El Consejo de Ministros aprobará este martes el indulto de las penas de inhabilitación para José Luis Peñas, el exconcejal del PP de Majadahonda (Madrid) que desveló la trama Gürtel, después de que hace pocos días la Audiencia Nacional le diera por saldada la pena de cárcel tras suspender su ejecución.

El pasado 9 de octubre, el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó el macrojuicio de Gürtel dictó un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que señala que, transcurridos los tres años de suspensión de la pena de cárcel acordada para Peñas, se declara "la remisión definitiva de la pena de prisión impuesta" con el visto bueno de la Fiscalía. De este modo, Peñas nunca ha ingresado por estos hechos.

La Sala accedió a suspenderle la ejecución de la pena de cárcel el 5 abril de 2021, mientras su abogado, Ángel Galindo, tramitaba el indulto del exconcejal que fue clave para destapar esta trama de corrupción que se saldó con penas de cárcel para el extesorero del PP Luis Bárcenas, entre otros. Ahora el Gobierno atenderá esta petición en el Consejo de Ministros de este martes y dará luz verde al indulto, según han adelantado a EFE fuentes próximas a Peñas.

En febrero de 2021, el Tribunal Supremo ya informaba a favor de que el Gobierno le concediera el indulto parcial a José Luis Peñas, lo que le permitiría seguir trabajando de funcionario en el Ayuntamiento de Madrid. Peñas fue condenado por delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad documental, fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación, con la atenuante de confesión, a 4 años y 9 meses de prisión; 5 años y 1 mes de inhabilitación absoluta; 7 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 130.600 euros de multa.

El Supremo avaló en concreto que se le conmuten las dos penas de inhabilitación absoluta que le fueron impuestas por otras de inhabilitación especial para cargos públicos de libre designación o elección, lo que le permitiría seguir trabajando como empleado público en el Ayuntamiento de Madrid y garantizar el sustento económico de su familia. Peñas pidió el indulto al Ejecutivo una vez que el Supremo modificó ligeramente algunas condenas cuando analizó los recursos de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional, motivo por el cual es el órgano jurisdiccional que debe emitir el informe.

Argumentaba que gracias a su colaboración se había podido destapar la mayor trama de corrupción político empresarial conocida en España en los últimos años al presentar una denuncia y aportar conversaciones con el cabecilla de la trama, Francisco Correa. El Supremo siguió así el criterio de la Fiscalía, que respaldó el indulto parcial por razones de justicia, equidad y utilidad pública, como exige la Ley del Indulto, y por el arrepentimiento del condenado.

La Fiscalía expuso que el cumplimiento de inhabilitación absoluta en el caso de Peñas significaría la pérdida de su trabajo, lo que supondría para él una aflicción desmedida e innecesaria, mientras que el indulto parcial le permitiría no perder la condición de funcionario público y seguir como ordenanza en el ayuntamiento. El fiscal aludía en su informe a la falta de protección de los denunciantes en España, a diferencia de lo que sucede en el derecho comparado en el que la figura del whistleblower (delator o arrepentido) es reconocida y protegida, además de destacar una directiva comunitaria sobre la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

Ni el Supremo ni la Fiscalía se pronunciaron en sus informes sobre la pena de prisión a la que fue condenado y por la que no ha llegado a entrar en prisión, al haber sido suspendida a petición del propio condenado.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha informado favorablemente a la concesión de un indulto parcial al denunciante de la Gürtel, José Luis Peñas, que fue condenado por delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad documental, fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación, con la atenuante de confesión, a 5 años y 3 meses de prisión, 5 años y 1 mes de inhabilitación absoluta, 7 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 130.600 euros de multas, informa Europa Press. 

En su informe, remitido al Ministerio de Justicia, apoya que se conmuten las dos penas de inhabilitación absoluta a las que José Luis Peñas fue condenado (una de 3 años y otra de 2 años y 1 mes) por dos penas de inhabilitación especial, de idéntica duración que las conmutadas, para cargos públicos de libre designación o elección.

La Sala ha tenido en cuenta el criterio del fiscal, que respaldaba la concesión del indulto parcial a José Luis Peñas, atendiendo a razones de justicia, equidad y utilidad pública, requisitos que exige la Ley del Indulto, y al arrepentimiento del solicitante.

El Ministerio Público recordaba en su informe que las penas de prisión impuestas fueron suspendidas al considerar que ninguna de las penas por separado superaban los dos años y que Peñas " ha realizado un importante esfuerzo reparador mediante el ingreso de importantes cantidades" en el juzgado.

Señalaba, tal y como recoge ahora el Supremo, que "las grabaciones realizadas por el penado (...) desde 2005 a 2007 a diversos miembros de la denominada trama Gürtel y su denuncia inicial han sido fundamentales para llegar a la condena del citado y de otros coimputados" en el juicio de la denominada Época I.

Incidía en que Peñas a pesar de su condena ha comparecido como testigo en todas las piezas separadas de esta trama que han acabado en sentencia condenatoria: "Fitur, Valencia piezas 1, 2 y 6, Jeréz, Aena y la visita del Papa a Valencia".

El informe del Ministerio Público destacaba que el cumplimiento de inhabilitación absoluta en el caso de Peñas significaría la pérdida de su trabajo, lo que supondría para él una aflicción desmedida e innecesaria. En cambio, consideraba que el indulto parcial, conmutando las penas de inhabilitación absoluta por dos de inhabilitación especial, le permitiría no perder la condición de funcionario público y seguir en el desempeño de sus funciones como ordenanza en el Ayuntamiento de Madrid.

Protección al denunciante

Además, el fiscal expresaba en su informe la falta de protección de los denunciantes en España, algo que "no incentiva y protege a los funcionarios públicos que habiendo intervenido en las actividades delictivas deciden ponerlo en conocimiento de la justicia".

En este sentido, el Ministerio Público recordaba que "España ha recibido la crítica de diversos organismos internacionales y supranacionales ante la falta de un sistema destinado a proteger a los denunciantes de buena fe", a diferencia de lo que sucede en el derecho comparado en el que se reconoce la figura del whistleblower (delator o arrepentido).whistleblower 

La Fiscalía ponía en valor que en el marco de la Unión Europea ya se contempla la Directiva 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Y subrayaba que España tiene hasta el 17 de diciembre para trasponerla a nuestra legislación.

Se opone al indulto parcial de la exmujer de Correa 

Además de estudiar el caso de Peñas, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha analizado la petición correspondiente a Carmen Rodríguez Quijano, expareja del líder de la Gürtel GürtelFrancisco Correa, que fue condenada a 17 años y ocho meses de prisión.

Los magistrados han informado, al igual que Fiscalía, en contra de que se le conceda la medida de gracia a Rodríguez. La mujer alegó que ya han transcurrido más de 16 años desde que se produjeron los hechos, periodo en el que -según ha dicho- ha desarrollado un profundo sentimiento de culpa y arrepentimiento, además de haberse deteriorado sus circunstancias familiares, personales, económicas y de salud.

El Ministerio Público, sin embargó, aseguró que no se apreciaban en su caso las razones de equidad, justicia o utilidad pública que deben concurrir. A su juicio, la concesión del indulto parcial "burlaría la norma legal y contribuiría a reprimir la eficacia del fin de la prevención general, con un efecto favorecedor, que no disuasivo, respecto de la comisión del delito". En este sentido, ha insistido en que sería "una burla" y "una invitación al delito".

El denunciante de la Gürtel y exconcejal de Majadahonda, Gürtel José Luis Peñas, ha solicitado a la Audiencia Nacional que suspenda su ingreso en prisión para cumplir la condena de cuatro años y nueve meses impuesta por el Tribunal Supremo al ratificar la sentencia de este órgano judicial por la primera época de la trama corrupta mientras se tramita el indulto que ha solicitado.

La defensa de Peñas presentó este martes un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal solicitando que ejecute la condena debido a que padece una "grave enfermedad y de muy difícil curación", un melanoma maligno de piel.

Según indica el escrito, que adjunta varios informes médicos y oncológicos, el denunciante de la Gürtel tendrá que ser intervenido quirúrgicamente y posteriormente deberá seguir un tratamiento tras sufrir una reciente recaída.

Asimismo, también solicita que no se ejecute su condena a inhabilitación absoluta ya que su familia depende únicamente del salario mensual que cobra como funcionario en el Ayuntamiento de Madrid, lo cual la dejaría en una situación de "desamparo absoluto".

Peñas, que aportó a la causa más de 80 horas de grabaciones de conversaciones de los líderes de la trama Gürtel, ha presentado recientemente ante el Ministerio de Justicia una petición de indulto total, y subsidiariamente parcial para sustituir la inhabilitación absoluta por la especial, para conmutar la pena. La Fiscalía Anticorrupción ya anunció que informaría favorablemente a la concesión de esta medida de gracia.

Por ello, a la espera de que el Gobierno se pronuncie sobre esta solicitud, el abogado del denunciante de la trama Gürtel reclama a la Sala que no ejecute la sentencia para no "frustrar" la finalidad del indulto.

Anticorrupción no ha solicitado su ingreso en prisión 

En este sentido, el escrito recuerda que Anticorrupción no ha pedido su entrada inmediata en prisión, como sí ha hecho con los condenados a más de seis años de prisión, ya que las penas impuestas al exconcejal de Majadahonda no son graves —la mayor de ellas es "muy inferior a los dos años", en concreto 14 meses, indica—, así como por "la ausencia de peligrosidad".

Asimismo, la defensa destaca que Peñas no tiene ningún otro procedimiento penal pendiente y subraya que antes de que fuera imputado por los primeros años de actividades de la red corrupta liderada por Francisco Correa, no tenía antecedentes penales: "Ésta es la única y primera vez que se le condena en causa penal".

De hecho, recalca que gracias a su denuncia y las pruebas que adjunto con ella se inició el caso 'Gürtel', abriendo tres de las 11 piezas que constituyen la macrocausa de corrupción. "Ha sido la 'clave de bóveda' sobre la que se inició el presente procedimiento", sostiene el escrito.

Además, señala que las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la Audiencia Nacional —como es el caso de la resolución confirmada recientemente por el Tribunal Supremo— y el Juzgado Central de lo Penal "reconocen que José Luis Peñas ha sido pieza fundamental, esencial y determinante para que el procedimiento haya llegado hasta donde ha llegado".

El escrito añade que el denunciante de la trama Gürtel siempre ha estado a disposición de los tribunales, incluso después de haber sido condenado por la Audiencia Nacional, para seguir colaborando con la Justicia.

Así, ha prestado declaración como testigo en las vistas orales de piezas del caso que han sido juzgadas posteriormente, como en la relativa a las irregularidades en el Ayuntamiento de Jerez, a la que acudió en "pésimas condiciones" y "estando de baja médica por una gravísima intoxicación por su tratamiento contra el cáncer".

Pago de multa

En cuanto a la reparación del daño, Peñas pone a disposición de la Audiencia Nacional su nómina mensual para su embargo y poder cumplir con la multa impuesta, ya que, según afirma el escrito, no dispones de bienes muebles ni inmuebles. También se ofrece para la realización de trabajos en beneficio de la Comunidad que permita su "situación excepcional".

Aún así, recuerda que "a lo largo de estos años, se han embargado pequeñas cantidades, siempre provenientes de devoluciones de Hacienda" y que sus condiciones físicas le limitan en la obtención de ingresos, por lo que solicita a la Sala que la cuota diaria para pagar la multa "no exceda de tres euros".

El extesorero del PP Luis Bárcenas confesó al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la que se celebra el juicio por el caso Gürtel que en 2011 intermedió entre la empresa Mercadona y la finca argentina del también extesorero de la formación conservadora [Alianza Popular], Ángel Sanchís, para que su amigo fuera proveedor de la firma de supermercados valenciana.

En concreto, logró que la firma de La Moraleja, que es una finca situada en el norte de Argentina en la que se producen sobre todo limones, multiplicara sus ventas por cinco, según declaró Bárcenas este martes por la tarde en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) de la Audiencia Nacional.

"Yo no me dedicaba a lo que es gestionar los envíos ni nada por el estilo. Lo que hacía en función de alguna relación que podía tener es poner en contacto, en este caso concreto puse en contacto a Ángel Sanchís padre con una importante cadena de distribución que quería comprar directamente en finca el producto, que no quería intermediarios en la operación, hice un contacto y se consiguió cerrar un acuerdo comercial de venta directa entre la finca de argentina y esta empresa que significó, creo recordar, multiplicar por cinco" las ventas, según especificó Bárcenas en relación a la supuesta existencia de un contrato suyo con el propio Sanchís.

Y Bárcenas, que en un principio no quiso identificar el nombre de la sociedad con la que Sanchís habría hecho negocio gracias a sus contactos, acabó confesando tras la insistencia de la fiscal Concepción Sabadell: "Mercadona".

Una empresa de Mercadona

Bárcenas aseguró que en concreto fue una filial de Mercadona, cuyo nombre no identificó, "pero que es la que compra para ellos. No recuerdo, pero es una empresa específica que tiene Mercadona. Es la única gestión que hice. Pero cubrí de sobra mis honorarios", completó el que también fuera exsenador del PP por Cantabria.

Según consta en la contabilidad B del PP, Mercadona realizó dos aportaciones en 2004 y 2008 en la caja B controlada por el propio Luis Bárcenas de 90.000 y 150.000 euros, respectivamente. Por ello, el principal dueño de Mercadona, Juan Roig, declaró como testigo en la Audiencia Nacional en la pieza separada denominada papeles de Bárcenas, en los que se refleja la contabilidad en negro del partido, que el pasado lunes Bárcenas denominó "extracontable". Roig negó los pagos a Bárcenas, pero reconoció aportaciones a la Fundación FAES de José María Aznar.

Con esta confesión, el extesorero del PP trata de desmontar la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que Sanchís, amigo de la familia de Bárcenas, le ayudó a sacar de Suiza hasta tres millones de euros tras la detención de Francisco Correa, y que después se los devolvió de diferentes formas.

Actividades de su mujer

Según Anticorrupción, entre esas transferencias devueltas estarían varios pagos de hasta 143.689 euros a la firma de Bárcenas, Conosur Land, que disponía de una cuenta en España, y en concreto en Bankia. Los honorarios de La Moraleja se abonaban, según Bárcenas, en esta empresa, creada para canalizar "las actividades de [su mujer] Rosalía [Iglesias] en el mundo del arte". El extesorero también dijo que pese a que negoció con Sanchís, no consiguió cobrar a porcentaje y sus emolumentos fueron fijos.

Por aquella operación, el que fuera también gerente del PP hasta el Congreso nacional del partido de Valencia celebrado en 2008, tenía fijados beneficios trimestrales de 100.000 dólares que después pasaron a ser mensuales y que recibía de la compañía de Sanchís.

Para la Fiscalía, sin embargo, y así se lo dijo la fiscal Concepción Sabadell al extesorero en un momento del interrogatorio, el contrato de asesoramiento pretendía dar apariencia a la reintegración por los Sanchís [padre e hijo] a Bárcenas del dinero que salía de sus cuentas suizasBárcenas. "Eso es lo que dice usted", le indicó el extesorero popular a la representante de la acusación pública.

Bárcenas resaltó, también, que la relación con Mercadona se rompió en 2013 tras ser imputado por "riesgo reputacional", por lo que no le habría dado tiempo a realizar más contactos para la empresa de Ángel Sanchís.

Mientras cobraba del PP

Bárcenas emprendió esta nueva faceta profesional antes del verano de 2011, cuando -según explicó- ya no desempeñaba funciones de tesorero en el PP aunque sí continuaba cobrando del partido. "Tenía todo el tiempo del mundo y me ofrecí", dijo.

Para la firma del contrato con la empresa de Ángel Sanchís, Bárcenas se desplazó a Argentina en junio de 2011 y firmó la documentación ante notario, razón por la que únicamente estuvo 24 horas en el país sudamericano. Según Bárcenas, la brevedad del viaje obedeció sin embargo a que la erupción del volcán chileno Puyehue le obligó a modificar sus planes, ya que tenía previsto estar allí varios días para conocer Buenos Aires.

El supuesto interés de Bárcenas por la fruta fresca no se detuvo con este acuerdo, ya que aseguró que llegó a estudiar un subproducto del limón, la cáscara, con la intención de darle valor añadido a través de la obtención de pectinas. Este uso ya había sido empleado en Dinamarca con excelentes resultados, destacó Bárcenas ante el tribunal.

Elude las cajas B regionales

Por otra parte, el extesorero del PP se negó este martes a contestar a cualquier pregunta relacionada con la existencia de la caja B en las sedes regionales del PP , ya que, según recordó, se trata de una investigación que no es objeto del procedimiento que está juzgando en este momento la Audiencia Nacional, relativo a la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), informa Europa Press.

La fiscal Concepción Sabadell le preguntó sobre si las sedes locales de la formación política como Pozuelo de Alarcón y Majadahonda (Madrid), cuyos exalcaldes Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, respectivamente, también están acusados en esta causa, tenían cajas B.

"Es una pieza separada", subrayó el extesorero del PP. Ante esto, la fiscal le destacó que en abril de 2014 ya declaró ante el entonces juez instructor Pablo Ruz que la formación política tenía "una caja B en todas las provincias y regiones de España" para financiar las campañas electorales.

"No recuerdo la declaración. En cualquier caso no estamos hablando de una declaración que no estamos viendo en estos momentos y no le voy a contestar", dijo.

No habla de la reunión con Rajoy

Bárcenas tampoco quiso responder a las preguntas relacionadas con la presencia de su mujer en una reunión que celebró en marzo 2010 con Mariano Rajoy y Javier Arenas, y en la que presuntamente se pactó que seguiría cobrando del partido pese a abandonar su cargo como tesorero.

"De eso tampoco voy a contestar", respondió ante la cuestión planteada por la fiscal Sabadell por tratarse de una cuestión "de ámbito privado". Rosalía Iglesias ratificó en una declaración prestada en 2014 que estuvo en ese encuentro en el que se fijó la "indemnización en diferido" por sus servicios.

Respecto a aquel encuentro, la esposa de Bárcenas aseguró al juez Pablo Ruz, entonces instructor de la causa, que ambos dirigentes del PP les dijeron que "todo seguiría igual"dirigentes del PP.

El extesorero del PP Luis Bárcenas está citado a declarar en la Audiencia Nacional este lunes, el mismo día en el que comparecerá en el Congreso por el caso del Yak-42 su enemiga, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y lo hará como procesado del caso Gürtel, por cuya participación en la trama liderada por Francisco Correa la Fiscalía Anticorrupción pide su reclusión en prisión por un periodo de 42 años y seis meses.

Esta será la primera vez que el que fuera máximo responsable de las finanzas del PP de Mariano Rajoy preste declaración ante un tribunal, ya que hasta ahora todas sus comparecencias se habían desarrollado ante los jueces y fiscales que investigan las causas, pero nunca ante un tribunal que puede condenarle a prisión por los delitos de cohecho, falsedad documental, estafa procesal, blanqueo de capitales y apropiación indebida.

Sin embargo, el predecesor de Bárcenas en la tesorería del PP, Álvaro Lapuerta, se salvó in extremis del juicio tras confirmar el tribunal que éste sufre demencia sobrevenida.

Anticorrupción concentró en un apartado de su escrito de acusación denominado Castilla y León todas las acusaciones atribuidas a Bárcenas, que consisten en su intermediación en esa y otras Comunidades Autónomas a favor de, al menos, las sociedades Teconsa, Sufi SA, Constructora Hispánica SA y el Grupo Ros Roca. A cambio Bárcenas y el resto de integrantes de la red de Correa recibía comisiones ilegales de estas empresas.

Bárcenas también tendrá que defenderse de la acusación de percibir comisiones ilegales  en otras adjudicaciones públicas, pero también por sustraer fondos de la caja B del PP y por realizar compraventas ficticias de obras de arte.

El escrito de Anticorrupción también acusa a Bárcenas de ocultar las comisiones y fondos a través de facturas y contratos ficticios, de sociedades pantalla y de cuentas abiertas en sucursales bancarias en Suiza, país en el que pudo llegar a tener 47 millones de euros. "En esta actuación colaboraron con el acusado su cónyuge, Rosalía Iglesias Villar [que tiene una petición de 24 años y un mes de cárcel], y los también acusados Iván Yáñez, Ángel Sanchís Perales y Ángel Sanchís Herrero", especifica el documento.

infoLibre analiza el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción sobre la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) que se juzga en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).

  1. Comisiones por adjudicaciones en Castilla y León

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Bárcenas entre los años 2000 y 2009 consiguió mantener la "opacidad" de las rentas derivadas de la trama "a través de sociedades interpuestas, con la emisión de facturas ficticias, con el ingreso de las rentas en cuentas suizas y con su incorrecta declaración ante la Hacienda Pública como ganancias procedentes de supuestas compraventas de obras de arte".

De esta forma, y siempre según el escrito de acusación de Anticorrupción, Correa y otros procesados se aprovecharon de la influencia que Bárcenas y el exdiputado del PP Jesús Merino tenían sobre otros cargos de Castilla y León, gobernada por el PP, "para obtener adjudicaciones públicas a favor de empresas de la confianza de Francisco Correa, y a cambio de la entrega a aquellos cargos de gratificaciones en efectivo". Por estas actividades Bárcenas recibió al menos 1.248.561 euros, por 331.737 euros Jesús Merino.

En concreto se trata de tres obras: la variante conjunta de Villanueva de Mena, Villasana y Entrambasaguas (Burgos), la variante de Olleros de Alba (León) y el centro de tratamiento de residuos urbanos de Salamanca, en las que los procesados, uno de ellos Bárcenas, "acordaron percibir la correspondiente comisión por su labor de intermediación en estos casos, que distribuía Francisco Correa, y que entregaba bien en efectivo bien, en el caso de Luis Bárcenas, en forma de viajes y servicios turísticos enmascarados con facturas ficticias", explica Anticorrupción.

Correa, Bárcenas, Merino y Jesús Sepúlveda acordaron para cobrar la comisión la utilización de la sociedad Spinaker 2000 SL, creada por el procesado Luis de Miguel y gestionada por el número dos de la trama, Pablo Crespo, que seguía las directrices del propio Correa. "El origen de los ingresos y su destinatario se enmascaraba con la emisión de facturas falaces por servicios inexistentes cuyos importes se distribuían entre sus verdaderos beneficiarios en efectivo y de modo opaco a la Hacienda Pública", sostienen las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás.

A través de la sociedad Spinaker 2000 SL, los acusados ocultaron sus participaciones en las sociedades Rialgreen SL y Langa de Duero Enercor XXI, con las que tuvieron al menos un ingreso de 13.927 euros en octubre de 2003 derivado de los beneficios obtenidos del contrato suscrito con el Partido Popular, que en el negocio estuvo representado por Bárcenas. Estos cobros se realizaron mediante "cinco facturas mendaces correspondientes a servicios inexistentes emitidas por sociedades gestionadas por Luis de Miguel quien, tras recibir de este modo los fondos, los distribuyó entre sus verdaderos beneficiarios en efectivo y de forma opaca para la Hacienda Pública".

La Fiscalía Anticorrupción asegura que el extesorero del PP también ingresó de forma irregular importantes cantidades en especie, especialmente en viajes abonados por Francisco Correa, que ascendieron a 33.000 euros en 2002, 6.000 euros en 2003 y 72.000 euros en el 2007. Bárcenas percibió en mayo de 2003 otros 36.000 euros en concepto de pago de deudas y en noviembre de 2003 un importe de 4.750 euros.

  2. Sustrajo 299.000 euros de la caja B del PP

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Bárcenas sustrajo una parte de los fondos que el PP ingresaba de forma opaca en su caja B, conocida tras publicarse los conocidos como papeles de Bárcenas. Las fiscales aseguran que Bárcenas, como gerente nacional del PP, tenía encomendada la gestión de ese dinero, aunque el propio procesado asegura que era su entonces jefe, Álvaro Lapuerta, era el que realmente llevaba el control de la misma. Sin embargo Lapuerta, con demencia sobrevenida, no ha sido procesado.

Los fondos sustraídos, en concreto 299.650 euros, se ingresaron en cuentas bancarias abiertas en España y en Suiza. Según Anticorrupción, este dinero procedía de la caja B del Partido Popular, "que se nutría de donativos que incumplían la normativa de financiación de los partidos políticos y que eran efectuados por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas".

Luis Bárcenas, con el consentimiento de Álvaro Lapuerta, "prevaliéndose de su cargo en la formación política y aprovechándose al efecto de la evidente opacidad que ofrecía la doble estructura contable creada por el Partido Popular", sustrajo primero en 2003 al menos 150.050 euros que ingresó en el Dresdner Bank suizo. En 2005 Bárcenas se apropió de otros 149.600 euros, de los que destinó 149.000 euros, según reconoció su esposa Rosalía Iglesias, a pagar parcialmente unos inmuebles adquiridos por el matrimonio.

La sustracción de esta última suma se produjo con motivo de la compra de acciones de Libertad Digital SA, "decidida en el seno de la formación política con el fin de colaborar con esa sociedad ocultando el verdadero aportante de los fondos".

"A tal objeto", prosigue el escrito de Anticorrupción, "Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta contactaron con distintas personas, como la acusada Rosalía Iglesias, a quienes entregaron fondos de la caja B del PP con los que suscribieron acciones de la referida sociedad. En el marco de esa operativa, el acusado Luis Bárcenas, con el conocimiento y anuencia de Álvaro Lapuerta, aprovechando la compra de acciones de Libertad Digital SA, con fondos opacos, dispuso, en octubre de 2004 de un total de 149.600 euros con los que adquirió 1.360 acciones de esa entidad a nombre de su esposa, quien, conocedora de la operativa y de la procedencia de los fondos, se prestó a ello".

  3. Ocultó 47 millones en Suiza

Luis Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias Villar crearon "un entramado financiero" constituido en entidades bancarias suizas en el que acumuló hasta 47 millones de euros, "cuyo origen no se corresponde con su declarada actividad ni con su ahorro". "El acusado únicamente declaró a la Hacienda Pública las citadas ganancias patrimoniales como derivadas de ficticias operaciones de compraventa de cuadros ocultando el resto de las rentas generadas" hasta que presentó, con la ayuda del presunto testaferro Iván Yáñez, sendas declaraciones tributarias especiales "inveraces e incompletas", explica Anticorrupción, que justifica esa opinión en que se presentaron en nombre de las sociedades Tesedul y Granda Global, "omitiendo toda referencia a su verdadero titular y consignando sólo parcialmente los fondos generados".

Bárcenas, tras conocer en febrero de 2009 la detención de Francisco Correa por orden del juez Baltasar Garzón, fue "auxiliado" por Iván Yáñez, Ángel Sanchís Perales y Ángel Sanchís Herrero para desplegar "una compleja operativa de ocultación de los fondos que tenía depositados en Suiza", con la intención de sacarlos de este país y darle una cobertura legal.

Para ello, sostiene la acusación del Ministerio Público, Bárcenas simuló la concesión de un préstamo "ficticio" de su Fundación Sinequanon de tres millones de euros a su amigo y extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís Perales "con el fin de que se lo reintegrara" en diez años. La Fiscalía reclama 8 años de cárcel para Sanchís Perales.

Los fondos supuestamente prestados se remitieron desde la cuenta que Luis Bárcenas tenía en el Dresdner Bank a una empresa uruguaya vinculada a la familia Sanchís. Y una parte de dichos fondos fue, a su vez, posteriormente transferida a cuentas de otra sociedad relacionada con Sanchís, la argentina La Moraleja SA, en cuya administración intervenía Ángel Sanchís Herrero. Otra parte de esos fondos se trasfirieron desde Brixco SA a la sociedad uruguaya Rumagol SA.

La Fiscalía sostiene que el presunto testaferro Iván Yáñez colaboró con Bárcenas para transferir el resto de sus fondosBárcenas a nombre de la panameña Fundación Sinequanon y de la sociedad uruguaya Tesedul a otras situadas fuera de Suiza. Bárcenas también trató de sacar el dinero de la cuenta que su mujer tenía en Suiza a otra denominada Obispado, que propiedad del empleado de la tesorería del PP Francisco Yáñez, el padre fallecido del testaferro Iván Yáñez, para su posterior traspaso al extranjero.

  4. Simulación de operaciones de compraventa de obras de arte

Luis Bárcenas "enmascaró" desde el año 2000 la procedencia de sus fondos en efectivo como operaciones de compraventa de obras de arte, al igual que lo hizo su esposa Rosalía Iglesias con algunos de sus ingresos, según indica la Fiscalía Anticorrupción,

De esta forma, ante los gestores de sus cuentas suizas Barcenas justificó "falazmente" una gran parte de esos ingresos como ganancias procedentes de compraventa de obras de arte, "justificación habitualmente empleada por el matrimonio Bárcenas-lglesias como cobertura formal de sus ingresos en efectivo".

Una de las operaciones encubiertas como compraventa de cuadros fue la solicitud de un crédito de 330.000 euros "con el simulado fin de adquirir una obra de arte siendo su verdadera finalidad la de disponer de una aparente justificación documental legal para la tenencia de esa cantidad en metálico". Poco después Bárcenas canceló el crédito, también en metálico.

Además, el matrimonio reflejó en sus correspondientes declaraciones tributarias supuestas ganancias derivadas de transmisiones de cuadros. "Con estas operaciones no solo consiguió aflorar sus rentas bajo una apariencia legal, sino evitar al mismo tiempo su tributación", ya que consignaron una fecha de compra de los cuadros supuestamente vendidos que les otorgaba una reducción del 100% en la tributación sobre las plusvalías.

"En la declaración de IRPF de 2004, el matrimonio Bárcenas-lglesias reflejó la venta por 270.000 euros de un bodegón supuestamente adquirido en 1983 por Rosalía Iglesias a un precio de 4.086 euros. Con esta declaración se eludió el pago de gravamen sobre la ganancia aparentemente obtenida con esa transmisión y se justificó el ingreso en efectivo de 120.000 euros realizado en marzo de 2004 por Rosalía Iglesias en su cuenta de Caja Madrid", especifica la acusación del Ministerio Público.

Pero además, Rosalía Iglesias, "de acuerdo con Luis Bárcenas", consignó en su declaración de IRPF de 2006 otros 560.000 euros como procedentes de la transmisión de cuadros adquiridos en 1987 por un importe de 1.803 euros. "Con ello la acusada eludió nuevamente la tributación de su ficticia ganancia por la aplicación del régimen transitorio dada la supuesta antigüedad del bien y justificó mendazmente el ingreso en efectivo de 500.000 euros efectuado en enero de 2006 y el cobro en diciembre de un talón de 60.000 euros en la misma cuenta. Este talón correspondía a un pago efectuado por Rosendo Naseiro a Luis Bárcenas", indica el escrito de acusación de Anticorrupción.

En su intento de justificar las operaciones de su mujer, Bárcenas aportó a la Agencia Tributaria una serie de documentos que reflejaban "operaciones comerciales inexistentes que habían sido elaborados por los dos acusados, con la colaboración de otras personas, a fin de justificar falazmente la procedencia de los fondos ingresados en la cuenta de Caja Madrid de Rosalía Iglesias y conseguir la finalización del expediente administrativo".

Por este motivo, el juez Pablo Ruz imputó a Bárcenas y a su mujer los delitos de falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa, de los que se tendrán que defenderse este lunes en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) de la Audiencia Nacional.

La segunda jornada de la declaración del denunciante del caso Gürtel, José Luis Peñas, ha protagonizado un importante encontronazo entre el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, y el propio Peñas en los pasillos.

Fue justo tras el receso acordado por el presidente del tribunal que juzga el caso en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), Ángel Hurtado, que permitió a los presentes, tanto procesados como abogados, un descanso de 15 minutos tras dos horas de declaración de José Luis Peñas.

Correa y Peñas coincidieron a la salida del plenario, momento que aprovechó el cabecilla de la red corrupta para asegurar que el segundo estaba mintiendo cuando aseguraba que no había recibido los 38.000 euros que reflejaban la contabilidad. En concreto, Peñas había asegurado que José Peñas se trataba en general de un empleado de la constructora Sufi, que había fallecido.

Y en ese momento, según testigos presenciales, Correa comenzó a gritar "golfo, tú cobraste la pastuqui" y que sin embargo le atribuía esos pagos "a un muerto". Y fue entonces cuando Peñas, que ya había asegurado a los periodistas en varias ocasiones que Correa le había importunado estalló, y simulando unas manos engrilletadas dijo: "Vas a ir preso".

José Luis Peñas, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda y denunciante de la trama Gürteltrama Gürtel, destacó este miércoles ante el tribunal que le juzga por su implicación en la primera época de actividades de la red (1999-2005) que el PP mandó un fax con un listado de empresas a las que había que beneficiar por haber financiado la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2003.

Peñas, que continuó este miércoles contestando a las preguntas de la fiscal Concepción Nicolás, recordó que durante su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en 2009 ya explicó que el PP, desde "tesorería o gerencia", envió un fax en el que informaba de una "serie de empresas" –las cuales no ha sabido concretar–, a las que había que "recompensar" por haber entregado "un donativo" a la formación política para dicha campaña electoral.

El acusado, que se enfrenta a seis años y cinco meses de prisión, afirmó que el entonces alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, le informó de dicha misiva y debido a que no "tenía la necesidad" de favorecer a ninguna empresa presentó su renuncia como concejal del municipio madrileño.

"Salvo eso, nunca he tenido ninguna incitación a hacer ninguna irregularidad, ni ayudar a nadie", dijo para defender su inocencia al respecto. Continuó diciendo que Ortega le convenció para que volviese a desempeñar sus funciones en el ayuntamiento, pues le explicó que era un fax que el partido mandaba a todos los consistorios y le aseguró que no tendría que hacer nada "que no quisiese".

Peñas, que lamentó no haberse "mantenido" en su "primera posición", agregó que no sabe si Ortega "luego pudo hacer algo, si benefició o no benefició".

"Lo de "llevar a Génova" es una expresión"

Asimismo, matizó las palabras manifestadas en la sesión previa de este martes, en la que recordó que Correa había afirmado que llevaba maletines a la sede del PP y a la casa del extesorero Luis Bárcenas. "Lo de llevar a Génova es una expresión, no creo que sea llevar un maletín o una caja de zapatos, habría otros métodos más sofisticados", dijo.

"Entiendo que llevar dinero a Génova tiene muchas connotaciones negativas, pero el señor Correa si llevaba en cashcash", apuntó.

La jornada de este miércoles comenzó con las cuestiones relativas sobre el Manual de Identidad Corporativa que se adjudicó, de "forma irregular", según el escrito de acusación del Ministerio Público, a sociedades de Francisco Correa, y cuyo pago final reflejó un sobrecoste de 14.206,59 euros – el pago ascendió a 26.895,14 euros cuando su precio real era de 12.688,55 euros–.

Peñas explicó que esta campaña se realizó a iniciativa del entonces concejal de Comunicación de Majadahonda Ramón Losada con motivo de desarrollar "nueva ideas, nuevas gestiones", entre ellas la marca y un nuevo logotipo del Ayuntamiento, ya que Ortega había alcanzado la alcaldía del municipio madrileño.

En este sentido, en relación a otros contratos vinculados a la empresa municipal Patrimonio Municipal de Majadahonda SA (PAMMASA), Peñas simplemente dijo que no "tuvo sospecha de que hubo comisiones para nadie": "No sé si esas empresas tenían fijado una parte del contrato para darle (dinero) a nadie", añadió.

En cuanto a las cuentas denominadas Willy o Gabinete, el denunciante afirmó que conoció su existencia por el sumario. Del mismo modo, eludió su responsabilidad en los contratos relacionados con la Oficina de Atención del Ciudadano (OAC) de Majadahonda.

Según manifestó, la OAC comenzó a desarrollarse con anterioridad a que tanto él como el también acusado Juan José Moreno comenzasen a dirigir sus respectivas concejalías y recordó que esta oficina era el "proyecto estrella" del empresario Francisco Correa.

Por último, hizo hincapié en por qué decidió formar el partido político Corporación Majadahonda junto a Moreno, una vez que en 2005 fueron expulsados del PP: "Era un nexo de unión para estar cerca del señor Correa y poder grabarle", enfatizó.

El denunciante del caso Gürtel, José Luis Peñas, aseguró en su primera jornada de declaraciones celebrada este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional, presidido por el magistrado Ángel Hurtado, que el número dos de la trama, Pablo Crespo, le confesó que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido entonces por Esperanza Aguirre, abonó a la organización varios de los actos del Partido Popular. "Eran actos del Partido Popular que se facturaban a Consejerías de la Comunidad de Madrid", especificó Peñas a preguntas de la fiscal Concepción Nicolás, cuyo interrogatorio superó las seis horas.

"Tu haces actos para el Partido Popular, y de repente te dice: 'No tengo dinero, y cuando acabe la campaña te lo pago'. Entonces dan las instrucciones de que actos que no se habían celebrado en la Comunidad de Madrid, sino que se habían celebrado para el PP de Madrid o nacional, se pagaran así", completó Peñas, que ante las preguntas de la fiscal no supo precisar el nombre de la persona del Gobierno de Aguirre que habría tomado esa decisión: "Imagino que sería alguien con el que estarían contratando con la Comunidad de Madrid, que le diría que creara una empresa nueva, que no tenga ningún pasado" para contratar con la Administración.

Pero ante la insistencia de la fiscal Nicolás, Peñas dijo en la sesión vespertina del juicio que tendría que ser "alguien que tuviera potestad para contratar. Y a mí cuando me lo dice Pablo [Crespo] ciertamente compungido en el sentido de que le obligan a fraccionar y eran cuarenta y tantos contratos fraccionados".

Minutos antes, el denunciante de Gürtel relató a los jueces que el también procesado Alberto López Viejo, viceconsejero de Deportes, era la persona que se encargaba de los actos de Esperanza Aguirre: "Siempre estaba preocupado por la presidenta y enseguida te dejaba porque tenía cosas que hacer para ella. Tuvo una relación fundamental con la señora Aguirre. Cuando en 2003 no llegó a tener mayoría absoluta, llegó el tamayazo y en las siguientes elecciones, que fueron en octubre, [Aguirre] cambió todo el equipo de campaña, y puso al frente de los actos y de la calle a Alberto. López Viejo era el responsable de Esperanza Aguirre dentro de los mítines".

José María Aznar

Por la mañana, José Luis Peñas explicó que el presunto cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, "tenía todos los tentáculos" para hacer negocios, y uno de ellos eran los actos del PP, que según explicó eran "la pantalla" para luego introducirse en los Ayuntamientos encabezados por esta formación política.

En este sentido, Peñas destacó que el cabecilla de Gürtel contaba con "el aval de era amigo del presidente del Gobierno en ese momento", en referencia a José María Aznar. También por la tarde, Peñas se refirió a las preferencias de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, que según sus palabras tenía preferencia por el trabajo de Álvaro Pérez el Bigotes, ya que "no quería hacer nada" relacionado con los eventos del PP si éste no estaba presente.

"Tenía un nivel de amistad bastante íntimo con varias personas y hacía los actos del PP", completó Peñas, que especificó que la red de Correa se desplegó en la Comunidad de Madrid, en varios Ayuntamientos y en la Comunidad Valenciana. "Tenía lo que vulgarmente se denomina una cuadra de empresas. Gana el PP, gana el señor Correa y gana todo el mundo", dijo el denunciante, para el que la Fiscalía pide seis años y cinco meses de cárcel.

La boda de El Escorial

La fiscal le pidió que identificara a estas personas con las que Correa mantenía una relación, tras lo que Peñas aludió nuevamente a José María Aznar, aunque sin nombrarlo: "Todos hemos visto las fotos de El Escorial, se movía en un círculo muy importante. En el círculo empresarial y en el PP era muy conocido". Algo que se demostraba, ha completado, "cuando te invitan a la boda del presidente del Gobierno", dijo Peñas, en referencia al enlace matrimonial entre Ana Aznar y Alejandro Agag que se celebró en el monasterio de El Escorial con presencia, entre otros mandatarios, del ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi.

También a preguntas de la fiscal Nicolás, el exconcejal del PP de Majadahonda confirmó la existencia de un vídeo en el que supuestamente se podía ver al exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, alias El Albondiguilla, en una mesa con una importante cantidad de dinero en metálico.

"Correa hizo un vídeo a Panero en el cual estaba repartiendo una cantidad bastante grande de dinero. Estaba en una mesa llena de billetes y lo grabó", ha explicado Peñas, que según su versión se había negado a hacer un negocio con él: "E hicieron el vídeo y se lo mostró a un concejal del Ayuntamiento muy cercano al alcalde, y les dijeron que o hacían lo que él quería o sacaba el vídeo a la luz pública".

"Una mesa llena de dinero"

"Yo vi a Panero en una mesa llena de dinero", ha completado el procesado, que ha asegurado que en la operación también había participado el imputado Tomás Martín Morales, que había trabajado en Arganda del Rey en Boadilla del Monte.

Peñas, que ha asegurado haber visto reunido a Correa con los exalcaldes González Panero y Ginés López, este último de Arganda del Rey, ha explicado que sus relaciones con otros procesados, Jesús Sepúlveda y Bárcenas habían sido mínimas: "Yo oí hablar de Bárcenas como parte de un grupo que les estaba impidiendo trabajar en el partido. Él llevaba dinero a la casa de Bárcenas y a Génova, y cuando vas al despacho es para que se quede ahí, aunque por el caminito hay una comisión que se la daría el señor Correa, y no sé cuál es, pero que evidentemente existía".

En cuanto a los exalcaldes procesados, Peñas se refirió al exregidor de Majadahonda Guillermo Ortega. "En un principio este dinero que aportaban de una forma u otra lo llevaban íntegramente a Génova, que al principio recibía mucho dinero, pero los alcaldes vieron que podían coger un trocito y se quedaba en el caminito", declaró el exconcejal, que completó: "Guillermo pasó de colaborar con el partido a quedarse con la parte del león y le cortaron la cabeza".

El denunciante de Gürtel y exconcejal del PP de Majadahonda, José Luis Peñas, ha explicado en su declaración ante el tribunal presidido por el magistrado Ángel Hurtado que el presunto cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, "tenía todos los tentáculos" para hacer negocios, y uno de ellos eran los actos del PP, que según explicó eran "la pantalla" para luego introducirse en los Ayuntamientos encabezados por esta formación política. En este sentido, Peñas ha destacado que el cabecilla de Gürtel contaba con "el aval de era amigo del presidente del Gobierno en ese momento", en referencia a José María Aznar.

"Tenía un nivel de amistad bastante íntimo con varias personas y hacía los actos del PP", ha completado Peñas, que ha especificado que la red de Correa se desplegó en la Comunidad de Madrid, en varios Ayuntamientos y en la Comunidad Valenciana. "Tenía lo que vulgarmente se denomina una cuadra de empresas. Gana el PP, gana el señor Correa y gana todo el mundo", ha completado el denunciante, para el que la Fiscalía pide seis años y cinco meses de cárcel.

Pero la fiscal que le ha interrogado este martes, Concepción Nicolás, le ha pedido que identificara a estas personas con las que Correa mantenía una relación, tras lo que Peñas ha aludido nuevamente a José María Aznar aunque sin nombrarlo: "Todos hemos visto las fotos de El Escorial, se movía en un círculo muy importante. En el círculo empresarial y en el PP era muy conocido". Algo que se demostraba, ha completado, "cuando te invitan a la boda del presidente del Gobierno", ha dicho Peñas, en referencia al enlace matrimonial entre Ana Aznar y Alejandro Agag que se celebró en el monasterio de El Escorial con presencia, entre otros mandatarios, del ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi.

Peñas ha explicado que Correa hacía de intermediario en la compra de suelo y que "la principal franquicia" de la trama era la empresa Special Events, al mismo tiempo que la agencia de viajes Pasadena la utilizaba "para el partido, pues era la agencia de cabecera del PP".

También a preguntas de la fiscal Nicolás, el exconcejal del PP de Majadahonda confirmó la existencia de un vídeo en el que se podía ver al exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, alias El Albondiguilla, en una mesa con una importante cantidad de dinero en metálico.

"Correa hizo un vídeo a Panero en el cual estaba repartiendo una cantidad bastante grande de íbero. Esta en una mesa llena de billetes y lo grabó", ha explicado Peñas, que según su versión se había negado a hacer un negocio con él: "E hicieron el vídeo y se lo mostró a un concejal del Ayuntamiento muy cercano al alcalde, y les dijeron que o hacían lo que él quería o sacaba el vídeo a la luz pública".

"Yo vi a Panero en una mesa llena de dinero", ha completado el procesado, que ha asegurado que en la operación también había participado el imputado Tomás Martín Morales, que había trabajado en Arganda del Rey en Boadilla del Monte.

Peñas, que ha asegurado haber visto reunido a Correa con los exalcaldes González Panero y Ginés López, este último de Arganda del Rey, ha explicado que sus relaciones con otros procesados, Jesús Sepúlveda y Bárcenas habían sido mínimas: "Yo oí hablar de Bárcenas como parte de un grupo que les estaba impidiendo trabajar en el partido. Él llevaba dinero a la casa de Bárcenas y a Génova, y cuando vas al despacho es para que se quede ahí, aunque por el caminito hay una comisión que se la daría el señor Correa, y no sé cuál es, pero que evidentemente existía".

En cuanto a los exalcaldes procesados, Peñas se refirió al exregidor de Majadahonda Guillermo Ortega. "En un principio este dinero que aportaban de una forma u otra lo llevaban íntegramente a Génova, que al principio recibía mucho dinero, pero los alcaldes vieron que podían coger un trocito y se quedaba en el caminito", ha dicho el exconcejal, que ha completado: "Guillermo pasó de colaborar con el partido a quedarse con la parte del león y le habían cortado la cabeza".

El exconcejal del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) y denunciante de la trama Gürtel, José Luis Peñas, aseguró este martes que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "es el mayor responsable político del caso Gürtel" y detacó que conocía las actividades de la trama y "miró para otro lado".

En declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press, antes del inicio del juicio donde declarará a partir de hoy, Peñas destacó que tanto el jefe del Ejecutivo como la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, sabían lo que estaba sucediendo, principalmente en una de las localidades vinculadas a la red, Arganda del Rey. "Tenían comunicación de todo lo que pasaba", agregó.

El exconcejal precisó que se siente "tranquilo" y "muy orgulloso" de haber denunciado las actividades de la trama dirigida por el empresario Francisco Correa y confió en que quedará libre a pesar de que la Fiscalía pide para él seis años y cinco meses de prisión por apropiarse fondos procedentes de las arcas públicas de Majadahonda o por favorecer a las empresas de Correa con la adjudicación de contratos públicos.

"Se puede luchar contra la injusticia y la corrupción desde la posición de ciudadano", añadió. Peñas declara ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de enjuiciar a los 37 acusados por la primera época de actividades de la red (1999-20015), siete años después de haber entregado a la Policía 80 horas de grabaciones de conversaciones mantenidas con el presunto cabecilla de la red y otros responsables, que provocó el inicio de la investigación de la causa.

Aunque en dicho escrito se recoge la posibilidad de aplicarle la atenuante de confesión, debido a su colaboración "esencial en la averiguación del delito y en el descubrimiento de sus responsables", el exconcejal se enfrenta a penas de cárcel.

Precisamente, Correa pidió durante su declaración al exconcejal que sea "honesto" y deje "al margen toda la historia personal" que tiene en su contra para que explique qué gestiones se llevaron a cabo en Majadahonda. Aseguró sentirse decepcionado con Peñas por abusar de su confianza y haberle grabado durante dos años, mientras le tenía acogido en su casa y su hija le llamaba por entonces "tío Pepe".

Este martes, 13 de diciembre, el denunciante del caso Gürtel, José Luis Peñascaso GürtelJosé Luis Peñas, declara en el juicio que se celebra en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) de la Audiencia Nacional sobre la denominada Época I de la trama liderada por Francisco Correa, y que abarca los años 1999 a 2005.

infoLibre entrevista a este exconcejal del PP del Ayuntamiento madrileño de Majadahonda ocho años después de que denunciara a la trama de Francisco Correa ante la Policía. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez Baltasar Garzón, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, iniciaron las pesquisas que se conocieron públicamente con la detención en febrero de 2009 del propio Correa. Peñas, para quién las fiscales del caso Concepción Sabadell y Concepción Nicolás piden seis años y cinco meses de cárcel, asegura que pese a todo volvería a denunciar los hechos, al mismo tiempo que destaca que en todos estos años el abogado que firmó la denuncia con él, Ángel Galindo, le ha demostrado ser "un verdadero amigo".

Pregunta: Han pasado ocho años de su denuncia. ¿Se arrepiente?

Respuesta: Ja, ja, ja, ja... No, no me arrepiento en absoluto. Lo único es que yo mejoraría el sistema judicial español, que es igual de malo conmigo que con cualquiera. Yo tomaría las mismas decisiones, lo haría exactamente igual.

P: ¿Cuando habla del sistema judicial se refiere a que han tenido que pasar ocho años para que se celebre el primer juicio?

R: Yo creo que al que peor se ha tratado en estos ocho años del procedimiento ha sido a mi. Soy la única persona de este procedimiento que jamás ha hecho ni una alegación, nunca jamás he hecho un recurso, me han llamado y he ido, tenía las grabadoras y las he llevado, he entregado 800 folios de documentación y me han pedido que dejara los originales y todavía estoy esperando por ellos. He denunciado el Mini y lo puse a mi nombre para que fuera una prueba fehaciente en el juicio. Pero cuando fui a declarar como testigo, se me dice que estoy imputado y no se me leen los derechos. En fin, creo que el sistema judicial español tiene que mejorar... Yo no quiero que se me ponga una estatua, ni muchísimo menos, pero por lo menos que se me trate como a todo el mundo.

P: Pero gracias a la labor de la justicia Suiza ha bloqueado 47,3 millones de los implicados en la Gürtel...Gürtel

R: De eso soy absolutamente consciente, pero yo no critico la labor policial, la de los fiscales y la de los jueces, que es encomiable. Yo me quejo del sistema. Ellos han luchado, y evidentemente, esa denuncia fue un punto de inflexión en la historia de España, y eso hay que decirlo, no porque sea yo y yo quiera promocionar ningún libro, pero es verdad que a partir de ahí se acabó con la impunidad. Aquí no pasaba nada y todo este tipo de personas robaban a mansalva. Gürtel tiene doce o trece piezas, una ya juzgada, con dos condenados en firme, uno de ellos era el vicepresidente de una comunidad autónoma [Víctor Campos, exvicepresidente de la Comunidad Valenciana], al mismo tiempo que hay otras cuatro o cinco piezas más de Valencia esperando, Arganda y Boadilla del Monte (Madrid) y los papeles de Bárcenas, además de los casos de Jerez y Aena.

Y no tenemos que olvidar que la primera vez que se habla de David Marjaliza [uno de los presuntos cabecillas de la trama Púnica] junto con Francisco Granados es en una grabación que yo aporté al juez en 2007. ¿Cómo no voy a ser consciente de todo eso? Yo voy al juicio, aunque voy como encausado y procesado, yo voy orgulloso. Además, yo soy abogado, yo me podría poner la toga y estar ahí con los abogados y escabullirme de los focos y de las cámaras. Y no quiero. Yo me pongo el polo rojo para que me vea toda España y todo el mundo. Estoy orgulloso de estar allí. No tengo pena de banquillo incluso aunque al final me condenen los jueces.

P: De hecho usted ha estado declarando como testigo ante el juez Eloy Velasco...

R: Sí, es verdad, declaré en Púnica. Al igual que en Gürtel, yo apuntaba y la Policía agrandaba ese apunte. El Partido Popular se ha movido por familias, por lo menos en Madrid se ha distribuido el territorio, han hecho lo que han querido. Por eso el PP está también sentado en el banquillo, aunque a título lucrativo, lo único que espero es que algún juez lo pueda condenar como una asociación ilícita que es lo que es. Yo creo que el partido debería refundarse, llamarse con otro nombre. Pero bueno, tenemos un presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, que era absolutamente consciente de lo que estaba pasando en Gürtel, en su partido, y en pueblos como ArgandaGürtel, , , porque se le avisó y se le dijo lo que estaba haciendo el señor Correa: a él, a Esperanza Aguirre y no hicieron nada. Miraron para otro lado. Y si el mayor responsable político de Gürtel es el presidente del Gobierno, eso quiere decir que combatir y derribar a la corrupción en este país va a ser una cuestión de muchas generaciones.

P: ¿Le ha cambiado mucho la vida?

R: Sí, para bien y para mal. Personalmente llevo inmerso en este tema mucho tiempo, y esto me ha agriado el carácter. Soy un poco más gruñón de lo que era antes, y menos mal que en mi vida laboral soy funcionario, ya que como he podido comprobar, yo no podría trabajar en ninguna empresa mediana. Lo he intentado y me ha sido imposible porque la gente mira en internet mi nombre y nadie quiere contratar a una persona que ha sido capaz de acusar a su partido político. Pero por otro lado los amigos que tengo, y la gente que sé que me llama con cariño aunque no sea un amigo del alma, eso me da muchos ánimos. Pero sobre todo estoy contento porque mi mujer, la persona con la que consulté en aquellos días de diciembre de 2005 lo que iba a hacer, sigue a mi lado, sigue conmigo, y sigue mirándome con la misma cara, y por eso soy la persona más afortunada del mundo. Espero que cuando acabe el juicio pueda recuperar mi forma de ser y reírme un poco más.

P: Usted ha acabado procesado y el fiscal pide seis años y cinco meses de cárcel para usted… aunque mucho peor está su compañero Juan José Moreno, que afronta una posible condena de 24 años y dos meses, pese a que también grabó a Correa.Correa

R:Juanjo [Moreno] también ha colaborado con la justicia, pues lo único que no hizo fue firmar la denuncia por su situación personal. Pero no hay que olvidar que muchas de las grabaciones que se entregaron al juez fueron grabados por él en exclusiva. Era consciente de lo que yo estaba haciendo, por lo que podría por ejemplo haberme vendido a Correa y haberle dicho: cuidado con este tipo. Colaborar ha colaborado, lo único que no hizo fue firmar la denuncia por cuestiones personales.

P: ¿Qué le diría a las personas que se plantean denunciar la corrupción?

R: Parece que el Gobierno, que es el que mueve los hilos en la Fiscalía, lanza la idea de que quién denuncia la paga, no solamente yo, en el Ejército y en otros ámbitos de la vida. Cuando denuncias las cosas siempre parece que tienes algo que ocultar. A mí siempre me han preguntado por qué denuncié, y yo siempre respondo con una pregunta: ¿Al señor Correa nunca se le pregunta por qué delinque, verdad?, aunque se da por supuesto y se sabe que era para robar, mejorar su tren de vida y para obtener el poder. Pero denunciar es como que no te han dado lo tuyo o no has cogido suficiente. Al que denuncia en España se le considera peor que a los malos de verdad. Y eso está muy arraigado en España, aunque hablando con periodistas alemanes, suecos, australianos y holandeses, mi actitud se ve de lo más normal. Ellos se sorprendían del maltrato que hay en España a la persona que denuncia. Aquí tenemos una palabra para nombrar a los denunciantes, que a mí no me gusta, que es la de chivato, que en el resto de Europa se le consideraría ciudadano modélico. Por eso, a los que quieran denunciar la corrupción, yo les diría que se armen de paciencia. Pero hay que hacerlo, aunque tienen que saber que no van a contar con ninguna ayuda, salvo personas esporádicas. Pero también hay gente maravillosa que sale a tu encuentro en la vida como si estuviera programado. Conocer a mi abogado, Ángel Galindo, es lo mejor que me ha pasado en muchos años, y hay dos o tres personas más que te puedo decir que de otra forma no las hubiera conocido. Hay que denunciar, porque la corrupción mata, aunque no lo queramos ver, ya que ese dinero no va a parar a la compra de ambulancias o a contratar médicos o policías. ¿Qué nos acusan y nos meten en la cárcel? Sócrates perdió la vida por denunciar la forma de vida de los atenienses, y aunque le deban el perdón no lo quiso, y prefirió beber la cicuta. Hay que hacerlo y apechugar con las consecuencias, que no suelen ser muy buenas.

P: Correa dijo en su declaración que se sintió traicionado por usted, ya que le había acogido como parte de su familia.

R: Dijo textualmente que había que ser muy mala persona para hacer lo que yo hice. A mí el señor Correa me importa tanto como la vida de un canto rodado en el Yukón y no soy muy de tatuajes. Pero a lo mejor cuando termine el juicio me tatúo la frase que dijo el señor Correa: Hay que ser mala persona... si eso lo dice Correa de mí, eso me lo voy a tatuar porque es para mi el mayor orgullo que puedo llevarme. Que una persona como Correa hable mal de uno es para sentirse orgullosísimo.

P: Como considera que va el juicio…

R: A día de hoy, salvo [la exempleada de Correa] Isabel Jordán, que ha hecho una defensa interesante al atacar la idea de lo que se la acusa, el resto, nadie ha hecho nada de interés. Se han limitado a decir que no sabían nada. Que sólo eran unos simples empleados. Y por eso hemos pasado horas tratando de saber simplemente si una persona era gerente o no. En el caso de Correa, su declaración fueron unos meros fuegos de artificio que no nos llevan a ningún sitio. También me defraudó profundamente [el número dos de la trama] Pablo Crespo, que meses antes había acudido a varios programas de televisión. En resumen, la defensa de los procesados se ha limitado a ponerse de perfil.

P: ¿Y en lo referente a usted?

R: En lo que a mí me toca, estoy seguro de que voy a poder desacreditar la acusación de la fiscal en todo. Aunque soy consciente de que cuando uno está muy cerca de una asociación de este tipo, mucha gente puede considerar que estás implicado. Vamos a luchar contra esa suposición con las armas de las pruebas que están en el sumario. Yo no he pedido nunca ninguna prueba, pero simplemente con las pruebas que hay en el sumario nos vamos a defender. Con lo que hay en el sumario tengo de sobra.

El juez José de la Mata, que instruye en la Audiencia Nacional la pieza separada del caso Gürtel en el que se investiga en Arganda del Rey el mayor pelotazo de la trama liderada por Francisco Correa, ha reactivado sus pesquisas reclamando a la dirección general de Urbanismo del Gobierno de Cristina Cifuentes que remita "en el plazo de cinco días" el acta de la comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid en la que se aprobó en enero de 2006 el Plan Parcial de Reforma Interior de la urbanización conocida como Unidad de Ejecución 124 del municipio madrileño, según un auto al que ha tenido acceso infoLibre.

Según la información facilitada por la Policía Judicial, los ingresos que pudo haber obtenido Francisco Correa a cambio de intermediar en esta operación urbanística podrían alcanzar los 25 millones de euros25 millones . La justicia de Suiza mantiene bloqueados 22,2 millones de euros que Correa mantenía en los bancos de este país al margen del fisco español.

Las irregularidades en la adjudicación en noviembre de 2004 a la empresa promotora Martinsa de una parcela para construir en Arganda del Rey, que desembocaron en uno de los mayores pelotazos de la trama Gürtel, provocaron que la constructora elevara su previsión de ventas en 198,3 millones, según se desprende de un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) remitido al juez De la Mata, que basa sus conclusiones en la declaración del arquitecto contratado por Martinsa para desarrollar su proyecto en el municipio madrileño, Gilbert Barbany, que declaró como testigo en la causa.

Comisión de urbanismo

En el mencionado informe, la IGAE llama la atención al juez De la Mata que entre la documentación aportada para esta operación inmobiliaria no constaba que se hubiera remitido el acuerdo final a la Comunidad de Madrid. Tampoco se incluyeron los correspondientes informes técnicos y jurídicos ni el acuerdo adoptado por la comisión de Urbanismo.

En el documento, la Intervención analiza las irregularidades en la adjudicación de estos terrenos, situados en la llamada UE-124 o Área de Centralidad de la localidad del sur de la Comunidad de Madrid. Las variaciones introducidas en el plan inicial, y que ahora reclama el juez a la Comunidad de Madrid, provocaron, por ejemplo, que se pasara de las 1.580 viviendas previstas inicialmente a la aprobación definitiva de 2.731, un 72,85 por ciento más.

El "incremento tan importante" producido en el número de viviendas planificadas -a costa de reducir el número máximo de metros cuadrados de las mismas a 90- generó que Martinsa pasara de contar con una previsión de venta de 336,6 millones a 535 millones, un 58,93 por ciento más (198,3 millones), completa el documento, que alude en todo momento a los datos aportados por el testigo.

Cesión gratuita

Pero el juez también reclama al Ayuntamiento de Arganda del Rey el expediente completo de la cesión gratuita de las parcelas integradas en la UE-124 por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey a la entidad pública Fomento y Desarrollo Municipal SA tramitado en 2004, y que posteriormente acabaron en poder de Martinsa. 

Precisamente, el informe de la IGAE también refleja que el precio de licitación cerrado para llevar a cabo la operación fue de 77,2 millones, una valoración que -dice- no se corresponde con la real ofrecida por Aguirre Newman. Prueba de ello es que el propietario de Martinsa, Fernando Martín, vendió unos meses más tarde un tercio de los terrenos por 73 millones.

Fernando Martín se defiende

Fernando Martín, que está imputado en esta pieza separada de Gürtel, siempre ha defendido la legalidad de todas sus actuaciones, al mismo tiempo que ha asegurado que adquirió y vendió los terrenos mencionados al precio de mercado.

La Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (Onif) señaló entonces que dos sociedades de Correa recibieron sendas comisiones de 12 y 12,8 millones de euros por esta operación. La primera la realizó el empresario Manuel Salinas en 2004 y la segunda el presidente de la constructora Martinsa, Fernando Martín, a través de una sociedad interpuesta, dos años después.

Salinas, un empresario de Zaragoza dedicado a la fabricación y comercialización de muebles de madera y el equipamiento integral de cuartos de baño cuyas empresas "estaban relacionadas" con el negocio de Martinsa, invirtió también cuatro millones para pagar la segunda comisión, que fue efectuada por la empresa Cedargrove Investments, vinculada a Martín, informa Europa Press.

Los técnicos del organismo tributario afirman que, coincidiendo con el pago de la comisión ilegal de 12,8 millones, una empresa de Salinas (Tasal SL) adquirió además de forma legal el 5 por ciento de las acciones de una sociedad en la que había invertido Martinsa denominada RTM por valor de cinco millones de euros. RTM fue el nombre de la división inmobiliaria vinculada a la operación para la construcción del nuevo estadio del club colchonero. Sin embargo, Salinas decidió en 2006 liquidar su participación en las empresas que se adjudicaron el pelotazo y recuperó estos cinco millones.

Director general de Transportes

En el auto, firmado este mismo martes 29 de noviembre, De la Mata cita también a declarar como testigo al actual director general de Transportes de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Arganda del Rey, Pablo José Rodríguez Sardinero, en relación a los contratos adjudicados a la empresa de Correa Easy Concept Comunicación SL sobre las ofrendas florales de las fiestas patronales del municipio de 2007 y 2008.

El juez también cita de declarar, pero en este caso como imputados, a los técnicos municipales Jose Ramón Gutiérrez Villar, Isaac García Requena y María Josefa Aguado del Olmo. Como testigo está citada la exedil de Cultura Amalia Guillén Sanz y el técnico municipal José Fernández García.

José de la Mata reclama asimismo al Ayuntamiento el expediente de resolución del contrato de construcción de centro deportivo integrado de la Poveda, suscrito con la empresa Teconsa.

Finalmente, el instructor solicita al Ministerio de Economía y Hacienda para que antes de cinco días "informe sobre la clasificación que la entidad Constructora Hispánica SA tenía entre 2004 a 2007", para determinar si esta sociedad podía contratar con la Administración pública.

Pero esa afirmación no se ajusta a la realidad. Las grabaciones a que se refería el letrado Jesús Santos son las que subrepticiamente realizó a Francisco Correa el exconcejal del PP en Majadahonda José Luis Peñas, que comparte banquillo con los otros 36 acusados. Y su legalidad quedó confirmada en mayo de 2013 no ya por el juez instructor del caso, Pablo Ruz, sino también por la Sección IV de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Son las escuchas policiales efectuadas en la cárcel a los dos supuestos jefes de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, las que fueron excluidas del sumario después de que el Supremo las declarase ilegales y expulsara de la judicatura a Baltasar Garzón por haberlas ordenado. Las aportadas por Peñas, en cambio, siempre han permanecido dentro de la causa. 

En esas grabaciones, cuya autenticidad certificó la Policía Científica en febrero de 2014, Francisco Correa desvelaba, por ejemplo, cómo él mismo había llevado "más de 1.000 millones" [de pesetas] a la sede central del PP, la de la madrileña calle Génova.

La investigación –adujo literalmente el miércoles el representante legal del PP– ha vulnerado derechos fundamentales, "partiendo, como se dijo por algunas defensas, de la ilegalidad e ilicitud del acto generador e iniciador de este procedimiento, que se refiere en concreto a esas conversaciones grabadas y presentadas por uno de los acusados".

Pero los hechos indican que ni los tribunales consideraron ilegales las grabaciones ni ilícitas. El 24 de mayo de 2013, el juez Pablo Ruz validó con un auto [pincha aquí] su legalidad con dos razonamientos clave: que lo que la Constitución prohíbe es intervenir una conversación de terceros sin orden judicial pero no que uno de los interlocutores grabe al otro; y que, además, Peñas no hizo otra cosa que cumplir con "la obligación de denunciar delitos".

Será en la fase de juicio –es decir, la que comenzó este martes, 4 de octubre– "donde deberán desplegar o no su eficacia las grabaciones aportadas como medio probatorio a valorar por el tribunal". Pero que posean valor probatorio es una cosa y que al grabar a Correa estuviera Peñas incurriendo en un acto ilegal –como sostiene ahora el PP– es otra. Ruz, no obstante, se curó en salud al subrayar lo siguiente: que "el origen de la presente causa no son, en sentido estricto, las grabaciones cuestionadas, sino las manifestaciones en modo de denuncia" que hizo Peñas "ante el órgano competente y en las que le relata con detalle y precisión hechos que revisten trascendencia penal".  

Correa y otros imputados –entre ellos, Luis Bárcenas– impugnaron entonces el auto dictado por Pablo Ruz. Pero un mes más tarde, el 28 de junio de 2013, la Sección IV de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional validó ya de manera definitiva la legalidad de las grabaciones aportadas por Peñas. En su auto [pincha aquí], la Sala de lo Penal subrayó que no cabía equiparar la actuación de José Luis Peñas a la técnica periodística de "cámara oculta" porque en este caso "no ha mediado el engaño ni la presión ni se han extraído datos que afecten a la zona mas intrínseca de la personalidad".

Cuando la Audiencia Nacional declaró legales las cintas de Peñas, hacía un mes que el PP había sido expulsado de la causa como "acusación popular". ¿Por qué fue expulsado? Por defender a Luis Bárcenas. Entonces no se conocía aún los sms enviados por Mariano Rajoy al hoy extesorero del partido, entre ellos, este: "Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo"

Ahora, la posición del PP es muy distinta a la de las acusaciones populares: la de partícipe a título lucrativo –beneficiario económico sin responsabilidad penal– de los manejos de una trama corrupta que durante años organizó sus mítines y congresos, obtuvo cientos de contratos de sus gobiernos y sobornó a múltiples cargos de la formación conservadora.

El Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte, cuyo alcalde es el candidato del PP al Congreso de los Diputados Antonio González Terol, acusa a la formación conservadora de ser partícipe a título lucrativo de la pieza separada dedicada a este municipio dentro de la GürtelGürtel, según el escrito de acusación presentado el pasado 9 de junio ante el juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, José de la Mata.

La representación legal del Consistorio del municipio madrileño, considerado el epicentro de la trama liderada por Francisco Correa, alude al artículo 122 del Código Penal para incluir al PP como partícipe a título lucrativo de la red corrupta: "Y así vendrá obligado el Partido Popular a resarcir al Ayuntamiento de Boadilla del Monte del importe de 204.198 euros que asumieron algunas empresas para pago del coste de determinados actos de partido y electorales", especifica el escrito que fue presentado días antes de que comenzara la campaña electoral.

El escrito del Consistorio de Boadilla, cuyo alcalde González Terol es considerado como uno de los delfines del aguirrismo, ha entrado en la Audiencia Nacional pocos días antes de que se iniciara la campaña electoral, en la que el propio González Terol forma parte de las listas del PP por Madrid. Ya en las elecciones de diciembre el regidor de Boadilla, natural de Cartagena (Región de Murcia), González Terol obtuvo el acta de diputado.

Apuesta de Aguirre

González Terol es una apuesta política personal de Aguirre, que le nombró en su primer Gobierno, en 2003, director general de Juventud con tan sólo 25 años. Desde entonces, este político nacido en Cartagena en 1978, ha permanecido en cargos del PP, como por ejemplo diputado en la Asamblea de Madrid y director general de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad de Madrid.

El reconocimiento de que el PP de Boadilla del Monte se lucró de la Gürtel se produce días después de que el pasado 23 de mayo, el partido se viera obligado a emitir un comunicado en el que eludía cualquier responsabilidad en el caso de la caja B controlada por Luis Bárcenas.

El PP reaccionó de esta forma tras conocerse que el juez José de la Mata exigía a este partido que abonara 1,2 millones de euros de fianza como responsable civil subsidiario de la pieza separada de Gürtel de los papeles de Bárcenas o la caja B del PP. De lo contrario, la formación conservadora se enfrentaba a un embargo días pocos días antes de que se iniciara la campaña electoral.

Rechazo del PP

En ese comunicado, los conservadores rechazaban que el partido de Rajoy fuera considerado responsable civil subsidiario de los delitos de los que se acusa a los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, así como contra el exgerente Cristóbal Páez, que están acusados de pagar una parte de la remodelación de la sede nacional del partido en negro.

La diferencia principal entre ser considerado partícipe a título lucrativo, que es la acusación que tiene que afrontar el PP en la pieza principal de Gürtel denominada Época I o en la pieza separada de Boadilla del Monte, o ser considerado responsable civil subsidiario, consiste en que la formación de Rajoy solo tendrá que afrontar el posible resarcimiento del dinero del que presuntamente se lucrólucró, mientras que en el caso de la remodelación de la sede nacional, el PP ya ha tenido que presentar una fianza por el total de la cantidad defraudada por los acusados.

Es decir, para el PP el esfuerzo económico será menor si es considerado partícipe lucrativo que si fuera declarado en el juicio responsable civil subsidiario de los delitos cometidos de unos condenados que se declararan insolventes, ya que en el primer caso no tendría que asumir las multas de los posible condenados, pese a que muchos de ellos eran cargos del partido y cometieron los delitos en el ejercicio de sus funciones.

Problemas internos

Sin embargo, y pese a que en principio beneficia al partido ser considerado partícipe lucrativo en vez de responsable subsidiario, el reconocimiento del Consistorio dirigido por el candidato del PP al Congreso González Terol volverá a herir las susceptibilidades entre los partidarios de Cristina Cifuentes, la actual presidenta de la gestora del PP madrileño y de la Comunidad de Madrid, y el sector aguirrista en el que se enmarca al regidor de Boadilla del Monte. 

Además, el Consistorio de Boadilla reclama 49 de cárcel para el exalcalde Arturo González Panero, conocido con el alias de El Albondiguilla, que hace un mes acusó a Francisco Granados, en la cárcel de Estremera (Madrid) desde octubre de 2014, de haber pedido un millón de euros a una veintena de alcaldes para la campaña autonómica de 2007. Estos hechos los investiga la Fiscalía Anticorrupción en el seno de la Operación Púnica que instruye el juez Eloy Velasco.

En contraposición al mencionado reconocimiento de la responsabilidad del PP de Boadilla del Monte, en el que González Terol es presidente local, la Abogacía del Estado ha registrado un escrito de acusación en la Audiencia Nacional en el que no hace ninguna mención al PPPP. Y en el caso del exalcalde Arturo González Panero, la petición de cárcel es de 15 años, mientras que para el empresario José Luis Ulibarri el Consistorio madrileño reclama tres años de prisión.

Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido penas de 40 años y siete meses de cárcel para el exalcalde del municipio de Boadilla del Monte Arturo González Panero, conocido como el Albondiguilla, y de 76 años y siete meses de prisión para el líder de la Gürtel,Gürtel Francisco Correa, por los contratos adjudicados a la trama en la localidad madrileña.

27 procesados por el fiscal

El Ministerio Público pide en su escrito provisional de acusación que un total de 27 personas procesados y trece personas jurídicas se sienten en el banquillo por esta pieza separada del caso Gürtel. En concreto, considera a la formación política partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado con la actuación de la trama en una cuantía de 204.198,64 euros entre 2001 y 2009.

Además, solicita que el número dos de la red, Pablo Crespo, sea condenado a 64 años y siete meses de cárcel; el exdiputado del PP de Madrid Alfonso Bosch a 23 años y medio; y al exconcejal de Boadilla José Galeote a 22 años de prisión.

Esta colaboración, ya sea durante la instrucción o durante el juicio es de gran ayuda para los instructores, tal y como se ha comprobado en los casos Gürtel, Púnica e ImelsaGürtelPúnica , en los que los arrepentidos o colaboradores aportan pruebas vitales para destapar las tramas de corrupción.

Por ejemplo, la confesión de Ortiz, que se ha producido antes del inicio del juicio, pone en muy mal lugar al PP valenciano, que tiene muy difícil escapar de una condena. Aunque no hay nada imposible, ya que ya se ha dado el caso de que el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps fuera absuelto de recibir trajes de la trama Gürtel después de que dos de sus colaboradores lo hubiera reconocido.

En concreto, Ortiz muestra su conformidad con los hechos descritos por la Fiscalía Anticorrupción y el PSOE de la Comunidad Valenciana, personado como acusación popular, y reconoce haber abonado 348.115 euros al PPCV con ocasión de la campaña de las generales de 2008.

El dueño de Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, integrado en el Grupo Cívica, admite que una de las firmas de la trama Gürtel, Orange Market, elaboró distintas facturas que suponían la prestación de servicios por parte de su compañía para dar cobertura "formal" a esas entregas.

Multa por prisión

La Fiscalía Anticorrupción solicita para el empresario una pena de cuatro años de prisión por delitos en las cuentas electorales y falsedad en documento mercantil. En su escrito de defensa, Ortiz reclama que se le condene a 15 meses de cárcel y una multa. "Solicitamos respetuosamente que el tribunal acuerde en sentencia la sustitución de las penas de prisión por la correspondiente multa", agrega.

infoLibre ha hablado con el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Salvador Viada, que explica que los fiscales pueden aplicar una reducción de las penas que reclaman para los procesados, pero nunca dejando de aplicar la ley: "Nos atan los hechos y las penas. Hay un margen sobreentendido de actuaciones, y en un escenario favorable, las personas que colaboran con la justicia pueden resultar muy beneficiadas, ya que los fiscales pueden reconsiderar los atenuantes que sean más discutibles, pero siempre que haya una restitución del daño causado", especifica Viada, que es fiscal del Tribunal Supremo.

Dos grados de rebaja

Esta colaboración, prosigue Salvador Viada, repercute en una menor pena: "Todo depende de la verdad que se considere probada. Y estos beneficios consisten en rebajar un grado e incluso hasta dos grados las penas. Es decir, en un delito grave, de 10 años, se podría rebajar hasta dos y medio de reclusión".

Pero a estas personas que colaboran con la justicia reconociendo los delitos a cambio de penas menores, ya que si no tienen antecedentes penales es muy probable que no ingresen en prisión, se unen los arrepentidos que en la fase de instrucción colaboran con la justicia. 

infoLibre hace un recuento de todas estas personas que en una forma u otra han colaborado con los jueces y fiscales en las tramas de corrupción:

1. El denunciante de GürtelGürtel

El exconcejal del PP de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas sostiene que nunca formó parte de la trama corrupta liderada por Francisco Correa. Su versión de los hechos apunta a que desde un principio grabó las conversaciones de Correa, pero que nunca se benefició de los tejemanejes de la red. Es decir, según su versión, no es un arrepentido habida cuenta de que no reconoce haber cometido ningún delito. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción pidió para este exconcejal del PP, que desde un principio ha colaborado con la Policía Judicial para esclarecer los hechos, ocho años y 11 meses de cárcel.

Precisamente, en el caso de José Luis Peñas las fiscales aseguran que concurre respecto de todos los delitos que se le atribuyen la circunstancia atenuante de confesión apreciada como muy cualificada. Peñas fue el denunciante del caso, que aconsejado por su abogado Ángel Galindo aportó a la Policía Judicial las primeras grabaciones realizadas a Francisco Correa. Estas grabaciones dieron paso después a la publicación de los conocidos papeles de Bárcenas, en los que se refleja la contabilidad B del PP.

La diferencia de la pena que se reclama a Peñas con la del otro concejal del PP de Majadahonda que también grabó conversaciones a Correa ejemplifica de forma clara los beneficios que reporta colaborar con los jueces, fiscales y policías. El otro edil, Juan José Moreno, que no presentó denuncia por los hechos, afronta una petición fiscal de 24 años y dos meses de cárcel, sin que haya ningún atenuante.

También en el caso Gürtel el constructor de la Región de Murcia Alfonso García Pozuelo-Asins, anterior dueño de Constructora Hispánica, ha conseguido rebajar las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción por delitos fiscales abonando 20 millones de euros.

2. El arrepentido Marjaliza

Al igual que en Gürtel con los concejales Peñas y Moreno, en la Operación Púnica hay un ejemplo claro de lo positivo que resulta colaborar con la justicia. David Marjaliza, considerado el número dos de la trama liderada por el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados, está el libertad desde el 31 de diciembre pasado después de abonar una fianza de 100.000 euros, mientras que su socio y amigo de la infancia permanece en prisión incondicional desde su detención en octubre de 2014.

Marjaliza aseguró al juez su intención de devolver todo el dinero que ganó de forma irregular, y realizó una confesión de casi diez horas que ha servido, entre otras cosas, para destapar la presunta caja B del PP madrileño que Granados había plasmado en una agenda de color morado. Marjaliza trata, de esta forma, rebajar de forma ostensible la pena que le reclamará la Fiscalía Anticorrupción.

3. caso imelsacaso imelsa

El exgerente de la empresa pública de la Diputación de Valencia Impulso Económico Local (Imelsa) Marcos Benavent pidió perdón públicamente por su actuación al frente de esta entidad de la Diputación de Valencia y afirmó que se había equivocado, por lo que intentaría reponer "todo" lo que se había llevado. Benavent fue el autor de las grabaciones a Alfonso Rus, que dieron pie a las diferentes investigaciones que han destapado numerosas irregularidades en el PP de la capital valenciana con la operación Taula.

Benavent, que se definió a sí mismo como un "yonqui del dinero", llegó a reconocer que se llevó de la Diputación "dinero de todo".  Con esta actitud Benavent, al igual que el resto de implicados que colaboran con la justicia, trata de rebajar las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción.

4. CASO NOÓSCASO NOÓS

El excontable del Instituto Nóos Miguel Tejeiro, al que Manos Limpias le retiró días antes de iniciarse el juicio la acusación de 11 años de cárcel, acabó declarando como testigo en el caso Urdangarin. Y en su testimonio, el exasesor fiscal y exsecretario de la junta directiva del Instituto Nóos insinuó que la infanta Cristina siguió un "guión" al ser interrogada como acusada en la vista oral.

"Ella tiene derecho a mentir, pero yo tengo el deber de decir la verdad", explicó Tejeiro, cuyo testimonio perjudicó los intereses de Urdangarin y de la infanta. Por su parte, el expresidente balear Jaume Matas también quiso obtener una rebaja tras realizar una confesión, que sin embargo no convenció a la Fiscalía, que aseguró que la misma descargaba todas las culpas contra sus subordinados. Para el fiscal Pedro Horrach Matas no ejerció como un arrepentido de verdad.

5. LOS TRAJES DE CAMPS Y CAIXA PENEDÈS 

Tampoco son arrepentidos, pero tanto en el caso de los trajes del expresidente de la Comunidad Valenciana como en el de Caixa Penedès, los procesados llegaron a un acuerdo con las partes para ser condenados a penas de menos de dos años de cárcel, lo que unido a que ninguno tenía antecedentes penales, no ingresaron en prisión.

Es el caso del exvicepresidente valenciano Víctor Campos y del jefe de gabinete de Camps, Rafael Betoret, que fueron condenados por cohecho Pagaron una multa de 40.000 euros y devolvieron los trajes que les regaló la trama liderada por Francisco Correa. Sin embargo, Camps fue absuelto por un jurado popular.

Por su parte, el ex director general de Caixa Penedés Ricard Pagès (2 años); y los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Juan Caellas, fueron condenados a un año de cárcel tras acordar con la acusación particular la pena. Los exdirectivos, los primeros que fueron condenados, tuvieron que devolver los 28 millones que percibieron de forma ilegal.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid acogerá este jueves una vista oral en la que el denunciante del caso Gürtel, el exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas, exigirá al Ayuntamiento de Madrid la retirada de tres multas de tráfico del coche que conduce Carmen Rodríguez, la exmujer de Francisco Correa, pero que formalmente está a nombre del propio Peñas.

Tal y como denunció el exconcejal ante el juez Baltasar Garzón, Correa le pidió que pusiera a su nombre el vehículo que en realidad utilizaba la mujer del cabecilla de la trama.

Y según consta en una ampliación de la denuncia inicial de Peñas, aceptó con la intención de recabar una prueba más de que Correa no quería tener propiedades a su nombre. En ese momento el exedil de Majadahonda ya había iniciado sus grabaciones, que acabaron por destapar una de las mayores tramas de corrupción de la democracia española.

"Un amigo"

La propia Carmen Rodríguez reconoció ante la policía que ella utilizaba el coche, aunque estaba a nombre de "un amigo". Esta persona es Peñas, que desde la detención de Correa en febrero de 2009 ha recibido en su domicilio más de un centenar de multas del mencionado vehículo, un Mini BMW.

"En la mayor parte de los casos yo identifico al conductor, y por eso las multas las paga la mujer de Correa. Pero en tres ocasiones no recibí las notificaciones, por lo que las denuncias se han dirigido contra mi. Ahora lo que queremos es que el Ayuntamiento de Madrid reconozca su error", explica Peñas a infoLibre.

Ángel Galindo

Pero lo que más llama la atención es que entre las pruebas solicitadas por el abogado Ángel Galindo en este juicio, se incluye la declaración de la propia Carmen Rodríguez. Y será el titular del juzgado el que decida si declara o no la mujer de Correa.

La propiedad del coche es un problema que arrastra Peñas desde el inicio del caso. Y por eso su abogado, Ángel Galindo, quien también firmó la denuncia inicial de Gürtel, presentó un escrito al anterior instructor del caso, Antonio Pedreira, en el que solicitaba que modificara la propiedad del vehículo. No obtuvo respuesta, por lo que este exconcejal del PP sigue recibiendo en su domicilio las multas de la mujer de Correa.

El exconcejal de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, que destapó el caso Gürtel tras grabar durante dos años a sus principales cabecillas, ha asegurado que "los responsables políticos" de la trama "siguen mandando ya no sólo en el PP sino desgraciadamente en el país".

Peñas, que ha declarado durante algo más de tres horas ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, ha ratificado la existencia de "una gigantesca trama de corrupción" que afectaba a los conservadores en la que el empresario Francisco Correa "controlaba todo", y ha defendido la veracidad de las 18 horas de grabación que iniciaron la investigación.

A su salida de la Audiencia Nacional el exconcejal ha defendido que tanto el presidente del Gobierno Mariano Rajoy como la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, conocían los "negocios sucios" que Correa estaba llevando a cabo en municipios como Arganda del Rey aunque "desgraciadamente no hicieron nada".

El compareciente también ha defendido su inocencia y ha pedido al juez instructor que le levante "una imputación que no se sostiene por ningún lado" salvo que tenga una intención "política". "Yo vengo a decir la verdad, siempre la verdad. No me he negado a ninguna pregunta porque no tengo nada que ocultar. Ni lo he tenido ni lo tengo ni lo tendré", ha asegurado.

Donaciones para el partido de Correa

Durante la declaración, el exconcejal ha señalado que los pagos de la trama que presuntamente habría recibido eran en realidad "donaciones" para el partido independiente Corporación Majadahonda, que Correa creó en 2007 para disputarle al PP la Alcaldía de la localidad después de que la formación sustituyera como candidato a Guillermo Ortega, imputado en el procedimiento por estar a sueldo de la red.

De igual modo, Peñas ha asegurado ser "un humilde militante del PP" que fue "defenestrado por levantar la porquería que tenían que haber levantado Rajoy y Aguirre" y ha dicho que, a diferencia del resto de imputados, no tiene "cuentas en Suiza ni se ha adherido a la regularización fiscal del señor Montoro". 

Grabaciones clave

Peñas grabó una quincena de conversaciones entre los años 2006 y 2007 en las que los presuntos líderes de la red Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, hablaban sobre las actividades delictivas que realizaban para conseguir contratos públicos en administraciones gobernadas por el PP.

En una de estas grabaciones Correa aseguraba que había llevado "mil millones de pesetas" a la casa del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, que llegó a reunir 48 millones de euros en dos bancos de Suiza. También fueron registradas las voces de la trabajadora de la red Isabel Jordán, el propio Moreno y el presunto responsable de la red en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.

En enero pasado la Unidad Central de Criminalística del Cuerpo Nacional de Policía acreditó en un informe que la voz del presunto líder de la trama es la que aparece en "la totalidad" de las grabaciones aportadas al procedimiento.

El exconcejal del PP de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas ha anunciado a infoLibre su intención de acudir este jueves a partir de las 10 de la mañana a la Audiencia Nacional para aportar las dos grabadoras con las que entre 2005 a 2008 registró numerosas conversaciones que mantuvo con el presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa. Peñas ha tomado esta determinación tras tener conocimiento del requerimiento del magistrado que instruye el caso, Pablo Ruz, que en un auto del 25 de julio solicitó "los dispositivos con los cuales se efectuaron las grabaciones aportadas para la realización de las grabaciones".

1.000 millones de pesetas a Bárcenas

A la Audiencia Nacional acudirá acompañado de su abogado y concejal del partido Alternativa por Boadilla (ApB), Ángel Galindo. El nombre de Galindo y Peñas aparece en la denuncia inicial del caso Gürtel, que también ha acabado centrándose en la presunta financiación irregular del PP con la pieza separada denominado Caso Bárcenas. Precisamente una de estas grabaciones es la que sirvió para imputar al extesorero del PP Luis Bárcenas, en prisión desde el pasado 27 de junio. En estos audios se puede oir a Correa asegurar: "Yo a Bárcenas le he llevado, yo he hecho con él un día...vamos a sumar, 1.000 millones de pesetas. Yo, Paco Correa, le he llevado a Génova y a su casa.[...] Líquidos, yo sé cómo lo tiene, yo sé como lo saca de España... En paraísos fiscales".

En concreto se trata de un terminal MP3 y de una grabadora de mayor calidad. "El primero servía para escuchar música. La compré mas o menos en el 2000. Y la segunda que utilicé para hacer las grabaciones es marca Olympus y tiene una pantalla pequeña. Ésta última también te permitía tomar notas", especifica Peñas a infoLibre.

"Sin cintas"

Ninguno de los dos aparatos de grabaciones utiliza cinta, por lo que el volcado de los audios se realizaba de forma directa al ordenador: "Y cuando tuvimos suficientes hicimos un DVD, que fue el que aportamos a la Policía Judicial, tal y como se puede ver en el sumario", resalta este exedil del PP.

Fue en diciembre de 2005, casi cuatro años antes de que la Policía detuviera a Correa, cuando Peñas se decidió a grabar todas las cosas que oía a la red corrupta. "Oí una conversación entre Benjamín Martín Vasco y Correa en el Hotel Zénit de Madrid. Fue cuando me demostraron que eran unos corruptos de tomo y lomo. Martín Vasco era concejal del PP en Arganda del Rey (Madrid). Pero también el que controlaba la Empresa de Fomento de esta municipio. Le exigió 300 millones de pesetas para que saliera adelante una operación", explica Peñas, que fue expulsado del PP de Majadahonda. Precisamente en Arganda del Rey el juez Ruz ha detectado la mayor comisión de Gürtel, de más de 20 millones de euros que presuntamente habría cobrado Correa por intermediar con el entonces alcalde, Ginés López (PP).

Una noche en blanco

"Pasé una noche en blanco. Pero ya lo tenía claro. Lo primero que me vino a la cabeza fue buscar en los cajones de los armarios si tenía algo con lo que grabar. Y encontré un MP3 para escuchar música, que tenía un puerto USB para volcarlo al ordenador. Dándole a unos botones pude comprobar que también tenía la función de grabar. Era muy pequeño y muy manejable", recuerda Peñas ocho años después.

Este MP3 lo utilizó el denunciante de Gürtel durante los primeros siete meses. Pero al tratar de oir las grabaciones pudo constatar que en la mayoría de los audios el sonido no era de la suficiente calidad. Y fue ese momento en el que tomó la determinación de hacerse con una grabadora mejor, que obtuviera un sonida más limpio y que fuera más fácil de manejar.

"Me gustaría conservarlas"

"No tengo ningún problema en aportar las grabadoras. Pero me gustaría volver a hacerme con ellas porque sí creo que forman parte de la historia reciente de este país, o por lo menos de mi vida. Me gustaría conservarlas, pero se las voy a llevar esta jueves a partir de las diez de la mañana porque me las ha pedido el juez. Yo siempre he colaborado con la justicia, con la Policía, con los jueces y con las fiscales", destaca José Luis Peñas, que acudirá acompañado de su abogado, Ángel Galindo, igual que el 7 de noviembre de 2008, fecha en la que presentaron la denuncia inicial ante la Policía Judicial. "Estuvimos dos tardes, y presentamos todas las pruebas que teníamos. Los audios, que están en el sumario pero también incluí un pequeño resumen de todo lo que yo sabía de la trama. Y también un anexo en el que relataba todas las posesiones y sociedades que yo conocía de los que formaban parte de la trama".

Ocho años después Peñas recuerda que ya hay dos condenados en la Comunidad Valenciana. Uno de ellos el exvicepresidente del Consell valenciano Francisco Campos. "Día a día se está demostrando que el PP ha estado actuando a espaldas a de la ley, sobre todo en relación a su financiación. Espero que el juicio saque a la luz todos estos trapos sucios", sentencia el exconcejal del PP de Majahonda, a quien el Tribunal Constitucional al constatar que tras ser expulsado del PP el equipo de Gobierno del Ayuntamiento vulneró sus derechos constitucionales.

Esperanza Aguirre afirma que destapó la trama Gürtel al denunciar irregularidades en el Ayuntamiento de Majadahonda en Madrid. Hay otras versiones como la del juez Ruz, que reconoce el origen de las investigaciones en las denuncias del exconcejal de ese pueblo José Luis Peñas, que llegó a grabar al presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, contando cómo daba dinero a cargos del PP –concretamente a Bárcenas, 1.000 millones de las antiguas pesetas– cintas que, por cierto, el juez ha admitido como prueba.

Antes de ir a los juzgados, el señor Peñas elaboró un informe que puso en manos de su partido, el PP, denunciando fechorías de todo tipo. Cuando vio que aquello no prosperaba, intentó reunirse con Esperanza Aguirre y, según su versión, pudo escuchar como la expresidenta de la Comunidad de Madrid decía: “Con ese hijo de puta no tengo nada que hablar”. No parecía entonces doña Esperanza, a juzgar por esta versión, muy partidaria de destapar esa trama de corrupción que crecía como un cáncer en el seno de su Comunidad, a la que se adjudicaron cientos de contratos al margen de la ley.

Ella, ingenua, engañada por todos, confiada, no se enteraba de nada y consentía. Así, los de la Gürtel hicieron el agosto en Madrid, aprovechando que esta presidenta cumplía a la perfección con el prejuicio que se tiene sobre las rubias. Esperanza Aguirre es dual: tonta ante la Justicia, la elección de colaboradores y la corrupción, e implacable Dama de Hierro, honrada y trabajadora, paradigma de la privatización en manos de empresas de sus colaboradores cuando está al frente de la Comunidad. Su vocación de servicio la lleva a estar preparada en la retaguardia para sustituir a Rajoy y regenerar la democracia si España y su partido se lo solicitan. Por ella, encantada.

Esta señora, siempre dispuesta a hacer declaraciones en todos los medios que la solicitan menos delante del juez, ante quien se acogió a su derecho a declarar por escrito como testigo del caso Gürtel, sale de nuevo a la palestra por unas imprecisiones, que en otros sitios dan en llamar mentiras, pronunciadas al desmarcarse del famoso pelotazo de Arganda, donde la adjudicación de unos terrenos produjo todo tipo de beneficios al alcalde, los intermediarios y adjudicatarios, con pagos de comisiones, por lo que se sabe, de 24,8 millones de euros y además, según el SUP (Sindicato Unificado de Policía), el famoso ático de Marbella de propietario desconocido y hoy escriturado a nombre de Ignacio González.

Hay que ver cómo caminaba esta señora entre la ciénaga sin mojarse un pelo. Ni el mismísimo Moisés separando las aguas del Mar Rojo fue capaz de semejante prodigio. En su afán de declararlo todo y evitar el delito, cuenta Esperanza que fue testigo en una reunión en el despacho de Rajoy, debemos suponer que en su presencia, del relato de un supuesto trato de favor en la adjudicación de esos terrenos en beneficio de una empresa, Martinsa, y cómo intentó pararlo todo, pero no pudo: ¡No pudo! Aquí debemos preguntarnos dos veces: ¿Por qué?

En primer lugar, ¿por qué intentó pararlo todo? Eso es tanto como reconocer que la operación era ilegal. Los ciudadanos que padecen los recortes y son testigos crónicos del baile de millones que saltan de la caja al bolsillo de sus colegas de partido desean que, en tal caso, más que un gesto voluntarioso de la heroína neoliberal se organice una investigación a fondo y las fechorías acaben en manos de la Justicia, si procede.

En segundo lugar, ¿por qué no pudo parar el pelotazo?. La explicación es graciosa. Según cuenta: “Cuando me dijeron que se había hecho por unanimidad de todos los grupos políticos, que lo había hecho la mesa de contratación. pues yo quité el cuidado”. No está mal, si todos trincan, no hay más que hablar. Es curioso, porque dice que recuerda esto “perfectamente”, pero ante la pregunta de si estaba Bárcenas en esa reunión responde que no se acuerda, cuando fueron precisamente Bárcenas y Lapuerta los que denunciaron la cuestión, al parecer porque entonces se habían peleado con Correa.

Otra vez la Espe “lista” se convierte en “tonta” en una fracción de segundo. En fin, al margen de lo curioso de esa memoria selectiva de Esperanza Aguirre, concluimos que si lo recuerda todo “perfectamente” falta a la verdad, porque dicho pelotazo no se aprobó por “unanimidad”, todo lo contrario, salió adelante con los únicos votos del PP. De hecho, el PSOE no sólo votó en contra sino que llevó el caso a los tribunales.

Como conclusión podemos afirmar, a juzgar por su testimonio, que lejos de intentar evitar el gigantesco pelotazo, no hizo nada. Se limitó a llamar al alcalde y a un concejal del municipio, que afirmaron actuar conforme a la ley, y se quedó tan contenta. Tal vez Esperanza Aguirre esperaba que respondiendo a su llamada los presuntos corruptos le dijeran: “Sí, nos lo estamos llevando muerto, estamos trincando millones y millones, pero no te preocupes que lo estamos repartiendo con tus colegas”.

Es una pena que esta nueva Agustina, arrogante, intransigente, suspicaz e implacable con los rivales, que se puso al frente de aquella denuncia anónima en la que se acusaba a un grupo de médicos de haber cometido 200 asesinatos, a pesar de saber que eran inocentes, esa misma luchadora neoliberal que ha privatizado nuestra sanidad generando grandes beneficios a empresas de sus colaboradores, pierda la memoria de forma selectiva y se diga engañada por los que la rodean, que, al parecer, la toman por tonta.

Está claro: contra la corrupción no hay quien pueda. Ni siquiera la Justicia, que rebaja la petición de trece años de la fiscalía a cuatro de condena al señor Fabraque rebaja la petición de trece años de la fiscalía a cuatro de condena al señor Fabra, al que absuelve de los delitos de cohecho y tráfico de influencias por declararse incapaz de entender en base a qué le pagaban a este señor las distintas empresas y cómo era capaz de ingresar más de setecientos mil euros en sus cuentas si sólo declara en su renta sesenta mil.

No sabe encontrar el magistrado explicación a todo esto y, de paso, rebaja a la mitad la pena por delito fiscal por la dilación en el tiempo del proceso, a pesar de reconocer que dicha dilación ha sido provocada por el propio acusado y su defensa. Dicen que la distancia es el olvido y, en este caso, también el perdón.

Hacienda somos todos, idiotas también, o por eso nos toman. La justicia y la corrupción tienen una relación inversa: a más justicia, menos corrupción, y viceversa. Visto el panorama, pone los pelos de punta pensar en la calidad de este sistema.

Nuestra Justicia se apunta a entonar el bolero que, cual banda sonora, pone música a esta opereta de corrupción en la que se ha convertido nuestro país: “Llovía y yo pasaba por allí”. Nadie quiere líos.

Mientras, el príncipe Felipe se queda en tierra porque el avión que tenía que llevarle a Brasil a vender la Marca España no pudo despegar. Buena metáfora del hundimiento al que nos están llevando estos patriotas de toda la vida.