Meta eliminó en 2023 dos redes de cuentas falsas en Facebook e Instagram creadas por otras tantas empresas españolas de software espía, Mollitiam Industries y Variston IT. La compañía de Mark Zuckerberg lo revela en su más reciente informe sobre amenazas, publicado este mismo mes y donde da cuenta de la supresión de seis redes distintas de cuentas falsas pertenecientes a ocho empresas con domicilio social en España, Italia y Emiratos Árabes Unidos. Las cuentas suprimidas las empleaban estas compañías para poner a prueba sus propias capacidades para infectar y extraer información de posibles objetivos.

Tanto Mollitiam Industries como Variston IT ya han sido señaladas por Reporteros sin Fronteras y por Google por sus actividades de espionaje al servicio de gobiernos extranjeros. Según publicó el año pasado infoLibre, Mollitiam ha vendido programas espía tanto al Ejército de Colombia, que los utilizó para espiar a periodistas, activistas y políticos, como a la dictadura de Vietnam. Reporteros sin Fronteras la incluyó en 2020 entre los 20 depredadores digitales de la libertad de prensa. La revista colombiana Semana desveló ese mismo año las operaciones ilegales que los militares habían llevado a cabo en lo que se conoció como el escándalo carpetas secretas. Pero tres años después, el Ejército seguía utilizando el software espía de Mollitiam, según desveló una investigación del consorcio Forbidden Stories, basada en una filtración de correos internos del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia y en la que participó este periódico.

Otra investigación, llevada a cabo por la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece también infoLibre, destapó que Mollitiam había suministrado al régimen vietnamita, una dictadura comunista que persigue a los disidentes y muestra escaso respeto por los derechos humanos, uno de sus programas más publicitados, que lleva el nombre de Invisible Man.

Además, la empresa española firmó en 2019 un acuerdo de confidencialidad con la compañía francesa Nexa, que también había vendido su software estrella, Predator, al Gobierno de Vietnam. Al mismo tiempo, Mollitiam proporcionó a Nexa un folleto de presentación de sus sistemas de infección y control remoto invisible de objetivos conectados a internet. Es decir, le ofrecía las mismas herramientas de cibervigilancia en los que se había especializado la francesa y su socio israelí Intellexa. Esa fue una de las revelaciones de los PredatorFiles, la investigación de EIC que desveló la venta a dictaduras, con la complicidad europea, de material de vigilancia de estas empresas.

Mollitiam es una pequeña empresa con sede en Toledo, nacida en 2018 y con una facturación media de 1,12 millones de euros anuales entre 2019 y 2021. Sus promotores tienen una larga experiencia en el sector de la cibervigilancia. Los socios mayoritarios, Esther y Samuel Álvarez González, ya crearon en 2007 el Grupo In-Nova, que en 2016 trabajó para el Ejército de Brasil en la formación de un grupo de élite especializado en luchar contra el cibercrimen. Ya antes, en 2012, es la empresaria española en Perú, cuando la Fundación In-Nova, que ella preside, firmó un convenio de colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) peruano. En 2014 Esther Álvarez viajó a Ecuador, donde expuso sus conocimientos sobre ciberdefensa. Cuatro años después, In-Nova figuraba como habilitada en el Registro de Proveedores de Bienes Estratégicos del Gobierno ecuatoriano.

En Colombia, los hermanos Álvarez crearon la empresa In-Nova Colombia SAS, que dirige un proyecto de consultoría con el Comando de Apoyo Tecnológico del Ejército (COATE). Como publicó infoLibre, en 2016 In-Nova participó en un proyecto de cooperación tecnológica entre España y Colombia para la transferencia de conocimiento en relación con sistemas autónomos de navegación y plataformas aéreas, con aplicación en vehículos aéreos no tripulados (UAV o drones), dirigido a oficiales de las Fuerzas Armadas colombianas.

Mientras, en España, Mollitiam vendió a la Guardia Civil en 2019 y por 302.500 euros un sistema de monitorización remota de comunicaciones desde móviles. También una herramienta para monitorizar redes sociales por 18.059, según publicó en su día El Salto. A In-Nova, el Ministerio de Defensa le adjudicó en 2015 el suministro de un prototipo de red de comunicaciones tácticas y, entre 2018 y 2022, cuatro contratos más por un importe total de 134.950 euros. Una de esas licitaciones fue para un sistema de interceptación.

Pues bien, según Meta, Mollitiam creó el año pasado una serie de cuentas falsas en Facebook e Instagram con las que ponía a prueba la capacidad de sus propias herramientas para infectar y extraer información de posibles objetivos. El informe detalla que la empresa toledana utiliza enlaces para loguear IP que le permiten rastrear las direcciones IP, la serie numérica que identifica a un ordenador u otro dispositivo en internet. También se dedica al phishing y a otras técnicas de ingeniería social –con las que se manipula a los usuarios para que revelen información confidencial, transfieran dinero o se descarguen programas maliciosos, por ejemplo– contra “opositores políticos, periodistas, activistas anticorrupción y contra los abusos policiales en España, Colombia y Perú”, asegura la compañía de Zuckerberg.

infoLibre ha preguntado a Meta por los periodistas, opositores y activistas que han sido objeto del espionaje de Mollitiam Industries tanto en España como en los otros dos países citados, pero la compañía estadounidense se ha negado a ampliar los datos incluidos en su informe. También le ha preguntado si ha presentado alguna denuncia en los tribunales de esos tres países, porque la ingeniería social es un delito. Facebook empezó a enviar en 2015 alertas de seguridad a los usuarios víctimas de ataques de este tipo de empresas o directamente de algún gobierno. También lo hace ahora con los usuarios de Instagram. Las actividades ilegales de Mollitiam Industrias en Colombia y Perú ya habían quedado al descubierto, pero no las llevadas a cabo en España, que Meta no ha querido concretar.

Tampoco Mollitiam y Variston han contestado a las preguntas que sobre el informe de Meta les ha enviado infoLibre.

La operativa de Variston IT es similar a la de Mollitiam Industries. “Usa cuentas falsas para desarrollar y probar exploits [programas que aprovechan las vulnerabilidades de una aplicación o sistema informático], compartiendo enlaces maliciosos y haciendo llamadas entre ellas en lo que parece un intento de validar su capacidad de ataque a iOS y Android”.

Variston IT es una empresa con sede en Barcelona cuyos propietarios y administradores son el alemán Ralf Dieter Wegener y el indio Ramanan Jayaraman. Según el ranking de empresas exportadoras de la empresa semipública Cesce –Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, que asegura las operaciones internacionales de las empresas españolas–, Variston exportó por valor de 14,36 millones de euros en 2021, casi un 10% más que el año anterior. Todas sus ventas fueron al extranjero. Fundada en 2018, tiene un capital social de 100.000 euros y una plantilla de 87 trabajadores. Según Meta, posee una filial en Italia, TrueLIT, también implicada en la creación de las cuentas falsas de Facebook e Instagram.

Sus actividades quedaron al descubierto cuando el Grupo de Amenazas de Google publicó en noviembre de 2022 que uno de los productos de Variston IT, Heliconia, explotaba vulnerabilidades de Chrome, Firefox y Microsoft Defender. En marzo de 2023 reveló que Variston o uno de sus clientes o socios había utilizado enlaces maliciosos enviados por SMS a usuarios ubicados en Emiratos Árabes Unidos. La página de destino a la que eran dirigidos los usuarios atacados era idéntica a la de Heliconia que había denunciado Google cuatro meses antes. En el descubrimiento de este ataque intervino también el Security Lab de Amnistía Internacional.

Meta y Google coinciden a la hora de advertir ante el enorme y rápido crecimiento de la industria del software espía. Estas empresas “han desarrollado capacidades que antes sólo estaban disponibles para gobiernos con mucho dinero y experiencia técnica”, destacaba Google en su informe de noviembre de 2022. La cibervigilancia puede ser legal dependiendo de las leyes nacionales de cada país, pero, añade, “a menudo se utiliza de manera perjudicial para llevar a cabo espionaje informático contra determinados grupos” de personas: periodistas, activistas de derechos humanos, opositores políticos o disidentes.

Incluso puede tener el apoyo financiero de los Estados. Es el caso de Mollitiam Industries. Para desarrollar una de sus herramientas, llamada Phoenix y que la propia empresa define como “un prototipo para la detección de posibles radicales en las redes sociales”, la empresa de Toledo contó con una subvención de 641.827 euros, abonados a partes iguales por la Unión Europea –a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder)– y por el Gobierno español, a través del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación). La subvención le fue concedida en 2019 y el resultado fue “un sistema modular de monitorización masiva para producir inteligencia a partir de la descarga anónima de datos no estructurados procedentes de redes sociales, darknets y deepwebs”, tal y como se publicita en su página web.

Pero no fue la única ayuda pública que recibió Mollitiam Industries. En mayo de 2021, el CDTI le concedió 450.000 euros en una operación para promover la innovación empresarial en la que también invirtió el fondo del Gobierno vasco Easo Ventures. La subvencionó con otros 410.394 euros a través de los proyectos Cien y Eureka, según figura en las cuentas de 2021 de Mollitiam.

Además, una ayuda de 59.636 euros sirvió a Mollitiam Industries para desarrollar el proyecto Electro I+D, que mide el nivel de “resiliencia en redes OT (civiles y defensa) frente a ciberataques”. El 80% del dinero vino de Europa, vía Feder, y el resto lo puso la Junta de Castilla-La Mancha. Esas mismas instituciones le otorgaron 50.751 euros para el proyecto Cibermarkint, “una plataforma Osint de inteligencia artificial”. Finalmente, recibió del Gobierno manchego una nueva ayuda de 15.941 euros a través del programa Adelante Inversión.

En total, se embolsó más de 1,6 millones de dinero de los contribuyentes en cinco años.

Meta explica en el informe que sus hallazgos permiten rastrear dónde están enfocando ahora las empresas de software espía el desarrollo de sus herramientas. La creación de cuentas falsas para probar sus nuevas armas de infección es sólo una primera fase de lo que el informe de Zuckerberg llama “cadena de ataque” de los programas espía. “Aunque el debate público suele centrarse en la fase de explotación [la última, tras las de reconocimiento e intervención, cuando los dispositivos y cuentas de los usuarios ya han sido comprometidos], es fundamental interrumplir el ciclo de vida completo del ataque en las primeras fases”, advierte Meta.

El 14 de febrero de 2020, la policía de Costa Rica recibió un inesperado regalo de San Valentín: en un contenedor con plantas decorativas encontraron 3,8 toneladas de cocaína. Las autoridades no dieron muchos detalles sobre quién estaba detrás del alijo, que fue detectado en el puerto de Limón, en el mar Caribe. Pero poco tiempo después, la policía de los Países Bajos hizo otro hallazgo: al desencriptar la plataforma de chat cifrado SkyECC, descubrieron que un holandés de 41 años había desempeñado un papel clave en esa operación desde el ordenador de su casa en la ciudad portuaria de Róterdam.

Sobre el papel, Davy de Valk parecía tener problemas para conservar un trabajo estable. Aunque afirmaba haber estudiado informática, los fiscales holandeses descubrieron que vivía de las ayudas sociales, según se recoge en el escrito de su acusación. No obstante, las conversaciones desencriptadas revelaron cómo De Valk hacía de forma regular –y bien pagada– trabajos como hacker de sombrero negro, término empleado para aquellos que piratean con fines criminales. Su especialidad era penetrar en los sistemas informáticos de los mayores puertos europeos y vender la información obtenida a los narcotraficantes. 

Para mover su mercancía, las organizaciones criminales tradicionalmente tenían que sobornar a la larga cadena que compone el personal portuario, desde los operarios de las grúas hasta los inspectores de aduanas. Pero la creciente digitalización y automatización de la logística del transporte marítimo ofrece nuevas oportunidades de infiltración. Así, con la información que hackers como De Valk pueden ofrecer, los expertos señalan que los narcos necesitan ahora apenas a un empleado corrupto y al conductor de un camión.

A partir de documentos judiciales e informes policiales, así como de análisis de ciberseguridad del hackeo perpetrado por De Valk, OCCRP –red a la que pertenece infoLibre– y su socio checo investigace.cz han juntado las piezas sobre cómo este individuo y sus colaboradores penetraron en los sistemas informáticos de dos de los principales puertos europeos, Amberes y Róterdam. Y emplearon métodos que, en algunos casos, eran casi de novatos.

Un tribunal holandés sentenció que De Valk había conseguido controlar cómo los contenedores eran escaneados en el puerto de Róterdam, lo que le permitió asesorar a sus clientes sobre dónde esconder la droga para evitar que fuera detectada. También logró penetrar en el sistema informático del puerto de Amberes con un malware cargado en una memoria USB, que fue conectada a la red por una empleada corrupta de las oficinas. Así, obtuvo acceso a unos datos que permitieron a sus clientes recoger la droga sin llamar la atención, según reveló el tribunal. 

De Valk cobró cientos de miles de euros por sus servicios, tal y como consta en los chats interceptados, pese a que sus métodos de pirateo eran relativamente rudimentarios. “Es un tipo de trabajo de bajo nivel”, indicó a OCCRP Ken Munro, quien dirige una consultora de seguridad en el Reino Unido, tras revisar los detalles del ciberataque de De Valk en el puerto de Amberes. “Es un ataque ruidoso que debería haber activado numerosas alertas, si los sistemas del puerto de Amberes hubieran estado preparados para detectar este tipo de acciones”, añadió.

Un análisis del hackeo de De Valk, que OCCRP desvela en detalle por primera vez en NarcoFiles resalta cómo las vulnerabilidades en estos puertos los han convertido en coladores para que la cocaína inunde Europa en cantidades nunca vistas antes. En su defensa, De Valk argumentó que estaba realizando una investigación encubierta para desarrollar un videojuego sobre el tráfico de drogas, y que sólo vendió a sus clientes criminales información incorrecta. El tribunal desestimó esa explicación por considerarla “completamente inverosímil” y lo condenó en 2022 a 10 años de prisión por varios delitos, entre ellos, piratería informática, así como por complicidad con el tráfico de cocaína.

OCCRP envió numerosos correos electrónicos y realizó numerosas llamadas telefónicas a los abogados de De Valk pidiéndoles un comentario, incluyendo si iban a recurrir la sentencia. Pero no contestaron y no está claro si está cumpliendo su condena.

La enorme cantidad de contenedores que circulan por los principales puertos europeos ofrece un sinfín de oportunidades que los narcotraficantes aprovechan. De los 98 millones de contenedores que circularon en 2021, apenas un 2% fue inspeccionado.

Sólo en 2022 y sólo en los puertos de Amberes y Róterdam, las autoridades se incautaron de la cantidad récord de 160 toneladas de cocaína. Según los expertos, esta cifra representa menos de un tercio del total que pasa por el puerto, según un informe interno de Europol obtenido por OCCRP e investigace.cz.

El problema es que estos puertos comerciales se han diseñado para ser eficientes, no seguros. Se construyeron para “cargar un contenedor o llevar una carga del punto A al punto B en el menor tiempo posible y al menor precio”, explica a OCCRP Jan Janse, jefe de distrito de la policía portuaria de Róterdam.

En las semanas previas a la incautación en Costa Rica, De Valk ofreció sus servicios y tarifas a diversos clientes en la plataforma de chat encriptado SkyECC. Al controlar el historial de escaneado de las compañías que regularmente envían contenedores a Róterdam, De Valk pudo recomendarles qué líneas de transporte marítimo eran sometidas a menos registros. Y, por ende, cuáles eran los mejores objetivos para esconder la cocaína, aparentemente sin que las navieras lo supieran.

Si el contenedor llegaba a Róterdam, De Valk ayudaba a sus clientes a retirar el cargamento cancelando el servicio original de recogida. Luego, falsificaba las órdenes de transporte, lo cual permitía que sus clientes recogieran ellos mismos el contenedor, lo sacaran del puerto y, con toda la tranquilidad del mundo, descargaran la droga. El precio total por este servicio era 500.000 euros. “Tienes una compañía que no va a pasar por el escáner y tu transportista puede sacarlo sin problemas”, escribió De Valk en uno de los mensajes de SkyECC que se mencionan en su condena judicial. De Valk se refería a las navieras que consideraba seguras y que recomendaba a sus clientes como “mis líneas”.

Para el cargamento interceptado en Costa Rica, De Valk recomendó un contenedor empleado por Vinkaplant, una reconocida compañía holandesa de importación y exportación de plantas tropicales que se desplaza con frecuencia a viveros en Costa Rica y otros países de Centroamérica. “Dentro hay plantas. Es fácil de cargar. No está lleno”, escribió De Valk a su cliente, que no fue identificado por el tribunal. Esta forma de aprovecharse de una compañía legal suele producirse sin que ella lo sepa. Vinkaplant no fue acusada.

En esta ocasión, sin embargo, la “línea” de De Valk falló. En un registro rutinario, la policía de Costa Rica detectó una discrepancia sospechosa: el peso del contenedor no coincidía con el peso declarado. Una inspección encontró que, además de 20 torres de plantas ornamentales, el contenedor tenía maletines que contenían 5.048 paquetes negros, la mayoría con cocaína pura.

Para la labor de De Valk era fundamental acceder a los códigos PIN de los contenedores: son números únicos de referencia, asignados a cada contenedor por la naviera cuando ya se pagó el flete. Para recuperar el contenedor en el muelle, los transportistas tienen que mostrar el código correcto, además de otra documentación.

En 2018, las autoridades del puerto de Róterdam detectaron un aumento de los informes sobre contenedores robados, desaparecidos, entregados en direcciones equivocadas o que aparecían en lugares inesperados. Las autoridades se dieron cuenta de que las redes criminales habían descubierto un nuevo modus operandi para el narcotráfico, que Europol bautizó “fraude del código PIN”.

Los traficantes se dieron cuenta de que, accediendo ilegalmente a los códigos PIN de los contenedores –con la ayuda de empleados portuarios corruptos o hackeándolos– podían recuperar el contenedor haciéndose pasar por la compañía de transporte encargada de retirarlo. Estos datos, así como el número del contenedor, también les permiten seguir el estado del cargamento en el puerto, incluyendo el momento en que está listo para ser recogido.

Sin estos códigos, los traficantes tenían que recurrir a métodos más arriesgados, como enviar a un equipo para forzar los contenedores dentro del puerto y huir con la mercancía ilegal. Ha habido también casos de contenedores conocidos como “caballos de Troya”, en los que equipos de extracción se cuelan en el puerto dentro de un contenedor y esperan, a veces durante días, hasta que llega su cargamento de droga y tienen la oportunidad de recuperarlo.

Las facilidades que proporciona el fraude con los códigos PIN explica el elevado precio de los datos: las conversaciones interceptadas muestran que los criminales han llegado a pagar de 20.000 a 300.000 euros por esos códigos, según un informe interno de Europol.

La gran cantidad de personal portuario y de transporte con acceso a esos números de serie –algunas navieras emplean hasta 10.000 personas– ofrece muchas oportunidades a los traficantes. “Es fácil encontrar a alguien que tenga acceso a este código, pagarle y conseguirlo”, advierte el jefe de distrito de la policía portuaria de Róterdam, Jan Janse. “Si no aceptas la primera vez, lo intentarán en una segunda ocasión cuando estés haciendo la compra y quizás intenten ofrecerte dinero en una tercera ocasión. Hay [también] casos en los que, desde luego, le han dicho a la gente ‘sabemos a qué escuela van tus hijos”. Este tipo de corrupción es el principal método empleado por los criminales para acceder a información interna, entre ellas, los códigos PIN, añade Janse.

Los chats de De Valk dejan claro que él y sus colaboradores tenían acceso a información interna sobre el movimiento de contenedores en el puerto de Róterdam. El tribunal holandés averiguó que De Valk, como parte de su esfuerzo para organizar el envío del contenedor interceptado en Costa Rica, había falsificado una orden de transporte, la había compartido con sus colaboradores y cancelado al transportista legítimo. En un chat, citado en la sentencia, envió a sus clientes la imagen de una orden de transporte y escribió: “Bajo la referencia está el código PIN".

Además de esa redada en Costa Rica, De Valk fue condenado por ayudar a organizar otro envío de más de 200 kilogramos de cocaína, que la policía encontró en Róterdam en 2020 escondidos en un contenedor de vino.

Los investigadores descubrieron chats cifrados de SkyECC en los que De Valk preparaba una orden de transporte y correos electrónicos falsos para facilitar la recogida, utilizando datos clave sobre el contenedor proporcionados por un miembro no identificado de un chat grupal. El escrito de acusación ofrece detalles adicionales: De Valk y otros miembros del chat accedieron al software de gestión de los contenedores del puerto y, con la ayuda de “posibles contactos portuarios corruptos”, tenían “una visión directa de la entrada del contenedor, los números de registro correspondientes y los tiempos de carga y descarga”.

Se desconocen los detalles precisos de cómo lograron acceder a esta información en el puerto de Róterdam. Pero las andanzas de De Valk en Amberes ofrecen una pista. Días después de que el cargamento de vino fuera interceptado en Róterdam, De Valk se enfocó en un nuevo objetivo con la ayuda de un holandés llamado Bob Zwaneveld, según consta en sus condenas judiciales.

Zwaneveld, de 57 años, no encaja con la imagen típica de un capo criminal. Antes de su captura en 2021, aseguró que había pasado siete años viviendo en una caravana en un parque de atracciones. Oficialmente, estaba desempleado, excepto por algún trabajo ocasional que conseguía en la construcción. Pero, en realidad, se dedicaba el tráfico de cocaína y de armas, lo que le valió una condena de 12 años de prisión en 2022.

OCCRP intentó en múltiples ocasiones ponerse en contacto con Zwaneveld a través de sus representantes legales, solicitándoles comentarios sobre la condena y preguntándoles si iban a recurrirla, pero no ha recibido ninguna respuesta. No está claro si está cumpliendo su condena.

Los chats muestran que Zwaneveld desempeñó un papel como coordinador en varios negocios de drogas en 2020, entre ellos, la venta a un amigo del Reino Unido de 100 “colos”, término que él y otros utilizaban para referirse a kilos de cocaína colombiana. También mantenía negociaciones periódicas a través de plataformas de chat encriptadas sobre la compra, venta o entrega de armas de fuego, granadas de mano y municiones.

Juntos, Zwaneveld y De Valk planearon infiltrarse en la terminal de Amberes, que gestiona el segundo mayor volumen de contenedores marítimos de Europa después de Róterdam. Para hacerlo, necesitaban la ayuda de alguien de dentro, en este caso, una empleada de las oficinas del puerto. Según contó ella a la policía belga, alguien se le acercó y le ofreció 10.000 euros por insertar una memoria USB en un ordenador de su lugar de trabajo. Después de aceptar, le dieron un teléfono Sky –un dispositivo seguro con la aplicación de mensajería cifrada– para comunicarse con un usuario de la cuenta SkyECC identificado en el tribunal sólo como 7MIOBC, quien compartió sus consultas en un chat grupal con De Valk y Zwaneveld.

La empleada portuaria fue condenada en un tribunal belga en marzo, según publicó la prensa local, que no dio detalles sobre la condena ni avanzó si sería recurrida. La mujer no respondió a las solicitudes de entrevista que le envió OCCRP.

Una vez que De Valk terminó de preparar la memoria USB, ésta pasó por varias manos, incluidas las de Zwaneveld, antes de llegar a la empleada del puerto. “Simplemente activa el programa en la memoria USB. Haz doble clic y espera 15 segundos, luego podrás sacarlo nuevamente”, le indicó De Valk. Poco después, la operación estaba en marcha.

“Sí, lo tengo”, escribió en el chat grupal, enviando una captura de pantalla que mostraba su acceso al ordenador de la empleada, con la palabra “usuario”, seguida de una foto con carpetas y unidades de disco. El usuario 7MIOBC respondió con una foto de la USB conectada al ordenador de la oficina del terminal de Amberes. Después de que la empleada del puerto abriera el archivo en la USB e instalara el malware, De Valk ejecutó una serie de “actividades maliciosas” en el sistema, según un informe forense sobre el hackeo, realizado por la empresa holandesa de ciberseguridad Northwave y que aparece citado en su condena.

De Valk abrió Solvo, el programa de gestión de contenedores de Amberes, el 21 de septiembre. Los registros de actividad muestran que a las cuatro de la madrugada abrió un manual de usuario del programa, probablemente “para investigar qué datos podía obtener a través de Solvo (por ejemplo, cómo buscar ubicaciones de contenedores)”, escribió Northwave en su informe. El programa permitía a De Valk ver una amplia gama de información relacionada con la dotación de personal y la gestión y ubicación de los contenedores de envío. Incluso, le permitía generar él mismo números PIN, según la empresa de ciberseguridad.

Los chats revelan que De Valk también intentó clonar las tarjetas de identificación del personal del puerto. Unos días después, envió una fotografía al chat grupal de SkyECC mostrando una pantalla de un computador con el texto “badge” –identificación– y “alfa pass” –pase alfa– , que se refiere a las tarjetas plásticas que utilizan los empleados del puerto para acceder a diferentes áreas de las instalaciones. “Creo que pronto podremos crear una tarjeta nosotros mismos”, escribió.

No se sabe si De Valk finalmente logró fabricar dichas identificaciones. El tribunal tampoco vio ninguna prueba de que De Valk estuviera involucrado en otros intentos de tráfico de droga después del hackeo de septiembre de 2020. Sin embargo, hay pruebas de que estuvo activo en el sistema informático de la terminal de Amberes hasta al menos el 24 de abril de 2021, según la investigación de Northwave. De Valk no respondió a las solicitudes de comentarios que le envió OCCRP.

Los registros que Northwave pudo recuperar sugieren que De Valk accedió al software de contenedores Solvo varias veces entre el 19 de octubre y el 24 de abril de 2021, visitando páginas que controlaban contenedores, vehículos, pases del personal y nombres de transportistas. Si bien se desconoce la actividad de De Valk después de este periodo, la fiscalía señaló que un análisis de su ordenador portátil muestra que siguió conversando “con varias personas sobre modos de transporte y cargas en cubierta” hasta agosto de 2021. 

Se desconoce el alcance total de lo que consiguió De Valk antes de su captura en septiembre de 2021. Pero la policía cree que forma parte de un fenómeno más extendido de fraude con códigos PIN que ha permitido la entrada de al menos 200 toneladas de cocaína a través de Róterdam y Amberes desde 2018.

Kurt Boudry, un alto oficial de la policía federal de Bélgica, señala que, cuando comenzaron a investigar los chats de SkyECC interceptados, esperaban desmantelar lo que llamaban el “puerto negro”. Es decir, la red de empleados portuarios corruptos, camioneros y otras personas que hacen posible el narcotráfico. “Pero no sabíamos que iba a ser tan grande”, admite Boudry a OCCRP.

Según un informe de Europol de 2023, es probable que no se denuncien todos los fraudes relacionados con códigos PIN, y es posible que también esté ocurriendo en otros puertos europeos. En algunos casos, después de descargar la mercancía ilegal fuera del puerto, los camioneros que trabajan con los narcotraficantes entregan el contenedor a su importador legítimo. Lo que significa que algunos casos nunca son detectados o denunciados, indica el informe.

Janse, jefe de policía del distrito del puerto de Róterdam, insiste en que el principal frente de lucha contra los traficantes es su capacidad para corromper los puertos utilizando tanto el dinero como la intimidación. Las autoridades portuarias y las navieras están experimentando con nuevos métodos para reforzar la seguridad, incluso ofreciendo formación a los empleados y limitando el número de personas que tienen acceso a datos que puedan ser usados por los traficantes, añade. “No estoy diciendo que vayamos a ganar esta guerra, pero sí que podemos hacerla más controlable”, apunta Janse.

Interferencia de Radios UCR y Brecht Castel (Knack) han colaborado en esta investigación.

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Esta información es parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten. El proyecto se originó con una filtración sin precedentes de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 accedieron a los datos a través de dos organizaciones: Distributed Denial of Secrets y Enlace Hacktivista. Luego compartieron el material con más de 40 medios de comunicación, entre ellos infoLibre y Narcodiario en España. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.

A partir de las pistas encontradas en los datos filtrados, los periodistas han elaborado docenas de artículos que revelan las múltiples formas en las que los grupos del crimen organizado evolucionan, se expanden y experimentan en el mundo moderno, dejando nuevas víctimas a su paso.

La filtración de documentos pertenecientes a la Fiscalía General de la Nación de Colombia ha expuesto las identidades de más de 100 agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos y de otras fuerzas de seguridad federales, junto con las de decenas de sus homólogos colombianos y de otros países.

En concreto, han quedado al descubierto los nombres de al menos 90 agentes de la DEA y de al menos 15 investigadores de Homeland Security Investigations (HSI, el Departamento de Seguridad Interior) de Estados Unidos. La filtración es la base de NarcoFiles, el proyecto coordinado por OCCRP y Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y compartido con 40 medios de comunicación de todo el mundo, incluido infoLibre, que ha participado en la investigación y la publica en España.

Los periodistas han examinado y verificado el material obtenido con la filtración, gracias a la consulta de cientos de documentos y bases de datos y después de cerrar múltilples entrevistas. Pese a que la DEA en sí misma no sufrió ningún hackeo y que los periodistas participantes en el proyecto no van a publicar ni los nombres ni ningún dato que permita identificar a los agentes, la filtración demuestra una sorprendente falta de medidas de seguridad por parte de Colombia, un aliado estratégico de Estados Unidos en la guerra contra los cárteles de la droga.

“Esto es una de sus pesadillas [de las agencias] porque [los cárteles]… pueden identificar a agentes e informantes, especialmente si aún estás en el país”, advierte Mike Vigil, un ex jefe de operaciones internacionales de la DEA que participó en la expansión global de la agencia: “Cada vez que personas no autorizadas obtienen los nombres de un agente o un informante, no es difícil localizarlos”.

Un cártel quizás no quiera arriesgarse a las consecuencias de asesinar a un agente de la DEA, sostiene Vigil, pero “para ellos los informantes son presa fácil, porque se les considera traidores y los matarán para mandar un mensaje a otros que estén pensando en cooperar”.

En octubre de 2022, la Fiscalía de Colombia reconoció en un comunicado que había sido hackeada, pero no precisó qué información quedó expuesta en el ataque virtual. La filtración supone potencialmente una mayor amenaza para Colombia, ya que incluye los nombres de agentes encubiertos, testigos e información clave sobre informantes.

Una organización hacktivista que se autodenomina Guacamaya se atribuyó la autoría. Guacamaya anunció también que había hackeado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como instituciones militares en Chile, Perú, El Salvador y Colombia, entre otros países –aparentemente explotando una vulnerabilidad en el servidor de correo electrónico Microsoft Exchange, que es utilizado por empresas y gobiernos de todo el mundo. En su manifiesto, Guacamaya califica a la Fiscalía de Colombia como “uno de los organismos más corruptos del país” y la acusa de servilismo a los intereses de Estados Unidos.

Tras hackear la fiscalía, Guacamaya compartió los cinco terabytes de información obtenidos, que incluyen unos siete millones de correos electrónicos, con dos grupos, que a su vez compartieron los datos con los periodistas.

Los portavoces de la DEA y el Departamento de Justicia de EEUU no han respondido a los múltiples correos electrónicos que OCCRP les ha enviado solicitando sus comentarios.

Los documentos de NarcoFiles incluyen decenas de solicitudes de asistencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos para realizar interceptaciones telefónicas, vigilancias, detenciones y extradiciones de sospechosos perseguidos por narcotráfico y blanqueo de dinero.

Al ser documentos vinculados a investigaciones que van a ser utilizadas, o ya lo fueron, en los tribunales, muchos de ellos incluyen los nombres de los agentes que investigaron casos específicos. Además, en el caso de testigos y/o informantes, a menudo figuran su número de teléfono y otras informaciones que los pueden poner en peligro. En algunos documentos también se mencionan los números de teléfono y los alias de sospechosos sobre los que la DEA solicita ayuda para rastrearlos. En los documentos colombianos aparecen igualmente numerosos detalles personales de agentes encubiertos colombianos y de sus familiares, a menudo documentando antecedentes personales.

Sin embargo, la política de la DEA exige que los datos sobre los informantes se guarden en formularios especiales que estén protegidos y que sólo sean accesibles bajo circunstancias documentadas, explica Vigil, el antiguo jefe de operaciones de la agencia antidrogas estadounidense. “Si en algún documento se mencionaba al informante, siempre era un número”, detalla Vigil, añadiendo que estos datos nunca se comparten con el país anfitrión, porque “siempre existe un riesgo”.

En NarcoFiles, OCCRP identificó al menos a 90 miembros de la DEA, la mayoría de los cuales trabajan en Colombia o con ese país latinoamericano. Algunos aparecen en casos judiciales o documentos públicos, pero muchos de ellos no tienen rastro alguno en internet.

Tom Devine, director legal del Government Accountability Project, un grupo que representa a informantes en casos contra el Gobierno de Estados Unidos, indica que la identificación del personal de la DEA “representa un riesgo que pone en peligro la vida de esos agentes”. “Hay una gran diferencia entre un rumor y la confirmación por parte del Gobierno de EEUU de una relación de trabajo”, subraya Devine.

Colombia ha recibido más de 13.000 millones de dólares en ayuda exterior estadounidense desde el año 2000, gran parte de ellos para el Ejército y en apoyo de la guerra contra el narcotráfico. Pero no está claro hasta qué punto la DEA ha financiado y asesorado a Colombia en materia de ciberseguridad, ni qué exigencias ha impuesto a la protección de información sensible.

Colombia ocupa el puesto 81 de 182 naciones en el Índice Global de Ciberseguridad de 2020, publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones con la colaboración de las Naciones Unidas. El índice mide las leyes, la capacidad tecnológica, las estructuras organizativas y la cooperación global de un país.

“La tendencia continuada de la región a sufrir grandes crisis cibernéticas gubernamentales es una prueba fehaciente de que debe intensificarse el esfuerzo coordinado a escala nacional y regional”, aconsejaba el centro de estudios Council of Foreign Relations, en un blog de expertos el pasado mes de marzo, citando precisamente los hackeos de Guacamaya.

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Esta información es parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten. El proyecto se originó con una filtración sin precedentes de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 accedieron a los datos a través de dos organizaciones: Distributed Denial of Secrets y Enlace Hacktivista. Luego compartieron el material con más de 40 medios de comunicación, entre ellos infoLibre y Narcodiario en España. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.

A partir de las pistas encontradas en los datos filtrados, los periodistas han elaborado docenas de artículos que revelan las múltiples formas en las que los grupos del crimen organizado evolucionan, se expanden y experimentan en el mundo moderno, dejando nuevas víctimas a su paso.

Hugo Martínez Ballesteros es profesor en la Facultad de Económicas de la Universidad de Santiago e investiga las repercusiones económicas del furtivismo marisquero en Galicia. Fue el tema de su tesis doctoral, que defendió en 2018. El pasado 16 de mayo un usuario de Twitter –rebautizado como X– llamado @Joseph_Gordon16 respondió a un tuit suyo de noviembre de 2022 con una pregunta: “¿Cuál es su solución para deshacerse de la tarjeta amarilla?”. Y adjuntaba un enlace. Esa URL conducía a un servidor que infecta los teléfonos móviles con Predator, el programa espía diseñado por Intellexa –un grupo de empresas con sede en Europa pero creado por antiguos ciberespías israelíes– y vendido por su socio francés Nexa. Predator puede recuperar todos los datos de los teléfonos infectados y activar a distancia el micrófono y la cámara.

Sin embargo, Martínez Ballesteros no pinchó el enlace. “El tuit me pareció raro”, explica a infoLibre. Cuando este periódico le informó de la amenaza de infección, la Universidad de Santiago, a la que pertenecen los dispositivos informáticos que utiliza el profesor para su trabajo, comprobó que el intento de intrusión había fracasado. Todos estaban limpios.

La cuenta @Joseph_Gordon16, cuya foto de perfil es la de un joven asiático con gafas, fue utilizada muy probablemente por Vietnam para llevar a cabo un ataque informático a gran escala. Así lo revelan los Predator Files, una investigación de 15 medios de comunicación internacionales coordinados por la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, basada en un informe del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional y en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel .

La investigación técnica de Amnistía constata que @Joseph_Gordon16 atacó, entre febrero y junio de este año, a 59 personas y organizaciones en Europa, Estados Unidos y Asia, entre ellas políticos de alto nivel, periodistas, académicos, así como opositores al régimen vietnamita. Se desconoce si alguno de estos intentos de infección tuvo éxito.

La sorpresa de Hugo Martínez Ballesteros al enterarse del ataque fue mayúscula. Es experto en lo que se conoce como pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, pero su enfoque es exclusivamente nacional, y muy centrado en el furtivismo marisquero gallego. “Ahora voy a publicar un artículo sobre su enorme impacto económico: cuánto marisco se deja de recoger por culpa de esta actividad ilegal, qué efecto tiene en mariscadores y pescadores...”, detalla. Pero nunca ha estado en Vietnam ni ha “investigado o publicado nada relacionado con ese país, tampoco sobre las sanciones de la UE ni sobre la tarjeta amarilla”, niega categórico Martínez Ballesteros.

Sin embargo, participa en proyectos europeos e internacionales sobre pesca y suele publicar en “revistas de alto impacto”, en inglés, como Marine Policy, or Ocean and Coastal Management. “Es tan sencillo como escribir mi nombre y añadir poaching (furtivismo) o IUU fishing (pesca ilegal, no declarada y no reglamentada por sus siglas en inglés) en Google y aparecen mis artículos”, apunta como única razón para haber aparecido en el radar de interés de Vietnam.

La pesca es uno de los principales recursos económicos de este país del sureste asiático –es el tercer exportador mundial, con un volumen de ventas de casi 6.000 millones de dólares en 2020– y la UE, el primer importador de pescado del mundo. Sólo a la Unión Europea, Vietnam vendió pescado por valor de 777 millones de euros en 2021. Pero esta dictadura comunista también lidera las estadísticas mundiales en pesca ilegal. Al menos un 20% de sus capturas llevan esa etiqueta. En 2017, Bruselas sacó a Vietnam una “tarjeta amarilla” porque sus esfuerzos para eliminar la piratería pesquera no habían sido suficientes, una amonestación que iba a ser reevaluada el pasado mes de mayo y que está pendiente de la visita al país de una delegación europea prevista para este mismo mes de octubre. Si Vietnam sigue incumpliendo los requisitos de la UE, la tarjeta amarilla puede convertirse en roja.

Así pues, la Unión Europea fue uno de los principales objetivos del Predator vietnamita, con ataques contra la Comisión Europea y la presidenta del Parlamento Europeo, la maltesa Roberta Metsola, quien no ha querido hacer comentarios sobre el ataque informático antes de su publicación.

En el punto de mira de los vietnamitas también estuvo el eurodiputado francés Pierre Karleskind, de Renacimiento, el partido de Emmanuel Macron, y presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. El 9 de febrero de 2023 apareció una notificación en su cuenta de Twitter. “¿Cómo se resolverá este asunto?”, preguntaba también @Joseph_Gordon16, adjuntando una URL que llevaba a lo que parece un artículo publicado por un think tank.

Pero el artículo era falso. Y el enlace conducía al servidor que infectaba con Predator. Como el lanzado contra Hugo Martínez Ballesteros, el ataque contra Karleskind no tuvo éxito. “No recuerdo haber visto ese tuit y haber hecho clic en él. Hice analizar mi teléfono y no estaba infectado”, declaró a Mediapart tras ser avisado por el medio francés. “No estoy sorprendido, pero sí particularmente molesto”, añadió el eurodiputado.

Por su parte, el profesor español sospecha que el ataque era más bien una “caza masiva” de posibles objetivos. De todos modos, le cuesta creerlo: “Ser objetivo de espionaje a nivel académico me parece una broma”. “En cualquier caso, representa un peligro brutal. ¿Qué demonios es esto? Pueden hacer lo que quieran. Si les interesa la pesca, bien, pero ¿y si les interesa... mi cuenta bancaria?”, se pregunta indignado.

Pero la campaña del Predator vietnamita excedía con mucho los límites académicos y geográficos europeos, apuntó muy alto. La cuenta @Joseph_Gordon16 también intentó infectar a la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, a la exembajadora de Alemania en Estados Unidos, Emily Haber, y a cuatro congresistas estadounidenses, así como a un ministro y a un diputado albaneses. Además, fueron objeto de ataques varios medios de comunicación, entre ellos la cuenta de Twitter de la redacción anglófona del canal de noticias France24 y tres periodistas de la cadena estadounidense CNN. Otros dos españoles figuran en la lista de objetivos. Se trata de dos altos cargos de la UE y la FAO: la directora de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (Cinea), Paloma Aba Garrote, y el subdirector general y director de Pesca y Acuicultura de la FAO, Manuel Barange. infoLibre ha preguntado a ambos por los tuits de la cuenta vietnamita.

La Comisión Europea, a través de un portavoz, responde que no tiene “pruebas de que la infección con Predator haya tenido éxito”. “La Comisión está al corriente de los informes sobre el programa espía Predator dirigido a los seguidores de cuentas de X (antes Twitter) de entidades europeas. Nos tomamos muy en serio la ciberseguridad y aplicamos políticas estrictas para proteger nuestras infraestructuras y dispositivos. Investigamos todos los incidentes”, señala. Barange, que también es profesor honorario de la Universidad británica de Exeter, no ha respondido a los intentos de este periódico de contactar con él.

El informe de Amnistía señala como probables autores de esta campaña a “agentes de las autoridades vietnamitas”. Las conclusiones de sus análisis fueron confirmadas a EIC por otras dos organizaciones de renombre mundial, que investigaron el mismo tema de forma independiente: el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que destapó el espionaje con Pegasus, y el Grupo de Análisis de Amenazas de Google (TAG). “Creemos que esta infraestructura de ataque de Predator está asociada a un actor gubernamental de Vietnam”, indició Google a EIC.

Contactados por EIC, el Gobierno de Vietnam e Intellexa no han respondido. Pero la investigación de EIC parece haber provocado una ola de pánico dentro de la empresa. Después de que EIC enviara preguntas a Intellexa a mediados de septiembre, la cuenta @Joseph_Gordon16 fue cerrada, y parte de la infraestructura técnica utilizada para hackear teléfonos con Predator fue abruptamente desmantelada. “Más del 70% de los servidores rastreados de Predator se han desconectado desde mediados de septiembre”, explica Donncha O'Cearbhaill, director del Laboratorio de Seguridad de Amnistía.

En cualquier caso, la historia de esta campaña empieza mucho antes, el 31 de diciembre de 2020. Antes de Nochevieja, reinaba un ambiente de fiesta en el grupo de WhatsApp franco-israelí que reúne a ejecutivos de Intellexa y Nexa, que habían sellado su alianza el año anterior.

A las 9:48, los franceses comunican a los israelíes que han vendido Predator a Egipto. A las 13:40, el número dos de Nexa, Olivier Bohbot, anuncia una segunda buena noticia: “Contrato VN firmado. [...] Gracias a todos por vuestro apoyo”. “Wooow!!!!!”, reacciona exultante el jefe de Intellexa, Tal Dilian.

Documentos confidenciales de Nexa confirman que la empresa negoció un contrato de 5,6 millones de euros, cuyo nombre en clave es AnglerFish –nombre inglés del rape–, para vender Predator al MOPS, siglas del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam. Este ministerio, ya implicado en otros casos de piratería informática, es el órgano represivo del régimen, encargado de perseguir a los opositores y a los defensores de los derechos humanos.

Nexa tomó todas las precauciones para ocultar esta venta a una dictadura. El contrato fue negociado por la filial del grupo en Dubái, Advanced Middle East Systems (AMES). Luego utilizó como intermediaria a una empresa registrada en Hong Kong, Delsons Hong Kong Ltd, que compró Predator a AMES y luego se lo revendió al MOPS.

Delsons es propiedad de Alexis Delevaux, un ciudadano suizo que creció en Francia y luego se trasladó a Asia. Es cónsul honorario de Mónaco en Vietnam y proveedor de servicios de telecomunicaciones a varios países de la región. Correos electrónicos de 2011, revelados por Wikileaks, muestran que ya entonces trabajaba como intermediario para suministrar programas espía italianos al MOPS vietnamita.

Los registros de exportación obtenidos por Amnistía Internacional y EIC desvelan que el 1 de noviembre de 2021 Delsons entregó por avión a Vietnam, a una empresa estatal fundada por el MOPS, tres equipos informáticos valorados en 8,4 millones de dólares cuyo fabricante es AS, entre ellos un “módulo de monitorización de smartphones móviles relacionado con un software profesional”. En los documentos internos de Nexa, las siglas AS designan a su filial Advanced Middle East Systems de Dubái. La misma empresa que negoció el contrato Predator con Vietnam.

Alexis Delevaux no ha contestado a las preguntas que le ha formulado EIC. Los directivos de Nexa, Stéphane Salies y Olivier Bohbot, tampoco han querido precisar si suministraron o no los equipos entregados por Delsons a Vietnam, pero afirman que siempre han “respetado toda la reglamentación aplicable y obtenido las autorizaciones de los organismos de control competentes” para exportar.

Ambos precisan que Nexa transfirió a Intellexa, “a partir del tercer trimestre de 2021” todos sus contratos Predator, “antes de que fueran operativos”. Es decir, el grupo francés asegura que no desempeñó ningún papel en el ataque que supuestamente se llevó a cabo utilizando el software espía que vendió a Vietnam.

El informe de Amnistía Internacional muestra que, con 12 blancos atacados con Predator, la Unión Europea (UE) fue uno de los principales objetivos del régimen de Hanoi por culpa de la “tarjeta amarilla” que perjudicaba a sus exportaciones pesqueras y a su reputación internacional. Así, la cuenta de Twitter @Joseph_Gordon16 apuntó con URL infectadas con Predator a la Dirección General de la Comisión Europea encargada del clima, la Dirección General de Medio Ambiente y a la responsable de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca, Charlina Vitcheva. También atacó con Predator las cuentas de Twitter de agencias especializadas como la Misión de Aguas y Océanos de la UE y de dos agencias europeas responsables de la observación marítima, entre ellas Copernicus, gestionada por la empresa francesa Mercator Ocean.

En 2022, cuando el Parlamento Europeo votó sobre el acuerdo de libre comercio entre la UE y Vietnam, los eurodiputados también adoptaron resoluciones. Con otros eurodiputados del grupo político Renew Europe, el eurodiputado y oceanógrafo francés Pierre Karleskind logró convencer al Parlamento Europeo de que aprobara una enmienda para recordar la existencia de la “tarjeta amarilla” dirigida a Vietnam por pesca ilegal. “Es una posición que no debe de haber gustado al Gobierno vietnamita”, destaca Karleskind a EIC.

Aunque el ataque contra él no funcionara, el eurodiputado dice estar decidido a actuar: “Comportarse así con un parlamentario europeo no es aceptable, es un atentado contra la democracia. Informaré a las autoridades francesas responsables de la inteligencia y el contraespionaje y, cuando se publique su artículo, convocaré al embajador vietnamita ante la Unión Europea a mi despacho de Bruselas para pedirle explicaciones. También estoy considerando la posibilidad de presentar una denuncia. Estudiaré todas las opciones, pero, como dirigente político, debo mantener la cabeza fría. Una cosa es segura: no voy a dejar pasar esto”.

Vietnam también intentó hackear a varios opositores. Uno de ellos, Khoa Le Trung, regenta una tienda de cámaras de vigilancia, situada en un callejón del Dong Xuan Center de Berlín, el mayor mercado asiático de Alemania. Khoa Le Trung, que también es periodista, presenta el sitio de noticias Thoibao.de, uno de los mayores medios de comunicación de la oposición vietnamita, que tiene 20 millones de visitas al mes.

Vietnam lo considera un enemigo del Estado. Su despacho está protegido por una puerta blindada. Recibe regularmente amenazas de muerte, por teléfono y en la vida real. “Hay gente que viene directamente a mi despacho y me dice: 'No sigas con tus reportajes porque no te conviene”. Asegura a EIC que no pinchó el enlace de la infección Predator que la cuenta @Joseph_Gordon16 le envió el 9 de febrero, respondiendo a un tuit de Thoibao.de.

Pero este ataque le preocupa mucho, porque emplea a 12 personas que viven en varios países y que firman sus artículos con seudónimos. Si las autoridades vietnamitas tuvieran acceso a su teléfono, “eso pondría en peligro la vida” de sus empleados y de algunos de sus contactos, dice Le Trung.

Khoa Le Trung está indignado por haber sido blanco de programas espía diseñados y comercializados por empresas europeas y afirma que Europa debería reforzar los controles a la exportación. “No se pueden vender sin más [tecnologías de vigilancia] a países como Vietnam”, zanja.

Vietnam incluso se arriesgó a atacar a tres senadores estadounidenses y a un miembro de la Cámara de Representantes, dos de ellos muy influyentes: el senador demócrata Chris Murphy, miembro del Comité de Relaciones Exteriores y presidente de su subcomité sobre Oriente Próximo y Asia, y el republicano Michael McCaul, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Contactados por nuestro socio en los Predator Files The Washington Post , los portavoces de estos dos congresistas indicaron que no creían haber pinchado en las URL de la infección.

Estos ataques se producen en un momento en que las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos están mejorando, como muestra el acuerdo de asociación estratégica firmado por el presidente Joe Biden durante su visita a Hanoi el mes pasado.

El Gobierno estadounidense, que fue informado del ataque por Google, se toma el asunto muy en serio. Una fuente de la Administración Biden asegura a The Washington Post que la decisión de incluir a Intellexa en la lista negra, anunciada el 18 de julio, ya estaba en proyecto cuando se detectó la ofensiva atribuida a Vietnam en primavera, pero el ataque reforzó esta decisión.

Los congresistas estadounidenses no fueron atacados directamente por la cuenta @Joseph_Gordon16, sino a través de respuestas a tuits donde se les citaba. Dos de ellos formaron parte de una ofensiva dirigida contra Taiwán. El 13 de abril, @Joseph_Gordon16 respondió a un tuit de la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-Wen, que daba la bienvenida al senador John Hoeven. Como consecuencia, ambos recibieron un tuit malicioso que contenía un artículo falso, muy bien imitado, del South China Morning Post, un famoso diario de Hong Kong.

Lo mismo le ocurrió al miembro de la Cámara de Representantes estadounidense Michael McCaul, atacado al día siguiente en respuesta a un tuit publicado por la cuenta del Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán. Tsai Ing-Wen fue también el blanco personal, esta vez en solitario, de otro tuit malicioso el 21 de mayo. La presidencia taiwanesa no ha respondido a los intentos de EIC de contactar con ella.

Más allá de Taiwán, @Joseph_Gordon16 atacó a académicos, expertos y periodistas especializados en la geopolítica del Mar de China, una zona de tensión en la que China, Vietnam, Filipinas y Taiwán se disputan la soberanía de varios archipiélagos insulares. Por ejemplo, @Joseph_Gordon16 apuntó a la cuenta de CNN Filipinas, así como a tres periodistas de la famosa cadena de noticias estadounidense: dos reporteros afincados en Taiwán y Jim Sciutto, que es a la vez presentador y analista principal de temas relacionados con la seguridad nacional. Otros periodistas con base en la región también han sido blanco del Predator vietnamita.

Las motivaciones de otros ataques son más misteriosas. Es el caso de la exembajadora de Alemania en Estados Unidos, Emily Haber, que dejó su puesto el pasado mes de junio y no quiso responder a EIC “por razones de seguridad”. Tampoco está claro por qué Vietnam intentó infectar la cuenta de Twitter en inglés de France 24, que forma parte del servicio audiovisual de ultramar de Francia. El canal público de noticias fue atacado colateralmente, en respuesta a un tuit en el que se le citaba. La dirección de France 24 no ha querido reaccionar antes de la publicación de los Predator Files.

Los expertos entrevistados por EIC están sorprendidos por el modo de operar del atacante. Los hackeos a través de Twitter son poco frecuentes –el último detectado se remonta a 2015 en Kenia–, porque tienen dos grandes inconvenientes.

El primero es la imprecisión: las respuestas a un tuit se dirigen principalmente a su autor, pero también pueden interesar, y por tanto infectar, a las personas que siguen al objetivo principal. Y es aún peor cuando el ataque se dirige a la cuenta de una institución como la Comisión Europea, que emplea a más de 30.000 funcionarios, aunque Intellexa disponga de herramientas técnicas para focalizar las infecciones y limitar los daños colaterales.

Para empezar, los tuits son públicos y, por tanto, descubribles. Por eso, normalmente, los ataques se realizan de forma discreta y personalizada, a través de mensajes enviados por SMS o WhatsApp. A John Scott-Railton, investigador de Citizen Lab, le sorprendió la audacia del ataque público, pero también su torpeza. “Alguien va a ser despedido por esto”, advirtió a preguntas de EIC. “Como cliente de Predator, [el autor del ataque] está claramente en el proceso de aprender de una manera dolorosa; explotar [vulnerabilidades] a través de Twitter es una pésima idea. El hecho de que eso ocurra demuestra que Predator sigue recurriendo a operadores imprudentes”.

El resultado es efectivamente catastrófico, ya que la operación ha sido detectada e Intellexa está en proceso de cerrar urgentemente una parte significativa de los servidores informáticos utilizados para llevar a cabo las infecciones.

Rastreando y analizando esta infraestructura técnica, Amnistía ha podido identificar nuevos países que probablemente utilizan Predator: entre ellos Kazajstán, Sudán, Mongolia y Angola. Es decir, cuatro regímenes autoritarios más.

Para Donncha O'Cearbhaill, director del Laboratorio de Seguridad de Amnistía, “este caso demuestra que el régimen regulador de la UE no está impidiendo que se desarrollen, financien y exporten desde Europa potentes programas espía a gobiernos con un historial de abuso de las herramientas de cibervigilancia para espiar a disidentes, políticos o activistas inocentes”.

El caso de Vietnam es paradigmático. Una potencia extranjera, con un régimen dictatorial, intentó espiar a ciudadanos y altos cargos de las instituciones europeas con un software vendido... por una empresa europea.

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#PredatorFiles se basa en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel, y está siendo publicado por medios asociados a European Investigative Collaborations (EIC): NRC, Politiken, Expresso, Le Soir, De Standaard, VG, infolibre y Domani en colaboración con Shomrim (Israel), Die Wochenzeitung (Suiza), Reporters United (Grecia), Daraj Media (Líbano) y The Washington Post (EEUU).

Emmanuel Macron, su ex jefe de gabinete Alexandre Benalla y una posible venta de programas espía a Arabia Saudí. Estos son los ingredientes de un asunto muy delicado, revelado por la investigación Predator Files, realizada por 15 medios de comunicación internacionales coordinados por la red EIC, a partir de documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel. infoLibre publica el resultado en exclusiva en España.

Todo comenzó con la investigación de las juezas de instrucción Stéphanie Tacheau y Ariane Amson sobre la empresa francesa Nexa, sospechosa de complicidad en torturas por haber vendido sistemas de vigilancia a Libia y Egipto. A principios de junio de 2021, los gendarmes de la Oficina Central de Lucha contra los Crímenes contra la Humanidad y los Crímenes de Odio (OCLCH) descubrieron que Nexa hacía negocios en Arabia Saudí. Y que su jefe, que tenía el teléfono pinchado, parecía perfectamente consciente de los abusos que los saudíes podían cometer con sus productos: según había dicho en una conversación que le fue interceptada, Riad había hecho “una chapuza” al asesinar al periodista Jamal Khashoggi. El 15 de junio, las oficinas de Nexa fueron registradas y sus directivos detenidos e interrogados.

En dos ocasiones, en junio y julio de 2021, los jueces de instrucción pidieron a la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT), dirigida por Jean-François Ricard, que ampliara el alcance de la investigación para incluir sospechas de complicidad en torturas en Arabia Saudí. Pero se negó dos veces, por considerar que las pruebas eran insuficientes. No obstante, indicó a los jueces que estaban autorizados a utilizar los documentos que acababan de incautarse durante el registro, y que volvieran a consultarle en caso necesario. No se trataba de “una negativa definitiva”, explicó la PNAT a Mediapart.

Al revisar los documentos, los gendarmes descubrieron otros hechos explosivos susceptibles de abochornar al jefe del Estado francés y a su antiguo consejero Alexandre Benalla, ya implicado en múltiples procesos judiciales y condenado en tres de ellos, en particular por la violencia que cometió contra manifestantes el 1 de mayo de 2018, lo que provocó su destitución del Elíseo tres meses después.

La primera pista la proporcionó un cuaderno encontrado en los registros, que menciona unas reuniones celebradas en la primavera de 2018 entre Nexa y los hombres del Elíseo, a una de las cuales asistieron Alexandre Benalla y el propio Emmanuel Macron.

Después, a partir de 2020, Alexandre Benalla ayudó a Nexa en sus campañas comerciales, sobre todo en Arabia Saudí, donde la empresa francesa intentaba vender su potente programa espía Predator, capaz de capturar el contenido de los teléfonos móviles. El ex jefe de seguridad de Macron presentó a Nexa a un “príncipe” saudí al que describió como “muy cercano” al príncipe heredero Mohamed bin Salmán, conocido como MBS.

Pero desde que esta información se incorporó al expediente judicial, en marzo de 2022, no ha ocurrido nada. Tal vez enfriados por la negativa inicial, los jueces de instrucción no han vuelto a remitir el asunto al fiscal. Y él mismo no ha tomado la iniciativa de ampliar el alcance del procedimiento. En consecuencia, el caso está en punto muerto. Los jueces no tienen permiso para llevar a cabo nuevas investigaciones en Arabia Saudí, ni para comprobar si Nexa vendió allí programas espía, ni para indagar sobre el papel de Alexandre Benalla.

La empresa francesa ha hecho de Riad un mercado prioritario, a pesar del creciente número de violaciones de los derechos humanos –seguimiento de activistas de derechos humanos, detenciones arbitrarias, condenas a muerte– y el uso de software espía para infectar los teléfonos de los familiares del periodista Jamal Khashoggi, asesinado supuestamente por orden de MBS en octubre de 2018. Emmanuel Macron, ansioso por preservar las ventas de armas a la dictadura saudí, sólo criticó ligeramente esta ejecución, antes de trabajar para rehabilitar a Mohamed bin Salmán en la escena internacional a finales de 2021.

Alexandre Benalla, por su parte, conoce a MBS desde hace mucho tiempo. De 2013 a 2015, durante sus visitas a París, antes de convertirse en el hombre fuerte del reino en 2017, el príncipe recurrió, para su escolta, a un joven agente de seguridad llamado Alexandre Benalla, y a uno de sus colegas y amigos, Christian G., antiguo miembro del GIGN (Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional) con una dilatada carrera.

En el verano de 2016, ambos se implicaron con Emmanuel Macron, proporcionándole protección personal hasta su victoria en las elecciones presidenciales de mayo de 2017. Una vez en el Elíseo, Alexandre Benalla se convirtió en el jefe de gabinete del presidente, su hombre de confianza en cuestiones de seguridad y mucho más. Christian G. se incorporó al Grupo de Seguridad de la Presidencia de la República (GSRP), en condiciones excepcionales, donde se convirtió en el guardaespaldas más cercano de Emmanuel Macron durante sus primeros cinco años de mandato.

Alexandre Benalla siempre se ha mantenido próximo a MBS. Durante su primera visita oficial a París, en abril de 2018, Emmanuel Macron invitó al príncipe heredero a una cena para dos personas en el Museo del Louvre. Esa noche, Alexandre Benalla fue autorizado a presenciar algunos de los intercambios confidenciales entre los dos hombres, para sorpresa de los ayudantes del jefe de Estado, como reveló una fuente del Elíseo a Mediapart.

Pero también el número tres del grupo Nexa, Renaud Roques, participó activamente junto a Macron durante las elecciones presidenciales de 2017, según los documentos encontrados por los gendarmes en su ordenador. Una primera reunión en la cumbre se celebró un año después, el 24 de abril de 2018, según una de las páginas de un cuaderno incautado durante el registro en el despacho de Renaud Roques. La nota manuscrita menciona la presencia de Alexandre Benalla, Emmanuel Macron y el general Eric Bio-Farina, jefe de seguridad del Elíseo, así como sus números de móvil personales, que Mediapart ha podido autentificar.

Esta primera reunión parece haber estado dedicada a una presentación general de la empresa –“unas 100 personas”, “innovación”, “90% de exportación”– y de sus “productos únicos”, entre ellos un potente software israelí de pirateo telefónico.

El mismo cuaderno describe una segunda reunión el 3 de mayo de 2018, esta vez sin Macron ni Alexandre Benalla, pero con el general Bio-Farina y un tal “Doctor Schmidt”. Esta vez, Nexa parece haber hecho una oferta específica, que incluía un sistema de “análisis predictivo” para identificar “amenazas al PR [presidente de la República]” mediante el “seguimiento de archivos S”. En estos archivos altamente confidenciales, elaborados por la DGSI –el servicio de inteligencia nacional francés–, figuran individuos considerados potencialmente peligrosos: islamistas y extremistas de derecha e izquierda. También se menciona un sistema de “vigilancia en tiempo real” para “anticipar” un posible “acto del Daesh”, los terroristas del Estado Islámico de Irak y Siria.

¿Qué pasó con estas propuestas? El Elíseo, Alexandre Benalla y Renaud Roques no han respondido cuando EIC les ha preguntado al respecto. Los dos directores de Nexa, Stéphane Salies y Olivier Bohbot, también han declinado contestar.

En cualquier caso, Nexa y Alexandre Benalla volvieron a reunirse dos años después para hablar de Arabia Saudí, un mercado que Nexa llevaba explorando desde 2008, justo un año después de su creación. La empresa, entonces llamada Amesys, intentó vender a Riad su software Eagle –desde entonces rebautizado como Cerebro–, un “sistema de interceptación masiva” capaz de vigilar internet a escala de todo un país. Este primer intento fracasó. Pero Nexa volvió a intentar vender Cerebro, aparentemente con éxito.

A finales de 2014, el Gobierno francés concluyó, a través de la oficina de exportación de armas ODAS, un enorme contrato de 3.000 millones de euros denominado Donas, el acrónimo de “Donación Arabia Saudí”, cuyo objetivo era entregar armas a Líbano, financiadas por Riad. Según las informaciones de EIC, el contrato Donas incluía dos equipos de vigilancia vinculados entre sí: un sistema de escuchas telefónicas masivas suministrado por Ercom –hoy filial de Thales– y el sistema Cerebro de Nexa, por importe de 13,5 millones de euros.

Pero en 2016 estalló una crisis política entre Riad y Beirut. El contrato se mantuvo, pero se acordó que el equipo se entregaría finalmente a Arabia Saudí. Documentos internos a los que ha tenido acceso EIC demuestran que Nexa cumplió el contrato de Donas y emitió al menos una factura por valor de 1,6 millones de euros. En efecto, el sistema se entregó a los saudíes, según las declaraciones realizadas bajo custodia policial por uno de los ingenieros del grupo: “Hice dos o tres viajes a Riad, donde había un pequeño sistema instalado, es decir, dos o tres servidores. [El software [...] se llamaba [...] Cerebro”. Tanto Thales como Nexa han declinado hacer comentarios sobre el contrato.

Y eso no es todo. Otro proyecto, denominado West, vio la luz en 2014. Su objetivo era asegurar la frontera occidental del reino saudí interceptando “bandas locales de UHF, GSM y de datos”. Nexa fue uno de los subcontratistas de este proyecto, valorado en dos millones de euros, a través de su estructura con sede en Dubái, Advanced Middle East Systems (Ames).

La policía también encontró en los locales de Nexa un membrete del reino de Arabia Saudí solicitando “la instalación de un sistema de interceptación de comunicaciones GSM”. Este proyecto parece haber llegado a buen puerto, ya que un documento de 2014 enumera un “pequeño” contrato “existente” con el Ministerio de Defensa saudí para IMSI catchers, dispositivos capaces de espiar las comunicaciones de telefonía móvil en un radio de unos cientos de metros.

Pero Nexa no se detuvo ahí y, en octubre de 2017, intentó vender su nuevo modelo de IMSI catcher, aún más potente, a los saudíes. Tal y como revela un intercambio de mensajes interceptado por los gendarmes, el número tres del grupo, Renaud Roques, pretendía enviar allí un dispositivo para hacer una demostración, a pesar de que carecía de licencia que le autorizara a ello. EIC no ha podido determinar cómo acabó el proyecto.

Además, la actividad comercial de Nexa no se vio frenada en absoluto por el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, descuartizado en octubre de 2018 en Estambul por los servicios secretos saudíes. En 2019, Nexa adquirió a su competidor Trovicor, una empresa originalmente alemana que trasladó su sede a Dubái tras recibir múltiples críticas por vender equipos de vigilancia a dictaduras como Siria e Irán. Se da la circunstancia de que Trovicor es el suministrador del sistema de interceptación judicial de Arabia Saudí desde al menos 2014.

Así es como Nexa consiguió gestionar las escuchas telefónicas en el país de Mohamed bin Salmán. En la primavera de 2020, el grupo francés obtuvo un importante contrato de 4,9 millones de euros para mantener y modernizar el sistema hasta 2025. Ahora Nexa sueña con dar un paso adelante y vender nuevos productos en Riad.

Al mismo tiempo, el grupo se acerca de nuevo a Alexandre Benalla. Desde que dejó el Elíseo, se ha dedicado a la consultoría y a la seguridad privada, a través de su empresa Comya Group y de una nebulosa ONG de Ginebra. En el espacio de un año, de junio de 2020 a junio de 2021, Alexandre Benalla y Olivier Bohbot, el número dos del grupo Nexa, intercambiaron nada menos que 499 mensajes y 89 archivos adjuntos a través de WhatsApp.

Sólo dos de estas conversaciones han sido incluidas en el expediente judicial. La primera data del 7 de septiembre de 2020, pocas horas después de que Mediapart revelara que Alexandre Benalla, acompañado de un asesor de Emmanuel Macron que aún trabaja en el Elíseo, había mantenido una reunión secreta con el nuevo presidente de Guinea Bissau en un hotel de París. A las 23.47 horas, Alexandre Benalla envió una copia del artículo a Olivier Bohbot, sin hacer comentarios. A la mañana siguiente, el director de Nexa le respondió en un tono familiar: “¡Están sobre ti! Hola Alex, ¿cómo estás?”.

Un mes más tarde, los dos hombres intercambiaron opiniones sobre Arabia Saudí. “El tipo que quiero que conozcas es el director general de Pasco Limited. Es un príncipe [..]. Es muy cercano a MBS. También es un buen amigo de Tamim, el emir de Catar, que le dio la nacionalidad catarí”, dice Alexandre Benalla en un mensaje enviado a las 10.02 horas del 6 de octubre de 2020.

La reunión está prevista para ese mismo día, obviamente en un hotel. “Estoy aquí”, dice Olivier Bohbot a las 10.59 horas. “Estoy de camino [...] Siéntate en el vestíbulo. Diles que tienes una cita con un cliente”, responde Alexandre Benalla. A las 11.34, avisa al número dos de Nexa de que ha llegado el príncipe saudí: “Está entrando en el vestíbulo. Árabe, pelo largo y canoso”. EIC no ha podido identificar la empresa Pasco Limited ni averiguar quién es el príncipe que la dirige.

En el momento en que organizaba esta reunión por cuenta de Nexa, Alexandre Benalla, a quien ya se había implicado en la firma de un contrato de seguridad con un oligarca ruso próximo al Kremlin cuando aún estaba en el Elíseo, tenía formalmente prohibido mantener relaciones profesionales con personas que hubiera conocido en el ejercicio de sus funciones o con autoridades públicas extranjeras, según un dictamen emitido por la Comisión de Deontología de la Función Pública. La Comisión le impuso esta prohibición por un periodo de tres años tras su salida del Gabinete de la Presidencia en 2018.

En la primavera de 2021, Nexa participa en una licitación en Riad para intentar vender su nuevo software IPDR, que realiza análisis masivos de metadatos de tráfico de internet. Es el sustituto de Cerebro, que había perdido capacidades por el desarrollo de la encriptación en la red. El IPDR no puede interceptar el contenido de los mensajes, pero es capaz de identificar a los interlocutores de los “objetivos”, aunque utilicen aplicaciones cifradas como Signal o WhatsApp. Se calcula que el proyecto tendrá un importe de “20 o 30 millones de euros”, calcula por teléfono el jefe de Nexa, Stéphane Salies.

Una escucha telefónica del 5 de mayo de 2021 sugiere que Alexandre Benalla ayudó en la licitación. “Ayer, el tipo que Alex nos presentó me llamó 19 veces a lo largo del día [...] Así que es genial, porque no te creerías la cantidad de cosas que puso en marcha”, le dijo Stéphane Salies a uno de sus colegas. Se desconoce si Nexa obtuvo finalmente el contrato.

“Nunca se firmó ningún contrato a través del señor Benalla y nunca recibió ninguna remuneración por nuestra parte”, responden Stéphane Saliès y Olivier Bohbot a EIC, negándose a hacer más comentarios sobre su relación con el antiguo asesor de Emmanuel Macron.

En esa misma época, los directivos de Nexa también estaban ocupados vendiendo Predator, el potente software de espionaje telefónico diseñado por su socio israelí Intellexa, un grupo con sede en Europa pero dirigido por antiguos oficiales del servicio de inteligencia militar israelí. Stéphane Salies es perfectamente consciente de los peligros de que un producto de esas características llegue a manos de dictadores. “Depende de quién lo utilice y de cómo se utilice. Mira lo que pasó en Arabia Saudí, hicieron una chapuza con [Jamal] Khashoggi”, comentó el jefe de Nexa por teléfono el 3 de junio de 2021.

Interrogado sobre esta conversación mientras se encontraba bajo custodia policial, Stéphane Salies reconoció que “Arabia Saudí es inevitablemente uno de los países que podrían ser problemáticos”. Sin embargo, aseguró a la policía que sólo pretendía vender a Riad sistemas de “interceptación judicial”, “no soluciones de infección”.

Sin embargo, un documento incautado durante los registros policiales contradice esa declaración. Se trata de la versión sin firmar de un acuerdo de intermediación fechado el 6 de enero de 2020 entre Advanced Systems, la empresa del grupo Nexa en Dubái, y Gamma International Limited, representada por Louthean Nelson y registrada en la isla de Labuan (Malasia), uno de los paraísos fiscales más opacos del mundo.

Esta modesta empresa es una filial del grupo anglo-alemán Gamma International, cuyo jefe es Louthean Nelson. La empresa es conocida por haber desarrollado el paquete de programas informáticos de piratería FinFisher, que Gamma vendió en 2013.

En el contrato de 2020 con Nexa, Gamma se comprometía a proporcionar, a cambio de una remuneración, “contactos” de alto nivel para ayudar al grupo francés a vender toda su gama de productos a la “Corte Real de Arabia Saudí”, incluidas “soluciones de intrusión wifi” y “soluciones de troyanos e infecciones”. Esto corresponde al software Predator, comercializado su momento por Nexa.

A preguntas de EIC, Louthean Nelson respondió que Gamma no tenía ningún interés en el software FinFisher desde 2013 y que “nunca había estado en contacto ni había hecho negocios con Intellexa/Cytrox, y nunca había hecho negocios con Advanced Systems/Nexa”.

Dos estudios técnicos realizados por Citizen Lab y Amnistía Internacional concluyeron que Predator era utilizado, en efecto, por Arabia Saudí. Sin embargo, se desconoce si se firmó un contrato, y si fue ejecutado por Nexa o por su socio Intellexa, el diseñador de Predator. Interrogados al respecto, los directivos de Nexa se han negado a responder. Intellexa y sus directivos tampoco contestaron a las preguntas de EIC.

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* Corrección. Contrariamente a lo que apareció en una versión anterior de este artículo, Gamma International no se declaró en quiebra y no está afectada por la investigación en curso en Alemania. Estos hechos se refieren a la empresa Finfisher, que se hizo cargo del paquete de software espía llamado Finsfisher después de que esta actividad fuera vendida por Gamma en 2013.

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#PredatorFiles se basa en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel, y está siendo publicado por medios asociados a European Investigative Collaborations (EIC): NRC, Politiken, Expresso, Le Soir, De Standaard, VG, infolibre y Domani en colaboración con Shomrim (Israel), Die Wochenzeitung (Suiza), Reporters United (Grecia), Daraj Media (Líbano) y The Washington Post (EEUU).

Rui Pinto, el informante de Football Leaks, la filtración que desnudó la cara sucia del fútbol europeo, ha sido condenado este lunes en Portugal a cuatro años de prisión, con suspensión de la pena, por lo que no irá a la cárcel. La jueza Margarida Alves lo ha encontrado culpable de un delito de extorsión en grado de tentativa, tres delitos de violación de correspondencia agravada y cinco delitos de acceso ilegítimo. El resto de los cargos que le imputaba el Ministerio Fiscal han quedado retirados en virtud de la amnistía concedida gracias a la Jornada Mundial de la Juventud, y también por falta de pruebas.

Además de la condena suspendida, Rui Pinto tendrá que pagar una indemnización al fondo Doyen de 3.000 euros y a los abogados que del despacho PLMJ. João Medeiros 15.000 euros más, mientras que otros dos abogados tendrán derecho a 2.039 euros cada uno. También ha sido condenado el abogado Aníbal Pinto, en su caso a dos años de prisión igualmente con suspensión de pena. Y tendrá que compensar a Doyen con 2.500 euros.

En su sentencia, la jueza destaca que Rui Pinto tenía a su favor la edad cuando cometió los hechos, su falta de antecedentes penales, el arrepentimiento que expresó durante el juicio y el hecho de que pusiera a disposición de un consorcio de periodistas, la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenecen tanto Expresso como infoLibre, los documentos que dieron lugar a investigaciones de interés público.

Fueron más de 70 millones de documentos sobre la industria del fútbol que Pinto compartió desde 2016 con Der Spiegel. Tras analizarlos la revista alemana junto con sus socios de EIC, esos documentos sirvieron para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales dieron lugar a procedimientos judiciales. En España, las revelaciones sobre las operativas fiscales de Cristiano Ronaldo y José Mourinho llevaron a su procesamiento y condena por defraudar a Hacienda millones de euros a lo largo de los años. También desvelaron las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el Barça. En 2018, una nueva serie de revelaciones puso al descubierto los secretos del Manchester City, el París Saint-Germain y la UEFA, entre otras organizaciones.

En la lectura de la sentencia del caso Football Leaks, la jueza explicó que “no era creíble” la alegación de Rui Pinto de que los correos electrónicos enviados al consejero delegado de Doyen, Nélio Lucas, proponiendo el pago de entre 500.000 y un millón de euros para detener las publicaciones, eran sólo una provocación, ya que no esperaba que el gerente de Doyen contestara en absoluto. “El acusado sabía claramente que Nélio Lucas iba a responderle”, zanjó Margarida Alves.

La jueza subraya también que Rui Pinto actuó solo y que, en octubre de 2015, era el único poseedor de la información extraída de Doyen y de otras entidades. “No sólo era el cerebro del proyecto Football Leaks, sino que además era la única persona que tenía acceso a la información y a los archivos en ese momento”, señala. El hacker portugués siempre adujo que la extracción de los documentos había sido fruto de un trabajo colectivo, ejecutado por un grupo de personas del que él sólo era uno más. Pero Margarida Alves concluye que el argumento de Rui Pinto de que había otras personas en posesión de los archivos tampoco es creíble y que, si hubiera actuado solo, no habría podido decidir y controlar las conversaciones con Nélio Lucas.

“Nadie pide dinero a cambio de información si no la posee en exclusiva”, apunta la jueza. “Era únicamente el acusado Rui Pinto quien la tenía y gestionaba”, remató.

En cuanto al abogado Aníbal Pinto, la jueza señala que estaba “meridianamente claro” que acudió a la reunión de octubre de 2015 con Nélio Lucas –entonces bajo vigilancia de la policía judicial– “consciente del plan de Rui Pinto” de pedir dinero al fondo Doyen para dejar de publicar Football Leaks. “Ha quedado probado que los dos acusados se propusieron extorsionar al asistente de Doyen”, concluyó Margarida Alves.

La sentencia también responsabiliza a Rui Pinto de las publicaciones en el blog Mercado de Benfica. “Fue con la detención del acusado cuando cesaron todas las publicaciones en Football Leaks y Mercado del Benfica. ¿Es creíble que si el acusado hubiera actuado en grupo las publicaciones no habrían continuado?”, se preguntó la jueza.

A su juicio, “todo el plan [para extorsionar a Doyen] se llevó a cabo”, sólo que “no tuvo el resultado deseado por razones ajenas a su voluntad”; es decir, porque Doyen no pagó la cantidad propuesta por Rui Pinto y negociada por Aníbal Pinto. “Los acusados eran perfectamente conscientes de la ilegalidad de su comportamiento”, señala también Margarida Alves.

La sentencia condena también a Rui Pinto por cinco delitos de acceso ilegítimo, pero le absuelve de un sexto delito de este tipo, porque no se probó que hubiera accedido a la plataforma Score, de la Federación Portuguesa de Fútbol.

La jueza tampoco duda en calificar de “inconcebible” prever una “disminución de la culpabilidad” asociada al “supuesto interés público” de las publicaciones de Football Leaks. “El derecho al secreto [de las comunicaciones] prevalece sobre el derecho a la libertad de expresión. Si no está bien para el Estado, mucho menos lo está para cualquier ciudadano”, dijo, señalando que el hacker también actuó por interés personal, chantajeando a Doyen. “En un Estado de Derecho, nadie puede estar por encima de la ley y le debe obediencia. No todo vale y nunca puede valer todo. La verdad no es un valor absoluto y no tiene por qué ser investigada a cualquier precio”, fue el argumento, seguramente polémico, expuesto por Margarida Alves.

Sobre los 68 delitos de acceso indebido a decenas de buzones de correo electrónico, la jueza señaló que este acceso se produjo en los sistemas de cinco entidades, entre ellas el fondo Doyen, el club Sporting de Lisboa y el despacho de abogados PLMJ. Y dictamina que debe ser absuelto de estos delitos en su versión agravada, beneficiándose de la amnistía por la visita del papa en la Jornada Mundial de la Juventud. La misma amnistía se aplica al delito de hurto simple de correspondencia. Sin embargo, se dictará una sentencia condenatoria por la violación de la correspondencia de los abogados de PLMJ, cuyos correos electrónicos fueron publicados en el blog Mercado del Benfica.

“Aunque Rui Pinto ha sido condenado, es un alivio que no se accediera a la petición de la fiscalía de sentenciarle a varios años de prisión”, ha declarado el abogado del informante portugués, William Bourdon, a EIC. El letrado aún no ha decidido si recurrirá la sentencia. “Lamentamos que el tribunal no haya atenuado su responsabilidad penal teniendo en cuenta el gran interés público de sus revelaciones”, ha explicado, “sin embargo, ha reconocido en su sentencia la contribución de Rui Pinto a la defensa del interés público, y es probable que esto influyera en el hecho de que no haya impuesto una pena privativa de libertad, al igual que el hecho de que Rui Pinto reconociera sus errores y aceptara sus responsabilidades”.

En un comunicado, Bourdon y los otros dos abogados que han defendido a Rui Pinto –Francisco Teixeira da Mota y Luisa Texeira da Mota– han elogiado la “independencia” del tribunal y que haya tenido en cuenta todas las explicaciones dadas por el portugués durante el juicio, además de los testimonios “muy convincentes”, recalcan, “de testigos eminentes”, confirmando el hecho de que es “uno de los mayores denunciantes [de corrupción] de los últimos años en Europa”.

Los abogados recuerdan, además, que Pinto “sigue siendo un testigo protegido”, debido a las amenazas que sufre, y “objeto de un insoportable acoso judicial ilustrado por las permanentes iniciativas legales emprendidas por los mayores clubes de fútbol de Portugal. Según destacan, ese acoso constituye “una prueba evidente de que existe en Portugal una comunidad de intereses que desea criminalizarlo ad vitam aeternam”.

Por ese motivo, no descartan recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para poner fin a esa “persecución judicial, que lesiona gravemente los principios fundamentales de un juicio justo”.

Lo cierto es que la situación derivada del coronavirus ha obligado a reconfigurar la estructura tradicional de distribución fílmica. Los grandes títulos del año —como Tenet o Viuda Negra— han ido posponiendo sus fechas de estreno conforme se veía que la situación general no mejoraba. Finalmente, otra de las grandes esperadas del 2020, el live action de Mulan —que debería haberse estrenado el 8 de marzo—, ha pasado directamente a la plataforma Disney+ este 4 de septiembre. Eso sí, además de la suscripción mensual, los usuarios tendrán que abonar 21,99 euros extra si quieren acceder a la película.

La decisión de Disney ha suscitado quejas en el mundo de la distribución cinematográfica. La Federación de Cines de España (FECE) publicó el pasado 7 de agosto un comunicado oficial en el que acusaba a la multinacional de "engañar" a los espectadores con esta maniobra. Ese precio extra permite a los usuarios de Disney+ ver Mulan durante un tiempo ilimitado —no es un alquiler por 48 o 72 horas— y estaría disponible para todos los perfiles de la cuenta, en lo que se ha calificado como un "acceso premium". Quien pague podrá verla antes que nadie, pero eso no significa que Disney no tenga intención de abrir su acceso a todos los suscriptores en el futuro cercano. De hecho, la compañía ya ha confirmado que Mulan entrará al catálogo en abierto el 4 de diciembre.

La respuesta en redes no se ha hecho esperar. Un usuario de Twitter comentaba con sorna: "Entonces Mulan se estrena el 4 de diciembre". Otro usuario va un paso más allá: "No hay que esperar hasta el 4 de diciembre si sabes dónde buscar". Y es que la piratería, que había disminuido considerablemente con el auge de las plataformas de streaming, podría ser una alternativa deseable para quien no esté dispuesto a pagar extra o a esperar otros tres meses.

Lo que ha encendido las redes no ha sido la opción de pagar una cantidad extra, sino el precio de la misma. En España, es habitual el alquiler de estrenos en televisión; tanto los servicios asociados a una compañía telefónica, como Vodafone TV o Movistar+, como las propias plataformas de streaming, ofrecen la opción de pagar una pequeña cantidad de dinero para acceder a los títulos más recientes de la cartelera.

Filmin es una de ellas, donde los alquileres oscilan entre 1,95 y 4,99 euros. "No nos planteamos subirlos más", asevera Jaume Ripoll en conversación telefónica, "Matthias y Maxime se puso a 5,95 euros porque se estrenó directamente en nuestra plataforma sin pasar por los cines. Me parece un precio razonable para un estreno especial". Este modelo de alquiler "ya funcionaba" antes de la pandemia; los espectadores elegían pagar por ver “un estreno que no tuvieron oportunidad de ver en cines, que es una exclusiva” o por “cualquier otra razón", asegura Ripoll.

Disney no corre riesgos

La estrategia de Disney durante la pandemia ha sido sólida. Acostumbrada a millonarias recaudaciones por cada nueva película, no se ha arriesgado a estrenar en tiempos inciertos como estos. En 2019, el ranking con las diez películas más taquilleras del mercado español estuvo dominado por Disney. El rey león se convirtió en la quinta película más beneficiosa económicamente de la historia de España al recaudar más de 37 millones de euros. Vengadores: Endgame, Star Wars: El ascenso de Skywalker, Toy Story 4, Aladdín, Frozen 2, Dumbo y Spider-Man: lejos de casa completaron ese top diez. Todas ellas recaudaron en nuestro país entre 13 y 29 millones de euros.

Si bien Disney no tenía un calendario de estrenos tan potente este 2020, ha tenido que maniobrar con algunos de los estrenos más esperados. La producción de Marvel Studios Viuda Negra se ha trasladado a 2021, las secuelas de Avatar se retrasan entre uno y dos años y la segunda parte no llegará a los cines hasta 2022. Tampoco la próxima trilogía de Star Wars mantiene su estreno y aplaza su primera entrega hasta las navidades de 2023. La que sí ha visto la luz este mes de agosto ha sido Los nuevos mutantes, una cinta de los X-Men que llevaba en el cajón de la compañía desde 2017. A pesar de la expectación de los fans, la película apenas ha recaudado 241.911 euros en su primer fin de semana en España.

Con la incertidumbre unida a los tiempos del coronavirus, Disney no ha arriesgado lo más mínimo a la hora de sacar a la luz sus nuevos títulos. Artemis Fowl pasó directamente al catálogo de Disney+ con un éxito moderado. Onward, lo nuevo de Pixar que apenas tuvo tiempo de respirar un ambiente prepandemia en los cines —se estrenó el 7 de marzo—, tuvo un estreno acelerado en la plataforma el 3 de julio. Una de las últimas adiciones al catálogo es Hamilton, la obra de Broadway de Lin-Manuel Miranda que, por primera vez, ha sido grabada y distribuida para el público general.

Con el peculiar estreno premium que propone Disney+ para Mulan, la multinacional estaría intentando compensar las pérdidas ocasionadas por un año tan malo para la cultura audiovisual, pero es también una suerte de globo sonda; una prueba de la compañía para valorar cuánto están dispuestos a desembolsar sus suscriptores para acceder a los estrenos. Si la estrategia funciona, ¿podría llegar a suponer un cambio en la distribución cinematográfica como la conocemos?

Una ventana cerrada a cal y canto

En su comunicado, la Federación de Cines de España asegura que "para garantizar la supervivencia de toda la industria, es necesario que el nuevo contenido se lance primero en los cines respetando la ventana actual". Esa ventana, el periodo de exclusividad del que gozan los cines para la distribución de películas, no está regulado por ninguna ley, sino que es una imposición de las distribuidoras. En España, se sitúa en los cuatro meses, unos 120 días. Durante ese tiempo, las plataformas de streaming no pueden adquirir los derechos de emisión.

Nuestro país suma una variable más. Uno de los requisitos para que las películas españolas reciban subvenciones del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) es que deben pasar primero por salas de cine; es decir, deben ser "estrenos comerciales". De no hacerlo, tendrían que devolver el dinero recibido. La situación derivada de la pandemia permitió hacer ciertos cambios a este respecto, al menos de forma temporal. El pasado 5 de mayo, el Ministerio de Cultura aprobó un Real Decreto en el que se ampliaba la definición de "estreno comercial" y permitía que los filmes se estrenaran directamente en streaming sin perder privilegios. La medida, que se extendía inicialmente hasta el 31 de agosto, ha sido renovada hasta el próximo 31 de enero.

A pesar de que las salas de cine obtuvieron el permiso de apertura el 26 de junio, muchas esperaron aún un par de semanas con la intención de aprovechar los mayores estrenos. Además, la apertura estaba condicionada a una importante reducción del aforo y la reestructuración de las salas, entre otras medidas de seguridad. Un informe de la FECE del mes de julio aseguraba que los cines son los lugares que los usuarios consideran más seguros, por encima de teatros, tiendas y restaurantes, pero, aún así, existe un clima de reticencia a la hora de acudir a ver una película en la pantalla grande. Un miedo que se ha extendido aún más con la proliferación de rebrotes en las principales ciudades durante el último mes.

A pesar de la situación precaria de los cines, la FECE apuesta por el estreno tradicional, y no parece abierta a modificar las ventanas de distribución. No obstante, en Estados Unidos ya se ha dado el primer paso hacia un nuevo modelo. El pasado 29 de julio, Universal Pictures y AMC —la cadena de salas de cine más grande del mundo, que controla, entre otras, Cinesa— llegaron a un acuerdo histórico al rebajar el periodo de exclusividad de las salas a 17 días. Es decir, los filmes de Universal podrían llegar al streaming apenas dos semanas y media después de pasar por la pantalla grande.

La cartelera vacía y el 'streaming' en alza

Las grandes distribuidoras estadounidenses han movido sus estrenos a 2021. Ni Wonder Woman 1984, ni Fast and Furious 9 ni John Wick 4 verán la luz este año como consecuencia de la pandemia. Las distribuidoras estadounidenses dependen del contexto nacional para dar el pistoletazo de salida a sus títulos y, si miran al mercado internacional, España es una fuente muy pequeña de ingresos. Solo Warner Bros ha dado un paso adelante al estrenar en parte de Europa la última cinta de Christopher Nolan, Tenet, el pasado 26 de agosto. En su primer fin de semana se las ha apañado para generar más de 53 millones de dólares, un estreno moderado en comparación con otros títulos del director, pero optimista en el contexto actual. Este 4 de septiembre, llega a la cartelera de Estados Unidos y China y se esperan resultados igualmente buenos, según los medios culturales americanos.

La taquilla española tendrá que subsistir, por el momento, con la recaudación de Tenet, que durante su primera semana ha sumado 2,29 millones de euros, y Padre no hay más que uno 2, la comedia de Santiago Segura que se ha convertido en la película más taquillera del año con 9,76 millones de euros. Tras pasar todo el mes de agosto en cartel, la secuela ha logrado casi el 70% de los beneficios que consiguió el pasado año Padre no hay más que uno.

Por su parte, las plataformas de streaming buscan las vías para conseguir más suscriptores. Además del adelanto en alquiler de algunos títulos, Filmin lleva tiempo apostando por la emisión de festivales de cine online. El D'A Film Festival de Barcelona, en lugar de cancelar su edición anual, se pasó al streaming de la mano de esta plataforma. "En septiembre tenemos programados siete festivales", comenta Jaume Ripoll, “no vamos a dejar de emitir festivales de cine”.

Por otro lado, Netflix ha decidido abrir parte de su catálogo al público general sin necesidad de suscripción. Películas como A ciegas —uno de los grandes éxitos originales de la plataforma— y los primeros capítulos de series como Stranger Things o Élite ya están disponibles para quien quiera darles una oportunidad. Una estrategia para abrir el apetito de quienes todavía se resisten a contratar sus servicios. Por su parte, HBO ha apostado por el teatro con Escenario 0, una serie antológica que recopila seis obras por primera vez disponibles en streaming; entre ellas, Juicio a una zorra, Hermanas o Todo el tiempo del mundo.

Los juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional han autorizado la ejecución del bloqueo de más de 60 páginas web vinculadas al nombre de dominio The Pirate Bay a instancias de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual.

The Pirate Bay es una de las plataformas de contenidos pirata de mayor volumen a nivel internacional. En España, entre junio de 2014 y noviembre de 2018, se resolvieron sucesivos procedimientos de bloqueo contra webs que usaban este nombre de dominio con distintas extensiones del mismo ('.se', '.org', '.net', '.com', etc).

La actuación de la Comisión Antipiratería se ha producido en un procedimiento iniciado por los titulares de derechos representados por Agedi y Promusicae.

La suspensión y bloqueo en relación con los nombres de dominios afectados deberán llevarse a cabo en el plazo de 72 horas desde que los proveedores de servicios de intermediación de Internet reciban la notificación de este auto, comunicación que se está realizando a lo largo de este lunes 24 de junio.

"Este bloqueo masivo a páginas web que, bajo la marca The Pirate Bay, estaban haciendo uso ilegal de los derechos de los artistas y creadores españoles, tiene un valor ejemplar porque muestra que, incluso con los más grandes piratas que intentan burlar repetidamente los mecanismos de defensa de los derechos de autor, el sistema de la Comisión Antipiratería funciona", ha declarado Adriana Moscoso, directora general de Industrias Culturales y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte.

Menos audiencia en las web piratas

Actualmente, el número global de webs afectadas por las acciones de la Comisión Antipiratería asciende a 479, de las cuales el 92,69%, una vez han sido notificadas, han retirado los contenidos infractores. En los casos en los que no retiran voluntariamente los contenidos indicados por esta Comisión, las webs son objeto de bloqueo por orden judicial, tal y como refleja el auto judicial.

Según el ranking Alexa, desde 2017 han desaparecido en España, como consecuencia de las acciones de esta Comisión, once páginas web que figuraban entre las 250 más visitadas en España (además de otro centenar de webs con un número menor de visitas). Tan sólo una de las trece páginas que figuran actualmente en este ranking parece tener vínculos identificados con España.

Esta autorización se produce tan solo tres días después de que un juzgado de Murcia absolviese de un delito contra la propiedad intelectual a los que fueran administradores de las páginas webs 'películasyonkis.es', 'seriesyonkis.es' y 'videosyonkis.es' de los años 2008 a 2014, al entender que "estas webs no contenían ningún tipo de contenido audiovisual, sino que se limitaban a la publicación de los enlaces que conducían a otros servidores donde se alojaban las obras".

La Comisión de Cultura del Congreso ha aprobado, este martes, por unanimidad la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en la que se recogen medidas contra la piratería, como el cierre de webs sin necesidad de autorización judicial, o iniciativas para un mayor control de las entidades de gestión de derechos y poner freno a prácticas como las de La Rueda, informa Europa Press.

El texto, que pasará ahora al Senado, incluye la modificación pactada por PP, PSOE y Ciudadanos, en el artículo 195 de la norma, que establece que "la ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa".

Este cambio supone dejar el cierre de estas páginas en manos de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, la conocida como Comisión Sinde por la ministra Angeles González Sinde del Gobierno socialista de Zapatero. Es decir, dependerá de un órgano ejecutivo y no de uno judicial. Unidos Podemos ha votado en contra de esta enmienda.

El PP, el PSOE y Ciudadanos también han pactado, en este caso con Unidos Podemos, una decena de enmiendas que se han incluido en el texto en fase de ponencia. Las más destacadas son las que se refieren a la negociación de tarifas entre los usuarios de la propiedad intelectual –radios y televisiones– y entidades de gestión –SGAE, AIE o AGEDI– ya que se añade una regulación en caso de desacuerdo entre ambas partes.

En estos casos, dice la nueva ley, los usuarios deberán pagar, en todo caso, el 100% de la última tarifa acordada o, a falta de un acuerdo anterior, el 50%. "Hasta que se resuelva el conflicto, se entenderá, provisionalmente, que la obligación de pago ha sido cumplida y, en lo que se refiera al derecho exclusivo que pudiera ocurrir con el derecho de remuneración, concedida la autorización para el uso de ese derecho exclusivo", apunta la redacción.

Cambios en los estatutos de las entidades de gestión

Las entidades de gestión también se han visto afectadas en esta reforma. En concreto, se han cambiado sus estatutos y sus órganos de control interno. En este último caso, se determina que aquellas que recauden anualmente una cifra igual o superior a 100 millones de euros en el ejercicio anual anterior, estarán obligadas a nombrar como miembros del organismo de control a un número de terceros independientes igual al número de miembros de la entidad de gestión que integren dicho órgano.

En cuanto a los estatutos, se establece que el régimen de voto no permitirá que se produzcan concentraciones mayoritarias en poder de un número reducido de miembros, si ello constriñe la democracia interna o altera de alguna forma la libertad de actuación de la asamblea general. Además, se deberá velar porque aquellos titulares de derechos que pertenezcan a empresas usuarias no ocupen puestos en los órganos de gobierno, ni participen en las tomas de decisión en que pudiera existir un conflicto de intereses.

Del mismo modo, son estas entidades quienes protagonizan la medida acordada por las formaciones en el Congreso para frenar prácticas como La Rueda, la trama integrada por varios socios de la SGAE que registraba de forma fraudulenta modificaciones de obras originales (y por tanto libres de derecho de autor) sin variación alguna de las auténticas para ser emitidas en programas nocturnos de televisión.

En la reforma, se determina que las entidades de gestión adoptarán las medidas necesarias, incluyendo la fijación de topes de reparto cuando sea procedente, para evitar que obras reciban cantidades desproporcionadas en relación a los rendimientos comerciales o de audiencia que se producen durante su explotación. En concreto, se establece que no se superará en ningún caso el 20% del total recaudado por un caso intensivo, cuando la radiodifusión en los que el valor comercial por el uso de las obras y prestaciones protegidas sea testimonial por ausencia de audiencia significativa.

Unidos Podemos, contrario al cierre de webs

Todos los grupos que han intervenido en el debate de este martes han destacado la actitud de diálogo y consenso que se ha vivido en los meses de trabajo de esta reforma. El portavoz de Cultura del PP, Emilio del Río, ha señalado que el objetivo de que todos los partidos estén "razonablemente satisfechos" con el texto, se ha conseguido.

Su homólogo socialista, José Andrés Torres-Mora, también ha celebrado la importancia del parlamentarismo y de la democracia en negociaciones de este tipo, mientras que la portavoz de Ciudadanos, también presidenta de la comisión, Marta Rivera de la Cruz, ha celebrado que España mantenga una legislación garantista en esta materia, pero que se hayan agilizado las actuaciones contra los reincidentes.

Unidos Podemos ha valorado la mayoría de los puntos incluidos en esta nueva ley, aunque ha alertado de la necesidad de una reforma integral en esta materia, "que no incurra en la presunción de culpabilidad" asociada a las novedades tecnológicas, según ha explicado su portavoz de Cultura Eduardo Maura. El 'morado' muestra así su disconformidad con el cambio realizado en el artículo 195 sobre el cierre de webs.

También ha destacado una de las enmiendas presentadas por su grupo, que finalmente no ha sido incluida en el texto al no contar con el apoyo mayoritario, en la que se pide derogar el artículo 71 por el que las cesiones de edición musical se ceden en un 50% durante la vida del autor y 80 años después de su muerte.

Finalmente, el portavoz de ERC en esta comisión, Xavier Eritja, ha señalado que se trata de un texto que avanza hacia un nuevo modelo, aunque ha cuestionado la capacidad del país para adaptarse a los cambios sociales, económicos y tecnológicos, entre otros.

El Gobierno busca un mayor protagonismo en la Europa militar, en la que ya despunta como el principal aportador de soldados en las misiones comunitarias. Cuando se materialice el Brexit, en marzo de 2019, Northwood (Reino Unido) dejará de ser uno de los cinco cuarteles generales estratégicos de la Unión Europea junto a París, Roma, Postdam (Alemania) y Larissa (Grecia). Habrá un vacío que llenar. Y España quiere que lo llene Rota, por lo que Defensa ha presentado su candidatura ante la Unión Europea. Pretende no sólo que la base gaditana, que ya es crucial para Estados Unidos, sea un terminal estratégico de la UE, sino que también sustituya a Northwood en el mando de la operación europea Atalanta de lucha contra la piratería en el Cuerno de África.

España es el único Estado que ha participado en todas las operaciones de la UE: Atalanta, Sophia (frente a las costas Libias), Somalia, República Centroafricana, Mali y Bosnia. La contribución cuantitativa de España alcanza los 845 militares. Ningún otro Estado europeo aporta más, confirma Defensa. "España ha participado y participa en todas y cada una de las operaciones y misiones de adiestramiento militares de la UE, siendo la contribución española la mayor de los países miembros", señala Defensa.

"Como país que lidera y aporta permanentemente medios de superficie y aéreos, junto a capacidades críticas como medios de operaciones especiales y UAVs [vehículos aéreos no tripulados], así como efectivos esenciales en los cuarteles generales, España dispone de la adecuada experiencia y capacidad para proporcionar una capacidad de mando y control estratégico en las instalaciones de la Armada en la Base Naval de Rota", añade. Defensa considera que establecer el cuartel operativo en Rota supondría el reconocimiento al esfuerzo realizado por España en favor de la "política común de seguridad y defensa de la UE".

Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, afirma que la pretensión del Gobierno no cambia la línea ya marcada, que otorga a Rota una creciente importancia geoestratégica. "Rota ya está en el mapa mundial. Sólo hay que pensar en los cuatro destructores que Estados Unidos tiene en la base", explica Núñez Villaverde, que recuerda que el Gobierno también ambiciona que España sea "un punto de referencia clave" del Comando África de Estados Unidos, el conocido como Africom, con cuartel general en Stuttgart (Alemania). "España", expone Núñez Villaverde, "pretende ganar peso dentro de la OTAN y de la UE en el terreno de la seguridad militar". De hecho su peso ya va en aumento. Y sus gestos de adhesión a la carrera armamentística también. El Gobierno, a través de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal (PP), ha prometido a la OTAN aumentar el gasto militar un 80% para 2024, alcanzando un 1,6% del PIB.

Un flanco crucial

El sur de España es un flanco de importancia creciente en la estrategia militar mundial de Estados Unidos. Rota es un bastión del escudo antimisiles, que crispa las relaciones de Occidente con Rusia, y es punto de partida de los ataques de Estados Unidos en Siria. La base de Morón es clave para las intervenciones de los marines en el Mediterráneo Occidental, el Magreb y el Sahel. El informe La geopolítica de las bases militares, publicado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa, destaca el "renovado interés" norteamericano por ambas bases en el nuevo contexto mundial, en el que destaca el eje Rota-Morón como "un pilar estratégico".

El Estado español lleva un largo ciclo de cesiones militares a Estados Unidos. La llegada a Rota entre 2014 y 2015 de cuatro navíos destructores estadounidenses Arleigh Burke para proporcionar cobertura antimisliar a los aliados mediterráneos e Israel, así como la modificación del convenio de cooperación con Estados Unidos para convertir Morón en sede de de un destacamento de marines para intervenciones en África, son ejemplos perfectos de ello. La visita de Obama en el verano de 2016 fue elocuente. Llegó a España directamente desde el este de Europa, de una cumbre de la OTAN en Varsovia, donde Estados Unidos acababa de desplegar medios y tropas frente a Rusia. La OTAN siempre busca distribuir equitativamente los gestos entre el este y el sur. La visita del presidente fue un claro agredecimiento a la siempre bien dispuesta España.

La colaboración militar hispano-estadounidense se fundamenta en el Pacto de Madrid de 1953, en pleno franquismo, que supuso el despliegue militar de Estados Unidos en Rota, Morón, Zaragoza y Torrejón de Ardoz. La ubicación del eje Rota-Morón siempre ha sido privilegiada: en el extremo meridional de la fachada atlántica española, cerca del Estrecho de Gibraltar, en un punto intermedio entre Estados Unidos y Oriente Medio, cabeza de puente de Europa, con acceso al Atlántico, Mediterráneo occidental, norte de África y Sahel. Ambas bases, de situación geoestratégica óptima, suscitaron el interés de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría por su potencial en "labores de presencia avanzada, lucha antisubmarina en la fachada atlántica o defensa del flanco sur de la OTAN", según el informe La geopolítica de las bases militares, firmado por Guillem Colom y publicado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Hoy en día son igualmente útiles, quizás más, en el contexto de tensiones multipolares. El valor de Rota "en la estrategia española, aliada [OTAN] y estadounidense está fuera de cualquier duda y su importancia se mantendrá a pesar del giro de Washington hacia Asia-Pacífico o la irrelevancia estratégica europea", señala el estudio del Instituto Español del Estudios Estratégicos, que atribuye a Rota un papel central para el desenvolvimiento en el "arco de inestabilidad" que comienza en la orilla sur del Mediterráneo y se extiende hasta el Golfo de Guinea.

Objetivo militar "de primer orden"

Ahora España quiere que su contribución a las misiones europeas y a la estrategia otanista sea reconocida con galones para Rota, cuyo creciente protagonismo la pone ya inevitablemente en el foco de los países rivales. El informe Escudo antimisiles en la base de Rota. Un paso más en la militarización mundial, del Centro Delàs de Esudios por la Paz, afirma que este nuevo protagonismo –sobre todo por el escudo antimisiles– convierte a España en un "objetivo militar de primer orden". "La función de apoyo a operaciones de la OTAN y de Estados Unidos colocará a España en una posición de mayor complicidad belicista" con la primera potencia económica y militar mundial, señala el informe.

El analista Jesús Núñez Villaverde coincide en que, obviamente, a mayor consagración de la importancia de un enclave militar, más fácilmente identificable y reconocible como objetivo resulta para "los malos", como dice en expresión coloquial. El movimiento antimilitarista y pacifista andaluz –que en su momento era capaz de juntar a miles de manifestantes en la anual Marcha a Rota, hoy una cita de capa caída– lanza una voz de alarma. "España no les pone ninguna limitación. Estados Unidos está en Rota y Morón para lo que quiera y necesite", señala Carmen Casado, portavoz de la Red Antimilitarista de Andalucía, que recuerda el papel de Rota como "centro de espionaje". "Por supuesto, Rota aumenta la inseguridad de la zona, por mucho que lo quieran negar", añade. No sólo se refiere al riesgo de ataques terroristas, sino a posibles accidentes nucleares, si bien no puede aportar pruebas de que en Rota se almacenen armas nucleares.

"El problema es que el antimilitarismo ya no está en la agenda política, a pesar de que [los gobernantes] ya no tienen el argumento de los puestos de trabajo, porque cada vez hay menos empleo civil [el que realizan los españoles]. Este tema inhibe a la gente, que siente que es imposible hacer nada por el poder de la fuerzas de seguridad y la defensa. Tenemos que romper eso y decirlo claro: 'Esta carrera armamentística es un disparate que no soluciona nada, que lo empeora todo", expone.

Otra cuestión: la doble función de la base de Rota, al servicio de la UE y de EEUU, ¿puede llegar a generar contradicciones y tensiones? La respuesta de los analistas es que, ahora mismo, en absoluto. "Ningún país de la UE propugna crear un sistema de seguridad al margen de la OTAN, sino reforzar el pilar europeo de la alianza atlántica", señala Núñez Villaverde. No obstante, recuerda que la estrategia global europea de 2016 apunta a una "autonomía estratégica" de al UE. Hipotéticamente el el futuro podría haber "problemas" entre atlantistas y europeístas, señala. Siempre y cuando, claro está, un europeísmo no atlantista reforzara posiciones en el seno de la UE.

Félix Arteaga, investigador principal de seguridad y defensa del Instituto Elcano, cree que todo juega a favor del reforzamiento del papel de la base de Rota. No obstante, apunta que lo realmente importante sería tomar el mando de la misión Atalanta. "Es una decisión del Consejo de Europa y aún no está adoptada. Pero España ha sido el país que más ha contribuido a esa misión. Incluso la creó junto a Francia. Hay una regla no escrita que dice que el que más contribuye manda. Siempre se acusaba a Reino Unido de mandar sin aportar nada sobre el terreno", señala Arteaga.

La oposición a la candidatura de España la encarna Italia, que persigue unificar el mando de Atalanta con el mando de Sophia. "Si no se le da a España el mando de la operación, tendremos un cuartel general capaz de mandar una operación, pero sin operación", advierte. Defensa considera que su aportación a la operación Atalanta ha sido clave en el buen curso de la misión. "Atalanta es considerada una historia de éxito en la aproximación integrada de la UE en el Cuerno de África, tanto por la gestión eficaz de los escasos medios disponibles aportados por los Estados eiembros como por la efectiva coordinación alcanzada con el resto de países presentes en la zona, así como la coordinación e intercambio de información alcanzado con la comunidad mercante y pesquera internacional", señala oficialmente el ministerio.

La Guardia Civil ha anunciado este martes que ha lanzado una campaña de bloqueo de páginas web de descarga de contenidos protegidos por derechos de autor con el bloqueo de 23 páginas web que enlazaban de forma gratuita a sitios donde se descargaban películas, series, música y videojuegos.

En esta primera fase de la operación CascadaCascada, que está liderada por la Unidad Central Operativa (UCO), se han bloqueado un total de 23 dominios web desde donde se accedía a enlaces P2P de descarga directa de todo tipo de material audiovisual protegido, en algunos casos sin haberse estrenado aún en España.

Según la Guardia Civil, las web bloqueadas, entre ellas www.divxtotal.com, www.estrenosdtl.com o www.gamestorrents.com, ofrecían versiones en gran calidad de películas disponibles en las carteleras de cine de nuestro país, sin que aún hubiesen sido puestas a la venta en formato físico o digital y dobladas con audio en varios idiomas.

La mayoría de las páginas web investigadas contaban con unos índices de visitas diarios muy elevados, siendo algunas de ellas de las más conocidas y utilizadas en nuestro país para descargar ilegalmente y de manera gratuita, todo tipo de material audiovisual protegido.

Estos dominios fueron creados en sus inicios por una persona de origen español, que luego los vendió a una empresa con sede en Argentina, actual propietaria y administradora de los mismos.

Según los investigadores, los responsables de estas páginas utilizaban diversos métodos para evitar el cierre o bloqueo como ocultar la ubicación real de sus servidores y los datos de registro de los dominios contratados, llegando incluso al cambio constante de la ubicación de sus servidores en varios países.

El Departamento de Delitos Telemáticos de la UCO ha detectado casos en los que dominios previamente bloqueados judicialmente, eran reactivados en cuestión de horas, con nombres de dominios prácticamente idénticos o incluso cambiando únicamente la extensión de los mismos.

No obstante, se trata de una propuesta inicial que debe ser todavía tramitada y podría sufrir modificaciones e incluso no aparecer en el documento final, tal y como han explicado fuentes del sector, que también han incidido en que el modelo de precios se basa en la última orden ministerial que puso precio al canon digital en el año 2008.

En este sentido, estas mismas fuentes recuerdan que lo que tendrá que discutirse a partir de ahora serán formas de copia privada que no había en ese momento y que a día de hoy son "objetos de discusión", tales como el almacenamiento en nube, las tabletas u otros tipos de dispositivos como los smartphones.

El borrador únicamente habla de teléfonos móviles "con funcionalidad de reproducción de fonogramas, videogramas y textos". Asimismo, también hay otro apartado para dispositivos portátiles "reproductores de fonogramas, videogramas o de otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales", que tendrían un coste adicional de 3,15 euros por unidad.

La lista de precios también incluyen los CDs (sean o no regrabables) con un coste de compensación por copia privada de 0,17 euros por unidad y los DVD por 0,44 euros la unidad. Las memorias USB estarían gravadas con 0,30 euros la unidad y equipos (de menos de 17 kilos) con capacidad para copia, impresión, fax o escáner, con 7,95 euros la unidad.

En cualquier caso, se trata de un punto que tendrá que ser negociado por las empresas tecnológicas y las entidades de gestión de la propiedad intelectual y, de no ponerse de acuerdo, tendría que intervenir la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.

De ahí que el texto pudiera salir adelante sin precios y que sean aprobados en el próximo semestre, según han señalado estas fuentes. El borrador se encuentra en manos de Agenda Digital y pasará también por el ministerio de Economía.

Vuelta al modelo de 2008

Cineastas, músicos y escritores han aplaudido la intención, expresada en el primer borrador de la nueva norma que modificará la regulación de la propiedad intelectual, de regresar a un modelo de canon digital similar al que se aprobó durante la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

Aún así, se han mostrado prudentes a la hora de celebrarlo porque quieren verlo "por escrito" en una nueva ley aprobada en el Parlamento. "Por ahora hay solo palabras y las palabras se las lleva el viento", ha recordado en declaraciones a Europa Press la escritora Paula Izquierdo.

De hecho, el músico y compositor Nacho García Vega ha hecho hincapié en la importancia de que el nuevo canon se cargue a las empresas tecnológicas, porque "son las que se benefician" de la piratería, al ser las que venden los soportes y dispositivos que se emplean para realizar las copias.

"Es importante y justo que lo paguen quienes se están beneficiando de ello", ha explicado. Sin embargo, se ha mostrado "prudente" porque, pese a que la imposición del canon a estas empresas, a su juicio, no les supondría un gran perjuicio, cree es un sector "muy poderoso" y con gran influencia, de modo que cree posible que se frene un intento de aplicarles el canon a ellas.

"El daño" de los últimos cinco años

El actor Emilio Gutiérrez Caba ha alertado sobre la posibilidad de que las empresas tecnológicas "se nieguen" a que se les aplique el impuesto. "Por ahora, al Gobierno le han dado un varapalo y no sabemos lo que se va a hacer. Además, el daño hecho los últimos cuatro o cinco años no lo va a pagar nadie", ha indicado el actor.

En todo caso, el cineasta Imanol Uribe ha subrayado que el borrador publicado por ahora indica que "está volviendo la razón" al debate sobre la propiedad intelectual al orientarse a que sean las empresas tecnológicas quienes paguen el canon, en tanto que "sacan beneficios muy sustanciosos" de la difusión de la cultura por medios digitales.

"Ahora es tan fácil piratear que muchas veces está la película en Internet y no te ha dado tiempo ni a recuperar el dinero para hacer otra película" lamenta el guionista y director de cine Benito Zambrano. "Somos un país con una larga tradición de no proteger nuestra cultura, pero luego todo el mundo quiere leer libros, escuchar música, ver películas e ir al teatro".

Todos estos artistas coinciden en que el sector cultural "está entre la espada y la pared" y señalan que la eliminación del canon durante los últimos cinco años ha provocado importantes consecuencias en el sector, reduciendo la capacidad de las productoras para invertir en promoción de sus películas, libros y discos y mermando las cantidades que reciben las sociedades de gestión de derechos de autor para compensar el trabajo de los artistas.

Allá para el mes de junio, el sector del libro estaba dividido entre los moderadamente optimistas y los pesimistas moderados. El análisis del mercado editorial en 2015, realizado por la FGEE y publicado cuando el año cumplía sus primeros seis meses de vida, daba argumentos a los pelín mustios y a los apenas positivos: el sector había crecido un 2,8%, fundamentalmente gracias al libro de texto y la novela, pero seguía un muy lejos (-30,8%) del punto álgido alcanzado en 2008.

Dice Mariano Villarreal (Literatura Fantástica), que "en 2016 se han apreciado evidentes signos de recuperación que permiten aventurar un más que probable cambio de tendencia. La percepción de la situación actual por parte de muchos editores es francamente positiva, y todo apunta a que el futuro a corto y medio plazo será halagüeño". Tiempo habrá de confirmar (o no) ese pálpito, de que los responsables de la cosa proporcionen los datos correspondientes al año que acabamos de dejar atrás. Pero, antes de que las cifras zanjen el asunto, hemos pedido a las gentes del libro que escriban, que escriban un deseo para que podamos confeccionar una carta a los Reyes, que por fuerza tendrán que ser Magos (y majos majísimos) para atender sus peticiones.

Queridos Melchor, Gaspar y Baltasar

"Ojalá en 2017 se fortalezca el mundo de las ideas, de los libros, de los creadores, y que le gane la partida a esa corriente que enarbolando la bandera del desarrollo y las nuevas tecnologías termina tristemente privilegiando la inmediatez de la noticia y las reflexiones y opiniones en 140 caracteres al rigor informativo, al análisis sosegado, a la riqueza cultural", pide Roberto Montoya. "Que desaparezcan todos los móviles y su lugar lo ocupen los libros", se anima Javier Sánchez Menéndez (La Isla de Siltolá). "Que las palabras se impongan a los rótulos y que el acto íntimo de la lectura se convierta en un deseo universal", añade Javier Lorenzo.

A Javier Sáez de Ibarra le gustaría "que cada escritor publique un artículo sobre la obra de un colega español o latinoamericano con el que no mantenga un vínculo personal. Reanimemos nuestra literatura con reflexión, independencia y horizontes".

A Carlos Salem, "que el mundo editorial español en 2017 deje de mirarse el ombligo o de mirar siempre el culo de Estados Unidos o de Inglaterra y mire un poco más hacia América Latina, donde se hace buena parte de la mejor literatura del mundo, y paradójicamente es muy difícil verla publicada en España. Y de puertas hacia dentro, desearía que las editoriales apostaran más por trabajar para meter goles literarios, en lugar de buscar los pelotazos fáciles, que siempre son los más difíciles. Cómo soy un optimista incurable, en el fondo creo que será un buen año..."

A Ramón Buenaventura, "que muchos escritores os suministren muchos buenos libros, y que los buenos libros os suministren muy buenos lectores".

Y a Pilar Queralt del Hierro, que "se cumpla el propósito de la plataforma Seguir Creando y el cobro de una pensión de jubilación no sea óbice para que nuestr@s veteran@s plumas puedan seguir escribiendo...y cobrando por su obra".

Los Reyes son los lectores

Manuel Guedán (Demipage) desea a "todos los nuevos lectores, mucho empleo, poco trabajo y ninguna precariedad». Lorenzo Silva, "que los verdaderos lectores resistan y mantengan su amor por el libro bien hecho. De ellos depende la supervivencia de quienes los escribimos. El resto, ya leerá lo que sea, y como sea". Y José Ovejero, "no que se lea más, sino que se lean más títulos diferentes; lo primero enriquece a la industria, lo segundo nuestra cultura". A Alberto Olmos le bastaría "con que en 2017 nacieran los lectores del futuro".

Alexis Ravelo se niega a hablar "de bibliotecas, impuestos o piratería. Me limito a desear que los libros que creemos en este año merezcan convertirse en objeto de deseo de los lectores. Y que estos sean cada vez más. Y más exigentes", y Andrés Neuman comparte "una pequeña triada de deseos: que descubran a jóvenes autores con talento; que cuiden con mimo maniático las traducciones; y que no se arruinen en el intento. ¡Más no se puede desear!"

Para las editoriales

Malcolm Otero (Malpaso) sueña con que "el éxito coincida con los buenos libros", y Julián Rodríguez (Periférica), con que "al menos la mitad de nuestros libros de este próximo año alcancen un número suficiente de lectores aun cuando sean 'demasiado arriesgados' o 'refractarios' para el mercado en algunos casos. Pero así es siempre la verdadera literatura: o todo o nada".

Pedro de Paz, "siendo buenrollista (y simplista)" expresa su ambición de que "todos publiquen muchos y muy buenos libros. :-) Pero mi auténtico deseo de buenaventuranza es para todas esas editoriales pequeñas y modestas que se baten el cobre luchando día a día por publicar aquellas obras en las que de verdad creen. Porque ellas son la verdadera esencia de esa misma chispa que, impulsándolos a ellos a publicar, un día nos empujó a escribir a todos aquellos que disfrutamos haciéndolo".

Pepe Rodríguez anhela… "que editores y libreros entiendan que no solo de novedad vive el lector, y que es absurdo, inmoral y perverso que miles de títulos mueran sin llegar a los tres meses de vida", y Eduardo Vaquerizo, que "2017 nos traiga el futuro de una vez y que las editoriales no lo rechacen, sino que lo abracen y nos lo brinden a los lectores".

En definitiva, y en palabras de Alberto Marcos, "que aumente el número de lectores, que la lectura no siga decreciendo como forma de ocio en comparación con las redes sociales y las plataformas audiovisuales. Que se defienda desde los gobiernos a autores y editores con leyes rotundas contra la piratería".

Los piratas, sólo como personajes

"Acabar con la piratería", es el deseo único de Carme Riera, y también el de Marta Rivera de la Cruz: "El otro día el gremio de editores de Cataluña contó que este año el sector editorial perdió 200 millones por culpa de la piratería. Mi deseo es que empecemos a trabajar, cada uno desde donde nos corresponde, para que esa cifra se reduzca hasta la mínima expresión".

"Como dirían los aparcacoches 'libres' (en lenguaje incorrecto, 'gorrillas'): 'aquí estamos trabajando, así que... ¡respeta, primo!'". Es Ángela Vallvey, que pide "un poco de respeto hacia el trabajo de la cultura en general y la edición en particular, y eso comprende a la industria, sus trabajadores, autores y derechos de propiedad intelectual. Y cuando digo 'respeto' también quiero decir seguridad jurídica y amparo legal".

"Deseo una legislación eficaz contra la piratería y un gobierno que aprecie el lugar de la lectura como forma de crear ciudadanos capaces de imaginar un mundo mejor. Esos son mis deseos", dice Valerie Miles. Pero, añade, "como bien dicen los Rolling Stones, uno no siempre puede tener lo quiere". Pide además, y es casi una exigencia, que sigamos resistiendo en estos momentos complicados, "porque entramos en años 'interesantes' –con Trump, con Europa cada vez más a la deriva– y en estos tiempos la literatura siempre se vuelve más urgente. Los lectores estamos listos. Menos quizás que antes, pero listos. Los malos tiempos, o tiempos conflictivos, siempre han sido buenos para la literatura».

Puestos a pedir, Antonio Salas pide "que el nuevo año nos haga recuperar la libertad para publicar, sin mordazas de Ley. Que los intereses y los temores de los poderes políticos no amordacen la libertad de los periodistas. Insallah".

Los libros os necesitan

Virginia Fernández (Penguin Random House) habla primero de lo suyo: "Como editora dedicada a la no ficción lo mejor que se me ocurre desear para el nuevo año es que siga habiendo lectores curiosos, con ganas de descubrir y aprender", adelanta. Pero hay más: "Me encantaría que acabasen los cierres de librerías (e incluso dar la bienvenida a algunas nuevas) y que encontrásemos soluciones eficaces para reducir la piratería".

Un deseo al que se suman Cristina Morato ("Que no falte nunca un buen libro en nuestras vidas, que las bibliotecas se declaren patrimonio de la Humanidad y a los libreros se les nombre ciudadanos ilustres") y Martín Casariego («Que abran más librerías que las que cierren»).

Desde Pangea, suben la apuesta: "que las librerías que hacen clubs de lecturas y actividades para niños sigan creando nuevos lectores".

Y Max Lacruz (Funambulista) abre el círculo: "que las bibliotecas vuelvan a disponer de presupuestos decentes".

"Como antiguo bibliotecario —apunta Juanma Santiago—, mis buenos deseos se extienden a todo el personal, vilipendiado e invisible, que trabaja en bibliotecas, archivos y documentación", también a "los libreros, esos héroes del sector, siempre viviendo al límite". Además, habla de lo suyo, la corrección. "Ojalá el 2017 nos traiga a los autónomos unos clientes que sean buenos pagadores, no bajen tarifas a mediados de año y a los que, sobre todo, les salgan por fin las cuentas y vuelvan a contar con colaboradores externos".

"Yo corrijo de cuándo en cuándo —coincide Joaquín J. Sánchez—, pero estaría muy bien que pudiésemos pactar de una puñetera vez y todos a una unas tarifas mínimas".

Al pan, pan

Charo Ruano aspira a que, "de una vez por todas, alguien, críticos, lectores atentos, suplementos culturales, 'indignos de tal nombre en muchas ocasiones' y editoriales no nos engañen queriendo hacer pasar por literatura lo que no llega ni a redacción escolar de 2º de bachillerato. Que los criterios a la hora de publicar sean mucho más rigurosos y que los grandes grupos decidan si quieren publicar literatura con mayúsculas o basura encuadernada, eso sí primorosamente". Más exigencia también en la literatura infantil: "Pueden ser piedras contra mi tejado —admite Begoña Oro—, pero me gustaría más y mejor crítica de literatura infantil y juvenil, y (quiero especificar) no solo de álbumes ilustrados. ¡Leña al mono, que es de peluche!".

Al cabo...

"Que crezca inusitada e imparablemente el número de lectores, que se promueva la lectura a todas las edades, de forma imaginativa y eficaz, que desde los gobiernos se tomen iniciativas eficientes para acabar con la piratería, que se rebaje sustancialmente el IVA de los libros digitales, que entre la decena de libros más vendidos y el resto de lo que se publica no haya un abismo, y que entre los best sellers haya una cantidad pequeña pero significativa de libros que aporten algo para que los humanos nos entendamos un poco más. —Marisa Tonezzer (Ediciones B) tiene muchas peticiones en el tintero—. Seamos ambiciosos en lo que pedimos. Aunque algunos de nuestros deseos sean utópicos, al menos sabremos dónde está el norte".

Care Santos sueña con que el año que acabamos de estrenar "nos traiga una sola de esas lecturas que recordaremos el resto de nuestra vida"; Blanca Rosa Roca (Roca editorial), con que "la pasión por la lectura se contagie y se convierta en una epidemia de grandes dimensiones"; Penélope Acero (Edhasa) con un 2017 ("¡Que sea mejor que los años pasados!", reclama Pablo Sebastià) lleno de "libros, libros… ¡y más lectores!"

Como Jesús Egido (Reino de Cordelia), todos desean "lo mejor para el mundo editorial y para todos los seres humanos de buena voluntad. ¡Faltaría más!". Pero, si de libros se trata, en estos tiempos en los que leer "se ha convertido en un acto de rebeldía", Benito Olmo imagina "un 2017 rebelde y repleto de buenas lecturas. ¡Salud y libros!". Y Eugenia Rico cierra el turno de peticiones: "Paz, amor y sueños y lectores que cambien el mundo leyendo".

El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este martes durante el pleno del Senado que el Gobierno no tomará medidas contra el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, por comprar un disco pirata en un top manta.

"Ni una mínima medida pensamos adoptar sobre el puesto de trabajo que ocupa el delegado del Gobierno vasco porque ya ha dado las explicaciones oportunas y suficientes", ha contestado el ministro a la pregunta del senador del PNV, Victoriano Gallastegi.

El senador ha instado al Gobierno a explicar qué medidas iba a adoptar el Ejecutivo después de que se aparecieran publicadas en prensa unas imágenes de Urquijo en las que se le ve comprando un disco compacto pirata en el top manta.

Según ha expuesto el senador, el delegado habría cometido una "compra ilegal" que desentona del "comportamiento ejemplar" que debe demostrar un alto cargo. "Cabe reflexionar sobre la situación de los manteros, víctimas de mafias, con estas compras se perpetúa su existencia y se puede entender que al consumirlo un alto cargo también lo está legitimando", ha apuntado.

Gallastegui ha afirmado no conocer las explicaciones de Urquijo a las que ha hecho alusión al ministro y también ha aprovechado durante su intervención en el Senado para instar al Ejecutivo a eliminar la figura de delegado del Gobierno, porque, a su juicio, "no aporta nada positivo ni para Euskadi ni para España".

Por su parte, el ministro ha insistido en que el Gobierno no tomará medidas en contra de Urquijo porque en las fotos publicadas por la prensa, "no se le ve comprando nada". Es más, ha dicho que lo destacable de las imágenes no es que esté delante de un top manta, sino que ilustran "un tiempo nuevo" en el que "se puede andar con libertad" por zonas de Bilbao "después de tantos años de terror".

"Usted se ha quedado con la anécdota", ha dicho, al tiempo que ha criticado que con su pregunta "haya llegado al extremo de pedir no sólo que se cese al delegado, sino que desaparezca su figura".

"Comprendo que busque un pretexto, pero ha escogido mal y mezcla que una niña haya podido tener un desliz, con que un padre pague las consecuencias y encima desaparezca", ha añadido, y ha asegurado que eso es "torcer los hechos y engañar a la sociedad".

Los usuarios habituales de torrents lo tendrán un poco más difícil desde hoy porque Kickass Torrents, una de las fuentes de intercambio de archivos por excelencia, ha cerrado debido al arresto del fundador y dueño de la página, Artem Vaulin, acusado de infracción de copyright y blanqueo de dinero, copyright informa Europa Press.

"Artem Vaulin, 30 años, de Járvov (Ucrania), fue detenido hoy en Polonia por una denuncia presentada en la Corte del Distrito de Chicago con un cargo de conspiración para cometer una infracción de copyright criminal copyright, cargo de blanqueo de dinero y otros dos cargos de violación de copyright. Estados Unidos tratará de extraditar a Vaulin a los Estados Unidos", recoge la información difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia estadounidense se ha hecho con los siete dominios de la web esta madrugadalos siete dominios de la web y ha incautado la cuenta bancaria asociada con el portal de descargas. Vaulin es el responsable del sitio más visitado "para compartir contenido de forma ilegal, distribuyendo más de 1.000 millones de copias de materiales con copyright", añade el organismo.

"Su detención demuestra que los cibercriminales pueden correr, pero no pueden esconderse de la justicia para siempre”, ha apostillado la asistente del fiscal general, Leslie R. Caldwell.

Al parecer, Apple habría colaborado con la investigación y entregó detalles personales del fundador de la web a través de una investigación de la IP utilizada para acceder a la cuenta de Kickass Torrents en Facebook, lo que permitió descubrir cuál era la cuenta asociada de esa IP en las transacciones de iTunes.

El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 16 años y medio de cárcel que la Audiencia Nacional impuso en febrero del pasado año a seis piratas que dispararon al atunero vizcaíno IzurdiaIzurdia frente a las costas somalíes en octubre de 2012.

Confirma que para consumar el delito de piratería marítima no se requiere el apoderamiento del buque atacado, sino que basta cometer un atentado contra las personas, cargamento o bienes que se hallen a bordo de esas embarcaciones.

Se declara entonces la firmeza del a sentencia que consideró a Adawe Yusuf Ali, Abdi Ali Salad, Abdilahi Ise Jama, Yahye Omar Ali Hasan, Ali Mahamed Hirsi culpables de un delito de pertenencia a organización criminal y otros dos de piratería por intentar atacar el pesquero vasco y por desobedecer al buque de guerra holandés que les conminó al día siguiente a detenerse en el marco de la Operación Atalanta de la Unión Europea "para lucha contra la piratería en aguas de Somalia".

Los seis condenados dispararon con fusiles de asalto AK-47 desde la embarcación que ocupaban al atunero de bandera española, que faenaba en aguas del Mar Índico. El personal de seguridad privada a bordo del buque repelió la agresión y consiguió después de media hora abortar el asalto, en el que no hubo heridos.

Detenidos por un buque de guerra holandés

Al día siguiente, un buque de guerra holandés integrado en la Operación Atalanta detuvo a los atacantes tas una persecución, ya que éstos no se detenían. Por todo ello se les condenó por tres delitos: 11 años de cárcel por piratería, 1 año y medio por resistirse a la detención y 4 años de cárcel por delito de pertenencia a grupo criminal.

La resolución del Tribunal Supremo, de la que ha sido ponente el presidente de su Sala de lo Penal, Manuel Marchena, rechaza los recursos de los condenados y subraya que el delito de piratería admite diferentes "formas comisivas".

La primera de ellas exigiría la destrucción, el daño o el apoderamiento de un buque u otro tipo de embarcación o plataforma en el mar. Para la segunda, según el alto tribunal, bastaría el atentado contra las personas, cargamento o bienes que se hallen a bordo, de este modo el delito quedaría consumado, como es el caso.

Añade el Supremo que ni el artículo 616 del Código Penal ni el 101 de la Convención Montengo Bay condicionan la consumación del delito de piratería a que el "acto depredatorio" llegue a realizarse despojando al titular del buque o que éste quede inservible para la navegación a la que habitualmente se dedica.

Grupo criminal

Respecto al a pertenencia a grupo criminal, la Sala destaca que los piratas formaban "un colectivo armado que hace de la piratería su medio de vida, que localiza su actividad criminal en un espacio geográfico muy determinado, que selecciona sus objetivos conforme a una metodología que se repite, que emplea armas de alto poder destructivo, telecomunicaciones de última generación, medios de escalo para el abordaje (...) y , en fin, un grupo en el que están perfectamente distribuidos los espacios funcionales de cada integrante".

La sentencia también defiende la denominada "pericial de inteligencia" que realizaron para la causa miembros del Cuerpo Nacional de Policía. "La sofistificación de los medios empleados para la intercomunicación de los integrantes de esas bandas u organizaciones, las habituales técnicas de encriptación y, en fin, la constante tendencia a la clandestinidad, son razones suficientes para admitir una prueba pericial cuyo objeto sea ofrecer (...) una explicación detallada de la práctica que anima la actividad delictiva".

"Acelerado, armonioso, melódico y... trabajado". Así define Eric Sueiro el álbum debut de los barceloneses The Saurs, Magic Shape, banda en la que se encarga de poner voz y melodía a través de las seis cuerdas. En conversación telefónica con infoLibre, el cantante de The Saurs reconoce que esta grabación les ha supuesto "una visión más amplia de cómo hacer un disco", pero también "cómo buscar un sonido como grupo".

Y no es de extrañar, la banda lleva apenas tres años tocando –dos con la formación actual– en los que no han perdido el tiempo. Además de haber grabado dos EP –"de forma casera, en locales de ensayos con amigos", cuenta Sueiro– para darse a conocer, también han dado conciertos en algunas de las salas y festivales más importantes del país, como la Sala Apolo (Barcelona), Primavera Sound, Low Festival o Vida Festival, fecha que recuerdan con especial cariño.

Magic Shape by The Saurs

Uno de los contratiempos que sufrieron en sus primeros meses fue la salida del bajista, algo que fue aprovechado para dar un sonido más característico al grupo. No, no ficharon a ningún otro: continuaron como trío formado por dos guitarras y batería. No obstante, en sus grabaciones se puede escuchar una engañosa línea de "bajo", pero en realidad se trata de guitarras con efectos que simulan sonidos más graves.

Sueiro, que admite que tuvieron que "currar" mucho para lograr el efecto conseguido, se justifica: "Si lo podíamos hacer entre nosotros, ¿para qué alguien más?". Al más puro estilo Jack White, vaya.

Sus influencias se mueven, por un lado, entre el rock clásico y el garage americano, en el que remarcan a Twin Peaks, Ty Segall o Thee Oh Sees, con quienes compartieron escenario en la última edición del Primavera Sound. En cuanto a su música, la definen como "garage con tintes psicodélicos", pero apuntan: "No somos cerrados, no tenemos una estructura muy clara. Si lo tocamos y mola, se hace". Eso sí, avisan de que "el pop siempre está ahí".

Las metas de The Saurs pasan ahora por "reafirmarse por toda la península" y visitar algunos de los países limítrofes, "aunque sea en salas pequeñas", además de, claro está, "colarse en algún festival". Su objetivo en los conciertos: "Que la gente se lleve algo más que una anécdota, que digan que no es solo rock, que noten algo más. Queremos llegar a un sitio y que se acuerden de nuestras canciones".

"Somos la primera generación en descargar música"

Preguntados por las ventas de discos, reconocen que a ellos no se les da del todo mal, ya que sus conciertos suelen ser la principal tienda en la que ofrecerlos. "No es que la industria discográfica esté muerta, pero como nosotros somos de esta época, no tenemos referencia anterior", comenta Sueiro, que reconoce que el sector "tiene que renovarse".

"Nosotros no consumimos la música de la misma forma que hace 10 o 20 años, pero siguen tratando de arrastrar lo antiguo. Somos de la generación de Internet, la primera en descargar música", recalca el cantante de The Saurs –que han editado este disco con el sello independiente El Segell–, que explica: "A mí me gusta escuchar un disco antes de comprar, algo que antes no se podía hacer, y te tenías que guiar por la portada o la estética. Pero yo sigo comprando música. Al final acaba siendo también un hecho de coleccionismo eso de tener discos en casa".

En este sentido, explican que la piratería les "beneficia más que perjudica". "Nos interesa que la gente escuche nuestra música como sea, ya que eso al final se acaba redirigendo si vienen a conciertos, compran camisetas o discos", admite Sueiro, que recalca que "la piratería se ha reconvertido en los últimos años y ya no se descargan tantos discos porque se escuchan antes" a través de plataformas de streaming, como es el caso de Spotify, Bandcamp o Soundcloud.

La justicia no ve delito en la página de enlaces ZonaEmule. El Juzgado de lo Penal nº 12 de Valencia ha absuelto a su administrador tras nueve años de proceso judicial iniciado por la entidad de gestión de derechos EGEDA, Sony, Ubi Soft, Electronic Arts, Universal, Warner, Paramount, Disney y otros. El tribunal no ve delito en la actividad de la web, que no opera desde 2013, dedicada a alojar enlaces a programas de intercambio de archivos (peer to peer o P2P) como eMule. La sentencia del 16 de septiembre recuerda que la antigua Ley de Propiedad Intelectual no ve responsabilidad en enlazar contenidos que vulneren los derechos de autor, siempre y cuando los administradores desconozcan que son ilegales. Sin embargo, la nueva normativa, vigente desde el pasado enero, sí permite perseguir a webs que redirijan a otras páginas de contenidos ilícitos de forma "no neutral". 

La Fiscalía pedía para el responsable de la página una pena de cárcel de un año y seis meses, además de una multa de 10 euros diarios durante 18 meses y una indemnización a determinar por la acusación particular. Esta llegaba a solicitar tres años de cárcel, una multa de seis euros durante 18 meses y una indemnización de 291.600 euros. La página llegó a tener 27.000 usuarios registrados en 2006 y contenía 4.907 links, aunque no era posible saber el número de descargas realizadas a través de esa página desde 2003, ya que la web no alojaba los contenidos. El administrador de la web recibió ingresos por publicidad de 11.771 euros entre octubre 2006 y enero de 2008. 

La magistrada Margarita Sierra desestima estas peticiones porque considera que la tarea de www.zonaemule.com era "facilitar direcciones donde se podían descargar las obras, no su descarga directa a través de la propia página", y que la página se descargaba de responsabilidad con el siguiente texto: "Si descargas material de estas páginas y no tienes el título original, debes saber que puede tener © y estos tienen que ser borrados a las 24 horas, o bien adquirir el título original. De lo contrario, estás realizando actos ilegales en contra de los derechos de autor...".

Además, el tribunal distingue este caso de otros en los que los acusados, además de ofrecer un link, permitían ver contenidos en streamingstreaming directamente en sus páginas. En ellos se reconocía que, de haberse limitado a ofrecer un enlace, el procedimiento "hubiera dado lugar a dictar sentencia absolutoria". En su día, la propia Fiscalía llegó a afirmar que  "no parece probable que esa página web albergara las obras en su servidor si bien este extremo no puede ser asegurado a ciencia cierta", por lo que en 2013 se sobreseyó el proceso, que finalmente se retomó tras un recurso de las acusaciones particulares. 

El juzgado central de los Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid ha ordenado a los operadores de Internet en España que bloqueen el acceso a The Pirate Bay en 72 horas, según informó este viernes el diario El Mundo. Meses antes, en junio, ya se había iniciado la toma de medidas contra The Pirate Bay, fijando un plazo de 48 horas para que retirara contenidos con derechos de autor o, al menos, se impidiera su acceso. The Pirate Bay se negó a ello. 

Un comunicado de Promusicae, recogido por el citado periódico, señala que el magistrado toma esta decisión dos años y medio despúes de que la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (Agedi) denunciara a los propietarios del grupo por atentar contra la propiedad intelectual.

"Se trata del primer bloqueo de una página web dedicada al pirateo de música y otros contenidos que tiene lugar en España al amparo de la llamada Ley Sinde", especifica Promusicae en el comunicado, en el que celebran la decisión judicial "con alegría, especialmente al conocer que este estandarte de la piratería ha caído también, por fin, en España".

Esta web, que facilita el acceso a archivos Torrent, ya fue bloqueada en diciembre de 2014 por las autoridades suecas, pero volvió a ofrecer sus servicios el pasado 1 de febrero.

"Quieren poner puertas al campo"

La reacción de la plataforma Xnet no se ha hecho esperar. En una nota de prensa emitida la tarde de este jueves, señalan que "los matones del copyright lo celebran sin haberse enterado de que hasta los propios fundadores de Pirate Bay ya han dicho que está pasado de moda".

"La gente que quiere poner puertas al campo no está actualizada ni ama la innovación", añade la plataforma, que apunta que "es muy grave" y, por ello, se debe "reaccionar", ya que se trata, a su juicio, "de una carrera hacia atrás hasta el medievo más oscuro".

Así, aseguran tener "material interesante sobre los empresarios del copyright", por lo que piden colaboración ciudadana, mediante filtraciones de información que pueda compremeter a quienes, apuntan, "tanto se rasgan las vestiduras con las páginas de intercambio, los lobbistas que fuerzan leyes de censura para poder enriquecerse con ello".

Estas líneas tan sólo son una reflexión, meros apuntes incompletos, sobre el cambio que se avecina. Porque el cine está sufriendo profundos cambios no sólo en nuestro país, sino en todos los demás. Y la causa fundamental de este desmantelamiento hay que buscarla en la gran revolución tecnológica (y por añadidura social) que supone Internet y los procesos de digitalización. Una transformación que, desde hace unos años, está modificando la forma en que se produce cine y la forma de consumirlo. Es un cambio histórico, revolucionario, que terminará con la producción cinematográfica tal como la hemos conocido. Seguirán produciéndose contenidos audiovisuales, sin duda, pero no tendrán el mismo valor económico ni cultural que les dábamos hasta hace unos años.

Porque Internet ha puesto al alcance de cualquiera estos contenidos, su consumo, y, por lo tanto, ha modificado las reglas del juego. Antes había que ir a una sala de cine para contemplar una película, o esperar a su pase por televisión o a su salida en DVD. Ahora es posible acceder a prácticamente cualquier contenido audiovisual desde el ordenador de casa (conectado al televisor o integrado en él), desde el móvil o desde la tablet. Este acceso a los contenidos audiovisuales se produce de forma simultánea, o casi, al de su lanzamiento, y muchas veces sin desembolso económico, o si se paga, son pequeñas cantidades que hacen inviable la amortización del producto tal como se producía hasta ahora. La regla que ha impuesto esta revolución tecnológica es que se paga por tener conexión a la red, no por el consumo e intercambio de sus contenidos. Y los responsables directos de esta norma son los servidores y grandes monopolios telefónicos, no los usuarios. Una norma carente, desde su lanzamiento, de legislación o cualquier tipo de control, porque a ellos sólo les interesaba aumentar sus beneficios, ganar usuarios, sin importarles las consecuencias que podría acarrear. Esta es la causa real de la llamada piratería, por muchos eufemismos que quieran utilizar.

El audiovisual, el cine, ha dejado de ser un elemento rentable de ocio y cultura para convertirse en patrimonio de todos. Por un lado, cualquiera puede crear su propio contenido audiovisual y distribuirlo por la red. Por otro, todo producto que pueda digitalizarse puede ser compartido por la Red, con o sin pago previo. Y este es el fundamento del cambio al que estamos asistiendo, aunque busquemos otras razones.

Es el fin de una profesión, y de sus profesionales, tal como los conocíamos hasta ahora. El desarrollo tecnológico está modificando el modo de producción. Pautas similares se pueden ver en otras áreas como la música o la literatura. Y no hay leyes que sirvan para contener o neutralizar estos cambios. Porque la única ley válida es la de la historia, su imparable evolución. Lo hemos visto multitud de veces. Pero parece que no aprendemos la lección: los escribanos desaparecieron con la llegada de la imprenta; los jornaleros que segaban el trigo se extinguieron con la llegada de la cosechadora. En la época antigua y medieval, durante siglos, los músicos y pintores creaban sus obras bajo el auspicio de reyes y magnates; más tarde, los artistas se independizaron, se fueron profesionalizando y creaban sus obras sin estar al servicio de la Corte, debido a que podían vivir de la venta de sus obras, porque el consumo (generado por la revolución industrial) ya no era exclusividad de las élites aristocráticas, sino que las clases medias y el pueblo podían acceder a ellas. Ahora el cine, como la música o la literatura, ya pueden ser consumidas sin necesidad de pagar por ellas: Internet lo ha hecho posible. Y esta revolución supondrá el fin del cine, de la música y de la literatura tal como la veníamos consumiendo. Ya no será posible su amortización, porque no hay mercado donde hacer rentable las películas, o los discos. En este sentido, no olvidemos la importancia que desde hace unos años han adquirido las cadenas y monopolios de televisión. Son los grandes controladores del mercado, de lo que se produce y de lo que se consume. Tan sólo los espectáculos en vivo, los conciertos, el teatro, los musicales, etc… pueden seguir generando ingresos a quienes los crean. Esta es una diferencia básica que los mantiene vivos, y libres del mercado tecnológico. Hay un interesante libro del economista Jeremy Rifkin, La sociedad de coste marginal cero, donde se analizan en profundidad todos estos cambios profesionales y sociales, y que, en opinión del autor, terminarán con el modelo de sociedad capitalista tal como lo conocemos.

¿Qué hacer ante estos cambios? De nada sirven leyes restrictivas ni lamentarse de que serán muchas las personas que perderán su puesto de trabajo.

Desgraciadamente, ya sabemos que siempre ha sido así. La historia nos lo demuestra. Dejemos de lado la obligación de los gobiernos de sostener y desarrollar una cultura propia (estatal e independiente de ideologías partidistas), ya que esta justa y necesaria reivindicación debe ir unida a otras muchas de tipo social que, por desgracia, no parecen realizables a corto plazo. Y que, además, sólo se alcanzarán si logramos cambiar la sociedad.

Mientras tanto, o nos adaptamos a la nueva situación, o desapareceremos arrastrados por el avance tecnológico y las nuevas formas de producir y consumir contenidos audiovisuales. Y esta adaptación pasa por la desaparición del sector tal y como lo conocemos. Hay que modificarlo profundamente. No se puede reivindicar ni defender una cinematografía basada en la producción y comercialización de la era analógica.

Debemos entender que no estamos ante cambios formales sino de fondo. Es la base de la industria cinematográfica (o lo que existiera hasta ahora) la que está dinamitada. Lo que hay que hacer es analizar los cambios que están surgiendo y crear nuevos sistemas para rentabilizar su potencial económico: portales, VOD, contenidos digitales, nuevas formas de producción y explotación, etc…

No sirve plantear soluciones tratando de recuperar el sistema de producción antiguo, porque ya está obsoleto. Hay que legislar de acuerdo a estos cambios, a estas nuevas plataformas e impulsar su desarrollo, en vez de frenar o limitar su creación. Y ya llevamos muchos años de retraso.

Demasiados, porque la política cinematográfica de nuestro país ha sido prácticamente nula. No se trata tan sólo de modificar la manera en que hacemos cine, sino de aceptar que ya no es rentable el sistema que conocíamos. Porque ahora, unas pocas distribuidoras controlan la totalidad de las pantallas; la producción está en manos de las televisiones, que deciden los contenidos; y cada vez hay menos cines y con menos espectadores. El cambio que hemos podido apreciar en los últimos años es transcendental. Y hoy día, se han polarizado los extremos: en las salas de cine comerciales lo que se exhibe, casi exclusivamente, son producciones de éxito, mainstreams, que van acompañadas de grandes campañas publicitarias; o algunas (pocas) películas de bajo coste o alternativas que se cuelan debido a su repercusión en festivales. Y paralelamente, han empezado a funcionar otros canales de distribución y exhibición alternativos, como cinetecas, muestras y festivales online, museos, etc… donde tienen cabida otro tipo de cine.

Esta es la realidad por el momento. Pero en mi opinión, es transitoria. Lo que prima, lo que llega al público, es que las películas se valoran, básicamente, en función de su recaudación económica. Y eso condiciona el cine que hacemos, al menos para las grandes pantallas (por cierto, cada vez más escasas y concentradas en centros y áreas comerciales). Pero sin embargo, y paradójicamente, cada vez hay más contenidos audiovisuales y cada vez se consumen más. Y es significativo que este aumento de producción y consumo se realice a través de los canales de televisión (muchos de pago) e Internet. En esta dirección, hacia estos objetivos, hay que encaminar la búsqueda de nuevas fórmulas y, sobre todo, la elaboración de una legislación acorde con el momento actual. Una legislación independiente de intereses personales o colectivos. Que favorezca a la cultura, que favorezca al cine, y posibilite la diversidad de temas, de historias y, también, la forma de producirlos y distribuirlos. Porque así saldremos beneficiados todos.

Porque es necesario consolidar una plataforma, coalición, red, o como se le quiera llamar, que crea de verdad en la cultura cinematográfica. Una unión efectiva de creadores y profesionales que consoliden y defiendan los valores audiovisuales frente a los intereses de la tecnología, el poder y las instituciones. Un reto difícil, porque ya sabemos de nuestros lastres, recelos y envidias históricas. Pero es lo que hay. Y en mi opinión es el único camino, si de verdad queremos seguir contando historias a través de imágenes. Esas historias e imágenes que hasta hace muy poco tiempo, conocíamos como algo llamado cine.