El Gobierno ha aprobado este martes en segunda vuelta el anteproyecto de ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral, el llamado Estatuto del Becario, con el que busca "luchar contra la precariedad", según informe EFE.

Según ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, esta norma supone "la reforma laboral para la gente joven en España".

La norma, que deberá sumar los apoyos necesarios para superar el trámite parlamentario, busca, entre otros aspectos, la compensación de gastos de los estudiantes en prácticas o el derecho a vacaciones y fija multas para las empresas que incumplan.

La Comunidad de Madrid ha acordado con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas incrementar hasta los 14.800 millones de euros en seis años, de 2026 a 2031, la financiación para estas instituciones, que han celebrado este "hito" asegurando que abre "una nueva etapa", informa EFE.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado este martes el acuerdo con los rectores de las universidades Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Alcalá, Politécnica y Carlos III en la sede del Gobierno regional, junto a la nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García.

El acuerdo se firma tras una reunión mantenida el lunes entre los rectores y las consejerías de Educación y de Hacienda, tras el cese en febrero del exconsejero de Educación Emilio Viciana y el fracaso de su ley de Enseñanzas Superiores y Universidades (Lesuc) que suscitó el rechazo generalizado de la comunidad educativa con protestas y huelgas masivas.

Tras la firma, Díaz Ayuso ha detallado que las universidades recibirán un total de 14.800 millones de euros en seis años, de los cuales el 83% provendrá de los presupuestos generales de la Comunidad, es decir, 12.300 millones, y el resto de los precios públicos, obtenidos por tasas o servicios prestados.

En total, se estima que las universidades públicas recibirán anualmente una media de 2.465,1 millones para financiar su actividad, cifra superior a los 1.239 millones presupuestados para 2026, que los rectores consideraban "insuficiente".

Es la primera vez que las universidades públicas contarán con una propuesta de financiación plurianual "para que puedan planificar con tiempo y eficacia su propio futuro estratégico", ha destacado Díaz Ayuso.

Habrá una financiación básica para la actividad ordinaria de las universidades y una financiación por objetivos "para mejorar la calidad docente e investigadora", ha subrayado la presidenta madrileña.

El modelo se articula, además, mediante un fondo de convergencia para corregir desequilibrios; un fondo adicional para competitividad y proyectos singulares, así como una financiación específica dirigida a inversiones para acometer la modernización de infraestructuras.

En el último ejercicio (2031), las universidades contarán con 549 millones adicionales de la Comunidad y los fondos específicos recogidos en el acuerdo habrán crecido un 41% (480 millones de euros más), según las cifras facilitadas por el Ejecutivo autonómico.

Asimismo, se estima que las universidades puedan tener otros ingresos propios cercanos a los 2.500 millones en los años del modelo.

Cada universidad deberá aprobar un plan estratégico a cinco años, con la participación del Consejo Social, y presentará cada año una memoria económica justificativa del destino de los fondos recibidos.

Se reforzarán los mecanismos de auditoría interna y externa y, si hay desequilibrio, la universidad afectada deberá aprobar un plan económico financiero.

La presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (Cruma) y rectora de la Autónoma (UAM), Amaya Mendikoetxea, ha mostrado su "enorme satisfacción" y ha calificado de "hito" el acuerdo, que abre "una nueva etapa" y el camino hacia un sistema universitario madrileño "más fuerte, más estratégico y con mayor estabilidad".

En su discurso, Mendikoetxea ha recordado cómo desde abril de 2024 los rectores habían alertado del "creciente desequilibrio entre ingresos y gastos que ponía en riesgo" la situación de los campus madrileños, atrapados en una financiación que solo "garantizaba unos mínimos sin un marco estable plurianual".

Por ello, ha agradecido a la presidenta madrileña "su sensibilidad" e "interés personal" en la consecución de una financiación "suficiente y estable", a la vez que ha reconocido la labor del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, por liderar el proceso "con cintura", y del exconsejero Emilio Viciana por haber iniciado del camino.

Igualmente ha agradecido a los demás rectores y ha añadido que el acuerdo no solo cierra una etapa sino que "abre otra, de reconocimiento explícito de una necesidad estructural que debe ser atendida en el tiempo".

En román paladino: “alegrémonos mientras seamos jóvenes; tras la divertida juventud, tras la incómoda vejez”. 

Aquellos teutones estudiantes del siglo XVIII, inventores de estas bulerías nórdicas, no podían imaginar que trescientos años después la “senectutem” ya no es tan “molestam”.

Y no lo es porque la universidad —esta casa común del saber— ha aprendido que la edad no clausura, sino que inaugura. La juventud ya no es un tramo biológico sino una actitud intelectual. Hay jóvenes de veinte años fatigados por el cinismo y provectos de setenta estrenando asombros. Si algo nos enseñan los claustros es que el calendario no gobierna la curiosidad.

La vejez, antes temida como antesala del silencio, se ha convertido en archivo vivo. 

Los años no pesan: sedimentan. Y en esa sedimentación se deposita el matiz, la ironía, la prudencia, esa ciencia de los límites que no paraliza, sino que orienta. Si la juventud es ímpetu, la madurez es compás; si aquella es chispa, esta es brasa que calienta más tiempo.

Por eso, cuando entonamos el Gaudeamus, no celebramos únicamente la fugacidad del instante, sino la continuidad de una comunidad que aprende a todas las edades. Celebramos que seguimos siendo discípulos incluso cuando nos toca ejercer de maestros. Celebramos que el aula no es un espacio, sino una disposición del ánimo.

Alegrémonos, pues, no solo mientras seamos jóvenes, sino porque seguimos siendo capaces de aprender. Que la senectud no sea “molesta”, sino maestra; que la juventud no sea efímera, sino permanente en el espíritu. Y que, cuando bridemos —con vino o con palabras—, lo hagamos por esa universidad que no pregunta cuántos años tenemos, sino cuánta curiosidad conservamos. 

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Juan Manuel Arévalo es socio de infoLibre.

Sanae empezó a darse cuenta de todo cuando llegó a la universidad. Nacida en Marruecos y criada en la ciudad madrileña de Leganés, nunca había visto mucha diferencia entre compañeros. Tampoco su adolescencia fue una época tan mala como dibujan algunos estereotipos. En esa etapa descubrió su pasión. Fue una de sus amigas de clase quien la introdujo a la poesía, disciplina que practica ahora, con un poemario publicado bajo el título Agharas (Camino en amazigh). Estudió el bachillerato de Artes y luego la carrera de Diseño de Moda. 

Pero allí las situaciones aparentemente puntuales que había experimentado en el colegio y en el instituto comenzaron a adquirir un sentido diferente al que ella misma les había dado. Ante los comentarios fuera de lugar, las miradas y el tratamiento distinto por parte de sus profesores comprendió que ese tipo de discriminación ya la había vivido antes, aunque inconscientemente. La evidencia estaba ahí. Según relata, a su hermano pequeño lo expulsaron del instituto por “mal estudiante”, algo que la ley no permite en España en la educación obligatoria; a una amiga suya, de origen iraquí, le comunicaron que debía acudir a clase en un curso inferior al que le correspondía por edad y fue derivada al PMAR, un programa de apoyo para alumnado con dificultades de aprendizaje que, según sostiene, no necesitaba.

Antes de llegar a la universidad la respuesta habitual ante este tipo de microviolencias era un simple “el profesor me tiene manía”. Pero esa explicación resulta insuficiente para describir dinámicas que, según relatan numerosos estudiantes, se repiten en las aulas. “Me fui dando cuenta de que no solamente siendo de origen inmigrante encuentras trabas con respecto al resto de compañeros, sino que había profesores que, de una forma u otra, te estaban condicionando constantemente”, cuenta Sanae a infoLibre.

El racismo, ese problema que cada vez más en auge en España, también atraviesa la educación y deposita las semillas para que, con las nuevas generaciones, nada cambie. De hecho, según datos del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en España los delitos de odio relacionados con la raza son los más frecuentes y suponen el 41,13% del total. 

Si esta realidad se traslada al ámbito escolar, las consecuencias se multiplican. “Si no tienes una autoestima bien construida, llegas a clase y cualquier comentario te puede destruir. Si tú tienes un profesor que ve que no estás rindiendo como ellos quieren y te dicen que eres un vago o mal estudiante y solo destacan lo negativo, vas a decir: ‘Mi padre me está diciendo que soy inútil, he tenido un mal día y encima llego a clase y mi profesor me dice que soy un vago’”, expone Sanae.

Las repercusiones de toda esta situación se materializan en las cifras de abandono escolar. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación, los estudiantes extranjeros siguen teniendo una tasa de abandono mucho mayor a la de sus compañeros españoles. Ya en 2021, la tasa de los alumnos extranjeros era del 41,5%, según el Observatorio Social de la Caixa, mientras que la de los estudiantes españoles era de tan solo la mitad, un 20%. Entre los hijos de inmigrantes con nacionalidad española la dinámica no mejora. Según un estudio de Funcas, solo un 28% accede a la universidad, frente al 43% de los hijos de españoles.

Uno de los principales motivos de esta realidad se encuentra en la base del sistema educativo: el profesorado. Así lo acredita el mismo informe de laCaixa, que cuenta que los alumnos que abandonan suelen hacerlo porque sienten que sus profesores no confían en ellos. Hay más datos que respaldan esta lectura. En el informe El impacto del racismo en España de 2024, un 7,6% de los alumnos racializados participantes percibían que sus profesores les trataban peor que al resto de sus compañeros y el 43,4% de los encuestados había sufrido alguna experiencia discriminatoria en la escuela basada en su origen étnico. 

Estos prejuicios o falta de interés pueden materializarse hasta con los alumnos más pequeños. Beatriz Ballestín González, antropóloga y miembro del Grupo INMIX del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UAB, ha podido comprobar en sus estudios sobre la educación primaria en Cataluña, que a los niños que venían de familias africanas o latinas se les evaluaba bajo creencias estereotipadas o racistas. “Poca madurez”, ”falta de hábitos” o familias que “no valoraban la escuela”, son solo algunas de las ideas que tenían los profesores. Una mera consecuencia de un entorno social que tiene el racismo en la base, aunque no sea siempre perceptible.

“Si los alumnos no tienen la capacidad de regularse emocionalmente, porque es una etapa muy vulnerable y no tienen herramientas, obviamente se van a creer todo el discurso y van a acabar destrozados. Muchos chavales abandonan los estudios porque vienen de un entorno complicado. Si tú llegas a clase y los profesores, en vez de motivarte, solo destacan lo malo o te hacen creer que eres cosas que no eres, vas a decir: ‘¿Yo qué hago aquí? Yo no valgo para esto’”, apunta Sanae. 

Las actitudes de los profesores no son más que un reflejo de la propia sociedad. Solo hay que ver los partidos políticos en auge en todo el mundo. En España, por ejemplo, el secretario general de Vox y máximo responsable del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, relacionó la regularización de migrantes con un aumento de “inseguridad en las calles”. Y parece que su opinión la comparte cada vez más gente. En el último CIS se consagraba la subida del partido liderado por Abascal en intención de voto, recogiendo esta formación la mayor escalada entre los meses de enero y febrero. 

Pero el ejemplo más extremo es el de Estados Unidos. Allí, las redadas del ICE –Servicio de Inmigración y Control de Aduanas– ya han dejado dos muertos: Renee B. Good y Alex Pretti. Ambos estadounidenses. Ante la brutalidad de estas intervenciones, muchos vecinos inmigrantes de Mineápolis –la zona más afectada por estas políticas antimigratorias– han decidido no salir de sus domicilios. Desde la Casa Blanca, por si fuera poco, se refieren a ellos como "illegal aliens", los incluyen en sus discursos como elementos distorsionadores de la seguridad nacional o, directamente, los catalogan como “criminales”. 

Ante este panorama, cambiar la actitud general ante la inmigración es complicado y más si el tiempo y los recursos no acompañan. “La falta de atención hacia las personas migrantes o ante el racismo es una cuestión de falta de medios que no va solo en contra de las personas migrantes sino contra la diversidad en general”, apunta Andrés Maroto, secretario de Enseñanza e Intervención Social de CNT Madrid y profesor de secundaria en Orcasitas (Madrid).

“Es muy difícil, con el número de alumnos que tenemos por aula, individualizar las enseñanzas. Los problemas que nos encontramos, como la falta de integración o el hecho de que los alumnos no se consideran bien tratados, son cuestiones que se dan en general en la escuela. Además, el problema también recae en que en el sistema educativo hay estructuras que segregan por definición, por ejemplo, con las escuelas bilingües”, añade. 

En este sentido, Aída San Millán, secretaria general de la Federación de Educación de CCOO de Madrid, coincide en que el problema recae, en mayor medida, en el propio sistema educativo: “Los fallos tienen que ver con la dotación presupuestaria que se le da a la educación pública. En el caso de Madrid no se puede atribuir el problema a unos docentes que tienen horarios lectivos por encima de la media nacional, unos salarios por debajo y unas ratios que no atienden a las necesidades educativas de los alumnos migrantes. En el sistema educativo español –y sobre todo en el madrileño– todo falla y los que acaban afectados son los más vulnerables”, expone. 

Las narrativas que rodean a estos jóvenes pueden provocar que ellos mismos acaben por creer lo que oyen a cada paso que dan. Un informe de la Fundación porCausa, explica, a raíz de varios testimonios, que las experiencias que los jóvenes tienen con el racismo en la vida cotidiana conforman cómo entienden que les percibe la gente. Aquí entra en juego la identidad y, sobre todo, el riesgo de que acaben renegando de ella. 

“Siempre les sitúan en el mismo lugar, les atribuyen las mismas cualidades o defectos. En el colegio o en el instituto son muchas veces rechazados o se quedan aislados de sus compañeros. Ante este tipo de situaciones, lo que acaba sucediendo es que los propios chicos acaban pensando que el problema lo tienen ellos”, expone Vanesa Martín, responsable del grupo Empower Youth de la Fundación porCausa. 

Esta organización no gubernamental, consciente de esta situación, ha decidido dedicar precisamente a la infancia y la juventud el próximo Congreso de Periodismo de Migraciones que cada año celebran en la ciudad de Mérida y que, en esta ocasión, tendrá lugar los días 14 y 15 de octubre.

Por su parte, Ballestín coincide con Martín y considera que los comentarios que parecen inofensivos pueden acabar mermando la autopercepción de los jóvenes. “Nuestras investigaciones en INMIX muestran cómo los chicos racializados o inmigrantes viven situaciones cotidianas de racialización —como comentarios sobre su color de piel o su supuesta peligrosidad— que acaban afectando su identidad y su relación con las instituciones, incluida la escuela”, argumenta. 

La otra cara de la moneda, la división entre alumnos blancos y alumnos racializados, pasa (en parte) por algo más entendible: cuando sufres rechazo por el resto, tus semejantes son el entorno más seguro. “Los chicos de Empower Youth siempre hablan de situaciones en las que los profesores juzgaban su religión sin conocerla y en las que el resto de compañeros directamente les ignoraban. Se les coloca como el otro desde el chiste y el estigma. Ante eso, cuando las personas de tu alrededor no son tan acogedoras, te refugias en lo que conoces y te acabas juntando solo con personas de tu misma etnia”, cuenta Vanesa Martín.

Aunque este aislamiento o división puedan ser voluntarios lo cierto es que, según la experiencia de Sanae, en muchas ocasiones se impone sobre los alumnos. “En las aulas hay una clara división entre personas nativas y no nativas, pero a veces esas divisiones las generan los propios profesores. Yo recuerdo que a las que éramos de origen marroquí nos ponían juntas. El profesor considera que ese es tu espacio seguro. Entonces, si el propio alumno no hace la labor de conocer al otro y el otro tampoco, estamos constantemente en una rueda sin fin”, expone.

Con esta división, la reproducción del racismo se vuelve casi segura. En edades más tempranas, la discriminación no se alimenta solo del odio puro o del rechazo sino, ante todo, de la falta de entendimiento o comprensión. “Creo que si las familias no educan en el respeto al otro, el racismo se va a mantener. Los chavales repiten patrones que viven en su casa. Para mí el problema no reside en los alumnos, sino en lo que hay detrás”, zanja.

El Consejo de gobierno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha aprobado este martes el Plan Económico-Financiero 2025-2028, que supone un recorte de 33 millones de euros para paliar el déficit presupuestario por el que la UCM tuvo que pedir un préstamo a la Comunidad de Madrid, informa EFE.

Según explica el rector Joaquín Goyache en un comunicado, la universidad cerró 2024 con un déficit presupuestario ajustado de -33,19 millones, lo que hace "necesario poner en marcha medidas para restablecer el equilibrio".

Este desequilibrio se debe principalmente a factores estructurales y a una financiación que "no ha crecido al mismo ritmo que lo han hecho los gastos". Entre 2019 y 2024, los ingresos aumentaron un 15%, mientras que el gasto total aumentó un 27%.

Una parte importante corresponde a "gastos sobrevenidos y difícilmente controlables" por la Universidad, como el gasto energético, incrementos salariales, obligaciones legales y mayores costes sociales.

Ante ello, se ha diseñado "un plan progresivo" que se aplicará entre 2025 y 2028 y que incluye una serie de "medidas de eficiencia en el gasto, optimización patrimonial e incremento de ingresos propios". También contempla actuaciones asociadas tanto al Personal Docente e Investigador (PDI) como al Personal Técnico, de Gestión, de Administración y Servicios (PTGAS).

Todo ello con el compromiso de "preservar la actividad académica, la calidad de la docencia, la investigación y los servicios que sostienen la vida universitaria". Las medidas propuestas en personal "no pretenden debilitar nuestras estructuras, sino que van enfocadas a una reordenación de las mismas, a través de las jubilaciones previstas, garantizando su sostenibilidad", añade el rector.

Se mantiene el programa de estabilización del profesorado PDI y, "en la medida de lo posible, su promoción", mientras se impulsará el rejuvenecimiento del PTGAS, así como "la reducción de la temporalidad, la estabilización y la eficiencia organizativa, salvaguardando la continuidad de los servicios" que sostienen la actividad universitaria.

En ambos colectivos, la subida salarial pendiente "se hará efectiva en la nómina" en cuanto reciban la transferencia pendiente de la Comunidad de Madrid, concluye el rector.

El plan se ha aprobado después de que la Comunidad de Madrid concediera un préstamo de casi 34,5 millones de euros, solicitado por la UCM por el que la universidad deberá pagar unos intereses anuales de cerca de 900.000 euros, según dijo en su día el rector.

La democracia, que llegó a España hace ya medio siglo, ha atravesado ya múltiples etapas. Siete presidentes (ninguna mujer), dieciséis elecciones generales, dos reyes, once presidencias del Congreso, un golpe de Estado que no prosperó, seis mociones de censura (no todas exitosas) y –sobre todo en los últimos años– una acusación recurrente desde ciertos sectores: la de ser una dictadura encubierta.

Tiene muchas definiciones, pero su significado parece hoy más discutido que nunca. Con esa inquietud de fondo, infoLibre ha querido abrir un espacio de diálogo sobre el estado de la democracia y su sentido en el presente. Con ese espíritu ha amanecido la Universidad Complutense de Madrid, escenario del encuentro Democracia en un minuto, una jornada impulsada por este medio con el apoyo de la Celebración de los 50 años de España en Libertad. El acto se enmarca en la iniciativa La memoria que somos: 50 años de democracia, un proyecto que mira al pasado, pero también al futuro, con la intención de transmitir a las nuevas generaciones la importancia de defender los valores democráticos frente a los desafíos actuales.

A las 9:30 de la mañana, Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, daba la bienvenida a un salón de actos repleto de estudiantes con un mensaje claro: “Queremos llamar a que os impliquéis en cómo se hace el periodismo, tenéis que participar”. Acto seguido se proyectó el vídeo Democracia en un minuto, una pieza coral de ocho minutos en la que socios, periodistas y artistas ofrecían su propia definición del término.

La comunicadora Albanta San Román fue una de las primeras en intervenir en ese vídeo: “La democracia es memoria, feminismo; es saber a dónde voy recordando de dónde vengo”. Consuelo Peláez, socia de infoLibre, subrayó que “la democracia nos devolvió la libertad, porque democracia es libertad”. Por su parte, el escritor David Uclés expresó sus reservas hacia el sistema actual, aunque se declaró firme demócrata al considerar que es el sistema que menos conflicto genera o, al menos, el que mejor lo encauza.

Tras el vídeo, Maraña conversó con Carmina Gustrán Loscos, comisionada de los 50 años de España en Libertad, sobre los objetivos del proyecto: divulgar lo que fue la dictadura y celebrar la llegada de la democracia, pero también propiciar espacios de encuentro y debate. “La democracia es un proceso que está en constante construcción, de la misma forma que puede perderse, puede seguir ampliándose y mejorándose”, defendió Gustrán.

Ese debate debe incluir necesariamente a las nuevas generaciones. Maraña recordó uno de los datos que más preocupación genera en los últimos años: el aparente desplazamiento de una parte de la juventud hacia posiciones de ultraderecha. Ambos matizaron esa lectura. “Estigmatizar a la juventud no sirve de nada; hay que darles la palabra”, sostuvo Gustrán.

El momento central llegó con la mesa redonda presentada por Virginia P. Alonso, directora de infoLibre, en conversación con el humorista y comunicador El Gran Wyoming, la publicista y creadora de contenido Elena Reinés, la cineasta Paula Ortiz y el historiador Julián Casanova.

Para contextualizar el presente, Casanova apeló a la perspectiva histórica: “Para saber dónde estamos hay que saber las raíces de todo esto”. Señaló cuatro grandes hilos conductores. El primero, la ampliación del sufragio: “En el siglo XIX la democracia era censitaria; después votaron los hombres y más tarde las mujeres, tras enormes luchas. Hoy sabemos que sin voto no hay poder”. El segundo, la consolidación de elecciones verdaderamente libres: "Todas las democracias tardaron mucho en imponer medidas para que las elecciones fueran reales”. El tercero, el modelo europeo que desarrolló sistemas de bienestar con beneficios tangibles para la ciudadanía. Y el cuarto, la subordinación del poder militar al poder civil.

Sobre este último punto, Casanova alertó de retrocesos preocupantes, como los sucesos que se han visto últimamente en Mineápolis (EEUU) con el despliegue de los agentes del ICE. “Si miramos los hilos conductores y el ahora, podemos ver que se quiere volver a lo de antes”. Citó como ejemplo el asalto al Capitolio tras la derrota de Donald Trump frente a Joe Biden, cuando el entonces presidente se negó a reconocer el resultado electoral. “Si se intentan apropiar del poder militar, estamos jodidos”, advirtió.

Aun así, no hay que caer en el derrotismo. El Gran Wyoming reivindicó los espacios de encuentro como prueba viva de la democracia: "Esta reunión, no sería posible sin democracia, en este sistema todos pueden dialogar, mientras que en otros sistemas solo unos hablan”. Para él, reducir la democracia a un mero mecanismo electoral es empobrecerla: “Es algo que supone una creencia ética, que consigue que todos seamos iguales y podamos elegir un futuro”.

Paula Ortiz, que se definió como “hija de la democracia”, reflexionó sobre su fragilidad. Según ella, lo que tenemos ahora parece normal, pero se nos olvida que no siempre ha sido así. Por eso, a su juicio, la pregunta central es: “¿Esto se puede romper?”. Ortiz ha llegado a la conclusión de que la democracia es una pregunta permanente, un pacto basado en otra cuestión esencial: “¿Cómo hacemos para no matarnos, para vivir sin dolor?”. Un equilibrio que se tambalea cuando “los fuertes intentan someter a los débiles”.

Elena Reinés también se ha referido al viraje de las nuevas generaciones hacia la ultraderecha. Pero ella, la base de todo esta en la educación. “Desde mi generación hasta los más jóvenes, hemos tenido la desgracia de no estudiar lo que pasó en el siglo XX”. En ausencia de ese conocimiento, según la comunicadora, las redes ocupan el espacio, un terreno donde los bulos circulan sin apenas freno.

Y en ellas, quien ha sabido moverse con habilidad es la ultraderecha. Para Reinés, el problema de la izquierda es que no ha entendido cómo transmitir el mensaje a los jóvenes. “Hace falta hacer publicidad sobre los valores de la izquierda, y adaptar la comunicación al medio en el que estés”, defendió. Ella misma, tras construir un espacio propio con Woke Up News, sufrió una campaña de odio que la llevó a retirarse temporalmente. Subrayó, además, que las mujeres son quienes más padecen este tipo de ataques.

Sobre las redes sociales, Wyoming también mostró su preocupación por la cantidad de bulos que hay en estas plataformas. "Nos enfrentamos a una nueva realidad y es que la mentira se entiende como una opinión más, esto ya es una guerra perdida", afirmó. En esto coincidió Julián Casanovas que declaró: “Ya no va a misa nada, porque la mentira se impone, y quien no lo sigue es perseguido”. “La democracia es imperfecta, pero comparado con las cunetas, con la persecución, es lo mejor. La dictadura entraba en la familia, impregnaba todo, no solo la violencia explícita que vemos en las películas”, añadió.

En este acto los estudiantes también fueron protagonistas. Varios subieron al escenario y, delante de sus compañeros, dieron su propia definición de la democracia. “La democracia da importancia a las reglas pero que también genera conflicto”, comenzó el primero de los alumnos. “Sin embargo, este conflicto sirve para que se puedan cambiar las cosas”. El problema, según él, es que ahora “se intenta relegar el conflicto para los márgenes, en un intento de consenso”, añadió.

“¿Puede existir una democracia si el pueblo no se siente escuchado?”, se preguntó otra alumna. “La democracia es el pueblo pero las elites siguen teniendo más poder”, contestó. “La democracia está débil, ante cualquier catarro se puede enfermar gravemente. Por eso, las ciudadanas y las periodistas tenemos que ser vacunas”, declaró otra alumna.

Marta Gesto, directora general de infoLibre, puso voz al texto enviado por una suscriptora del medio que pidió no ser identificada, ya que vive en una zona de Estados Unidos cerca de Mineápolis. En su escrito confesaba que teme las consecuencias de sus palabras ante la oleada de violencia perpetrada por el ICE: “Siempre he vivido en democracia, pero nunca la he vivido de la misma forma. Ahora, tiene una semilla venenosa y, si se le deja crecer, puede tomar forma de fascismo. La democracia no es igual para todos, se traiciona a sí misma y eso es lo que he visto siempre”.

Recogiendo esa advertencia, Wyoming apeló a la responsabilidad colectiva: “Hay que dar la cara y enfrentarse a las élites". En la clausura, Jesús Maraña insistió en la misma idea: “Cuando se instala el miedo, se pierde la democracia. Por ello, tenemos que actuar. Tenemos que ser cómplices todos para acabar con esto”. 

La educación pública española sigue escalando puestos en la calidad educativa europea. En lo más alto, Barcelona, con la universidad pública de Barcelona, la Autónoma de la Ciudad Condal y la Pompeu Fabra; y Madrid con la Autónoma y la Complutense. Todas ellas se sitúan entre las cien mejores del mundo, según la clasificación elaborada por QS Quacquarelli Symonds del año 2026, según recoge EFE.

España está representada en este listado que incluye 958 universidades de 42 países por 62 universidades y ocupa la quinta posición en Europa. Sin embargo, Reino Unido es el país que lidera la clasificación general, con 129 instituciones de educación superior e incluye siete entre las diez primeras. Le siguen Turquía (107 universidades o centros de educación superior) y Alemania (102). Francia y Suiza son los otros países representados entre los diez primeros puestos.

La Universidad de Barcelona es la universidad española mejor clasificada, en el puesto 60, seguida de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el 68. La Universidad Autónoma de Madrid ocupa el puesto 71, mientras que la Universidad Complutense de Madrid se sitúa en el 78. En esta edición, España ha añadido 18 universidades a la clasificación y de las recién clasificadas, seis se sitúan entre las 500 primeras, siendo la mejor en el ranking la Universidad de Málaga, en el puesto 365.

Y mientras en el top 100 hay 5 universidades, en el top 200 se sitúan 17 instituciones españolas, entre las que destacan también la Universidad de Granada (que asciende más de 30 puestos, hasta el 133) y la Politécnica de Valencia, que sube en la tabla hasta el puesto 166 frente al 175 del año pasado.

Entre las 200 mejores del mundo también se sitúan la Universidad de Valencia, la Universidad de Sevilla, la Ramón Llull, la Universidad IE, la de Salamanca y la Universidad del País Vasco. Las universidades del CEU son las que más han mejorado en España en esta edición y las cuartas que más han mejorado en el mundo, subiendo 65 posiciones hasta el puesto 420. Le siguen la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que ha pasado del 409 al 371.

Este listado se elabora teniendo en cuenta doce indicadores como la reputación académica, la proporción de profesorado y alumnado, los artículos y la investigación del centro, el profesorado internacional y los estudiantes de intercambio o los resultados en materia de empleo y de sostenibilidad. Entre todos estos parámetros destaca la Universidad de Barcelona por la reputación y la investigación, y la Complutense de Madrid por la empleabilidad.

Aunque los mejores resultados se encuentran en los indicadores de internacionalización, que lidera IE University, España cuenta con 10 universidades entre las 50 mejores de Europa en intercambio de estudiantes tanto entrantes como salientes, más que cualquier otro país.

En el indicador de reputación entre los empleadores, España destaca con seis universidades entre las 50 primeras en este indicador y en cuanto a la reputación académica, cuatro universidades españolas se encuentran entre las 50 primeras, empatadas con los Países Bajos, Francia e Italia. La Universidad Ramon Llull, ocupa el puesto 83 y es la única que se encuentra entre las 100 primeras en cuanto a investigación.

Aún así, no todo son buenas noticias. De las 44 universidades españolas que figuraban anteriormente en esta clasificación, 13 suben puestos y 31 bajan, lo que supone una tasa descenso del 41%, la quinta más alta de Europa entre los países con 10 o más instituciones clasificadas, por detrás de Eslovaquia, Ucrania, Francia e Italia.

La Universidad de Navarra, que el año pasado entró en el top 100 se sitúa este año en el puesto 101 mientras que otras grandes universidades como la Politécnica de Madrid, de Barcelona o la Carlos III de Madrid también han empeorado posiciones en este ranking.

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha abierto diligencias por las denuncias por presuntas conductas de acoso sexual, coerción psicológica, maltrato y explotación vinculadas al catedrático emérito Ramón Flecha y al entorno del grupo de investigación CREA que le trasladó la Universidad de Barcelona (UB), informa EFE. Los abusos de Flecha salieron a la luz en una investigación conjunta de infoLibre con elDiario.es, RTVE Noticias y Ràdio 4-RNE.

La Fiscalía ha informado en un comunicado de que la "Sección especializada de delitos violentos contra niños, niñas y adolescentes, así como otros colectivos vulnerables y perfiles delictivos complejos, ha abierto diligencias de investigación a raíz de la denuncia presentada por el Rector Magnífico de la Universidad de Barcelona tras la denuncia de 16 integrantes del grupo de investigación CREA (Community of Research on Excellence for All) contra Ramón Flecha".

Señala también que en dichas diligencias se ha encomendado la investigación a un equipo conjunto policial de Mossos d´Esquadra especializado, la Unidad Central de Agresiones Sexuales, y al Área Central de Análisis y Elaboración de inteligencia de la Comisaría General de Información, "con experiencia en delitos contra la libertad sexual y en el análisis de dinámicas de control coercitivo y estructuras grupales cerradas".

La UB informó el pasado 22 de diciembre de que había traslado las denuncias a la Fiscalía tras recibir un informe preliminar de una comisión independiente, con expertos en violencia de género y acoso institucional, que ha recogido durante cuatro meses los testimonios de once denunciantes, que han aumentado ahora a dieciséis.

Conductas de maltrato, coerción sexual y psicológica, explotación personal y profesional, o prácticas vejatorias e intimidatorias son algunos los hechos relatados por personas que formaron parte del CREA, que el informe califica como un "grupo coercitivo de alto control", con Flecha a la cabeza.

El CREA fue creado en 1991 por Flecha como un centro de investigación del ámbito de la educación y posteriormente se especializó también en violencia sexual. Un día después de que la Universidad de Barcelona trasladara a Fiscalía las denuncias, el 23 de diciembre, el CREA anunció su disolución "de forma inmediata" con el objetivo de evitar "más perjuicios a sus miembros".

Además de elevar los hechos a la Fiscalía, la Universidad de Barcelona comunicó su intención de personarse como acusación particular si el procedimiento penal avanza.

Asimismo, la UB ha activado expedientes disciplinarios con suspensión cautelar de empleo a dos miembros del personal docente e investigador del CREA y ha retirado la condición de catedrático honorario a una tercera persona, además de mantener la suspensión del estatus y las funciones de catedrático emérito de Sociología a Ramón Flecha.

El grupo CREA dejó de ser una estructura interna de la UB en 2015, cuando pasó a funcionar como "comunidad de investigación" externa.

Los hechos descritos por las denunciantes incluyen presuntas conductas de maltrato, coerción sexual y psicológica, explotación personal y profesional, así como prácticas vejatorias e intimidatorias, que habrían operado "de forma sistemática" mediante una estructura jerárquica de liderazgo a manos de Ramón Flecha, al que el informe señala como el presunto perpetrador de la mayoría de los hechos investigados.

En España tenemos una extraña afición por confundir el mapa con el territorio. Llevamos décadas diagnosticando el abismo que separa la academia del mercado laboral, ese valle de la muerte donde se pierden miles de vocaciones y puntos de PIB, pero a la hora de construir puentes, a menudo nos quedamos en la estética del gesto. Firmamos convenios marco que quedan muy bien en la foto y muy mal en la ejecución diaria. La realidad, esa que se mide en nóminas y en productividad, es tozuda: tenemos un desajuste crónico entre lo que las aulas producen y lo que el tejido productivo necesita. No es culpa exclusiva de la universidad, ni tampoco de la empresa. Es un fallo de diseño en la interfaz de conexión.

El debate sobre la Universidad Dual llega tarde, pero llega. Y no puede tratarse como una moda pasajera ni como un anglicismo más en el PowerPoint de un consultor. Se trata de fontanería institucional pura y dura. De eso trata precisamente el documento que hemos estado cocinando a fuego lento y que presentaremos en breve: el Policy Paper «El futuro del talento: Universidad dual como puente entre la formación y la empleabilidad». Un texto que huye de la poesía pedagógica para centrarse en la mecánica de fluidos del talento.

El problema de base es que hemos diseñado un sistema universitario que opera a menudo como un silo estanco. El estudiante pasa cuatro años en un entorno controlado, una simulación teórica de la realidad, y luego es arrojado al mercado esperando que sepa nadar. La Formación Dual, tal y como la analizamos en el informe, no es simplemente «hacer prácticas». Eso es turismo laboral. La verdadera mención dual implica una corresponsabilidad curricular. Significa que la empresa no es un mero receptor de becarios, sino un agente formativo que participa en el diseño de lo que se aprende.

Esto, que sobre el papel suena impecable, en la práctica española choca con dos muros de hormigón: la rigidez académica y la estructura de nuestro tejido empresarial. Como señalamos en el documento, no podemos copiar sin más el modelo alemán porque no tenemos a Volkswagen en cada esquina. España es un país de Pymes. Pedirle a una empresa de diez empleados que diseñe un plan formativo académico y asigne tutores cualificados es pedirle que haga malabarismos con motosierras. Por eso, el informe pone el foco en la necesidad de figuras intermedias, de organismos y clústeres que faciliten esa traducción entre el lenguaje del catedrático y el del jefe de taller.

La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) abre la puerta, pero la ley es solo el marco del cuadro; la pintura la tenemos que poner nosotros. El riesgo sistémico que detectamos es que la Universidad Dual se convierta en una vía de doble velocidad que incremente la desigualdad, o peor aún, en una fuente de mano de obra barata subvencionada bajo la etiqueta de «formación». Para evitar estos efectos perversos, el Policy Paper propone mecanismos de control de calidad y, sobre todo, una financiación que no dependa de la voluntariedad heroica de los actores implicados.

No estamos hablando de mercantilizar la universidad, una crítica habitual de los sectores más inmovilistas, sino de dotarla de utilidad social. La universidad pública debe ser el ascensor social, y un ascensor que no te deja en la planta donde hay empleo es un ascensor estropeado. La integración de la formación en el centro de trabajo permite al estudiante adquirir ese «conocimiento tácito» que no está en los libros: la cultura corporativa, la resolución de problemas en tiempo real, la presión del cliente. Eso no se estudia, se vive.

En la Fundación Alternativas somos alérgicos a los diagnósticos de salón que no van acompañados de una hoja de ruta. Este documento no es un lamento, es un manual de instrucciones para intentar que las piezas encajen. Hemos analizado los casos de éxito en el País Vasco, las experiencias pioneras en algunas politécnicas y los frenos burocráticos que desincentivan a las empresas.

Para desgranar todo esto, no desde la teoría sino desde la práctica operativa, presentaremos oficialmente el Policy Paper el próximo lunes 27 de enero a las 11:00 horas. El lugar elegido es la Fundación Bertelsmann (Calle O'Donnell 10, Madrid), un espacio que conoce bien la importancia de estos puentes.

Allí no hablaremos de filosofía abstracta. Hablaremos de cómo se paga esto, cómo se evalúa y cómo conseguimos que un título universitario vuelva a ser una garantía de futuro y no solo un certificado de asistencia. Les esperamos para acarrear leña juntos.

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Isaac Pozo Ortego es Director de Proyectos de la Fundación Alternativas.

En estos días hemos conocido varios casos de acoso sexual a mujeres y comportamientos repugnantes en el Partido Socialista más allá del ya conocido de Paco Salazar, que fue cerrado en falso, y otros en el Partido Popular. Me parece muy bien, seguramente es un buen momento para abrir un Me too en la política, aunque el PP no esté respondiendo de la misma manera que el PSOE. La sombra de Nevenka Fernández todavía sobrevuela las costuras del partido. El PSOE es un partido que se define como feminista y que ha defendido y conseguido muchos derechos para las mujeres en este país a lo largo de su historia: igualdad de derechos, voto femenino, aborto, etc. Todavía estamos esperando alguna censura del Partido Popular al diputado de la Comunidad de Madrid Ángel Alonso, que con una actitud chulesca propia de barra de bar o de otro lugar peor se mofó de las diputadas de Más Madrid diciendo que le ponía que se enfadasen. Y encima el presidente de la Asamblea madrileña, Enrique Ossorio, lo negó diciendo que había dicho otra cosa, a pesar de que todos lo oímos claramente. Encima nos toman por tontos y se ríen en nuestra cara.

También ha causado un gran revuelo conocer hace unas semanas que una mujer ha denunciado al expresidente del gobierno y mito de la Transición, Adolfo Suárez, por agresión continuada durante años y que necesitó tratamiento psicológico para superar ese trauma. Y muchos se han rasgado las vestiduras. Eso es demasiado porque es un prócer de la patria. Las críticas son las habituales y otras nuevas. Desde criticar a la víctima a cuestionar las denuncias de las mujeres, que ya se están pasando: “No se puede seguir así, a dónde vamos a parar, está muerto y no se puede defender”. Como si por estar muertos fueran santos, pues los historiadores estaríamos apañados, que habitualmente trabajamos con personajes fallecidos y sociedades del pasado que no existen. A pesar del escándalo es perfectamente creíble no sólo por la denuncia y el testimonio desgarrador de la víctima sino por el contexto en el que vivió Suárez. Un hombre del franquismo, que gracias a Falange escaló en el régimen, que se crio en una sociedad machista y patriarcal… 

Pero hay que abrir puertas y ventanas en otros espacios de la sociedad porque este grave problema, que es un delito, es transversal y mi lugar de trabajo, la universidad, es muy propicio a estas situaciones por varios motivos: relaciones de poder, gente joven y confiada, profesores adultos y personal de administración y servicios con experiencia. A esto hay que sumar la impunidad de la que disfrutan los agresores, la complicidad de la institución en aras de evitar el escándalo, compañeros que no quieren problemas y ocultan los “asuntos” argumentando que hay que proteger a las víctimas, pero en realidad se utiliza para amparar a los acosadores. No se toman medidas cautelares con los profesores a los que se les abre un expediente en inspección de servicios y/o incluso en los tribunales, tras una denuncia en las unidades de igualdad o de género, y siguen tratando con estudiantes, dando clases, dirigiendo Tesis Doctorales, TFGs, TFMs sin ningún problema. Ni siquiera se toman cautelares con las víctimas, que también son trabajadoras o miembros de la comunidad universitaria, quedando en un evidente desamparo.

En muchos periódicos en los últimos meses se ha dado cuenta de muchos casos de abuso, acoso y agresiones sexuales en diferentes universidades del país, incluso ha salido algún nombre mediático como el de Juan Carlos Monedero, que fue denunciado por alumnas, pero no fue condenado, aunque se reconoció un comportamiento poco decoroso, y todavía se desconoce la evolución el expediente en inspección de servicios de la Universidad Complutense. Se necesitan más denuncias y más informaciones de este tipo en todos los medios de comunicación. En realidad, se hace necesario otro Me too en la universidad española. Pero es muy difícil abrir ese melón porque conlleva un gran coste personal y profesional denunciar situaciones de este tipo para las víctimas, mayoritariamente chicas jóvenes, y algunas especialmente vulnerables por diferentes motivos. A mí me repugna la actitud y el comportamiento de muchos profesores, que son compañeros, colegas o conocidos del gremio, cuando te cuentan alguna de estas terribles historias o te llegan casos de denuncias. 

Seguro que algunos de los que lean este artículo lo negarán a lo Soto Ivars o dirán que exagero, incluso molestará en el ámbito universitario, pero es una realidad demasiado cotidiana en nuestras aulas y pasillos desde hace mucho tiempo. Se ha callado mucho y durante mucho tiempo, ya es hora de romper el silencio y la impunidad. Hay que acabar con ese muro de silencio y de impunidad, y las autoridades académicas tienen mucha responsabilidad. De hecho, tendrán que dar muchas explicaciones cuando se conozca cómo abordan estas terribles situaciones. “A la calle que ya es hora”, como decía el poeta Gabriel Celaya. La justicia también debería ser más sensible y ágil en la resolución de estos procesos para ahorrar sufrimiento a las víctimas. Y la protección de datos no debe ocultar a delincuentes, se deben conocer los nombres para proteger a futuras víctimas. No reproduzcamos los mismos comportamientos que han ocurrido con las víctimas de la pedofilia en la Iglesia. Ya vamos tarde.

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Ana Martínez Rus es profesora en la Universidad Complutense.

Es probable que muchos de los estudiantes que han vuelto a casa por Navidad, a la vuelta a su lugar de estudios se enfrente, de nuevo, a la búsqueda de casa. No es un trámite sencillo. En un contexto en el que el precio de la vivienda ha alcanzado máximos históricos —2.605 €/m2 en compraventa de vivienda usada durante noviembre de 2025, según Idealista— y que, de acuerdo con el último Eurobarómetro, es la principal preocupación del 36% de los españoles, los jóvenes se han convertido en el blanco de una nueva generación de estafas inmobiliarias.

El auge del negocio de la vivienda online, a través de plataformas como Idealista, MilAnuncios o Fotocasa, ha facilitado el trabajo de los defraudadores. "Los delincuentes llevan años intentando cometer estafas en el mercado inmobiliario y con la llegada de Internet han trasladado su foco desde los clasificados en papel a los portales inmobiliarios", explica Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.

El proceso para efectuar la estafa es ahora muy sencillo: basta con publicar un anuncio en Internet, introducir algunos datos personales -reales o ficticios, es indiferente- y fijar un precio atractivo para el alquiler del inmueble. 

“Tomé todas las precauciones posibles, y aún así caí en la trampa”, lamenta Iván Durán, un estudiante gallego que decidió mudarse a Madrid para cursar un máster de profesorado: “Me aseguré de que el pago fuera por transferencia, de tener el DNI del propietario y un contrato”, asegura.

Tras mes y medio desempeñando una "búsqueda activa" en plataformas online, encontró el inmueble de un tal Enrique López (nombre falso elegido por el estafador) cuando solo “llevaba un minuto publicado”. El piso respondía a las necesidades y a la capacidad económica del estudiante, por lo que decidió apostar por él. “Le conté mi situación a Enrique. Como estudiante que soy, no puedo permitirme gastar casi 100 € en viajar a Madrid para ver un piso que van a visitar otras personas también”. Durán necesitaba la garantía de que la vivienda sería suya, por lo que acordó con el supuesto propietario pagar una reserva de 660 euros. Tras pagar la cuantía, cerraron que el joven acudiría a Madrid para formalizar el contrato. 

“Me dijo que podía quedarme a dormir en el piso después de firmar, sin cobrarme la noche, para que el viaje no se me hiciera tan cansado”, recuerda. La oferta, junto a las largas conversaciones que Durán asegura que mantuvo con el supuesto casero, le llevaron a bajar la guardia:  “Me inspiró tanta confianza que no pude pensar que era una estafa”. 

A lo que, por desgracia, Idealista responde que, "si es demasiado bonito para ser real, posiblemente sea un intento de estafa".

Y efectivamente así terminó el relato del universitario: todo fue un engaño. El piso jamás existió y el supuesto propietario tampoco se llamaba Enrique López. El estafador había utilizado la identidad de un trabajador del BBVA, el verdadero López: “No sé cómo conocía a esta persona, pero la conocía muy bien, porque su DNI y todos sus datos eran reales”. Aquello no fue solo una estafa, sino también un delito de suplantación de identidad.

Iván Durán perdió más de 600 euros y el lugar donde dormir aquella noche en Madrid. Pero, sobre todo, vio desvanecerse la tranquilidad de saber que tendría un techo cuando comenzara su máster.

La urgencia por encontrar piso, la inexperiencia y precariedad convierten a los universitarios en evidentes objetivos de los estafadores. “Nos sentimos desprotegidas", denuncia Lucía Utrera, gaditana y estudiante de la Universidad de Córdoba. 

Junto a sus compañeras de piso, concretó varias visitas con un supuesto agente inmobiliario llamado Bernardo (nombre falso con el que se identificaba el estafador). Tras recorrer tres viviendas, se quedaron con la última: “Nos gustó mucho y Bernardo insistió en que teníamos que reservarlo ya, que si no volaba”, recuerda Lucía. Pidió 460 euros a cada una de las tres jóvenes, en concepto de reserva y fianza: “Pagamos en el momento, hicimos un recibo que él mismo firmó y tomamos una foto de su DNI. No teníamos ninguna sospecha”.

El día fijado para entregar las llaves y firmar el contrato, Lucía recibió una llamada de Bernardo: “Nos dijo que no podíamos entrar, que el piso había sido alquilado por otra persona”. En la acera, rodeada de maletas, entendió que habían sido engañadas.

Al día siguiente, acudieron a comisaría. Para sorpresa de las universitarias Bernardo ya tenía al menos cuatro denuncias de otros estudiantes por hacer lo mismo, según les contaron los agentes. Cuando la historia parecía que no podía dar un nuevo giro, descubrieron que "la propietaria llevaba meses sin trabajar con Bernardo, ni siquiera estaba al tanto de que habían alquilado su piso”. 

El portavoz de Idealista defiende que la plataforma cuenta "con las últimas tecnologías y un gran equipo humano especializado en la detección de los intentos de fraude, 24 horas al día los 365 días del año". El objetivo es conseguir que la vida útil de tales anuncios no supere los pocos minutos, por lo que también resultan "muy útiles" los procesos de escucha de redes sociales y los avisos de los usuarios ante cualquiera anomalía.

No obstante, la experiencia ha demostrado que el sistema de Idealista falla. Para comprobarlo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) creó el pasado septiembre un anuncio de vivienda falso con una identidad inventada: indicó una dirección real para el inmueble falso, pero con características ficticias y fotos de otra vivienda. Ninguno de los 8 portales analizados, entre ellos Idealista, detectaron el fraude ni lo bloquearon.

Los universitarios no sólo se enfrentan a las estafas en las plataformas inmobiliarias. Algunos tienen que hacerlo también ante las intimidaciones de sus caseros. infoLibre recopila algunos testimonio de jóvenes que se han visto en esta situación. A menudo, multipropietarios que juegan al Monopoly: retuercen las cláusulas de los contratos, las interpretan a su antojo o incluso incurren en modificaciones ilegales que la Ley de Vivienda actual no contempla. 

Así lo sufrieron tres estudiantes extremeños, quienes habían conseguido hacer del barrio sevillano de Triana su hogar: “Vivíamos en un piso que le faltaban muchas cosas, pero estaba a muy buen precio”. El alquiler, 700 euros con comunidad y agua incluidos, les había permitido mantenerse con cierta estabilidad en una ciudad donde los precios no dejan de aumentar.

“No os lo vais a creer, nos acaban de subir el alquiler a 120 euros más a cada uno”, escribió Andrea Santos,  en el grupo de WhatsApp que compartía con sus amigas de la universidad. Se encontraba completamente desbordada por la situación. El nuevo precio sería de 1.050 € al mes y, además, les exigían un contrato de 12 meses en lugar de las 11 mensualidades que ya habían firmado.

¿Lo peor? Fueron informados con solo 10 días de antelación, sin margen de reacción.

Los propietarios justificaron la subida de precio asegurando que Triana “se había revalorizado” y que, tras consultar con inmobiliarias, habían decidido aumentar el precio del alquiler. No mentían en cuanto a la tendencia: el Índice de la plataforma de alquiler online Spotahome sobre la Evolución de Precios en Ciudades Europeas ha revelado que el precio medio de arrendamiento de los barrios sevillanos de Triana (1.330 euros), Nervión (1.580 euros)  y Los Remedios (1.500 euros) ha superado el del famoso barrio de Montmartre en París, que se sitúa en los 1.300 euros.

Sin embargo, el contrato que regulaba el arrendamiento a los extremeños también contradecía la lógica de los caseros, pues especificaba que su vigencia era de “hasta cinco años”. 

La abogada a la que acudieron los estudiantes para comprobar la legalidad de la polémica, Eugenia Ruiz Cuenca, explicó con firmeza: “Los contratos hay que cumplirlos, y este no queda más remedio que respetarlo y ejecutarlo fielmente hasta su término, en cinco años". 

Según especifica el acuerdo legal que firmaron ambas partes, los propietarios no pueden modificar las condiciones ni subir el alquiler fuera de lo que marca el documento y el Índice de Precios al Consumo (IPC). “No se puede especular con un contrato de cinco años. Si el mercado bajase, los caseros seguirían cobrando lo mismo, así que esto funciona en ambas direcciones”, señala la letrada.

También recuerda que el precio sólo puede actualizarse si el arrendador lo comunica por escrito cada año, y que esta actualización no tiene efecto retroactivo: “En este caso, el contrato sigue vigente y solo podría incrementarse conforme al IPC. En junio, el IPC de alquiler fue de 2,3%. No puede subir más”.

Sin embargo, las cifras legales no lograron aliviar la angustia de Andrea Santos: “Es que no sé qué puedo hacer”. A sus 22 años, la idea de enfrentarse a un conflicto legal con sus caseros o de quedarse sin vivienda era “muy angustiosa".

La falta de controles efectivos sobre las inmobiliarias y la escasa supervisión de los contratos de alquiler han normalizado prácticas abusivas que rara vez se sancionan. Las infracciones no se revisan y se terminan asumiendo como parte del sistema: "Me ignoraron y no había nada que hacer al respecto", asegura Guillermo (nombre ficticio para proteger su identidad), quien alquiló una pequeña habitación en el municipio madrileño de Getafe a través de una inmobiliaria. Esta sensación de impunidad alimenta que algunas empresas actúen con total libertad.

“Desde el inicio de mi contrato dejé claro que quería alojarme en el piso hasta junio”, asegura el universitario. Su contrato, vigente de septiembre a agosto, exigía avisar con un mes de antelación si quería marcharse. Guillermo cumplió con esta condición.

El entrevistado ha demostrado, mediante su historial de llamadas y mensajes de WhatsApp, que avisó repetidas veces —y dentro del plazo— sobre su intención de marcharse en junio: "Me dijeron que no había problema”. Sin embargo, la empresa le comunicó posteriormente que no le devolvería la fianza (500 €) por un supuesto “retraso en el preaviso”. Guillermo insistió en que revisaran las llamadas y conversaciones de WhatsApp, pero, según afirma, respondieron que “no tenían constancia de ello”.

“A mí me han hecho esto porque saben que no habrá consecuencias. Pero yo necesitaba esos 500 euros para la fianza de mi próxima vivienda. ¿Ahora cómo los recupero?”, se lamenta Guillermo. El universitario asegura que este contratiempo le ha generado serias dificultades para afrontar el pago de su nuevo alquiler, hasta el punto de haber tenido que “vaciar sus ahorros” para poder instalarse.

Escucho la risa luminosa de Claudia al otro lado de WhatsApp. Está con Alessandra y Alejandro, compartiendo una tarde creativa: tres estudiantes crecidos en la universidad pública, que ya pisan con fuerza el camino del periodismo. Gente joven, crítica, comprometida, con la rabia y ternura justas. Artistas, además, que van a poner cuerpo y voz al acto dedicado a Emilio y José Luis, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. 

Yo, al teléfono, emocionada e impaciente, contagiada por sus edades, escucho la preciosa voz y melodía que proyecta, cual máquina del tiempo, el poema de José Luis Montañés Gil, escrito el 7 de julio de 1979, aquel verano, su último verano: En este magnífico juguete volaremos y nos iremos pensando en un mundo de maravilla ideal. 

Mauricio Gallego, que en el 79 corría entre la multitud estudiantil y que hoy sigue en las resistencias de leyes y sentencias, me advierte legalmente: “no podemos decir asesinados”. Seguimos sin poder nombrarlo por exigencia de quienes aún buscan arruinarnos la vida y silenciar la memoria. Yo, profesora de nombrar a las violencias por su nombre, me descubro defraudándome, buscando los eufemismos que en clase corrijo sin contemplaciones. Y al final, en colectivo, acordamos la fórmula más sensata aunque menos rigurosa: “En homenaje a José Luis Montañés Gil (22 años) y Emilio Martínez Menéndez (20 años), estudiantes muertos por disparos de la policía durante las movilizaciones contra la Ley de Autonomía Universitaria (LAU), el 13 de diciembre de 1979. Cuarenta y seis años después, el 13 de diciembre de 2025, reivindicamos con este mural memoria, justicia y reparación”. Seguimos discutiendo por el chat “muertos por disparos de la policía” y nos duele no poder nombrar, pero nos tragamos, como quien se traga un ansiolítico, la palabra prohibida. 

En aquellos días, 300.000 estudiantes, docentes y trabajadores –repito: trescientos mil– salieron a las calles de Madrid para plantar cara a la Ley de Autonomía Universitaria (LAU), al Estatuto de Centros Docentes no Universitarios, al proyecto de Ley de Financiación de Enseñanza Obligatoria, al proyecto de Ley de acceso al funcionariado docente, y contra el Estatuto del Trabajador. Durante la investigación de archivo creí que esas cifras eran un error. Volví sobre mi duda para contrastar la información y me percaté de que eran certeras, que eran las cifras de una dignidad social que a mi generación, nacida bajo aquellas movilizaciones, le parece extraña, desconocida, un objeto no identificado. 

La LAU era una ley hecha desde los despachos posfranquistas de la UCD, al margen de la comunidad universitaria; una ley que negaba la autonomía de la universidad y que perpetuaba las estructuras antidemocráticas de gestión y que, sobre todo, abría la puerta a la privatización de la universidad pública y la creación de universidades privadas. Ese mal que hoy recorre, más que nunca, la educación superior y la pone en riesgo.

Emilio y José Luis no perdieron la vida porque sí. No murieron por salir a manifestarse, por ser provocadores, agitadores a sueldo, malos estudiantes, o pertenecer a grupos organizados o terroristas, como publicó sin pudor la prensa reaccionaria y servil. Fueron eliminados por ráfagas de disparos lanzados indiscriminadamente contra la ciudadanía por un sistema que mantenía vivos los métodos del franquismo, mientras proclamaba la “democracia”. 

No existen cifras oficiales. Las estadísticas de víctimas de la transición a manos de la violencia policial, parapolicial y grupos de extrema derecha, aún es incierta y la lista no puede darse por cerrada, aunque en investigaciones como la de David Ballester se documentan al menos 134 muertes. A esta labor de recuperación de la memoria se suma el COT (Colectivo de Olvidados por la Transición), que acompaña a familias para sacar a la luz lo que la arquitectura política de la Transición prefirió ocultar. 

En el curso académico de Emilio y José Luis –estudiantes de ingeniería técnica industrial y sociología–, más de cinco mil jóvenes se agolpaban en las aulas de la Facultad de Ciencias de la Información. Allí, en una facultad con más turnos que las horas de un reloj, la solidaridad estudiantil escribió en la pared de uno de los pasillos de la quinta planta: “Emilio José Luis, no os olvidamos”. Dos estudiantes de periodismo rodaron una cinta documental titulada 13 de diciembre, que proyectaron por todas las facultades hasta que la policía la incautó. Hoy cinta y autores siguen en paradero desconocido. La Coordinadora de Estudiantes de las Universidades de Madrid emitió entonces un comunicado dirigido al pueblo y organizó un homenaje multitudinario en el pabellón de agricultura de la Casa de Campo. Tenían 20 años y ya eran de una generación que no estaba dispuesta a seguir callando. 

Cuando, en 1976, Emilio, poeta social también, dejó escrito a máquina su testamento poético revolucionario: Si me he de morir venga, que sea pronto, y que sirva mi hiel para abonar tu huerto, pudo intuir ya los costes de transformar un mundo roto. 

El silencio social sobre las víctimas de la “modélica transición” ha durado casi medio siglo. El mismo tiempo que las élites posfranquistas llevan diseñando, paso a paso y para su beneficio, la progresiva privatización de las universidades públicas.  

Queremos una universidad pública despierta, combativa, consciente de su pasado y de su responsabilidad social; que defienda la memoria histórica no como un expediente, sino como un tejido vivo de nuestras aulas. Y lo queremos de manera urgente, ahora que los discursos fascistas vuelven a caminar por los pasillos. Que el homenaje a Emilio y José Luis sirva de reparación a sus familias, a sus amistades y al movimiento estudiantil del 79. Y que nos recuerde, de paso, qué tipo de universidad y qué tipo de país queremos para hoy y para el futuro. 

Emilio, José Luis, no os olvidamos.

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Cristina Mateos Casado es profesora en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y codirectora de la revista "Historia y Comunicación Social".

Alrededor de 6.500 personas, entre estudiantes, profesores y trabajadores, según las estimaciones iniciales de la Policía, se han manifestado en Madrid en la segunda jornada de huelga para exigir al Gobierno autonómico, presidido por Isabel Díaz Ayuso, una mejora de la financiación de las universidades públicas madrileñas, según informa EFE.

La marcha está encabezada por una pancarta con el lema 'Universidad pública' sobre una reproducción del cuadro El 3 de mayo de 1808 en Madrid, de Francisco de Goya.

La protesta ha partido de la Plaza del Emperador Carlos V y ha recorrido muy lentamente varias calles de la capital hasta llegar a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico.

Algunos de los asistentes han exhibido carteles en los que se podía leer 'Recortes No', 'Si no hay respiro para las públicas no habrá paz para quienes nos asfixian', 'El futuro no se privatiza' o 'Estudiar es un derecho, no un lujo'.

Otros participantes han portado cartulinas con lemas escritos a mano como 'Sin educación pública no hay ascensor social, sólo élites', 'Ayuso, la uni no admite abuso' o 'Se vende universidad pública'.

Durante el recorrido, los manifestantes han tocado silbatos y han coreado consignas como "Nada, nada, nada, para la privada", "Gobierne quien gobierne, la Uni se defiende", "Ayuso culpable, rectores responsables" o "No, no, no a la privatización".

Poco antes de la marcha, la presidenta Ayuso y los consejeros del Gobierno regional han reivindicado su formación en la universidad pública, con el mensaje en X de "yo, sí", junto a una imagen con el lema 'Formada en la universidad pública' rodeando en un círculo a un corazón.

Para el Gobierno de Díaz Ayuso, es una huelga "política" y "no tiene ningún sentido", según ha manifestado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, que ha acusado a los partidos de la izquierda de aprovechar la ocasión para "intentar embarrar el terreno de juego" y "mancharlo todo".

En cuanto al seguimiento de la huelga, en la Universidad Complutense, entre un 90% y un 100% han secundado la huelga este jueves, con piquetes informativos, muchas facultades y bibliotecas cerradas y aulas vacías, mientras que en la Autónoma y en la Rey Juan Carlos el seguimiento también ha sido alto, del 85% y del 80%, respectivamente, según CCOO, que apoya junto a UGT, CGT y CNT a las plataformas en defensa de las seis universidades públicas madrileña convocantes del parón.

En la Politécnica (UPM) han secundado la huelga un 60%, un 50% en la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) y un 40% en la Carlos III (UC3M), en una jornada repleta de movilizaciones.

A la marcha se han unido las portavoces de Más Madrid y el PSOE-M en la Asamblea regional, Manuela Bergerot y Mar Espinar, así como el portavoz del PSOE-M, Javier Guardiola.

"Si la señora Ayuso no entra en razón y financia la universidad pública madrileña a la altura de las universidades públicas europeas lo va a terminar haciendo a la fuerza, obligada por toda la movilización ciudadana", ha afirmado Bergerot, quien ha pedido a la presidenta madrileña que "tire a la basura" la ley universitaria que está preparando el Gobierno regional y que "pone la alfombra roja a las universidades privadas".

Guardiola ha señalado que Díaz Ayuso quiere un sistema público "totalmente debilitado, una infrafinanciación de los trabajadores del sistema público y la ruptura absoluta de la igualdad de oportunidades, que es la garante del ascensor social".

La profesora Eva Aladro, portavoz de las plataformas de las seis universidades públicas madrileñas, ha dicho que estos dos días de huelga han sido "muy emocionantes" porque se ha visto a toda la comunidad universitaria, profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, "unidos" en favor de las universidades.

Aladro ha destacado que en las plataformas están "muy contentas" con el seguimiento de la huelga que ha sido "histórico" y con las movilizaciones en el centro de Madrid.

El próximo 4 de diciembre han convocado una concentración a las puertas de la Asamblea de Madrid coincidiendo con el debate a las enmiendas a la totalidad de los presupuestos presentadas por los grupos de la oposición, Más Madrid, PSOE y Vox, porque "la lucha sigue".

La manifestación es el punto final de la huelga de dos días convocada por las plataformas en defensa de las seis universidades públicas madrileñas, con el apoyo y la cobertura legal de CCOO, UGT, CGT y CNT, contra el "estrangulamiento" financiero del sistema universitario madrileño y para reclamar la retirada de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid.

La segunda jornada de huelga para exigir una mejora de la financiación de la educación superior en la Comunidad de Madrid tiene un seguimiento "masivo", de entre un 90% y un 100%, en la Universidad Complutense y la Politécnica, según la profesora Eva Aladro, portavoz de la plataforma en defensa de las seis universidades públicas madrileñas, según informa EFE. 

Durante la mañana del jueves, grupos de piquetes informativos han recorrido los campus de Ciudad Universitaria y de Somosaguas, donde se han encontrado muchas facultades y bibliotecas cerradas y aulas vacías y se han concentrado en algunos puntos donde han visto algo de actividad, como la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos o el Rectorado. 

Más de cuatrocientas personas, entre estudiantes, docentes y trabajadores, han iniciado una marcha desde la Ciudad Universitaria, pasando por el centro de la ciudad, con destino a la Plaza de Juan Goytisolo, junto al Museo Reina Sofía, donde tendrá lugar una comida, para luego sumarse a la manifestación prevista a las 18:00 horas desde Atocha hasta la Puerta del Sol. 

Durante el recorrido, han cortado la calle de la Princesa, han coreado consignas y han exhibido pancartas para reivindicar una "Universidad pública y de calidad". 

Aladro considera "una miseria" la partida de 21,8 millones de euros aprobada este miércoles en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid destinada a las seis universidades públicas madrileñas para financiar y compensar la bajada de tasas, del 20% en el precio de los estudios de Grado y del 30% en los Másteres habilitantes. 

Ha recordado que los rectores pidieron el año pasado 200 millones para las seis universidades "para salvar la situación", por lo que esta dotación, a su juicio, es "insuficiente".

Después de que el consejero de Educación madrileño, Emilio Viciana, dijera ayer que la huelga "no tiene justificación" y sugiriera una protesta por el cupo independentista catalán, Aladro ha afirmado que "el responsable de la gestión y de resolver el problema de financiación de las universidades públicas madrileñas es el Gobierno autonómico", por lo que le ha pedido que "no juegue al despiste, que no introduzca falsas polémicas y que no meta a Pedro Sánchez en todas las cuestiones".

Las universidades de Madrid, que este miércoles empezaron una huelga de dos días por la falta de financiación pública y una nueva ley regional de universidades, sacaron las clases a la calle como una forma de protesta ante la falta de medios y la precarización de sus profesores. "La universidad pública está sometida a unos recortes económicos tremendos que hace que no podamos enseñar adecuadamente a nuestros estudiantes. Hemos salido a dar clase a la calle porque si no recibimos esta subvención y estos fondos, realmente vamos a tener que dar clase en la calle", dijo a EFE Miriam Portero, profesora de Veterinaria en la Universidad Complutense, la universidad pública más grande de España.

Portero -con bata blanca- y otro grupo de profesores de Veterinaria impartieron clase en la céntrica plaza Pedro Zerolo de Madrid de una forma muy práctica, examinando al perro de una de las personas que paseaba por la plaza, y ante un grupo pequeño de estudiantes y curiosos. "¿Cómo está Walda? ¿Cómo es la marcha de Walda?", preguntaba la profesora, mientras enseñaba las alertas de que esta perrita pudiera presentar alguna enfermedad o malestar. En clase, asegura, ya no pueden dar ciertos tipos de prácticas porque no tienen los materiales y el hospital veterinario que depende de ellos amenaza con cerrar: "Va a llegar en un momento, que por ejemplo ya pasó hace años, en el que en mayo no teníamos ni siquiera para comprar gasas ni jeringas", alerta esta docente.

A pocos metros, otra profesora explicaba lo que significa la relatoría gráfica y otra, en otra esquina, hacía entender a medio centenar de estudiantes que un folio no solo sirve para escribir, en una forma de explicación del pensamiento gráfico.

La "uni en la calle" es una de las protestas que las universidades públicas madrileñas están realizando este mes de noviembre. Los días centrales son este miércoles y jueves, con una convocatoria de huelga que los sindicatos han calificado de "éxito" con un seguimiento de entre el 85 y el 90% en la Universidad Complutense, y de más del 60% en los otros cinco centros públicos de la Comunidad de Madrid.

"Tenemos una financiación de la Comunidad de Madrid que sube sistemáticamente por debajo de la inflación, con lo cual en términos reales, perdemos; tenemos un presupuesto más o menos equivalente al del año 2009-2010. Y eso significa problemas de cobertura de plazas de profesores, sustituciones, equipos de laboratorio...", explicó a EFE el profesor de Sociología de la Complutense Luis García Tojar.

Así que una de las peticiones de las universidades es precisamente que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que este miércoles aseguró que ha aumentado el presupuesto por encima del 20% desde 2019 y ha señalado que para 2026 habrá "la mayor aportación de la historia" con 75 millones de euros de incremento, suba el presupuesto.

La otra petición es que no llegue a aprobarse la nueva ley de universidades de la Comunidad de Madrid que consideran que "institucionaliza el sometimiento de las universidades públicas a una institución llamada Consejo Social conformado, mayoritariamente, por las universidades privadas y el poder empresarial", explica García Tojar, que añade que la norma "institucionaliza esta situación de subordinación".

"La universidad pública no sirve para ganar dinero; sirve, como decía Ortega y Gasset, para elevar el nivel cultural de un país", explica este profesor de la Facultad de Periodismo, que critica, como gran parte de la comunidad universitaria, que el Gobierno regional beneficia a las universidades privadas por encima de las públicas, lo que fomenta la pérdida de conocimiento de la sociedad y de investigación.

"El año pasado, las 40 universidades privadas de España sacaron 770 tesis doctorales, a menos de veinte tesis por cada universidad privada. Solo la Complutense en ese mismo año sacó 777 tesis doctorales; eso es un centro orientado a la investigación frente a un centro orientado a la titulación", ejemplifica.

Los estudiantes también respaldan esta movilización y son conscientes de la "infrafinanciación", y de que la Comunidad de Madrid, pese a que es la región con las matrículas universitarias más costosas, es la que menos invierte en sus universidades, que en España dependen precisamente de los gobiernos regionales y no del central. "Estamos llegando a unos límites que no son sostenibles y al final, pone en riesgo no solo nuestra educación, sino la educación del resto de gente y de generaciones futuras", resume Irene, estudiante de Psicología de la Complutense.

Tras medio año de discusiones, polémicas y posturas opuestas, el pacto alcanzado entre la Xunta y los rectores de las tres universidades públicas gallegas cerró temporalmente el conflicto sobre la descentralización del grado de Medicina en Galicia, pero no el debate sobre la conveniencia de tener más facultades. Ricardo Cao, rector de la UDC e impulsor de la demanda de título propio desde el pasado mes de mayo, dejó claro que el pacto solo aplazaba su reclamación y siempre a expensas de que se cumpliese lo acordado, mientras que su homólogo en Vigo, Manuel Reigosa, advirtió de que se retrasaba una posible solicitud.

Cualquier incumplimiento del pacto o el impulso a otro proyecto privado de Medicina reactivaría la implantación de grado propio en A Coruña y Vigo. En el preacuerdo, la Xunta se compromete a no dar el visto bueno a ninguna otra proposición hasta, como mínimo, el curso 2028-29. Todo ello pese a que Alfonso Rueda reconoció este pasado martes que ya hubo “manifestaciones de interés” sobre esta titulación y otras por parte de iniciativas privadas, aunque “ninguna propuesta formal”. Al mismo tiempo, el anuncio de la universidad privada de Abanca de impartir Biomedicina en 2027 elevó aún más las dudas sobre un acuerdo respecto al cual los rectores mantienen todavía diferencias y que sigue sin firmarse.

Sea como fuere, y en el caso de que el acuerdo se cumpla sin problemas, Galicia se quedaría con una única facultad de Medicina hasta, como mínimo, 2029. Hasta entonces, serán varias las que se implanten en España, que duplicó el número de grados en las últimas dos décadas y es el Estado que cuenta con mayor número por habitante.

En 2026, Castilla y León abrirá dos facultades de Medicina más —en Burgos y en León— que se unirán a las ya existentes en Valladolid y Salamanca. Ambas son públicas, como las que se prevén en La Rioja y Teruel para el próximo curso. En el actual se estrenaron dos más privadas, la de la Universidad San Jorge en Zaragoza y la de la CEU Fernando III en Sevilla, y en el anterior la de Nebrija en Madrid, mientras que la primera promoción del grado de la Universidad de Huelva (de titularidad pública) acaba de comenzar su segundo curso.

En Mallorca se prevén dos más privadas en los próximos años, mientras que en Terrassa (Barcelona), la Universitat Politècnica de Catalunya ha aplazado por un tiempo el proyecto ya anunciado para un nuevo grado público.

En lo que afecta a Galicia, el debate tiene dos posiciones claras y hay datos que pueden avalar cualquiera de las dos posturas: la proliferación de facultades de Medicina en España es muy elevada, con alrededor de 60 y en aumento. Superaría con mucho las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a las que aluden los colegios médicos, de 0,5 facultades por cada millón de habitantes.

Pero el caso gallego es también único y una excepción en el Estado, al tener una sola facultad para una población que se aproxima a los tres millones de habitantes y con tres grandes hospitales y, también, porque hay muchas ciudades y provincias mucho más pequeñas con grado propio, así como diversas autonomías mucho menos habitadas con el mismo o mayor número de grados.

Además, la facultad de Medicina de la USC es la que cuenta con mayor número de alumnado en un único grado (403 plazas este año), una cifra a la que solo se acercan las de la Universitat Autònoma de Barcelona (385) o la de la Universidad de Sevilla (352). Cada curso, se registran en Galicia cerca de 4.000 solicitudes para entrar en la titulación de Santiago, entre ocho y diez solicitantes por plaza.

El argumento de la proliferación de títulos de Medicina en todas las comunidades autónomas es a menudo utilizado por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, para oponerse a la preferencia de la Xunta o de la USC por una única facultad en Galicia.

“¿Por qué dice Rueda que lo mejor que le puede pasar a Galicia es mantener una única facultad con docencia descentralizada? ¿Y por qué es lo mejor? O sea, que en Catalunya se equivocaron porque hay muchas, en Madrid se equivocaron porque hay muchas, en Valencia se equivocaron porque hay muchas, en Andalucía se equivocaron… En todas partes se equivocaron salvo en Galicia”, dijo Caballero en una de sus últimas declaraciones sobre la polémica.

También recordó que Vigo es la mayor ciudad de España sin facultad de Medicina y cifró en 26 las “más pequeñas” que sí la tienen.

Los datos indican que, en la actualidad, solo cuatro comunidades autónomas, además de Galicia, cuentan con una única facultad de Medicina (Asturias, Extremadura, Cantabria y Illes Balears), todas ellas con una población notablemente inferior, ninguna por encima de 1,25 millones. La Rioja, la única autonomía que no tenía la titulación, la inaugurará el próximo curso, mientras que en las Illes Balears se prevén dos más (privadas) en pocos años.

Castilla y León, con 2,4 millones de habitantes, contará con cuatro facultades públicas de Medicina para el próximo curso, sumando más de 150 plazas a las 466 existentes en la actualidad. Son dos facultades más que en Castilla-La Mancha, que tiene en dos grados prácticamente la mitad de plazas que la USC. Euskadi y Navarra cuentan con sendas dos titulaciones (una privada y una pública), al igual que Aragón.

En el lado opuesto, Andalucía tiene ocho facultades en cada una de sus capitales provinciales y casi 1.400 plazas, además de otras alternativas privadas. Cataluña consta de seis facultades públicas con más de 1.100 plazas, además de tres grados de iniciativa privada.

Solo en tres comunidades el número de facultades privadas supera al de las públicas: Murcia, Comunitat Valenciana y Madrid. La autonomía presidida por Isabel Díaz Ayuso es, además, la única donde hay más plazas privadas que públicas en Medicina: el doble.

Por ciudades, son muchas las que cuentan con facultad de Medicina pese a no ser grandes urbes, como el caso de Girona, Reus, Lleida o Ciudad Real.

En total, en el conjunto de España para este curso 2025-26 hay algo más de 10.000 plazas para el estudio del grado universitario de Medicina en diferentes universidades, de las que 6.800 eran públicas.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta el anteproyecto de ley del estatuto del becario, pactado en junio de 2023 con los sindicatos pero no con la patronal, y con el que se busca dar más derechos al colectivo, según informa EFE.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que el objetivo de esta norma es "delimitar claramente lo que es la formación en España" y "cuáles son los derechos" de un colectivo que representa a 1 de cada 10 asalariados.

La norma, que deberá sumar los apoyos necesarios para superar el trámite parlamentario, busca, entre otros aspectos, la compensación de gastos de los estudiantes en prácticas, el derecho a vacaciones y fija multas para las empresas que incumplan.

La Coordinadora de las Plataformas en defensa de las seis universidades públicas madrileñas ha anunciado la convocatoria de una huelga general para los próximos 26 y 27 de noviembre, según recoge EFE.

El paro laboral, que afectará a trabajadores, estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Universidad Complutense (UCM), Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Universidad Politécnica (UPM), Universidad Carlos III (UC3M) y Universidad de Alcalá de Henares (UAH), responde principalmente a la infrafinanciación que sufre la educación superior pública en la Comunidad de Madrid.

Los convocantes denuncian en un comunicado que el presupuesto destinado a las Universidades Públicas de Madrid no alcanza el 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB), cifra que la ley orgánica establece en el 1%; esta situación obliga a la Comunidad de Madrid a doblar la dotación económica actual para investigación, docencia y gestión universitarias.

El acto convocado en el campus de la Universidad de Navarra por el activista político Vito Quiles, pese a ser finalmente suspendido, ha provocado enfrentamientos en el mismo recinto universitario y posteriormente en las calles de Pamplona, donde un grupo de personas se ha enfrentado a la Policía Nacional, que ha hecho uso de material antidisturbios.

Ante la anunciada presencia de Vito Quiles en el campus, la Universidad de Navarra había decidido el cierre de sus edificios y la suspensión de su actividad desde las 15:00 horas. No obstante, al campus universitario, donde se había desplegado un fuerte dispositivo policial, ha llegado un grupo de medio centenar de personas contrarias al acto y otro grupo más reducido de jóvenes seguidores del activista político.

La Policía Nacional ha formado un cordón de agentes entre ambos grupos, que han quedado separados por unos veinte metros. Los jóvenes contrarios al acto, cuyo número ha ido en aumento progresivamente, han recorrido el campus coreando gritos como "Fuera fascistas de nuestras calles", lanzando objetos y encendiendo bengalas.

Esto ha provocado la intervención de los agentes de la Policía Nacional, que han hecho uso de material antidisturbios. Los jóvenes que han protagonizado estos incidentes se han desplazado entonces al barrio de Iturrama, donde han proseguido los enfrentamientos con la Policía. Se han volcado contenedores y varios de ellos han sido incendiados y se han lanzado botellas y otros objetos a los agentes.

Los disturbios continúan en este momento en Pamplona, donde según fuentes policiales no consta de momento ninguna detención relacionada con estos hechos.

Dos personas han sido detenidas y cuatro han resultado heridas en los disturbios protagonizados por jóvenes contrarios al acto. La Delegación del Gobierno en Navarra, "dada la gravedad de las afirmaciones realizadas por Vito Quiles en la red social X”, ha precisado en un comunicado que "es falso" que la Policía Nacional haya señalado que no podía garantizar la seguridad del acto previsto en la Universidad en Navarra.

Respecto a los heridos oficialmente no se ha facilitado más información. Nos obstante, según publica El Español en sus redes sociales, un periodista de ese medio que cubría la información ha sido objeto de una "brutal agresión".

También es falso, añade la Delegación del Gobierno, que, como afirmaba Quiles, la Policía Nacional se haya incautado de cuchillos y navajas de personas que supuestamente iban a protestar en contra de este evento. Por lo tanto, subraya, "Policía Nacional no ha influido en la decisión final sobre la celebración o no del acto".

Por su parte, la Universidad de Navarra y el Gobierno Foral han condenado los "graves incidentes" que se han producido en el campus y en las calles de Pamplona con motivo del evento convocado esta tarde "de manera no autorizada". Con la información disponible, destaca la Universidad en un comunicado, "no hay que lamentar graves daños personales ni materiales" en el campus.

Para la Universidad, los hechos sucedidos "no corresponden con los valores que esta institución promueve. Reiteramos que la Universidad es un lugar de convivencia, diálogo y respeto en el que no tiene cabida la violencia". La institución agradece el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el comportamiento "ejemplar" de la comunidad universitaria.

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García, ha rechazado "categóricamente" los altercados al afirmar que "la respuesta a la provocación de un agitador ultra mediante actos violentos absolutamente condenables resulta incompatible con la democracia y además supone una contradicción intolerable".

García ha concluido aseverando que "la violencia no tiene cabida en un entorno que está dedicado al aprendizaje, el diálogo constructivo y la reflexión" y por ello traslada su solidaridad a la Universidad de Navarra y agradece "la responsabilidad demostrada en este lamentable episodio".

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha condenado los incidentes registrados esta tarde en Pamplona y ha hecho un llamamiento a la convivencia.

La Universidad de La Laguna (ULL) ha informado este lunes de que no autorizará la celebración de un acto anunciado en redes sociales bajo el lema 'España combativa', promovido por Vito Quiles, y justifica su decisión en que no puede "amparar la difusión de desinformación". Tampoco puede dar altavoz a mensajes "contrarios a los derechos humanos, la libertad, la igualdad o la dignidad de las personas", esgrime la institución académica tinerfeña en redes sociales, informa EFE.

Recuerda que su "obligación prioritaria es velar por la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de la actividad académica e investigadora", por lo que no autoriza "actividades que puedan ponerlos en riesgo". Y añade que se reafirma en su "compromiso con la libertad de expresión y con el debate plural y respetuoso, atendiendo a los valores estatutarios y dentro del contexto académico y legal de las universidades públicas".

Vito Quiles, trabajador de EDATV y colaborador de Se Acabó La Fiesta (SALF), ya ha sido vetado en otras instituciones académicas como la Universidad de Granada o la Pablo Olavide de Sevilla con argumentos similares a los esgrimidos por la ULL.