MERCOSUR

El acuerdo de Mercosur desata una guerra feroz por el voto rural

Protesta de agricultores en Girona.

Este sábado, Asunción, la capital de Paraguay, se vestirá de largo. La economía mundial estará mirando hacia allí. Se firmará el histórico acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea tras más de 26 años de negociaciones. Se alumbrará de esta forma la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado conjunto de más de 700 millones de consumidores que concentrará cerca del 25% del PIB global.

España ha sido uno de los países que más ha luchado por hacer realidad este acuerdo en un contexto internacional precisamente marcado por la ruptura del multilateralismo y la deriva imperialista y arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un acuerdo capitaneado por una Comisión Europea de mayoría conservadora bajo la batuta de Ursula Von der Leyen, que ha abrazado ese vínculo con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia).

Pero el pacto entra de lleno ahora en la arena política española. Aunque dentro de la M30 no ocupe los grandes titulares, sus derivadas en España pueden ser clave para los partidos de cara al naciente ciclo electoral. Y de hecho ya son un arma en muchas provincias medianas y con fuerte componente agrícola que pueden hacer decantar los resultados de unas generales por el reparto de escaños.

El campo prepara un final de enero caliente

La campaña con Mercosur de fondo ya ha echado a rodar. La bandera contraria al acuerdo la agarra con vigor Vox pensando en el voto rural, pero también la onedan fuerzas de izquierdas como Podemos, Sumar y el BNG. El Partido Popular está en una encrucijada y no se atreve a darle su respaldo pleno, como le piden sus compañeros europeos, mientras que el Gobierno y el PSOE defienden la apuesta comercial hecha por Bruselas. Y, a la vez, tiene mucha fuerza el debate en Cataluña, con ERC y Junts presionando contra el pacto.

Hay enfado en parte del campo español. Aunque ya se han producido protestas en diferentes puntos del país, la traca llegará dentro de unos días. Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA anunciaron este jueves la convocatoria de protestas para la última semana de enero contra el acuerdo con Mercosur y por los recortes de la PAC. El jueves 29 será la jornada culmen, con acciones generalizadas y con la previsión de un gran acto en Madrid. Los organizadores hablan de “competencia absolutamente desleal” y acusan al Gobierno y a Europa de vender al sector primario “por calderilla”.

La gran lucha entre las derechas

Vox es la formación que más rápido y con más fuerza se está moviendo en España para denunciar el acuerdo. El voto del campo se ha convertido en esencial para el ascenso de esta formación en las encuestas. Los de Santiago Abascal llevan años cosechando apoyos en la España profunda y tratando de crear una brecha entre estos municipios y la vida de las grandes ciudades, una estrategia que le ha dado grandes réditos a la ultraderecha a nivel internacional y que fue esencial para la vuelta de Trump al Despacho Oval. 

Esta hoja de ruta de las derechas ha dado ya su frutos, por ejemplo, en Extremadura, donde Vox y el PP se impusieron el 21D en estas zonas rurales por encima del PSOE, además de producirse una gran abstención entre los progresistas en esas áreas. Una estrategia que están volviendo a implementar las derechas también en el campo aragonés (las elecciones en esa comunidad son el 8 de febrero). Y que también están cultivando los populares y los de Abascal en Castilla y León y Andalucía, que irán luego a las urnas en los próximos meses.

Vox ha salido en tromba desde que se anunció el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Y van en dos caminos en sus críticas: denunciando una supuesta “traición” a los agricultores y ganaderos españoles y, a la vez, achacando que ese rejón se debe al bipartidismo del PP y el PSOE, que han ido de la mano en las instituciones europeas en este asunto.

“Ellos lo han promovido, lo han negociado, lo han votado”, ha denunciado durante estos días el líder de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, a pesar de que finalmente se ha unido también al acuerdo Giorgia Meloni (Italia), una de las grandes referentes para la ultraderecha española; tanto es así, que pasó unos días en Navidad en Madrid con Santiago Abascal en una visita personal. Asimismo, en una estudiada estrategia, el partido de ultraderecha está calentando este tema en muchas provincias españolas y medios locales. 

El PP, en un callejón sin salida

El Partido Popular se ve ahora en una situación complicada respecto a Vox, ya que están en pleno enfrentamiento por la España rural. El pasado fin de semana, el líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, hacía esta proclama en la conferencia interparlamentaria de los populares: “Nosotros somos el partido del campo, el partido de los agricultores, el que les defiende, el que les escucha y el que hace política real para ellos. Los agricultores tienen razón. Quieren menos exigencias burocráticas y políticas que garanticen la rentabilidad y competitividad. Quieren más control de lo que viene de fuera, porque también se controlan nuestros productos cuando salen de España. Y tienen razón cuando piden acuerdos comerciales justos y con garantías que se cumplan. A diferencia de este Gobierno, lo haremos cuando lleguemos al Gobierno”.

El propio Feijóo, en cambio, ha defendido durante estos años en sus visitas a países iberoamericanos la necesidad de este pacto comercial, pero ahora se encuentra con una muy fuerte presión interna dentro de su partido. De hecho, este miércoles el vicesecretario económico, Alberto Nadal, indicaba: “El PP sólo apoyará el acuerdo UE-Mercosur si se garantizan salvaguardias y se refuerzan los controles en frontera. El Gobierno lo votó en el Consejo sin pelear, como sí hizo Italia, y no pone medios para que entren productos sin las mismas exigencias”.

De esta manera, trata de desviar la atención hacia Sánchez. Pero la realidad es que el problema ahora lo va a tener con el Partido Popular Europeo, que ha celebrado el acuerdo y ha llamado a su respaldo. El principal ponente sobre el pacto dentro de esta institución es el eurodiputado español del PP Gabriel Mato, que ha sido un firme defensor durante estos años de este nuevo vínculo comercial. Hay barones de la formación mostrando su rechazo en público como el asturiano Álvaro Queipo, que lo tacha de “perjudicial”.

La gran duda ahora es qué hará el Partido Popular español en el Parlamento Europeo, cuando tenga lugar la ratificación del pacto. Una vez firmado este sábado, el acuerdo debe pasar por esta institución (todavía sin fecha). Ahí los eurodiputados tendrán que votar sí o no, sin posibilidad de que puedan introducir cambios. Y no pasará por el Congreso porque las competencias sobre comercio están delegadas en la Unión Europea.

Sánchez, el gran defensor

El Gobierno y el PSOE se han convertido en los principales bastiones, en cambio, de apoyo al acuerdo. El propio Sánchez lleva años haciendo campaña entre los países europeos para alcanzar un consenso. Según escribió en la red social X: “Gracias a él, las empresas españolas pueden entrar a nuevos mercados, exportar más y generar más empleos. Y Europa podrá mantener un vínculo fuerte con esa región hermana y estratégica que es América Latina”.

El Ejecutivo trata de calmar a los agricultores. El titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, indicó el lunes en Los Desayunos del Ateneo que hay previstos mecanismos de compensación y fondos de la PAC por si se produjeran pérdidas de algún tipo. A la vez, no ha pasado desapercibido que este miércoles el propio presidente protagonizó un acto junto al ministro de Agricultura, Luis Planas, en el que anunció un paquete de medidas para facilitar el relevo generacional en el sector agrario, incluyendo la movilización de 17.000 fincas rústicas del Estado.

Muy encima del sector está también el presidente de Cataluña, Salvador Illa, ante las protestas que se están sucediendo. El socialista cerró un acuerdo con los representantes de Revolta Pagesa este lunes para minimizar el impacto del acuerdo de Mercosur a través de fondos económicos y de mayores controles en los supermercados.

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Los partidos independentistas allí se han posicionado muy fuerte en contra de la firma. Junts lleva días haciendo campaña y ha abierto un frente contra el Gobierno central en el Congreso con el registro este jueves de la petición de comparecencia de los ministros Planas, Mónica García (Sanidad) y Pablo Bustinduy (Derechos Sociales) para que informen sobre los riesgos del acuerdo para la seguridad alimentaria y el sector agrícola catalán.

Y las críticas llegan también desde la izquierda. Teresa Jordà (ERC) ha mostrado esta postura tras el acuerdo: “El Mercosur, tal y como lo hemos conocido, permite la competencia desleal, dinamita la soberanía alimentaria, pone en riesgo la sostenibilidad y amenaza al modelo productivo de proximidad. Es una condena al sector primario”.

Una dureza que también ha verbalizado la eurodiputada Irene Montero (Podemos): “Va a reventar el campo europeo para que ganen las grandes empresas. En España, doble golpe tras recortar la PAC para comprar armas a las órdenes de Trump. Estamos con agricultores y ganaderos, que cuidan la tierra y hacen posible que llenemos las neveras”.

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