y otra vez) semejantes correrías. Gentes muy aficionadas al libre mercado me han hablado maravillas del impacto económico que tienen estas manadas beodas en la hostelería aborigen, en el negocio hotelero y en las siempre admirables tiendas de suvenires. Es una ley de la física: todos los intereses de la nación están subordinados al beneficio de los que regentan bares y de los pequeños propietarios que ofrecen (¡valerosamente!) su hacienda en alquiler turístico. No quisiera contravenir los designios de la mecánica celeste, y sé que el fútbol tiene patente de corso (¿de qué otro modo se explicaría que un negocio pueda sobrevivir a tantísimos escándalos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo y fraude?), pero no deja de sorprenderme cómo las fuerzas del orden, tan amantes del mobiliario urbano, consiguen reprimir su furor represivo ante el grotesco espectáculo. 

Algo tendrá el agua cuando la bendicen, porque en este país se ha enchironado a fotógrafos que cubrían –en el estricto ejercicio de profesión– manifestaciones frente al Congreso de los Diputados con la excusita del «atentado contra la autoridad». Para cuando se publique esta columna, los Seis de Zaragoza (unos chavales contra los que cargó la Policía cuando se manifestaban contra un mitin de Vox) llevarán cuatrocientos cuatro días en prisión, condenados por unos «desórdenes públicos y atentado contra la autoridad» que no vio nadie, salvo los propios maderos denunciantes. Sin la bufanda del Madrid atada al pescuezo, un grito más alto que otro basta para desencadenar la acometida de una cuadrilla de antidisturbios, esa unidad de élite cuajada de filósofos y poetas.

Busco y no encuentro ningún comunicado de la Internacional Liberal ante esta interminable paralización del tránsito y el intercambio económico sosegado. ¿Se acuerdan del 15M? Andaban todos preocupadísimos por cómo afectarían la suciedad y el ruido a las cuentas de los negocios aledaños. Tampoco del Frente Patriótico, tan susceptible ante cualquier afrenta simbólica, pero tan permisivo ante la reconversión definitiva de nuestro país en el pipicán de Europa. Pero todos tranquilos: la Diputación Foral (¡viva el infante don Carlos María Isidro!) asegura que el «impacto económico será muy alto» y que superará con creces la inversión realizada. Pues ya estaría.

Viendo que la camiseta de tu equipo favorito funciona como la estrellita del Súper Mario, sugiero a nuestros camaradas que tomen nota para las próximas acciones revolucionarias. Podríamos (¡es una hipótesis!) colectivizar el parque inmobiliario de los fondos buitre sin mayor dificultad, siempre y cuando fuésemos todos ataviados con merchandising del Manchester United o cualquier cofradía equivalente. Recordad: cuando se nos acerquen los picoletos, todos a una: «campeones, campeones, oé, oé, oé».

“El tiempo es oro” es un refrán popular que reconoce que el tiempo es uno de los bienes más preciados, y según explica el Instituto Cervantes, nos invita a ser diligentes en nuestros asuntos, recordando que, por ser la vida breve, se debe aprovechar el tiempo que se nos concede.

Mis dos grandes conclusiones de la lectura del Informe 2024 del Defensor del Pueblo son las esperas excesivas que sufre la ciudadanía para poder disfrutar de sus derechos reconocidos por una insuficiente dotación presupuestaria y correspondiente falta de personal, y una falta de empatía en el diseño de laberintos administrativos que condicionan ese disfrute. 

Lo traigo aquí porque se publicó hace unos días, y creo que ha pasado bastante inadvertido, un año más, a pesar de su relevancia y utilidad. El Informe evidencia y señala, pero también recomienda, recuerda e insta. Es un diagnóstico que se nutre de las reclamaciones que efectivamente registran las personas, sobre qué servicios públicos funcionarían mejor si las administraciones públicas responsables de su prestación adoptaran las recomendaciones que año a año emite.  

Ordenados los asuntos en función de las quejas recibidas, arranca con sanidad y confirma cuatro grandes carencias. La primera es la insuficiente cobertura de vacantes de personal sanitario y las dificultades para contactar por teléfono con los centros de salud de atención primaria. La segunda son las largas y lentas listas de espera para especialista, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. La tercera señala la ausencia de un protocolo nacional para el cribado de cáncer de mama, y que incluya a las personas trans. La cuarta reclama más recursos y coordinación para atender los problemas de salud mental de jóvenes y adolescentes. 

Sobre el problemón de la vivienda destaca el incumplimiento de muchas comunidades autónomas de la obligación de implementar la Ley (estatal) 12/2023 de Vivienda, además de la urgencia de multiplicar el parque de viviendas públicas destinadas al alquiler, y que sea especialmente protegido. Reitera la falta de agilidad y de transparencia de los procedimientos de adjudicación de viviendas públicas, el retraso en la resolución de las ayudas del bono alquiler joven y la desinformación y abandono que sufren las familias amenazadas por un desahucio.

La violencia contra las mujeres motivó la elaboración en 2024 del informe especial “Violencia vicaria de género. Las otras víctimas”, que identifica importantes carencias en los mecanismos de protección. Sobre esta lacra de la violencia machista también sospecha que haya sesgos discriminatorios por edad, tanto hacia las víctimas adolescentes cuando el agresor es también menor, como a las mujeres mayores que, cuando son víctimas, están invisibilizadas.

Denuncia las situaciones insostenibles a las que se ven empujadas las personas en situación de vulnerabilidad cuando reciben cobros indebidos de prestaciones sociales por error de la propia administración, y son llamadas a reintegrar, ipso facto, pasados varios meses o años, la totalidad de lo percibido en un único plazo. Recuerda también la necesidad de contar con una prestación por cuidado de menores afectados por enfermedades graves.

La falta de coherencia en el modelo de atención social a las personas con discapacidad, incluidos los retrasos en la valoración que pueden superar los cuatro años, coprotagoniza las quejas de políticas sociales, junto con la situación de las residencias de mayores y la insuficiencia del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

A la Justicia se le achacan retrasos en la tramitación de expedientes nacionalidad y en el Registro Civil; falta de coordinación con la policía ante el aumento de delitos de suplantación de identidad tras robo de documentación; el trato mejorable brindado por la Policía Nacional y la Guardia Civil; y la insuficiencia de medios del sistema de acogida humanitaria.

Los retrasos en el establecimiento de las Zonas de Bajas Emisiones en bastantes municipios obligados a tenerlas desde 2023, y el ninguneo institucionalizado a las declaraciones e informes de impacto ambiental, concentran las quejas relacionadas con el medio ambiente. 

En educación es mucho lo mejorable. Desde revertir la falta de creación de centros públicos para absorber el aumento de población escolar, a auditar los procesos de admisión en las etapas obligatorias, pasando por revertir la falta de profesorado de ciertas especialidades. Mención especial merecen dos asuntos. Uno, el acoso escolar, cuyos protocolos de actuación solo se aplican a petición de las familias de la víctima, y sin medidas dirigidas a que el acosador modifique su conducta. Dos, las dificultades para que los menores con necesidades educativas especiales participen en actividades extraescolares. 

Sobre comunicaciones y transporte, el mayor tirón de orejas es para los tiempos de espera y la saturación de trenes y andenes de los servicios ferroviarios de cercanías, especialmente en Madrid y Barcelona.

En nuestra faceta de consumidores, las quejas se concentran en cuatro asuntos: la falta de accesibilidad universal a los servicios financieros; la desprotección en los procedimientos de reclamación a compañías de suministro de gas y electricidad; la publicidad dirigida a menores; y la inacción de las administraciones frente a las viviendas de uso turístico ilegales. 

Presentar una reclamación es un acto que nos da pereza porque supone un esfuerzo excesivo en determinadas circunstancias, pero es la única manera de evidenciar lo que no funciona bien y que necesita mejorar.   

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

Hubo una época en la que no era extraño ver un cachorro de león por las calles de Barbate. Lo paseaba, con su collar de oro, un famoso narcotraficante de la zona. El mismo que se dejaba ver al volante de lujosos coches. No ocultaba su riqueza. Ni vivía escondido. Se sentía impune en aquel Barbate del atún, el chocolate y los busquimanos –los encargados de transportar la droga–. Hoy, más de dos décadas después, este municipio pesquero a medio camino entre Cádiz y Algeciras había conseguido con mucho esfuerzo lavar esa imagen y sustituirla por la de una potencia gastronómica alrededor del cimarrón. Pero la muerte de dos guardias civiles el pasado viernes tras ser arrollada su embarcación por una narcolancha ha revivido viejos fantasmas en el pueblo.

Quienes se han criado allí explican que Barbate ya no es lo que era y que el narcotráfico hace mucho que dejó de ser un problema de primera magnitud en la localidad costera. "Es una imagen que no se corresponde con la realidad", apunta al otro lado del teléfono una persona que ha crecido allí y que visita el municipio de manera asidua. Los vecinos no quieren que el relato que se imponga a nivel mediático vuelva a sumir al pueblo en una "pesadilla". Por eso, muchos de ellos no dudaron en salir a las calles el mismo sábado para expresar públicamente su rechazo al narco. Y otros tantos se esmeran en señalar que las gomas no tenían vinculación con el municipio gaditano. El supuesto piloto de la narcolancha, Kiko El Cabra, es de La Línea de la Concepción.

Pero quienes llevan años en la lucha antidroga no dudan en situar a Barbate como uno de los muchos puntos calientes alrededor del tráfico de sustancias estupefacientes. "Igual que Sanlúcar o Chiclana. Este no es un problema que exista solo en la Línea de la Concepción o en el Campo de Gibraltar", explica en conversación con infoLibre Francisco Mena, presidente de la Coordinadora Alternativas. El activista social sostiene que el narco es como la materia: ni se crea ni se destruye, sólo se transforma. "Cuando la presión policial se sitúa sobre una determinada zona, como puede ser La Línea, la actividad se desplaza hacia otros lugares donde pueda haber más facilidades", apunta Mena. Y añade: "Si hay negación no se va a poder resolver el problema".

Una radiografía similar es la que ofrece Irene Martínez, guardia civil destinada en Barbate. La delegada de la IGC señala que lejos de lo que pueda parecer, el narcotráfico nunca ha dejado de ser un quebradero de cabeza en la zona. Y da igual Barbate que Sanlúcar, donde el tráfico de gomas es continuo: "Estamos hablando de entre seis y diez diarias". A finales de enero, sin ir más lejos, la colisión de una de éstas con una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en la desembocadura del Guadalquivir en esta localidad se saldó con un muerto y tres detenidos. De hecho, el fallecido aquella tarde era, según han publicado algunos medios, socio de El Cabra, el supuesto piloto de la narcolancha que este viernes acabó con la vida de los agentes Miguel Ángel González y David Pérez.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había señalado pocas horas antes de la tragedia que el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, al calor del cual se han incautado 1.668 toneladas de droga, era una "historia de éxito policial". Desde que se puso en marcha a mediados de 2018, el Gobierno ha puesto sobre la mesa 82,1 millones de euros para aumentar las plantillas, adquirir vehículos, embarcaciones, material de protección o medios tecnológicos para las unidades. Pero los profesionales siguen insistiendo en la falta de medios para luchar contra un narco instalado en la violencia. "Hay embarcaciones que no funcionan y por mucho que digan no se ha elevado el número de efectivos", apunta la agente destinada a Barbate.

El presidente de la Coordinadora Alternativas no ve mal que se refuerce el flanco policial. Pero hace falta mucho más: "Si pensamos ganar solo por la vía policial estamos destinados al fracaso". Así, señala que son necesarios más medios a nivel judicial en una zona con una alta rotación de jueces y juzgados saturados. "En cuanto les sale otra plaza mejor se van. Y quien viene nuevo tiene que empezar de cero en causas complejas que llevan ya años de investigación", resalta Mena. Una reflexión similar hizo a finales de junio la fiscal jefa Antidroga, Rosa Ana Morán, al hablar del narcotráfico: "Se aumenta el trabajo policial o se refuerzan sus efectivos, se incrementan las incautaciones, pero no ha habido la suficiente preparación de los órganos judiciales y fiscales, con incremento de medios humanos y materiales, para enfrentar el incremento de casos".

Si a alguien beneficia el atasco en los juzgados y la falta de medios es, precisamente, al narco. Antidroga ya advirtió en su última memoria anual que "los retrasos y dilaciones" que experimenta en general la Administración de Justicia provocan un "efecto perverso" que dilata los procedimientos, algo que juega a favor de los acusados por tráfico de drogas. "Al final, si se demora mucho se les aplica, por ejemplo, la atenuante de dilaciones indebidas y todo queda en nada", explica Mena. Y eso, continúa, "da alas al narco": "Si se va de rositas, lo empoderas". De ahí que el presidente de la Coordinadora Alternativas considere fundamental, además de recuperar el principio de autoridad, "acabar con la impunidad" alrededor del narcotráfico.

Lo que cuenta no es raro. De hecho, ya ocurrió con una gran operación policial que sacudió Barbate allá por 2007 y que se saldó con la detención de medio centenar de personas. Las pesquisas fueron asumidas por un juzgado de primera instancia e instrucción de la localidad. Las pesquisas se prolongaron durante un lustro. Y la fase intermedia, la de preparación del juicio, se enquistó durante una década más. Un cúmulo de retrasos que acabó dejando el caso en la nada más absoluta. A comienzos de 2023, dieciséis años después de su inicio, la macrocausa terminó siendo archivada. ¿El motivo? La prescripción de los delitos que durante años estuvieron bajo la lupa de un juzgado mixto completamente desbordado.

"Si se quiere acabar con el narcotráfico hay que pensar más a largo plazo", sostiene Mena. Y hay que centrarse también en el desarrollo económico de la región, luchando contra el paro, la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades. En la provincia de Cádiz, la tasa de paro se sitúa en el 20%. En Barbate, ronda el 27% –aunque hubo una época que se situaba en el 50%–. Y en La Línea de la Concepción supera el 30%. "Es necesario que los jóvenes vean que existe futuro y oportunidades", apunta el presidente de la Coordinadora Alternativas, que aporta otro dato que pone los pelos de punta y evidencia una gran brecha social: "En el Campo de Gibraltar hay siete veces más absentismo escolar que en la provincia de Cádiz".

Es, en definitiva, un terreno abonado para un narco que seduce con "dinero fácil". Alrededor de mil euros por una noche vigilando los movimientos de las fuerzas policiales. O entre 2.000 y 4.000 euros por una descarga de droga en la playa. O más de 30.000 euros por pilotar una narcolancha, vehículos que a pesar de esta prohibidos desde 2018 siguen campando a sus anchas por el Estrecho –sólo en el último lustro se han incautado 1.421 embarcaciones de este tipo– . "Con esas cantidades, dile luego a un muchacho que vaya a trabajar", resalta Mena, que lleva casi una década exigiendo también que se castigue con mayor dureza a los llamados petaqueros, aquellos que se encargan de suministrar combustible a las gomas. De hecho, en su última memoria, la Fiscalía Antidroga pide que se modifique la legislación relativa a la tenencia o transporte de gasolina.

Mérida, 14 de septiembre de 2021. La llamada operación Peces hace saltar por los aires todo el Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de la ciudad. Son detenidos media decena de agentes y un guardia civil. Se encontraban bajo la lupa de sus compañeros por la supuesta vinculación con una red de cultivo de marihuana. Se había empezado a tirar del hilo dos años antes en Alicante. Pero cuando el asunto aumentó de escala, fue la Unidad Central Operativa (UCO) la que tomó las riendas del caso. Luego se sumó a la investigación, con pinchazos telefónicos y grabaciones, Asuntos Internos. Son los que se encargan de perseguir la corrupción dentro del cuerpo. Un trabajo delicado que desarrollan bajo una opacidad que le proporciona la Ley de Secretos Oficiales y que les aleja del escrutinio público. Su estructura es secreta. El número de investigaciones que realizan cada año, también.

El nombre de este grupo que actúa en la sombra, presente tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil, salta de pascuas a ramos a la palestra pública. Tuvo un papel destacado en la operación Emperador por las supuestas conexiones de la trama con funcionarios del cuerpo que finalmente serían absueltos. Se encargó de la investigación del caso del Pequeño Nicolás. Y, por supuesto, ha estado bien presente en toda la trama que gira alrededor de José Manuel Villarejo. Fue esta unidad la encargada de detener, por orden de Anticorrupción, al comisario jubilado en el otoño de 2017. No obstante, llevaba ya tiempo bajo la lupa del grupo. De ahí, la guerra abierta que tenía con quien fuera jefe del mismo, el comisario Marcelino Martín-Blas.

El jaque a Villarejo puso al descubierto cómo durante años funcionaron a pleno rendimiento las cloacas del Estado. Y dejó en el aire una pregunta: ¿Por qué motivo no saltaron mucho antes todas las alarmas con un personaje de sobra conocido en el cuerpo? Igual una respuesta a esta pregunta se encuentra en la dotación de estos grupos especiales dedicados a cazar a todas aquellas manzanas podridas. ¿Han tenido suficientes efectivos en los últimos años? ¿Los tienen ahora o las plantillas han ido a menos? Y en relación a esto, ¿son los necesarios como para poder asumir todas las investigaciones que tienen sobre la mesa? ¿Cuántos expedientes se abren de media al año?

El Ministerio del Interior tiene respuesta a estas cuestiones. Sin embargo, se resiste a ofrecer todos esos detalles. Son, a su juicio, materia secreta o reservada. "La información solicitada se encuentra afectada por la regulación en materia de secretos oficiales", apunta la directora de gabinete de Interior, Ana María Prejigueiro, en una resolución derivada de una solicitud de transparencia de infoLibre.

El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska pone sobre la mesa, primero, tres acuerdos de Consejo de Ministros de la etapa de Felipe González. El primero data de finales de noviembre de 1986, ampliado en marzo y julio de 1994. En pleno escándalo por el terrorismo de Estado, el Ejecutivo otorgó con carácter "genérico" la clasificación de "secreto" a la "estructura, organización, medios y procedimientos operativos específicos de los servicios de información, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas". Y como "reservado" a los "destinos de personal de carácter especial" y las "plantillas de personal y de medios y de equipo de las unidades".

A estos se sumó en 1996 un acuerdo que colocaba un manto de secretismo sobre todo lo referente a la lucha antiterrorista. Y ya en 2014, a medio año de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en Consejo de Ministros un nuevo acuerdo con el que otorgaba la clasificación de "secreto" con carácter genérico "a la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizados en la lucha contra la delincuencia organizada" por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Comisaría General de Policía Judicial es quien se encarga, a través de las diferentes unidades –de la Udyco a la UDEF–, de investigar todo aquello que guarda relación con el crimen organizado. Pero Asuntos Internos no depende de ella. En su caso, lo hace directamente de la Dirección Adjunta Operativa (DAO). Algo similar a lo que sucede en la Guardia Civil. Pero, a pesar de ello, Interior también encaja a estas unidades en el marco de la delincuencia organizada. Al fin y al cabo, sostienen, buena parte de las investigaciones que llevan a cabo tienen que ver con la vinculación de miembros de la Policía Nacional o el Instituto Armado con grupos criminales.

Para el departamento de Grande-Marlaska, cualquier mínimo detalle que se haga público sobre estas unidades puede suponer un problema. Por eso se niegan a dar la cifra de efectivos. Pero no solo eso. Tampoco aportan información alguna sobre el número de procedimientos que tienen abiertos o abren cada año. "Facilitar datos o número de investigaciones que suelen realizarse cada año podría favorecer que se realizasen estudios, entre otros, sobre el potencial de investigación de dichas unidades y poder determinar de forma aproximada los recursos humanos y materiales de las mismas", argumentan en la resolución. Y si eso se conociese, completan, "perjudicaría" a la investigación de estas bandas criminales y, a la postre, a la protección de los intereses de "seguridad ciudadana".

De otras unidades de élite que dependen de la DAO y que también hacen frente a grupos terroristas o bandas de crimen organizado, Interior no tiene inconveniente en dar hasta el último detalle. Es el caso del Grupo de Operaciones Especiales (GEO). A pesar de tener entre sus funciones la "reducción o neutralización de los integrantes de bandas terroristas, grupos armados o delincuentes peligrosos", Interior no tiene problema en especificar que su plantilla está compuesta por un centenar de efectivos, que su Sección Operativa se divide en dos grupos de acción y que cada uno de los doce comandos que los integran están conformados por media docena de hombres. Pero de Asuntos Internos, nada de nada. Una unidad de la Policía Nacional que, hace una década, contaba con 160 agentes, según elDiario.es.

Los cambios normativos que se han puesto sobre la mesa en materia de secretos oficiales tampoco acabarán con la opacidad alrededor de estos departamentos. La nueva Ley de Información Clasificada que ha propuesto el Gobierno de Pedro Sánchez establece la clasificación de "secreto" para aquella información que tenga que ver con la "seguridad pública" o la "capacidad o la seguridad" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El texto, además, no contempla una desclasificación automática de todos aquellos asuntos a los que se les echase el candado hace décadas. Pero no solo eso. Si se atiende a la clasificación llevada a cabo por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2014, la barrera del "secreto" alrededor de estas unidades no caería, como mínimo, hasta el año 2054, pudiendo prorrogarse diez años más.

El secretismo en suelo español contrasta con lo que sucede en otros países. En Estados Unidos son varios los cuerpos policiales que ofrecen estadísticas sobre el trabajo de unidades de este tipo. En New Jersey, por ejemplo, acaban de lanzar una base online en la que se pueden consultar los datos desde 2011 de investigaciones de asuntos internos del más de medio millar de departamentos de policía de todo el estado, filtrando incluso por origen de la queja o raza de los agentes y denunciantes. "La Policía del Estado de Nueva Jersey está comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas, lo que ayuda a generar confianza en las comunidades a las que servimos”, señaló durante su presentación el coronel Patrick J. Callahan, superintendente de la Policía del Estado de Nueva Jersey. A nivel estatal, también Connecticut, por ejemplo, aporta datos sobre las pesquisas que llevan a cabo en esta línea.

También la policía de Dallas ofrece estadísticas anuales sobre el trabajo de su departamento encargado de vigilar las manzanas podridas dentro del cuerpo. O la de Chicago o San Antonio, que en cada ejercicio hace público un detallado informe. Fuera de Estados Unidos, también la Policía de Berlín lleva un recuento de las investigaciones de su unidad de Asuntos Internos. Y en Argentina, incluso, algunas provincias como Buenos Aires tienen un registro público en el que se recogen los nombres y apellidos de todos los policías expulsados o inhabilitados por condena judicial, incluyendo tanto su último destino como la categoría del hecho que ha llevado a su sanción.

El afroamericano George Floyd repitió más de dos docenas de veces aquella tarde de mayo de 2020 que le faltaba el aire, que no podía respirar. Pero el agente Derek Chauvin hizo caso omiso a las advertencias de aquel hombre de mediana edad al que tenía tendido boca abajo sobre el asfalto. "Entonces deja de hablar, deja de gritar, se necesita muchísimo oxígeno para hablar", le espetaba mientras seguía presionando con su rodilla el cuello del detenido. Así se mantuvo durante nueve minutos, mientras Floyd se moría poco a poco. Todo quedó perfectamente registrado en las cámaras corporales de los agentes de la Policía de Minneapolis que intervinieron en aquel arresto. El uso de estos dispositivos no frenó a los policías a la hora de usar la fuerza contra el ciudadano estadounidense. Pero los vídeos tuvieron un papel clave en el juicio que acabó con una condena de cárcel para Chauvin.

Dos años después de que Floyd se convirtiera en una víctima –otra más– de la brutalidad policial contra la población afroamericana, el Ministerio del Interior ha decidido dotar a parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de estos pequeños dispositivos de grabación que van colocados sobre el uniforme. A partir de este lunes, los efectivos de la Policía Nacional en misiones de seguridad ciudadana podrán hacer uso de estas cámaras corporales Modelo AB3 cuando se encuentren de servicio. Una decisión que se ha aplaudido con fuerza desde los sindicatos policiales. "Esperemos que se dote de todas esas cámaras a todos para garantizar esa seguridad, esa transparencia, y demostrar la profesionalidad de todos nuestros compañeros en cada una de sus intervenciones", ha señalado el portavoz de Jupol, Pablo Pérez.

El uso de este tipo de aparatos por parte de las Fuerzas de Seguridad se ha ido extendiendo con el paso de los años. Entre otras cosas, bajo el argumento de que un registro audiovisual de todas las actuaciones puede contribuir a frenar los excesos tanto por parte de los agentes como por parte de los ciudadanos. Sin embargo, lo cierto es que no hay una evidencia clara de que eso sea así. "Aunque los oficiales y los ciudadanos generalmente apoyan el uso de BWC –Body-worn cameras–, las BWC no han tenido efectos estadísticamente significativos o consistentes en la mayoría de las medidas del comportamiento de los oficiales y ciudadanos o en las opiniones de los ciudadanos sobre la policía", apuntaron en el verano de 2019 cuatro investigadores de la Universidad George Mason en "Research on body-worn cameras. What we know, what we need to know".

El artículo fue publicado en Criminology & Public Policy, una revista académica que aborda cuestiones vinculadas a la criminología y sus implicaciones para las políticas públicas. En él, los investigadores Cynthia Lum, Megan Stoltz, Christopher S. Koper y J. Amber hacen un análisis de setenta estudios publicados en los últimos años en los que se aborda el impacto de las cámaras en el comportamiento y las percepciones de los agentes y los ciudadanos.

Sobre los segundos, diferentes experiencias aportan conclusiones distintas en cuanto, por ejemplo, al número de quejas relacionadas con actuaciones policiales cuando están presentes las cámaras corporales. Así, por ejemplo, mientras que en Las Vegas o en Phoenix se apreció una reducción estadística significativa de las denuncias, en otras evaluaciones llevadas a cabo en Rialto (California), Washington o en varios departamentos de Policía de Reino Unidos y Estados Unidos no se apreciaron cambios destacados en este sentido.

En relación con los comportamientos incívicos, la tendencia habitual suele ser a la baja. Así, por ejemplo, los cuatro investigadores señalan que algunos estudios realizados en Reino Unido han puesto de manifiesto "pequeñas disminuciones en el crimen y los desórdenes" tras la puesta en marcha de estas cámaras, si bien es cierto que en otras experiencias no se han apreciado diferencias notables. Además, los investigadores resaltan que no hay certeza de que estas disminuciones se deban, concretamente, al uso de dichos dispositivos. Quizá, dicen, es la simple presencia policial la que provoca esos efectos. "Tampoco está claro si o por qué las BWC crearían efectos disuasorios adicionales más allá de los de la presencia de agentes", apuntan.

Lo mismo sucede con el uso de la fuerza policial. Los resultados, en este sentido, también son mixtos. "Los hallazgos de este estudio no revelan una conclusión definitiva", apuntan los investigadores. Algunas investigaciones publicadas hasta la fecha han llegado a poner de manifiesto que en las unidades a cuyos miembros se les ha incorporado una cámara de estas características los casos de violencia policial han llegado a ser casi la mitad que en aquellas que en el mismo periodo desarrollaron sus funciones sin estos dispositivos. Sin embargo, en otros estudios la disminución no ha sido significativa. Y en algunos casos, incluso, se ha llegado a registrar un incremento importante a nivel estadístico en el uso de la fuerza. Es lo que sucedió al analizar, por ejemplo, el programa que se puso en marcha en Phoenix.

En este sentido, algunos expertos sospechan que estas diferencias pueden tener que ver con la discrecionalidad a la hora de poner a funcionar sus cámaras. Así, creen que a mayor discreción para encender el aparato, mayor tendencia a exhibir fuerza. Pero eso es, por ahora, solo una hipótesis, porque ninguno de los estudios examinados rastreaba la activación de los dispositivos.

Una activación que, en el caso español, será manual y corresponderá a los propios agentes dedicados a la seguridad ciudadana. Siempre y cuando, claro, la cámara corporal no esté asociada a otros dispositivos de dotación policial, como por ejemplo una pistola Taser. En ese caso, se empezará a grabar automáticamente en cuanto se desenfunde el arma.

La Policía Nacional ya ha elaborado un protocolo para el uso de los aparatos. El documento, adelantado por El Independiente, supedita la grabación a la existencia de un "peligro o evento concreto", debe contar con autorización de Delegación o Subdelegación del Gobierno y no podrá utilizarse en el interior de las viviendas como regla general.

Además, salvo que lo impida "la inmediatez de la situación de peligro o la concurrencia de circunstancias extraordinarias", tiene que informarse previamente a la persona que se pueda ver afectada. Y las imágenes, que siempre se descargarán al final del turno bajo la supervisión de un jefe, deberán destruirse en el plazo de tres meses a no ser que formen parte de las pruebas de una investigación.

Porque, más allá de que puedan o no influir en el comportamiento de ciudadanos o policías, el hecho de que se tomen imágenes sí que puede resultar clave a la hora de probar determinadas conductas por parte de agentes o ciudadanos. De hecho, un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Stockton, la Universidad Americana y la Universidad Estatal de Georgia, publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica, pone de manifiesto que el uso de estos dispositivos por parte de la Policía de Chicago llevaron a una disminución de la desestimación de investigaciones por "evidencia insuficiente" y a un aumento significativo de las acciones disciplinarias contra oficiales de policía.

España aumentará su despliegue en Letonia frente a la frontera de Rusia con el envío adicional de una batería antimisiles acompañada por un centenar de militares, lo que elevará hasta 600 los efectivos españoles en la misión de la OTAN de disuasión, según informa Europa Press.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado este sábado el despliegue de este armamento, destacando el compromiso "total" del país con la OTAN, un compromiso "por la paz, la libertad y seguridad". "Tenemos tropas en estos momentos en Letonia y Lituania, además de los barcos en el Mediterráneo", ha añadido en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

Sobre esta operación, la ministra ha señalado que es "una labor de disuasión y prevención de la violencia", mientras que también ha confirmado que desde las Fuerzas Armadas "siempre" hay la "máxima" disponibilidad.

España inició su despliegue en el país báltico en el año 2017 con unos 350 efectivos dedicados a la disuasión de la amenaza rusa. Este contingente se aumentó hasta los 500 militares el pasado mes de marzo tras la invasión de Ucrania dentro de los planes de la Alianza de reforzar su flanco este.

Esta operación de la Alianza Atlántica que se diseñó con el objetivo de mantener una presencia permanente en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia como medida de disuasión y defensa. El objetivo, según definió la OTAN, era "prevenir posibles conflictos, proteger a los aliados y preservar la paz y estabilidad más allá de las fronteras de la Alianza".

La denominada Enhanced Forward Presence es de naturaleza defensiva, multinacional, basada en aportaciones voluntarias de cada país, interoperable y con capacidad para desplegar en los países bálticos y Polonia.

La decisión fue adoptada en la Cumbre de Varsovia del año 2016 y en junio de 2017 comenzaron los despliegues, sumando entonces un total de 4.000 militares divididos en cuatro Grupos Tácticos Multinacionales, Battle Group (BG), en los Países Bálticos y Polonia. España forma parte del Battle Group de Letonia, que se ubica en la base de Adazi, al norte de Riga. Está liderado por Canadá y en él se integran militares de otras 7 naciones: Albania, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Italia, Montenegro y Polonia.

En cuanto al material, la misión de Letonia es la única en la que las Fuerzas Armadas cuentan con los carros de combate Pizarro y Leopardo además de morteros pesados de 120 mm, misiles contracarro Spike, aviones no tripulados, un equipo de control para ataques aéreos y tiradores de precisión. El despliegue adicional de 150 militares fue de artillería, zapadores y apoyo logístico.

España también aporta puestos en el cuartel general del Battle Group, entre ellos ostenta la segunda jefatura de esta unidad, a cargo de un comandante de infantería. Y contribuye con tres militares en el cuartel general de la Brigada letona.

Siempre he tenido un gran respeto y admiración por las Fuerzas Armadas. Su misión es encargarse de garantizar la soberanía e independencia de España, y también la defensa de su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Yo misma he tenido la ocasión de realizar recientemente el XLV curso de defensa nacional en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y como alumna del CESEDEN pude adquirir conocimientos sobre la paz, la seguridad y la defensa y la política militar, y apuntalar la admiración y respeto que se extiende a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). Son cuerpos que, en los últimos acontecimientos como la más grave crisis sanitaria del último siglo, en las consecuencias más adversas del cambio climático, catástrofes naturales o un conflicto bélico a las puertas de Europa, han dado muestras de su enorme valía y espíritu de sacrificio.

Recientemente el ministro Marlaska afirmó que España es uno de los países más seguros del mundo. La tasa de criminalidad desde 2018 a 2021 se redujo en 4,2 puntos. Alcanzando en solo tres años 41,4 infracciones penales por cada mil habitantes. Es la cifra más baja de toda la serie histórica, que se traduce en una mejora de la calidad de vida de todos los españoles. Estos datos son el resultado directo de las políticas que se llevan a cabo por el Ministerio del Interior desde junio de 2018: inversión, inversión y más inversión.

En política de seguridad pública, la inversión en las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es prioritaria. En 2018, la situación no era la mejor, porque como resultado de políticas equivocadas, el Partido Popular, en tan solo seis años, había sacado de las calles a más de 13.000 agentes. A 31 de diciembre de 2017, las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil sumaban un total de 142.072 efectivos, es decir, 13.077 plazas menos que seis años antes. 

Desde 2019, con ofertas de empleo que contemplan unas tasas de reposición del 115%, se está invirtiendo esa tendencia. En solo tres años el Gobierno ha dado la vuelta a esa deriva, consiguiendo que esas plantillas crezcan hasta los 152.563 efectivos actuales. Son 10.491 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil más: un 7,3 % de incremento. La cuenta es muy clara. Con el Gobierno del PP, 13.000 agentes desaparecieron de nuestras calles y, con el Gobierno del PSOE, hay 10.000 efectivos más. Se están recuperando efectivos a mayor velocidad de lo que se destruyeron en el período anterior.

El Ministerio del Interior tiene un firme compromiso con la lucha contra la violencia de género, con la clara voluntad del refuerzo de las plantillas de efectivos expertos. Esa es la carta de navegación con la que seguir trabajando hasta conseguir desterrarla. Cuando en 2011 el PP llega al Gobierno, el número de policías y guardias civiles especialistas en violencia de género era de 2.100. Esta cifra se recorta erróneamente por los Gobiernos populares y en 2018 cae a 1.880 efectivos. El PP abandonó el Gobierno dejando 220 agentes menos para proteger a las mujeres víctimas de la violencia machista. Con un Gobierno liderado por Pedro Sánchez, que tiene entre sus objetivos prioritarios la lucha contra la violencia machista, hay 945 agentes especialistas más. Un total de 2.825 policías y guardias civiles especialistas en violencia de género. El compromiso es claro.

El Gobierno invierte en más y mejores infraestructuras. El Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado (2019-2025) dotado con 600 millones de euros es un plan de choque para modernizar las comisarías de Policía Nacional y los cuarteles de la Guardia Civil. Y a esos 600 millones de euros debemos sumar los 396 más aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para proyectos que situarán a Policía Nacional y Guardia Civil a la vanguardia de la sostenibilidad y la eficiencia energética.

En lo que concierne a la merecida mejora de las condiciones laborales de los miembros de Policía Nacional y Guardia Civil, en este periodo han visto aumentada su remuneración en un 22% de media. Se hizo efectivo el abono del acuerdo de equiparación salarial.

Según el diccionario de la RAE, el feminismo se define como principio de igualdad de derechos entre la mujer y el hombre. Feminismo es trabajar para la integración de la mujer en las Fuerzas de Seguridad. Me siento muy orgullosa de que el Gobierno de España cambie aquello que no se puede aceptar y tome nuevas e innovadoras medidas para aumentar la presencia de la mujer en Policía Nacional y Guardia Civil; así se consolida la igualdad de género y se ayuda a romper los techos de cristal para acceder de manera real a los puestos de responsabilidad y mando dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Policía Nacional y Guardia Civil son hoy instituciones más abiertas y más modernas, que cumplen sus misiones de manera más humana y eficaz. Desarrollan un trabajo encomiable, que se visibiliza en la caída de la tasa de criminalidad, que pone así a disposición de los ciudadanos un espacio seguro en el que poder vivir en paz y libertad. Así se hace de España un país todavía más seguro.

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Ana Prieto Nieto es diputada por Lugo y portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso de los Diputados.

Un guardiamarina y alumno de 4º curso de la Escuela Naval Militar de Marín ha sido condenado a cuatro años de prisión por colocar cámaras y grabar a alumnas en las camaretas de estas instalaciones. Asimismo, deberá abonar cuantías a las afectadas que alcanzan los 40.500 euros, además de no poder acercarse a ellas durante diez años, según recoge Europa Press.

El Juzgado Togado Militar Territorial nº 41, con sede en A Coruña, lo ha considerado culpable de ocho delitos de abuso de autoridad en su modalidad de atentado grave a la intimidadatentado grave a la intimidad, y trece relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas por los militares.

El 14 de febrero del pasado año, el acusado colocó dos dispositivos de grabación, un dispositivo telefónico y una minicámara, en dos camaretas del centro de formación ocupadas por ocho alumnas, pero que fueron descubiertos antes de la captación de imágenes.

Tras localizar el teléfono móvil pegado a una de las camaretas, las alumnas hallaron que en sus cajas de persianas tiras de pegamento de doble cara como las que tenía el dispositivo encontrado. El propio procesado acudió a su superior a confesar su autoría tan pronto como se tuvo conocimiento del hallazgo del primer dispositivo y decidió colaborar con la investigación, desvelando el lugar en el que se encontraba el segundo aparato de grabación.

Desde finales del año 2018, cuando se encontraba en segundo curso, el acusado grabó a diversas alumnas del centro sin su consentimiento sirviéndose de una minicámara tanto en sus camaretas como en las duchas, captando imágenes en ropa interior, cambiándose de ropa y totalmente desnudas.

El tribunal considera que la conducta del encausado representa "un acto gravemente atentatorio a su intimidad". "El solo hecho de acceder ilegítimamente en la camareta de las alumnas, de forma clandestina y sin consentimiento de las integrantes de la misma, con la finalidad de colocar un dispositivo de grabación para captar imágenes íntimas de las mismas, ya constituye un atentado grave a su intimidad".

Cuatro de los agentes de la Policía Nacional acusados de un delito de torturas durante una detención en las fiestas de Leganés de agosto de 2013 han defendido en el juicio el uso proporcional de la fuerza debido a la actitud agresiva que presentaba la víctima al haber consumido supuestamente sustancias estupefacientes, según recoge Europa Press.

En el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid se han sentado seis agentes de la Policía Nacional, cuatro de ellos acusados solo por la Fiscalía de Madrid. El fiscal solicita tres años de prisión para ellos.

La detención de la víctima se produjo en el transcurso de los incidentes que se produjeron el 17 de agosto de 2013 tras la suspensión de los encierros debido a un conflicto entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria. Muchos vecinos intentaron entrar en el coso para presenciar el festejo, pero se encontraron con las puertas cerradas y todo acabó en disturbios con cargas policiales.

El responsable del dispositivo policial ha relatado ante el tribunal y a preguntas de la fiscal la cronología de los hechos desde que arrancó a las seis de la mañana el operativo en la plaza de Toros de la Cubierta de Leganés. Tras producirse cargas a raíz de la suspensión de los encierros, un pequeño grupo de jóvenes se quedó en los alrededores de la zona provocando desórdenes públicos con el lanzamiento de objetos a pesar de las reiteradas indicaciones de que se dispersaran. "Lejos de colaborar, el chico nos respondía con patadas y puñetazos. Tras el forcejeo, se cayó y siguió resistiéndose en el suelo. Estaba fuera de sí, una característica de haber consumido sustancias estupefacientes. Estaba incontrolado. Una persona bajo efectos de sustancias es muy difícil de reducir", ha aseverado.

A preguntas de la fiscal, ha negado que el chico pidiera ayuda y que los vecinos les chillaran que le dejaran porque le iban a matar. "Yo no escuche a nadie porque a esa persona no se la estaba golpeando", ha insistido.

Otros dos acusados han narrado los hechos de forma similar, indicando que el joven les agredió con patadas y puñetazos. "No usamos defensa porque nos hubiéramos dado entre nosotros al estar todos tratando de inmovilizarle", ha señalado agregando que la "fuerza fue proporcional" para la situación que se estaba produciendo. Otros dos de los agentes encausados participaron solo en el traslado de la víctima, quien les manifestó que le llevaran al médico porque le dolía un hombro. Se le llevó al centro de médico de guardia al tratarse de un día festivo, pero se le trasladó al Hospital Severo Ochoa para que se le realizara un escáner.

Mañana comparecerá la víctima y los vecinos que presenciaron supuestamente la agresión. El abogado de la víctima ha explicado que su cliente se encontraba tranquilamente en una valla sin causar ningún tipo de incidente cuando uno de los agentes le agredió con una defensa en las piernas. "Luego le cogieron varios y procedieron a una detención con una agresividad inadecuada y absolutamente al margen de la ley", ha dicho.

Intervención policial 

En el escrito de acusación, el fiscal recoge que sobre las 10:00 horas del día 17 de agosto de 2013 B.B.M. estaba apoyado en las vallas de madera habilitadas para el encierro situadas en la plaza de la Flor a la altura de la esquina con la calle Margarita de Leganés donde se celebraban las fiestas locales. En ese momento un grupo de personas no identificadas pasaron corriendo dentro de la zona habilitada para el encierro siendo perseguidas por Agentes de la Policía Nacional.

Uno de los policías, al ver a B.B.M. gritó: "a por el de amarillo" y varios agentes, entre los que se encontraban los acusados J.P.A.D., A.J.M. y J.M.R.H. se abalanzaron sobre el joven "y le redujeron tirándole al suelo". Una vez reducido y tendido en el suelo de la Plaza de la Flor de Leganés, los tres acusados "con ánimo de menoscabar la integridad física y moral" de B.B.M., le golpearon por todo el cuerpo con sus defensas "y le propinaron varias patadas en la cabeza, cuello, tórax, espalda y piernas".

Mientras sucedían estos hechos, la otra acusada, "con perfecto conocimiento de lo que estaba sucediendo y faltando a las obligaciones de su cargo", controló el perímetro de seguridad de sus compañeros y evitó que los ciudadanos que se hallaban en las proximidades y gritaban a los agentes que dejasen de golpear a B.B.M, se aproximasen al lugar. Como consecuencia de estos hechos, B.B.M. sufrió policontusiones en hombro derecho, cabeza, cara, nariz y cuello, contusión en espalda a nivel lumbar y sacoccea en ambas extremidades con erosiones y hematomas, que precisaron para su sanidad de una primera asistencia facultativa y para su curación de 7 días, todos ellos impeditivos, ocasionándole unas secuelas consistentes en cicatrices muy superficiales, perjuicio ligero (1-6 puntos).

No es fácil fotografiar un fenómeno en movimiento, más aún cuando es múltiple y se presenta lleno de aristas difusas. Así ocurre con este agosto de botellones incívicos. ¿Qué hay en esa indiferencia hacia las medidas anti-covid? ¿Y en esos desenlaces con destrozos y disturbios, en ocasiones con vasos y botellas volando hacia la policía?

Una síntesis de los puntos de vista de los expertos consultados, de los campos de la psicología y la sociología, quedaría así. No cabe en absoluto asignar a la juventud en su conjunto una inclinación anímica por el incivismo o hasta la violencia por un ramillete de episodios, por más que su coincidencia haya sido llamativa. Eso sí, hay que tomar muy en serio el hecho de que a la urgencia "ocupar el espacio público" y "derrochar adrenalina", fenómenos propios de la juventud pero exacerbados ahora por las restricciones de la pandemia, se suma un "caldo de cultivo" perfecto para la "rabia". Es una rabia que no se expresa con fines políticos –aunque pueda ser defendida con coartadas políticas a posteriori–, pero que es indisociable de un oscurecimiento de las perspectivas de futuro. A ello se suma la grave herida psíquica infligida por la pandemia, acreditada por numerosos estudios, y un sistema de valores que prepara poco a los individuos para aceptar la "frustración".

Botellones incívicos

Veamos primero el fenómeno de los botellones que acaban en altercados. No es homogéneo. Presenta especificidades en cada ciudad. En Barcelona, el edil de Seguridad, Albert Batlle, ha lamentado una "explosión de incivismo" en las fiestas de Sants, donde hubo peleas y uso de potentes altavoces inalámbricos en plena calle. Quedó suciedad por todas partes, como constataban los vecinos cada mañana por el olor a orín. Las celebraciones acabaron con enfrentamientos entre jóvenes y policías durante el desalojo del botellón, en el que por supuesto la prevención ante el covid-19 brilló por su ausencia con masas apelotonadas y pocas mascarillas.

El País Vasco ha dejado estampas similares. Más de 40 jóvenes han sido detenidos en Sebastián durante las no-fiestas, es decir, durante los días de la suspendida Semana Grande. Hubo ataques a comercios y choques con la Ertzaintza. A lo largo del mes de agosto, se ha dado un fenómeno similar en San Sebastián, Hernani, Gorliz y Portugalete: grupos de jóvenes lanzando objetos a la Ertzaintza. "Vemos día tras día que hay atentados contra agentes de la autoridad. Hay una posición de agresividad que no habíamos visto", ha denunciado Roberto Seijo, secretario general del sindicato mayoritario del cuerpo policial vasco. En Euskadi, hechos así sobresaltan aún más, por su negro historial de violencia callejera. Pero tanto el lehendakari, Iñigo Urkullu, como su consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, han desvinculado los altercados de la "kale borroka" y los encuadran en un problema de "valores". "Son muestras de hedonismo insolidario e irresponsable", según Erkoreka.

Urkullu, para ilustrar que no es una cuestión de "ideologías", ha insistido esta semana en que fenómenos similares se dan en otros puntos de España. Y tiene razón. Ha ocurrido en lugares donde, a diferencia de Cataluña y País Vasco, no existe una asentada subcultura de enfrentamiento con la policía. En Noja (Cantabria) un macrobotellón derivó en un enfrentamiento de chicos de entre 16 y 21 años con la Guardia Civil, con al menos 18 detenidos. Los más resistentes, tras lanzar a los policías todo lo que tenían a mano, incluso intentaron cortar la carretera de acceso a la playa con contenedores de basura.

En Logroño también se torció el desalojo de un botellón cuando la Policía Local tuvo que detener a tres jóvenes por lanzarles vasos. La escena ha sido parecida, más grave y multitudinaria aún, en Pamplona. Las fiestas mayores de San Sebastián de los Reyes también han acabado con enfrentamientos contra agentes policiales. Es sencillo rastrear noticias del mismo tenor en diversas ciudades y poblaciones medianas y pequeñas. En Valencia, en junio, los altercados adquirieron la forma de vandalismo contra los chiringuitos.

La secuencia en torno a estos hechos suele seguir un guión previsible. Noticias impactantes. Declaraciones de condena. Protestas de los cuerpos policiales, que exigen más medios. Autoridades que –sin restar importancia a lo ocurrido– recuerdan que los violentos son una minoría. La oposición apañándoselas para culpar al alcalde. De fondo, dos discursos atraviesan el debate. Uno abunda en la crisis de valores y falta de respeto a la autoridad. Otro pone el énfasis en escasez de expectativas y la precariedad. Ya decíamos: es difícil fotografiar fenómenos en movimiento, sobre todo cuando –como señala una portavoz de la Policía Nacional a infoLibre– aún no hay datos que acrediten si se está dando o no un repunte de este tipo de violencia, al encontrarnos ante sucesos que pueden no salir de la contabilidad local.

"Es difícil dimensionar, saber si hay más disturbios o sólo son más noticiables. Hay que hilar fino", señala Bárbara Scandroglio, doctora en Psicología Social y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid.

Así que tratemos de hilar fino para encontrar respuestas.

"Diversión" con "rabia"

Hay que empezar por delimitar. Como coinciden los expertos consultados, estas explosiones de conflictividad nocturna se encuentran aprisionadas entre dos fenómenos distintos, también de fuerte repercusión mediática y que complican su observación individualizada:

1) Las protestas con objetivo político, como las de febrero en apoyo al rapero encarcelado Pablo Hasél, que a menudo terminaban también con disturbios. Scandroglio destaca que, en las explosiones de este mes de agosto, se ve sobre todo un "derroche de adrenalina", que sólo "a posteriori" se justifica con "razones políticas" que en realidad no son determinantes.

2) Los ataques en grupo, en ocasiones con resultado mortal, cometidos en entornos de ocio juvenil pero que nada tienen que ver con una resistencia a un desalojo policial de un botellón. Aquí la doctora en Psicología Social puntualiza: "Es muy diferente el jóvenes contra jóvenes que el jóvenes contra policía. En el primer caso, hay una defensa el estatus del grupo y de sus miembros, un repliegue sobre los míos en defensa de la identidad grupal. Ahí sí veo una relación importante con la pandemia, que ha desdibujado el horizonte para muchos jóvenes, que vienen a decir: 'Me interesa menos el mundo, porque es un desastre, y me repliego sobre los míos'. Cuando el choque es con la policía, en cambio, el vínculo con la identidad es menor".

¿Qué hay entonces en esos botellones interrumpidos en seco por la policía que acaban como el rosario de la aurora? Scandroglio apunta dos respuestas. Una, "adrenalina". Es decir, pura "diversión", que luego puede ser justificada con otras coartadas. Dos, "rabia". Ganas de desahogo. Detrás de esa rabia, hay mucho.

Herida psicológica

La psicóloga afirma que le faltan datos para saber si hay una generación más violenta, extremo que pone en duda. "Es una hipótesis que siempre surge y nunca prospera", dice. De lo que sí está convencida es de que hay base de sobra para concluir que la reclusión por la pandemia ha cristalizado en las generaciones jóvenes en una mayor "necesidad de ocupar el espacio público". "No se trata de jóvenes pirados, sino de que hay un momento socialmente condicionado. Si te fijas, en las noticias de los altercados es difícil encontrar a un mayor de 25 años. Creo que las circunstancias ayudan a entenderlo. Hay una fuerte tensión psíquica en adolescentes y jóvenes, un sufrimiento psicológico acreditado ya por estudios".

En efecto, hay estudios. Los jóvenes entre 18 y 29 años son los que reflejan más fatiga pandémica de todos los grupos de edad, con un peor estado de ánimo, según el Estudio Social sobre la Pandemia Covid-19 presentado en febrero por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) presentó en mayo un informe que desgrana conclusiones elocuentes. La reclusión ha provocado en los jóvenes un aumento de "emociones negativas", como la ansiedad: del 12,1% en marzo de 2020 al 22,6% cuatro meses después (+10,5 puntos). También suben el desánimo (+9,6 puntos) y ligeramente la incertidumbre, que es la emoción más común (28,9%). Las emociones que más se reducen son positivas: curiosidad (-20,2 puntos), entusiasmo (-11,3) y motivación (-6,8). Los padres también han notado un enrarecimiento del ambiente con la pandemia. Un estudio de Amalgama 7 y la Fundación Portal detectó un fuerte incremento del porcentaje de familias que han escuchado de sus hijos "malas contestaciones" (del 30,1% al 58,3%) e "insultos" (del 3,8% al 11,9%):

Ha habido más investigaciones a lo largo de la pandemia que muestran que el golpe psicológico sobre la juventud es mayor que sobre el resto de capas. El estudio Las consecuencias psicológicas de la Covid-19 y el confinamiento, elaborado por seis universidades, indica que los jóvenes se encontraban más irritados y angustiados que el resto. Y advertía el informe: “Los efectos psicológicos del confinamiento y la crisis sanitaria pueden aparecer demorados en el tiempo y presentar tendencia a cronificarse”. La herida psíquica ya se refleja en el sistema sanitario. Un dato: entre 2019 y de 2021 ha subido un 50% el número de ingresos psiquiátricos de adolescentes en el Hospital Universitario de Basurto, como hizo público en agosto el Observatorio Vasco de la Juventud. Profesionales de distintos hospitales y comunidades comparten una impresión similar, como en el caso de Madrid.

De modo que es innegable la huella psicológica de la pandemia, que además resulta difícil de disociar de los problemas socioeconómicos que aquejan a la juventud. La Enquesta sobre l'impacte de la Covid-19, elaborada en 2020 por el Centre d'Estudis d'Opinió, concluyó que los jóvenes eran los más pesimistas sobre su futuro y el de la economía. Otro estudio de la FAD de diciembre de 2020, en este caso junto la Fundación Pfizer, concluye que casi un 60% de jóvenes hasta 29 años cree que van a empeorar sus oportunidades de futuro. El 54% cree que tendrá que trabajar "en lo que sea", sin margen de elección. No parece el estado anímico más adecuado para mezclar con alcohol y masificación, tras un largo periodo de restricciones. Un cóctel perfecto.

"Caldo de cultivo"

Existe, en palabras de Ana Sanmartín, subdirectora del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD, un "caldo de cultivo" hecho de problemas sociales, falta de perspectivas y fatiga pandémica. E inmediatamente puntualiza: "Lo que vemos es llamativo, escandaloso. Puede asustar. Pero pensemos que los que protagonizan altercados son pocos". El problema, añade, es que la repercusión de la violencia eclipsa el problema de fondo, y es que "los que están frustrados no son pocos, son muchos, y tienen motivos". Martín cree que los jóvenes han sido los grandes olvidados de la pandemia y sólo se ha puesto el foco en ellos ante conductas violentas e incívicas.

"Estamos viendo una especie de profecía autocumplida. Llevamos toda la pandemia leyendo que los jóvenes son insolidarios, que se portan mal. En realidad, no ha sido así en la inmensa mayoría de los casos, pero esa idea ha servido para tratar la cuestión de los jóvenes únicamente como un problema de seguridad y orden público, ignorando que hablamos de generaciones entre dos crisis, que no han visto otra cosa que crisis, que no se pueden emancipar y tienen trabajos precarios, con lo que de los pocos especios que les hemos dejado son los de ocio", señala Martín, que anima "buscar respuestas" y no "culpabilizar". "No tengo una bola de cristal que diga si estos altercados van a ir a más, pero sí creo que tenemos que estar atentos y observar, por ejemplo, si ahora sube el consumo de drogas", concluye.

El sociólogo Mariano Urraco, especializado en juventud, advierte del riesgo de "confundir las imágenes con la realidad" y de sacar las conclusiones sobre generaciones enteras por comportamientos puntuales. A su juicio, en línea con la visión de Sanmartín, una cosa es la "frustración", enormemente extendida, y otra la violencia, minoritaria y cuyos protagonistas "utilizan torticeramente la coartada" de la pandemia y la falta de futuro. "Si ves las imágenes de los botellones con disturbios, no se puede concluir que sean los jóvenes más precarizados, en absoluto", dice.

Entre algunos jóvenes se está dando –razona Urraco– una recuperación "desaforada" de libertades que no han podido disfrutar durante meses, lo que en ocasiones deriva en actos violentos. El sociólogo sitúa el fenómeno en un sistema de valores que da "prioridad total a la satisfacción", sin preparar para la encajar la "frustración". Eso no significa, incide Urraco, que haya que minusvalorar las causas objetivas de frustración y malestar psíquico de los jóvenes. Pero a nada conduce, a su juicio, analizar las explosiones de violencia frente a la interrupción de un botellón como si fueran el síntoma evidente de la precariedad. "La generación entera está frustrada y no todos queman contenedores", dice.

Jordi Nieva-Fenoll (Barcelona, 1970) lleva desde que comenzó la pandemia con una ceja enarcada. Es el gesto de la suspicacia ante el poder, de la alerta intelectual permanente, propia de un jurista que considera entre sus obligaciones primordiales prevenir de posibles excesos. Y la pandemia, señala, es terreno abonado para el abuso, cuya gravedad podría aflorar cuando pase la crisis. Catedrático de Derecho Procesal de la Universitat de Barcelona, articulista y activo denunciante desde su cuenta de Twitter de arbitrariedades y absurdos, Nieva-Fenoll es autor de numerosos libros sobre temática jurídica. Hoy se confiesa preocupado, sobre todo por la vis autoritaria de la sociedad.

PREGUNTA: ¿Pasa factura al Estado de derecho, a la garantía de nuestros derechos y libertades, un periodo tan largo de excepcionalidad?

RESPUESTA: Es evidente, claro. En qué medida, ya lo veremos. Es pronto. Pero es posible que algunas normas y medidas, que a su vez responden a nuevas costumbres, estén aquí para quedarse. Y eso da miedo.

P: ¿Por ejemplo?

R: Toques de queda. Nunca se habían promovido, salvo con ley marcial, es decir, en contexto no democrático. O las restricciones al derecho de reunión. Y lo digo dejando al margen su eficacia sanitaria, de la que podemos hablar. A lo que me refiero ahora es a que temo que estas normas sanitarias hayan roto algún precinto democrático. Eso lo podemos pagar en el futuro, en situaciones en que ya no haya pandemia.

P: ¿Ve una voluntad autoritaria en el poder político? Es decir, ¿ve una voluntad de usar la pandemia para restringir derechos y ostentar así más control?

R: No, de momento no he observado eso. Observo, y me preocupa aún más, un... trasfondo autoritario. Pero no en el Gobierno, sino en la sociedad. La pandemia ha extendido la idea de que el gobernante debe mandar. No gobernar, mandar. Lo importante no parece gobernar mejor, sino mandar más. El que no manda, no vale. Porque, según esa mentalidad tan extendida, este es un país de pícaros, en el que o hay mano dura o todo el mundo hace lo que le da la gana. Esta forma de pensar me indigna. No es cierta. A mí, que para nada soy patriota, que no tengo sentido de pertenencia a ningún sitio, me ofende esa idea. ¡Cómo se puede tener un concepto tan bajo del país!

P: Le preocupa más el autoritarismo en la sociedad que en el político, entonces.

R: El gobernante no es más que una parte de la sociedad. Me preocupa que los ciudadanos se hayan acostumbrado a aceptar medidas porque sí, aunque sean ilógicas o absurdas. Porque el ciudadano tiene que ser siempre consciente de sus derechos, y reivindicarlos. Y eso es algo que no he visto. Me preocupa, sí.

P: Usted lleva desde el arranque de la pandemia con la guardia alta ante posibles excesos que comprometan derechos y libertades. ¿Ha hecho daño a esta causa el que precisamente la extrema derecha haya enarbolado la protesta contra un supuesto afán “totalitario” del “Gobierno socialcomunista”?

R: Ha sido insólito. Han reclamado derechos fundamentales quienes quieren abolirlos: la extrema derecha. Es una monstruosidad haberlos dejado ocupar ese discurso de la defensa de derechos. Porque la extrema derecha, en cuanto ocupa posiciones de poder, trabaja por la abolición de lo que ahora dice defender. Sería poner al zorro a cuidar de las gallinas. Su reclamación es falsa, falaz... La mejor manera de evitarla, y de combatir ese negacionismo en el que ha derivado –con la negación de la pandemia, de la utilidad de las mascarillas y las vacunas–, hubiera sido una crítica razonada. Se perdió la oportunidad y se cedió un espacio a la extrema derecha que no debía ocupar.

P: Estamos en una situación excepcional. ¿Qué le hace pensar que una vez pase se puedan extender unas medidas tan duras? Por ejemplo, ¿le parece verosímil un toque de queda en España en una situación post-pandemia?

R: Me gustaría responder que no, pero no acabo de verlo claro. Durante todo este tiempo, se han implementado medidas que, sin duda, tenían sentido, pero también otras sin sentido, o excesivas, o adoptadas porque eran vistosas, porque eran populares, porque hacían ver que el político mandaba. Pero su utilidad era dudosa.

P: ¿Por ejemplo?

R: El confinamiento radical de los primeros meses. Era evidente que el virus no se contagiaba paseando por la calle. Hubiera bastado con limitar el derecho de reunión, pero sin impedir salir a la calle. ¿Hubiera sido más difícil el control policial? Claro, pero es que, si hay que optar entre lo más cómodo para la gente y lo más cómodo para la policía, hay que elegir lo primero. En cambio, se tuvo a la gente encerrada. Era desproporcionado. Otro ejemplo han sido las mascarillas en espacios exteriores no concurridos, que han llegado a límites absurdos.

P: ¿Se refiere a la nueva ley?

R: La Ley 2/2021 llegó a establecer la obligatoriedad al aire libre, en todo momento. Y lo peor es que mucha gente se cree que está bien así. Aquí nos encontramos con que se obliga a la gente a hacer algo inútil. En cambio, se permite no llevarla a personas que corren. O en las terrazas de los bares, o en el interior, como si no supiéramos ya el elevado riesgo de contagio por los aerosoles. A pesar de la acumulación de evidencia científica, son cosas que se han aceptado de forma sumisa. La pandemia ha ofrecido una imagen pobre de lo que el gobierno o un parlamento puede obligar a hacer a la gente, aun siendo ilógico. Ha demostrado que la gente está dispuesta a hacer cosas ilógicas, a cumplir normas ilógicas, sin cuestionárselas, y eso es preocupante.

P: ¿Cómo valora la solución acordada por el Consejo Interterritorial para el problema creado por la propia ley de marzo sobre mascarillas? Finalmente, se flexibiliza mediante un acuerdo que permite por ejemplo no llevarla en un momento de descanso en la toalla, sea en la playa o en la piscina.

R: Realmente, no se resuelve. El Gobierno decide que no va a perseguir determinadas conductas. De acuerdo, vale. Pero lo decide de una forma... curiosa. Equipara al ejercicio de deporte individual las [cita] "actividades que al realizarse supongan un esfuerzo físico de carácter no deportivo". Y pasear es "un esfuerzo físico de carácter no deportivo", a no ser que uno se desplace por telequinesis... Con esa redacción, ya podemos pasear sin mascarilla con convivientes, guardando la distancia con el resto. Es una manera desacertada de arreglar el problema. Pero, claro, si no, había que hacer otra reforma. Y eso es duro, porque ¡cómo reformar la ley 2/2021, de 29 de marzo, si estamos en abril!

R: ¿Qué otras opciones había?

R: El artículo 2 permitía declarar el final total de las restricciones. Y quien puede lo más, puede lo menos. Por lógica, aprovechando este artículo, se pueden abolir algunas de las restricciones, si la situación epidemiológica así lo permite. Era una manera limpia de escapar del error de la ley. Lo que se ha hecho ha sido una mala solución, que genera incertidumbre e incomprensión. Raya la ineptitud. En toda la gestión de la crisis ha faltado creatividad, imaginación. El toque de queda se pone aquí cuando se le ve a Macron. Porque es francés. Si lo hace Eslovaquia, nadie lo imita. La copia desvela una mentalidad provinciana. Y otra cosa, que quiero decir sin parecer duro: gestionar situaciones de crisis grave, en momentos de incertidumbre, no es fácil. No sé si las personas que llegan a la política están preparadas. Normalmente los políticos están formados para el discurso, la atracción de voto... Ahí se centra la actividad de los partidos. Suben los más populares. Y eso lo hemos pagado. Con dirigentes mejor formados, nos iría mejor.

P: ¿Esta forma de proceder afecta al Gobierno y todas las comunidades? ¿Observa alguna excepción?

R: No conozco al detalle todas, pero sí, en general sí. Se han dejado arrastrar unas a otras. Y algunas han intentando ir más allá, como Madrid, que ha buscado acumular activo político. Ha sido el caso evidente de [Isabel Díaz] Ayuso, con un continuo enfrentamiento absurdo. En el periodo inicial, el gabinete de Quim Torra trató de utilizar la situación para motivar sentimientos independentistas, algo inaceptable. A mí es algo que me indigna. Luego parece que la situación se ha encauzado.

P: Habla del toque de queda. ¿No lo ve lógico en ningún caso?

R: Lo puedo entender, en situaciones puntuales, para controlar el ocio de la gente joven, justificando bien que provoca contagios. Pero, ¿un lunes o un martes? Lo que ocurre es que metiendo a la gente en casa a una hora se da imagen de mayor control. Ese es un problema: la gestión se ha basado más en aparentar control que en buscar eficacia real.

P: El segundo estado de alarma fue decretado el 25 de octubre y durará hasta el 9 de mayo. ¿Demasiado largo?

R: Ha sido largo, sí. Los poderes públicos han sido incapaces de consensuar una ley para este tipo de situaciones, y cuando han intentado algo ha quedado esto de las mascarillas hasta en la playa... El estado de alarma dura tanto por nuestro déficit grave en legislación sanitaria. Además, es cómodo para el gobernante. Lo sacas en un día, no hay que debatirlo tanto... Pero es una irresponsabilidad brutal. Tendría que haber habido una ley desde el principio.

P: El primer estado de alarma pasaba por el Congreso cada 15 días, con dificultades políticas enormes. ¿No explica eso un segundo estado de alarma más largo?

R: Esa es la razón política. Pero no debería haber ocurrido. Los poderes públicos debieron recurrir a la ley, no a una vulneración excepcional de derechos fundamentales, que es la última solución, el botón nuclear. En un primer momento, vale, puede ser normal. Pero que hayamos sido incapaces de hacerlo hasta ahora me parece inaceptable. Ha faltado sentido de la responsabilidad por parte de todos, gobierno y oposición. Gobernar es más importante que ganar votos. Y ayudar a tu país desde la oposición, también. No se puede estar en el filibusterismo permanente. Se trata de que el país funcione.

P: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que su propósito es que tras el 9 de mayo no se prorrogue el estado de alarma. ¿Lo ve factible?

R: Espero que sí. Pero depende de los contagios, la vacunación... Veremos.

P: No es previsible que la crisis sanitaria vaya a estar despejada el 9 de mayo. ¿No nos quedamos inermes si termina el estado de alarma?

R: Tenemos alguna herramienta con la nueva ley, la de la polémica de las mascarillas. Pero, cuando hablamos de derechos fundamentales, no basta con eso. Para limitarlos de la forma en que se ha hecho hasta ahora, habría que volver al estado de alarma.

P: ¿No se puede legislar?

R: Se puede, como decía antes, y se debió hacerlo, aunque nunca para una restricción de derechos de manera generalizada, como es el caso ahora. Se puede legislar para prever limitaciones puntuales, basadas en criterios científicos, que establecieran los supuestos concretos. Tendría que ser una ley orgánica precisa, concreta. Con la forma general en que se establece ahora, se otorga discrecionalidad al Gobierno. Puede llegar otro gobierno y aplicarlo de formas que ahora no pensamos. Hay que estar siempre atento. La pandemia ha dado al Gobierno una discrecionalidad que puede ser un peligro en el futuro.

P: El Gobierno rebaja la importancia de perder el estado de alarma alegando que las decisiones del Consejo Interterritorial de Salud son de obligado cumplimiento.

R: Aunque así fuera, no pueden vulnerar derechos fundamentales.

P: ¿El Gobierno también alega que la situación puede manejarse con la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública?

R: No es suficiente.

P: ¿Estamos a tiempo de esa ley que concretase supuestos para establecer medidas para el estado de alarma?

R: Siempre estamos a tiempo de hacer las cosas bien. Si no es para esta pandemia, para las que vengan. Habrá otras.

P: ¿Estamos a tiempo antes de que termine el estado de alarma?

R: Sí, no creo que sea tan complicado. Habría que analizar las estrategias seguidas en los distintos países, escuchar a los epidemiólogos –no sólo a los que sean tus amigos, sino a distintas voces expertas–, ver puntos en común... Una ley tiene la tremenda ventaja de que se discute en el Parlamento. Hay una deliberación. En el estado de alarma, el Parlamento dice amén. Se pierden muchos detalles, posibilidad de afinar.

P: Situémonos en junio. Imaginemos que se dispara la incidencia en una provincia, una comarca, una ciudad. Y ya no tenemos estado de alarma, ni tampoco se ha aprobado esa ley que usted defiende que habría que aprobar. ¿Qué hacemos?

R: Volver a ir al juez, a que nos permita restringir, con todos los problemas que ya vimos.

P: Así se pierde mucha agilidad.

R: Efectivamente.

P: Además, el margen de incertidumbre es significativo. Ahí está el caso del Tribunal Superior del País Vasco, que permitió reabrir la hostelería en febrero, en contra del criterio de las autoridades sanitarias.

R: Es que si las medidas afectan a un colectivo, pues tiene derecho a oponerse. Lo importante, adopte quien adopte la decisión, es motivarla, explicarla, dar razones.

P: ¿Y no se hace?

R: Yo veo un déficit. Los gobiernos se han centrado en la concienciación, con una cierta dosis de moralina que sobraba. Ha sobrado moralina y han faltado explicaciones. No se ha explicado el porqué de las medidas. Cuando tienes que explicar lo que haces, lo haces mejor. Les pasa a los jueces cuando motivan una sentencia. Ahí se pueden dar cuenta de que no les convence lo que dicen, en cuyo caso modifican la sentencia que pensaban dictar. En política, igual. Es prioritario explicar.

P: ¿Nos han tratado como a niños?

R: Claramente. El tratamiento ha sido infantiloide. Un ejemplo: la mascarilla se ha impuesto en la calle para que a la gente no se le olvide llevarla cuando sí hay que llevarla. El razonamiento es ese: “Llévala siempre para que no se te olvide”. Bueno, eso es algo que se haría con un niño, en todo caso. Pero es un esquema contra la libertad. No se puede tratar a los ciudadanos como a niños. Ni hacer esa política comunicativa de la guerra contra el virus, el virus que está por todas partes... No ayuda. No explica. Dice muy poco del concepto que los gobernantes tienen de la gente que los vota. Los ciudadanos deben ser tratados como adultos. Esto se ha olvidado durante la pandemia.

P: Lo que usted defiende, en suma, es que se ha abusado del brochazo grueso y apenas se ha tocado el pincel fino.

R: Sí, eso resume mi forma de verlo. Se han pegado y se siguen pegando palos de ciego. Pero es que al principio no sabíamos casi nada de la enfermedad, que hoy sí sabemos. Por ejemplo, hoy sabemos de la importancia de los aerosoles. ¿Cómo puede ser que siga habiendo salas de espera de hospitales llenas de gente durante horas, sin más control que una indicación de vez en cuando para que alguien se recoloque la mascarilla?

P: Ha vuelto el debate sobre la “patada en la puerta”, con la entrada sin orden judicial de la policía en fiestas ilegales, justificadas por el Ministerio del Interior porque no “constituían morada”. ¿Tiene fundamento esta forma de proceder?

R: Lo que ignora el ministerio es que lo que está protegido no es sólo una morada en sí, sino dos derechos fundamentales, inviolabilidad del domicilio e intimidad. No sólo uno. Hace 400 años, sólo se concebía como espacio de intimidad la casa. Ya en el siglo XIX, se extiende a otros espacios. El derecho a la intimidad no puede depender de que la persona viva o no allí. La fiesta era una actividad privada. La intimidad no es dormir, comer, cenar y ver la tele. Aquí se da una mala comprensión del ámbito de protección del derecho fundamental. Afortunadamente, protestamos casi todos los juristas al unísono, porque era manifiestamente excesivo. No puedes permitir patadas en la puerta, por mucha pandemia que haya. A mí me hubiera gustado ver esa reacción de la profesión jurídica antes. Pero en otros momentos la profesión fue más conservadora, con esa idea de arrimar el hombro frente a la pandemia... Y nos callamos. El problema de callarse al principio, ante cosas que pueden parecer menores, es que acaban ocurriendo cosas mayores.

P: Entonces, ante una fiesta, denunciada por los vecinos, en la que se sabe que hay más gente de la permitida, con riesgo de contagio, ¿qué se hace?

P: Llamar a la puerta, esperar a que te abran. Y, si no te abren, esperar a que salgan. No puedes hacer otra cosa. Es que tenemos mal entendida la autoridad de un policía. Su labor tiene límites. Y, en este caso, el peligro no es tan grave como para justificar una vulneración de un derecho. Así que se espera. La gente de inmediato dice: “¡Hombre, no vas a tener a la policía esperando!”. Pues sí. Y luego, por supuesto, multas a los asistentes por hacer una fiesta ilegal. Pero bien hecho. Lo que no puede ser es entrar en el domicilio sin orden de un juez.

P: ¿Y las multas por incumplimientos del confinamiento? Todo apunta a que muchas van a quedar en nada.

R: Sí, pero depende del juez. Lo lógico es que sea sencillo anular la sanción, salvo las impuestas por desobediencia efectivamente cometida. Parece la interpretación correcta. Pero no sé si lo verán así todos los jueces. Y luego, una cosa más: recurrir no es algo al alcance de todos. Requiere un esfuerzo, informarse, acudir a un abogado... No es un clic en una app.

P: ¿Qué responde a aquellos que digan: “Esto es una pandemia histórica. No es momento de remilgos legales”?

R: Que cada vez que un ciudadano cede un espacio de libertad a la autoridad, el equilibrio entre el poder y el ciudadano se rompe, deteriorándose la democracia, cuyo mantenimiento es crucial. La pandemia pasará. Pero las dictaduras vienen siempre para quedarse. La historia de la humanidad es una historia de dictaduras disfrazadas –o no– bajo diferentes formas de gobierno y mitos patrióticos. Hemos gozado de democracia aún muy pocos decenios. Conviene no dar pasos atrás.

P: La Asociación Profesional de la Magistratura, la asociación Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente, que representan a 2.500 jueces españoles, han acudido a la Unión Europea por una supuesta vulneración del Estado de derecho en España, por la reforma del Poder Judicial. ¿Qué valoración hace?

R: La reforma sólo dice que un órgano –el Consejo General del Poder Judicial– con mandato caducado no puede seguir desempeñando algunas de sus funciones. Ello no constituye un ataque a la independencia judicial, sino que nada menos que dos años después de dicha caducidad, intenta ser un acicate adecuado para su renovación. Lo que sí es frontalmente contrario a la independencia judicial es el boicot político estratégico a la renovación, así como los múltiples intentos denodados, muy variados, de mantener a la judicatura en manos de una opción política, que además es muy conservadora. Tengo confianza en que el Consejo de Europa y la Unión Europea entiendan lo anterior, porque es demasiado evidente.

Son continuas las noticias de iniciativas disciplinarias contra representantes de las asociaciones profesionales de guardias civiles. No son buenas noticias porque hay otras tantas que dan cuenta de la anulación judicial de los procedimientos disciplinarios. Algunos pueden reducir su lectura e interpretación a que existe un funcionamiento normalizado de la justicia o a que los mecanismos propios del estado de Derecho funcionan. Pero sería erróneo quedarse en la mera noticia o en la superficie del problema. La realidad que subyace es la falta de aceptación del fenómeno asociativo en la Guardia Civil. Evidentemente no se puede generalizar. Es cierto, sin embargo, que la persistencia en esta manera de proceder acredita que no es algo aislado, pasajero, coyuntural. Por el contrario, el uso y abuso de la potestad disciplinaria frente a las asociaciones profesionales de miembros de la Guardia Civil y frente a sus representantes parece una constante que permanece en el tiempo con momentos de mayor o menor intensidad.

En la actualidad, estamos viviendo un serio y preocupante repunte del uso de lo disciplinario contra el movimiento asociativo profesional organizado en el seno de la Guardia Civil. Es evidente que no es una mera casualidad. La reiterada petición de cambios profundos en el seno de la Guardia Civil promovida por asociaciones como AUGC incomoda a quienes pueden ver peligrar sus intereses o privilegios. También a quienes no han interiorizado que el ejercicio del mando y la propia naturaleza militar no son barreras infranqueables para la mejora del marco de ciudadanía de los y de las guardias civiles y que una institución que no avanza al mismo ritmo que la sociedad a la que sirve y en la que ha de estar integrada, se queda atrás y se deslegitima frente a la ciudadanía y a los propios guardias civiles y sus familias.

No toda discrepancia ha de ser acallada a golpe disciplinario. Por el contrario, la discrepancia sensata es fuente de progreso y de mejora y motor de cambio y ha de favorecerse en un cuerpo policial moderno. El concepto de “Guardia Civil compartida” es más necesario y actual que nunca. La Guardia Civil no es de los que eventualmente la mandan y dirigen. Su obligación es dar espacio a todas las iniciativas de progreso y de mejora. Para ello hay que partir de la admisión de que todos pueden aportar y de que a todos compromete la búsqueda de escenarios de modernización que han de tener presentes, siempre, los derechos y el bienestar de los y las guardias civiles. No se puede construir una Guardia Civil del futuro sin contar y pensar en los hombres y mujeres que la integran, como conjunto y como personas.

Cada guardia civil importa. Su vida, su proyecto profesional, su familia. Por eso mismo, dirigir la Guardia Civil y mandar sus unidades, es una complicada labor que hay que agradecer a quienes la ejercen. Pero también hay que exigirles que cumplan con la ley, que admitan e integren en sus decisiones estratégicas una visión ampliada de sus responsabilidades y den espacio a las asociaciones profesionales y a sus representantes, admitiendo la discrepancia y la crítica. El uso del régimen disciplinario como única herramienta para mantener posiciones inamovibles, no compartidas, no es sólo una irregularidad legal, sino que se constituye en un error estratégico que la Guardia Civil no se puede permitir.

Es el momento, por tanto, de arrumbar estas prácticas para dar una oportunidad al diálogo que dé lugar a decisiones compartidas. Esta nueva manera de hacer, de proceder e incluso de mandar ha de tener un efecto expansivo en toda la Guardia Civil y ha de servir de ejemplo para todas las unidades y para el día a día en el ejercicio del mando. Esta visión compartida en la que han de tener un papel y protagonismo relevante las asociaciones profesionales sí que ha de ser la piedra angular de un Código de conducta que refuerce la institución, la cohesione internamente y la mantenga conectada con la sociedad. Es un reto o, mejor dicho, el reto de la Guardia Civil.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha justificado la entrada policial en pisos turísticos que no se usan como morada sino como locales para organizar fiestas ilegales y ha negado que los Cuerpos de Seguridad esté "violentando" derechos fundamentales.

En declaraciones recogidas por Europa Press tras la toma de posesión de la nueva delegada del gobierno en Madrid, Marlaska ha recalcado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están haciendo "una labor fundamental y esencial" para garantizar la salud de los españoles y hacer frente a la pandemia en primera línea.

Su labor, según ha recalcado, es "hacer frente a infracciones de la ley" y, en este caso, "atajar fiestas ilegales", pero "en modo alguno limitar o violentar un derecho fundamental".

Preguntado por la polémica de la patada en la puertay la inviolabilidad del domicilio, el ministro y juez en excedencia ha querido dejar claro que el concepto de "morada" no es formal, sino material", y afecta al lugar en el que se realice "la intimidad más plena de una persona".

Depende de su uso

Y aunque formalmente un piso turístico puede ser morada, el ministro recalca que hay casos en los que puede no serlo si su fin es otro, como hacer fiestas ilegales. En este sentido, ha añadido que, "en estas circunstancias actuales, muchos inmuebles se utilizan única y exclusivamente para realizar fiestas ilegales, no para vivir ni para realizar la intimidad propia" que merece la protección fundamental.

Para tratar de explicarlo, el titular de Interior ha puesto un ejemplo inverso, el de una furgoneta que formalmente no es morada, pero que en cambio puede serlo en el caso de una persona sin recursos ni hogar, por lo que ahí sí se necesitaría una orden judicial para entrar en el vehículo.

También la vicepresidenta Carmen Calvo ha hablado de esta polémica en el mismo acto institucional, subrayando que la Policía se atiene siempre al cumplimiento de la ley. Según ha recalcado, "no hay ninguna recomendación de ningún nivel del Gobierno para que los cuerpos de seguridad actúen más que en el estricto cumplimiento de la ley".

En el ser humano sigue mandado su parte animal. Los escasos 20.000 años de “civilización” no han conseguido que supere dos de sus más incrustadas características: la territorialidad y el uso de la fuerza para resolver conflictos. Estas dos características son las que dan sentido, casi unánimemente aceptado, a la existencia de ejércitos y fuerzas de orden público. ¿Tienen sentido en este momento ejército y fuerzas de orden público? Me temo que, en parte, sí. ¿Deberán desaparecer en el futuro de la humanidad? Evidentemente, si queremos una humanidad plena, sin relaciones de poder entre sus integrantes.

El concepto de “territorio” ente los animales está profundamente ligado a su existencia. El animal necesita un lugar en el que la naturaleza produzca lo preciso para alimentarse, sobrevivir y reproducirse. Todas las especies presentan el instinto de conservación y el de la propia especie. Por tanto, defiende ese territorio incluso con su vida, y con los medios que la naturaleza le ofrece. De hecho, la misma naturaleza se autorregula, pero ese equilibrio delicado ha sido trastocado por la existencia del ser humano.

La progresiva complejización de las sociedades humanas dio lugar a que las relaciones internas de cada comunidad y entre las diferentes comunidades se fueran haciendo cada vez más intrincadas. No habiendo superado el concepto de territorialidad ni el uso de la fuerza para mantener su espacio y tratar de agrandarlo a costa de los demás, se hizo imprescindible la creación de guerreros externos que protegieran una comunidad concreta y que trataran de obtener más recursos a costa de otras comunidades, y guerreros internos que evitaran que esos conflictos, que se producen en toda relación humana, provocaran un uso indiscriminado y particular de la fuerza que debilitaría a la comunidad. Habían nacido los ejércitos y las fuerzas del orden, depositarias de la fuerza de toda la comunidad para su defensa, su prosperidad y su fortaleza interna evitando o resolviendo conflictos internos.

El pasar de los siglos no ha cambiado nada en la base que justifica la necesidad de esos dos estamentos. No son productivos para la sociedad, pero reciben sus emolumentos por la cesión de la fuerza individual, cesión necesaria para defender a la sociedad de ataques externos y para separar ese ejercicio de la fuerza o la violencia de cada persona y depositarla en unos estamentos que deben ser neutrales y no favorecer o perjudicar a ninguno de los que aportan su trabajo productivo para mantenerles. Y su obligación de neutralidad viene dada porque la cesión de la fuerza o la violencia no es individualizada, sino colectiva. Tomar partido por una parte de la sociedad sería injusto.

Eso no quiere decir que los integrantes de esos estamentos no tengan sus preferencias sobre la forma en que debe organizarse la sociedad. Pero deben participar, en tanto que ciudadanos, en los foros cívicos de debate exponiendo sus puntos de vista. Y llegado el momento de actuar ejerciendo la fuerza que les ha sido delegada, deben despojarse de sus prejuicios e ideologías y tratar a todos los ciudadanos por igual. Por eso es tan escandaloso cuando renuncian a esa obligación de neutralidad y apoyan descaradamente una opción de organización social. Cuando su ideología puede más que su obligación de neutralidad, y actúan con fuerza contra unos y con suavidad contra otros, no sobre la base de la conducta de cada uno, sino sobre la base de sus propias convicciones. Usan los recursos de todos contra una parte.

Por eso es tan indignante saber que algunos militares de muy alta graduación que han ejercido el poder en la milicia hasta hace muy poco tiempo, con las armas que compra el ejército pagadas con los impuestos de todos, amenacen con fusilar a 26 millones de esos todos. O que con las dotaciones y opacidades que se entregan a los cuerpos de seguridad, se aproveche para buscar formas de encrespar a la ciudadanía (el conocido “síndrome de Sherwood” que ha circulado por las redes, obra de un alto mando de los mossos d’Esquadra, nada que no hubieran practicado ya los nazis o los miembros de ideologías totalitarias) para hacer patente la necesidad de su existencia por un comportamiento violento de una parte de manifestaciones pacíficas a través de infiltrados y de un uso desmedido de la violencia de la que son depositarios respondiendo a la violencia con violencia. Por cierto, no todo se justifica con los “infiltrados”. Como he dicho al principio de este artículo, nuestra animalidad nos hace reaccionar con violencia para resolver conflictos. Cada vez menos. Pero hay algunos más animales que otros así que su pulsión es más fuerte. Y su reacción, más violenta, sin necesidades de provocaciones externas.

Nos decimos civilizados, pero no hemos sido capaces de desterrar la violencia como forma de relación con quienes no tienen nuestro mismo pensamiento (y a veces incluso con los que teniéndolo se atreven a poner en duda alguna de las “verdades inconmovibles” que toda forma de pensamiento tiene) o ejercerla para “educar” (se ha avanzado mucho en este campo pero estamos aún a años luz de desterrarla) o para “amaestrar”, un campo en el que ni se plantea la desaparición de la violencia con otros animales que conviven con nosotros o a nuestro lado sin mezclarse con nosotros. Cuanto más lejano, más legítima e inevitable parece la violencia.

En cuanto a la territorialidad, es tan evidente que cuando se intenta acabar con la misma y crear espacios comunes para los naturales de determinados territorios, surgen siempre voces contra esa creación, como en el caso del espacio Schengen, al que se le culpa de todos los males cada vez que hay una ocasión, o la vergüenza de los “refugiados”, de los “migrantes”. Como diría Rafael Amor “solo soy un ser humano, no puedo ser extranjero”. Ciertamente los recursos de un territorio son limitados por lo que la ocupación de los mismos debe ser controlada.

Nadie se aleja de su territorio familiar si no es por una razón concreta y poderosa. El rechazo de quien necesita ayuda es inhumano, más cercano a la mirada entre atónita y estúpida del rebaño que asiste inmóvil a la forma en que el depredador devora a uno de los suyos, que al de quien solidariamente presta su ayuda a quien está en un momento de necesidad. Eso sin contar con que es típico ser muy patriota (territorial) y defender los recursos propios, pero tratar de apropiarse de los recursos de otros territorios más débilmente defendidos, o aprovecharse de personas de otros territorios con menos capacidad para defender sus derechos. Los “patriotas” de esos territorios no tienen derechos ¡Es el mercado, amigo!

Por eso es tan importante que se impregne a los depositarios de la violencia social, especialmente militares y cuerpos de seguridad que tienen medios para ejercerla, con el concepto de ciudadanía. Con el concepto de pertenencia a un cuerpo social, en el que son meros administradores de las normas que rigen la convivencia y la aplicación por la fuerza de las mismas cuando no queda otro remedio. En el caso específico de los militares, de quienes me ocupo en estos artículos de opinión, es absolutamente imprescindible que sientan que son ciudadanos de uniforme. Y especialmente en nuestro país. Que se abran a los ejemplos de las fuerzas armadas de otros países, en los que los generales y los altos oficiales acuden a su trabajo en transporte público o con su propio vehículo, cuando no en bicicleta o a pie, en los que fuera de los momentos de peligro real para su territorio o las misiones de paz, que afortunadamente abundan desde mediados del siglo pasado, en los que naturalmente las reglas deben ser distintas para conservar la vida y la capacidad efectiva de defensa, deben ostentar los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano. Deben convivir con sus paisanos, lejos de las “colonias militares”.

El cuartel debe ser el centro de trabajo como lo es la oficina o la fábrica. Nadie vive en su oficina o en su fábrica. Y sus relaciones han de ser lo más “laboralizadas” posible, con una clara carrera militar, valoración transparente de méritos y ascensos según esa valoración, juzgados por los mismos jueces que juzgan a los ciudadanos corrientes y con las mismas normas y en su caso puniciones que el resto de los ciudadanos. Carece de sentido que la forma de castigo sea en demasiadas ocasiones la privación de libertad. Y con el mismo derecho a expresar sus opiniones, pero sin intentar llevar a término esas opiniones con un uso de una fuerza que no les pertenece porque les ha sido entregada por todos para que cuiden de todos. La concienciación en su etapa de formación debe estar dirigida hacia valores democráticos, de respeto por las opiniones incluyendo las de ellos mismos. La evolución de la sociedad española debe entrar en los cuarteles para que no se miren modelos pasados, sino hacia el futuro y que se avance hacia la creación de unas fuerzas armadas del futuro.

Si alguna vez la humanidad puede sacudirse el yugo de la animalidad de la defensa del territorio y la solución de conflictos por la violencia, no serán necesarios ni ejércitos ni fuerzas del orden. Pero estamos a muchos miles de años de esa realidad. Nâzim Hikmet, el maravilloso poeta turco del siglo pasado, acababa uno de sus poemas con un desiderátum que aún no se ha cumplido:

Cuando mi hijo tenga mi edad

ya no estaré en este mundo.

Pero ese mundo habrá de ser

como una cuna soberbia.

Una cuna que mecerá

en sus pañales de seda azul

a todos los niños

negros

amarillos

blancos.

Y permítaseme acabar este alegato contra la territorialidad y la violencia recordando esa canción que John Lennon compuso y que debería ser el himno de la humanidad que la guiara hacia su futuro para acabar de una vez por todas con la territorialidad y la violencia, ImagineImagine:

You may say I'm a dreamer (Podéis decir que soy un soñador)

But I'm not the only one (Pero no soy el único)

I hope some day you'll join us (Espero que algún día os unáis a nosotros)

And the world will be as one (Y el mundo será único).

Existe un debate recurrente en la sociedad española que se refleja en la conversación pública y en los tribunales de justicia, al que de nuevo asistimos, sobre el que sería interesante apuntar algunos espacios para la reflexión. La afirmación de que en España existen delitos de tortura cometidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o personal del ámbito penitenciario parece, en opinión de algunas personas, cuestionar –o directamente negar– que vivimos en una democracia. Frente a ello, se invoca la libertad de expresión e incluso la obligación de realizar esta denuncia para, precisamente, luchar por una democracia de calidad.

Podemos estructurar la cuestión sometida a debate en los siguientes cinco ejes:

1. El delito de tortura.

Si usted, amable lector, secuestra a su vecino, lo lleva al sótano de su vivienda y durante una semana lo golpea, amenaza… y le va cortando algunos dedos… usted no es un torturador desde el punto de vista jurídico. El delito de tortura solo pueden cometerlo determinadas personas en el ejercicio de las funciones públicas atribuidas a quienes ejercen la violencia legítima del poder político al que representan, como determina un tratado internacional, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y nuestro Código Penal. (1)

2.- El prevalimiento de las funciones propias de la posición en la autoría de algunos delitos.

En el ámbito de los denominados delitos de corrupción, estaremos de acuerdo en que, además de personas con responsabilidades políticas “corrompidas”, pueden y suelen existir empresas y particulares que también son “corruptores”, buscando los intervinientes obtener un beneficio.

De igual forma, cualquier persona puede cometer delitos contra libertad sexual de los niños y niñas. Pero existen ámbitos en la esfera de lo común (la escuela, las actividades deportivas…) donde existe un mayor riesgo derivado del abuso de funciones desde una posición de privilegio otorgada por la autoridad de las personas que pueden cometer esos delitos. La situación de vulnerabilidad de la víctima y la situación de superioridad de la persona autora de estos delitos hacen que existan “tipos cualificados”, es decir, que la pena por el delito se vea aumentada específicamente en estos casos.

Hay también algunos delitos que se delimitan por el espacio en el que se producen, como el acoso sexual, que exige expresamente para su existencia que se produzca exclusivamente “en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios”.

3.- Los delitos de tortura en una democracia.

Parece lógico, entonces, deducir que en todas las democracias hay torturas, como existen comportamientos que se encuadran en la corrupción, pedofilia o acoso en los ámbitos señalados.

Si entendemos la tortura como violencia institucional, reconocer que existen casos de torturas no es “atacar” al sistema político. Antes bien, es una necesidad insoslayable. En una democracia es una obligación denunciarla, para poder establecer los mecanismos de prevención y sanción, y fortalecer el sistema, como lo es el establecimiento de rendición de cuentas y transparencia para el buen gobierno en al ámbito de los delitos vinculados a la corrupción.

Es ese precisamente el motivo por el que existe en España desde el año 2009 (y en todos los países que han ratificado el Protocolo Facultativo del Convenio Internacional contra la Tortura mencionado) un Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura que expresa el compromiso estatal en la lucha contra estos delitos. Los datos estadísticos de 2019 sobre denuncias presentadas y personas cumpliendo condenas por tortura (entre otros) pueden leerse en el Anexo IV del Informe Anual 2019 de dicho mecanismo.

Resulta, por tanto, imprescindible la existencia de medidas de control reforzadas. Políticas públicas estatales en el caso de la prevención de la tortura y corporativas en el caso de espacios laborales o educativos, de naturaleza específica y con carácter “preventivo” que estén basadas en mecanismos de transparencia y vigilancia.

Ese elemento característico de las medidas de control reforzado responde, por tanto, a que nos encontramos en ámbitos más sensibles donde deben existir acciones diferenciadas y específicas porque existen también unos riesgos específicos. Por ello, se hacen necesarios normativas y protocolos concretos: mecanismos de denuncia interna, protocolos especiales para la detección y atención a las víctimas, grabaciones audiovisuales en los espacios de detención…

En el caso de la denuncia de la tortura, además las instancias públicas, las organizaciones sociales juegan también un rol decisivo, trabajando con muchos obstáculos, pocos o nulos recursos y en no pocas ocasiones siendo criminalizadas, precisamente, por denunciar la violencia institucional que constatan en el ejercicio de su trabajo. Todo ello refleja, sin duda, un indicador sobre la calidad de nuestros sistemas democráticos.

4.- La libertad de expresión para denunciar la existencia de torturas

Realizar esas denuncias ha supuesto para muchas personas ser objeto de querellas de sindicatos o asociaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado o personal del ámbito penitenciario, como en el caso de Iñaki Rivera, del Observatori del sistema penal i els Drets Humans, de la Universidad de Barcelona. El profesor Rivera denunció torturas en desarrollo de su quehacer profesional y académico, como profesor titular de Derecho penal y penitenciario, tras muchos años visitando prisiones e investigando relatos y denuncias de personas privadas de libertad y que han sido (casi) siempre archivadas, estando –a día de hoy– a la espera de la resolución de la última de esas querellas.

También en el caso de la abogada Lorena Ruiz-Huerta, acusada en su momento (y finalmente absuelta) de un delito de calumnias por declarar “… Pues es así, la Policía maltrata a los detenidos de manera sistemática durante la detención. Desde el momento en que se produce la detención, durante la conducción, en los calabozos. No solamente de forma física, no solo les golpea, sino que veja, les insulta y les humilla”.

El grado o nivel de “sistematicidad” que se pueda atribuir a esas conductas de violencia institucional —a las que también se han referido con distinta intensidad diversos informes de la Relatoría Especial de Naciones Unidas— forma parte de la libertad de expresión, como han puesto de manifiesto ahora la finalización de estos procedimientos judiciales mediante el archivo o la absolución de las personas acusadas. Y, más aún, en el ámbito del Consejo de Europa, han existido observaciones del Comité para la Prevención de la Tortura desde su creación en 1989 y sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que en más de 13 ocasiones han condenado a España por no investigar denuncias de torturas.

El asunto más reciente ha sido el de las declaraciones realizadas por Alejandra Matamoros –abogada de Pablo Hasél– que además de enfrentarse a una posible querella por manifestar que en España “se practica la tortura un día sí y otro también”, es objeto de un proceso de información previa en el marco de un expediente deontológico del Colegio de Abogados de Madrid.

Realizar manifestaciones del tono “se tortura día sí y día también” o “en España hay un caso de corrupción cada 24h” parece que se puede enmarcar, conforme al reiterado criterio jurisprudencial, como parte de la libertad de expresión. A pesar de ello, se siguen admitiendo a trámite algunas acciones judiciales en este y otros ámbito que denotan (en el mejor de los casos) un palmario e inexcusable desconocimiento del ordenamiento en materia penal.

Pero, ¿y si utilizamos expresiones como “todos los políticos son unos corruptos...”,“todos los curas son unos pedófilos...” o “todos los policías son unos torturadores”?

5.- Los límites de la libertad de expresión en democracia

La veracidad en una información que pueda atacar la dignidad de una persona por ser calumniada, las injurias vertidas al expresar una opinión que puedan violentar un bien jurídico protegido como el derecho al honor... son algunos de los límites para esta libertad que existen en una democracia. Todo ello debe enmarcarse, también, cuando estas expresiones se producen en el ámbito de la sátira como forma de crítica política y social, que puede integrar una expresión artística (plástica, escénica, verbal o escrita...) o simplemente ante una crítica feroz y descarnada contra una persona o un grupo determinado.

Regresando a las anteriores expresiones, observamos cómo se toma una parte por el todo para expresar precisamente que existen las relaciones de poder que están establecidas entre las víctimas y los victimarios de esos delitos.

Adenda.- La libertad de expresión frente a grupos específicos

Si consideramos entonces que esas manifestaciones pueden caber en el derecho a la libertad de expresión, cabe preguntarse si otras que podamos considerar similares también estarían amparadas por este derecho. Veamos algunos ejemplos.

“Todos los extranjeros son unos violadores”, “todas las personas de la etnia gitana son unas ladronas” o “todos los musulmanes son unos asesinos”… o bien “todos los nazis son racistas”, “todas las personas con responsabilidades políticas en el apartheid de Sudáfrica son racistas”, “todos los blancos sudafricanos son racistas”, “todos los etarras están de acuerdo con asesinar por motivos políticos, “y todos los independentistas vascos comparten lo anterior”…

La naturaleza jurídica de los denominados “delitos de odio” sería objeto de otro análisis, sobre el que también parece necesario realizar una gran esfuerzo de pedagogía ante la ciudadanía y los medios de comunicación, y de algo más que “pedagogía” cuando hablamos de la actuación de determinados operadores jurídicos.

De igual forma, es necesario separar las eventuales responsabilidades penales por imputar un delito (de tortura, asesinato…) a una/s persona/s de aquellas que se puedan realizar mediante determinadas expresiones genéricas, en el concreto del ámbito de la crítica profesional, social o periodística, en función del contexto en que éstas se produzcan.

En otro espacio podremos pensar sobre todo esto, por ahora es suficiente reflexionar sobre las cinco ideas expuestas.

(1) Mención expresa aparte merece el art. 3 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura sobre la autoría de los particulares "a instigación de los funcionarios o empleados públicos".

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José Ramón Antón Boix es abogado

El diputado y secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, ha negado en su declaración de este jueves como investigado ante el Tribunal Supremo (TS) que agrediera a un policía durante una manifestación que tuvo lugar el 25 de enero de 2014 en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), enmarcando las investigaciones en su contra en "la criminalización de la protesta social". "Esos hechos los negué porque nunca ocurrieron", ha dicho Rodríguez a la prensa tras declarar durante una media hora ante el juez instructor Antonio del Moral, que le investiga por presuntos delitos de atentado contra la autoridad y una falta o delito leve de lesiones por, supuestamente, haber dado una patada a un policía durante una protesta contra la llamada ley Wert.

El dirigente ha sostenido que se limitó a participar "junto a miles de canarios en una manifestación por la educación pública y contra los recortes", aseverando que "ni siquiera estaba en ese momento" en el que se produjeron las agresiones a los agentes.

Rodríguez ha denunciado que el hecho de que este caso surja ahora "es parte de una estrategia (...) generalizada de criminalización de la protesta social". "También a lo mejor tiene algo que ver con que sea diputado de Unidas Podemos", ha deslizado.

En cualquier caso, ha avanzado que seguirá manifestándose. "No tengo nada de lo que arrepentirme ni nada de lo que avergonzarme, y seguiré participando en movilizaciones toda mi vida, y lo seguiré haciendo con orgullo, por mucha persecución, por mucho montaje policial, por muchos intentos de criminalización de la protesta que haya", ha zanjado.

Declaración aplazada por covid-19

La causa se abrió en el Supremo a instancias del Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna, que llegó en su día a dictar auto de apertura de juicio oral contra Rodríguez, pero quedó sin efecto tras la elección del mismo como diputado, con lo que pasó a ser aforado ante el Tribunal Supremo.

Del Moral ofreció a Rodríguez la posibilidad de declarar de forma voluntaria, pero éste declinó la comparecencia, fijada para el 19 de octubre, remitiéndose a la declaración que había realizado ante el juez de La Laguna, por lo que el instructor tuvo que pedir un suplicatorio al Congreso para tomarle declaración.

Rodríguez estaba citado para el pasado 28 de enero, si bien Del Moral aplazó la declaración a petición de la defensa después de que ésta le comunicara que el diputado canario padecía covid-19. La comparecencia se fijó para este jueves una vez que su procuradora comunicó al juez el alta médica de su cliente.

La fiscalía pide un año de cárcel

El Ministerio Fiscal había presentado un escrito de acusación calificando la conducta de Rodríguez de delito de atentado contra agente de la autoridad y falta de lesiones, hechos por los que solicitó la imposición de una pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa por la falta.

El asunto a investigar, según la Fiscalía, se remonta a 2014, cuando Rodríguez participaba en una protesta contra la LOMCE organizada coincidiendo con la visita a La Laguna del entonces ministro de Educación del Gobierno del PP, José Ignacio Wert, que iba a participar en la inauguración de la catedral.

Conforme a los atestados, la manifestación derivó en insultos a los agentes desplegados para proteger a las autoridades y en lanzamiento de vallas y todo tipo de objetos, por lo que algunos policías resultaron agredidos. Rodríguez se encontraría en un grupo de personas que habrían participado en agresiones, como pancartazos y puñetazos. Su participación exacta en estos delitos deberá ser aclarada ahora por el Supremo.

Respecto a este mismo diputado, el TS abrió una causa en 2017 por un delito de desorden público en relación con unos hechos ocurridos en la Laguna el 25 de diciembre de 2006 y, posteriormente, declaró extinguida su responsabilidad penal al considerar que había prescrito el delito por el que se le había investigado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido este jueves ser "cautos" y no comparar los hechos "gravísimos acontecidos en Cataluña" en las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél con el terrorismo callejero y la kale borroka vivida "anteriormente en Euskadi".

Marlaska se ha expresado así en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, tras ser preguntado si considera terrorismo callejero los incidentes acontecidos en las últimas semanas en Barcelona. "Hay que ser muy cautos en las calificaciones de los hechos", ha espetado.

En esta línea, el titular de Interior ha asegurado que todos los que han "vivido hechos dramáticos" como el terrorismo de ETA deben ser "cautos". "Una cosa son los hechos graves, gravísimos, acontencidos en Cataluña a los que no hay que restarle gravedad y relevancia y otra cuestión concluir calificaciones que pueden ser excesivamente anticipadas", ha sostenido.

A su juicio, en la Ciudad Condal se ha vivido "vandalismo, desordenes públicos" y atentados contra la autoridad. "Hechos de una entidad y una gravedad manifiesta a los que han hecho frente la profesionalidad de los Mossos y la coordinación efectiva y real con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", ha añadido.

Por último, preguntado sobre el vicepresidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonés, y el hecho de que tardase en condenar los incidentes varias semanas, Marlaska ha destacado que "lo importante es la condena de los atentados y los hechos violentos".