La Fiscalía de Milán (norte de Italia) ordenó este miércoles la intervención judicial de la filial italiana de la empresa de reparto británica Deliveroo por la presunta explotación laboral de miles de riders, a quienes se les habrían aplicado condiciones salariales por debajo del umbral de la pobreza, informa EFE.

La medida, de carácter urgente, se produce tras una investigación liderada por el fiscal Paolo Storari, quien ya ordenó recientemente una intervención similar contra la filial de la española Glovo en Italia, Foodinho.

La investigación, recogida por los medios locales, apunta a que Deliveroo habría ofrecido salarios por debajo del umbral de la pobreza, aprovechándose del estado de necesidad de entre 300 y 20.000 trabajadores en Italia. La acusación sostiene que los repartidores percibían remuneraciones que, en ciertos casos, resultaban "inferiores hasta en un 90% respecto al umbral de pobreza y a la contratación colectiva".

Según el auto de 60 páginas del fiscal, la empresa adoptó una "política que reniega explícitamente de las exigencias de respeto a la legalidad", perpetrando este modelo de negocio desde hace años.

Algunos de los testimonios de repartidores recogidos en el documento describen jornadas de hasta once horas diarias, siete días a la semana e ingresos de entre 3 y 4 euros por entrega.

Asimismo, denuncian control constante a través de GPS y un sistema de algoritmos que penaliza las ausencias o la baja productividad.

El pasado 19 de febrero, el juez de instrucción de Milán, Roberto Crepaldi, validó la medida de Storari sobre Foodinho, empresa a la que se le acusa también de contratar mano de obra en condiciones de explotación aprovechando el estado de necesidad de los empleados.

En el trabajo, Sami* debe someterse a múltiples controles de identidad. Uber Eats, la plataforma para la que trabaja, le pide regularmente que se haga una foto para demostrar que es el titular de la cuenta registrada en la aplicación, so pena de bloqueo. Pero tiene un problema: como la mayoría de los repartidores en bicicleta de la zona parisina, Sami es un trabajador sin papeles.

Su situación administrativa no le permite ser ni asalariado ni microempresario. “Cuando la aplicación me pide un selfie, voy a ver al propietario de la cuenta y le pido una foto. Esto me puede pasar tres o cuatro veces al día, precisa el repartidor. ¡Pero a algunos compañeros les pasa hasta diez veces!”

En los últimos años, el reconocimiento facial es el pan de cada día de los repartidores pertenecientes a plataformas de reparto de comida. Esta tecnología tan intrusiva se utiliza desde el momento en que se abre la cuenta. En 2022, en el marco de la carta de compromiso para la lucha contra el fraude y la subcontratación irregular, Uber Eats y Deliveroo, los principales actores del sector, se comprometieron a “desarrollar nuevas herramientas tecnológicas que faciliten la detección de documentos fraudulentos utilizados por los titulares de cuentas”.

Las dos plataformas refuerzan así los controles durante la creación de cuentas. Están desarrollando colaboraciones con empresas proveedoras de servicios de verificación de identidad a distancia, certificadas por la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información (Anssi).

Uber opta por una solución basada en una tecnología desarrollada por Ubble, una start-up francesa especializada en la verificación de identidad adquirida en 2022 por el especialista en pagos seguros Checkout.com.

“Deliveroo realiza un control riguroso de los documentos de identidad de todos sus repartidores antes de cualquier colaboración”, detalla su competidor, que subcontrata a la empresa Entrust. “Estos controles van acompañados de verificaciones que son posibles gracias a herramientas de reconocimiento facial destinadas a garantizar que el titular de la cuenta corresponde a la identidad que se ha facilitado a la plataforma.”

Las dos empresas van aún más lejos. Cada día realizan cientos de controles de identidad a su plantilla de repartidores. “Deliveroo solicita esa información al conectarse, con cada vez más controles realizados durante el día en los últimos meses”, señala Circé Lienart, coordinadora de la Maison des coursiers, una asociación que ofrece un lugar de descanso y organización para los repartidores de París y Burdeos.

Uber no ha esperado a las peticiones del Estado para controlar a su gente. Además de la tecnología Ubbl, la empresa utiliza desde 2019 una solución de reconocimiento facial operada por Microsoft y descrita modestamente como “un software de comparación de fotos”.

“Esas verificaciones se realizan de forma aleatoria para garantizar su eficacia”, detalla la empresa, que precisa que todos los repartidores son controlados al menos una vez a la semana. “Si las fotos no coinciden o si no se realiza la verificación, la cuenta podrá ser objeto de una suspensión temporal para proceder a verificaciones adicionales”.

“Se trata de un sistema de visión por ordenador, que se basa en la identificación de una serie de puntos para reconocer una cara y compararla con una imagen de referencia”, analiza Maxime Cornet, doctorando en sociología en el Instituto Politécnico de París. “Es un sistema de identificación biométrica según todas sus definiciones técnicas y legales.”

Maxime Cornet, conocido por su trabajo de investigación sobre la subcontratación en el sector de la inteligencia artificial, participa en el proyecto europeo GDPoweR, gracias al cual ha tenido acceso a los datos personales de más de 150 repartidores y conductores.

El análisis detallado de los datos, al que Mediapart ha tenido acceso, permite comprender el funcionamiento de la herramienta: analiza más de veinte de puntos a partir de selfies, desde el uso de gafas hasta el de accesorios en la cabeza, pasando por la posición de los ojos.

“El sistema dista mucho de ser fiable al 100 % y prácticamente no hay posibilidad de impugnación cuando Uber decide cerrar una cuenta por sospecha de uso compartido”, señala el investigador. En 2022, una investigación de la periodista india Varsha Bansal también reveló los sesgos racistas de la herramienta de reconocimiento facial utilizada por Uber, incapaz de reconocer correctamente a los conductores de origen indio.

En Uber Eats, cada mes, esta tecnología provoca la suspensión de varios cientos de cuentas de repartidores. Vendida como una tecnología que permite luchar en última instancia contra el trabajo no declarado, esta herramienta solo tiene, en realidad, un impacto marginal en ese aspecto.

“La gran mayoría de los repartidores se encuentran hoy en día en una situación de precariedad administrativa”, recuerda a Mediapart Marwân-al-Qays Bousmah, investigador del Instituto Nacional de Estudios Demográficos (Ined) y coordinador del estudio Santé-Course, que recopila las respuestas de varios cientos de personas que trabajan en París y Burdeos, y cuyos resultados se publicarán próximamente.

Diversas fuentes estiman que el porcentaje de repartidores no declarados oscila entre el 50 % y el 70 %, algo que Deliveroo niega. “Los resultados preliminares nos permiten afirmar que los repartidores trabajan más de sesenta horas semanales de media, por menos del salario mínimo interprofesional”, detalla el investigador.

“La precariedad administrativa parece estar en el centro del modelo económico de las plataformas”, confirma Kévin Poperl, ingeniero de estudios del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) y, desde 2017, también de la aventura CoopCycle, que ha creado un software competidor del de las plataformas privadas.

Bajos ingresos, condiciones laborales difíciles, situación jurídica precaria... Ese trabajo solo atrae a quienes no tienen otra opción. “Solo los indocumentados hacen ese trabajo”, resume Jalil*, miembro del colectivo para la integración y la emancipación de los repartidores (Ciel), que defiende la regulación de los repartidores indocumentados.

Para trabajar, las personas en situación de precariedad administrativa simplemente alquilan una cuenta a un tercero. “Se trata sobre todo de ex repartidores que cambian de actividad y subalquilan su cuenta con tarifas más o menos variables, no de una red organizada”, detallan Kévin Poperl y Marwân-al-Qays.

Cerca del 95 % de los repartidores declaran no estar cubiertos por un seguro proporcionado por la plataforma. Casi un tercio no tiene ninguna cobertura sanitaria, a pesar de que se encuentran en una situación de fragilidad física y psicológica. La política de reconocimiento facial les somete a una presión aún mayor.

“El dinero llega a la cuenta del titular”, describe Jalil. Si te suspenden, puedes encontrar fácilmente una nueva cuenta, pero el propietario de la primera cuenta nunca te devolverá tu dinero.”

Esta nueva capa de angustia se suma a la sensación de control algorítmico que experimentan cada día casi tres cuartas partes de los repartidores, según el estudio Santé-Course. Conscientes de que la plataforma los vigila y controla constantemente, se sienten obligados a seguir sus instrucciones, por miedo a perder su cuenta.

¿Qué hacen Uber y Deliveroo con los datos recopilados? “Los conjuntos de datos creados por plataformas como Uber permiten, como mínimo, entrenar el software que desarrolla su proveedor”, afirma Assia Wirth, doctoranda en la ENS Paris-Saclay, cuya tesis versa sobre la producción de tecnologías de análisis facial. “La creación de conjuntos de datos procedentes de poblaciones minoritarias, como es el caso de los repartidores en bicicleta, permite consolidar las bases de datos existentes, que están compuestas en su mayoría por personas blancas”.

Microsoft es la única empresa que explica claramente, tras contactar con ellos, que no utiliza los datos recopilados sobre los repartidores de Uber para entrenar sus algoritmos. “Llevamos a cabo nuestras operaciones de acuerdo con todas las leyes y reglamentos”, se limita a indicar Checkout.com, el otro socio de Uber.

“Entrust solo puede tratar los datos personales, tanto legal como contractualmente, para prestar servicios a Deliveroo y siguiendo sus estrictas instrucciones”, asegura Deliveroo. Preguntados por Mediapart, Entrust no respondió sobre el punto específico de la reutilización de los datos con fines de entrenamiento.

En Francia sigue desarrollándose el reconocimiento facial, de especial interés para el mundo del trabajo temporal. Iziwork, una plataforma de trabajo temporal adquirida por Proman, una de las principales empresas de trabajo temporal del país, ya ha dado el paso.

“La empresa está probando una solución que permite verificar la coincidencia entre los trabajadores temporales que se presentan en las instalaciones del cliente y la persona que ha sido contratada previamente por nuestros servicios”, detalla el servicio de comunicación de la empresa, que asegura que “el trabajador temporal sigue siendo libre de aceptar o rechazar el control propuesto a través de la aplicación”. Iziwork también indica que los datos biométricos no se utilizan con fines de entrenamiento de modelos.

Esta investigación se ha llevado a cabo en colaboración con la AI Accountability Network del Pulitzer Center.

* Los nombres de los repartidores se han modificado a petición suya.

Traducción de Miguel López

El anuncio de que Glovo contratará como asalariados a todos sus repartidores desde el 1 de julio cierra un capítulo importante en su prolongado conflicto con los repartidores (riders), marcando un antes y un después, porque ahora se eleva la presión sobre otras compañías que estén tentadas a incumplir la ley, según recoge EFE.

Con esta decisión Glovo encaja finalmente su modelo de relaciones laborales en la línea que exige la ley a nivel nacional y comunitario, un hecho de relevancia al ser un buque insignia dentro del sector y una compañía que ha estado en el foco de acción de sindicatos y repartidores durante muchos años.

Aunque parezca lejano, las plataformas digitales de reparto llegaron a España hace sólo una década y, pronto, se pudo ver cómo las bicis y motocicletas con macutos de Glovo, Deliveroo o JustEat recorrían las calles de las grandes urbes, prestas a entregar comida preparada a domicilio.

Al principio todo parecía normal con unos rider que se consideraban autónomos, pero, pasado un tiempo, surgen las dudas sobre su verdadera autonomía de la empresa, siendo los sindicatos y algunos repartidores los primeros en poner el foco en la relación laboral que les unía a las compañías. 

Sólo era cuestión de tiempo que llegaran las primeras denuncias y primeras sentencias y, en todo ese entramado judicial, fue clave la resolución del Supremo (septiembre de 2020) en la que ratificó, por primera vez, una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considerando como falso autónomo a un repartidor de Glovo. 

En este contexto, también era cuestión de tiempo que se legislara para delimitar qué tipo de relación laboral tiene que regir entre los riders y las empresas a las que ofrecen sus servicios de reparto.

Fue algo que sucedió con la aprobación y entrada en vigor, en 2021, de la ley rider en la que se establece la presunción de que los repartidores son empleados por cuenta ajena, salvo que se demuestre lo contrario, y se les daba a las plataformas un plazo de tres meses para regularizar a unos 15.000 riders, según las estimaciones que se hicieron.

La aprobación de la normativa llevó a Deliveroo a dejar de operar en España, pero no al resto, que siguieron apostando por la actividad, si bien, la duda sobre el cumplimiento pleno de la ley ha sido constante.

Como ejemplo, el hecho de que Glovo anunciase hace seis meses que este próximo 1 de julio contratará como asalariados a sus repartidores ante nuevas amenazas judiciales.

Por lo tanto, este 1 de julio se abre un nuevo capítulo a la espera de ver el calado de la decisión de Glovo.

Por el momento, los sindicatos están pendientes de ello y, de hecho, Comisiones Obreras ha pedido esta semana que Glovo lleve a cabo una negociación "real y transparente" para "garantizar los derechos laborales" de los repartidores en esta nueva etapa. 

Raquel Boto es adjunta a la Secretaría Confederal de Acción Sindical y Empleo de Comisiones Obreras y ha asegurado a Efeagro que el siguiente paso es conseguir un nuevo colectivo porque, hasta ahora, a los riders se les aplica el convenio de mensajería, no actualizado desde 2016. 

Siguen así con su "diálogo social, negociación colectiva y acción sindical" como, remarca, lo han hecho desde que el fenómeno rider llegó al país. 

El paso que da Glovo, una de las grandes del sector, sirve, a su juicio, para que a partir del 1 de julio se ponga el "foco" en otras compañías que aún no tienen toda su plantilla asalariada. 

Tras la ley rider y la posterior directiva comunitaria "no cabe duda de que -las empresas- tienen que ir a un modelo de laboralización" de los repartidores, según Comisiones Obreras. 

Y para ello, los sindicatos cuentan con el apoyo, nada más y nada menos, de la patronal CEOE, que ya participó en los acuerdos con el Ministerio de Trabajo para legislar y laboralizar a los repartidores.

Esta decisión motivó en su día la salida de esta empresa como socio de la CEOE.

Que este paso dado por Glovo sea o no el principio del fin del conflicto de los riders se verá con el paso del tiempo, pero todo apunta a que se ha emprendido un camino de no retorno en la laboralización de los repartidores.

Con frecuencia, los sedicentes liberales españoles suelen advertir sobre las derivas iliberales de nuestras democracias. El auge del populismo, los extremos antipolíticos y la degradación de la convivencia democrática conforman sin duda un cóctel indigesto. A la vista de la expansión de fuerzas de extrema derecha por toda Europa, de fenómenos como el bolsonarismo o el trumpismo, o del voto refugio en la derecha radical o identitaria de muchos conciudadanos de clase trabajadora, especialmente en la periferia europea desindustrializada, no parece que la advertencia esté exenta de fundamento.

Sin embargo, confieso que siempre me ha sorprendido que se pretenda contener el populismo y los repliegues identitarios o nacionalistas sin enfrentar las causas sociales y económicas de los que se alimentan. Por ejemplo, la desigualdad económica, realidad sangrante en España, y los efectos que la globalización ha tenido en el mundo del trabajo.

Recientemente, un grupo de Estados miembros de la Unión Europea unió sus fuerzas para bloquear de nuevo la ley de empleo en plataformas digitales. En las últimas décadas, el mercado de trabajo ha experimentado una evolución inquietante. La aparición de múltiples plataformas que operan a través de aplicaciones tecnológicas ha cambiado incluso el aspecto de las principales urbes. Su modelo de negocio, lejos de aportar valor añadido alguno ni ser el resultado de una gran innovación tecnológica, consiste en el abaratamiento de costes laborales y la más descarnada explotación laboral.

No son pocos los trabajadores forzados a salir de la esfera de protección del Estatuto de los Trabajadores, convertidos en falsos autónomos. No se trata de una cuestión simbólica ni nominal, sino un fraude con implicaciones tangibles: para los trabajadores, con unos derechos laborales completamente mermados, para la Seguridad Social y para el conjunto de la sociedad. A lo que con frecuencia se denomina economía colaborativa, deberíamos más bien denominarla economía depredadora: la que pone a competir al último contra el penúltimo en condiciones de precariedad más propias de finales de siglo XIX e inicios del XX.

Las condiciones de un repartidor de Glovo, Uber Eats o Deliveroo son un claro ejemplo de explotación laboral. Lo anacrónico no es su denuncia, sino el inquietante blanqueamiento de aquella por los que descartan esta crítica calificándola de populista, trasnochada o tecnófoba. Los avances tecnológicos pueden y deben ser un instrumento para la emancipación de las personas, pero sin regulación y al servicio de determinados intereses económicos son sólo un instrumento de servidumbre para muchos trabajadores.

La así denominada uberización es un fenómeno cada vez más generalizado que ha ido descomponiendo progresivamente algunas conquistas históricas del movimiento obrero, como la negociación colectiva. Muy ligado a nuestro modelo productivo desindustrializado y a un sector servicios que es hegemónico en la economía española, ha ido proliferando una economía repleta de microempresas y autónomos.

Indudablemente, en un contexto global tan convulso es importante proteger nuestra economía productiva frente a la economía financiera de carácter especulativo. Sin embargo, no podemos obviar que las transformaciones productivas y del mundo del trabajo han ido generando un escenario cada vez más fragmentado, donde el trabajador es presentado como un emprendedor.

Este relato tramposo es peligroso: necesitamos una economía dinámica donde el talento y la creatividad fluyan –para lo que es imprescindible el concurso del Estado en la producción y la redistribución–, pero el camino para eso no es la barra libre de trabajo basura y contratos en fraude de ley, sino la mejora de la productividad de nuestras empresas, un sustancial incremento en la inversión en I+D, y la sustitución definitiva de un paradigma de devaluación salarial por un modelo productivo mucho más sostenible y diversificado, que incremente el peso industrial sobre el PIB y la calidad del trabajo.

Considerar “emprendedor” a un falso autónomo víctima de la explotación laboral no sólo es una caricatura injusta, sino que revela una doble derrota: la incapacidad de proteger las condiciones laborales del trabajador por cuenta ajena y la de fomentar las condiciones empresariales de un tejido productivo con frecuencia sometido a la competencia desleal con corporaciones multinacionales especializadas en la evasión fiscal, el dumping laboral y el medioambiental.

¿Por qué algunos autoproclamados liberales silencian una realidad tan lacerante como la de la economía uberizada, absolutamente incompatible con los derechos fundamentales de las personas? Uno de los principios históricos del liberalismo fue la limitación del poder. El gran error dogmático de los fundamentalistas de mercado, por decirlo en palabras de Tony Judt, es abandonar esta directriz cuando se trata de limitar las arbitrariedades del poder económico.

Lo observamos cuando callan ante la descomposición del derecho laboral, cuyo carácter de protección de los trabajadores emana de una desigualdad estructural entre las partes, y su sustitución por el derecho privado. Este último se regula por la autonomía de la voluntad de las partes. Este principio está completamente ausente en las relaciones contractuales entre partes desiguales: ocurre en el derecho laboral y también en el derecho bancario o, en general, en la protección de los consumidores y usuarios. ¿Por qué muchos liberales aceptan el relato neoliberal falaz, según el cual, en un préstamo hipotecario o un contrato de transporte aéreo, repletos de cláusulas abusivas, el Estado no debe “interferir” al ser resultado del libre acuerdo entre las partes?

Una buena parte del liberalismo retórico no es sino un individualismo dogmático que responde a intereses económicos muy definidos en torno al rechazo del bien común y del Estado social. Un anarcocapitalismo cada vez más extendido entre youtubers e influencers, que inunda las pantallas y genera una hegemonía cultural sombría. La formación de ciudadanos sustituida por la manipulación de jóvenes, a los que se convence de que el éxito pasa por convertirse en aprendices de “criptobros”.

Desde luego, es un liberalismo impostado aquel al que no le importa la limitación de poder, puesto que promociona las concentraciones de capital a espaldas de parlamentos y gobiernos democráticos; el que no respeta la separación de poderes porque somete al Estado de derecho a la arbitrariedad de entidades financieras y plataformas tecnológicas, convirtiendo a los poderes del Estado en auxiliares del poder económico; el indiferente ante la falta de libertad de muchas personas cuyos derechos fundamentales nominalmente garantizados distan mucho de ser tangibles y reales; el que promueve importantes desigualdades y desequilibrios en un marco global de libre circulación de capitales y múltiples “refugios fiscales” y “jurisdicciones fiscalmente no cooperativas”, que son los habituales eufemismos con los que algunos eluden el vergonzoso escenario de paraísos fiscales dentro de una Unión Europea que se presume social y democrática.

El detector de iliberalismo debería, por tanto, orientarse de forma correcta. No se encuentra sólo en los reaccionarios de la identidad, también en los gobiernos que conforman el grupo de Visegrado, con formaciones políticas que niegan los derechos civiles, el laicismo o la libertad religiosa y que criminalizan con su populismo a los migrantes, o en aquellos que quieren definir las comunidades políticas en torno a peligrosos criterios étnicos, sustituyendo la condición de ciudadanos por la de “nativos”.

Es indudable que el nacionalismo étnico y el populismo identitario son verdaderas agresiones democráticas. Pero nunca los atajaremos si partimos de la aceptación acrítica o el blanqueamiento de un orden social y económico cada vez más desigual e injusto para las clases trabajadoras, así como convulso, incierto y carente de estabilidad para unas clases medias precarizadas, cuyas condiciones de vida se resienten al tiempo que los estragos de las diversas crisis económicas se vuelven crónicos a nivel social. La desigualdad creciente y la concentración de riqueza en pocas manos son una termita silenciosa y letal que corroe nuestro Estado social y democrático de derecho.

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Guillermo del Valle es secretario general de la Izquierda Española

En Europa hay más de 30 millones de trabajadores de plataformas como Uber, Glovo y Deliveroo, de los que  más de 5,5 millones son falsos autónomos. Para acabar con esto, la Unión Europea propuso una nueva ley que les garantizara unos derechos mínimos para los riders, como el salario mínimo, la limitación de la jornada laboral o el derecho a subsidios y pensión de jubilación.

La directiva está inspirada en la ley española, una de las más avanzadas en toda Europa y que acababa con la figura de los falsos autónomos. Además, buscaba proteger más a estos trabajadores ¿cómo? Por ejemplo, prohibía  a las plataformas procesar el estado emocional y psicológico de los trabajadores, sus conversaciones privadas y su actividad sindical. También impedía que las empresas despidieran a los riders basándose en algoritmos.

Sin embargo, la directiva ha ido perdiendo durante la negociación muchas de las intenciones tan ambiciosas que tenía al inicio. En un principio, el Parlamento quería que la relación laboral, ya fuera en forma de autónomo o asalariado, se reconociera de forma automática. Este presupuesto cayó rápidamente y se acabó acordando que los trabajadores debían cumplir al menos dos de las cinco condiciones especificadas en la ley. El cambio fue paso atrás que no evitó que cayera por la completa oposición de Francia. 

Fue el primer tropiezo de la ley, pero no el último. Durante el pasado mes de febrero y ya dentro de la presidencia belga del Consejo, se volvió a llegar a un acuerdo entre todas las instituciones europeas. El pacto modificaba aún más la directiva, que quedaba en una normativa muy poco ambiciosa y hecha a la carta para los estados. Del deseo de tener un criterio europeo, se pasó a que la relación laboral fuera establecida por la legislación de cada país.

Pero ni eso logró doblegar a la oposición francesa y por segunda vez, vetaron su aprobación junto a Alemania y otros estados. En este punto, la pregunta es ¿por qué Macron se opone sistemáticamente a la legislación por muchos cambios que se hagan? La respuesta, según los partidos de izquierdas de la Eurocámara, está en la influencia que tienen los lobbies cercanos a Uber en el presidente francés. El tiempo se acaba y con unas elecciones europeas en el horizonte en las que se prevé un ascenso de la derecha, la ley corre el riesgo de quedarse olvidada en un cajón de Bruselas.

El Consejo y el Parlamento Europeo han acordado este jueves la primera ley rider a nivel de la Unión Europea, que aclara el estatus laboral de los trabajadores de plataformas de reparto a domicilio, como Uber Eats, Just Eat, Glovo o Deliveroo, y permitirá corregir el falso trabajo por cuenta propia para garantizar unas mejores condiciones laborales, según informa Europa Press.

El acuerdo político, que aún debe ser refrendado por ambas instituciones para que entre en vigor, llega después de que una "mayoría sólida" de gobiernos europeos frenase el acuerdo político que ya se alcanzó en diciembre bajo la presidencia española del Consejo porque presentaron reservas que tenían que ver con que bastase con identificar dos de los cinco criterios de control recogidos en la norma para identificar a una plataforma como "empleador".

Para salvar esas discrepancias, el acuerdo logrado bajo la presidencia belga del Consejo ha eliminado los criterios y umbrales para introducir una presunción de relación laboral (en contraposición al trabajo por cuenta propia) que se activa cuando concurren hechos que indican control y dirección, de acuerdo con la legislación nacional y los convenios colectivos vigentes, además de tener en cuenta la jurisprudencia de el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Así, la directiva obliga a los países de la UE a establecer una presunción legal refutable de empleo a nivel nacional, con el objetivo de corregir el desequilibrio de poder entre la plataforma y la persona que realiza el trabajo en la plataforma. Al establecer una presunción efectiva, los Estados miembro facilitarán la corrección del falso trabajo por cuenta propia.

La carga de la prueba recae en la plataforma, es decir, que cuando la empresa quiere refutar la presunción, le corresponderá demostrar que la relación contractual no es una relación laboral.

Las nuevas reglas también garantizan que una persona que realiza trabajos en plataformas no puede ser despedida en base a una decisión tomada por un algoritmo o un sistema automatizado de toma de decisiones. Por contra, las plataformas deberán asegurar la supervisión humana de decisiones importantes que afectan directamente a sus empleados.

Asimismo, se ha introducido un capítulo de transparencia y protección de datos que incluye requisitos para informar y consultar a los representantes de los trabajadores de las plataformas sobre las decisiones de gestión algorítmica. Por lo tanto, es necesario establecer canales de comunicación para que los trabajadores y sus representantes puedan organizarse.

La bautizada como ley rider reconoció la “presunción de laboralidad” de los repartidores de plataformas digitales como Glovo, Deliveroo o Uber Eats. Tras años de lucha y muchas sentencias a su favor, incluida una del Tribunal Supremo, se abría la puerta a que los mensajeros trabajasen con contratos laborales y paguen sus cotizaciones a la Seguridad Social. Las empresas tuvieron entonces que adaptar sus estructuras laborales: Just Eat, que ya tenía contratados a sus riders, ha firmado ya un convenio con UGT y CCOO, Uber Eats optó por subcontratar plantilla y Deliveroo abandonó España. Glovo, en cambio, anunció en verano la contratación de 2.000 repartidores del total de 15.000 que mantiene en España. Pero, además, cambió las condiciones en que trabajaban los que siguen como autónomos. Y, pese a que muchos de ellos prefieren mantener esa condición, han terminado por copiar a sus antiguos compañeros de bicicleta y han convocado paros este fin de semana en toda España. La Asociación Unificada de Riders (AUR) protesta así por la bajada de sus tarifas al tiempo que exige “autonomía plena”. Su presidente, Fernando Roán Gómez, dice que el 76% de los riders autonómos de Glovo se ha manifestado a favor de los paros.

“Nos han bajado las tarifas y ahora tenemos que trabajar muchas más horas para cobrar lo mismo”, se queja Roán Gómez. Explica que el multiplicador por perdido es ahora de 1,3 “en el bono básico, cuando antes era de 1,8. Y así no cubren los gastos por perdido. Quieren, añade, un mínimo por perdido de cuatro euros. “Y que nos permitan cambiar el multiplicador cuando queramos, no una vez al día como ahora”. También reclaman una tarifa igual para todos los repartidores en todas las ciudades y que no se les obligue a trabajar en zonas delimitadas de cada ciudad.

Además, la empresa les prometió que el tamaño de los pedidos se correspondería con el tipo de vehículo del repartido, pero no se ha cumplido, asegura el presidente de AUR. “Glovo se ha quedado con el monopolio de los autónomos [tras la entrada en vigor de la ley rider], así que puede hacer con nosotros lo que quieran”, lamenta Fernando Roán.

Fuentes del sindicato CGT confirman los cambios aplicados por Glovo tras la entrada en vigor de la ley, el pasado agosto. “En ciudades más pequeñas, como Tarragona o Sant Cugat, los repartidores hicimos una asamblea para ponernos bonos más altos, pero Globo se dio cuenta y nos bajó las horas”, revela. Ahora cuentan con free logging, la conexión a la plataforma es libre, y se ha suprimido el sistema de puntos con el que Glovo primaba a unos mensajeros frente a otros. Pero “las notas de ajenidad y dependencia [que determinan la existencia de una relación laboral, según el Estatuto de los Trabajadores] continúan existiendo”, replica CGT, “porque la aplicación y el logaritmo son de Glovo, y las facturas, por ejemplo, te las siguen dando ellos”.

Nada más entrar en vigor la ley, CCOO denunció en Cataluña que la empresa había introducido cambios en la aplicación para “eliminar indicios de laboralidad”, lo que había reducido los ingresos de los repartidores. CCOO y UGT demandaron también entonces en la Audiencia Nacional a Uber Eats por desconectar a 3.000 mensajeros de un plumazo, en lo que consideraron como un auténtico despido colectivo: la desconexión se produjo el 12 de agosto, el mismo día en que entró en vigor la ley rider.

Tampoco la compra, anunciada esta pasada Nochevieja, de Glovo por la empresa alemana Delivery Hero, ha supuesto un cambio de política laboral. El equipo directivo, integrado por los dos fundadores de la empresa, Óscar Pierre y Sacha Michaud, continuará al mando, y Glovo “seguirá operando con su aplicación y mantendrá su marca”, asegura a infoLibre un portavoz de la firma española.

Sin embargo, a Glovo no le va a resultar fácil continuar con su actual modelo laboral. Este mismo jueves el Juzgado de lo Social número de 1 de León ha reconocido como falsos autónomos a 142 repartidores de esa ciudad. El pasado día 8 fueron 329 en Zaragoza los que fueron considerados asalariados. En noviembre la Inspección de Trabajo había sancionado a la empresa con 8,65 millones de euros por mantener como falsos autónomos a 1.316 mensajeros. El próximo 22 de abril está previsto que se celebre en el Juzgado de lo Social número 11 de Barcelona la vista oral por la laboralidad de 3.800 repartidores, por los que la empresa debió ingresar 3,84 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social adeudadas entre mayo de 2015 y abril de 2018. Y este mismo jueves el sindicato CGT se reunió con la Inspección de Trabajo de Barcelona, que prepara una nueva acta de infracción contra Glovo por 8.500 riders que trabajaron para la empresa entre mayo de 2018 y agosto de 2021.

Todos estos litigios se refieren a repartidores y cotizaciones debidas a la Seguridad Social antes de que entrara en vigor la ley rider. Pero los sindicatos ya han empezado a denunciar a Glovo también por la nueva estructura laboral implantada para adaptarse a los cambios legales. Y la Inspección tendrá que investigar de nuevo.

Glovo explica que, pese a contar con “un periodo de transición muy corto”, por un lado, empezó a contratar directamente a repartidores, “con horarios y retribuciones fijas y rutas concretas para aquellos servicios que, por su naturaleza, son viables tecnológica y operativamente”. Y por otro, lanzaron “un nuevo modelo de colaboración para profesionales autónomos inédito en España, que sigue el criterio establecido por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. Este modelo, destacan, permite “simultanear otras aplicaciones y actividades con total flexibilidad, autonomía e independencia”.

Sin embargo, tanto Riders X Derechos, el colectivo que empezó a luchar contra los falsos autónomos de las plataformas digitales de reparto, como la CGT denuncian que Glovo sigue utilizando sistemas ilegales para eludir la ley. En concreto, recurre a Empresas de Trabajo Temporal (ETT) para contratar al personal de Glovo Supermercado, por el que un empleado de la empresa –lo llaman picker– hace la compra en los supermercados con los que firma convenios y se encarga de gestionar el pedido que luego un repartidor lleva al domicilio. También con Glovo Express, su propio supermercado fantasma.

CGT ya ha denunciado que estos trabajadores están contratados en fraude de ley, porque se dedican a lo que no es una actividad temporal, sino la actividad principal de la empresa. Más aún si se aplica la nueva regulación de los contratos temporales incluida en la reforma laboral recién aprobada. El sindicato cita a Randstad como la ETT que está utilizando Glovo. Otra empresa del sector, Stuart, acude a los servicios de Adecco y del Grupo Crit para no contratar directamente a los repartidores.

Pero no es el único mecanismo empleado por estas plataformas para burlar la nueva ley. Uber Eats prefiere subcontratar los repartidores. Para ello ha recurrido a Deelivers, una firma de Vigo que sí tiene a sus mensajeros como asalariados. CGT asegura que en este caso se trata de una “cesión ilegal de trabajadores de libro”. Se trata de una infracción laboral muy grave que se comete cuando una empresa cede a otra una plantilla y esta última es la que mantiene la dirección y el control de las tareas; es decir, decide desde el horario hasta las vacaciones, o incluso proporciona las herramientas de trabajo. Es lo que ocurre con los repartidores subcontratados, apunta el sindicato, puesto que utilizan la aplicación de Uber Eats y es ésta, y no Deelivers, la que dirige y controla su trabajo. Otro tanto puede decirse de Stuart, que actúa de subcontratada de Glovo, Uber Eats o incluso de Seur, indica CGT.

“Con la ley rider no se ha perdido ni un solo puesto de trabajo, en contra de lo que auguraban muchos cuando se aprobó; todo lo contrario, de hecho: han aparecido empresas nuevas como Gorillas, Dija, Rocket o Getir, es un sector en total expansión”, resume un portavoz del sindicato. Todas prometen entregar el pedido en menos de 10 minutos.

La Comisión Europea ha propuesto este jueves nuevas reglas para aclarar el estatus laboral de los trabajadores de plataformas digitales como Uber o Deliveroo y asegurar que se reconocen los derechos que corresponden a su "trabajo real", ya sean autónomos o asalariados, ha informado Europa Press.

Bruselas considera que la "gran mayoría" de los trabajadores de estas plataformas están correctamente clasificados pero quiere que se tomen medidas para asegurar que los cerca de 5,5 millones de falsos autónomos que estima hay en el sector en la UE sean regularizados y tengan garantizados sus derechos sociales.

"Nadie quiere matar, parar o frenar el crecimiento de esta economía de plataformas", ha dicho el comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, en una rueda de prensa en Bruselas para explicar los detalles de la propuesta, que aún tendrá que ser negociada y acordada entre el Parlamento Europeo y los Veintisiete para ver la luz.

A las reservas del sector, el comisario ha respondido que también en la capital comunitaria quieren que "prospere" este modelo de negocio en desarrollo, si bien ha subrayado que ello debe producirse cumpliendo los mismos estándares que el resto de empresas en la UE, incluidas las normas en materia social, y "ajustarse al modelo social europeo".

Entre 2016 y 2020, los ingresos en torno a la industria de las plataformas se multiplicaron prácticamente por cinco, pasando de unos 3.000 millones de euros a unos 14.000 millones, según datos de la Comisión Europea, que espera que en 2025 trabajan para el sector cerca de 43 millones de personas.

Así las cosas, Bruselas plantea que una plataforma pase a ser considerada como "empleador" y tenga las mismas obligaciones en materia laboral y social cuando se den al menos dos de los cinco criterios básicos que quedarán definidos por la nueva directiva.

Así, las más de 500 plataformas digitales que operan en la UE deberán posicionarse respecto a estos criterios: remuneración fija o topes de ingresos, fijación de horarios o periodos de ausencia, supervisión del trabajo realizado vía medios electrónicos, imponer tareas o recurrir a subcontratas o sustitutos y tener normas sobre apariencia o conducta.

En tal caso, los trabajadores que sean reclasificadas como empleados deberán tener derecho a percibir un salario mínimo, a la negociación colectiva, a la regulación de la jornada laboral y a la protección de la salud.

También deberá tener derecho a disfrutar de vacaciones retribuidas o de un mejor acceso a la protección social en caso de accidente laboral, derecho a las prestaciones por desempleo y enfermedad y a las pensiones contributivas de jubilación.

La norma deberá prever mecanismos para que tanto la plataforma como el trabajador puedan impugnar la reclasificación, aunque para ello deberá demostrar por la vía lega que no existe relación laboral. En el caso de que sea la plataforma la que cuestiona el estatus del trabajador deberá aportar el peso de la prueba y, si es la persona quien recurre, la empresa deberá ayudarle.

Otra de las claves de la propuesta afecta a la gestión algorítmica porque los servicios comunitarios reclaman mayor transparencia en el uso de estos instrumentos y reclama un seguimiento humano del respeto de las condiciones laborales, además de reconocer el derecho a impugnar decisiones automatizadas. Son normas que deberán aplicarse de igual manera a todos los trabajadores, ya sean asalariados o verdaderos autónomos.

Por otra parte, la Comisión quiere aclarar las obligaciones de cada plataforma respecto a declarar su actividad a las autoridades nacionales y sobre las personas que trabajan para ella en cada Estado miembro.

Deliveroo ha anunciado que cesará sus actividades y abandonará España el próximo 29 de noviembre, tras la consulta realizada entre sus empleados, según ha informado la plataforma de servicio a domicilio en un comunicado recogido por Europa Press.

En concreto, la plataforma de deliveryavanzó a finales de julio el inicio de esta consulta sobre el cese de sus operaciones en España, un mercado que representa menos del 2% del valor bruto de las transacciones (GTV) de la firma en el primer semestre de este año y tras la entrada en vigor de la ley rider.

"Queremos dar las gracias a todos los riders y restaurantes que han trabajado con Deliveroo en España, así como a nuestros maravillosos clientes. La empresa se enorgullece de haber contado con algunos de los mejores restaurantes de España como socios y de haber colaborado con miles de riders que han trabajado duro para llevar a los españoles millones de deliciosas comidas desde 2015, incluso de haber sido una tabla de salvación para muchos de ellos durante la pandemia", ha explicado la plataforma.

Deliveroo ha agradecido el "talento" de sus empleados a los que ha querido "darles las gracias por su compromiso con la empresa y por todo lo que han hecho" en estos años en el mercado nacional.

En julio, la plataforma explicó que esta propuesta de poner fin a las operaciones en España reflejaba su intención de centrar las inversiones y los recursos en los demás mercados en los que opera, continuando con el crecimiento de su red de consumidores, de socios de restaurantes y supermercados, así como de riders, y ampliando su cuota de mercado tanto en nuevas ciudades como en ciudades en las que ya desarrolla su actividad.

Además, avanzó que en el caso de que se pusiera fin a sus operaciones se aseguraría de que los repartidores y sus empleados dispusiera de un adecuado paquete de compensación que cumpla con todas las normativas y la legislación local. "Nos complace haber acordado paquetes de compensación adecuados tanto para ellos como para los 'riders'", ha asegurado este jueves.

Deliveroo, que opera actualmente en 12 mercados de todo el mundo, abandona el mercado nacional donde contaba ya con más de 10.000 partners en España, después de que aterrizara en 2015.

Las plataformas digitales de reparto tienen de plazo hasta este jueves, 12 de agosto, para contratar a sus trabajadores como asalariados debido a la entrada en vigor de la llamada Ley rider.

La norma se publicó el pasado 12 de mayo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), estableciéndose su entrada en vigor a los tres meses, es decir, el próximo 12 de agosto, ha informado Europa Press.

Esta ley es fruto del acuerdo que alcanzaron el pasado mes de marzo el Ministerio de Trabajo y Economía Social, CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme y afecta a las relaciones laborales entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto o mercancía y sus trabajadores, es decir, que no afecta sólo a las empresas de reparto de comida a domicilio como Glovo, Uber Eats y Deliveroo.

La ley reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.

Asimismo, el decreto contempla que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.

En concreto, se recoge en el Estatuto de los Trabajadores que todas las empresas (no sólo las plataformas de reparto) deben informar de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y el mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.

Deliveroo planea cesar su actividad en España

A finales del mes de julio, a pocos días de la entrada en vigor de la ley, la plataforma de reparto de comida a domicilio Deliveroo anunció que planea el cese de sus operaciones en España. En concreto, la plataforma comunicó su intención de realizar una consulta entre sus empleados sobre el fin de su actividad en el mercado español.

La consulta de Deliveroo sobre el cese de sus operaciones en España estará condicionada al resultado de un proceso consultivo con los empleados afectados y con los riders. Deliveroo prevé que el proceso de consulta colectiva comience a principios de septiembre y la empresa trabajará con todas las partes interesadas y preparará toda la documentación necesaria para ello.

En caso de que la empresa decida poner fin a sus operaciones tras la conclusión del proceso de consulta, que durará aproximadamente un mes, la empresa ha afirmado que se asegurará de que los riders y los empleados dispongan de un adecuado paquete de compensación que cumpla con todas las normativas y la legislación local.

Just Eat negocia un convenio con los sindicatos

Por su parte, la plataforma de reparto de comida a domicilio Just Eat se encuentra negociando con UGT y CCOO para fijar las bases del que será el primer convenio colectivo del sector del delivery en España.

En concreto, este convenio será el primero a nivel nacional que ayude a organizar las relaciones laborales de la economía de plataformas en el reparto de comida a domicilio y estará totalmente alineado con la Ley rider.

Por su lado, Glovo ha anunciado que lanzará un nuevo modelo de autónomo "inédito en España" y la contratación de 2.000 trabajadores en España antes de que acabe 2021 para adaptarse a la normativa.

La plataforma de reparto de comida a domicilio Deliveroo planea el cese de sus operaciones en España, un mercado que representa menos del 2% del valor bruto de las transacciones (GTV) de la firma en el primer semestre de este año. Esta idea surge a escasos 13 días de la entrada en vigor de la 'ley rider', que impone a este tipo de plataformas de entregas a domicilio la obligatoriedad de contratar a la totalidad de sus empleados.

En concreto, la plataforma ha comunicado este viernes su intención de realizar una consulta entre sus empleados sobre el fin de su actividad en el mercado español. Deliveroo opera actualmente en 12 mercados de todo el mundo, y la gran mayoría del valor bruto de las transacciones de la empresa procede de mercados en los que ocupa la primera o segunda posición. La compañía ha llegado a la conclusión de que alcanzar y mantener una posición de mercado de primer nivel en España requeriría un nivel de inversión "muy elevado" con un rendimiento potencial "muy incierto" a largo plazo que podría afectar a la viabilidad económica del mercado para la empresa.

La propuesta de poner fin a las operaciones en España refleja, según al empresa, su intención de centrar las inversiones y los recursos en los demás mercados en los que opera, continuando con el crecimiento de su red de consumidores, de socios de restaurantes y supermercados, así como de riders, y ampliando su cuota de mercado tanto en nuevas ciudades como en ciudades en las que ya desarrolla su actividad.

La consulta de Deliveroo sobre el cese de sus operaciones en España estará condicionada al resultado de un proceso consultivo con los empleados afectados y con los riders. ridersDeliveroo prevé que el proceso de consulta colectiva comience a principios de septiembre y la empresa trabajará con todas las partes interesadas y preparará toda la documentación necesaria para ello.

En caso de que decida poner fin a sus operaciones tras la conclusión del proceso de consulta, que durará aproximadamente un mes, la empresa se asegurará de que los riders y los empleados dispongan de un adecuado paquete de compensación que cumpla con todas las normativas y la legislación local. Esta propuesta no afecta, según ha explicado la compañía, a las orientaciones para todo el año comunicadas anteriormente sobre el crecimiento anual del GTV del grupo y sobre el margen bruto de beneficio.

"La decisión de plantear el cese de nuestras operaciones en España no ha sido tomada a la ligera. Queremos dar las gracias a todos los restaurantes que han trabajado con Deliveroo en España, así como a nuestros apreciados clientes. Mostramos un especial agradecimiento a los miles de riders, excepcionales y siempre voluntariosos, que han escogido trabajar con Deliveroo, así como a nuestros empleados, llenos de talento y totalmente comprometidos. Todos recibirán apoyo durante el periodo de consulta", ha afirmado Hadi Moussa, Chief Business Officer internacional de Deliveroo.

El Tribunal Supremo ha dictaminado que 532 riders de Deliveroo son asalariadosriders tras inadmitir el recurso de casación presentado por la plataforma de comida a domicilio y basándose en la sentencia del Alto Tribunal que consideró a un repartidor de Glovo como falso autónomo, según informa Europa Press.

En concreto, Deliveroo presentó un recurso contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en enero de 2020 que consideraba falsos autónomos a más de 500 repartidores de la plataforma en la capital española.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se subraya que los riders que "prestan servicios en la plataforma demandada tienen una relación laboral con la empresa".

Además, ha destacado la "elaborada resolución" llevada a cabo por el TSJM en su fallo, donde constata que concurren las notas de "dependencia", ya que para controlar que el repartidor realiza correctamente su actividad, se halla localizado mientras hace los pedidos, mediante GPS, y la de "habitualidad", donde la ausencia de ésta penaliza al repartidor.

El Alto Tribunal considera que la pretensión impugnatoria de Deliveroo es contraria a la doctrina dictada por esa misma sala en la sentencia de 25 de septiembre de 2020, donde se reconoció a un trabajor de Glovo como falso autónomo. Así, recalca que la pretensión deducida en el recurso "carece de contenido casacional".

De esta forma, impone a Deliveroo el pago de las costas en una cuantía de 300 euros por cada una de las partes personadas, la pérdida del depósito y recuerda que contra este auto no cabe recurso alguno.

Deliveroo respeta, pero no comparte la decisión del Supremo

Por su parte, Deliveroo ha asegurado que respeta el fallo del Alto Tribunal que considera que los 532 repartidores de la plataforma de delivery son asalariados al inadmitir su recurso, pero que "no comparte" la decisión del Alto Tribunal, según ha informado en un comunicado.

En concreto, la plataforma de reparto a domicilio ha subrayado que su modelo de negocio "siempre ha proporcionado a los riders la flexibilidad que dicen que tanto valoranriders ", por lo que consideran que los repartidores son "libres de elegir cuándo, cómo y dónde trabajan".

"Este caso hace referencia a un modelo de colaboración del pasado y no refleja la forma en la que los riders colaboran con Deliveroo hoy en día. Esta sentencia solo afecta a contratos que dejaron de utilizarse hace más de tres años", ha precisado Deliveroo.

La plataforma de delivery ha subrayado que "lleva mucho tiempo defendiendo el derecho de los riders a trabajar de forma flexibleriders , que es lo que desean por encima de todo" y ha recordado las protestas de los repartidores que piden "mantenerse como autónomos". "Buscaremos una forma de trabajar que responda a esas peticiones", han recalcado desde la compañía.

Sindicatos, patronal y Gobierno se han levantado este miércoles de la mesa del Diálogo Social tras dar por concluida la última reunión para negociar la Ley de Plataformas Digitales. Antes, la CEOE había accedido a “regularizar” las condiciones de los repartidores que trabajan para estas plataformas, en un cambio de postura que abre la puerta a reconocerlos como asalariados, en la línea que defienden UGT, CCOO y el Ministerio de Trabajo.

Según explican a infoLibre fuentes del Diálogo Social, en esta última reunión la CEOE ha presentado una propuesta, la primera desde que comenzó la negociación hace ya cuatro meses. No obstante, fuentes de CCOO precisan que el documento de la patronal “no es un texto articulado”, sino unas “reflexiones”, apunta UGT, que se limitan a abrir la posibilidad de regularizar a estos trabajadores, considerados en múltiples informes de la Inspección de Trabajo y en sentencias judiciales como falsos autónomos. “Vamos a seguir trabajando para alcanzar un acuerdo”, resumen el día fuentes de la patronal.

Hasta ahora la patronal era remisa a admitir el carácter laboral de los repartidores y se negaba a ampliar el ámbito de la futura ley a cualquier tipo de plataforma digital como demandan UGT y CCOO. Ahora, el Ministerio de Trabajo elaborará un texto que “sintetizará” las propuestas realizadas por la CEOE, UGT y CCOO. Sobre la base del carácter laboral de los contratos de las plataformas, pero restringiendo el ámbito de la ley a los repartidores a domicilio como quiere la patronal. De esta forma, la nueva norma afectará a los 15.300 trabajadorescon que cuenta estas empresasen toda España, según los datos del último informe sobre las plataformas digitales de reparto elaborado por la patronal Adigital en septiembre de 2020.

Esa cifra es una mínima parte de las casi 600.000 personas que trabajan para plataformas digitales. Según un estudio firmado por Digital Future Society, una iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y el Mobile World Capital Barcelona, el 2,6% de la población activa española desempeña su trabajo principal a través de este tipo de plataformas. Por lo que España tiene la tasa más alta de trabajadores en plataformas digitales de toda Europa. Si se le suman quienes trabajan en ellas de manera esporádica, la cifra se eleva hasta el 18%.

Para UGT, reducir a los repartidores el ámbito de la futura ley es una “claudicación del Gobierno” ante la CEOE. Según explica su secretario de Política Sindical, Gonzalo Pino, el ministerio ha obviado al punto de acuerdo al que había llegado con lo sindicatos hace dos semanas y después de nueve reuniones, para volver al punto de partida y legislar sólo sobre los repartidores de plataforma. “Ahora el Gobierno entra en la filosofía de la CEOE de hablar sólo sobre los riders, y de la sentencia del Tribunal Supremo sobre Glovo porque obviamente no hay alternativa a reconocer el carácter laboral de su relación con las plataformas”, protesta. A su juicio, el giro del Ejecutivo es “una falta de respeto”: “No se pueden romper los principios elementales de una negociación. ¿Para qué han servido entonces estos meses de debate?”.

A fin de regular las condiciones de los trabajadores de otras plataformas digitales –los conductores de Uber, los abogados de Legálitas, los jornaleros digitales de Amazon Mechanical Turk, las trabajadoras de servicios de limpieza…–, que quedan excluidos de la ley, el ministerio sólo ha ofrecido crear una comisión que estudie en el futuro sus condiciones, lamenta Gonzalo Pino.

Nueve meses para adaptarse y subcontratación

Además, la patronal ha planteado que las empresas necesitarán nueve meses para adaptarse a la nueva ley e incluso han propuesto que se les permita subcontratar a autónomos. “Lo que significaría continuar con el modelo actual, pero también aumentar la precariedad”, advierte Gonzalo Pino, que teme que se incentive el alquiler de cuentas: un repartidor realquila su cuenta a otros, que trabajan sin cobertura legal ni seguro.

Por su parte, las fuentes de CCOO califican de “extraña” y “larga” la negociación sobre esta ley, en la que desde la primera reunión se precisó por la parte sindical que debería incluir a todas las plataformas digitales y donde siempre estuvo presente “la tensión” por la discrepancia sobre el ámbito que debería tener la norma. El Ministerio de Asuntos Económicos coincide con la patronal en que la ley debería limitarse a las plataformas de reparto. Sin embargo, Gonzalo Pino cree que el cambio de postura del Gobierno –Trabajo niega que se haya producido un vuelco, asegura que desde el principio sólo quería regularizar a los repartidores– se debe más a su deseo de sumar a la patronal al acuerdo que a presiones por parte de Nadia Calviño.

Tanto CCOO como UGT temen que en el documento final que les presente Trabajo desaparezca el artículo que reconoce a los representantes sindicales el derecho a conocer el algoritmo utilizado por las empresas para determinar el reparto de horas de trabajo o la productividad de los riders. La CEOE se opone a que se les facilite y el Gobierno parece dispuesto, dicen los sindicatos, a ceder también en ese punto.

A partir de hoy no habrá más negociación, aunque sí intercambios de carácter “técnico” entre las partes. Y, sea cual sea la decisión de los agentes sociales sobre el texto definitivo del ministerio, el Gobierno legislará, tal y como dejó dicho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la semana pasada: “El Gobierno va a garantizar que exista diálogo social, pero sin derecho de veto”.

40 sentencias a favor, una del Supremo

Así quedará fijado en la norma el criterio dictado por el Tribunal Supremo en una sentencia del pasado mes de septiembre, que estableció el carácter laboral de la relación entre un repartidor y la empresa Glovola empresa Glovo. Según el alto tribunal, en este tipo de trabajo concurren las notas que definen toda relación laboral: además de la voluntariedad y la remuneración, la dependencia y la ajenidad.

En concreto, determinó que Glovo no es una “mera intermediaria”, no se limita a “prestar un servicio electrónico de intermediación consistente en poner en contacto a consumidores (los clientes) y auténticos trabajadores autónomos”, sino que realiza “una labor de coordinación y organización del servicio productivo”. De hecho, fija el precio y las condiciones de pago y prestación del servicio. También es la titular de los activos esenciales para realizar la actividad, en concreto, de la aplicación informática que necesitan los repartidores en su trabajo.

Por el contrario, argumentan el Tribunal Supremo, los conocidos como riders carecen de una organización empresarial propia y autónoma, puesto que prestan su servicio “insertados en la organización de trabajo del empleador, y sometidos a la dirección y organización de la plataforma”, queestablece la forma y precio de la recogida y entrega de dichos productos, y controla el proceso productivo mediante “la gestión algorítmica del servicio, las valoraciones de los repartidores y la geolocalización constante”. Por tanto, el repartidor “ni organiza por sí solo la actividad productiva, ni negocia precios o condiciones con los titulares de los establecimientos a los que sirve, ni recibe de los clientes finales su retribución”.

Además, consideran los magistrados prueba de la ajenidad en estos contratos el hecho de que el repartidor no tenga ninguna intervención en los acuerdos entre la plataforma y los comercios, ni en la relación entre ésta y los clientes a los que sirven los pedidos. También lo es, añade la sentencia, la diferencia entre la importancia económica de la plataforma digital y los medios materiales del demandante: un teléfono móvil y una motocicleta. “Los medios de producción esenciales en esta actividad no son el teléfono móvil y la motocicleta del repartidor sino la plataforma digital de Glovo, en la que deben darse da alta restaurantes, consumidores y repartidores, y al margen de la cual no es factible la prestación del servicio”.

El 64%, latinoamericanos; primer empleo para el 33%

Mientras, los tribunales inferiores siguen dictando sentencias sobre los repartidores, la última, el pasado enero. Un juzgado de lo Social de Barcelona dictaminó que 748 repartidores de Deliveroo eran falsos autónomos. La denuncia, además, partía de la Seguridad Social, que demandaba que la relación de estos trabajadores con la empresa es laboral y reclamaba el pago de sus cotizaciones entre 2016 y 2018. Con ésta se superan ya las 40 sentencias de distintos tribunales que reconocen a los repartidores como asalariados, muchos de ellas basadas en informes favorables de la Inspección de Trabajo.

Según el informe de Adigital, el 87% de los 15.300 repartidores de plataforma que hay en España es hombre y el 64% procede de países de América Latina. Para uno de cada tres, ese trabajo fue su primer empleo. Un 25% se encontraba en paro antes de ser contratado en una plataforma y otro 5% estaba inactivo. Los repartidores declaran ingresar, de media, alrededor de 332 euros semanales, unos 17.300 euros brutos al año.

En estos últimos días, se han sucedido los gestos públicos de los repartidores que quieren seguir siendo autónomos, con una manifestación el pasado viernes en la que protestaron contra su “laboralización forzosa”.

El Gobierno y los agentes sociales se reunirán mañana, miércoles 10 de febrero, a las 10.00 horas en la que puede ser el último encuentro antes de cerrar la Ley de plataformas digitales, conocida como Ley de riders, después de que el Ejecutivo pidiera a finales de enero a patronal y sindicatos sus últimas propuestas para cerrar el texto de la ley, según Europa Press. 

Esta reunión se celebrará después de que durante la semana pasada los riders se hayan manifestado en distintas ciudades de España en contra del último borrador.

A juicio del portavoz de RepartidoresUnidors.org, Gustavo Gaviria, dicho borrador "discrimina al colectivo de repartidores y los excluye de su actividad profesional". "Les da igual cómo trabajamos, si funcionamos realmente como autónomos o no, solo tienen en cuenta que lo hacemos a través de una app", añadió.

Por su parte, el presidente de la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA), Jordi Mateo, afirmó que la mesa de diálogo social "ha sido un fracaso". "Es el fracaso político de todo un Ministerio ante la incapacidad de llegar a un acuerdo y de tener en cuenta el funcionamiento real del trabajo de los repartidores", resaltó.

De hecho, el viernes pasado remitieron una carta a los ministerios de Trabajo, Economía e Industria para plantearles la creación de la figura del autónomo digital, aceptando de este modo la realidad de "una cada vez mayor presencia de esta nueva oportunidad de empleo y adaptando la regulación al futuro". También propusieron asimilar a los trabajadores digitales al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en la futura creación de un sistema de cotización por ingresos reales.

"Todo ello, sin excluir que aquellos que realmente trabajan como asalariados sean regulados como laborales", señalaron en la carta, en la que planteaban además reconocer el derecho de asociación de los trabajadores digitales autónomos y su representación en la mesa de diálogo social mediante mecanismos de elección democrática de sus representantes, en línea con las últimas propuestas presentadas por la Comisión Europea.

Desde su punto de vista, "la actual propuesta del Gobierno no tiene en cuenta la realidad del trabajo en plataformas y discrimina un sector por el solo hecho de utilizar una aplicación para la actividad profesional, sin importar si la relación existente entre los repartidores y las empresas que desarrollan las plataformas es realmente laboral o de autónomos".

A pesar de estas reclamaciones, el Gobierno considera que estos trabajadores deben ser asalariados, como así lo han determinado diversas sentencias al respecto. Por ello, en el último texto que presentó el Ejecutivo a los agentes sociales sigue presente que se establezca una "condición de laboralidad", conforme se plasmaba en la sentencia del Tribunal Supremo.

La norma establece los criterios que deben cumplir las plataformas digitales para ajustarse al marco laboral español y a las sentencias que han venido dictando distintos tribunales de justicia, entre ellos el Supremo, que ha considerado falsos autónomos a los repartidores de empresas como Glovo o Deliveroo.

Igualmente, en el texto presentado se propone una modificación del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores para dar derecho de información a los representantes sindicales en las implicaciones laborales que tienen los algoritmos con los que se organizan los turnos.

También se mantiene el observatorio tripartito de las plataformas digitales. Esta medida, propuesta por las organizaciones sindicales, será un órgano de carácter consultivo, adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el que estarán representados sindicatos y empresarios.

Este observatorio será informado mensualmente de los datos obtenidos del registro de plataformas digitales, y seguirá la evolución de la actuación de éstas, "constituyéndose en el órgano de interlocución permanente en esta materia entre la Administración General del Estado y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas", señaló el Gobierno en su última propuesta.

La composición, la forma de designación de sus miembros y su régimen de funcionamiento se establecerá mediante una orden ministerial.

El Gobierno, dispuesto a legislar sin acuerdo entre las partes

El Gobierno quiere legislar haya o no acuerdo. El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, señaló hace unos días que aunque el propósito de su Ministerio es alcanzar un acuerdo en el seno del diálogo social, "la iniciativa legislativa no puede depender de alcanzar o no un acuerdo".

Pérez Rey insistió en que en el caso de que no haya acuerdo, "aunque es un escenario al que no le gustaría enfrentarse", el Gobierno tendrá que asumir la responsabilidad legislativa de clarificar la situación entorno a la naturaleza jurídica de los trabajadores conocidos como riders.

Existe relación laboral

El pasado mes de septiembre el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo declaró que la relación existente entre un repartidor (rider) y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral, por lo que rechazó elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En concreto, el alto tribunal estimó el primer motivo del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el demandante, argumentando que concurren las notas definitorias del contrato de trabajo, examinando en particular las de dependencia y ajenidad.

Así, el Tribunal Supremo sostuvo que Glovo no es una "mera intermediaria" en la contratación de servicios entre comercios y repartidores.

El Tribunal Supremo se pronunció de esta forma después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) determinara el pasado mes de febrero en una sentencia que la empresa Glovo es una plataforma de reparto y no de comercio, por lo que "el sistema de prestación del servicio no se acomoda al ámbito funcional del convenio colectivo que la empresa demandada pretende aplicar".

Este jueves tendrá lugar una nueva reunión entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales para abordar la denominada Ley Rider, el nombre que se usa para describir la regulación laboral de las nuevas plataformas digitales, cuya papel es cada vez más preponderante en la sociedad actual. Será el sexto encuentro tras una interrupción de una semana y se celebrará a pesar de que la patronal CEOE trató a principios de mes de posponer las conversaciones hasta después de Navidad.

No lo consiguió, y esta tarde continuará el diálogo social, enfangado no por las diferencias entre sindicatos mayoritarios y patronal sino por la división precisamente dentro de CEOE en torno al delivery food (reparto de comida: las nuevas tecnologías son prolijas en términos ingleses). La división no ha sido resuelta y se está agravando según las partes consultadas, a pesar de que en las últimas horas en la confederación empresarial se está tratando de acercar posturas: por un lado, los partidarios de contratar a los repartidores de comida o riders encarnados por la empresa Just Eat y por la patronal logística UNO y, por otro, los defensores de que los riders sigan siendo autónomos, versión abanderada por Glovo. Esta última cuenta con poderosos aliados, como Uber Eats, Amazon o Deliveroo. Detrás de todos los anteriores, otra patronal, Adigital.

Tienen las de ganar los primeros: el pasado 23 de septiembre, el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo declaró que la relación existente entre un repartidor y Glovo tiene naturaleza laboral, por lo que rechazó elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia como pedía la firma. Glovo sostiene que la relación con estos trabajadores debe de ser mercantil y no laboral. El CEO y fundador de Glovo, Oscar Pierre, declaraba este martes a La Vanguardia que es partidario de que sean autónomos "por la flexibilidad que ofrece" a "la operativa y al mensajero". "El delivery tiene picos de demanda volátiles que no podríamos cubrir con riders en plantilla".

"La ley hay que cumplirla", responde Francisco Aranda, presidente de la patronal UNO. "Si una empresa adopta un modelo de negocio fuera de la ley, eso no es un negocio. Defendemos que haya una competencia real y no distorsionada. Y por supuesto, no dividir entre negocios nuevos y viejos según el grado de digitalización: ahora mismo todos estamos digitalizadosnuevos viejos ", responde Aranda en alusión, igualmente, a los taxis y a los hoteles.

Merodear horas en torno a un local

"Ya no hay debate político", zanja Patrik Bergareche, director general de Just Eat, una plataforma que empezó en 2010, cuando los smartphones no eran masivos. "No podemos llevar al terreno jurídico una cuestión política", insiste Bergareche a infoLibre por videollamada. "Antes de la sentencia del Supremo ha habido más de medio centenar de fallos en instancias menores, y de ellas a lo mejor el 70% resolvió que había una relación laboral entre las partes. Es muy difícil cumplir las normas y dar un servicio de calidad si no se sabe quiénes son los repartidores". Just Eat mantiene en secreto el número de trabajadores que tiene en plantilla con contratos de trabajo, como estrategia comercial frente a sus rivales. 

Bergareche afirma que en Just Eat se paga hasta la pausa del café o del cigarrillo, y que una relación laboral afianzada impide a los riders -un sector fuertemente precarizado- merodear horas alrededor de un establecimiento de comidariders en espera de si se produce una llamada. "Y eso no quiere decir que tras la aprobación de la ley no haya que hacer nada. Hay que adaptar por ejemplo el Estatuto de los Trabajadores a las nuevas realidades", agrega. "Yo no puedo, por la norma de 1980, llamar a un trabajador para que se incorpore si no es con 72 horas de antelación. En días de lluvia, hemos detectado que la demanda crece un 25%-30%. ¿No podría buscarse una mayor flexibilidad para que el trabajador estuviese disponible en mucho menos tiempo? Empleadores y empleados estaríamos de acuerdo". 

CEOE, por acatar la sentencia

Algunas fuentes consultadas aseguran que CEOE se está decantando por la visión de Just Eat y UNO. Pero la patronal se mantiene completamente hermética mientras reúne a las partes enfrentadas para hallar una posición común. Adigital y Glovo se han manifestado favorables de suprimir el algoritmo por el que se gestiona su modelo laboral a cambio de mantener a los trabajadores autónomos; según esta vía, la sentencia del Supremo contempla esta posibilidad. Pero Just Eat defiende a capa y espada el algoritmo que rige su actividad profesional, que se encuentra en la esencia del negocio, puntualizan en esta última firma.

Según lo filtrado hasta la fecha, las partes han ido recibiendo diferentes borradores. En un momento dado, Trabajo aceptó la propuesta sindical de crear un registro de plataformas con el que fiscalizar los algoritmos para que, en caso de producirse un incumplimiento flagrante de la legislación laboral, poder retirar la licencia a la empresa de turno. Esta medida fue retirada.

La discusión además ha despertado la atención en torno a los derechos de los riders, quedando en un segundo plano el de otros sectores precarizados que también trabajan vía app como las trabajadoras del hogar o las cuidadoras infantilesapp . Muchos de esos colectivos sufren la desprotección y ejercen como autónomos. 

El PP quiere que la nueva ley para regular el modelo de negocio y las relaciones laborales en las plataformas digitales, la conocida como Ley rider en referencia a los trabajadores de reparto de plataformas como Glovo o Deliveroo, permita que los trabajadores puedan elegir si trabajar como autónomo o asalariado.

Así lo trasladan los populares en una proposición no de ley registrada en el Congreso, recogida por Europa Press, en la que urgen al Gobierno a aprobar una nueva ley "en el seno del diálogo social, y en consenso con las asociaciones implicadas", y "que en todo caso contemple y valore la libertad individual del trabajador".

Para el PP, permitir al trabajador tener una relación laboral como asalariado o ejercer su actividad como autónomo garantizaría "adaptar la ley a la realidad social, "lograr un mercado de trabajo más justo y flexible", y "atajar las conductas que atenten contra los derechos de los trabajadores y nuestro sistema de Seguridad Social".

"Modelo de negocio por antonomasia" de la economía digital 

En su iniciativa, el PP destaca cómo "las nuevas tecnologías están llamadas a cambiar de manera drástica el mercado laboral y a convertirse en las protagonistas de los empleos del futuro" y cómo en esta Revolución industrial 4.0 "el modelo de negocio por antonomasia como consecuencia de los continuos cambios e innovación es el de las plataformas digitales".

Una "economía de los pequeños encargos", relata, en la que las plataformas ejercen de mediadores a través de "un colaborador que trabaja bajo demanda". En este sentido, señala que esta figura laboral no se da únicamente en actividades como la hostelería, sino en otros servicios como la limpieza, las reparaciones o el mantenimiento".

"Hay riders que prefieren ser autónomos" riders

Una "figura del colaborador" que, incide el PP, "no está exenta de polémica", pues asegura que "en algunos supuestos su relación con la empresa es laboral" pero "en otros nos encontramos ante un trabajador autónomo o autónomo dependiente", si bien la última sentencia del Tribunal Supremo "unifica doctrina" al respecto y reconoce la naturaleza laboral al concurrir dependencia y ajenidad, notas definitorias del contrato de trabajo.

Ante esto, el PP ve "necesario y urgente" una nueva ley "que regule de forma específica" las plataformas digitales "que contemple todas las opciones para sus trabajadores", ya que considera que este tipo de modelos empresariales no están contemplados por la legislación laboral, "sino que se tienen que ajustar y adaptar a una legislación redactada cuando este modelo de negocio no existía".

"La sentencia del Tribunal Suprema ha sido muy aplaudida por muchos riders que esperan que se laboralice su relación empresarial, si bien hay otro sector, también amplio de riders, que prefieren ejercer su actividad como autónomos ya que priorizan la flexibilidad, la libertad y la autonomía que les da este tipo de régimen", argumentan los populares.

UGT ha denunciado este viernes ante la Dirección General de Trabajo y la Inspección de Trabajo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por Deliveroo para sus oficinas de Barcelona, Valencia y Madrid, ha informado el sindicato, que denuncia que en realidad lo que quiere la compañía es deslocalizarse y llevarse la actividad a Rumanía, recoge Europa Press.

Esta "huida", critica UGT, coincide con la intención del Gobierno español de regularizar a los repartidores de las plataformas digitales y convertirlos en empleados por cuenta ajena, como ya han sentenciado diferentes tribunales nacionales. Aseguran que defenderá los puestos de trabajo de la empresa, "máxime cuando Deliveroo se ha acogido a un ERTE por causa de la crisis del coronavirus y tiene a la mayoría de sus trabajadores en casa, sin poder emplearse, y al resto teletrabajando".

El sindicato advierte además que Deliveroo se quiere ir de España "sin pagar la deuda millonaria que tiene con la Seguridad Social". En este sentido, y citando datos de la Dirección General de Trabajo, la deuda del conjunto de las plataformas digitales, entre las que se encuentra Deliveroo, superaría los 10 millones de euros. UGT ha reclamado la necesidad de actuar contra estas plataformas por "saltarse las normas laborales" mientras se benefician de las ayudas económicas y sociales habilitadas en España por la pandemia del coronavirus.

Por ello, el sindicato también reclama a la Inspección de Trabajo que vigile y garantice la posibilidad de que los trabajadores puedan elegir, libremente, a sus propios representantes. En este sentido, denuncia la "incongruencia e injusticia" que supone que el representante de los trabajadores en el último ERTE haya sido quien también se encarga de representar a la empresa en los Tribunales de Justicia.

"UGT no va a permitir que este tipo de empresas pretendan modificar la legislación vigente cuando huyen ante la obligación de cumplir con la norma. El Gobierno tiene que tener en cuenta la actitud de estas plataformas digitales y denunciarlo ante la Unión Europea. No se pueden hacer leyes a medida cuando se están infringiendo todas las normas y, además, se acumulan deudas millonarias con la Seguridad Social", avisa el sindicato.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha determinado que los 532 riders de la empresa de reparto a domicilio Deliveroo son trabajadores sujetos a una relación laboral con la compañía en la prestan sus servicios y no autónomos, como sostiene la empresa.

Así consta en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se desestiman los recursos de suplicación formulados por Roofoods Spain SL frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 19 de Madrid de julio de 2019, que concluyó que los repartidores eran trabajadores de la empresa.

El proceso fue iniciado por las actas de liquidación de la Inspección de Trabajo contra la relación de "falsos autónomos" que mantenía Delivero (Roofoods) con sus repartidores. La sentencia recurrida señalaba que "en la prestación de servicios de los repartidores afectados por el proceso, durante el periodo al que se refiere el acta de liquidación, prevalecieron las condiciones propias de la laboralidad, lo que conduce a la estimación de la demanda".

La resolución se produjo fruto de la vista oral celebrada el pasado mayo en relación con la demanda cursada por la Tesorería general de la Seguridad Social tras una acta de la Inspección de Trabajo, por la que se citó a más de 500 repartidores de la región que formaban parte de la empresa. El informe de Inspección de Trabajo determinaba que estos repartidores estaban bajo una "falsa apariencia" de autónomos por cuenta propia para "encubrir" una relación laboral ordinaria con la compañía Deliveroo.

Ahora, los magistrados del TSJM señalan que "la calificación de las relaciones jurídicas como por cuenta propia o por cuenta ajena es materia de orden público, no sujeta a la libre autonomía de las partes, de modo que, cuando en una relación jurídica concurren materialmente las notas propias de la laboralidad, ésta ha de considerarse una relación por cuenta ajena, aunque las partes la hayan calificado formalmente de otro modo".

"Máxime cuando en dicha correcta catalogación jurídica no concurre sólo un interés privado de las partes, sino también un interés público que viene dado por el debido encuadramiento en el sistema de la Seguridad Social y en relación con las cotizaciones y prestaciones de dicho sistema, así como en materia de desempleo, Fondo de Garantía Salarial", indican.

Por su parte, la firma aseguró en su día sobre la sentencia del Juzgado de lo Social número 19 de Madrid que colabora "con riders autónomos", ya que esta modalidad les permite tener la "flexibilidad y el control que desean". "Como autónomos, los riders pueden elegir si quieren trabajar o no, así como cuándo, cuánto y con qué compañía hacerlo", defendía Deliveroo para abogar por una reforma legal que permita a las empresas ofrecer a los 'riders' "más seguridad, sin poner en peligro la flexibilidad". "Esto es por lo tanto lo que todos debemos tratar de ofrecerles", argumentó.

El abuso de la figura del falso autónomo que hacen las plataformas digitales escatima al menos 51 millones de euros a las arcas de la Seguridad Sociallas arcas de la Seguridad Social cada año. Aunque, según los cálculos realizados por UGT, la cifra puede dispararse hasta los 74,6 millones, dependiendo de cómo se clasifique a estos trabajadores. El sindicato ha analizado las condiciones laborales de los repartidores de estas plataformas, las conocidas Deliveroo, Glovo o Ubereats, y proyectado cuánto dinero ganan gracias a los salarios mínimos que pagan y la relación mercantil que mantienen con estos trabajadores. Para ello han utilizado como elemento de comparación el sueldo de la categoría equivalente de los convenios de hostelería y el de los trabajadores no cualificados en servicios según la clasificación del Instituto Nacional de Estadística (INE). Respecto del primero, las plataformas se ahorran cada año en salarios casi 31 millones de euros, a razón de 2.154,6 euros por repartidor. Respecto del segundo, la cifra se eleva a 92,1 millones de euros, 6.430 euros por trabajador.

Según el estudio de UGT, un repartidor cobra al mes entre 750 y 1.000 euros brutos, a los que deben descontar 450 euros de gastos –cuota de autónomos, seguro–. El salario de la categoría equivalente en hostelería asciende a 1.435,8 euros, mientras que el de los trabajadores no cualificados del INE se queda en 1.079,5 euros.

Para comparar las cotizaciones sociales, el sindicato utiliza las que deberían pagar estas empresas si el 20%, el 50% y el 80% de sus repartidores estuvieran sujetos a la tarifa plana de autónomos –60 euros mensuales–. De forma que éstos pueden estar ingresando actualmente a la Seguridad Social una cantidad anual que va de los 18 millones a los 41 millones de euros. Pero si tuvieran contratos laborales con las plataformas y cobraran los salarios del convenio de hostelería, la Seguridad Social ingresaría 92,6 millones de euros, de los que 76,8 millones corresponderían a las empresas y 15,8 millones a los repartidores. En caso de que cobraran lo mismo que los trabajadores no cualificados del INE, la Seguridad Social debería ingresar 69,6 millones de euros.

En total, por tanto, las plataformas digitales ganan entre 82,5 millones y 167 millones de euros gracias a los ahorros que les permiten los salarios bajos y la elusión del pago de cotizaciones a la Seguridad Social. A juicio de UGT, estas empresas constituyen una “industria low cost que compite de forma desleal con otras que mantienen empleos de calidad”.

El sindicato explica que hasta un 12% de los trabajadores han estado ocupados alguna vez en una de estas plataformas, y en el 2% de los casos ese empleo constituía su principal fuente de ingresos. El informe también recurre al número de trabajadores que proporciona la patronal del sector, Adigital, para España: 14.337. Aunque UGT cree que la cifra real puede duplicar ese dato.

Según UGT, Glovo y Deliveroo rondan los cuatro euros por pedido, pero Stuart sólo paga 1,21 euros por paquete, un euro si se le descuenta el IVA. “Por eso sus repartidores cargan sus bicicletas y sus espaldas hasta el extremo”, apunta. Mientras Deliveroo ha reducido el pago de los pedidos en menos de dos años “sin negociación o justificación alguna”, Ubereats cambia sus importes cada seis meses. Además, todas estas empresas cuentan con un sistema variable de pago por encargo: cada uno de ellos tiene un valor diferente y los repartidores nunca saben cuál es.

Es más, alguna empresa ha ido precarizando progresivamente sus ya de por sí pobres condiciones de trabajo. Como en el caso de Deliveroo. Al llegar a España disponía de un sistema de pago por horas: 8,5 euros la hora de trabajo. Hasta el verano de 2017, cuando se modificó el tipo de contrato, de autónomo a trade –trabajador autónomo económicamente dependiente, aquél cuya facturación depende en un 75% de un sólo cliente–. Cada pedido se pagaba a 4,25 euros si el repartidor iba en bicicleta y a 4,5 euros si iba en moto o bicicleta eléctrica. Cuando el repartidor accedía a cambiar su contrato de autónomo a trade, se le concedían dos pedidos por hora y, si superaba un determinado número de encargos al mes, percibía bonus de 70, 140 y 200 euros. Pero esas primas, utilizados como incentivo para incorporar trades, desaparecieron a los seis meses. Después se estableció el valor variable de los pedidos, reduciendo al tiempo su pago en 25 céntimos. Y más tarde se vinculó el valor de cada encargo a la distancia recorrida. Un sistema que se convirtió en una “subasta de pedidos”, destaca UGT, y que perjudicaba a los repartidores aumentando la competencia entre ellos. 

“Control milimétrico” de los trabajadores

El sindicato, que defiende la naturaleza laboral de la relación de que establecen los repartidores con las plataformas digitales y ha presentado un buen número de denuncias ante la Inspección de Trabajo y los juzgados, critica en duros términos a estas empresas por las precarias condiciones en que mantienen a sus empleados. Cuya extensión temen a todo tipo de trabajadores, teniendo en cuenta el elevado uso de contratos temporales en España. “Son la expresión moderna del modelo de condiciones de trabajo de las tres p: penosas, precarias y peligrosas”ppeligrosas, sostiene.

Por ejemplo, las plataformas “optimizan de forma desproporcionada los servicios” que prestan sus trabajadores. Todas las herramientas que les proporcionan cuestan dinero a los repartidores. La bolsa, entre 50 y 70 euros; la aplicación, cuatro euros al mes en Glovo, y el seguro de accidentes, dos euros también en Glovo.

Y es esa aplicación la que permite un “control milimétrico” de los trabajadores que nunca antes había sido posible, subraya UGT. No sólo vigila, sino que también evalúa y, en función de esa evaluación, determina el futuro laboral del repartidor. Cada empresa establece los parámetros con los que el trabajador obtiene una puntuación determinada, según la cual el algoritmo le proporciona más o menos trabajo y le permite acceder a los horarios. Además, la empresa cambia esos parámetros cuando quiere y de forma unilateral. Así, para obtener una buena evaluación, el repartidor debe estar disponible siempre en las horas de máxima actividad: viernes, sábados y domingos por la noche. En caso contrario, se le penaliza.

El “filón” de los inmigrantes

El sindicato denuncia también que los inmigrantes, aún más los que se encuentran en situación irregular en España, constituyen un “filón” para estas plataformas.  Precisamente “un indicador de que se trata de trabajos precarios”, apunta. Muchos de ellos alquilan licencias a compatriotas, otros necesitan el trabajo para conservar su situación administrativa regular. Por eso UGT reclama cambios en la normativa de extranjería y que se exija responsabilidades a las plataformas si la Inspección de Trabajo detecta cuentas alquiladas a extranjeros en situación irregular.

La patronal del sector ha pedido un contrato especial para los trabajadores de las plataformas digitalesun contrato especial para los trabajadores de las plataformas digitales, una posibilidad que el sindicato rechaza. El carácter laboral de la relación la han confirmado un buen número de sentencias judiciales –aunque no todas– y es la posición que defienden también los inspectores de Trabajo. El pasado julio falló a favor de 532 repartidores un juzgado de lo Social de Madrid y el próximo día 30 se verá en un juzgado de Zaragoza el juicio contra Glovo, en el que declararán 326 bicirrepartidores de Glovo como resultado de un acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo.

Ni Uber ni Glovo. Legálitas. La dinamitación de las relaciones laborales al uso no sólo afecta a los empleos situados a priori en la parte más baja de la escala salarial. La alianza entre nuevas tecnologías y modelos flexibles –o precarios– de trabajo se está extendiendo a todo tipo de profesiones, incluidas las de mayor cualificación. Aunque nacida en 1999, cuando internet todavía daba sus primeros pasos, Legálitas navega ahora en la cresta de la ola de los modelos de negocio basados en la conexión digital de trabajadores y clientes. Si Deliveroo y Glovo cuentan con una red de repartidores unidos sólo por una aplicación informática, que cobran entre tres y cinco euros por pedido, Legálitas tiene a 125 abogados, conectados con la empresa igualmente por una aplicación, que atienden por teléfono a los clientes desde sus domicilios o despachos y perciben entre 2,27 y 3,03 euros por consulta o tarea.

Depende de su especialización. Para asuntos civiles o de consumo la tarifa es la mínima, 2,27 euros por un “asesoramiento completo […], ya se haya producido en una o en varias llamadas” –la “consulta”–, o por redactar “escritos de carácter extrajudicial y gestiones extrajudiciales, tales como negociaciones telefónicas con contrarios, que se deriven de las consultas –la “tarea”–. Por tareas y consultas laborales cobran 2,46 euros, 2,49 si son inmobiliarias, 2,93 euros para asuntos penales y 3,03 euros, el máximo, para problemas mercantiles, administrativos, fiscales o de seguros.

Son los precios que ofrece Legálitas en los contratos de arrendamiento de servicios de sus abogados externos, a los que ha tenido acceso infoLibre. La empresa establece una media diaria de consultas/tareas que también varía según la materia: 14 para asuntos fiscales, administrativos, mercantiles, penales y de seguros, 16 para laborales e inmobiliarios y 18 para civiles y de consumo. Si supera esa media de producción diaria, el abogado percibe un incentivo fijo de 200 euros al mes. En una jornada de ocho horas, a razón de entre 14 y 18 consultas/tareas, el abogado sólo puede dedicarle a cada una de ellas entre 26 y 34 minutos. A cambio, cobra entre 796,8 y 848,4 euros al mes. Si supera la media y recibe el incentivo, llega al mileurismo, entre 996,8 y 1.048,4 euros mensuales. Al menos en teoría. Porque de esa cifra bruta debe descontar 283,3 euros de la cuota de autónomos, las cuotas del colegio –60 euros– y del Consejo General de la Abogacía –10 euros–, el seguro de responsabilidad civil –35 euros– y el 21% de IVA. Además del IRPF, como cualquier asalariado.

Legálitas presume de haber “revolucionado la abogacía” y de haberse convertido en un “auténtico motor en la profesión”. Estandarte de la abogacía preventiva, ofrece una suerte de tarifa plana anual a cambio de asistencia jurídica. Por 14,99 euros al mes en su tarifa básica, 19,99 euros la tarifa plus –incluye defensa en juicios y recursos de multas– y 39,99 euros la premium, que permite “visitas al abogado en su despacho”, el cliente tiene un letrado disponible las 24 horas “con sólo una llamada”. Gracias a este sistema, asegura Legálitas, resuelve de forma extrajudicial el 95% de las consultas que recibe, de manera que sólo el 5% llega a juicio.

Un portavoz de la empresa rechaza que precarice el trabajo de los abogados. Por el contrario, argumenta, la “mayoría” de los abogados que atienden por teléfono a los clientes poseen “sus propios despachos profesionales” y colaboran con Legálitas como una forma de complementar sus ingresos”. “Les ayudamos a sobrevivir en muchos casos”, resalta. Por eso, “no tiene sentido” hablar de sueldos de 800 euros. De hecho, hay algunos que llegan a facturar hasta 3.000 euros al mes, apunta. A otros les basta con atender llamadas “durante un par de horas”. De acuerdo con los testimonios recabados por infoLibre, de cuatro a seis horas de trabajo al día les puede reportar poco más de 1.000 euros al mes. Eso sí, las tareas –pueden ser incluso recursos administrativos o contratos– pueden realizarlas “en el horario que consideren oportuno”, sin necesidad de comunicárselo a la empresa, mientras que las consultas telefónicas deben hacerlas en un horario previamente convenido con ella. Lo que multiplica la jornada reconocida.

Factura 50,7 millones

Sobre estos abogados telefónicos, el portavoz de Legálitas detalla que no sólo tienen “mucha experiencia” y están altamente especializados “en materias jurídicas muy concretas”, sino que también son “muy rápidos” y su calidad es “inigualable”. Como resuelven “todos los días el mismo tipo de consultas”, son muy ágiles en la gestión de las respuestas, lo que ahorra tiempo y dinero a la empresa y, por tanto, al cliente. Además, cuentan con “borradores de diferentes escritos” para facilitar y acelerar las tareas. “Máxima calidad” y “máxima eficiencia”, resume el método de trabajo, “debido a lo repetitivo de las consultas”.

Frente a estos 125 abogados externos, Legálitas cuenta con otros 275 en plantilla, ubicados en la sede de la firma en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Sus jornadas son de seis u ocho horas, “a su elección”, precisa la empresa, que les paga un salario “por encima de la media de la abogacía”, que está situada en 1.750 euros mensuales según los datos del Consejo General de la Abogacía. Además, Legálitas anuncia en su publicidad que pone a disposición de sus clientes 800 abogados en toda España, todos los citados más arriba y los que trabajan en su red de 277 despachos asociados.

Este nuevo modelo de asistencia legal a bajo coste ha sido todo un éxito económico. Con 300.000 clientes y atendiendo un millón de consultas anuales, Legálitas facturó 50,7 millones de euros en 2018, un 11,4% más que el año anterior. Es, por tanto, el sexto despacho nacional por su volumen de negocio. Pérez-Llorca y Gómez-Acebo & Pombo, dos bufetes tradicionales, le superan por poco –52 y 62 millones de euros, respectivamente–. Y por delante sólo quedan los tres gigantes de la abogacía nacional: Garrigues, Cuatrecasas y Uría Menéndez, que ingresaron entre 240 y 364 millones de euros en 2018. Desde noviembre del año pasado, forma parte del patronato de su fundación el exministro de Justicia Rafael Catalá, cuya presencia fue habitual en los actos públicos de la empresa mientras ocupó el cargo. Legálitas ya ha comenzado su expansión en América Latina; tras abrir una oficina en Miami tiene previsto extenderse por Colombia, Perú y México apoyándose en socios locales. En 2015, su presidente, Alfonso Carrascosa, acariciaba la idea de salir a Bolsa en el plazo de un par de años.

Sin quejas en el Consejo de la Abogacía

A preguntas de este periódico, el Consejo General de la Abogacía asegura que no ha recibido quejas de colegiados sobre las condiciones de trabajo en Legálitas, por lo que ha declinado un pronunciamiento al respecto. Tampoco el Colegio de Abogados de Madrid ha respondido sobre el asunto.

En los contratos con sus abogados externos, Legálitas se cuida mucho de delimitar la frontera con el falso autónomo. Así, establece que el letrado “no tendrá ninguna dependencia técnica, ni respecto a la estructura disciplinaria, organizativa y jerárquica de Legálitas y su actividad se desarrollará, siempre y sin excepción alguna, con independencia, responsabilidad propia y plena autonomía organizativa, bien con medios propios o subcontratados, para el ejercicio de sus actuaciones, dedicando el tiempo que estime oportuno y siguiendo sus propios métodos y criterios […], conforme a su ciencia, su leal saber y entender, las prácticas y usos de la lex artis que le es exigida y con sujeción, naturalmente, a las normas deontológicas”. Pero las consultas y tareas que realice serán “propuestas” por la empresa, que le facilita los protocolos de atención al cliente y las herramientas informáticas necesarias para prestar el servicio –ni el ordenador ni la línea de internet ni los cascos, que debe aportarlos el abogado–. No le exige exclusividad, permitiéndole trabajar con otras redes de despachos y mantener sus propios clientes.

Sí está sometido a controles de calidad, “muy exhaustivos” según Legálitas, pero cuyo detalle su portavoz no quiere revelar por su carácter confidencial. Por el mismo motivo no desvela cuánto tiempo suelen permanecer estos abogados telefónicos en la empresa o cuál es su nivel de renuncias. Sólo apunta a que el índice de rotación es “especialmente pequeño”. Tampoco indica cuál es la edad o la experiencia de estos empleados o si penalizan de algún modo a los que no superan esos controles de calidad.

En el manual que Legálitas proporciona a los abogados con la guía de cómo deben atender las llamadas de los clientes, se les informa también de que se les controlará a posteriori a través de un muestra “representativa y aleatoria” por departamento y con otras cinco monitorizaciones por abogado y mes. Se les evalúa desde el estilo de comunicación hasta la gestión y la resolución de la llamada. Finalmente, el documento incluye un apartado para que los abogados aprendan a “ejercitar el músculo de la empatía” con el cliente, movilizando “la fuerza motivadora de la zona prefrontal izquierda del cerebro”. “Concéntrate en tus corazonadas o en tus percepciones sobre el estado emocional de la otra persona”, invita. En 26 minutos y por tres euros.