El Tribunal Supremo (TS) ha acordado absolver al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, de los delitos de extorsión y estafa al entender que las acciones que empleaba en sus negociaciones con bancos y empresas –aunque censurables– eran lícitas y al considerar que no ha sido posible identificar en qué consistió el engaño que se le atribuye. También ha absuelto al director del sindicato Manos Limpias, que había sido condenado como su cooperador necesario.

Los magistrados anulan así la sentencia de la Audiencia Nacional que en 2021 impuso penas de ocho años de prisión a Pineda y de cuatro años de cárcel para Bernad. La Fiscalía llegó a pedir para el primero hasta 118 años de cárcel al entender que extorsionaba a bancos y empresas para que les pagasen a cambio de evitar acciones judiciales o campañas de descrédito en su contra; para el segundo reclamaba una pena de hasta 24 años de prisión.

En una sentencia, recogida por Europa Press, el alto tribunal también absuelve a otras dos personas acusadas de colaborar en el denominado 'caso Ausbanc': el adjunto a la presidencia de Ausbanc, Ángel Garay; y la directora de su departamento jurídico, María Mateos, quienes habían sido condenados por un delito de extorsión en grado de complicidad.

En la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Leopoldo Puente, el Supremo incide en que no le corresponde "ponderar los desvalores éticos que pudieran, sin dificultad, identificarse" en las conductas atribuidas a los acusados y avisa de que los "males" que Pineda "anunciaba" en sus negociaciones con bancos y empresas "no pueden ser calificadas como ilícitas o contrarias a Derecho".

La Sala de lo Penal considera probado que Pineda ejerció, a través de Ausbanc, distintas acciones civiles –muchas relativas a las cláusulas suelo frente a diferentes entidades del sector financiero; y acciones penales, a través de Manos Limpias. Una vez que conseguía una sentencia favorable o en el curso del procedimiento, negociaba con dichas mercantiles diversos acuerdos publicitarios o de prestación de otro tipo de servicios por parte de Ausbanc a cambio de llegar a un acuerdo transaccional en los procedimientos civiles o de retirar la acusación en las causas penales.

Según recalca el tribunal, dichos acuerdos de colaboración entre las entidades y Ausbanc, cuando se lograban, comportaban también el compromiso por parte de Pineda de no iniciar procedimientos nuevos contra ellas y de proyectar de las mismas una imagen amable en las publicaciones de Ausbanc.

En el caso de las mercantiles que rechazaban los acuerdos, Pineda continuaba la ejecución de los procedimientos civiles o el ejercicio de las acciones penales, prodigándoles, además, en las publicaciones de Ausbanc un tratamiento desfavorable que –aunque sobre la base de informaciones veraces– perjudicaba su imagen comercial.

Para el Supremo, esta actuación –por más que pueda resultar censurables en el plano de la valoración ética– no alcanza el concepto de intimidación que, junto con el de violencia, constituye elemento típico del delito de extorsión.

En 149 folios, los magistrados explican que las acciones que Pineda desplegaba cuando no conseguía llegar a un acuerdo con las empresas eran, en principio, conductas "lícitas": es decir, ejercía acciones judiciales con cierto fundamento, en muchos casos colmadas por el éxito; y ejercía el derecho a la libertad de información.

La Sala de lo Penal, además, incide en que varias de las mercantiles supuestamente extorsionadas formaban parte del Ibex 35 y "todas ellas, al tiempo de producirse los hechos, constituían entidades financieras de significada magnitud económica".

"Se trata de potentes sociedades que disponen, en consecuencia, para la realización de sus fines, de especializados servicios jurídicos y suficiente cobertura económica para encarar con plenas garantías acciones, civiles o penales, frente a la publicación de informaciones que pudieran resultarles, en cualquier sentido, indebidamente perjudiciales", señala.

Asimismo, subraya que las empresas en cuestión tenían capacidad de "decidir de forma razonablemente libre, sin otros condicionantes que los consustanciales a toda actividad negocial, en qué publicaciones o en qué medios de comunicación preferían anunciarse, disponiendo también, como se ha dicho, de la robusta posibilidad de reaccionar jurídicamente frente a cualesquiera informaciones falsas que pudieran afectarles".

Además, el Supremo insiste en que "en ningún pasaje" de la sentencia de la Audiencia Nacional se afirma "ni que los procedimientos civiles iniciados por Ausbanc carecieran de consistencia (...); ni que se ejercitaran acciones penales por Ausbanc o cualquier otra entidad o persona física vinculada con ella, a medio de denuncia falsa; ni que las informaciones publicadas, aun cuando pudieran perjudicar la reputación de las mercantiles afectadas, no respondieran a la verdad o resultaran manifiestamente inveraces".

Con todo, los magistrados recuerdan que una vez iniciado un procedimiento civil "no solamente es lícito, sino que también resulta frecuente en este ámbito, la existencia de negociaciones extrajudiciales entre las partes al efecto de procurar un acuerdo que ponga fin al procedimiento". En el caso de las causas penales, insisten en que es competencia del juzgado determinar si quien pretende ejercer la acusación está o no legitimado para hacerlo.

Así las cosas, el tribunal ve pertinente absolver a Pineda y al resto de condenados al considerar que "los hechos que se le atribuyen no resultan constitutivos de delito de extorsión alguno".

Respecto al delito de estafa atribuido al presidente de Ausbanc, sostiene que no es posible identificar en qué consistió el engaño –necesario para poder condenar por este delito– que se le atribuye ni quién pudo haber sido el destinatario. Los magistrados se han pronunciado así al estimar los recursos de casación que presentaron los acusados y al desestimar el que interpuso la Fiscalía.

Fuentes de la defensa de Miguel Bernad han avanzado ya a Europa Press que preparan acciones para exigir compensaciones económicas tanto por el tiempo que pasó en prisión provisional su patrocinado como para el propio sindicato Manos Limpias, por el daño que a su imagen por la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional.

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, ha asegurado este viernes, en el juicio oral que se sigue contra él en la Audiencia Nacional, que el abogado Miquel Roca le ofreció a través de un intermediario 3 millones de euros a cambio de que su sindicato retirara la acusación contra la infanta Cristina en el caso Nóos, según informa Europa Press.

Tras negarse al interrogatorio del Ministerio Fiscal, y respondiendo exclusivamente a preguntas de su abogado, Bernad ha explicado ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que fue a través de un amigo personal suyo, Jaime Alonso, presidente del sindicato Fuerza Nacional del Trabajo, como le contactaron para que retirara la acusación.

Esta persona le indicó que el ofrecimiento venía de Roca —abogado de la infanta— y él le respondió que no se podía fiar de ese "pájaro" porque siempre andaba intrigando. Tras una primera reunión, mantuvieron hasta cuatro más en las que le comunicó que insistían porque era "una cuestión de Estado". "Pero yo nunca he pedido nada, como ha quedado demostrado en la reunión con Fainé" —expresidente de La Caixa—, ha apostillado.

Para Bernad, que ha declarado aproximadamente tres horas, el Ministerio Público interesa 24 años de cárcel y 10 meses por los delitos de organización criminal y extorsión. La Fiscalía establece una estructura organizativa en cuya cúspide sitúa al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, quien supuestamente negociaba con entidades bancarias convenios a cambio de no presentar potenciales demandas contra las mismas. Estas actuaciones habrían contado desde 2012 con el beneplácito del entonces secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad.

Una de las actividades que podrían haber concretado ambos es la retirada de la acusación contra la infanta Cristina a cambio de un acuerdo que les beneficiara económicamente, presionando para ello al entorno de la defensa jurídica de la Infanta.

Pero Bernad ha negado esto, y de hecho ha descargado de responsabilidad en el asunto a Pineda, del que ha señalado que sólo le transmitió a un tercero amigo de ambos, Javier Castro, que le preocupaba la reputación de la jefatura del Estado y que se ofrecía a echar una mano con los medios de comunicación. "Pero no intervino, ni se inmiscuyó en el tema de la infanta, ni tuvo mandato ni pidió nada de nada, éramos dos compartimentos estancos en este asunto", ha señalado el secretario general del sindicato.

Previamente, Bernad había apuntado a preguntas de su letrado Miguel Bueno que también fue contactado previamente para conseguir la desimputación de la infanta por gente de diversos ámbitos como el de la magistratura o el militar, pero ha citado sólo el nombre de Leandro de Borbón —ya fallecido—, quien le insistió varias veces para ver si podía hacer algo para que no se manchara la imagen de la Casa Real.

También ha recordado que tras una reunión infructuosa con Jaume Giró —directivo de La Caixa— en el que le llegó a ofrecer un crédito a un empresario amigo de Bernad a cambio de que retirara la acusación contra la infanta, el por entonces presidente de La Caixa Isidre Fainé se reunió con él en Barcelona en 2015.

"El rey te recibirá"

En esa reunión, a la que asiste también Giró, le traslada la preocupación que hay en Casa Real por la infanta —ésta trabajaba para la entidad—, que lo están pasando mal y le pide "a ver qué se puede hacer". "Le digo que a esas alturas del proceso es difícil, y me comenta que no quieren compensar con nada, ni con dinero y que solo apelan al sentido de responsabilidad", ha recordado Bernad.

Según ha explicado, quedan en articular bien el asunto porque si desistían de la imputación después de tanto, la opinión publica iba decir que bajo cuerda se habían "llevado pasta". Bernad ha recordado que Fainé le comentó que si prosperaba lo que habían hablado, el rey le recibiría.

"Me dice Fainé que si prospera, el actual rey me recibirá en Zarzuela para darme las gracias", ha apuntado, para luego explicar que a partir de ahí el tema de la desimputación de la infanta lo trató con un abogado del que fuera presidente de La Caixa.

Además de este asunto concreto, la defensa de Bernad le ha preguntado por otros casos en los que podría haber participado en colaboración con Pineda, pero ha negado en todo momento que extorsionara a nadie a cambio de retirar querellas o denuncias interpuestas por Manos Limpias. De hecho, ha apuntado que para presentarse como acusación popular en los distintos casos, siempre tuvo que contar con el visto bueno de la junta del sindicato.

Relación de Manos limpias con Ausbanc

Parte del interrogatorio se ha centrado en aclarar la relación del sindicato con Ausbanc. Bernad ha negado que recibiera financiación de la asociación de usuarios de banca, ha recordado en varias ocasiones que Pineda era un experto en derecho de los consumidores, y que le conoce en 2012 aproximadamente cuando piden afiliarse al sindicato.

Al hilo, ha recordado que pagaron un par de cuotas anuales, una de 1.500 euros y otra de 500 euros (por 2012 y 2013), y que más allá, Pineda sólo compró un par de veces talonarios de lotería por valores escasos y aportó alguna fianza, como en el caso del 'dieselgate' contra la marca de automóviles Volkswagen.

Además sobre una factura de 48.000 euros emitida desde el sindicato a una empresa de Ausbanc, ha apuntado que se trataba de un informe sobre la corrupción en España en la que hablaban de los casos que habían llevado, que dicho informe existió realmente y que por tanto el trabajo se hizo y la factura se emitió por el mismo.

"Yo no entro en corral ajeno"

Al hilo, ha señalado que ambas organizaciones eran independientes, y que él no daba órdenes a Ausbanc. "Yo no entro en corral ajeno y no permito que entren en corral propio, son dos asociaciones que funcionamos con total independencia, con estructuras independientes y con fines independientes", ha incidido.

En ese sentido, sí que ha confirmado que colaboraron en asuntos concretos como el caso contra Caja Madrid o el caso de los falsos EREs de Andalucía, pero ha calificado de "totalmente falsa" la acusación de que Manos Limpias era "instrumento que usaba Ausbanc para presionar a los bancos y conseguir patrocinios".

De hecho, en reiteradas ocasiones, ha subrayado que no recibió de la asociación de usuarios de banca ni de su presidente dinero alguno fruto de negociaciones con entidades como Unicaja, Banco Santander o el Sabadell pactadas tras retirar denuncias como acusación popular.

Según el escrito de Fiscalía, esa estrategia fue empleada por Pineda y Bernad en casos como en la acusación de Manos Limpias en el caso de los falsos ERE de Andalucía, en concreto la extorsión a Unicaja para archivar el procedimiento contra su presidente, Braulio Medel, la presión ejercida al Banco Sabadell, a Volkswagen en el caso del trucaje de los motores diésel de sus vehículos, al Banco Santander y a La Caixa

Miguel Durán, el abogado del presidente de Ausbanc, Luis Pineda, ha pedido la nulidad del juicio contra esta asociación de usuarios de banca y el sindicato Manos Limpias porque a su entender la instrucción parte de "una denuncia anónima falsa" presentada por el comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo, según informa Europa Press.

Durán, durante su turno de intervención en las cuestiones previas del juicio oral que se celebra en la Audiencia Nacional, ha señalado que las acusaciones contra su defendido, Luis Pineda, parten de un "montaje policial artificial" auspiciado por quien fue acusación particular hasta su retirada en 2019, el BBVA.

"El Ministerio Fiscal, no entendemos por qué, siguió adelante, cuando de haberse profundizado en esa denuncia anónima se hubiera visto la procedencia", ha argumentado, para explicar que el origen de la causa es "espuria", porque la entidad bancaria "se sirvió de estructuras policiales y parapoliciales" para su interés.

Para Durán, dado que Pineda era "martillo de herejes" contra prácticas bancarias abusivas, ha citado las cláusulas suelo, el BBVA al frente del cual estaba Francisco González, "echó mano de Villarejo", y es éste quien formula la denuncia "falsa" ante la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía (Udef).

"Y lo hace ante compañeros del cuerpo policial, que conoce sobradamente y con los que tiene perfecto contacto. Consta que la denuncia anónima está en el ordenador incautado en la diligencia de entrada y registro de la casa de Villarejo", añade.

Destruir Ausbanc

Así, la defensa de Pineda ha argumentado que el banco quería destruir a Ausbanc y con tal objetivo contrató los servicios del comisario entre 2012 y 2017, entregándole millones de euros para tal fin. "Esta repugnante conducta choca con las mínimas exigencias del Estado de Derecho y por tanto cualquier derivada judicial no debería orientarse contra estas personas sino contra los autores de estas conductas abominables", ha incidido.

Sobre esa denuncia anónima, Durán ha apuntado que es una sarta de calumnias inconsistentes, por lo que solicita la nulidad plena de la prueba de cargo que arranca en ese informe redactado a raíz de la denuncia anónima en febrero de 2015. "Todo nace de un cohecho y de una organización criminal que han protagonizado el BBVA y el señor Villarejo", ha apuntado.

Por otro lado, Durán ha señalado que la Audiencia Nacional no tiene competencia sobre esta causa porque no se juzgan delitos económicos que tengan que ver con falsificación de moneda o tarjetas. Además, aduce que el mismo Ministerio Fiscal señaló que la competencia era de la Audiencia Provincial.

En este sentido, ha negado que los socios de Ausbanc hayan sido objeto de estafa por parte de su defendido, Luis Pineda. "¿Dónde sucede que se dé la grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional? Nada de eso existe", ha añadido para aseverar que el tribunal actual no es donde debiera haberse instruido el caso.

"Declarar nula la instrucción"

Asimismo, la defensa pide declarar nula la instrucción de la causa llevada a cabo desde el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, al cargo del cual está el magistrado Santiago Pedraz.

Y reclaman la nulidad del auto de procedimiento abreviado dado que, argumentan, el Supremo establece que solo es válido para instruir cuestiones inaplazables o urgentes. A esto suma que en la instrucción se dio una vulneración del derecho fundamental.

Asimismo, respecto al trato que deben recibir las denuncias anónimas, apuntan desde la defensa que se deben tratar con recelo para comprobar si hay móviles espurios. "Pero la denuncia es un florilegio de delitos, está claro el cohecho", inciden.

Además, la defensa de Pineda ha pedido la nulidad también de las intervenciones telefónicas realizadas por la Policía por ser prospectivas, y las pruebas derivadas de las entradas y registros que se realizaron durante la operación policial.

Para terminar su turno de presentación de cuestiones previas, Durán ha señalado que coincide con la acusación popular ejercida por Podemos al decir que si se demuestra que todo viene de una denuncia de Villarejo "el asunto se viene abajo".

"Si efectivamente el señor Villarejo es salsa de todo este guiso, el tribunal, si sigue adelante, probablemente trabajara en vano", ha añadido, para luego apuntar que si se levantase parte del secreto de sumario de la causa que instruye el juzgado de instrucción central número 6 de la Audiencia Nacional por Villarejo se demostraría que "si tiene cuatro patas y ladra es perro". Por este motivo, Durán ha pedido la suspensión del juicio oral.

Fiscalía rechaza anular la causa y niega la fiabilidad de Villarejo como testigo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, por su parte, ha rechazado la anulación de la causa contra Ausbanc y Manos Limpias señalando que la Audiencia Nacional es competente, y también se ha opuesto a que el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo pueda concurrir como testigo dada su "escasa fiabilidad".

El fiscal José Perals ha señalado que son "tajantemente contrarios" a la admisión de las cuestiones previas presentadas —más de 50— por las defensas de los acusados de la causa contra Ausbanc y Manos Limpias, y han defendido que este tribunal es competente para juzgar los hechos.

"Sí es competente para el procedimiento", ha apuntado Perals, para luego añadir que el caso afectaba a 4.000 socios adheridos y a entidades financieras. Además, ha defendido que el juez instructor de la causa, Santiago Pedraz, era competente también y ha añadido que "no hay base legal para atacar al magistrado y su independencia en el ejercicio de sus funciones".

Sobre la cuestión alegada por la defensa sobre la nulidad del procedimiento por la denuncia anónima que dio lugar a la investigación policial, y que sostienen que provenía de José Manuel Villarejo, el fiscal ha apuntado que no se intuye de la misma que se cometiera ningún delito.

Y ha añadido que no hay que exhortar al juez que lleva el caso Tándem para que levante parte del secreto de su instrucción. "No nos da risa porque el tema es muy serio, si se acuerda secreto es porque el juez lo considera necesario", ha añadido.

Además, Perals ha recordado que a pesar de que el origen de la denuncia fuera un delito, "no anularía en ningún caso el procedimiento" y ha puesto como ejemplo el caso Falciani, quien comete un delito apropiándose de datos de un banco y el Supremo lo da por valido.

Tampoco ha aceptado que se anulen las actas de los registros y entradas en los domicilios de varios de los acusados y en las oficinas, y tampoco acepta que se anulen las intervenciones telefónicas ni que se dé una prescripción de algunas de las acusaciones porque ésta es de diez años para delitos de extorsión.

En cuanto a los testigos propuestos por la defensa de Pineda, entre los que se encontraban desde altos directivos de entidades bancarias y periodistas hasta el propio Villarejo, el fiscal ha señalado que o bien no eran relevantes para la causa o bien lo que pudieran declarar estando presos tendría escasa fiabilidad. Las acusaciones particulares y la acusación popular que ejerce Podemos se han adherido a lo expuesto por el fiscal.

La Fiscalía pide para Pineda 118 años y 5 meses de cárcel y para Bernad, 24 años y 10 meses, al acusarles de delitos de organización criminal y extorsión, y en el caso del primero añade estafa y blanqueo de capitales y le pide una multa de 10 millones de euros.

Para la que fuera abogada de la acusación en el caso Nóos, Virginia López Negrete, el Ministerio Fiscal solicita 11 años y 11 meses de cárcel por organización criminal y extorsión. El fiscal, que además reclama la disolución de todas las sociedades vinculadas a Ausbanc y Manos Limpias, dirige su acusación contra siete personas más, para los que solicita penas que oscilan entre los 66 años y 10 meses de prisión.

El juicio al que fuera presidente de Ausbanc, Luis Pineda, al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, a la abogada Virginia López Negrete y a otras ocho personas arrancará mañana 29 de enero en la Audiencia Nacional y tendrá 13 sesiones hasta abril, según ha acordado la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, encargada de juzgar los hechos.

La Fiscalía pide para Pineda 118 años y 5 meses de cárcel y para Bernad, 24 años y 10 meses al acusarles de delitos de organización criminal y extorsión, y en el caso del primero añade estafa y blanqueo de capitales y le pide una multa de 10 millones de euros.

Para la que fuera abogada de la acusación en el caso Nóos, Virginia López Negrete, el Ministerio Fiscal solicita 11 años y 11 meses de cárcel por organización criminal y extorsión. El fiscal, que además reclama la disolución de todas las sociedades vinculadas a Ausbanc y Manos Limpias, dirige su acusación contra ocho personas más, para los que solicita penas que oscilan entre los 16 y los 66 años y 10 meses de prisión.

En ese segundo nivel, se encontraba el tesorero de Ausbanc Alfonso Sole Gil, que se enfrenta a una petición de 37 años y cinco meses de cárcel y multa de 10 millones de euros por los delitos de blanqueo de capitales y el adjunto a la Presidencia de la asociación, Ángel Garay para quien pide 32 años y cinco meses de cárcel y multa de 10 millones de euros.

Los miembros de la Junta Directiva que se encuentran en un tercer nivel son María Teresa Cuadrado (21 años y 11 meses), María Manuela Mateos (66 años y 10 meses), María Isabel Medrano (60 años de prisión) y Hermenegildo García, para quien la Fiscalía pide 15 años y 11 meses de cárcel. Finalmente en un cuarto y último nivel ubica a la letrada López Negrete, Rosa Isabel Aparicio (51 años y 10 meses), Luis María Suárez (16 años).

El macrojuicio, cuya primera sesión tendrá lugar en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), se celebra en el marco de la causa instruida por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y que se cerró el pasado mes de octubre tras más de dos años de investigación al considerar que había quedado acreditada la existencia de una organización criminal liderada por Pineda.

Una asociación sin ánimo de lucro para el enriquecimiento ilícito

El informe relata cómo el principal acusado ideó la creación de una asociación "sin finalidad de lucro" que denominó Ausbanc pero que en realidad buscaba el enriquecimiento ilícito personal a través de tres canales principalmente: las cantidades que bancos y empresas pagaron ante las amenazas de realizar campañas públicas de desprestigio en su contra, las provenientes de subvenciones, y las cuotas de los asociados adheridos –quienes además no podían participar en la toma de decisiones de Ausbanc–.

La Fiscalía establece una estructura de la organización en cuya cúspide sitúa a Pineda por ser el encargado de buscar financiación y ocultarla bajo presuntos convenios publicitarios a cambio de publicidad favorable en sus revistas.

También la conseguía negociando con entidades bancarias a cambio de no presentar potenciales demandas contra las mismas. Estas actuaciones contaron desde 2012 con el beneplácito del entonces secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernard.

Extorsión a la defensa de la infanta

La actividad de Ausbanc y Manos Limpias se ha podido concretar en la estrategia que usaron Pineda y Bernad para intentar negociar la retirada de la acusación contra la Infanta Cristina en el caso Nóos caso Nóosa cambio de un acuerdo que les beneficiara económicamente, presionando para ello al entorno de la defensa jurídica de la Infanta.

Según el Ministerio Público, de toda esta estrategia era conocedora la abogada López Negrete, quien "seguía las instrucciones que le daba Bernad y enviaba la información que obtenía del caso a Pineda" y a otra de las imputadas, Rosa Isabel Aparicio.

Este tipo de estrategia también fue empleada por Pineda y Bernad en otros casos como en la acusación de Manos Limpias en el caso de los falsos ERE de Andalucía, en concreto la extorsión a Unicaja para archivar el procedimiento contra su presidente, Braulio Medel, la presión ejercida al Banco Sabadell, a Volkswagen en el caso del trucaje de los motores diésel de sus vehículos, al Banco Santander y a La Caixa.

La dinámica de la publicidad

Según el relato de los hechos, la red consiguió un total de 808.000 euros entre los años 2003 y 2007 de BBVA, que acabó rompiendo el contrato con la asociación en 2012. Un año después comenzaron las noticias negativas contra la entidad que preside Francisco González relacionadas con la investigación del caso Nóos. En concreto los principales acusados junto con López Negrete buscaron la imputación en la causa del jefe de Responsabilidad y Reputación Corporativa de BBVA Antonio Ballabriga.

Dinámica similar se puso en marcha con Caja Madrid cuando tras la resolución del contrato se iniciaron una campaña mediática y judicial contra su entonces presidente, el fallecido Miguel Blesa, personándose en la causa instruida en los Juzgados de Plaza Castilla por la concesión de un crédito de 2,6 millones de euros de la caja al empresario Gerardo Díaz Ferrán. También sufrieron campañas negativas Crédit Services y Novagalicia Banco, que se negó a abonar un pago de 300.000 euros.

Sumados a estos, se dieron caos en los que los acusados iniciaron campañas negativas por motivos personales contra el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, o contra el subsecretario de Sanidad en época de Elena Salgado, Fernando Puig de La Bellacasa.

Igualmente, el Ministerio Público menciona en el escrito de acusación los litigios de Ausbanc contra Bankia, Gas Natural, Caja España, Banco Mare Nóstrum, Liberbank, Unicaja (que llegó a pagar más de un millón de euros a Pineda), Nissan, Barclays Bank, Caja Castilla La Mancha, CAM y Europistas, la empresa concesionaria de la autopista de peaje AP-1, Burgos-Armiñón y Banc March, entre otras.

El dinero recaudado se destinaba también a una serie de sociedades vinculadas a Ausbanc mediante facturas falsas y con el que se adquirieron bienes inmuebles. El fiscal destaca más de una decena de empresas y entidades mercantiles, algunas fuera de España, en cuyos puestos de dirección figuraban gran parte de los acusados.

RTVA, BBVA y Caixa Geral, fuera del procedimiento

El juicio oral arrancará con la retirada del mismo de RTVA, BBVA y Caixa Geral. Radio Televisión de Andalucía y Canal Sur Radio y Televisión comunicó a la Audiencia Nacional que se retiraba del procedimiento contra Ausbanc y su presidente en el que participaba en calidad de actor civil perjudicado, si bien señaló que se reservaba la opción de reclamar por vía civil llegado el caso.

Por su parte, el BBVA renunció a participar como acusación particular en julio de 2019 al entender que su presencia no aportaba "nada en el estado final del juicio" e incluso podía llegar a "dificultar el proceso".

Caixa Geral, también personada en calidad de acusación, renunció un mes después de que lo hiciera BBVA. En su escrito ante la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional la entidad instaba no obstante a Fiscalía a seguir "sosteniendo las acciones penales y civiles en reclamación de la indemnización que a esta parte corresponda".

El equipo legal de Podemos ha lanzado una campaña en redes sociales para animar a particulares que en su día fueron socios o participaron en alguna de las demandas colectivas emprendidas por Ausbanc a personarse como víctimas de la organización de cara al juicio señalado para el 29 de enero y en el que se sentará en el banquilllo su presidente, Luis Pineda.

Según informan desde la división jurídica del partido, "a ojos tanto de la Audiencia Nacional como de Fiscalía", las perjudicadas en este juicio "son en su gran mayoría entidades financieras, presuntamente víctimas de las extorsiones y amenazas de Ausbanc", cuando en opinión de Podemos, "en la gran mayoría de los casos estas entidades han sido colaboradoras con el engaño".

Consideran que las "víctimas reales son tanto los socios de Ausbanc que creían y sostenían mensualmente económicamente el proyecto como muchas personas, socias o no, que se adhirieron a las numerosas demandas interpuestas por Ausbanc esperando un resultado positivo sin obtenerlo, puesto que estas demandas eran después utilizadas por la demandante y el banco demandado para negociaciones donde gran parte del dinero no iría a los propios afectados, sino a las arcas de Ausbanc".

"En estos casos, los bancos, lejos de ser extorsionados o chantajeados, elaboraban sus cálculos de riesgo y comprobaban si les salía más rentable firmar estos convenios extrajudiciales o arriesgarse a indemnizar a todos los afectados, a sufrir nuevos reveses judiciales similares en otras entidades bancarias del grupo o a perder reputación por noticias sobre sus abusos bancarios", dice Podemos.

Por ello, el equipo legal de Podemos se ha propuesto localizar "al mayor número" de estas "víctimas reales" e "intentar que se personen en la fase inicial del juicio" con el objetivo de que "al menos quede patente y reflejado en sentencia que la tercera pata de esta ecuación judicial no ha sido despejada correctamente", dado que no hay personas de este perfil en el procedimiento.

Así, la campaña, lanzada en redes sociales, pide a quienes se sintieran engañados como socios de Ausbanc, a quienes acudieron a la organización para pleitos como el de Caja Castilla-La Mancha, Europistas, Caja España o Liberbank que contacten con el equipo legal de Podemos y comuniquen su caso.

Tras varios aplazamientos y cambios de fecha, el juicio contra Luis Pineda y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, está señalado para el 29 de enero con la previsión de que se prolongue hasta el 24 de abril. Para el primero, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 118 años y 5 meses de cárcel, mientras el segundo afronta una petición de 24 años y 10 meses, en ambos casos, acusados de liderar una campaña de extorsión en los medios de comunicación contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de no hacerles publicidad negativa.

El BBVA ha retirado la acusación particular contra el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, en la causa por la presunta extorsión de su organización y del sindicato Manos Limpias por la que la Fiscalía le pide casi 119 años de prisión y cuyo juicio comenzará después del verano, según ha confirmado el banco a Europa Press.

La entidad explica que ha registrado este martes un escrito con su voluntad de desistir en la acusación particular ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es el tribunal que enjuiciará la causa, porque su presencia "no aporta nada en el estado final del juicio" e incluso "puede dificultar el proceso".

Fuentes cercanas al BBVA consultadas por Europa Press han añadido que el escrito de acusación de la Fiscalía es ya bastante contundente y la presencia del banco puede convertir el juicio en un circo mediático.

El Ministerio Público solicita para Pineda una condena de casi 119 años de cárcel por delitos de organización criminal, extorsión, estafa y blanqueo de capitales y le pide una multa de 10 millones de euros, así como la disolución de todas las sociedades vinculadas a Ausbanc.

Se da la circunstancia de que Pineda registró este lunes una querella en la Audiencia Nacional contra el expresidente del banco, Francisco González, la propia entidad, su ex jefe de seguridad Julio Corrochano, el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo y uno de sus colaboradores, pues considera que se organizaron para "destruirle" y conseguir sentarle en el banquillo.

La querella, de 45 páginas, se basaba en informaciones periodísticas sobre los encargos del BBVA a Villarejo que investiga la Audiencia Nacional para cuestionar la instrucción que se ha seguido en la misma instancia contra él y Ausbanc durante los últimos cuatro años. Propone además un testigo, que según afirma podría probar esas vinculaciones, y que estaría dispuesto a declarar en pieza secreta y bajo protección de identidad.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto juicio oral contra el expresidente de la Asociación de Usuarios de Servicio de la Banca (Ausbanc) Luis Pineda; el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad; la abogada Virginia López Negrete –que ejerció la acusación contra Iñaki Urdangarín y la Infanta Cristina en el juicio por Nóos– y otras siete personas a las que acusa de integrar una organización criminal de extorsión contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de no hacerles publicidad negativa.

Además, el juicio se dirigirá contra Ausbanc como persona jurídica y otras 25 sociedades civiles relacionadas con ésta desde las que se realizaban los supuestos delitos.

El auto dado a conocer este lunes ratifica la prisión provisional de Luis Pineda –en prisión desde abril de 2016– así como la situación personal de todos los acusados, incluida la legal de dejar constancia del domicilio en España para notificaciones y citaciones, "además de la obligatoria de comparecer a cuantos llamamientos judiciales sean precisos".

En diciembre pasado se conoció la petición de penas que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita para todos ellos, que es de 118 años y 5 meses de cárcel para Pineda y 24 años y 10 meses para Bernad.

Se les acusa a ambos de los delitos de organización criminal y extorsión y en el caso de Pineda –se les añade estafa y blanqueo de capitales– y por ello la Fiscalía le pide una multa de 10 millones de euros. Para la que fuera abogada de la acusación en el caso Nóos, Virginia López Negrete, solicita 11 años y 11 meses de cárcel por organización criminal y extorsión.

La actividad de Ausbanc y Manos Limpias se ha podido concretar en el sumario, por ejemplo, en la estrategia que usaron Pineda y Bernad para intentar negociar la retirada de la acusación contra la Infanta Cristina en el caso Nóos a cambio de un acuerdocaso Nóos que les beneficiara económicamente, presionando para ello al entorno de la defensa jurídica de la Infanta.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para el expresidente de la Asociación de Usuarios de Servicio de la Banca (Ausbanc) Luis Pineda 118 años y 5 meses de cárcel y para el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, 24 años y 10 meses por liderar una campaña de extorsión en los medios de comunicación contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de no hacerles publicidad negativa, informa Europa Press.

El Ministerio Público les imputa a ambos los delitos de organización criminal y extorsión y en el caso de Pineda —en prisión preventiva desde abril de 2016— añade estafa y blanqueo de capitales y le pide una multa de 10 millones de euros. Para la que fuera abogada de la acusación en el caso Nóos, Virginia López Negrete, solicita 11 años y 11 meses de cárcel por organización criminal y extorsión.

El fiscal, que reclama la disolución de todas las sociedades vinculadas a Ausbanc y Manos Limpias, dirige su acusación contra ocho personas más en el marco de la causa instruida por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que cerró el pasado mes de octubre tras más de dos años de investigación al considerar que había quedado acreditada la existencia de una organización criminal liderada por Pineda.

El informe relata cómo el principal acusado ideó la creación de una asociación "sin finalidad de lucro" que denominó Ausbanc pero que en realidad buscaba el enriquecimiento ilícito personal a través de tres canales principalmente: las cantidades que bancos y empresas pagaron ante las amenazas de realizar campañas públicas de desprestigio en su contra, las provenientes de subvenciones y de las cuotas de los asociados adheridos, es decir, los que no podían participar en la toma de decisiones de Ausbanc.

La Fiscalía establece una estructura de la organización en cuya cúspide sitúa a Pineda por ser el encargado de buscar financiación y ocultarla bajo presuntos convenios publicitarios a cambio de publicidad favorable en sus revistas. También la conseguía negociando con entidades bancarias a cambio de no presentar potenciales demandas contra las mismas. Estas actuaciones contaron desde 2012 con el beneplácito del entonces secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, financiando para ello al sindicato.

Extorsión a la defensa de la infanta

La actividad de Ausbanc y Manos Limpias se ha podido concretar en la estrategia que usaron Pineda y Bernad para intentar negociar la retirada de la acusación contra la infanta Cristina en el caso Nóos a cambio de un acuerdo que les beneficiara económicamente, presionando para ello al entorno de la defensa jurídica de la infanta.

En este sentido, el fiscal cuenta que primero Bernad exigió a Jaume Giró Ribas, director y responsable de Reputación de la Fundación La Caixa, donde trabajaba la infanta Cristina, que la entidad ayudara económicamente con dos millones de euros a la empresa de seguridad LPM por la "grave situación financiera" que atravesaba.

Ante la falta de contestación, fue Pineda el que retomó la propuesta y después se puso en contacto con el despacho de Miquel Roca, que llevaba la defensa de la infanta, alegando que habían tenido muchos gastos procesales que podrían haber llegado "hasta los tres", refiriéndose a tres millones de euros. Según el Ministerio Público, de toda esta estrategia era conocedora la abogada López Negrete, quien "seguía las instrucciones que le daba Bernad y enviaba la información que obtenía del caso a Pineda" y a otra de las imputadas, Rosa Isabel Aparicio.

Este tipo de estrategia también fue empleada por Pineda y Bernad en otros casos como en la acusación de Manos Limpias en el caso de los falsos ERE de Andalucía, en concreto la extorsión a Unicaja para archivar el procedimiento contra su presidente, Braulio Medel, la presión ejercida al Banco Sabadell, a Volkswagen en el caso del trucaje de los motores diésel de sus vehículos, al Banco Santander y a La Caixa.

BBVA y Caja Madrid, entre los afectados

Según el relato de los hechos, la red consiguió un total de 808.000 euros entre los años 2003 y 2007 de BBVA, que acabó rompiendo el contrato con la asociación en 2012. Un año después comenzaron las noticias negativas contra la entidad que preside Francisco González relacionadas con la investigación del caso Nóos. En concreto, los principales acusados junto con López Negrete buscaron la imputación en la causa del jefe de Responsabilidad y Reputación Corporativa de BBVA Antonio Ballabriga.

Dinámica similar se puso en marcha con Caja Madrid cuando tras la resolución del contrato se iniciaron una campaña mediática y judicial contra su entonces presidente, el fallecido Miguel Blesa, personándose en la causa instruida en los Juzgados de Plaza Castilla por la concesión de un crédito de 2,6 millones de euros de la caja al empresario Gerardo Díaz Ferrán. También sufrieron campañas negativas Crédit Services y Novagalicia Banco, que se negó a abonar un pago de 300.000 euros.

Campaña por motivos personales

Se dan otros casos en los que los acusados iniciaron una campaña negativa "exclusivamente por motivos personales", como la que pusieron en marcha contra el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, por la "enemistad" entre ambos y porque la asociación de consumidores era competencia directa de Ausbanc. Precisamente Pineda ha sido condenado en diversas ocasiones por un juzgado de Sevilla por difamar al periodista.

Lo mismo ocurrió con Fernando Puig de La Bellacasa, subsecretario de Sanidad bajo el mando de la entonces ministra de Sanidad Elena Salgado, contra quien se actuó tras la expulsión de Ausbanc del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.

Igualmente el Ministerio Público menciona los litigios de Ausbanc contra Bankia, Gas Natural, Caja España, Banco Mare Nóstrum, Liberbank, Unicaja (que llegó a pagar más de un millón de euros a Pineda), Nissan, Barclays Bank, Caja Castilla La Mancha, CAM y Europistas, la empresa concesionaria de la autopista de peaje AP-1, Burgos-Armiñón y Banc March, entre otras.

Por otro lado, el escrito también cuenta que entre 2004 y 2014 Ausbanc Consumo recibió subvenciones en concepto de "subvenciones a entidad sin fines de lucro y de ámbito nacional, destinadas al fomento del asociacionismo de consumo", otorgadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Aunque en ningún caso excedieron de 120.000 euros por ejercicio, el fiscal apunta que Ausbanc "incumplía los requisitos de número de asociados para obtener las mismas, así como el fin real de la asociación".

Niveles del entramado

En un segundo nivel, se encontraba el tesorero de Ausbanc Alfonso Sole Gil, que se enfrenta a una petición de 37 años y cinco meses de cárcel y multa de 10 millones de euros por los delitos de blanqueo de capitales y el adjunto a la Presidencia de la asociación, Ángel Garay, para quien pide 32 años y cinco meses de cárcel y multa de 10 millones de euros.

Los miembros de la Junta Directiva que se encuentran en un tercer nivel son María Teresa Cuadrado (21 años y 11 meses), María Manuela Mateos (66 años y 10 meses), María Isabel Medrano (60 años de prisión) y Hermenegildo García, para quien la Fiscalía pide 15 años y 11 meses de cárcel. Finalmente en un cuarto y último nivel ubica a la letrada López Negrete, Rosa Isabel Aparicio (51 años y 10 meses), Luis María Suárez (16 años).

El dinero recaudado se destinaba también a una serie de sociedades vinculadas a Ausbanc mediante facturas falsas y con la que se adquirieron bienes inmuebles. El fiscal destaca más de una decena de empresas y entidades mercantiles, algunas fuera de España, en cuyos puestos de dirección figuraban gran parte de los acusados.

Está tan pasado de volumen este temazo, ahora con expresident prófugo y exgovern en prisión preventiva, que apenas podemos escuchar otras canciones. Suenan en segundo o en tercer plano, pero han perdido nuestra atención. Pray for ninguneados. Muy fan.

Probemos a desconectar durante unos minutos del surround del procés, mainstream del momento y pinchemos otros temas menos comerciales, más hipster, que también merecen su lugar en las listas de éxitos.

EN EL NÚMERO CINCO:

Ausbanquillo Band

El pasado lunes volvía a sonar una banda que en su día llenó las pistas: Ausbanc & Manos Limpias. Dos años después del debut de estos virtuosos, el juez Santiago Pedraz ha concluido la investigación y expone en el auto que hay indicios suficientes para que catorce artistas enfilen una conga hacia el banquillo. A la cabeza las estrellas: Pineda, Bernard y López Negrete.

El disco que describe el magistrado es una fusión total de estilos: estafa, extorsión amenazas, administración desleal, fraude en las subvenciones y organización criminal.

Si llega el juicio oral, escucharemos sus voces en directo y seguramente no faltará alguno de sus éxitos más celebrados como Espeluznada de Virginia López Negrete, desde Desesperada de Marta Sánchez no escuchábamos nada igual.

EN EL NÚMERO CUATRO:

Castigado sin jugar

Hace un par de semanas, volvía a las listas Jordi Pujol Jr., uno de los miembros más destacados del coro familiar que ha triunfado estrepitosamente en sus giras por Andorra y Suiza.

Los Pujol & Ferrusola son los Womack & Womack catalanes, un clan que canta en familia. Son como los Womack pero en blanco, en blanqueado...

Si la familia del grandísimo Bobby se pasó del godspell a la música profana, la banda liderada por el exhonorable Jordi se pasó de la eterna presidencia de Cataluña a los registros, las imputaciones y el descrédito.

Ahora Jordi Jr. lanza su última canción: “Castigado sin jugar”. Va de un tío que trapichea con tarjetas telefónicas de otros reclusos, lo pillan y es castigado sin ocio durante dos meses.

Comparado con los temazos a los que nos tiene acostumbrada la banda el nuevo hit es flojito, no merece un Grammy, pero sí su hueco en los chiringuitos veraniegos. El sello Pujol nunca defrauda... oh, wait.

EN EL NUMERO TRES:

El artista antes conocido como padre del milagro económico

Rato es uno de esos cantantes que encadenan un éxito con otro, como Beyoncé.

La semana pasada presentó la nueva versión de un viejo éxito: Bankia a Bolsa. La Sala de lo Penal confirmó que Rato irá a juicio por ese temazo que interpretó con la campanita.

Información importante para los Ratoliebers, el concierto no se puede anular porque no cabe recurso.

En paralelo, Rato triunfa con el caso de las tarjetas “black is black”. Esta misma semana, la Fiscalía ha pedido al Supremo que confirme la condena por aquel otro hit que nos hizo menear las caderas durante meses.

EN EL NÚMERO DOS:

Casos Aislados Sound

El popurrí de canciones Púnica, Lezo, Imelsa, Palma Arena, etcétera, etcétera... siempre tiene su puesto en las listas.

Atención al reciente recopilatorio:

– Alfonso Grau, ex vicealcalde de Valencia, ha presentado una vivienda de 1,3 millones de euros para cubrir la fianza de un millón de euros que le impuso el juez por la presunta financiación irregular del PP valenciano.

– Jaume Matas, inhabilitado a siete años por prevaricar y condenado a devolver los 1,2 millones que pagó a Calatrava por el diseño de un palacio de la ópera.

– "Ignacio González pidió a mi jefe que buscase un millón para el partido”, asegura un testigo del caso Lezo.

– Marjaliza no para de cantar, lo suyo es una jam session. Esta semana, entre otras cosas, ha detallado la entrega de 358.000 euros para amañar contratos en cinco ayuntamientos.

Los casos aislados son La Década Prodigiosa de la corrupción, variados y marchosos. Que el ritmo no pare.

Y EN EL NÚMERO UNO:

La caja B de música

Las conclusiones finales del juicio Gürtel se exponen en estos días pero su sonido, tan presente en otros momentos, ha quedado enmudecido por el estallido atronador del procés.

Esta semana cantaron las defensas. Durán, abogado de Crespo, tarareó El PP ha sido apaleado en este proceso y Que a lo de Gürtel no lo llamen trama. No confundir con “No me llames Dolores llámame Lola”, la canción de Pastora. Aquí la única Dolores es Cospedal, autora del estribillo: “Repito y reitero, la contabilidad del PP es única y es clara, transparente, limpia” lo lailo la...

Hasta ahora, el momento más emocionante ha sido la cantata final de la fiscal Concepción Sabadell. Los pelos de punta:

El vitalista canto Gürteliano:

“La trama Gürtel hizo de los sobornos a cargos del PP un modo de vida”.

La fuerza arrebatadora de la música... negra:

“Queda plena y abrumadoramente acreditada la caja B del PP”.

Ahora, si tiene cuerpo y ganas, vuelva a la canción que suena a todo trapo, como la megafonía de la feria, o póngase los auriculares y recupere estos otros éxitos ninguneados, para que no se pierdan sus dulces melodías. Chimpún.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz concluyó la instrucción sobre las presuntas extorsiones a diversas entidades bancarias en la que participaron Ausbanc y Manos Limpias y propuso juzgar a 14 personas, entre ellas al presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda –que se encuentra en prisión provisional–; al presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, y a la abogada de la acusación en el caso Nóos, Virginia López Negrete, según informó Europa Press.

En el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 finaliza la investigación que abrió hace dos años asegurando que ha quedado acreditada la existencia de una organización criminal dirigida por Pineda para la "obtención de un beneficio económico ilícito de sus miembros".

El juez ve indicios de que los 14 acusados incurrieron en los delitos de estafa, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en las subvenciones y pertenencia a organización criminal.

La exposición razonada del juez, de 17 páginas, describe el entramado empresarial que creó Luis Pineda con la finalidad de "obtener lucro personal" y ocultar la verdadera procedencia del beneficio, a través de las sociedades personales del presidente de Ausbanc.

Según el magistrado, bajo la cobertura de una "defensa de los consumidores", Ausbanc presionó a aquellas entidades financieras que supuestamente, "por la naturaleza de la asociación", debería luchar para lograr "una protección efectiva de los consumidores". Apunta que, junto a Manos Limpias, la práctica era "coaccionar" a dichas empresas para llevar a cabo determinados acuerdos económicos "enmascarados como convenio publicitarios".

El juez Pedraz detalla en su auto que el dinero que recaudó Ausbanc procedió de dichos acuerdos de publicidad y del cobro de subvenciones por su condición de asociación sin ánimo de lucro, más las aportaciones de los asociados. Añade que este dinero no redundaba en el beneficio de la asociación, sino que gran parte "se distraía entre las sociedades creadas al efecto por los dirigentes de Ausbanc, con la finalidad última de beneficiarse personalmente".

"No es un hecho aislado"

Por otro lado, afirma que no es un "hecho aislado" que Ausbanc financiase a Manos Limpias para ejercer como acusación popular en distintos procedimientos judiciales con la "finalidad de ejercer presión contra determinadas personas o entidades para que éstas cedan a los objetivos" de la asociación. Contaba con el "apoyo y beneplácito del secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, a quien Luis Pineda, en cierto modo, controlaba y manejaba" y con la colaboración de la abogada Virgina López Negrete, indica el juez.

El auto recoge ocho proceso judiciales en los que, según el instructor, quedaron "acreditadas" las coacciones. Se trata de los casos relacionados con los ERE de Andalucía; la denuncia de Manos Limpias al Banco Sabadell; las actuaciones de "interés personal" contra el portavoz de Facua, Rubén Sánchez; así como, el intento de cese de una campaña de publicidad de Endesa; el caso abierto por las emisiones de CO2 en el que está implicado Volkswagen, el convenio publicitario con el Banco Santander y una denuncia por el presunto asesinato del presidente de la entidad Emilio Botín; o el referido a Fernando Puig de la Bellacasa.

Hay que destacar que Manos Limpias ejerció la acción popular en el caso Palma o Nóos, que afectaba a la Infanta Cristina. Pedraz destaca en este caso concreto que Pineda utilizó la "estrategia de intentar negociar la retirada de la acusación" contra la hermana del rey "a cambio de un acuerdo que les beneficie económicamente, en concreto entre dos y tres millones" y que contó con la "participación activa" de Pineda, Bernad, López Negrete y Francisco Javier Castro-Villacañas Pérez.

Archiva la causa para un investigado

El juez archivó la causa del abogado de Manos Limpias que ejerció la acusación en el macroproceso de los ERE de Andalucía, José María Gómez de León Contreras; y dio un plazo de días para que la Fiscalía y las acusaciones personadas presenten sus escritos de acusación o, por el contrario, soliciten el sobreseimiento de la causa.

Además de los responsables de Manos Limpias y Ausbanc, la abogada y Castro-Villacañas, se encuentran procesados los altos cargos de la asociación Alfonso Solé, Ángel Garay, María Manuela Mateos, María Isabel Medrano, Hermenegildo García, José Marín y Ramón Perfecto. También se incluye a la mujer de Pineda, María Teresa Cuadrado, y a su secretaria personal, Rosa Isabel Aparicio.

El presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, creó un entramado empresarial compuesto por casi una veintena de sociedades radicadas en España y en el extranjero que empleó para canalizar las cantidades que extorsionó a empresas y entidades bancarias y cuyo monto total asciende a 39 millones de euros.

Esta es la conclusión a la que llega la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en su informe final al que ha tenido acceso Europa Press y según el cual se produjo un "traspaso de fondos" de las asociaciones Ausbanc, sin ánimo de lucro, a las empresas vinculadas a la trama –creadas todas ellas entre los años 1999 y 2015– en concepto de compra de servicios que en realidad no fueron practicados, "con la clara intención de cuadrar balances o efectuar trasvase de dinero entre sociedades del grupo según necesidades".

La documentación incorporada a la causa que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, precisa que "gran parte del sustento" de dichas sociedades procede de Ausbanc y por tanto "apenas tienen actividad comercial" fuera del círculo de la asociación, que nació en noviembre de 1986.

Pineda, en prisión provisional desde hace un año por liderar esta trama junto con el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, creó una docena de sociedades radicadas en España dedicadas a la venta de promoción de inmuebles, gestión de viajes, servicios de hostelería, difusión de producción de programas de medios de comunicación u organización de actividades culturales, entre otros aspectos.

El informe detalla la actividad de una de ellas, 'Buenas Maneras', y dice que era una sociedad en "standy", que "no tenía ningún ingreso" y que una vez al año hacía una factura ficticia de 12.000 euros a unas empresas del grupo, según se desglosa de una conversación telefónica mantenida por Ramón Perfecto, administrador único de la sociedad desde 2015 e investigado en la causa.

Cinco sociedades fuera de España

El acusado vinculó dichas sociedades a las actividades de Ausbanc "con una clara finalidad de obtener un lucro personal así como de ocultar la verdadera procedencia de dicho beneficio", y algunas de ellas incluso las utilizó en las negociaciones con algunas entidades para los convenios publicitarios.

Además puso en marcha cinco compañías fuera de España –dos en Estados Unidos, una en Colombia, otra en Venezuela y Reino Unido– también con el mismo propósito, según obra en el informe.

Este entramado forma parte de la red urdida por Pineda y Bernard mediante la cual "coaccionaron" a entidades bancarias a cerrar acuerdos económicos "enmascarados" en contratos publicitarios a cambio de no sufrir acoso mediante publicidad negativa, según el magistrado instructor.

La trama ejerció presiones en el caso Nóos y en el de los ERE de AdalucíaNóos, extorsionó a una docena de cajas -Sabadell, CAM, Unicaja, Barclays, Caja Castilla La Mancha, Bankia, Caja Sur-- además de importantes empresa del sector del automóvil o electricidad.

La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) manipuló las fotografías de unas jornadas celebradas en Washington en noviembre de 2015 sustituyendo el logotipo del verdadero patrocinador del evento por el de CaixaBank para reclamarle 20.000 euros bajo este concepto.

Así se detalla en el informe final de la Unidad de Delincuencia Económica Fiscal (UDEF) de la policía al que ha tenido acceso Europa Press en el que se "confirman y refuerzan" las hipótesis planteadas a lo largo de toda la investigación –que comenzó en febrero de 2015 bajo la bautizada operación Nelson–, sobre el modo de operar de la asociación de Pineda en connivencia con el sindicato Manos Limpias, dirigido por Miguel Bernard.

La unidad de investigación de la policía reproduce en 136 páginas una serie de correos electrónicos incautados en los registros practicados en abril de 2016 en los que se observan la disposición de Ausbanc para mejorar la imagen de las entidades financieras a través de artículos favorables en su revista Mercado Dinero, notas de prensa o con el patrocinio de eventos.

Dicho informe, que obra en manos del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, destaca que la asociación de Pineda simulaba patrocinios para solicitar a las entidades clientes cantidades económicas. Así se hizo, según indica la UDEF, a finales de 2015 cuando se reclamó a la Fundación Bancaria La Caixa el pago de 20.000 euros más IVA.

Según se puede ver en los correos electrónicos intercambiados entre noviembre y diciembre de 2015 por varios directivos de Ausbanc, entre ellos Pineda, y la Fundación, la entidad abonó dicha cantidad por el patrocinio de un foro sobre el Talento Español celebrado en Washington.

La UDEF explica que estas jornadas realmente fueron patrocinadas por TotalBank, filial de Banco Popular en Estados Unidosen Estados Unidos. Sin embargo, Ausbanc manipuló las fotografías que posteriormente enviaron a La Caixa y que sirvieron de prueba para reclamar el pago del patrocinio, sustituyendo el logotipo del patrocinador verdadero por el de la entidad financiera española, afirma el informe.

Potenciar la imagen de La Caixa contra el desafío soberanista

Entre estas cartas se encuentran también las enviadas por el propio Pineda a un alto cargo de La Caixa en octubre de 2010 con el fin de "resolver los problemas identitarios" de las empresas catalanas, el desafío secesionista lanzado por el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas.

Para ello, propone que la entidad financiera participe en una feria de aceites de oliva que se celebrará en Madrid de cara a demostrar "la fructífera labor de La Caixa en todos los territorios del suelo patrio". Pineda destaca que "la imagen de Cataluña y sus empresas señeras en el resto de España" se ha visto perjudicada por el "efecto de rechazo a lo catalán" que ha producido el proyecto de independencia de Mas y, por eso, le propone.

Con el objetivo de conseguir mejorar la "imagen" de La Caixa como "organización nacional" sin parecer "oportunista", ni generar "animadversión en el territorio catalán", intenta convencerle de que patrocine las Jornadas Alcuza del Aceite de Oliva de Madrid, ya que es, a su juicio, el "mejor producto de España" que puede servir para sus intereses.

Entre los argumentos, Pineda describe que el aceite tiene "desarrollo, conocimiento y utilidad en todo el territorio nacional. Incluida en Cataluña", así como un "reconocimiento mundial" gracias a sus características de "salud, gourmet, tradición milenaria, apego al trabajo del hombre con la tierra".

"Potente" campaña de publicidad

"Hasta la Biblia cita los óleos y los olivos", recalca Pineda en la exposición de sus argumentos para convencer a La Caixa para que patrocine las jornadas. Tras una larga exposición de la conveniencia de promocionar este producto "muy querido por los españoles" y que ayuda a no "caer en un patrioterismo de rancio abolengo", el presidente de Ausbanc menciona que el coste de evento costaría entre 160.000 a 220.000 euros.

Eso sí, Pineda prometió al directivo de La Caixa que en la "potente" campaña publicitaria de las jornadas –anuncios, cartelería, notas de prensa, papelería y documentación para entregar a asistentes y enviar a ausentes, botellas de aceite de oliva como obsequio a la prensa, instituciones y empresarios– aparecería de "forma notable, en algunos casos sobresaliente", el logotipo de la entidad financiera.

"Creo que nuestra alianza funciona y yo pienso en ella siempre que se enciende alguna alerta", subraya Pineda en este correo electrónico.

La asociación Ausbanc, cuyo principal responsable, Luis Pineda, se encuentra en prisión preventiva desde hace casi un año por la extorsión que esta organización de usuarios de banca presuntamente realizó a diversas entidades financieras y empresas, recibió un total de 4.803.193,66 euros en subvenciones por parte de la Comunidad de Madrid. Dicho dinero fue ingresado desde 2001 y hasta 2011 en las cuentas de la entidad, informa Europa Press.

Así concluye un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía, al que ha tenido acceso la agencia, y que ha sido entregado esta misma semana al instructor del caso, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Se da la circunstancia de que las primeras subvenciones se concedieron siendo aún directora general de Consumo María Teresa Cuadrado, esposa de Pineda y también investigada en esta causa.

Las subvenciones analizadas por la policía en un minucioso informe de 49 páginas se refieren a tres conceptos diferentes: Ayudas para los Centros de Apoyo a la Intermediación Laboral (CAIL), Subvenciones para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y las correspondientes a la Orientación Profesional para el Empleo y de Asistencia para el Autoempleo (OPEA). Según este informe, la cuantía correspondiente a la parte subvencionada por el Fondo Social Europeo alcanza los 796.389,64 euros desde el año 2002.

Igualmente, el informe detalla que si inicialmente le fueron concedidos a Ausbanc 5,3 millones, la cuantía efectivamente transferida según han podido comprobar los investigadores fue de 4.8 millones, de los cuales 477.439,39 euros correspondieron a ayudas CAIL, algo más de un millón a la contratación de desempleados y el resto, más de 3,3 millones de euros fueron para las ayudas al autoempleo del plan OPEA.

Este último informe aportado a la causa viene a completar otros anteriores que analizaron el procedimiento de adjudicación de estas ayudas y expone las diferentes convocatorias y convenios en las que tanto Ausbanc Consumo como Ausbanc empresas figuraban como beneficiarios de ayudas y subvenciones otorgadas por la Comunidad de Madrid.

Subvenciones "gancho"

La policía también apunta en su informe que Ausbanc utilizaba la concesión de subvenciones CAIL como medio para obtener otras ayudas que suponían una mayor cuantía, como eran las OPEA.

En lo que concierne al CAIL, los investigadores concluyen que por parte del Servicio de Empleo de la Comunidad de Madrid se han realizado actividades de control y de justificación de los gastos realizados por Ausbanc, y que se requirieron asimismo informes de cotización de los trabajadores por parte de la Seguridad Social. "Igualmente se han detectado funciones de control y seguimiento para las restantes subvenciones" analizadas, según detallan.

Parte del dinero del CAIL, sin embargo, acabó pagando el alquiler a la empresa Estructuras y Servicios Inmobiliarios S.L. por un total de 14.568,52 euros y la inserción de publicidad en el periódico de la asociación Mercado de Dinero por otros 14.616 euros.

Según confirma el informe, las subvenciones de mayor cuantía fueron las otorgadas por la Consejería de Empleo y Mujer para desarrollar "acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo", denominadas OPEA, con fondos de la Unión Europea. Ausbanc las recibió durante once años, entre 2001 y 2011.

Según los análisis realizados en algunos ejercicios como 2004 recibieron estos fondos sesenta y cinco entidades y Ausbanc ocupó el número siete entre las más subvencionadas.

El juez Pedraz investiga si Ausbanc hinchó su número real de socios para lograr acceder a subvenciones y así lo ha señalado en uno de los autos dictados en el marco de esta causa, donde subraya que Ausbanc no llegaría al número de asociados exigido en alguna convocatoria.

La investigación del titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional también ha advertido que prácticamente en todas las subvenciones analizadas se exigía como condición ineludible el no tener ánimo de lucro en sus actividades, lo que no se cumplía, ya que todos los miembros de los órganos de administración de estas asociaciones investigadas perciben retribuciones, tanto de éstas como de otras de las empresas asociadas en el entramado financiero creado por Pineda.

El Gobierno de Aguirre pagó a Ausbanc más de tres millones tras su expulsión del registro de asociaciones

La Comunidad de Madrid declaró pagos al entramado asociativo-empresarial nucleado en torno a Ausbanc por más de 3,3 millones de euros entre 2006 y 2011, justo el periodo en que la organización fundada por Luis Pineda estuvo expulsada del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios por vulnerar la normativa sobre ONG sin ánimo de lucro, tal y como adelantó infoLibre.

En total, y así consta en un informe policial incorporado al sumario, la base de datos de Hacienda sobre las llamadas operaciones con terceros señala cómo la Comunidad de Madrid declaró haber pagado al menos 3.345.855 euros a seis entidades del entramado de Pineda a lo largo de esos seis años.

El instructor de la Operación Nelson en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado el bloqueo y embargo de las cuentas bancarias de la Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc) y de sus empresas satélite en Estados Unidos, Venezuela y Colombia, al mismo tiempo que ha prohibido la venta de los inmuebles que el presunto cabecilla de la trama, Luis Pineda, llegó a atesorar en estos tres países, según consta en un auto al que ha tenido acceso infoLibre.

El magistrado adopta esta decisión tras decretar el levantamiento del secreto de esta pieza separada del sumario sobre la actividades de la trama en los tres países, y al constatar la existencia de "indicios suficientes" de que Pineda creó "un complejo entramado empresarial, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, empleado para continuar efectuando el modus operandi de Ausbanc en terceros países, así como aprovechar esa presencia internacional para presionar a las entidades españolas con intereses" en esos Estados.

Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción consideran que Pineda creó empresas filiales en los países en los que tenían presencia las entidades bancarias extorsionadas en España: "También se aprecia cómo se distraen los beneficios obtenidos por Ausbanc, ampliando y expandiendo el 'modelo de negocio', y adquiriendo determinadas propiedades en el extranjero", como por ejemplo un apartamento de lujo en Miami (Florida-EEUU) y oficinas en Bogotá (Colombia) y en el área metropolitana de Caracas (Venezuela).

Sociedades "controladas por Pineda"

Estos inmuebles fueron adquiridos por sociedades extranjeras "controladas de una u otra manera por Luis PinedaLuis Pineda", completa el juez en el auto, en el que reclama el auxilio de las autoridades de los tres países para que transfieran al juzgado "los saldos objeto de embargo y bloqueo" en las entidades bancarias Wells Fargo Bank, Banco Universal y Citibank.

Los agentes del Grupo II de Fraude Financiero de la Udef tuvieron acceso a carpetas informáticas que fueron incautadas "en la oficina en la que trabajaba [el imputado] Alfonso Solé Gil", situada en la Avenida de América de Madrid. Y en concreto, en el documento titulado "Transferencias América", los policías descubrieron que la trama detallaba ahí "las diversas transferencias realizadas entre 2010-2015 a las delegaciones de Estados Unidos, Colombia y Venezuela". 

Gracias a este documento, los policías han podido constatar la existencia de "importantes cantidades derivadas a estas entidades en el extranjero, las cuales, además de captar fondos propios con el mismo modus operandi que la matriz Ausbanc, recibían parte de financiación de la propia asociación".

Prohíbe la venta

Este es el motivo por el que el juez Pedraz ordena el bloqueo y el embargo de las cuentas bancarias de la trama en estos países, al mismo tiempo que prohíbe la posible venta de los inmuebles. El propio magistrado explica en el auto que esta decisión pretende impedir "la transformación, desplazamiento, transferencia o enajenación de esos saldos".

Y como estas cuentas y los inmuebles se encuentran fuera de España, el instructor reclama "la cooperación entre países para combatir la amenaza de ocultar los hechos delictivos y el beneficio de sus delitos, nacionales o transnacionales, y evadir las investigaciones y el enjuiciamiento; pues esa facilidad de traspasar fronteras dificulta el intercambio de información, la obtención de pruebas, el rescate de bienes producto de delitos y permite la evasión de responsabilidades, y por ende acarrea impunidad".

El juez reclama a las autoridades de los tres países que identifiquen a los titulares y personas autorizadas, en las cuentas indicadas, y faciliten copia de los contratos de apertura y documentación complementaria. Asimismo, deberán facilitar y remitir "los movimientos bancarios, transferencias realizadas y recibidas, con expresión de la cuenta de origen y destino, ordenante, beneficiario, banco ordenante, banco beneficiario y cuantos datos posea sobre esa cuenta desde el 1 de enero de 2010 hasta la actualidad, con el mayor nivel de detalle posible".

En el auto, el juez indica, además, que entre la documentación de Ausbanc se ha detectado una transferencia en 2013 de 169.644 euros para la compra del apartamento en Miami (Florida), que figura a nombre de la sociedad Mdusa International Media Group LLC, en la que figuran como directores Luis Pineda, María Teresa Cuadrado y Ángel Garay Echevarría.

Dinero desde España

Los agentes de la Udef también han detectado dos transferencias de Ausbanc Empresas de 50.345 euros y 36.761 euros con destino a la mencionada firma Mdusa International Media Group LLC en Estados Unidos, según consta en la documentación facilitada por el Banco Santander. Gracias a estos extractos, los agentes han llegado a la conclusión de que la compra del apartamento de Miami "fue adquirido con dinero procedente de la asociación Ausbanc Empresas, objeto de la presente investigación".

En relación con la empresa que Pineda creó en Colombia, que se denomina Mercado de Dinero Colombia, los agentes han descubierto otras dos transferencias desde España a este país sudamericano por un total de 22.000 euros.  Esta sociedad es propietaria, según el juez Pedraz, de al menos un inmueble que estaría valorado, según las cuentas de la empresa, en unos 118.000 euros.

En cuanto a la filial de Ausbanc en Venezuela, también denominada Mercado de Dinero, los agentes han podido descubrir que el presunto cabecilla abonó 100.000 dólares de Estados Unidos para comprar el 100% de las acciones de la empresa, al mismo tiempo que realizó diferentes transferencias de dinero al país sudamericano que habrían servido para adquirir un inmueble de 130 metros cuadrados de superficie en el área metropolitana de Caracas.

Blanqueo y alzamiento de bienes

El juez Pedraz ha acordado librar las comisiones rogatorias después de recibir un informe policial de 25 de noviembre, al que también ha tenido acceso infoLibre, en el que los agentes le pedían que reclamara auxilio judicial a las autoridades de Washington, Caracas y Bogotá por "la gravedad de los delitos cometidos y con el objeto de que no se pueda disponer de un importante patrimonio en el extranjero obtenido principalmente como consecuencia de los delitos investigados".

Además, los policías especifican que el bloqueo de las cuentas tiene como "finalidad última asegurar las posibles responsabilidades civiles que pudieran exigirse a los responsables de los delitos imputados y garantizar el cumplimiento de las sanciones pecuniarias que pudieran imponerse a éstos; así como delimitar las posibles responsabilidades penales por los actos que pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales o de alzamiento de bienes".

El magistrado considera que no existe riesgo de fuga y también ha tenido en cuenta la avanzada edad de la madre del responsable de Manos Limpias, informaron fuentes jurídicas, que han concretado que deberá presentarse una vez por semana en el Juzgado.

Bernad abandonó temporalmente la prisión de Navalcarnero en Madrid a principios de octubre, para disfrutar de un permiso de una semana para visitar a su madre, de 104 años y con un delicado estado de salud, en Valladolid.

Durante este permiso, de una semana, Bernad debió permanecer en el domicilio materno bajo custodia policial. Se trató del segundo del que disfrutaba, después de que el pasado mes de mayo saliera de la cárcel para someterse a una operación de desprendimiento de retina.saliera de la cárcel

El patrono de la Fundación Bancaria Unicaja, José Luis Gómez Boza, identificado por la Policía como la persona que alertó al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, de que estaba siendo investigado, ha negado este viernes en la Audiencia Nacional haber advertido del procedimiento judicial, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Boza ha declarado como imputado ante el juez Santiago Pedraz después de que la Policía apuntara, en un informe, que él fue la persona que dio el "chivatazo". Pineda conocía antes de su detención en abril que estaba siendo investigado.

El aviso se produjo después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) reclamara a este banco datos sobre los ingresos y movimientos de cuentas de Pineda. Este "chivatazo" provocó que el presidente de Ausbanc remitiera una carta a varios medios de comunicación, fechada el 4 de abril, en la que aseguraba que la Fiscalía estaba investigando a la asociación.

"Las personas, instituciones y empresas que se relacionan con Ausbanc están recibiendo cartas de la Fiscalía que no hacen más que perjudicar nuestra imagen y ya veremos si terminan incluso poniendo en marcha una querella", decía Pineda en esta misiva.

La investigación posterior condujo a concretar que el autor de ese aviso acudió a un acto un mes antes de los arrestos en Sevilla. Los agentes concluyeron que la única persona presente en aquel encuentro público y procedente de Unicaja fue el citado Boza y dedujo que fue, por tanto, quien dio la advertencia a Pineda.

Por otra parte, el abogado y empresario José María Mas Millet ha admitido ante el magistrado que una persona de La Caixa le puso en contacto con el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, que quería que le asesorara en la elaboración del documento mediante el que el sindicato Manos Limpias retiraba su acusación contra la Infanta Cristina en el caso Nóos, han informado fuentes jurídicas.

Mas Millet, que ha declarado como testigo, ha explicado que preparó el escrito que debía presentar Bernad ante la Audiencia Nacional de Palma. El documento nunca llegó a registrarse en el Juzgado.

Empresario de la seguridad

El juez Pedraz ha interrogado también este viernes al propietario de la empresa de seguridad LPM SL Lorenzo González. Según ha reflejado el magistrado en varios de sus autos y han declarado algunos testigos, Bernad empleó esta empresa como "escudo" en uno de los primeros intentos de extorsión relacionado con su acusación contra la Infanta Cristina y solicitó dos millones de euros como "ayuda" a Lorenzo González, que atravesaba en aquel momento serios problemas económicos.

Ha precisado que contactó con Bernad en un intento desesperado por buscar financiación y concretado que el secretario general de Manos Limpias le recomendó que se viera con Francisco Nicolás Gómez, El pequeño Nicolás.

El dueño de LPM ha declarado que llegó a comer con éste último y una tercera persona que dijo ser miembro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Pagó aquel almuerzo y se fue con la sensación de que le habían engañado.

González ha reconocido, además, que mantuvo un encuentro junto a Bernad en el banco catalán donde se trató su necesidad de efectivo para reflotar su compañía y también se habló del caso Nóos.

Ronda de testigos

Pedraz ha citado a otros 10 testigos, en su mayoría directivos de bancos como el Santander (declarará su dircom) Liberbank y el Grupo Volkswagen para los próximos días. Además, ha librado exhortos a juzgados de Palma de Mallorca, Sevilla y Madrid para que se le remitan las actuaciones relacionadas con Antonio Ballabriga, jefe de Reputación Corporativa de BBVA, que fue acusado por Manos Limpias en el marco del caso Noos; el expresidente de Unicaja Braulio Medel, el responsable de comunicación de Facua Rubén Sánchez; el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa; y el que fuera delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Antonio de Guindos.

El titular del Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado crear en el caso Ausbanc-Manos Limpias una pieza separada secreta tras tener conocimiento de nueva información facilitada por las entidades bancarias presuntamente extorsionadas por el presunto cerebro de la red corrupta, Luis Pineda, y contra el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad.

Tanto Luis Pineda, el creador de Ausbanc y sus asociaciones y empresas satélite, como el jefe de la segunda organización bajo sospecha, Miguel Bernad, de Manos Limpias, permanecen en prisión provisional sin fianza desde abril.

Pedraz acuerda el secreto, por un plazo de un mes, después de recibir un informe del Grupo II de Fraude Financiero de la Udef-Central "en el que se expone una serie de conclusiones a las que ha llegado en el marco de la investigación", especifica el magistrado en un auto de este miércoles 30 de noviembre difundido a las partes personadas en el caso.

"Tras el análisis de efectos informáticos incautados y de nueva información facilitada por entidades bancarias, [la Policía Judicial] termina solicitando la práctica de determinadas diligencias de investigación sumarial para el aseguramiento de pruebas y comiso de efectos de los delitos de amenazas y administración desleal que se atribuye a la organización criminal investigada en este procedimiento", explica Pedraz, en referencia a Manos Limpias y Ausbanc.

Trece testigos

Pedraz interrogó en junio pasado a trece testigos, entre los que se encontraban el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, uno de los abogados de la infanta Cristina Miquel Roca, el directivo de Caixabank Jaume Giró y el de Banco Sabadell Gonzalo Barettino. 

También fueron citados altos directivos de BBVA como Ignacio Moliner y Javier Ayuso [este ya no trabaja en el banco], así como el exresponsable de Comunicación de Caja Madrid Juan Manuel Astorqui, el presidente de Crédit Services Francisco Javier López, el expresidente de Novacaixagalicia Banco José María Castellano Ríos, el directivo de Caixa Catalunya Joan Rafols Llach y los abogados Ramón Luis García Torre y Monserrat Trinidad Suárez Abad.

Tal y como publicó infoLibre tras estas declaraciones se tuvo conocimiento de que la caja que presidía el exministro Narcís Serra y ahora denominada Catalunya Banc, grabó en noviembre de 2008 cómo Pineda le pidió medio millón de euros a cambio de "pasar página" tras una sentencia del Supremo que dos meses antes y tras un proceso emprendido por la asociación había confirmado la ilegalidad del redondeo al alza en los créditos hipotecarios de esta entidad financiera.

Contra Catalunya Banc

Si el acuerdo no llegaba a materializarse, Ausbanc amenazó con movilizar a los afectados que hasta entonces no habían efectuado ninguna reclamación a la entidad. "Nos tocará mover la bandera", fue la advertencia literal. La hizo el propio Pineda en una conversación telefónica grabada por los directivos de la caja, y que fue aportada al juez Pedraz.

Los dos directivos de Catalunya Banc que  declararon como testigos aseguran que la entidad no pagó. Y que cumpliendo su aviso, Pineda organizó una manifestación en 2009 ante la sede central de Catalunya Banc, ahora propiedad del BBVA.

La primera de las dos transcripciones, cuyo contenido publicó infoLibre, muestra cómo la directora de la asesoría jurídica de Ausbanc, la imputada Manuela Mateos, cifra en 500.000 euros el precio de la paz durante una reunión con el director de la asesoría jurídica de Caixa Catalunya, Ramon Lluis Garcia Torné. Según su testimonio, la reunión se celebró el 12 de noviembre de 2008.

"Un acuerdo razonable"

La segunda transcripción muestra cómo días después -el 27 de noviembre de aquel año- es el propio Luis Pineda quien lanza un aviso durante una conversación telefónica con el mismo Garcia Torné: o ambas partes alcanzan un "acuerdo razonable" o Ausbanc "moverá la bandera" para que los afectados conozcan la sentencia del Supremo y reclamen la devolución de cantidades indebidamente cobradas.

Fue la subordinada de Pineda quien se encargó de transmitir en persona a la caja las condiciones de Ausbanc: que la caja aceptase entregar a la asociación 250.000 euros para que esta compensara a los afectados de forma "extraprocesal" y se quedase con la parte que nadie reclamara en dos años. Y que Caixa Catalunya aceptase asimismo suscribir un convenio con la asociación por otros 250.000 euros en concepto de colaboración institucional.

En la conversación que su jefe mantuvo días después con el mismo directivo de Catalunya Banc, Pineda se declara dispuesto a firmar la paz, a no volver a mencionar a la entidad como "ejemplo malo" y a "pasar página" de forma que ambas partes, la caja y asociación, "rememos en la misma dirección".

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, en prisión desde el 15 de abril de 2016, reconoció dos días antes, el 13 de abril, que el presunto cabecilla de la trama corrupta, Luis Pineda, "ya tenía fama de extorsionar y de pedir", según consta en una de las grabaciones realizadas por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y a la que ha tenido acceso infoLibre.

En la conversación, Bernad bromea con su interlocutor, un periodista, y le asegura que le llama desde "Alcalá-Meco, que me han llevado a Alcalá-Meco, por lo visto he extorsionado a banqueros, y a Miguel Blesa", explica el reo en la conversación, que después se justifica ante la información publicada en la prensa en la que se apuntaba que la Policía le estaba investigando por extorsión: "A mí no me han llamado para nada. Yo estoy tranquilo porque no tengo absolutamente nada. Como comprenderás no conozco a ningún banquero ni he tenido relación con ellos. Este de Ausbanc [Luis Pineda] a lo mejor no, oye, pues ese ya tenía fama efectivamente de extorsionar y de pedir. Será por su cuenta y riesgo, y a mi no me toca para nada, pero este del ABC ha querido aprovechar para decir que está este de Manos Limpias", asegura Miguel Bernad.

El secretario general de Manos Limpias se refiere al periodista de ABC Javier Chicote, que el 13 de abril de 2016 publicó que el pseudosindicato de funcionarios estaba siendo investigado por extorsión. En otra de las grabaciones, el propio Bernad anuncia a su interlocutor en la conversación telefónica su intención de enviar un "anónimo" al periodista del rotativo madrileño: "El siguiente soy yo", explica Bernad, que completa: "Le voy a enviar un anónimo a Chicote, diciendo que soy una persona que conozco bien muy al cabrón este de Manos Limpias,m que está metido en los papeles de Panamá, y vas a tener un gran éxito. Eso lo tenemos que preparar para que pique el tío y saque las cuentas ocultas del fascista".

Lotería de Manos Limpias

En otra de las llamadas de teléfono interceptadas por la Policía Judicial por orden del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, Luis Pineda ordena a su secretaria que envíe un sobre al entonces secretario general de Unicaja, Ángel Fernández Noriega, con Lotería de Manos Limpias, la organización que había denunciado al presidente de la caja malagueña, Braulio Medel, en una de las piezas separadas del caso de los ERE de Andalucía: "Déjale un sobre, con diez boletos de Lotería de Manos Limpias, que ponga para don Ángel, de parte de Luis Pineda", explica el presidente de Ausbanc que entre risas asegura: "La querella que tienen ellos es de Manos Limpias...".

Y por eso su secretaria le pregunta: "¿Seguro....entonces?". "Claro, por eso mismo. ¡Qué bueno!", le contesta Pineda, que entre sonrisas, dice: "Si les toca...". "¡Cómo te gusta hurgar en la herida macho...!", espeta la secretaria, que le recuerda a su jefe que en la carta le podía poner una dedicatoria en la tarjeta de Navidad. Y entonces el presidente de Ausbanc le dicta la misma: "Querido Ángel, que la felicidad de unos sea la de todos. Uno para todos, todos para uno", especifica Pineda en su llamada.

El secretario general de Unicaja, Ángel Fernández Noriega, admitió en su declaración ante el juez Pedraz que intentó que Luis Pineda le adelantara qué preguntas iba a hacer al presidente de la entidad bancaria, Braulio Medel, que está imputado en el caso de los ERE fraudulentos.

Medel, imputado en los ERE

Medel está investigado por su condición de vocal de la Agencia IFA, dependiente de la Junta andaluza, y por ello declaró ante el juez el 17 de febrero de 2016. En los días previos, Fernández Noriega tuvo varias conversaciones telefónicas con Pineda. Sin embargo, Fernández Noriega exculpó al presidente de la entidad del pago de un millón de euros a Ausbanc a cambio de que retirara la acusación contra él.

Según la Policía, Pineda utilizó a Miguel Bernad para intentar cobrar dos millones de euros para la empresa de seguridad LPM, de la que planeaba hacerse con el 20% de sus acciones, según especifica un documento de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del pasado 15 de noviembre.

A cambio, los integrantes de la trama ofrecieron al directivo de Caixabank Jaume Giró desimputar a la infanta Cristina, procesada en el caso Nóos. "Se vincula a Luis Pineda con la sociedad Seguridad LPM, para la cual Miguel Bernad, secretario de Manos Limpias, solicitó al propio Jaume Giró una ayuda de dos millones de euros a cambio de interceder a favor de retirar la acusación popular de Manos Limpias contra la infanta Cristina", completan los agentes en su informe.

El presunto cabecilla de la trama de Ausbanc, Luis Pineda, utilizó al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, para internar cobrar dos millones de euros para la empresa de seguridad LPM, de la que planeaba hacerse con el 20% de sus acciones, según especifica un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía del pasado 15 de noviembre.

A cambio, los integrantes de la trama ofrecieron al directivo de Caixabank Jaume Giró desimputar a la infanta Cristina, procesada en el caso Nóos. "Se vincula a Luis Pineda con la sociedad Seguridad LPM, para la cual Miguel Bernad, secretario de Manos Limpias, solicitó al propio Jaume Giró una ayuda de dos millones de euros a cambio de interceder a favor de retirar la acusación popular de Manos Limpias contra la infanta Cristina", explican los agentes en su informe.

"Asimismo, se deja entrever el interés de Luis Pineda en que Seguridad LPM fuese en cierto modo el beneficiario en las negociaciones tendentes a la retirada de la acusación de Manos Limpias contra la infanta Cristina, puesto que sería intención de Luis Pineda el posicionarse dentro de la sociedad Seguridad LPM y hacerse con parte del control de la misma, es decir, que en el objeto de las negociaciones se buscaba el favorecer a una sociedad en la que también podría tener vínculos Luis Pineda", especifica el dossier enviado por la Policía Judicial al instructor del caso en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

"Obligaciones más exigibles"

La cantidad reclamada, según la Policía, es una suma próxima a la que la Corporación LPM necesitaba a corto plazo para poder atender a las "obligaciones más exigibles", que eran de 2.565.581 euros. Además, y siempre según el informe policial al que ha tenido acceso infoLibre, la empresa LPM fue la que financió el viaje de Miguel Bernad a Barcelona para reunirse con el directivo de Caixabank el 7 de octubre de 2015 para tratar sobre el caso de la infanta.

Los agentes consideran que Pineda trató, en un primer momento, conseguir la financiación para LPM mediando con los directivos de Caixabank y Banco Sabadell que conocía y con las que había tenido "contactos habituales en el pasado, como lo son Jaume Giró y Gonzalo Barettino. Y presentándose él mismo como garante al manifestar que de conseguir el préstamo, Luis Pineda se posicionaría dentro de la empresa de manera relevante al hacerse con un 20% de la misma".

Pero Pineda no consiguió la financiación, tras lo que buscó "otra alternativa, que no es más que la de solicitar a Caixabank nuevamente dicha financiación pero a cambio de, por parte de Manos Limpias, desimputar a la infanta Cristinainfanta Cristina", relata el informe policial.

De esta forma, los integrantes de la trama intentaron obtener dicha financiación "por la vía del chantaje, en tanto en cuanto Manos Limpias retiraría la imputación de la infanta Cristina a cambio de que se concediese el préstamo necesario a su grupo empresarial", sostienen los policías.

"Sin utilizar al testaferro"

En este sentido, los agentes hacen mención a otro documento interceptado a Manos Limpias, elaborado en octubre de 2015, en el que se reflejaba un esquema elaborado por el pseudosindicato "de los puntos a tratar" para retirar la imputación de la infanta Cristina. "En el punto cuatro del mismo se refería la frase: Debemos articular la compensación a Manos Limpias, sin utilizar el denominado testaferro LPM", completa el informe de la Udef.

Los agentes, que han analizado los correos electrónicos de Pineda y de Bernad, destacan también que el primero solicitó en un mensaje a Jaume Giró que estudiara la posibilidad de conceder un crédito a LPM, manifestándole que en caso de materializarse, sería el propio Pineda el que se haría con el 20% del accionariado de LPM "a un precio interesante".

Asimismo, Pineda recalca en el correo que Lorenzo González, gerente de LPM, "ya le había contratado como abogado y consultor, en cierto modo, para reseñar que desempeña un determinado rol dentro de la Corporación LPM".

Entre la documentación requisada a Pineda se incluye un plan de negocios de LPM en el que se especifica que la Corporación empresarial LPM había solicitado a Caixabank, Santander y Banco Sabadell 11.000.000 euros para poder desarrollar su plan de negocio de los próximos 5 años. "De la suma mencionada, la Corporación necesita a corto plazo la cantidad de 2.565.581 euros para poder atender a las obligaciones más exigibles", completa el documento aludido en el informe policial.

Luis Pineda adoraba la repercusión pública. La ansiaba y la buscaba tanto como medio para promocionar su grupo de empresas o su falsa asociación de consumidores, como para darse bombo a sí mismo. Siempre ávido de publicidad, no se conformó con los medios que tuvo a su alcance para lanzar su mensaje, en apariencia una defensa de los consumidores y en el fondo parte de su estrategia de premiar a los que pagaban y atacar a los que se resistían. También llegó a pasearse por parlamentos autonómicos, desde donde ofrecía sus recetas para salir de la crisis, presumía de su doctorado o abroncaba a los políticos, según el día. Ciertamente iba para estrella hasta que se topó con la Policía Nacional y con el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Ahora no sólo está preso por extorsión, amenazas y organización criminal, sino que los insultos, descalificaciones, infamias y ataques que lanzó durante aquella época dorada se acumulan y lo persiguen hasta la cárcel de Soto del Real. Las condenas a Pineda llegan ya hasta más de 80.000 euros y, si prosperan las nuevas demandas en su contra, podrían subir hasta por encima de los 100.000, según las distintas denuncias y sentencias consultadas por infoLibre. Uno de los fallos, insólito por la pena impuesta, obliga a Pineda a tuitear durante 30 días que sí, que en efecto es un difamador. ¿Cómo ha llegado Pineda a verse así? ¿Contra quién se metió y qué dijo? ¿Atacó, como jefe de una asociación supuestamente dedicada a la defensa de los usuarios de banca, a algún banquero o gran empresario? No. El máximo objetivo de las iras de Pineda fue una persona bastante menos poderosa.

En el mismo ámbito de la defensa de los consumidores en el que Pineda aparentaba moverse había –hay– una figura que alcanzó antes que el presidente de Ausbanc una relevancia mediática mayor que la suya: el periodista Rubén Sánchez, portavoz de Facua. A Sánchez lo llamaban los medios antes que a Pineda para valorar noticias sobre cláusulas suelo, o sobre decisiones del Gobierno que afectaban a los consumidores, o sobre los riesgos del uso de tal o cual nuevo producto o servicio, o sobre la nueva campaña lanzada por su asociación. A Pineda le disgustaba este protagonismo de Sánchez, que además muy pronto, en 2012, comenzó a expresar en público sus dudas acerca de la verdadera naturaleza de Ausbanc. E incluso a mantener el cuerpo a cuerpo con Pineda, al que señalaba con el dedo cuando el jefe de Ausbanc aún estaba en la cresta de la ola.

"Cuando yo escribí aquel tuit contra Pineda, sabía que estaba atacando a alguien poderoso, con dinero y conexiones, bien relacionado. Pero la verdad es que no podía imaginarme lo que se me iba a venir encima", explica Sánchez. ¿De qué tuit está hablando? De este: "Hace 30 años el terrorista de ultraderecha Luis Pineda hoy presidente de Ausbanc montaba atentados para celebrar el 23F". El mensaje enlazaba a una noticia del diario El País de febrero de 1982 que daba cuenta de la detención, en virtud de la ley antiterrorista, de siete miembros de la organización radical de extrema derecha Frente de la Juventud, entre ellos Pineda, que habían lanzado cócteles molotov y objetos contundentes para conmemorar el primer aniversario del golpe de Estado.

Pineda trasladó a Sánchez, a través de un responsable jurídico de Ausbanc, su intención de denunciarlo por este tuit si no pagaba una cantidad cuya cuantificación dejaba decidir al propio Sánchez, según el burofax que le remitió. "Me vino a decir: 'Pon tú la cifra'. Alguien que quiere restaurar su honor no actúa así. Me pareció un comportamiento que describía cómo funcionaban. No retiré nada ni pagué nada, porque no había dicho ninguna falsedad. Y ahí supe que iba a pasar algo, tenía claro que habría una respuesta", explica Sánchez.

Marquesinas de autobús

Y pasó algo, en efecto. Pineda desencadenó una campaña feroz de insultos, insinuaciones injuriosas, descalificaciones, difamaciones... Se prolongó durante años. Iban contra Facua y contra Sánchez, pero también contra su pareja y contra su padre. Los ataques incluyeron publicidad contratada en marquesinas de Jaén, Málaga y Sevilla –ciudad de residencia de Sánchez– con el portavoz de Facua caracterizado como un forajido en la portada de una revista de Ausbanc y este texto: "SE BUSCA. Por colaborar con UGT para desviar fondos públicos. Por engañar a los consumidores e impedirles reclamar". En ocasiones Luis Pineda tuiteaba la foto de las marquesinas con la portada de la revista de Mercado de dinero en la que aparecía Sánchez como un delincuente mencionando al propio portavoz de Facua, para asegurarse de que éste la viera.

Hubo informaciones en la revista Mercado de dinero acusando a Sánchez y a Facua de corromperse y venderse, de estar implicados en los ERE o en una trama de facturas falsas. Por ejemplo, así de sutilmente empezaba un texto: “Matones a secas es lo que son Rubén y su clan mafioso”. Y también le lanzaba acusaciones de no defender a los consumidores sino sólo a los banqueros y empresarios que pasaban por la caja de Facua: es decir, el modus operandi de Ausbanc y Manos Limpias que ha descrito el juez Santiago Pedraz a lo largo de su instrucción.

La tirada de Mercado de dinero, donde se presentaba a Sánchez y por extensión a Facua como corruptos, llegó a superar los 50.000 ejemplares. El grueso de los artículos se basaban en especulaciones a partir del hecho, desvelado por los medios de comunicación, de que UGT, sindicato investigado en un mediático caso de facturas falsas, había sido cliente de la que era agencia de comunicación de Sánchez, Concepto 19. En octubre de aquel año Manos Limpias lo denunció, en una de sus prácticas habituales. La denuncia fue archivada. El portavoz de Facua nunca ha sido imputado por este caso ni por ningún otro. No obstante, lleva desde 2013 teniendo que defenderse de acusaciones.

Tuits con menciones a periodistas

Además de portadas y artículos de prensa, hubo incontables tuits del propio Pineda. Como éstos:

– Rubén de Facua es un fraude. Ataca a todos y el corrupto es él.

– Basta de corrupción FACUA Sánchez [incluyendo fotografía de marquesina con el cartel de SE BUSCA]

– Lo tu amigo (sic) y de Keka [pareja de Sánchez] que asesora como pasar droga por Aduanas es lo más. Sois un peligro, la verdad. Esa trama...

– A los Sánchez FACUA les pesaron sus billeteras y a ambas les diagnosticaron obesidad mórbida. Desvío fondos UGT a facturas Rubén Sánchez.

– Rubén da el perfil justito, justito. Gira facturas falsas y quiere que le perdonen. Menudo troll.

– Facua dice que defiende a los consumidores y luego les deja tirados si es con una empresa que da pasta a su Fundación.

– Pobre Gonzo [el famoso periodista de La Sexta]. No sabe que sólo le usan para obtener subvenciones. Facua apoya la Cláusula Suelo y desanima su denuncia.

En otro tuit lo acusaba de tener "sicarios" a su servicio. Pineda iba a hacer daño. No sólo ponía los tuits, sino que los dirigía a usuarios de Twitter influyentes o destacados, como al entonces vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, o a los periodistas Antonio Burgos, Julia Otero, Carlos Cuesta, Mamen Mendizábal, Hermann Tertsch... "Era una obsesión. Si no estás obsesionado, no tuiteas 60 veces sobre alguien en un día", recuerda Sánchez, que afirma: "No soy la misma persona que era. Esto me afectó mucho".

Sentencia firme del Supremo

Los ataques de Pineda duraron años. Pero Sánchez y Facua empezaron a defenderse pronto, en junio de 2013. No lograron frenar la campaña de Pineda, pero sí empezaron a sembrar procedimientos que han ido dando sus frutos. Pineda ya tiene tres sentencias en contra. Una de ellas es firme. El Tribunal Supremo confirmó el 11 de octubre una sentencia de un juzgado de Sevilla condenando a Pineda a eliminar de Twitter los comentarios lesivos (57 en total) y a publicar la sentencia en dicha red social "usando una herramienta para aumentar el número de caracteres permitidos, publicándolo durante 30 días en el horario de mañana (de 9 a 14 horas) o tarde (de 17 a 22 horas)". Además lo condena a pagar 4.000 euros.

Esta sentencia ya es firme. No obstante, los comentarios siguen ahí y Pineda no ha pagado nada todavía, dado que está en prisión y sus cuentas están embargadas. Ahora Sánchez debe solicitar la ejecución de la sentencia, que requerirá de la intervención del juez Pedraz, que instruye el caso que ha llevado a Pineda a la cárcel y que puede decidir ahora sobre sus cuentas.

Intromisión en el honor

Hay otra sentencia menos original en la condena impuesta pero más dura económicamente. El juzgado de primera instancia 11 de Sevilla acreditó en diciembre de 2015 la existencia de una intromisión del derecho al honor de Sánchez por parte de Pineda, Ausbanc y Luis Suárez Jordana, el que fuera director de Mercado de dinero. La condena es del pago subsidiario de 50.000 euros, que previsiblemente habrá de asumir Pineda, según Sánchez, que explica que Suárez Jordana, condenado por estafa en otro procedimiento, ha tenido problemas de solvencia. Pineda es además condenado a pagarle a Sánchez otros 30.000 euros, a retirar los comentarios de Twitter y a publicar en su cuenta el fallo durante diez días seguidos. Esta sentencia ha fue íntegramente confirmada por la Audiencia de Sevilla el 15 de noviembre.

La tercera sentencia condenatoria es de 2 de noviembre. Proviene de una demanda de Facua, no de Rubén Sánchez. Declara una intromisión en el derecho al honor de Facua por parte de Pineda. El juzgado 19 de Sevilla insta a Pineda a dejar de injuriar a Sánchez como portavoz de Facua, y a dejar de vincular a esta organización con casos de corrupción. También ordena a Pineda publicar la sentencia en su perfil de Twitter y en diversos medios de comunicación. No le impone sanción económica, ya que Facua no la solicitó.

Otra demanda por 44.000 euros

Hay una cuarta demanda interpuesta, también por Facua, en la que sí solicita 44.000 euros. Los demandados son Pineda, Suárez Jordana, Ausbanc y Mercado de dinero. Otra vez los insultos y difamaciones están documentados. El juicio será a finales de noviembre. Y previsiblemente no será el último. Hay previstas más demandas, explica Sánchez, tanto por parte del portavoz de Facua como de su pareja, que también fue objeto de ataques de Pineda. "Le montó una campaña diciendo que era una acosadora, que está conmigo para lavar mi imagen de homosexual", explica Sánchez. En efecto, numerosos tuits atestiguan las continuas referencias de Pineda al "armario" donde se encontraría Sánchez. La sexualidad de Sánchez parecía obsesionar a Pineda.

La detención en abril de Pineda supuso una buena noticia para el portavoz de Facua. "Ayudó a que calara la idea de que no sólo fuimos víctimas, sino que nos atrevimos a enfrentarnos a Pineda y a Ausbanc, y que el precio fue esa campaña de calumnias", afirma. Pero añade: "A mí me siguen preguntando en redes por las facturas falsas de UGT. No todos los días, como antes, pero me siguen preguntando".