¿Tiene sentido que una organización creada para proteger a sus miembros dé pasos en contra de los intereses de los mismos? Ninguno.

Partiendo de esta premisa, tampoco es creíble que la Unión Europea llegue a acuerdos comerciales con terceros países que perjudiquen a sus Estados miembros.

El intercambio comercial ha acompañado al ser humano prácticamente desde los albores de la humanidad. En el Neolítico hacían trueque con pieles de animales, herramientas… y con la agricultura nació el comercio. Es una práctica inherente al desarrollo de los pueblos y las sociedades, y no se detendrá. Por eso, el debate es si lo hacemos con o sin reglas, con imposición o con negociación. Y en estos momentos en el que Donal Trump ha optado por lo primero, haciendo saltar por los aires las reglas del comercio internacional y aplicando la ley del más fuerte, nuestra apuesta es la contraria, establecer reglas para que sea una práctica justa y sostenible, social y medioambientalmente. 

Desde que nació la Unión Europea, no ha habido ni un solo acuerdo comercial suscrito con terceros que no haya generado beneficios para Europa. Un ejemplo reciente lo encontramos en el Acuerdo Comercial y Económico Global con Canadá, conocido como CETA, frente al que se levantaron muchas voces en contra pero del que ya no se ha vuelto a escuchar más, quizá porque no se cumplió ninguno de los malos pronósticos que vaticinaban esas voces. Realmente, ha sucedido todo lo contrario; desde que entró en vigor en 2017 el comercio ha aumentado un 66% y se han creado más de 700.000 empleos en ambos lados del Atlántico. 

Los resultados nos han dado la razón a quienes entonces defendíamos que el acuerdo con un país con quien compartimos valores, estándares y cultura solo podría generar beneficios para ambas partes. Y las mismas expectativas tenemos con Mercosur, incluso más altas si hablamos en términos de población y volumen de bienes. 

El Acuerdo de asociación de la UE con Mercosur es un logro sin precedentes de la política exterior y comercial de la UE en los últimos años. La unión de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay supone un mercado de 270 millones de habitantes, con un PIB de 2,7 billones de euros, es decir, que conjuntamente conforman la sexta economía del mundo. La Comisión Europea calcula que el potencial de exportaciones podría aumentar en 84.000 millones y generar unos 756.000 empleos adicionales, beneficiando especialmente al sector automovilístico europeo, a industrias como la química o la farmacéutica, y a la agroalimentación, en sectores como el queso, el vino o las bebidas espirituosas. Se estima que, como resultado de la liberalización, las exportaciones de mercancías y servicios de la UE a Mercosur aumenten entre un 52 y un 68%, y las importaciones de la UE procedentes de Mercosur lo hagan entre un 11 y un 14%.

Por eso las preguntas más pertinentes que caben hacerse son ¿quiénes? y ¿por qué se oponen a Mercosur? La respuesta es: aquellos que se oponen a cualquier acuerdo comercial porque eso engrandece y fortalece a la Unión Europea. 

Esto no va de agricultura. Precisamente uno de los pilares más sólidos de la Unión, si no el que más, es la Política Agraria Común (PAC). Desde que nació el proyecto europeo, la seguridad alimentaria y, por tanto, el cuidado de la agricultura, ha sido uno de sus ejes fundamentales. No es casualidad que el 25% del presupuesto de la UE se destine a la PAC, a pesar de que el sector agrícola aporta al PIB europeo un 1,5%.

Y así seguirá siendo. De hecho, en las actuales negociaciones del Marco Financiero Plurianual la comisión acaba de sumar 45.000 millones de euros a la partida dedicada a la PAC. 

Del mismo modo que tras 25 años de negociaciones con Mercosur, los derechos e intereses de todos los sectores europeos –pero especialmente del agroalimentario– están protegidos y podrán obtener grandes beneficios. Esto será así particularmente en sectores como el aceite de oliva, el vino y el porcino, que se verán favorecidos con la eliminación progresiva de los aranceles. Además, el acuerdo incluye contingentes arancelarios equilibrados para los productos más sensibles, así como medidas de defensa comercial y salvaguardias para proteger los productos agrícolas más sensibles para la UE, y una red de apoyo financiero de 6.300 millones de euros para afrontar eventuales perturbaciones en los mercados agrarios. En el caso de España, protege 59 denominaciones de origen.

La optimización de procedimientos aduaneros supondrá una gran ventaja para las pymes, al igual que se abren grandes oportunidades para todas las empresas, que podrán competir por contratos públicos a los que no tenía acceso. 

Frente a los falsos argumentarios, es importante que la ciudadanía sepa que los productos importados cumplirán las estrictas normativas de seguridad alimentaria de la UE, no permitiéndose importar productos con sustancias no autorizadas en Europa.

Desde este mismo 17 de enero, con la firma de la UE y los países del Mercosur, el acuerdo ya está en vigor. A partir de ahí continúa un largo proceso de ratificaciones que puede alargarse varios años, pero que no paralizará en ningún caso su aplicación. 

La alianza que sella Mercosur es única. Estamos hablando de países democráticos estables que están avanzando en su cooperación a nivel continental y al que se irán sumando otros países. La decisión de asociarse responde a una voluntad política y económica, y en estos momentos en los que otros actores internacionales que eran nuestros aliados han dejado de serlo, hay que poner todo el empeño en que este acuerdo de asociación sea un éxito.

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Javier Moreno es presidente de la Delegación socialista española en el Parlamento Europeo y miembro titular de la Comisión de Comercio Internacional.

El Mercosur y la Unión Europea (UE) firmaron este sábado, en Asunción, un histórico acuerdo de libre comercio que dará lugar a una de las mayores zonas integradas del mundo, con 720 millones de personas, tras 26 años de negociaciones.

El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, y los cancilleres de los países del Mercosur, Pablo Quirno (Argentina), Mauro Vieira (Brasil), Rubén Ramírez (Paraguay) y Mario Lubetkin (Uruguay), sellaron el tratado con sus firmas en un acto en la sede del Banco Central de Paraguay, ante cientos de invitados y entre fuertes aplausos.

El pacto permitirá a los dos bloques, que juntos suman 31 países y representan cerca de un cuarto de la economía mundial, reducir o eliminar gradualmente los aranceles para alrededor del 90 % de sus importaciones y exportaciones.

A la ceremonia asistieron, en calidad de testigos de honor, tres de los cuatro presidentes de los países que conforman el Mercado Común del Sur (Mercosur): Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay, que ostenta la presidencia semestral del grupo) y Yamandú Orsi (Uruguay).

El único ausente fue el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los grandes impulsores del acuerdo con los europeos y quien no acudió por cambios de protocolo de última hora.

La delegación de la UE estuvo encabezada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

El tratado envía un mensaje "fuerte" frente a los aranceles y el "aislamiento" creciente en el mundo, afirmó Von der Leyen en su intervención.

Por su parte, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, cuyo país ocupa la presidencia rotativa del Mercosur, destacó que "el camino del diálogo, la cooperación y la fraternidad es el único camino". "Usamos con ligereza muchas veces los calificativos, pero hoy no es el caso, estamos ante un día verdaderamente histórico y largamente esperado por nuestros pueblos, al unir dos de los mercado más importantes del mundo: Europa y Suramérica", añadió.

También fueron testigos de la rúbrica los mandatarios de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Panamá, José Raúl Mulino. Bolivia está en la fase final de su adhesión como miembro pleno del Mercosur y Panamá ingresó recientemente como Estado asociado.

El acuerdo entre el Mercosur y la UE es el resultado de 26 años de negociaciones y, aunque todavía quedan pasos que completar para su entrada en vigor, llega en un contexto internacional marcado por el auge del proteccionismo y el unilateralismo.

La guerra comercial emprendida por Estados Unidos desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, la cada vez mayor dependencia de China y los impactos de los conflictos bélicos en Ucrania y Oriente Medio han obligado a las partes a superar sus diferencias y culminar la asociación comercial.

Las negociaciones empezaron formalmente en el año 2000, se alcanzó un acuerdo general de carácter político en 2019, pero solo se cerró el texto el 6 de diciembre de 2024.

Su firma se produce en medio de las protestas de los granjeros europeos, que se han manifestado de manera ferviente contra un acuerdo que consideran que promueve la competencia desleal con sus pares suramericanos.

El competitivo sector agropecuario de los países del Mercosur será uno de los grandes beneficiados del pacto, al igual que la industria europea, para el que se abrirán las puertas de un mercado suramericano históricamente cerrado para productos como equipos eléctricos, máquinas y automóviles.

No obstante, el acuerdo incluye salvaguardias bilaterales en las que se concede el derecho a intervenir, si se produce un gran desequilibrio de precios o volumen.

Pese a la firma, su entrada en vigor no será automática, ya que aún tiene que superar trámites a ambos lados del Atlántico, si bien algunos países, como Brasil, esperan empezar a implementarlo a partir del segundo semestre. 

Agricultores y ganaderos catalanes convocados por el colectivo Revolta Pagesa mantienen esta mañana los cortes de tráfico en la AP-7 y la N-II, ambas en la provincia de Girona, en la C-16, a la altura de Berga (Barcelona), y también siguen bloqueando el acceso al Puerto de Tarragona, según informa EFE.

Se trata de la cuarta jornada de movilizaciones en Cataluña en contra del tratado de libre comercio entre la UE y Mercosur, que los países europeos tienen previsto firmar el próximo 17 de enero.

A pesar de los intentos de mediación del departamento de Agricultura de la Generalitat, que ha ofrecido a los agricultores del movimiento Revolta Pagesa una reunión con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, los manifestantes insisten en poder hablar directamente con el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Fuentes de Revolta Pagesa, que en septiembre de 2024 se constituyó como Gremi de la Pagesia Catalana, aseguran a EFE que por el momento no hay calendario para desconvocar las protestas.

Estas fuentes añaden que el hecho de que Revolta Pagesa no forme parte de las mesas agrarias españolas es uno de los argumentos que se trasladan desde el ministerio para justificar que se canalice el diálogo a través de la Generalitat.

En el caso de la AP-7, la protesta de los agricultores mantiene cortada en ambos sentidos el tramo de esta autopista que va de Borrassà a Vilademuls, por lo que hay desvíos señalizados para evitar dicho tramo.

También sigue cortada la N-II entre Bàscara y Pontós, aunque también hay desvíos señalizados en este tramo.

Asimismo, los agricultores mantienen con sus tractores bloqueado el paso fronterizo con Francia en el Coll d’Ares, en la C-38, con la restricción del paso a los camiones.

También sigue cortada la C-16, en ambos sentidos, entre Casserres y Berga, una importante vía de acceso a la Cerdanya en la temporada de invierno, y se hacen desvíos por la C-16z.

Asimismo, los tractores bloquean el acceso al Puerto de Tarragona, en la A-27, y esta mañana está prevista una manifestación en la ciudad de Tarragona a las 12 horas en la Plaza Imperial Tarraco que culminará en el punto de protesta ante el puerto.

Los agricultores y ganaderos gallegos también han salido a las carreteras a protestar por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur aprobado este viernes. Según informa praza.gal, han cortado la A-52 a la altura de Trasmiras. Los colectivos Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema anuncian que retomarán las movilizaciones el lunes 12 de enero delante de la sede de la Xunta en Lugo.

El acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se firmará el próximo 17 de enero en Asunción, capital de Paraguay, país que ostenta la presidencia rotatoria del bloque suramericano, confirmó el canciller paraguayo, Rubén Ramírez.

Una mayoría de los países de la UE dio este viernes luz verde a la firma del acuerdo comercial, un paso clave hacia la finalización de un pacto histórico que lleva 27 años negociándose y creará la mayor zona de libre comercio del mundo en pleno encierro proteccionista de Estados Unidos.

El voto de este viernes permitirá que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, viajen próximamente a Asunción para la firma con sus homólogos al frente de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que se celebrará "lo antes posible" según fuentes comunitarias. La rúbrica estaba prevista para finales del pasado mes de diciembre, pero el repentino "no" de Italia conformó una minoría de bloqueo junto a Francia y otros países, descarriló los planes de Costa y Von der Leyen para firmarlo antes del final de 2025 y forzó a posponerlo unas semanas.

En el voto de este viernes, y tras reforzar aún más las salvaguardas para proteger a los agricultores europeos, Roma se ha pasado al voto a favor junto una veintena de socios comunitarios, incluyendo a Alemania y España, tradicionalmente los mayores valedores del acuerdo. El voto en contra de Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda, junto a la abstención de Bélgica, no ha sido suficiente porque los países en el "sí" reúnen a un 68,7% de la población europea (el mínimo requerido era un 65%).

Para acabar de convencer a los países reacios, los gobiernos europeos respaldaron este viernes también establecer cláusulas de salvaguarda en favor de los agricultores europeos que permitan a la UE reaccionar rápidamente ante perturbaciones del mercado causadas por un aumento de las importaciones agrícolas procedentes del Mercosur. Se aplicarán, en el caso de los productos sensibles, cuando haya precios al menos un 5% inferiores de los artículos importados frente a los europeos comparables o bien aumentos del 5% en los volúmenes de importación preferenciales sobre una media de tres años.

Esto se considerará, por regla general, motivo suficiente para iniciar una investigación, que podría llevar a una suspensión de las ventajas arancelarias para los países del Mercosur.

De cara a la ratificación, el acuerdo se considera "mixto" y se divide en dos partes, una comercial y un acuerdo de asociación, que siguen caminos paralelos: ambas tendrán que recibir el visto bueno del Parlamento Europeo antes de su conclusión formal y el acuerdo de asociación requiere, además, el consentimiento de todos los parlamentos nacionales de la UE.

La ratificación en la Eurocámara se prevé compleja por la gran división en el hemiciclo comunitario en un voto en el que la nacionalidad de los eurodiputados pesará tanto o más que las líneas ideológicas, con por ejemplo la práctica totalidad de los eurodiputados franceses en contra sin importar su color político.

Además, grupos prácticamente íntegros han anunciado su intención de votar en contra: es el caso de la ultraderecha de los Patriotas por Europa, que planea incluso una moción de censura contra Von der Leyen por el acuerdo, pero también de los Verdes o de la Izquierda por las preocupaciones ambientales y la competencia desleal que, arguyen, generará el pacto.

En respuesta al voto de este viernes, las organizaciones de agricultores europeos aseguraron que planean nuevas movilizaciones en protesta contra una firma que, dijeron, llega "tras meses de maniobras y presiones sin precedentes que confirman la complejidad y el carácter divisivo de este asunto". Pese a los ajustes a las medidas de salvaguardia adicionales ofrecidos por Bruselas, el acuerdo "sigue siendo fundamentalmente desequilibrado y defectuoso", dijo Copa-Cogeca.

En la misma línea se pronunció la coordinadora Vía Campesina, que condenó una decisión que, dijeron, "ignora a los campesinos y deja de lado la democracia". Desde las agrupaciones ecologistas, por su parte, Greenpeace condenó una decisión tomada pese a "la continua oposición de varios parlamentos y gobiernos de toda Europa".

Pese a esta oposición, tanto Von der Leyen como Costa celebraron en sendas declaraciones el visto bueno a un acuerdo en el que, dijeron, ambas partes "ganan". "Como uno de los principales socios comerciales y de inversión del Mercosur, este acuerdo creará más oportunidades de negocio e impulsará la inversión europea en sectores estratégicos", declaró Von der Leyen en un comunicado, en el que aseguró que han escuchado las preocupaciones del sector agrícola y "actuado en consecuencia".

Costa, por su parte, indicó en la red social X que el acuerdo es "bueno para Europa" porque "aporta beneficios reales para los consumidores y para las empresas europeas" y porque "es importante para la soberanía y la autonomía estratégica europea: con este acuerdo, la UE está dando forma a la economía global".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inicia este domingo una gira por tres países latinoamericanos, Chile, Uruguay y Paraguay, en la que pretende impulsar la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, y participará en un foro en defensa de la democracia ante los peligros que se ciernen sobre ella. Según informa EFE.

Se trata del último viaje internacional de Sánchez antes del paréntesis veraniego y se enmarca, según fuentes del Ejecutivo, en el empeño de ampliar y reforzar las alianzas con América Latina no solo de España, sino de toda la Unión Europea.

La defensa de las instituciones democráticas es el eje del foro que con el epígrafe 'Democracia Siempre' ha organizado en el Palacio de la Moneda el presidente chileno, Gabriel Boric, y al que asistirán, además de Sánchez, los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Colombia, Gustavo Petro; y Uruguay, Yamandú Orsi.

Un foro que los organizadores han llegado a denominar como un "festival de la democracia" y en el que además de los líderes participan representantes de la sociedad civil.

La intención es reivindicar la democracia en un momento en el que sus instituciones se están viendo agredidas, cuestionadas y debilitadas por movimientos populistas y de ultraderecha, y crear una plataforma de actuación frente a ellos.

La convocatoria da continuidad a una iniciativa lanzada en septiembre del año pasado por Sánchez y Lula en Nueva York en los márgenes de la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Ambos animaron entonces a los líderes progresistas a explorar fórmulas para defender las instituciones democráticas y crear una narrativa que haga frente a los movimientos que las tratan de poner en tela de juicio.

La idea es que después de la cumbre de Santiago de Chile vuelva a haber otra reunión de esta iniciativa en septiembre en Nueva York, también coincidiendo con la apertura del periodo de sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas, y que siga teniendo continuidad posteriormente.

Los líderes presentes en la capital chilena se han repartido los asuntos que se abordarán en ella, y Sánchez se centrará en la lucha contra la desinformación en el ámbito digital.

Un encuentro con los representantes de la sociedad civil para conocer qué propuestas plantean para movilizarse contra el extremismo cerrará la agenda de Sánchez en Chile, país que ya ha visitado como presidente.

Sin embargo, no se había desplazado hasta ahora a los otros dos países de la gira, Uruguay y Paraguay, integrantes de Mercosur, y donde garantizará el pleno compromiso de España para que el acuerdo de la UE con este mercado latinoamericano se convierta en realidad.

La esperanza del Gobierno es que pueda ser ratificado y aprobado antes de fin de año y, aunque las fuentes citadas aseguran que la Comisión Europea da buenas señales en ese sentido, apelan a la prudencia ante las dificultades existentes para que se pueda cerrar.

El hecho de que Brasil haya asumido la presidencia de Mercosur cree el Ejecutivo que va a suponer un gran impulso político para lograrlo, máxime en el contexto actual de guerra comercial.

Ante ello, Sánchez reiterará que es fundamental para ambas partes poner en marcha el acuerdo.

Tras su visita a Santiago de Chile el lunes, la siguiente parada en su gira será Montevideo, donde se reunirá el martes con el presidente Orsi y abordará esa urgencia de sacar adelante el acuerdo comercial entre las dos regiones.

Considera el Gobierno que Orsi, de la coalición de izquierdas Frente Amplio, ha mostrado desde su llegada a la presidencia uruguaya una gran sintonía con las políticas de Sánchez, y la intención es reforzar la relación bilateral con la firma de una serie de acuerdos.

Entre ellos, la rúbrica por vez primera de un documento denominado "alianza país para el desarrollo sostenible" con el fin de explorar de forma conjunta cómo colaborar en ámbitos como la igualdad de género o las energías renovables.

Además, se firmará otro acuerdo con rango de tratado internacional para colaborar en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada.

Sánchez mantendrá también una reunión con empresarios españoles con intereses en Uruguay (algunos de ellos le acompañarán desde Madrid) antes de asistir a un foro empresarial bilateral, y su agenda la cerrará con una visita a Lucía Topolensky, viuda del que fuera presidente uruguayo José Mujica.

Una visita con la que pretende rendir homenaje a Mujica, considerado como un referente de la izquierda latinoamericana y mundial.

La última etapa del viaje será Asunción, donde Sánchez asistirá igualmente el miércoles a otro foro con empresarios de los dos países y mantendrá una reunión con el presidente de Paraguay, el conservador Santiago Peña, en la que volverá a estar presente la defensa del acuerdo UE-Mercosur.

Ambos presidirán la firma de varios acuerdos, entre ellos uno por el que Paraguay se incorporará al grupo de países con los que España tiene pactos de migración circular y permitirá que ciudadanos paraguayos puedan desplazarse de forma temporal a trabajar para después regresar a su país.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cerrará en los próximos días su agenda internacional del presente curso político con un viaje a Mauritania para copresidir la primera cumbre bilateral y con una gira latinoamericana que le llevará a Chile, Uruguay y Paraguay.

La situación política interna subrayan fuentes del Ejecutivo que no ha afectado nada a los planes en el exterior de Sánchez, y recuerdan que este mismo jueves, tras su comparecencia en el Congreso por el caso Koldo y la crisis provocada en el PSOE por Santos Cerdán, se desplazó a Roma para participar en la Conferencia de Reconstrucción de Ucrania.

Y las dos semanas anteriores encadenó su presencia en la cumbre de la OTAN de La Haya, su asistencia al Consejo Europeo de Bruselas y su papel de anfitrión en Sevilla de la IV Conferencia Internacional de la ONU sobre la Financiación del Desarrollo.

Después de esa serie de citas multilaterales, el presidente del Gobierno viajará el miércoles a Nuakchot, la capital de Mauritania, junto a varios ministros para asistir a la primera Reunión de Alto Nivel (RAN) de España con este país.

Se trata de un paso que eleva esa relación bilateral y con el que Mauritania se incorpora al grupo de países con los que España tiene cumbres o reuniones de alto nivel periódicas, como es el caso en el continente africano de Marruecos o Argelia.

La última hispano-marroquí se celebró en Rabat en febrero de 2023, y no ha habido una cumbre con Argelia desde abril de 2018, por lo que Sánchez no ha copresidido ninguna en medio de tiranteces diplomáticas por el cambio de posición del Gobierno español respecto al Sáhara Occidental.

Sánchez visitará Mauritania por tercera vez en la presente legislatura, y en la última, en agosto del año pasado y dentro de una gira africana que incluyó Gambia y Senegal, fue cuando acordó con el presidente mauritano, Mohamed Ould Ghazouani, la celebración desde 2025 de cumbres periódicas bilaterales.

La declaración conjunta suscrita con motivo de esa visita hizo referencia a estas cumbres con el objetivo de profundizar en la cooperación en sectores como las migraciones, la sanidad y la seguridad y ampliarla a otros ámbitos de interés mutuo.

Esa declaración conjunta consideraba que la cooperación en materia migratoria es una prioridad en la relación bilateral, y los dos países se comprometieron a seguir trabajando por una migración segura, ordenada y regular al tiempo que se resaltaba la importancia de la denominada migración circular.

La migración será por tanto uno de los ejes de la reunión del miércoles, y de ello hablarán Sánchez y Ghazouani así como los ministros de ambos países con competencias en este ámbito y que mantendrán encuentros paralelos.

La colaboración de Mauritania, de donde procede la mayoría de cayucos que llegan a las costas canarias y en medio de la inestabilidad del Sahel, es clave para frenar los movimientos migratorios irregulares.

Por ello, Sánchez protagonizó en febrero del año pasado una visita a Nuakchot junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que anunciaron una ayuda de más de 500 millones de euros para facilitar el progreso el país y ayudar en esa lucha contra la migración ilegal.

En la cumbre se evaluarán también las relaciones empresariales después de que, para reforzarlas, el año pasado se lanzara el Comité Empresarial Bilateral. 

Cuatro días después de esta viaje a Mauritania el presidente del Gobierno emprenderá la gira latinoamericana, en la que le acompañará un grupo de empresarios, y que tendrá su primera parada en Chile.

Allí se entrevistará el 21 de julio con el presidente del país, Gabriel Boric, y ambos asistirán a una cumbre en defensa de la democracia en la que participarán también los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lla da Silva; Colombia, Gustavo Petro; y Uruguay, Yamandú Orsi.

El evento, que se desarrollará en Santiago de Chile con el epígrafe "Democracia siempre", pretende el fortalecimiento de la democracia y el multilateralismo, la reducción de las desigualdades y la lucha contra la desinformación, así como la regulación de tecnologías emergentes.

Las propuestas que surjan de esta reunión (que da continuidad a la que presidieron el año pasado Sánchez y Lula) se presentarán en otra que se convocará el próximo mes de septiembre en Nueva York en el marco de la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Sánchez irá acompañado por un grupo de empresarios y se prevé que participe en foros empresariales bilaterales a lo largo de la gira, que tendrá su segunda parada en Montevideo, la capital uruguaya, donde mantendrá el 22 de julio un encuentro con Orsi.

En Asunción se entrevistará al día siguiente con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, con quien presidirá la firma de varios acuerdos bilaterales.

Además, está previsto que asista a un acto en homenaje a Josefina Plá, periodista y escritora española fallecida en 1999 y una de las precursoras del feminismo en Paraguay.

En julio de 2022, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que precisamente este miércoles recibirá la Nécora de Oro en Galicia por su labor antidroga, interceptaba un cargamento de una tonelada de cocaína en la playa de La Aldea, un enclave rocoso de Las Palmas de Gran Canaria. Los investigadores ya habían detectado en aquel momento la infiltración del Primeiro Comando da Capital (PCC), probablemente la organización criminal más poderosa de Brasil, en el archipiélago, con un único objetivo: controlar la entrada de droga y utilizar las islas como puente y puerta de entrada de la droga hacia Europa. Y lo consiguieron durante algún tiempo.

Pero las pesquisas continuaron. La Guardia Civil, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), las autoridades francesas y la Policía Federal de Brasil comenzaron a compartir información, hasta tener claro que existía una gran organización criminal con base en el país sudamericano que estaba enviando grandes alijos en embarcaciones hacia la costa occidental africana, desde el Golfo de Guinea hasta el entorno de las islas de soberanía española. Varias embarcaciones fueron controladas por las autoridades desde entonces hasta ahora, la más importante de ellas la que incluyó el decomiso de 3.000 kilos de cocaína a bordo del velero Lobo IV cerca de costas africanas, en un operativo desarrollado por un barco de guerra de Estados Unidos.

En paralelo, la Armada francesa ejecutó otras aprehensiones relacionadas con la organización que ahora ha sido desmantelada en origen, todas ellas en la misma zona del Atlántico Oriental. Y al frente de la misma, según aseguran medios brasileños, se situarían, directamente o a través de personas interpuestas, dos hombres fuertes del PCC: los hermanos Levi Adriani Felício, alias Más Viejo, y Rodrigo Felício, alias Tico. El primero de ellos fue arrestado en Paraguay en 2019 (en ese país se produjo otro arresto esta semana relacionado con la organización) y ambos han sido relacionados con el envío de la droga en el Lobo IV.

Además de veleros, que se camuflan perfectamente entre el tráfico marítimo que recorre la ruta hacia Sudamérica aprovechado los vientos alisios, la red desmantelada también utilizaba barcos pesqueros, al tiempo que captaba a marineros, muchos de ellos trabajadores del mar, para realizar los viajes transoceánicos sin levantar sospechas. Una vez cerca de costas africanas o de las Islas Canarias salían a su encuentro lanchas rápidas —las famosas narcolanchas— para realizar la parte final del viaje y la introducción de la cocaína en tierra.

Con todos estos indicios, la Policía Federal lanzó en la mañana de este martes la Operación Narco Vela, destinada a desmantelar la organización criminal "enfocada al tráfico internacional de drogas, especialmente hacia los continentes europeo y africano, con el uso de equipos satelitales y embarcaciones capaces de atravesar el océano como barcos y veleros".

Más de 300 efectivos de la Policía Federal y 50 de la Policía Militar del Estado de São Paulo están ejecutando desde el martes cuatro órdenes de prisión preventiva, 31 órdenes de prisión provisional y 62 órdenes de registro, emitidas todas ellas por un Juzgado Federal de Santos, en los Estados de São Paulo, Río de Janeiro, Maranhão, Pará y Santa Catarina. En esta última fase no se reportaron detenciones en España, pero sí en Paraguay, en Estados Unidos y en Italia, de personas vinculadas a la red criminal transnacional.

Además de las detenciones y los registros, la Justicia Federal también ordenó el bloqueo y la incautación de bienes por un valor de hasta 1.320 millones de reales brasileños, el equivalente a 200 millones de euros, lo que da una muestra del poder económico de la red criminal investigada. Coches de lujo y armas fueron también requisadas el día de la acción policial.

A Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, el mayor narcotraficante español del mundo, según la Guardia Civil, lo detuvo la policía de Dubái en agosto de 2022, pero no por dirigir una potente organización que controlaba desde la compra de grandes volúmenes de cocaína en Sudamérica hasta su importación ilegal en puertos “de los cinco continentes”, sino por consumir droga en su propia casa. Una lujosa vivienda de 561 metros cuadrados en la sexta planta del complejo W Residences Dubai, situado en el creciente de Palm Jumeirah, la isla artificial con forma de palmera donde se han levantado los hoteles y villas más fastuosos de un emirato ya de por sí forjado sobre el despilfarro.

El inmueble, de tres habitaciones, había sido adquirido sólo un mes antes por la esposa de El Tigre, Sara Gallego Soler, o al menos figura a su nombre en los registros inmobiliarios dubaitíes a los que ha tenido acceso infoLibre, como miembro del consorcio de investigación OCCRP, en el marco de Dubai Unlocked, un proyecto conjunto con el periódico financiero noruego E24 basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. Al capo español le costó 5,65 millones de euros. Desde la fecha de su detención, la propiedad se encuentra bloqueada por las autoridades de Dubái.

Pero no es ésta la única propiedad de Alejandro Salgado en el emirato. Como ha podido comprobar infoLibre en los citados registros inmobiliarios, a su propio nombre tiene El Tigre otro inmueble, en la planta 29 de The Address Residence Sky View Tower 1, en pleno distrito de Burj Khalifa, como se conoce al mayor rascacielos del mundo –160 pisos, 828 metros del altura–. También cuenta con tres habitaciones, pero distribuidos en sólo 188 metros cuadrados.

No obstante, lo más llamativo de la operación es su contraparte: El Tigre compró la vivienda en febrero de 2022, por 1,54 millones de euros, a otro narcotraficante de primera línea, Othman El Ballouti. De nacionalidad belga, el pasado septiembre fue condenado en ausencia en su país a siete años de cárcel por importar 840 kilos de cocaína a través del puerto de Amberes. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense lo incluyó en julio de 2023 en su lista de sanciones por dirigir una organización delictiva internacional dedicada al contrabando de cocaína en contenedores en el puerto de Amberes y a su posterior distribución en Europa. El Ballouti, de 36 años, es un miembro más de la Mocro Maffia, la organización criminal más temida de Europa, integrada en su mayor parte por belgas y holandeses de origen marroquí. La vivienda también fue bloqueada por las autoridades de Dubái en agosto de 2022, tras la detención de El Tigre.

Según ha podido saber infoLibre, la Guardia Civil no tenía constancia hasta ahora de la existencia de ningún vínculo, legal o ilegal, entre Salgado Vega y El Ballouti. Tampoco en Bélgica se conocía conexión alguna entre ambos capos.

Pero la cartera inmobiliaria de El Tigre no se detiene ahí. La esposa de Alejandro Salgado posee a su nombre otros dos inmuebles. La primera es una vivienda de 179 metros cuadrados y tres habitaciones en Sunrise Bay Tower, que adquirió por 1,13 millones en agosto de 2021. Un mes después, compró la segunda, esta vez de dos habitaciones y 111 metros cuadrados, en la planta 12 de la Palace Beach Residence Tower 1, que le costó 914.770 euros. Estas dos últimas propiedades se encuentran situadas en Marsa Dubai, o la Marina de Dubái, un distrito construido a ambos lados de un canal artificial muy próximo a Palm Jumeirah. En total, las cuatro propiedades del matrimonio suman 9,25 millones de euros.

infoLibre ha preguntado al abogado español de Salgado Vega, Javier Yagüe García, por estas propiedades, pero no ha obtenido respuesta.

La Guardia Civil convirtió a Alejandro Salgado Vega en el mayor narcotraficante español del planeta cuando anunció en diciembre de 2022 que había sido detenido en Dubái cuatro meses antes y que había desarticulado su organización en España. Hasta ese momento, este madrileño de 46 años apenas había atraído la atención de la policía española, que en principio lo consideraba una pieza menor, ni siquiera ligado al tráfico de drogas.

Pero la investigación que siguió a la captura en 2020 en el puerto de Algeciras de dos toneladas de cocaína, camuflada en un contenedor de carbón a bordo del Maersk Laberinto, permitió situar a Salgado Vega en la cabeza de una organización que sorprendió a la Guardia Civil por la cantidad de droga que movía cada mes y porque lo hacía “sin límites geográficos”. Las operaciones las dirigía El Tigre desde Dubái utilizando teléfonos encriptados. Policías de todo el mundo llevan años desmantelando organizaciones criminales después de que Francia y EEUU hackearan los sistemas de mensajes encriptados Encrochat, Sky ECC y Anom, de los que se servían los narcos para sus comunicaciones.

El verano de 2022, los policías emiratíes vigilaban el lujoso apartamento de Palm Jumeirah por “una investigación interna sobrevenida” –así de crípticamente lo explicaba la Guardia Civil en su comunicado oficial– y arrestaron a El Tigre y a su esposa, entre otras personas. Ella fue puesta en libertad, pero Alejandro Salgado dio positivo en drogas y pasó un año en la cárcel.

El consumo de estupefacientes es un delito duramente castigado por las leyes locales. El abogado de El Tigre, Javier Yagüe García, no ha respondido a las preguntas de infoLibre en esta ocasión, pero sí lo hizo tanto en noviembre de 2023 como el pasado mes de mayo cuando se le inquirió por el proceso de extradición de su cliente. Entonces explicó que Salgado Vega había salido de la cárcel a principios de este año, una vez concluida la condena. Mientras, aseguran fuentes judiciales, avanza con muchas dificultades el procedimiento para extraditarle.

Los obstáculos son la tónica habitual en lo que respecta a la justicia dubaití: si en un primer momento reclamaron al Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras (Cádiz) la traducción al árabe de las miles de páginas del sumario, después pidieron que se les tradujeran los artículos del Código Penal español que sustentan la solicitud de extradición. “Todo lo que se le imputa en España está relacionado con unas supuestas conversaciones telefónicas desencriptadas”, alegó su abogado, “otra cosa es que sea él quien las mantiene: nosotros lo negamos. No hay nada contra él”. La pena mínima que le podría caer en España son 15 años.

Que los mayores narcos del mundo ocultos en Dubái funcionan como una joint-venture criminal es sabido por las policías y los gobiernos desde hace tiempo. Según el periódico colombiano El Tiempo, Alejandro Salgado Vega formaba parte de lo que el diario denomina “junta directiva de la mafia”, establecida en el emirato e integrada por grandes jefes de la cocaína colombianos, que “decidían quiénes podían traficar y quién vivía o moría en los diferentes microcárteles” del país sudamericano. El periódico revela que la información la obtuvo el FBI estudiando las listas de pasajeros de los vuelos que unen Caracas y Dubái dos veces a la semana y que hacen escala en Madrid.

También es sabido que los grandes capos aprovechan el pujante mercado inmobiliario dubaití para blanquear los millonarios beneficios que obtienen de la droga. En 2023, los precios de las viviendas residenciales subieron un 18% y aún más los alquileres, un 26%, según el último informe sobre el emirato publicado por Deloitte. Es decir, quintuplicaron las alzas de precios en España ese año. Los de las viviendas de lujo están ahora un 134% más altos que al principio de la pandemia, de acuerdo con los análisis de la consultora inmobiliaria Knight Frank. Otro incentivo, y no menor, es el secreto de la propiedad que permiten las leyes locales.

Así, los medios belgas de OCCRP localizaron gracias a Dubai Unlocked los inmuebles de 10 delincuentes o incluso condenados de su país huidos a Dubái, y de cuatro de sus familiares. En total, tenían a su nombre 53 propiedades, valoradas en 56 millones de euros. Sólo El Ballouti era propietario de nueve viviendas, sin contar la que vendió a El Tigre. En algunos de los edificios, de los más altos y lujosos del emirato, eran vecinos varios de ellos. Además, por los alquileres de parte de su cartera inmobiliaria, los criminales belgas ingresaron la suma de tres millones de euros.

Un buen ejemplo de todo lo anterior es precisamente Alejandro Salgado Vega, quien alquiló la vivienda que le compró a El Ballouti en Burj Khalifa a un ciudadano británico entre agosto de 2023 y agosto de 2024, de acuerdo con los documentos inmobiliarios de Dubai Unlocked. Se trata de un contrato anual por 102.931 euros, 8.577 euros al mes.

En ese mismo edificio, en el piso 22, compró también un apartamento otro narco con actividad en Bélgica, Franc Gergely: lo adquirió el 6 de agosto de 2020 y lo vendió el 23 de agosto de 2021. De origen albanés, tenía inmuebles en Dubái por importe de 18 millones de euros.

Gergely está detrás de un sangriento asesinato por encargo. El 27 de noviembre de 2020, un albanés de unos 30 años salió de un café en la ciudad belga de Molenbeek cuando un Golf negro se le acercó. De él salió un hombre con una ametralladora que disparó al albanés a plena luz del día. Recibió ocho balazos. El conductor del coche y el tirador fueron detenidos en Alemania y España. Pero faltaba saber quién los había contratado. En los meses siguientes, la policía belga llegó hasta Gergely tras destripar unos teléfonos encriptados Sky ECC: había ordenado la ejecución en Molenbeek desde Dubái, y otros ocho asesinatos más en Albania.

Fue un ajuste de cuentas entre clanes albaneses rivales tras la desaparición de un cargamento de cocaína. En octubre de 2021 un millar de policías llevaron a cabo en Bélgica 192 registros domiciliarios para desmantelar la red albanesa que importaba cocaína a través de los puertos de Amberes y Rotterdam, tenía laboratorios en Bruselas y participaba activamente en el comercio internacional de armas. A raíz de esa macrooperación, Gergely se convirtió en uno de los 20 objetivos de alto valor –la denominación que utiliza la policía para designar a quienes suponen una amenaza significativa para la seguridad pública– cuya extradición lleva años reclamando a los Emiratos Árabes Unidos.

Pero, a diferencia de El Tigre, Gergely ya ha sido extraditado. El 30 de diciembre de 2023 fue enviado a Bélgica en un jet privado, en cumplimiento del tratado de extradición que Bélgica firmó con el emirato en 2021. Dos años, por tanto, costó su entrega.

Los abogados de Gergely no han respondido a las preguntas que les formularon los medios asociados a OCCRP.

Otro criminal belga con cartera inmobiliaria en Dubái es Younes El Ballouti, de 29 años, el hermano menor de Othman. A principios de este año, un tribunal de Amberes le condenó a ocho años de cárcel por un alijo de cocaína incautado en 2021. El pasado mes de octubre, Younes alegó ante el tribunal de casación que no estaba implicado en esa operación porque “no residía en Dubai”. Los jueces desestimaron el argumento.

Ahora, además, los socios belgas de OCCRP Knack, De Tijd y Le Soir han encontrado en Dubái más inmuebles propiedad de personas próximas a los hermanos El Ballouti. Como Youssef B. A., que fue condenado a 15 años de prisión y a pagar una multa de 120.000 euros por importar 15,2 toneladas de cocaína a través del puerto de Amberes. Según la acusación, Youssef B. A. es uno de los mayores señores de la droga de Bélgica y también reside en Dubái. La intervención de sus comunicaciones encriptadas reveló que dirigía una organización criminal bien organizada desde el emirato, donde aparentemente lleva una vida de lujo. De hecho, el fiscal mostró las fotos de una reunión familiar en Dubái, encontradas en el teléfono móvil de su hermano, donde su madre posaba al volante de un Ferrari frente a una villa de lujo y la familia también pasaba tiempo en un yate.

Pero incluso antes de su condena, en julio de 2023, Youssef B.A. ya había sido incluido en la lista de sanciones del Tesoro estadounidense en julio de 2023. Según la OFAC, lleva  “más de una década” implicado en el tráfico de drogas y en ese tiempo ha ayudado a Othman El Ballouti a “crear empresas aparentemente legítimas, creadas para ocultar la implicación de la organización en actividades ilegales”. Exactamente un mes después de entrar en la lista de la OFAC, Youssef vendió a una mujer de nacionalidad marroquí la propiedad que había comprado en mayo de 2021, una vivienda situada en Al Merkadh. El narco belga no ha contestado a las preguntas que le formularon los medios de OCCRP.

El ministro de Justicia belga, Paul van Tigchelt, cifra en 21 las personas que residen en los Emiratos Árabes Unidos cuya extradición solicita, seis menos que en 2021, cuando ambos países firmaron su primer tratado de extradición. Ese acuerdo permite el embargo de bienes propiedad de criminales. Van Tigchelt asegura que tiene en marcha 17 expedientes de este tipo.

Los líderes de América Latina han salido este miércoles a rechazar lo que el Gobierno de Bolivia ha calificado ya como un golpe de Estado, apelando al respeto de las instituciones y a la voluntad popular. "La democracia prevalecerá", ha dicho el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, según ha informado Europa Press.

"Total rechazo al golpe militar en Bolivia. Invito a todo el pueblo boliviano a la resistencia democrática. América Latina debe unirse a favor de la democracia", ha expresado el presidente de Colombia, Gustavo Petro. "La Embajada de Colombia debe otorgar refugio a los perseguidos. No habrá ninguna relación diplomática de Colombia con la dictadura. Un golpe antidemocrático se enfrenta con la movilización generalizada del pueblo", ha dicho.

Después de que el Gobierno boliviano haya logrado controlar la situación y detener al general Juan José Zúñiga, líder de la asonada, el mandatario colombiano ha expresado que "así se defiende una democracia popular", en referencia a la respuesta de la población boliviana, que ha salido a las calles a protestar contra los militares. "Así se defiende una democracia popular. Ante la perfidia, el pueblo, siempre el pueblo. Siempre ante un golpe blando o duro la democracia se defiende con el pueblo en las calles", ha expresado en su cuenta de la red social X.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha enviado sus muestras de apoyo a la democracia y al Gobierno legítimo de Arce. "Condenamos enérgicamente la inaceptable acción de fuerza de un sector del Ejército de ese país", ha repudiado.

Por su parte, el presidente Lula ha manifestado su deseo por que la democracia prevalezca en todo América Latina. "Condenamos cualquier forma de golpe de Estado en Bolivia y reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo y la democracia del país hermano presidido por Luis Arce", ha enfatizado.

De igual forma se ha pronunciado la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que ha convocado "de urgencia" a los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para "condenar el fascismo".

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se ha sumado a Castro en su condena contra el "fascismo pretende quebrantar la democracia" boliviana, tras lo que ha celebrado la respuesta de la población del país. "El pueblo boliviano ha dado una lección histórica, unidos y movilizados han derrotado el Golpe de Estado. ¡Que Viva Bolivia!", ha expresado Maduro en su cuenta de la red social X.

El Ministerio de Exteriores de Argentina también ha mostrado su condena contra las "movilizaciones irregulares" de los militares, y ha reafirmado su defensa de la democracia en la región

Desde México, tanto el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, como la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, han condenado el intento de golpe y expresado su apoyo a Arce. El presidente saliente de México ha subrayado su "total apoyo" al presidente Arce, a quien ha ensalzado como "auténtica autoridad democrática de ese pueblo y país hermano".

Mientras, el presidente paraguayo, Santiago Peña, ha condenado "las movilizaciones irregulares del Ejército de Bolivia", al mismo tiempo que ha hecho un llamamiento "enérgico" a respetar la democracia y el Estado de Derecho.

A su vez, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha expresado su condena "más enérgica" por lo sucedido. "El Ejército debe someterse al poder civil legítimamente elegido", ha instado. "Enviamos nuestra solidaridad al presidente de Bolivia Luis Arce Catacora. La comunidad internacional, la OEA, no tolerarán ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia ni en ningún otro lugar", ha manifestado.

Desde Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo, ha subrayado que "ni la fuerza, ni la imposición son la vía para la construcción de naciones democráticas y libres", expresando su respaldo al pueblo boliviano y al presidente Arce.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, también ha condenado lo ocurrido y ha enviado su solidaridad al "legítimo Gobierno del presidente Arce", mientras que la Presidencia de Perú ha hecho lo propio, expresado su rechazado a "todo acto que atente contra el orden democrático e institucional" de Bolivia.

Los NarcoFiles, los más de siete millones de correos electrónicos de la Fiscalía de la Nación de Colombia analizados por 40 medios de comunicación, infoLibre y Narcodiario en España, describen con precisión el nuevo panorama del crimen organizado en todo el mundo. La filtración sitúa a España como lugar de encuentro de toda clase de mafias internacionales de la droga, pero también como puerta de entrada de los flujos de droga procedentes de Sudamérica y como incipiente zona de producción, con laboratorios de cocaína y grandes plantaciones de cannabis.

En cuanto a las entradas, además de las muy conocidas que emplean los narcotransportistas gallegos –veleros, lanchas rápidas, pesqueros o narcosubmarinos–, los NarcoFiles desvelan con todo lujo de detalles el camino que recorren los grandes alijos entre cargamentos lícitos de bananas, con origen en los puertos de la región de Urabá –el principal, el de Turbo–, dominada con puño de hierro por el denominado clan del Golfo, y destino en distintos países europeos. Así lo han revelado los medios IrpiMedia, de Italia, y Vorágine, de Colombia, asociados a OCCRP, el consorcio internacional de periodistas que, junto al Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas (CLIP), ha coordinado la mayor investigación periodística conjunta sobre el crimen organizado realizada hasta la fecha.

“Los desembarcaderos fluviales de Zungo y Nueva Colonia forman parte del puerto de Turbo, y son administrados íntegramente por Banacol y otra empresa bananera. En los embarcaderos hay almacenes con cajas de plátanos listas para ser cargadas, y justo detrás de los embarcaderos, las plantaciones. Y son puertos fáciles de usar para quienes ya se han infiltrado en la cadena de suministro del cultivo del banano. Desde allí los contenedores son llevados en barcazas a altamar y allí son izados a los portacontenedores que esperan en el puerto”, explica a IrpiMedia una fuente policial que investiga desde hace años el tráfico de drogas en Urabá. Los NarcoFiles apuntan a Banacol como financiadora de actividades paramilitares, cuyos antiguos miembros dominan hoy la producción de cocaína.

La empresa, que dice ser “víctima del flagelo del narcotráfico como lo son todas las empresas exportadoras”, niega haber sido “investigada por ninguna autoridad judicial nacional ni internacional sobre delitos relacionados con narcotráfico” y asegura que “nunca ha sido cuestionada judicialmente por las autoridades nacionales por acusaciones relacionadas con supuestos pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), toda vez que se ha demostrado que nunca lo ha hecho” [ver aquí la explicación completa de Banacol].

En cuanto a los dueños de la mercancía, Los Urabeños, ahora conocidos como el clan del Golfo, tienen desde hace años oficinas en España. En su día fueron descubiertos en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) y, desde luego, mantienen posiciones fijas en Madrid. La banana es el principal producto de exportación de Colombia, debe salir rápido de los puertos y, por tanto, es un escondite perfecto para la cocaína que, ya no sólo viaja hacia Galicia, Valencia, Barcelona o Algeciras, en España, sino también hacia Róterdam, Amberes y Gioia Tauro, el gran puerto italiano.

Una antigua alianza entre mafiosos calabreses y sicilianos y colombianos, en la que ahora también participan los balcánicos, sigue muy vigente, con tratos directos en Sudamérica para los grandes envíos. A la provincia de Pontevedra, la cocaína llega desde Turbo desde hace décadas, pero no hay que retroceder demasiado en el tiempo para hallar elementos de prueba.

En 2019, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desarrolló la fase de explotación de la operación Cetil, destacada por Europol como la más importante del año en todo el continente. Fueron decomisados unos 6.000 kilos del clan del Golfo que salieron del puerto de Urabá y llegaron a distintos puntos: gran parte al puerto de Marín (Pontevedra), pero también a Valencia y a Países Bajos. Todo ello entre bananas. Para el rescate de estos cargamentos, sin embargo, no había gallegos, ni siquiera balcánicos. Eran marroquíes-holandeses, probablemente integrantes de la Mocro Mafia, la organización liderada desde prisión por Ridouan Taghi, el hombre que, según las autoridades, encargó el asesinato en plena calle del periodista Peter R. de Vries y mantiene amenazados al ministro de Justicia belga, Vincent Van Quickenborne, y a la familia real holandesa.

Turbo también era el origen de los 7.200 kilos de cocaína incautados entre bananas este mismo 2023 en operativos conjuntos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía de Colombia, en el puerto de Vigo, pero especialmente en el de Algeciras (Cádiz). Una organización histórica del Campo de Gibraltar tenía los contactos precisos en el Urabá antioqueño para recibir la mercancía. Su cabecilla, Damián R., sigue prófugo a pesar de los esfuerzos de las autoridades en España. Se le considera el enlace en la Península para hacer negocios con los colombianos en esta ruta.

Las seis terminales portuarias de Guayaquil (Ecuador), muy cerca de Colombia, son la segunda gran lanzadera mundial de cocaína. La sustancia llega a la ciudad del Pacífico por carretera desde los laboratorios del lado colombiano y parte en portacontenedores en dirección a Algeciras y Galicia, según explicó a Narcodiario el director antinarcóticos de Ecuador, Pablo Ramírez. El puerto de Valencia y los de Róterdam y Amberes, además de Gioia Tauro, en Italia, Le Havre, en Francia, y Hamburgo, en Alemania, también reciben alijos entre bananas.

“Estamos geográficamente ubicados entre dos países productores, por un lado está Colombia y por otro está Perú. De acuerdo con el último informe de la UNODC, el primer país es productor de 1.400 toneladas y el otro de 869, y, dentro de este ámbito, Ecuador no es productor, pero sí un país de acopio de forma previa al envío al exterior”. detalla Ramírez. “Tenemos debilidades, como son el ámbito marítimo y aéreo. El Estado está trabajando a través de varias estrategias, sobre todo tecnológicas, para detectar las embarcaciones y las aeronaves. Hemos establecido y fortalecido las inspecciones no intrusivas [en los contenedores]. Los seis puertos importantes de exportación están dotados de escáneres para ir avanzando en la inspección del 40%, 50%, 60% de los contenedores, con el objetivo de llegar al 100%”, avanza. Sin embargo, este año sólo han podido inspeccionar el 28,5% de los 329.000 contenedores que han salido de Ecuador, lamenta el jefe antidroga ecuatoriano. “El resto”, añade, “sale sin inspección, pero sí con un perfilamiento que nos permite tener una comunicación con países de todo el mundo, dar alertas al destino y de esta manera trabajar conjuntamente”.

Uno de esos contenedores llegó el pasado septiembre a Algeciras con 9.500 kilos de cocaína, el mayor alijo jamás incautado en España y también el mayor en todo el mundo desde 2021. Pablo Ramírez describe el camino que sigue la cocaína desde Colombia hasta su salida en los contenedores desde puertos ecuatorianos: “Tenemos tres pasos legales y 77 no autorizados. Toman los ramales de la sierra centro o de la costa, y van hacia Guayas, Manabí y también Los Ríos. Hemos identificado 23 puntos de acopio con nuestras intervenciones e incautado aproximadamente 30 toneladas de cocaína en estos centros. En esos puntos adecuan o modifican las estructuras de los contenedores introduciendo la droga en sus paneles de refrigeración, o en paredes, pisos y techos. Desde allí van hacia los puertos. En otras ocasiones contaminan el producto. El más perjudicado es el banano, en este caso mediante el sistema del gancho ciego o rip-off [introducir la droga sin que lo sepa la empresa y rescatarla en destino]. Los barcos salen hacia el Canal de Panamá y toman rumbo a Europa”.

La historia que llevó a Ecuador, en general, y a Guayaquil, en particular, a su situación actual, convertida en un auténtico Medellín de los 80 por el dominio de las redes narcos, nace hace 30 años, según detalla el alto cargo policial. “En los años 80 y 90 y ya en los 2000, hasta 2005, aproximadamente, teníamos presencia de los cárteles mexicanos y los cárteles colombianos. A partir de 2010 y de forma más relevante desde 2017, hemos detectado la presencia de los cárteles de los Balcanes, a través de varias investigaciones y aprehensiones. Ya hay sentencias contra albaneses y tenemos investigaciones en curso muy importantes”. El cártel de los Balcanes se ha hecho fuerte también a este lado del Atlántico, y buena muestra son los recientes arrestos de Dritan Rexhepi, de Nenad Petrak, y Kristijan Palic, los tres refugiados en Turquía.

“Tenemos una ley migratoria universal que en su momento no requería ningún tipo de visa. Somos un país dolarizado y en esa época nuestra legislación era débil en cuanto al lavado de activos. Estas personas extranjeras comenzaban con la fachada de inversionistas lícitos y creaban empresas de exportación y también ejecutaban sus acciones ilícitas. Ahora intercambiamos información con el servicio de aduanas, con el servicio de rentas internas y con otros ámbitos de control, como el Ministerio de Agricultura, que da las licencias de exportación de banano, y ahí observamos si coinciden los pedidos, cómo son los pagos, las cantidades y los países de destino. Así hemos podido crear un centro de análisis de puertos y aeropuertos desde hace tres años. Ese perfilamiento de empresas a través de nueve o 10 indicadores nos ha permitido lograr importantes resultados e incautaciones”, explica Pablo Ramírez. Sobre el motivo que lleva a los narcos a emplear la banana para los envíos, no hay dudas: “Supone el 70% de nuestras exportaciones legales”.

Tras Colombia y Ecuador, los siguientes puntos de origen de la cocaína que llega en contenedores a Europa son Brasil, Panamá, Paraguay y Costa Rica. Desde Brasil destacaron durante años las rutas dirigidas por el ahora encarcelado en Bélgica Sergio Roberto de Carvalho, alias Paul Wouter. Considerado uno de los grandes capos contemporáneos, es el responsable de envíos no sólo en portacontenedores, sino también en barcos pesqueros, con España como referencia.

Así ocurrió en el caso del Titán III, donde sus socios gallegos fueron condenados y él eludió el juicio tras fingir su muerte. Más tarde fue detenido en Budapest y de allí, extraditado a Bélgica. España y Brasil le siguen reclamando. Los puertos atlánticos de Brasil, con Santos como punta de lanza, son origen de numerosos cargamentos destinados a Europa a través de España. El Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, dos mafias brasileñas, están detrás de parte de estos negocios, con oficinas estables en puntos como las islas Canarias. Suelen apostar por el gancho ciego, ocultando la droga en toda clase de mercancías, muchas veces harinas o madera, que se envían de forma legal no sólo a España, sino también a Portugal.

En cuanto a Paraguay, los Narcofiles describen una hidrovía que permite mover los alijos de cocaína por el río Paraná desde los países productores hasta los puertos de salida. El destino final ya no es sólo España, sino también otros países de Europa. La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de ese país está haciendo grandes esfuerzos por descabezar a las grandes redes delictivas asentadas en la región.

Costa Rica y su puerto de Limón es otro de los lugares más calientes de Latinoamérica a la hora de enviar grandes partidas de cocaína en contenedores hacia España. Su cercanía con los países productores y su rápido acceso al Canal de Panamá suponen una ventaja para los narcos. La desventaja con la que tienen que lidiar aquí los narcos es la presencia de Estados Unidos en la zona, que ayuda a las autoridades locales.

Por último, el caso de Panamá es particular, pues sus terminales portuarias hacen de puente para la mayor parte de los envíos procedentes de Ecuador y, en algunos casos, también de Colombia, por lo que mucha de la cocaína está en tránsito. Además, es un punto de recepción de grandes cantidades de droga que llegan en narcolancha tanto por el Pacífico como por el Atlántico.

En el país centroamericano entra en juego la corrupción, un factor clave a la hora de hacer pasar los grandes alijos por las terminales, lo mismo para su carga como para su recepción y posterior salida a los canales de distribución. “Si no existiese corrupción, tanto en los puertos de salida como en los puertos de entrada, no habría opción de llevar a cabo el transporte de cocaína”. Así lo declaró el propio jefe del clan del Golfo en España en el documental Narcogallegos que puede verse en la plataforma Movistar Plus+ en España y en todo el mundo a través de streaming en Kanopy.

La filtración de los NarcoFiles también revela las nuevas estrategias que, de un tiempo a esta parte, emplean los narcotraficantes para mover la cocaína que entra por los puertos de Europa, entre bananas o cualquier otra mercancía legal. Por ejemplo, el ataque a los sistemas informáticos de los puertos, bien de forma directa a través de hackers, bien con sobornos a personal con acceso a los equipos de cada uno de los puertos. La investigación de OCCRP desvela las tretas empleadas por un pirata informático holandés que se introdujo en el sistema informático del puerto de Róterdam para obtener los números PIN de los contenedores. Así conseguía monitorizar los contenedores que iban a ser objeto de inspección.

Otro sistema utilizado es la modificación virtual del origen de ciertos envíos, evitando así que se incluyan en los canales de análisis e inspección.

La lucha contra la corrupción en los puertos se antoja, pues, esencial. Así lo describió a Narcodiario Macarena Arroyo, fiscal antidroga del Campo de Gibraltar. “Una organización que envía nueve toneladas de cocaína no se arriesga a perderlas durante un control, una vigilancia o un posicionamiento. Tienen unas rutas establecidas y capacidad para modificarlas y dirigirse a otros puertos, tienen capacidades logísticas. También disponen de medios para los desplazamientos posteriores por carretera. Pero el problema es la corrupción. Los narcotraficantes no envían nueve toneladas de cocaína a un puerto si no tienen garantizado y asegurado que van a llegar a su destino”.

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Esta información es parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten. El proyecto se originó con una filtración sin precedentes de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 accedieron a los datos a través de dos organizaciones: Distributed Denial of Secrets y Enlace Hacktivista. Luego compartieron el material con más de 40 medios de comunicación, entre ellos infoLibre y Narcodiario en España. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.

A partir de las pistas encontradas en los datos filtrados, los periodistas han elaborado docenas de artículos que revelan las múltiples formas en las que los grupos del crimen organizado evolucionan, se expanden y experimentan en el mundo moderno, dejando nuevas víctimas a su paso.

“Un enfoque fomentado en la sostenibilidad y la responsabilidad social” para “minimizar el impacto ambiental de los eventos deportivos, promover el deporte seguro y maximizar la influencia positiva del fútbol en las personas y comunidades de todo el mundo”. Así relata la FIFA su compromiso con el ecosistema. En el informe Visión 2020-2023, el organismo internacional dirigido por Gianni Infantino recoge una serie de objetivos para la primera parte de la década actual entre los que se destacan la lucha contra el cambio climático, la igualdad de oportunidades y la protección de los valores del deporte.

A dos meses de agotar el tiempo que indica el informe, la FIFA no parece muy dispuesta a cumplir con todos sus retos. Hace apenas dos semanas de la confirmación del primer mundial con sede multicontinental –África, Europa y América del Sur– que supondrá el récord de emisiones de CO2 en la historia de los mundiales, superando la cifra de 3,6 millones de toneladas que estimó la FIFA para el Mundial de Catar.

Un informe de 2021 de la FIFA, que estimaba cuántas toneladas iban a ser emitidas en el pasado “Mundial de la vergüenza”, señaló que la mayoría de ellas, en torno a un 51,7% del total, serían debido al transporte. Cerraban la estimación las emisiones de la construcción de infraestructuras con un 24,2% y las de alojamiento con un 20,1%. Las emisiones indirectas, grupo al que pertenecen los tres datos mencionados anteriormente, emitieron más de 3 millones y medio de toneladas de CO2, cerca de un 98%. Por otra parte las emisiones directas e indirectas de otros tipos apenas llegan al 2% restante.

Con estos números se deduce que uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la organización internacional es la cantidad de viajes y las altas de emisiones de gases invernadero que provocan. La decisión de la FIFA ha sido organizar un Mundial en 2030, año marcado por los Acuerdos de París para reducir las emisiones en un 45%, en el que la distancia de la sede inaugural, Montevideo, y la sede de la final, probablemente Madrid, sea de casi 10.000 kilómetros.

Aún quedan más de seis años para el sorteo de los grupos del mundial, pero no sería descabellado que, por ejemplo, un equipo asiático como Corea del Sur o Japón jugase su primer partido en Uruguay, Argentina o Paraguay y su segundo partido en Marruecos, España o Portugal. De esta manera y en apenas una semana, esa selección viajaría 19.400 kilómetros de Seúl, tomando como ejemplo a los surcoreanos, a Buenos Aires y 10.000 de la capital argentina a Madrid. Casi 30.000 kilómetros que perjudicarían a los jugadores y al medio ambiente y solo beneficiaría a la FIFA.

“La FIFA se compromete a alcanzar emisiones netas cero para 2040 y lanza la Estrategia Climática de la FIFA”. Este es el título de otro informe de la FIFA de noviembre de 2021 en el que "confirma su compromiso” con el Marco de Acción Climática del Deporte.

¿Qué son las emisiones netas cero? Son el gran objetivo de la ONU sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Para contrarrestar el reciente aumento de la temperatura global de la Tierra, la organización mundial propone el “cero neto” para conservar un planeta habitable. “Es necesario que las emisiones se reduzcan alrededor para 2030 y que se alcance el cero neto hacia 2050”, explica la ONU.

El escrito de la FIFA, publicado a la par de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en Escocia, señaló que intentarán reducir las emisiones “en un 50%” para el Mundial de 2030. Este dato contradice a las cifras que firmó la FIFA sobre las emisiones en el Mundial de Catar (3,6 millones de toneladas de CO2) que lo convirtió en el evento deportivo más contaminante de la historia superando al resto de mundiales y Juegos Olímpicos.

Gianni Infantino, actual presidente del organismo, anunció una nueva “estrategia climática integral” y reconoció a su entidad como una de las primeras organizaciones deportivas en “medir, reducir y compensar las emisiones de gases de efecto invernadero”.

Por el momento, las decisiones de la FIFA sobre dónde hacer los próximos campeonatos no se asemejan a su estrategia de reducir las emisiones sobre el clima. En 2026 será el turno de Norteamérica, con sedes a lo largo de los tres países, y en 2030 el recientemente anunciado mundial multisede en tres continentes diferentes.

Según varios informes de 2022 de Carbon Market Watch, organización de investigación sin fines de lucro, la huella real del torneo de Catar fue mayor a la anunciada por la FIFA. Esta ONG defiende que no fueron 3,6 millones de toneladas las emitidas, si no 5 millones. La principal diferencia radica en “la huella de los estadios permanentes”, ya que la FIFA asegura que estos estadios serán utilizados para otros eventos, aunque desde la organización de investigación ven “su futuro incierto”.

En otro comunicado de 2023, Carbon Market Watch resalta su “victoria” contra el organismo internacional al conseguir “que deje de describir la Copa del Mundo de 2022 como ‘neutra en carbono’ porque la afirmación es ‘falsa y engañosa’”, según una ordenanza de un regulador suizo.

Albergar un mundial cada vez es más costoso. Desde el primer campeonato en el que hay datos, el de 1994 en Estados Unidos, los números no han dejado de subir. El campeonato americano tuvo un costo de 500 millones de dólares, según Front Office Sports, mientras que su sucesor, Francia 1998, cuadruplicó la cifra hasta 2.300 millones. Pero son cantidades muy bajas si se comparan con el costo que tuvo el mundial de Catar, el más caro de la historia: 220.000 millones de dólares.

En el caso español, el Mundial 2030 costará aproximadamente 1.430 millones, según las cifras ofrecidas por el Ejecutivo el año pasado. Además, se espera una inversión de 750 millones en las infraestructuras, entre las que destacan la renovación de la mayoría de estadios que serán sede de dicho mundial, y se prevé un impacto de más de 5.000 millones en el PIB. 

Dar clases, preparar y organizar actividades, echar una mano a las profesoras y ofrecer su presencia y compañía son algunas de las acciones que estuvo desarrollando Lola Bautista de la Fuente (1999) durante su voluntariado en Pozo Colorado, Paraguay, durante el mes de agosto de 2019. 

Lola pasó parte de su verano en un internado de niños y niñas de entre 6 a 15 años gestionado por las religiosas que forman parte de la congregación de Cluny, que está repartida por el mundo. A partir de su propia experiencia, Lola detalla a infoLibre que llevan en Paraguay “más de 50 años”. 

Muchas de las actividades que estuvo realizando en el internado de Pozo Colorado estaban enfocadas al entretenimiento y enseñanzas básicas: “Para el fin de semana preparamos una gymkana, por las tardes poníamos pelis… Pero, lo principal era ofrecer compañía, estar allí con ellos”. Estas labores están estrechamente relacionadas con sus estudios, ya que Lola está graduada en Educación Primaria y actualmente se encuentra haciendo el grado de Educación Infantil. Y es que, según comenta, “las religiosas nos preguntaron qué estábamos estudiando y nos dijeron que fuéramos allí a echar una mano a las profes de las escuelas”. 

Las religiosas enseñaron a Lola a poner el foco en la creación de relaciones con los niños basadas en el cariño y el amor ya que, por diferentes circunstancias, “eran niños que necesitaban cariño, les hacía mucha ilusión ver caras nuevas". Básicamente esa era nuestra labor: estar en las aulas, hablar con ellos, preguntar e interesarnos”, resume. 

A pesar de todo esto, la elección de este voluntariado para Lola no fue casual. Dos años antes que ella había estado su hermana en el mismo lugar. La única diferencia es que ella fue como enfermera y no como docente. Este fue otro de los motivos por los que se animó a cruzar el Atlántico: “para mí era un sitio seguro y con gente de confianza”. 

Otra de las motivaciones para adentrarse en este periplo fueron las ganas de conocer nuevas culturas y situaciones distintas. Y así fue. Una de las cosas que más le llamó la atención era la temprana edad que tenían las adolescentes para ser madres y todo lo que eso conllevaba: dejar de estudiar, un futuro al cuidado de los hijos... “Allí al final es otra cultura, otra realidad”, apunta. Por ello, una de las actividades que desarrollaban en el internado era “hablar con ellas sobre lo importante que es seguir formándote, estudiar y que intentasen ver un poco más allá de quedarse embarazadas y así tuviesen un futuro mejor”. 

Y es que siempre que se realiza un voluntariado es importante conocer la historia y la situación del país al que vas. Es lo que hizo Lola, que nos comenta que uno de los principales problemas que existen en Paraguay es la “gran desigualdad”, ya que “simplemente viendo la ciudad veías como de pronto estaba la casa del presidente y un poco más a la derecha estaba todo repleto de pequeñas casas hechas con cuatro tablas de madera en las que vivían una familia entera”. 

Desde el punto de vista cultural, Lola reafirma la realidad que viven allí las mujeres: los embarazos a tempranas edades. “Las adolescentes a los 15 o 16 años acaban sus estudios y si encuentran a una pareja están con él y se quedan embarazadas muy jóvenes”. Paralelamente, la pobreza, fruto de la desigualdad económica y social que sufre el país, provoca que muchos jóvenes comiencen a trabajar con poquitos años, dejando, de igual modo, sus estudios para poder llevar alimento a sus casas. Por esta razón Lola pone el énfasis en la importancia de que los jóvenes “abran su mente y que sepan que haciendo cosas diferentes puede haber un cambio”. 

Muy relacionado con esto último están las aportaciones personales que le trajo consigo la realización de esta experiencia por Paraguay: “Muchas veces tenemos problemas que nos parecen un mundo pero que en realidad no son nada en comparación con los problemas y realidades que tienen otras personas en nuestro país y en otros lugares del mundo”. 

“Aprendizaje” y “admiración” son dos de las palabras que utiliza Lola para definir las emociones que sintió tras realizar su voluntariado en este internado para niños y niñas en Pozo Colorado. Emociones que no olvidará "jamás”, concluye. 

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, ha pedido a todos los ministros de su Gobierno que pongan sus cargos a disposición y se ha comprometido a "escuchar" a la ciudadanía tras las masivas protestas del viernes que se saldaron con al menos 20 heridos.

El ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Juan Manuel Brunetti, ha comparecido para explicar la medida adoptada por Abdo Benítez, reunido con su Gobierno en la Mburuvicha Róga, sede oficial de la Presidencia, para tratar la situación. "Vengo a anunciarles, en nombre del presidente, que él ha escuchado a la ciudadanía. Llama a la paz, a la calma entre los paraguayos, respeta a las manifestaciones pacíficas. En ese sentido, hoy ha convocado a su gabinete y ha pedido a todos sus miembros que pongan sus cargos a disposición", ha explicado Brunetti en declaraciones recogidas por el diario paraguayo ABC Color.

Brunetti ha anunciado además una rueda de prensa de Abdo Benítez para informar sobre los cambios dentro de su gabinete. El ministro ha destacado que el presidente ha tenido en cuenta la reacción ciudadana y las protestas para tomar la decisión de exigir a sus ministros que pongan sus cargos a disposición. "Oportunamente, en el día de hoy va a hablar con la ciudadanía, va a anunciar los cambios. Lo que queremos es que sepan que el mensaje de la ciudadanía llegó al presidente", ha indicado.

Las protestas dejan 20 heridos

Al menos 20 personas han resultado heridas este viernes en una manifestación contra el Gobierno de Paraguay en protesta por corrupción y por la gestión del sistema sanitario, con profesionales sanitarios que reclaman suministros para poder hacer frente a la pandemia de coronavirus.

Al menos 20 heridos en una multitudinaria manifestación contra el presidente de Paraguay

La manifestación, en un principio pacífica, había sido convocada junto al Congreso Nacional para exigir la dimisión del presidente, Mario Abdo Benítez, por la gestión de la pandemia. Sin embargo, en torno a las 20.00 hora local, la Policía ha sido atacada con piedras y disparos de armas de fuego, según informa el diario ABC color y recoge Europa Press.

La Policía Nacional de Paraguay ha intentado controlar los disturbios pero, según medios locales, la situación no ha podido ser controlada por las autoridades, aunque desde las organizaciones convocantes denuncian la presencia de infiltrados. La Policía, que ha disparado balas de goma y gases lacrimógenos, ha asegurado en un comunicado que doce agentes se encuentran heridos. Además hay ocho manifestantes más heridos, según el Hospital de Trauma.

Ante la gravedad de los disturbios, en un momento dado, los agentes han pedido una tregua a los manifestantes mostrando pañuelos blancos en las inmediaciones del Panteón de los Héroes de Asunción. Estos hechos han dejado comercios saqueados y un intento de quemar el Ministerio de Haciendaintento de quemar, según ha informado Hoy.

Medios locales también han confirmado un fallecido en el hospital en relación con los altercados, pero según la jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Elena Andrada, la persona fallecida no guarda relación con la manifestación, recoge la televisión paraguay GEN.

Reacciones

El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, ha declarado a medios locales que el presidente Mario Abdo ha expresado su preocupación por los enfrentamientos y ha asegurado que la violencia ha sido provocada por un grupo que no formaba parte de los manifestantes.

Mientras, desde la oposición, la diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), ha condenado la represión policial contra los manifestantes y ha tachado de "vergonzoso" ver a algunos “pescadores de río revuelto” hablar de corrupción aprovechando las protestas. "Repudiamos la represión policial porque la ciudadanía fue violentada, porque si había un grupo de infiltrados, personas violentas, ellos (los policías) debían controlar a ese grupo y no salir a reprimir a los manifestantes que se fueron con alegría en una fiesta cívica a ejercer su derecho", ha declarado González a la emisora ABC. La diputada ha destacado el carácter pacífico de la protesta y señala a la Policía por no saber controlar a los "infiltrados" que "empañaron la fiesta cívica".

El Gobierno ha admitido recientemente que había escasez de medicamentos para tratar a pacientes de covid-19 y que casi todas las camas de cuidados intensivos de los hospitales públicos estaban llenas. Ante esta situación, el ministro de Sanidad, Julio Mazzoleni, ha dimitido este viernes.

Paraguay se encuentra en máximos históricos de contagios, con más de 1.500 nuevos casos diarios y más de 300 pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos, por lo que el sistema sanitario se encuentra bajo una enorme presión. El país acumula 165.811 casos y 3.278 muertes desde el inicio de la pandemia.

Un fallo en el sistema de interconexión eléctrica ha dejado sin suministro a toda Argentina, todo Uruguay y partes del sur de Brasil, Paraguay y algunas ciudades de Chile, según han informado las empresas eléctricas afectadas. El servicio se ha restablecido ya por completo en la mayoría de las zonas afectadas.

"Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información. #SinLuz #CortedeLuz", ha publicado la distribuidora argentina Edesur, la primera en informar sobre lo ocurrido.

El corte se produjo poco después de las 7.06 horas de la mañana de este domingo (12.06, hora peninsular española), cuando aún no había amanecido, y dura ya varias horas en la mayoría de las regiones afectadas.

El apagón, según el Ministerio de Energía argentino, se debe a que "las tormentas del litoral sacaron de sistema líneas de Yacyretá-Salto Grande", lo que provocó "el colapso del Sistema Argentino de Interconexión (SADI)". Concretamente sería debido a un fallo en la conexión entre las centrales de Yacyretá y Salto Grande, en el litoral argentino.

Unas diez horas después del incidente la eléctrica Edesur ha informado de que ha normalizado el servicio. "Edesur repuso el servicio al 100% de los clientes afectados por la falla en el sistema de interconexión, externa a la distribuidora", ha informado.

La Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas de Uruguay (UTE), ha señalado como origen del apagón "un desperfecto en la red argentina" que afectó el sistema interconectado "dejando sin servicio todo el territorio nacional, al igual que varias provincias del vecino país".

Proceso de restablecimiento

La UTE ha destacado que tras el "importante" corte eléctrico "ya se está levantando el sistema desde cero". En concreto, se ha restablecido el suministro al 75% de los usuarios en Uruguay hasta las 13.30 horas, hora local.

"El sistema evalúa segundo a segundo la relación entre generación y demanda de energía. Cuando la demanda cae, la generación cae igualmente en la misma magnitud. Al producirse una caída masiva de la demanda en Argentina, actuaron automáticamente las protecciones" en Uruguay y los demás países afectados.

El apagón afecta también a las provincias argentinas de Santa Fe, Formosa y San Luis, que celebran elecciones. También hay comicios en Tierra del Fuego, que parece haberse quedado al margen del apagón.

El incidente ha paralizado de inmediato los servicios de tren y los autobuses de la región de Buenos Aires funcionan, pero con retrasos debido a la falta de señalización.

"Ya se comenzó con la recuperación en las regiones de Cuyo, NOA y Comahue y se está abriendo el resto del sistema para continuar con la recuperación total, que se estima puede llevar algunas horas", explica el ministerio de Energía argentino en un comunicado.

Edesur, por su parte, ha anunciado ya el inicio del restablecimiento en la región de Buenos Aires. "Se inicia el proceso de normalización que demandará varias horas", ha advertido. A las 11.53 (14.53 en la España peninsular), Edesur había repuesto el servicio a 450.000 clientes, priorizando hospitales y centros de salud.

Algunas voces critican ya en Argentina la escasa respuesta oficial ante el apagón y la web del Ente Nacional Regulador de la Electricidad argentino (ENRE) se encuentra caída desde hace horas. Además, la falta de electricidad ha afectado al sistema de distribución de agua potable e incluso Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) pidió a los usuarios hacer "un uso racional del agua".

Argentina, con 44 millones de habitantes, y Uruguay, con 3,4 millones, comparten un sistema de interconexión eléctrico centrado en la represa binacional de Salto Grande, ubicada unos 450 km al norte de Buenos Aires y unos 500 kilómetros al norte de Montevideo.

El expresidente de Xóvenes Agricultores (XX.AA.) Juan Pérez Miramontes es uno de los seis detenidos en Galicia en el marco de una operación policial contra la trata de mujeres en Santiago de Compostela, informa Europa Press.

El abogado que representa a Pérez Miramontes, Miguel Ángel Fernández, ha confirmado que el expresidente de Xóvenes Agricultores, sindicato agrario gallego próximo al PP que fue disuelto oficialmente por un juzgado en junio de 2016, fue detenido este martes y trasladado a la comisaría compostelana a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas. En este operativo contra la trata de mujeres llevada a cabo por la Policía Nacional en colaboración con la Fiscalía de Paraguay han sido detenidas seis personas en Galicia y otras tres en Paraguay.

En concreto se investiga una red que captaba mujeres en Paraguay y las traía a Santiago de Compostela, donde eran obligadas a ejercer la prostitución. La operación está abierta y se ha decretado el secreto de sumario por parte del juzgado compostelano que instruye la causa. En concreto, esta operación la ha llevado a cabo en la capital gallega la Brigada de Extranjería en colaboración con agentes de otras unidades, algunos desplazados desde Madrid, bajo la coordinación de un juzgado compostelano.

Miramontes: presidente del sindicato agrario desde su fundación hasta su disolución

El empresario Juan Pérez Miramontes, detenido en esta operación, presidió desde 1982 y hasta su disolución el sindicato agrario Xóvenes Agricultores, que fue disuelto por un juzgado de lo Mercantil de Lugo en junio de 2016. Los problemas económicos como deudas con el personal y otras entidades que afrontó este sindicato en sus últimos años causaron el despido de sus trabajadores y llevaron a Xóvenes Agricultores al juzgado, que decretó su disolución tras un concurso de acreedores.

Nueve personas han sido detenidas en Galicia y Paraguay en una operación contra la trata de mujeres llevada a cabo en Santiago de Compostela por la Policía Nacional, tal como ha confirmado este miércoles el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, en declaraciones a los medios en Lugo. Ha recordado que este operativo "está bajo secreto de sumario": "Me van a perdonar que no pueda dar muchos más datos, pero sí confirmar que en Galicia hay seis detenidos.

Es una actuación que se ha hecho conjuntamente con la Fiscalía de Paraguay con otros tres detenidos en Paraguay", ha relatado. "Cuando se ponga a disposición de la autoridad judicial y el juez lo permita, daremos toda la información", ha asegurado. El delegado del Gobierno en Galicia únicamente ha señalado que la "operación (policial) está abierta para todas las ramificaciones que podría haber". Asimismo, ha felicitado a la Policía Nacional "por el trabajo realizado, que ha permitido en escaso tiempo desmantelar dos redes de trata de mujeres, una en la zona de Ferrol y otra en Santiago", ha concluido.

Fuentes policiales han explicado que la operación la han llevado a cabo, en la capital gallega, la Brigada de Extranjería en colaboración con agentes de otras unidades, algunos desplazados desde Madrid, bajo la coordinación de un juzgado compostelano.

El 20 de noviembre de 1975, mientras el águila de San Juan se preparaba para abandonar España y dar paso a la democracia, la sombra del cóndor de las dictaduras se expandía por América del Sur. El golpe de estado del general Videla en Argentina, ocurrido al año siguiente, completaría el mosaico: Pinochet en Chile, Stroessner en Paraguay, Geisel en Brasil, Hugo Banzer en Bolivia, y Bordaberry en Uruguay. Y sin embargo, a diferencia de Francisco Franco, ninguno de estos hombres descansa bajo una tumba monumental ni es objeto de honores. ¿Qué queda de los dictadores en Sudamérica?

El espectro de Stroessner

El militar Alfredo Stroessner llegó al poder en Paraguay con un golpe de estado en 1954. Su régimen de 35 años trajo la paz del sepulcro: 400 personas fueron ejecutadas o desaparecidas y casi 19.000 torturadas, según datos de la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, hasta que el propio dictador fue depuesto por uno de sus subordinados. Hasta 1993 no se celebrarían elecciones democráticas, en las que vencería el partido del general.

“La mayoría de los crímenes cometidos durante la dictadura se siguen investigando y han sido reconocidos”, explica Soledad Villagra, presidenta del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del país. Las avenidas por las que caminan los paraguayos ya no son las mismas. “Hay una plaza de detenidos desaparecidos, pero no hay tantos monumentos como en Argentina. Lo símbolos los quitaron ya: quitaron las estatuas del dictador, las calles que tenían los nombres de sus parientes se cambiaron, la ciudad Presidente Stroessner pasó a llamarse Ciudad del Este”, enumera la abogada especializada en Derechos Humanos y Derecho Internacional a infoLibre.

Sin embargo, Villagra advierte de que el espectro de la dictadura sigue rondando. “Prácticamente todos los gobiernos de la transición tenían personas allegadas al régimen de Stroessner. El primero (que sucedió al dictador) fue su consuegro, el segundo fue una persona que se enriqueció durante la dictadura”, relata la abogada. El “continuismo” salta a la vista: el Partido Colorado –el mismo del dictador–, lleva gobernando desde entonces, a excepción del mandato de Fernando Lugo (2008-2011). “Y el gobierno que acaba de ser electo es el más stroessnerista de todos, son los cachorros de la dictadura. El presidente actual llegó a llevar el cajón del dictador cuando murió”, lamenta. En este contexto, no extraña que el ministerio de Justicia no haya identificado los primeros desaparecidos hasta 2016.

También explica por qué Alfredo Stroessner murió en Brasil, exiliado, pero impune. Aunque está enterrado en una sencilla tumba en Brasilia, su recuerdo sigue pesando sobre los paraguayos, así como sobre Soledad Villagra: “Yo empecé a trabajar en Derechos Humanos impulsada por mi historia familiar. Tengo tres tíos que desaparecieron y mi papá fue encarcelado”, narra. “Estuvo preso tres meses durante la dictadura de Stroessner por escribir un poema unos líderes comunistas que habían sido asesinados. Luego pudo salir y nos fuimos a Chile, fue un más o menos autoexilio... Estuvimos allí hasta que llegó la dictadura de Pinochet”.

Fragmento del poema 'La espera', escrito por Carlos Alberto Villagra Marsal | IL

“Todos los centros importantes de detención, represión o exterminio se han convertido en sitios de memoria”

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, improvisó a finales de agosto una visita al Museo de la Memoria y la Reconciliación en Santiago, en su escala en Chile. En este cofre de cinco mil metros cuadrados se preservan los recuerdos más amargos: las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado entre 1973 y 1990, la dictadura de Augusto Pinochet. Al igual que en Paraguay, aunque muchos miembros de las fuerzas de seguridad han sido enjuiciados y condenados, el dictador murió en libertad. La batalla legal por enjuiciar a Pinochet comenzó con su detención en Londres en 1998. No obstante, el anciano militar alegó en numerosas ocasiones un mal estado de salud para escapar de los juicios. Finalmente murió en Chile en 2006 de un infarto, a los 91 años de edad, en medio de un proceso por secuestros, homicidios y torturas. Sus restos permanecen en una capilla privada en Valparaíso.

Recién estrenada la democracia, el presidente Patricio Alywin –cuyo margen de maniobra estaba ampliamente restringido debido al poder de los militares– encargó a la nueva Comisión de Verdad que esclareciera qué sucedió con durante la Doctrina de Seguridad Nacional. Apenas un año después, el mandatario apareció en todas televisiones chilenas anunciando los resultados del Informe Rettig: 3.550 violaciones de derechos humanos. En 2004, otra comisión amplió estas cifras: 28.000 torturados, 3.197 asesinados o desaparecidos y 200.000 exiliados.

No obstante, el director del Museo de la Memoria, Francisco Estévez, explica a infoLibre que todavía quedan muchos asuntos en la penumbra. “El principal problema que tenemos nosotros es el desconocimiento del paradero de los desaparecidos. Están sus nombres, sus fotografías, la certeza del momento en el que fueron detenidos. Pero no está la certeza de su paradero ¿Qué pasó con sus cuerpos? ¿Dónde fueron enterrados? ¿O Fueron tirados al mar? Hay muy poca información porque obedeció a una estrategia de la dictadura de eliminar todos los rastros de su represión. Ese es un tema clave todavía pendiente, así como el avance de las investigaciones judiciales y la sanción. El fantasma de la impunidad siempre está. Siempre está rondando. Y para que esto no ocurra, Estado y Sociedad Civil deben estar unidos”, argumenta el historiador de la Universidad Católica y Premio UNESCO-Mandajeet Singh 2014.

“Todos los centros importantes de detención, represión o exterminio se han convertido en sitios de memoria”, señala Estévez. “No ha habido una política sistemática del Estado de cambiar los nombres de lugares de la ciudad que hayan sido nombrados con nombres relacionados de la dictadura. Si existen esos centros, es porque las víctimas o sus familiares han trabajado permanentemente por que esos sitios vayan contando la verdad sobre lo que sucedió en ese lugar y que se reivindique la justicia”, añade. 

Despúes de recorrer los pasillos del Museo, Pedro Sánchez anunció que renunciaba a la idea de convertir el Valle de los Caídos en un lugar de memoria. Francisco Estévez, a su vez, duda que la tumba de Franco pueda convertirse en un hogar de reconciliación: "Se construye como un símbolo de la guerra donde domina el franquismo. A mí me parece muy difícil que ese lugar pueda resignificarse. Hay que pensar que si se hace un museo de la memoria u otra iniciativa similar, creo que tienen que buscarse otro lugar".

Augusto Pinochet | EP

'Nunca más'

“Muchos de los episodios aquí reseñados resultarán de difícil credibilidad. Es que los hombres y mujeres de nuestro pueblo sólo han conocido horrores semejantes a través de crónicas de otras latitudes. La enormidad de lo acontecido, la transgresión a los fundamentos mismos de la especie, provocará todavía aquel «¿será cierto?» con que algunos intentaban sustraerse del dolor y del espanto, pero también de la responsabilidad que nace del saber, del estar enterado, porque a ello sigue, inexorablemente, el preguntarse: ¿cómo evitar que pueda repetirse?”.

Esa es la interrogante que lanzó el informe Nunca Más, que reveló lo sucedido durante la dictadura militar argentina, un año después desde la recuperación de la democracia. El fracaso de la Guerra de las Malvinas precipitó el hundimiento del llamado Proceso de Reorganización Nacional en 1983. Y con él, salieron a flote las torturas, desapariciones forzadas, secuestros y robo de niños que, al mando de Jorge Rafael Videla, aterrorizaron a los argentinos . Se estima que 30.000 personas murieron. Un asunto que los militares buscaron dejar atrás mediante una ley de autoamnistía promulgada justo antes de permitir unas elecciones libres.

Pero la democracia argentina tomó otro camino desde el principio. “Este fue el único caso en la historia de América Latina en que las principales autoridades de un gobierno durante el cual se perpetraron masivamente crímenes contra la humanidad fueron llevadas ante la Justicia para rendir cuentas”, explica Amnistía Internacional. Con el Nunca Más sobre la mesa, los 5 miembros de la Junta Militar fueron condenados. El dictador Videla y Eduardo Massera, responsable del mayor centro de desapariciones, fueron condenados a cadena perpetua.

A pesar de que la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida promulgadas a mediados de los ochenta buscaron poner fin a los juicios, y de las amnistías concedidas durante el gobierno de Ménem en los años noventa, la lucha contra la impunidad se retomó en el siglo XXI. Según el último informe anual de Amnistía Internacional, “entre 2006 y diciembre de 2016 se habían emitido 173 sentencias, con lo que el número total de personas declaradas culpables se elevaba a 733”. Esparcidos a lo largo del país decenas de Espacios de Memoria recuerdan el oscuro periodo de la dictadura, pero el sepulcro de Videla no es uno de ellos. Sin haber nunca mostrado arrepentimiento, el dictador murió en prisión en 2013: un funeral sin honores de Estado y una tumba con un nombre falso fue su destino.

Fotografías de desaparecidos durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional | EP

“No se les podía perseguir, o habría problemas”

Al otro lado del Río de La Plata, en Uruguay, las elecciones volvieron en 1985, terminando con la dictadura cívico-militar iniciada por Juan María Bordaberry doce años antes. El uruguayo Omar Torres-Collazos se convirtió en profesor de Ciencias Políticas y de Historia de la Filosofía del Derecho una vez en España, pero todavía recuerda el día del golpe de estado –un 27 de junio de 1973– y los años de represión. Tenía 17 años cuando detuvieron a su padre.

“En todas las familias uruguayas ha habido un preso político. Yo sé que no hubo muchos, pero es que tampoco somos muchos uruguayos. También ha habido muchos desaparecidos. Solamente somo 3 millones y medio de uruguayos”, detalla. Si bien las violaciones de derechos humanos fueron similares a las ocurridas en los países vecinos, Uruguay se diferencia por su transición. “En 1984 –narra– se reunieron los políticos tradicionales con los militares. De ahí salieron los acuerdos de Parque hotel que permitieron la vuelta a la democracia. Y, evidentemente, se estableció una amnistía general. No sólo incluyó a los guerrilleros, sino también a los militares. Por eso, después de las elecciones en 1985, salieron todos en libertad”.

El gobierno, habiendo pactado con los actores de la dictadura, aprobó la Ley de Caducidad de la Acción Punitiva del Estado: los responsables no podrían ser juzgados. Y sin embargo, aunque esta decisión ha sido sometida dos veces a referéndum, la mayoría de uruguayos se niega a derogarla. ¿Por qué? “Ya no valía la pena. El desprestigio de los militares era bestial. Pero la gente de uruguay es bastante inteligente, y se daba cuenta de que en aquel momento donde los militares todavía tenían mucho poder, no se les podía perseguir. O habría problemas. Prácticamente no hubo limpieza de los militares. Se fueron muriendo, se les mandó a su casa, siguieron cobrando sus pensiones, no devolvieron lo que se robaron, aunque tampoco robaron gran cosa”, explica el politólogo.

Hasta el año 2000 no hubo una Comisión de Paz que registrara las violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Apenas una veintena de militares fueron condenados, entre ellos el dictador Gregorio Álvarez en 2009. El propio Bordaberry fue finalmente condenado a 30 años de prisión al año siguiente. Murió el 18 de julio de 2018, bajo arresto domiciliario debido a su estado de salud, y fue enterrado en un cementerio de la capital. Al igual que Stroessner, Pinochet y Videla, Bordaberry no tuvo un funeral de Estado.

La presidenta de la empresa pública Tragsa, Elvira Rodríguez, anunció la semana pasada en la Universidad Menéndez Pelayo que la compañía va a abandonar Brasil y Paraguay, donde mantiene sendas filiales. Rodríguez dio por terminada la “aventura” de Tragsa en ambos países latinoamericanos. Lo que no dijo es que el cierre de las dos sociedades le ha costado a la compañía pública 10 millones de euros, que han convertido los cinco millones de beneficios brutos registrados en 2017 en unas pérdidas netas de 4,9 millones de euros. El ejercicio anterior, el grupo consolidado había conseguido unas ganancias de 814.000 euros, el primer resultado positivo tras encadenar tres años de números rojos.

Rodríguez justificó el fin del negocio en Brasil y Paraguay en el hecho de que el recorrido de ambos proyectos está “agotado”. Sin embargo, fuentes internas consultadas por infoLibre no han dudado en asegurar que la “aventura” americana de Tragsa, en concreto la brasileña, ha sido un “fracaso” desde el principio. Tragsa Brasil se creó en 2013 como filial en un 80% de Tragsa y en el 20% restante de Tragsatec, la sociedad del grupo dedicada a proyectos de ingeniería y consultoría. Fue un proyecto impulsado por el anterior presidente del grupo, Miguel Giménez de Córdoba. Su personal fijo está constituido únicamente por tres personas desplazadas desde España, entre ellos el delegado, y un número de trabajadores eventuales, contratados en el país, que llegó a los 424 en 2014 y se redujo hasta 56 dos años después. Ahora no quedan más que una cuarentena de personas liquidando la empresa.

El caso de la filial paraguaya, Colonización y Transformación Agraria (Cytasa) es distinto. Se creó en 1978 para dar respaldo jurídico a la finca con que el Estado de Paraguay pagó una deuda que mantenía con el español. Con una extensión de casi 7.000 hectáreas, Los Lapachos se dedica a la producción de soja.

Según las últimas cuentas de Tragsa colgadas en su página web, la filial brasileña terminó 2016 con unas pérdidas de 1,96 millones de euros. Tragsa Brasil reconoce que ha cerrado el ejercicio con patrimonio neto negativo pero también dice que está a la espera de “recibir fondos de su controladora en 2017 para revertir esa posición”. Además, hace constar que ese año “pasará a operar con flujos de caja positivos” gracias a una “mejora continua de sus proyectos y obras, así como a la firma de nuevos contratos que equilibrarán los gastos administrativos y los costes”. Sin embargo, la llegada de Elvira Rodríguez a la presidencia de Tragsa, en febrero de 2017, se tradujo en un cambio de estrategia. Fuentes de la empresa aseguran a este periódico que Tragsa va a dejar de acudir a licitaciones públicas en el extranjero y se concentrará en ser únicamente el “brazo ejecutor” de la política de cooperación al desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

En ese ámbito, Tragsa ejecuta proyectos, unos 80 según su última memoria de sostenibilidad, repartidos entre 28 países de África –Argelia y Malí–, América –desde Honduras hasta Perú– y Europa –Portugal y Turquía–. En total, facturó por esta actividad 33 millones de euros en 2016, la mayor parte en América.

Gran coste, mínimas ganancias

En sus escasos cuatro años de existencia, Tragsa Brasil sólo ha sumado 92.836 euros de beneficios: poco más de 38.000 euros en 2013 y 2014, y únicamente 16.000 euros en 2015. Para alcanzar esas exiguas cifras, Tragsa invirtió en su filial 1,66 millones de euros en dos años y tuvo que pedir dos préstamos, de 5,7 millones de euros cada uno, así como un tercero de 690.000 euros. Además, para cubrir el riesgo del tipo de cambio, Tragsa contrató derivados, que añadieron un gasto de 2,1 millones de euros, según consta en sus cuentas de 2016. En total, el coste financiero ascendió a 15,4 millones de euros.

Con ese dinero, Tragsa Brasil se dedicó a construir redes de saneamiento y abastecimiento de agua, así como a contratar y entrenar a brigadas forestales y a edificar vivienda de protección social.

Ahora, para sanear el negocio, Tragsa ha capitalizado los préstamos que hizo a su filial por importe casi nueve millones de euros, mientras que Tragsatec ha hecho una dotación adicional de 800.000 euros, según la información a la que ha tenido acceso infoLibre. En cualquier caso, las fuentes precisan que ese saneamiento se ha realizado con cargo a reservas, “sin sobrecoste alguno para el erario público”, aunque sí ha reducido el patrimonio del grupo.

Por lo que a Cytasa se refiere, Tragsa la puso a la venta ya en 2014, pero sin éxito. No obstante, sus números son mucho mejores que los de la filial brasileña. En 2014 llegó a ganar 1,1 millones de euros, aunque las cifras de 2015 disminuyen hasta 456.000 euros de beneficios en 2015 y 363.000 euros en 2016. Esos dos años, las inversiones de la empresa pública en la filial paraguaya sumaron 2,88 millones de euros.

La tercera de la SEPI

Tragsa no es la empresa pública más conocida, pero sí una de las de mayor plantilla, con unos 11.000 trabajadores, y la tercera que más aportó a la cifra de negocio de la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI), 701 millones de euros en 2016, casi un 20% de lo que factura. El grupo, que trabaja exclusivamente para las administraciones públicas en tareas medioambientales, de desarrollo rural y gestión de recursos naturales, presentó en 2013 el mayor despido colectivo de una empresa pública: 1.636 trabajadores.

Sin embargo, el ERE tuvo una vida accidentada: fue rechazado por los sindicatos, denunciado ante los tribunales y anulado por la Audiencia Nacional. Hasta dos años después, el 20 de octubre de 2015, no le dio el visto bueno definitivo el Tribunal Supremo. Entre el 31 de diciembre de ese año y los primeros días de enero del siguiente fueron despedidas 555 personas.

Entre 2013 y 2015 acumuló 72,65 millones de euros en pérdidas72,65 millones de euros en pérdidas, pero ha ido recuperando los niveles de producción al tiempo que las administraciones públicas también han ido retornando a la actividad. Así, en 2017 la facturación alcanzó los 706 millones de euros –aún lejos de los 946,6 millones de 2011– y su beneficio de explotación creció un 89% respecto al año anterior.

Creada en 1977 a partir de lo que entonces era el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda), Tragsa tiene como principal accionista a la SEPI, con un 51% del capital, seguida del Fondo Especial de Garantía Agraria (FEGA), con un 38,9%; la Dirección General de Patrimonio con un 9,9%, y el resto del capital repartido entre las comunidades autónomas, que poseen una participación simbólica de un euro. Es un “medio instrumental” de las administraciones públicas, que son sus únicos clientes. Trabaja con ellas mediante encomiendas de gestión, un instrumento polémico porque no media licitación pública alguna. Tragsa cobra según unas tarifas prefijadas y no puede rechazar ninguno de los encargos que las administraciones le hagan.

Una adolescente paraguaya de 14 años murió esta semana tras dar a luz a un bebé fruto de una violación, un caso que ha conmocionado a la opinión pública y que ha reabierto el debate en el país suramericano sobre el aborto, que es ilegal salvo en el supuesto de que la vida de la madre corra peligro.

Según Europa Press, la joven fue hospitalizada hace 20 días por complicaciones en la recta final del embarazo. El martes sufrió tres infartos y finalmente falleció mientras se le practicaba una cesárea de urgencia. La recién nacida logró sobrevivir.

"Fue todo muy rápido", dijo Hernán Martínez, el director del Hospital Nacional de Itauga, a una emisora local. De acuerdo con su versión, sufrió una embolia amniótica, cuyo diagnóstico es "muy difícil", y "le practicaron la reanimación avanzada en terapia intensiva, pero no pudieron recuperarla".

La familia, por su parte, denuncia una negligencia médica porque, según su relato de los hechos, los doctores insistieron en seguir adelante con un parto natural cuando ya era evidente que necesitaba una cesárea.

Este caso ha llamado la atención de la sociedad paraguaya porque la menor había sido víctima de abusos sexuales. Esta misma semana, después de que se conociera la muerte de la joven, las autoridades paraguayas anunciaron la detención de un hombre de 37 años como presunto agresor.

En Paraguay, hay dos nacimientos diarios de madres de entre 10 y 14 años que en muchos casos han sido víctimas de abusos sexuales, de acuerdo con organizaciones de defensa de los derechos humanos. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad revelan que el 15% de las mujeres que dieron a luz lo hicieron al menos una vez antes de los 18 años.

"En el 70% de los casos el abuso es en el mismo entorno familiar. Un padrastro, hermanastro, abuelo...", dijo el responsable de Niñez y Adolescencia del Gobierno, Ricardo González, citado por la prensa paraguaya. "Es una cuestión cultural que guarda relación con el tema de la educación", asumió.

El caso también ha reavivado el debate sobre el aborto. Paraguay, como muchos países de la región, tienen una estricta legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos les ha instado a revisar.

"No se trata solo del acceso al derecho al aborto. Tiene que ver con una asistencia sanitaria integral, tiene que ver con la educación sexual, tiene que ver con la prevención de la violencia y de la violencia sexual en particular", dijo la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, a Thomson Reuters Foundation.

El Gobierno español concederá al ministro paraguayo de Asuntos Exteriores, Eladio Loizaga, la Cruz de la Orden de Isabel la Católica por su labor para fomentar las relaciones bilaterales entre Paraguay y España, que se tradujeron en una "mejora sustancial" de la relación entre ambos.

Así lo señalaron a Europa Press fuentes diplomáticas, que no comentaron las críticas que había recibido la condecoración —entre ellas las de Podemos— por el hecho de que Loizaga formase parte del Ministerio de Exteriores durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Eso sí, señalaron que Loizaga fue "funcionario de carrera" que ocupó distintos cargos en el Ministerio de Exteriores de su país y que, después de la dictadura, en 1989, fue elegido democráticamente por el pueblo paraguayo como diputado del Partido Colorado.

Este lunes, Podemos se hizo eco de la denuncia del Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura Stronista y Paraguay Resiste, un colectivo de ciudadanos paraguayos residentes en España, y protestó por la condecoración alegando que Loizaga fue —entre 1981 y 1983— responsable de Organismos, Tratados y Actos Internacionales del Gobierno Stroessner durante la Operación CóndorOperación Cóndor, y por tanto tuvo un papel clave en ella.

Según su reglamento, la Orden de Isabel la Católica pretende premiar aquellos "comportamientos extraordinarios de carácter civil, realizados por personas españolas y extranjeras, que redunden en beneficio de la Nación o que contribuyan, de modo relevante, a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la nación española con el resto de la comunidad internacional".

El Gran Maestre de la Orden es el Rey, y su Gran Canciller el ministro de Asuntos Exteriores, que es a quien corresponde tramitar las propuestas de condecoraciones de esta orden, que consta de nueve grados (Collar, Gran Cruz, Encomienda de Número, Encomienda, Cruz de Oficial, Cruz, Cruz de Plata, Medalla de Plata y Medalla de Bronce).

Loizaga es ministro de Asuntos Exteriores de Paraguay desde agosto de 2013, cuando tomó posesión el Gobierno de Horacio Cartes. Como tal acompañó al presidente paraguayo en su visita oficial a España en 2015 y volvió de visita en julio y diciembre de 2016. Por su parte, el anterior jefe de la Diplomacia española, José Manuel García-Margallo, le visitó en 2015. La relación entre los dos países, señalaronn las fuentes consultadas, es "muy fluida" y Loizaga es "un gran amigo de España".

La vista del recurso contra la deportación de Daniel V., el joven paraguayo de 19 años que vivía en Santiago de Compostela y que fue expulsado en noviembre, ha quedado este martes lista para sentencia en el Juzgado Contencioso-Administrativo Número 2 de Santiago de Compostela, hasta donde se desplazaron, además, compatriotas del joven y miembros del Foro Galego de Inmigración para pedir que se "revierta una injusticia".

El recurso ha sido presentado la asociación madrileña Paraguay Resiste y, según ha explicado el presidente del Foro Galego de Inmigración, Miguel Fernández, lo "firma" el propio joven, que "quiere volver". En la vista, el letrado que representa al colectivo ha aludido a "irregularidades" en la instrucción del procedimiento de expulsión y ha pedido la anulación del expediente y su sustitución por una multa.

Entre los argumentos del recurso, se esgrime que el joven vivía en Santiago desde los cinco años y que en la capital gallega continúan su madre y un hermano, mientras que en su país de origen, donde permanece, se encuentra en una situación de "falta de arraigo". También se apunta a una posible "deportación exprés" y se pone en duda que se cumpliese "el límite de las 72 horas que una persona puede estar detenida".

Los promotores del recurso también inciden en que el menor estuvo durante "más de un año" bajo "guarda" por parte de la Xunta y ésta "no hizo ningún intento" para iniciar la tramitación de los documentos necesarios para regularizar la situación del joven.

Enfrente, el abogado del Estado se ha opuesto al recurso y ha defendido el expediente de expulsión basado "en su situación irregular", puesto que el joven había cumplido la mayoría de edad y no tenía permiso de residencia ni contrato de trabajo. Al tiempo, ha recordado que fue detenido por supuesto hurto en un establecimiento comercial y que tenía otros antecedentes de "amenazas y violencia en el ámbito doméstico".

En todo caso, puesto que los antecedentes policiales se incorporaron "posteriormente" al expediente del joven, ha recalcado que su expulsión se cursó porque estaba "en situación irregular" en el país, un contexto en el que, además, ha añadido, "la invocación del arraigo es irrelevante".

"Ilusionado" por ver a su padre

No obstante, tanto el abogado del Estado como un testigo que ha declarado este martes (un policía que acompañó al joven expulsado en el regreso a su país de origen) han señalado que sí "tiene familia" en Paraguay.

De hecho, el policía ha esgrimido que en el vuelo hacia su país, el propio joven se confesó "ilusionado" por encontrarse con su padre, "propietario de una fábrica de pantalones", y al que "no veía desde hace diez años". También tendría una hermanastra en Paraguay.

El policía ha añadido que el joven fue recibido por familiares en el aeropuerto. "Había tres personas, entre ellas una señora mayor que identificó como su tía", ha indicado, antes de reconocer que el padre no estaba. Según el agente, se le trasladó que al padre no se le había comunicado que llegaba el joven porque "querían darle una sorpresa".

Asimismo, el testigo ha asegurado que se cumplió con el precepto de las 72 horas y, preguntado por el letrado que defiende el recurso, ha reconocido que hay documentos (los ligados a los antecedentes) que no estaban inicialmente en el expediente de expulsión.

Ordenamiento "vacío de contenido"

Por su parte, en sus conclusiones, el abogado del Estado se ha reafirmado en su postura y ha recalcado que la expulsión se produjo por una situación "irregular" en la que el "arraigo" que esgrimen los promotores del recurso no se puede "invocar", al tiempo que ha rechazado la anulación del expediente de expulsión y la apertura al "retorno voluntario" y a que se pueda sustituir dicho expediente por una multa.

"Sí es posible sustituir una pena de expulsión por una multa, porque, si no, el ordenamiento jurídico estaría vacío de contenido", ha replicado el letrado del colectivo que presenta el recurso, quien ha incidido en que queda "más que probado" que los vínculos familiares del joven están en la capital gallega.