Una espada de Damocles pende sobre la "utopía" de Marinaleda, como la llaman los propios cooperativistas. El municipio sevillano, de menos de 3.000 habitantes y gobernado desde 1979 por el alcalde jornalero Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha basado su singularidad social en el trabajo cooperativo en la finca de El Humoso, símbolo de los logros en la lucha de los braceros del sur. Tras años de movilización y reivindicación, la finca fue expropiada por la Junta de Andalucía a un latifundista, el duque del Infantado, y cedida a los jornaleros a principios de los 90. En sus casi 1.200 hectáreas se emplean ocho cooperativas, agrupadas en la Cooperativa Humar-Marinaleda, que produce aceite, alcachofas, habas, pimientos... Ahora este modelo, que ha convertido a Marinaleda y a Sánchez Gordillo en iconos de la izquierda rural andaluza, está en riesgo. La Junta ha advertido a los cooperativistas y al Ayuntamiento que la cesión ha caducado y que, o adquieren las tierras, o a partir de que comience 2017 estarán en situación de "alegalidad", apuntan desde la Consejería de Agricultura.

La cesión inicial de las tierras por parte de la Junta fue por 12 años. No obstante, los términos de la misma nunca estuvieron demasiado claros, coinciden ambas partes. "Siempre se le ha ido dando cobertura legal y la actividad ha continuado allí", apuntan desde Agricultura. Pero ahora el Gobierno andaluz reclama a los cooperativistas un canon atrasado que, según fuentes de la Junta, supera los 5 millones de euros.

Desde el entorno del alcalde Sánchez Gordillo se lamenta que la Junta jamás haya reclamado ese canon y ahora lo exija de sopetón al tiempo que reclama la compra de los terrenos. Los cooperativistas creen incluso que, de haber deuda, podría estar prescrita. El propio alcalde afirma: "Nosotros hemos invertido mucho más de 5 millones allí. No nos pueden pedir eso". Por su parte, la Consejería defiende la necesidad de formalizar la relación entre las partes y sentar las bases de un acuerdo estable y claro. Desde Agricultura insisten en que tanto el Ayuntamiento como las cooperativas llevan más de un año recibiendo alertas y llamamientos de la Consejería, indicándoles la necesidad de regularizar su situación para acceder a la propiedad de la tierra.

"Nos cedieron la tierra por 12 años. Pasaron los 12 años y no dijeron nada. Y ahora les entran todas las prisas. Se quieren quitar las tierras de encima. Sólo les interesa el dinero", señala Juan Antonio Prieto, presidente de las cooperativas. "Marinaleda vive de las cooperativas. Si la gente que está aquí va a la calle, es gente que queda en desempleo, pero eso no lo tienen en cuenta", añade. Este modelo cooperativista está en la base del bajo índice de paro del pueblo, cuyo alcalde presume de alcanzar el "pleno empleo". El índice de desempleo suele estar por debajo del 8%, unos 20 puntos por debajo de la media de Andalucía. En las cooperativas trabajan, dependiendo de la época, desde 60 trabajadores a 400, durante las recolecciones. Pero este modelo necesita de la colaboración o, al menos, de la complicidad de la Junta. El conflicto ha puesto de relieve que el modelo de Marinaleda tiene problemas de autosuficiencia.

Una reunión del alcalde y la consejera

El 14 de diciembre el alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo (Candidatura Unitaria de Trabajadores, CUT, una de las organizaciones fundadoras de IU en Andalucía), se reunió con la consejera de Agricultura, la socialista Carmen Ortiz. El mensaje de la Junta fue claro: la cesión sin compromiso ni contraprestación de la tierra tiene como fecha tope el 31 de diciembre; si los cooperativistas quieren seguir en ella con tranquilidad legal, deben adquirirla; la cesión gratuita no es una opción. "Nosotros no queremos la propiedad. La tierra no tiene dueño. Queremos el uso. Sólo el uso", señala Sánchez Gordillo, que reivindica el historial de lucha que llevó a la conquista de aquella tierra, así como la modernización en la producción y comercialización de los productos que han introducido las cooperativas.

No obstante, vista la postura de la Junta, Gordillo se abre a la posibilidad de que la titularidad la ostente "una fundación", que contaría entre sus participantes con los propios jornaleros, desempleados y jubilados. Agricultura se opone a esta fórmula. Gordillo aseguró este miércoles a INFOLIBRE que el Defensor del Pueblo Andaluz podría implicarse en la búsqueda de una solución.

Las partes aún no han abordado cuál sería el coste de la finca, según afirman. "A esa parte llegaríamos si finalmente comprásemos, que está por ver", responde el cooperativista Prieto. ¿Pero se plantean comprar? "Yo no quiero. Sólo si nos obligan", concede Prieto, que niega tajantemente que existan diferencias sustanciales entre la posición del regidor –radicalmente contrario a la posesión de la tierra– y la de algunos cooperativistas, en principio más abiertos a estudiar fórmulas para dar mayor estabilidad a la situación.

La cooperativa, que desde el principio introdujo entre los criterios para seleccionar su producción que fueran cultivos que reclamasen abundante mano de obra, ha sobrevivido con estragos a los precios bajos que fijan las grandes compañías. Ahora, afirma Sánchez Gordillo, el panorama es esperanzador tras una difícil tarea de modernización productiva. Pero el 1 de enero está ahí, como una sombra amenazante.

Una nueva fase de la negociación

El Gobierno andaluz insiste en una línea de firmeza. A partir del 1 de enero, advierte, los jornaleros estarán en la finca sin cobertura legal. ¿Significa eso que se verá un desalojo de El Humoso, como en el pasado se ha visto de fincas ocupadas por el SAT y líderes jornaleros como el hoy diputado Diego Cañamero? No es en absoluto previsible un desalojo, admiten fuentes conocedoras de la situación. Pero sí se entrará en una nueva fase de negociación, más agónica.

La Junta recuerda que los cooperativistas, a partir de que se cruce la línea del ultimátum, no podrán acceder a ayudas europeas. Según el presidente de la cooperativa, Juan Antonio Prieto, la posibilidad de que el Ayuntamiento asumiese la titularidad de la finca no está sobre la mesa porque ésta se encuentra en el término municipal de Écija.

¿Y la posibilidad de que la Junta venda las tierras a un tercero? Las partes no lo consideran concebible. Todos coinciden en que lo que se avecina es una compleja negociación en la que entrarán en juego variables como las condiciones en que se quedan los cooperativistas, la deuda acumulada... En paralelo, está previsto que en 2017 llegue al Parlamento la nueva Ley de Agricultura, largamente esperada. Uno de los puntos en los que discrepan PSOE y Podemos-IU es en el papel que dar a las tierras públicas.

Un pueblo simbólico

Gordillo siempre se ha mostrado dispuesto a dar la batalla por el modelo al que ha dedicado su vida, y esto incluye la carta de unas movilizaciones que podrían ser sonadas. Marinaleda es un símbolo para Izquierda Unida y para sectores de Podemos.

La web de la cooperativa dice: "La Cooperativa Humar-Marinaleda, nacida de las luchas jornaleras, es un proyecto colectivo cuyo objetivo no es el beneficio privado, sino la creación de empleo [...]". Y bajo el epígrafe "Utopía" añade: "Las tierras de Los Humosos, situadas en la Vega del Genil, no son propiedad de nadie, sino de toda la comunidad y de un pueblo que lleva años luchando por la utopía de una sociedad y un mundo mejor [...]". La Junta cree que esa "utopía" se asienta sobre una cesión insostenible. Y pretende pasar las factura. Al otro lado de la mesa hay jornaleros difíciles de doblegar. "No creo que nadie rompa la baraja", dice el presidente de la cooperativa.

"He sentido la sangre derramada de todos los sueños", escribe Juan Manuel Sánchez Gordillo (Marinaleda, Sevilla, 1952). El emblemático alcalde acaba de publicar su primer libro de poesía, La cárcel y otros poemas, en Atrapasueños, que ultima además un ensayo político donde ofrece también su visión de la actualidad. Parecen actividades de un dirigente en retirada prendido de cierta nostalgia. Y en parte lo son, aunque no del todo. Gordillo ha abandonado el escaparate político andaluz, donde desempeñaba el rol de agitador irredento como líder de la CUT, un partido nacionalista y de raíz jornalera integrado en Izquierda Unida. Ya no asalta supermercados con su antes inseparable Diego Cañamero, de quien se ha distanciado políticamente. Las tertulias políticas han dejado de contar con él para que convulsione el debate con su discurso aguerrido. Ni The New York Times ni ningún otro periódico en busca de algo de exotismo revolucionario acuden a entrevistarlo para sus reportajes de color sobre aldeas rojas y pañuelos palestinos. Pero, aunque no se le ve desde su salida del Parlamento andaluz, Gordillo sigue ahí, impenitente.

Alcalde de Marinaleda desde 1979 –el único en Andalucía que lleva desde el inicio de la democracia–, al final del mandato Gordillo alcanzaría los 40 años en el cargo. Castigado por una vida política larga y extenuante, sus próximos señalan que vive centrado en su pueblo, empeñado en mantener su singularidad política en tiempos de cambio. Porque hay cambios en Marinaleda, de menos de 3.000 habitantes. Hay más distensión política y menos polarización. Y en el plano político se ha producido una modificación sustancial: una división entre partidarios de Podemos y de IU que ha calado entre los seguidores del alcalde, que con sus más y sus menos se mantiene fiel a la coalición de izquierdas, a la que critica por su tibieza –a su juicio– en el combate contra el capitalismo.

En 2015 Gordillo ganó las elecciones municipales obteniendo 9 concejales de 11 con la marca IU-CUT. Pero entonces no se presentó Podemos. Cuando lo hizo, en las autonómicas, obtuvo el 29,01% de los votos, frente al 43% de IU. Y en las generales se produjo el sorpasso, a pesar de que Gordillo se implicó en la campaña repartiendo propaganda en apoyo al proyecto que lidera Alberto Garzón. Hubo 653 votos para Podemos (37,44%) frente a 568 para IU (32,57%). Es curioso: en el caso de Marinaleda, con Podemos ha llegado el bipartidismo. Hasta entonces IU disfrutaba de una hegemonía política total. La derecha, eso sí, sigue desaparecida: el PP, que sólo es capaz de presentar cuneros en las municipales, únicamente ha obtenido un concejal en toda la historia democrática, en 1999.

Semana Santa no, Semana por la Paz

En su empeño por consolidar su legado, el alcalde ha logrado resolver –al menos de momento– su principal quebradero de cabeza, los problemas de la mítica cooperativa El Humoso, que llegó a acumular impagos durante el pico máximo de la crisis. Y mantiene su emblemática política de vivienda, que ofrece a los trabajadores alquileres casi simbólicos. Estos días celebra –o más bien no celebra– la Semana Santa de una forma casi inconcebible en los más de 770 pueblos de Andalucía: con la llamada Semana por la Paz. El programa no tiene nada que ver con procesiones ni estaciones de penitencia. Tiene sentido. En su poema Cristo –Jesús aparece con frecuencia como "comunista" y revolucionario en sus versos–, escribe: "Oíd lo que dice el Cristo en estos momentos / Bajadme de la cruz".

La Semana por la Paz es sintomática del microcosmos sociopolítico de Marinaleda. Allí, en medio de la Sierra Sur de Sevilla, Gordillo y Anna Gabriel, dirigente de la CUP, participaron este miércoles en la mesa redonda El derecho de autodeterminación de los pueblos. Este jueves Mario Isea, embajador de Venezuela, y Alejandro Castro, cónsul general de Cuba en Sevilla, debatirán sobre Venezuela y Cuba en la encrucijada actual. El viernes actuará el cantaor flamenco El Cabrero, otro emblema de la izquierda rural. Y el Sábado Santo, mientras en Sevilla se suceden las procesiones, en Marinaleda hay concierto de A sako Pako, Hermanos Bastardos y Balanegra. Rock y Hip-Hop en la Semana Santa, cuya pequeña versión local no cuenta ni con participación ni con financiación del Ayuntamiento. En Marinaleda la cultura oficial es contracultura.

La Candidatura Unitaria de Trabajadores (CUT), organización liderada por el alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, y cofundadora de Izquierda Unida, ha decidido abandonar definitivamente IULV-CA y no integrarse en ningún otro partido político, incluido Podemos. No obsante, dos militantes de base de la CUT figuran en las candidaturas del partido de Pablo Iglesias a las elecciones autonómicas del 22 de marzo.

Así lo ha acordado tras un "intenso debate interno" la Asamblea Nacional de la CUT en una reunión celebrada en Osuna (Sevilla), en la que también han estudiado la posibilidad de concurrir en solitario a los comicios del 22M, opción que finalmente han descartado por falta de tiempo para elaborar candidaturas propias, han informado a Europa Press fuentes de la CUT.

La formación que lidera Sánchez Gordillo, que apuesta "por la construcción de la unidad popular para llevar a las instituciones la lucha de la calle", asegura en un comunicado que las razones para abandonar IULV-CA "no son nuevas" y responden a su "oposición constante" a la "política de pactos" con el PSOE-A puesta en marcha por la "actual mayoría de IU representada por el PCE". Como ejemplo más evidente, subrayan el pacto en el Gobierno andaluz que "representaba entregarse a una parte de la Troika para administrar recortes por imperativo legal y quebrar un proyecto político que dice ser anticapitalista".

En su opinión, la "ruptura unilateral del bipartito" por parte de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, tras votar los presupuestos y la "expulsión humillante" de los consejeros de IULV-CA "tendría que haber representado una catarsis interna". Sin embargo, la CUT subraya esto ha ocurrido sin que "nadie haya presentado su dimisión ni se haya producido autocrítica alguna por parte de la dirección", por lo que considera que la dirección de IULV-CA "no ha sacado lecciones de esta experiencia nefasta de gobierno con el PSOE" y, en consecuencia, "no está descartado que se vuelva a repetir".

En cualquier caso, la CUT expresa su "máxima consideración a la militancia de base de IULV-CA, combativa, luchadora y con la que seguiremos manteniendo vínculos en la movilización y en la calle", pero abandona las filas de IU para "poner en valor el proyecto propio como fuerza andalucista, de izquierda anticapitalista, nacionalista y soberanista, ecologista y feminista, antiimperialista y antimilitarista".

Las diferencias de la CUT con la dirección de IULV-CA se han venido acentuando en las últimas fechas y esta misma semana había rechazado participar en las primarias convocadas para elegir a los candidatos a las elecciones del 22 de marzo, como protesta a que el coordinador general y candidato a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, concurra por Sevilla, provincia que tradicionalmente venía encabezando la CUT con Sánchez Gordillo.

Congeló su participación hace mes y medio

La CUT ya anunció el pasado 28 de diciembre que "congelaba" su participación en los órganos de IULV-CA tras calificar como "antidemocrática" la asamblea de balance celebrada una semana antes. En ella, la propuesta del coordinador general, Antonio Maíllo, de posponer a junio un posible referéndum sobre la continuidad del pacto de gobierno con el PSOE-A en la Junta, en caso de que no se aprobase una batería de leyes, tuvo el respaldo del 77 por ciento.

En aquel momento ya anunciaron su marcha de las filas de IULV-CA significados dirigentes de la CUT como el líder jornalero del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, o el ya exportavoz de IULV-CA en la Diputación Provincial de Sevilla, Manuel Rodríguez Guillén, entre otros.

Tras especularse durante semanas con la entrada de Cañamero en las listas de Podemos a las elecciones autonómicas junto a su candidata a la Junta, Teresa Rodríguez, con la que ha protagonizado varios actos públicos, que finalmente no se concretó, las candidaturas de Podemos al 22M sí han incorporado a miembros de la CUT como María García por Sevilla y Libertad Benítex por Cádiz.

No obstante, la decisión adoptada por la Asamblea Nacional de la CUT ha sido no integrarse "en ninguna otra fuerza política o partido" tras abandonar IULV-CA y "seguir apostando por la construcción de la unidad popular para llevar a las instituciones la lucha de la calle, de los de abajo".

Las encuestas realizadas hasta el momento en la comunidad sitúan al partido liderado por Pablo Iglesias como tercera fuerza política, por detrás de PSOE y PP, con entre el 13,5% y el 17,4% de los votos. “Posiblemente sea cierto que un pinchazo en Andalucía, y esos porcentajes efectivamente lo son para una fuerza que se plantea llegar a la Moncloa, podrían desinflar en buena medida sus expectativas en toda España”, añade Torres.

Atendiendo a los ánimos, el hartazgo de los ciudadanos y las encuestas, puede que nada venga mejor a Podemos que un adelanto electoral para sus aspiraciones de gobierno un adelanto electoral . Las entre 100.000 (según la Policía) y las 300.000 (según los convocantes) que acudieron este sábado a la Marcha por el Cambio en Madrid lo confirman. Sin embargo, puede que nada haya podido venir peor a Podemos que al final ese adelanto se haya dado en Andalucía.

Las reacciones públicas en el nuevo partido a la decisión de la presidenta de la Junta no muestran una excesiva preocupación, pero tampoco una excesiva tranquilidad. De todas, Andalucía no es la mejor plaza para medir por primera vez en las urnas, tras las europeas, el efecto real de un fenómeno que ha roto los esquemas de los hasta ahora dos partidos mayoritarios. Primero, porque no disponen aún ni de estructura ni de una candidatura sólidauna candidatura sólida que pueda hacer frente al liderazgo de Susana Díaz, ganadora en todas las encuestas. Segundo, porque tendrán que demostrar con un programa solvente y propuestas concretas que del diagnóstico pasarán a aplicar recetas, una de las mayores críticas que les hacen sus adversarios. Y tercero, porque saben –y así lo reconocen– que esos dos partidos hasta ahora mayoritarios en nada se parecen de Despeñaperros para arriba y de Despeñaperros para abajo.

“En Andalucía es más complicado competir con el PSOE que con el PP, eso está claro”, admiten desde Podemos, que no eligió por casualidad Sevilla para celebrar su primer aniversario, hace dos semanas. En este contexto, ¿qué se juega Podemos en Andalucía? ¿Dependerá de lo que salga de las urnas el próximo 22 de marzo la evolución de su ola de entusiasmo? ¿Crecerá su efecto, se mantendrá o comenzará a desinflarse?

Los precedentes

Ningún partido ha ganado unas elecciones generales con el porcentaje ahora mismo atribuido a Podemos en Andalucía, confirma Manuel Pérez Yruela, profesor de Investigación de Sociología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA): “El PSOE obtuvo su peor resultado en 1994, legislatura en la que se produjo la complicidad entre PP e IU conocida como la pinza. En las elecciones de ese año, el PSOE obtuvo 45 diputados; el PP, 41; IU, 20, y el Partido Andalucista, 3. Ninguno obtuvo mayoría absoluta. En las cinco ocasiones en las que el PSOE ha conseguido mayoría absoluta de las nueve legislaturas habidas desde 1982, la ha obtenido en todos los casos con una proporción de votos válidos en urna superior al 47%”.

El PP obtuvo un porcentaje bajo de votos en las tres primeras legislaturas (1982, 1986 y 1990), con resultados del 17%, 22,2% y 22,4%, respectivamente. Fue a partir de la cuarta legislatura, en 1994, cuando pasó a tener más del 30%. Y en 1996, con ese porcentaje superior al 30% en Andalucía, ganó las generales. "Los resultados electorales en Andalucía tienen más influencia a nivel nacional", explica López Yruela. Por eso considera, "aunque es difícil de saber", que Podemos se juega más en esta comunidad que, por ejemplo, en Cataluña.

Para el profesor del IESA, sin embargo, el punto de partida de Podemos no debe situarse en las encuestas, sino en las elecciones europeas, las primeras a las que se presentaron: “No se puede desinflar lo que todavía no se ha inflado. Es decir, Podemos no se ha presentado aún a ninguna elección autonómica y no se puede valorar si se desinfla o no”. En las europeas, Podemos obtuvo el 7,11% de los votos en Andalucía, algo por debajo del 7,98% alcanzado en España.

“El porcentaje que se le atribuye para las autonómicas es significativamente mayor que el resultado de las europeas. Sí puede conjeturarse que este adelanto electoral deja poco tiempo para preparar toda la logística organizativa y de comunicación que unas elecciones conllevan. No obstante, está por ver si eso lo pueden compensar con el uso de las redes sociales y de la comunicación instantánea que puede hacerse a través de ellas y que tan bien manejan”, añade Pérez Yruela, quien señala que es conveniente esperar a alguna encuesta preelectoral más, como la del CIS, para comprobar si esa intención de voto entre el 13,5% y el 17,4% se mantiene o varía al alza o a la baja. “En los últimos días han sucedido cosas que pueden influir para ello: el propio adelanto electoral, el resultado de las elecciones en Grecia y los primeros pasos del nuevo Gobierno, los problemas que se está conociendo de algunos miembros significados de Podemos…”, advierte el profesor.

Andalucía no está en el camino a La Moncloa

La eurodiputada Teresa Rodríguez, posible candidata de Podemos a presidir la Junta, resta importancia a las encuestas e insiste en que su camino en Andalucía va por otro lado: “Las generales son las generales y las autonómicas, las autonómicas. Nosotros vemos en Andalucía la primera etapa para echar del Gobierno a la derecha. Pero no nos planteamos ganar en Andalucía como un paso intermedio para llegar a la Moncloa. Claro que nos jugamos cosas, pero en términos de cambiar la realidad de Andalucía, de dar una alternativa a la comunidad con más paro donde lleva gobernando el PSOE 35 años y huele a viejo”, explica a infoLibre. Asegura que en Andalucía son ya más de 50.000 las personas inscritas en Podemos frente a los aproximadamente 46.000 militantes del PSOE andaluz.

Joaquín Urías, que perdió su batalla por la Secretaría General de Sevilla frente a la lista oficialista de Begoña Gutiérrez, incide en la línea de la eurodiputada: “El éxito ciudadano de Podemos no está relacionado con convocatorias electorales, sino con una situación de hartazgo popular. La gente está deseando votar a Podemos en las generales y ese ansia no varía por la convocatoria autonómica. En Andalucía, a mi modo de ver, Podemos se juega menos. A pesar de las políticas de recortes del gobierno PSOE-IU, que han dañado gravemente el Estado del bienestar andaluz, aún hay andaluces que ven al PSOE o a IU como partidos de izquierda. Seguramente, debido a que el PP gobierna en el Estado y a la falsa imagen de confrontación con él. Por eso, Podemos aquí no debe tener grandes expectativas ni se juega nada. Es un partido nuevo que se enfrenta a una coyuntura política compleja. Cualquier resultado que nos haga decisivos para gobernar será un éxito. Y estoy convencido de que será mejor que ese 18%”.

Teresa Rodríguez atribuye la fortaleza del PSOE andaluz a la resistencia que existe en esta comunidad a una derecha vinculada a la oligarquía terrateniente y a la decisión de los andaluces de votar “el mal menor”, por lo que confía en que Podemos se convierta ahora en el vehículo del cambio con dos ejes: la lucha contra el desempleo y la lucha contra la corrupción con un mensaje especialmente dirigido a los jóvenes: “Para que no tengan que coger, como hicieron sus abuelos, las maletas e irse para Alemania”.

Lejos de la realidad andaluza

Algunos militantes y personas cercanas al partido sitúan, sin embargo, el mayor obstáculo de Podemos en Andalucía en el propio Podemos. “Nuestro principal problema es la falta de transparencia y participación en el diseño de las listas electorales. Prácticamente se van a imponer desde Madrid, primando la lealtad al aparato sobre la preparación. Nuestros diputados no serán los mejores, sino los más fieles a Pablo Iglesias y eso traerá muchos problemas a medio plazo. Por otro lado, la incorporación de personalidades muy conocidas vinculadas al SAT y a la CUT nos alejará de la centralidad del tablero”, sostiene un destacado militante que prefiere no decir su nombre.

Juan Torres, aunque valora las reivindicaciones históricas del sindicato liderado por Diego Cañamero, admite también esa dificultad: “Es una evidencia que la organización de Cañamero [el SAT]  refleja a una parte muy reducida, aunque es cierto que requiere una gran atención, de la sociedad andaluza y de sus problemas. No creo que sea por casualidad que después de tantos años la CUT [la formación encabezada por Juan Manuel Sánchez Gordillo] se haya limitado a ser una parte muy pequeña de la militancia de IU y, además, muy concentrada espacialmente”.

No obstante, lo que Torres cree que complica el camino a Podemos es la forma de enfrentarse a la propia realidad de Andalucía: “Creo que los dirigentes de Podemos en Andalucía están haciendo un discurso bastante alejado de la realidad y de los sentimientos mayoritarios de los andaluces. Se está manifestando claramente en las declaraciones recientes de algunos de ellos y en el mitin que organizaron hace poco en Sevilla, donde predominaron los estereotipos y una forma vieja de hacer política que a mí no me gusta, a base de chistes fáciles e insultos personales".

Gaspar Llamazares resumió con tino en qué anda concentrada la izquierda alternativa, cuál es el eje de todas sus conversaciones: "Hablemos de lo que hablemos, se hablará todo el tiempo de la convergencia". La confluencia, la perspectiva (o no) de suma de las izquierdas es ahora mismo la preocupación principal de un espacio en ebullición y que siente como nunca que esta es su oportunidad. 

Llamazares presentó este martes la escuela de Izquierda Abierta (IzAb), partido del que es coportavoz. Unas jornadas que se celebrarán este viernes y sábado en su sede, en el centro de Madrid, y que girarán en torno a la posibilidad de dar vida a un frente único de la izquierda, con la vista puesta en las autonómicas y municipales de mayo de 2015. A la cita acudirán dirigentes de IzAb, IU, Podemos, Equo, Ganemos, Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Compromís, Més per Mallorca, Candidatura de Unidad de los Trabajadores (CUT-BAI, la formación del líder jornalero Juan Manuel Sánchez Gordillo) o el francés Front de Gauche. Y también expertos e intelectuales.

Como sintetizó Montse Muñoz, coportavoz federal de IzAb, el seminario pretende ser un "punto de encuentro de la izquierda alternativa", un foro en el que conversen representantes de diversas formaciones y movimientos sociales sobre los "ataques brutales del Gobierno del PP", sobre la protesta ciudadana, la regeneración política, la economía sostenible, la transformación de la Unión Europea o los modelos y estrategias para la convergencia. "Es fundamental que existan estos espacios para poder escucharnos", agregó, en rueda de prensa en el Ateneo de Madrid. 

La escuela –que se solapará parcialmente con la fiesta del PCE, que comienza el viernes y concluye el domingo en la localidad madrileña de San Fernando de Henares– se organiza en torno a cinco mesas de trabajo. Las dos primeras, el día 19, abordarán la regeneración democrática y el cambio social, e intervendrán ponentes como el fiscal del Supremo Manuel Jesús Dolz, el activista de Facua y fundador de Ganemos Sevilla Rubén Sánchez, el exrector de la Complutense Carlos Berzosa, el economista Juan Torres o la investigadora Lucía Vicent.

Alberto Garzón, en dos escenarios

El 20 arranca con la charla sobre las fórmulas de convergencia de la izquierda. En ella participará el diputado Alberto Garzón, el dirigente en quien IU ha confiado todo el proceso de confluencia. También acudirán Pablo Gallego por el 15-M; Raúl García, por IzAb; Álvaro García Mancheño, por la CUT; Enric Morera, por Compromís, y Juantxo López de Uralde, por Equo. En esta mesa redonda no estará Podemos. Según Tasio Oliver, miembro de las ejecutivas de IU y de IzAb, la formación de Iglesias no declinó participar, simplemente prefirió participar en la charla con la que se cerrará la escuela, que aborda el futuro de la UE. Ahí sí se sentará, en representación de Podemos, Miguel Urbán. Le acompañarán la eurodiputada de IU Marina Albiol; Lluís Camprubí, de ICV, o François Ralle, del Front de Gauche. La mesa redonda que queda en medio, a mediodía del sábado, queda para los intelectuales: los escritores Luis García Montero –colaborador de infoLibre– y Almudena Grandes, el exjuez Baltasar Garzón o la vocal del Consejo del Poder Judicial Concha Sáez. Departirán sobre los derechos civiles y las libertades. Durante la mañana también acudirá a las jornadas Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la Unesco. 

La fiesta del PCE también analizará el escenario de la convergencia. Su acto central, el sábado 20 por la tarde, contará con la presencia de Garzón, Cayo Lara, José Manuel Mariscal (líder de los comunistas andaluces y número dos de IU Andalucía), Yolanda Díaz (coordinadora de IU en Galicia) y Anabel García (secretaria general de las Juventudes Comunistas). 

Llamazares, Muñoz y Oliver se felicitaron por la "posición muy clara" de IU a favor de la confluencia y de la articulación de un frente amplio de izquierdas para las autonómicas y municipales de mayo, una apuesta que su partido defendió desde su nacimiento, en 2011. "Es la principal estrategia de IU, que tiene que ver con su origen [en 1986]. De la confluencia depende el cambio político del país, la configuración de los próximos ayuntamientos, que para el PP son gestoras presididas por caciques y para nosotros un punto de inflexión de la democracia y que han de representar el empoderamiento de los ciudadanos", dijo Llamazares. El diputado por Asturias restó importancia al hecho de que Podemos no esté en la mesa central del seminario. Precisamente porque la convergencia rodeará toda la cita. "Y porque estamos de acuerdo en un 95% de los temas". 

"No suponen la disolución de ninguna fuerza"

Muñoz, por su parte, recordó que lo importante, ahora que se está en pleno proceso de diálogo, es que cuajen los acercamientos de fuerzas y movimientos sociales, ponerse de acuerdo en los programas, los objetivos y las candidaturas, y para ello se están montando plataformas idóneas en toda España, Ganemos, a imagen y semejanza de Guanyem Barcelona. "Y el que no quiera estar en este proceso", advirtió, con relación a Podemos, "tendrá que explicarlo". "El objetivo no es tener un concejal más, sino conquistar el poder en ayuntamientos y comunidades. Y esta vez hay opciones para que la izquierda sea alternativa de gobierno real". La coportavoz de IzAb llamó a la formación de Iglesias a pensar no en su propio interés (superar a IU, quedarse muy cerca del PSOE), sino en los ciudadanos. Que no pretenda "colmar ambiciones personales", sino "cambiar el statu quo".

"Cada uno de nosotros, por separado, no podemos hacerlo, pero sí si nos juntamos. Nadie honesto puede decir que esto se deje para después, porque la ciudadanía no aguanta cuatro años más de PP". Lo mismo advirtió el diputado: "Todos estamos convocados [a la convergencia] y a todos se nos exigirá responsabilidad. No somos nuevos ninguno. En este momento histórico, donde asistimos a una voladura del sistema político y electoral, negarse a participar o acusar a los demás de populistas o dogmáticos es una excusa". Oliver remató el argumento: "Si no se está en Ganemos puede que quien pierda sea la sociedad". 

Eso fue lo más lejos que llegaron los dirigentes de IzAb. Y es también a lo máximo a lo que llega IU. Ayer mismo lo decía Lara en términos muy parecidos: la federación llegará "hasta el final" y se dejará la piel en el camino hacia un bloque único, y serán otros (Podemos) los que en su caso deban asumir el coste de decir no. Pero IU no entrará ni en ataques ni en provocaciones. 

Los gasparistas también subrayaron que la convergencia no supone la muerte de IU. "Estos procesos no suponen la disolución de ninguna fuerza, sino la suma. Obligan a ponerse de acuerde y ser generosos, buscar los mejores candidatos que trasciendan las siglas". 

"Gravísimo error" las críticas del PSOE a Podemos

Llamazares consideró una "buena noticia" que IU, tras el tropiezo en las europeas, no sólo "se haya dado por enterada, sino que haya tomado la iniciativa". Y mostró su preocupación por la respuesta del PSOE, cuyo líder, Pedro Sánchez, ha cargado duramente contra Podemos, formación a la que ha identificado con el "populismo" y a la que considera que debe batir, como al PP. "Desde el punto de vista de la sensibilidad progresista, eso es un gravísimo error. Nosotros estamos en las antípodas. Queremos colaborar en ese espacio de izquierdas, alterantivo, que representa a las mareas ciudadanas, que a su vez deben convertirse en un tsunami político. Con la confluencia, vamos a recuperar identidad, no a perderla". 

Tras la escuela de IzAb y la fiesta del PCE, IU aprobará las directrices de convergencia para todas sus federaciones y el borrador de su conferencia político-programática, un intenso proceso de debate que culminará en una asamblea a finales de noviembre. 

Izquierda Unida ya puede registrar su candidatura para las elecciones europeas del 25 de mayo tal como la aprobaron sus órganos de dirección. Sin más cambios de última hora. La Justicia da finalmente la razón a la dirección federal de Cayo Lara, tal como se preveía, y valida el modo de confección de la candidatura, desestimando así las medidas cautelares solicitadas por los demandantes, Izquierda Abierta (IzAb) y la Candidatura Unitaria de Trabajadores (CUT). 

En un auto de siete páginas conocido este miércoles, 16 de abril, y al que ha tenido acceso infoLibre, la titular del juzgado de primera instancia número 14 de Madrid, María José García Juanes, asegura que no concurren los presupuestos legales para la adopción de medidas cautelares requeridas –la reordenación de la lista–, máxime porque se exige a los tribunales la "no injerencia en el autogobierno de los partidos", y porque se debe presumir que los acuerdos tomados por los órganos de dirección de las fuerzas políticas son "válidos", máxime si estos acuerdos no se impugnan, como ha sido el caso. Al no apreciarse por tanto los requisitos necesarios para proceder judicialmente a una alteración de la candidatura, IU podrá registrarla ya ante la Junta Electoral Central, para lo que tiene de plazo desde hoy hasta el lunes próximo, 21 de abril. Los demandantes, además, deberán pagar las costas. 

La jueza, en su resolución, muy técnica, no entra en el fondo de la cuestión –para eso ya se celebrará en su caso un juicio posterior–, sino en si conviene o no adoptar las medidas cautelares que reclamaban los tres dirigentes que interpusieron la demanda: Tasio Oliver –el ganador de las primarias de IzAb–, Carmen García Bueno (de la CUT) y el también gasparista Pedro Chaves. Los tres encabezaban la lista alternativa que, en el Consejo Político Federal (CPF) –máximo órgano de decisión de IU– del pasado 1 de marzo compitió contra la mayoritaria, la de Willy Meyer. La de IzAb y la CUT obtuvo un 22,6% de los votos, frente al 77,4% de Meyer. En virtud de ese resultado, Oliver reclamaba para sí el puesto 4 de la lista; García Bueno, el 9, y Chaves, el 14.

Diferencia entre la lista de IU y la de la coalición del 25-M

¿Qué pasaba? Que en ese mismo Consejo Político se votó (y aprobó por mayoría) primero la reserva de tres puestos de salida para los aliados políticos (el 3 para ICV, el 5 para Anova y el 8 para Chunta Aragonesista), por un 85,46%, y de otros dos para los "referentes sociales" (el 2 para la sindicalista Paloma López y el 7 para el activista Javier Couso), por un 73,53%. Una vez sancionada la reserva de cinco puestos, se presentaron las dos listas de IU, la de Oliver y la de Meyer, con el escrutinio citado del 77,4% y del 22,6%. En las dos sólo figuraban los candidatos puros de IU, no los aliados ni los referentes sociales, que se habían votado aparte. De este modo, y así lo dice la jueza, en el acta del Consejo se proclama como candidatos "en el mismo orden que se solicita" a los tres demandantes, "luego no hay indicio alguno de que no se hayan respetado las normas estatutarias". En concreto, el artículo 88 de las normas federales. 

García Juanes advierte a continuación de que, tal y como aportó IU, que la cuestión se ciñe "no al orden en la lista de candidatos de IU, sino en la lista de candidatos de la coalición con la que IU se presenta a las elecciones del Parlamento Europeo". Coalición ya registrada ante la Junta Electoral Central (JEC), que se denomina Izquierda Plural y que componen 12 fuerzas políticas: IU, ICV, EUiA, Anova, Espazo Ecosocialista, Batzarre, Federación Los Verdes, Els Verds del País Valencià, Opció Verda-Els Verds, Gira Madrid-Los Verdes, Construyendo La Izquierda-Alternativa Socialista e Iratzarri-EKI. La jueza relata que en el orden del día del Consejo Político ya figuraba, primero, la adopción del reglamento, en el que se decía que se acordaría en primer término las alianzas con otras fuerzas y los puestos de las mismas (las citadas sillas 3 para ICV, 5 para Anova y 8 para CHA), luego, la votación de aquellos "referentes sociales o ciudadanos" (o sea, López y Couso) y, por último, las candidaturas presentadas, que fueron las de Meyer y Oliver. "Y este reglamento fue aprobado por mayoría [del 67,82%], según el acta del Consejo Político del 1 de marzo de 2014, acuerdo que no ha sido impugnado". Este extremo lo recuerda la magistrada en varias ocasiones: que ni IzAb ni la CUT recurrieron los acuerdos de aquel Consejo. Sólo cargaron contra la ordenación de la lista, de modo que los daban por buenos y válidos. 

No es un "proceder extraño": ya se empleó en 2004

"Según lo expuesto, el CPF adoptó unos criterios en relación con la lista de la coalición que no consta sean contrarios a su normativa interna, pues los estatutos lo que prevén en el artículo 88 que citan los demandantes lo es respecto a la lista de candidatos de IU", no respecto a la alianza electoral. Además, señala que ese proceder de reserva de puestos "no es extraño en el sistema de elección de IU", ya que se empleó uno semejante en los comicios europeos de 2004, como en su día ya esgrimió la dirección de Lara contra Gaspar Llamazares. 

La jueza, además, no tiene en cuenta el pacto al que llegó el equipo federal con Izquierda Abierta, sellado el pasado 10 de abril, y que hizo a los gasparistas intentar desistir de su demanda judicial y de los recursos ante la Comisión de Garantías. Un acuerdo por el que Oliver se quedaba con el puesto ocho (que quedó vacante tras el no de CHA) y por el que IU se comprometía a mimar más al partido de Llamazares en distintos ámbitos. La CUT se negó a retirar su acción ante los tribunales, porque consideraba que no se había hecho ninguna oferta atractiva para su candidata, García Bueno. "No afecta a la legitimación los avatares posteriores del procedimiento, en su caso, los acuerdos extrajudiciales que haya habido, cuando no consta resolución de la secretaria judicial ni del tribunal acordando archivo o sobreseimiento" de la causa, y cuando tampoco se dio traslado a la Fiscalía, alega. 

En definitiva, el auto deniega la adopción de medidas cautelares porque no se pide que se deje sin efecto acuerdos que podrían ser "contrarios a derechos fundamentales", "sino que lo que realmente se interesa es que sustituya el tribunal la voluntad del partido político", cuando IU ya aprobó su lista por los órganos de direccion. García Juanes entiende que la petición de reordenar la candidatura afecta a las dos partes y es "tan gravosa para los demandantes de estimarse la demanda como lo es para la parte demandada [IU] de desestimarse la demanda".

La lista definitiva en sus primeros puestos (IU espera obtener entre 7 y 9 escaños) queda, por tanto, como sigue: 

Izquierda Unida sigue sin tener el OK final a la candidatura a las elecciones europeas que aprobaron sus órganos de dirección, pero ya está algo más cerca. La jueza que estudia si el procedimiento de confección de la lista se ajustó a la ley y a los estatutos de IU ya tiene su auto redactado, aunque no se notificará hasta hoy miércoles. Y, según creen la cúpula federal de Cayo Lara y, en menor medida, las dos formaciones que interpusieron la demanda –Izquierda Abierta y la Candidatura Unitaria de Trabajadores (CUT)–, lo previsible es que la magistrada decida no modificar la candidatura y desestimar, así, las medidas cautelares pedidas. Eso es precisamente lo que desea la Fiscalía. 

Ayer martes, tal y como adelantó infoLibre, se celebró la vista oral en el juzgado de primera instancia número 14 de Madrid. Duró poco más de una hora. Cada una de las partes se pronunció a través de sus respectivos abogados, a lo que se sumó la intervención del ministerio público. Los dirigentes de IU –Miguel Reneses, secretario federal de Organización– y la CUT –Manuel Rodríguez– sólo entraron a la sala en el último tramo de la vista, después de que la jueza rechazara que prestasen declaración como testigos. 

La demanda civil fue presentada por IzAb y la CUT a mediados de marzo. Ambas formaciones se sentían agraviadas por el modo de confección de la candidatura europea. Ambas protestaron primero en el Consejo Político Federal (máximo órgano de poder de IU entre asambleas), el pasado 1 de marzo, cuando la mayoría que sustenta a Lara presentó una lista encabezada por Willy Meyer y en la que bloqueó varios puestos de salida: para sus potenciales socios políticos, tres (el 3 para ICV, el 5 para Anova y el 8 para Chunta Aragonesista), y para los "referentes sindicales y sociales", otros dos (el número 2 se lo asignó directamente a Paloma López, de CCOO, y el 7 para el activista Javier Couso). IzAb y la CUT se consideraron excluidas y presentaron lista alternativa, en este caso liderada por Tasio Oliver, el ganador de las primarias abiertas del partido de Gaspar Llamazares y Montse Muñoz, seguido por Carmen García Bueno –de la CUT, la formación de Juan Manuel Sánchez Gordillo–, y por el gasparista Pedro Chaves. Meyer ganó, con un 77,4%. Oliver se hizo con el 22,6%. Los estatutos de IU sentencian que cuando hay confrontación de candidaturas, se deben repartir los puestos proporcionalmente en tramos de cinco, pero como había un total de cinco reservados (el 2, el 3, el 5, el 7 y el 8), Oliver sólo consiguió ascender del 11, el número asignado por la dirección, al 9. 

Ya desde el principio IzAb y la CUT anunciaron que acudirían a los tribunales internos de IU (la Comisión Federal de Garantías), sin descartar el recurso judicial. Pero ambas, públicamente, sólo dijeron haber activado la primera vía. Así, Oliver, García Bueno y Chaves firmaron una primera impugnación, a la que sucedió una segunda suscrita por la cúpula gasparista. La argumentación jurídica era semejante: los demandantes consideraban que se había violado el "pluralismo" interno, e incumplidos los estatutos. Por eso, creían que Oliver debía ocupar el puesto 4 de la lista (el 6 si se suman los aspirantes de ICV y Anova); García Bueno, el 9 y Chaves, el 14. Garantías no se pronunció. Hay que tener en cuenta que la federación, según las encuestas, podría saltar de los dos eurodiputados que ganó en 2009 (uno, de los ecosocialistas catalanes) a entre siete y nueve. 

La firma del pacto con IzAb

Entretanto –y ya estamos a finales de marzo–, la dirección federal retomó los contactos con IzAb. Una vez evaporada la posibilidad de acudir a las europeas del 25 de mayo con Chunta, ya que esta pegó un portazo y decidió aliarse con Equo y Compromís, Reneses, en una reunión con su homólogo de Izquierda Abierta, Antonio Cortés, ofreció el puesto ocho para Oliver. Los gasparistas aceptaron, a cambio de más concesiones del equipo de Lara: más recursos materiales y humanos, presencia en el grupo parlamentario en la Eurocámara y en el Partido de la Izquierda Europea (PIE), integración de Llamazares en la dirección del grupo de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, participación más activa e intensa en los debates de IU y creación de una comisión de seguimiento de las dos direcciones. A cambio, IzAb se comprometía a desistir de sus recursos.

El principio de acuerdo se cerró en la Presidencia Federal de IU –su órgano intermedio, compuesto por una setentena de miembros–, el pasado 29 de marzo, lo que posibilitó que se ratificase la candidatura europea por un 95%. El pacto se acabó sellando días más tarde, el jueves 10 de abril. Aunque se anunció a los medios y colgado en su web ayer.

Pero de lo que nunca informó IzAb fue que había llevado a término su amenaza de llevar a los tribunales a IU. Lo hizo por seguridad, para "garantizar la defensa" de los derechos de sus candidatos, y sobre todo porque veía que el tiempo se echaba encima y Garantías no había dicho ni palabra. Aunque en su ánimo no estaba, según sus dirigentes, "hacer daño a IU". 

De aquel acuerdo con el equipo de Lara nunca participó la CUT. Así que se negó a retirar la demanda judicial y el recurso presentado por García Bueno. La formación consideraba que a su candidata le correspondía el puesto 9 dentro de la lista de IU (el 11 en la candidatura real, contando con ICV y Anova). 

No se impugnó el acuerdo del Consejo Político

Este martes, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, lo primero que expusieron los abogados de IzAb y la CUT, Miguel Rollón y Francisco Borge, era el acuerdo alcanzado entre los gasparistas y Reneses, razón por la cual Oliver y Chaves desistían de su escrito. Pero la jueza se opuso. Como García Bueno quería seguir adelante, el procedimiento debía seguir adelante en sus términos. Así que Rollón y Borge tuvieron que defender las posiciones de los dos partidos demandantes. No sólo de la CUT. 

Durante la vista no se entró al fondo del asunto –el proceso de confección de candidatura–, porque se trataba de dirimir si procedía o no adoptar las medidas cautelares solicitadas: la reordenación de la lista. No obstante, ni IzAb ni la CUT habían impugnado "el acuerdo del Consejo Político Federal" del 1 de marzo –la madre del cordero–, ni cuestionaban toda la candidatura ni su cabeza de cartel, Willy Meyer. Todo con el objetivo, de nuevo, de "no dañar a IU". Apoyaron su recurso en la presunta vulneración del principio de proporcionalidad que recogen los estatutos. 

La representante de la Fiscalía argumentó que, en caso de que se hubieran cometido irregularidades, estas no habrían supuesto una violación de derechos fundamentales, por lo que manifestó su oposición a la adopción de medidas cautelares, según narraron desde las dos partes enfrentadas. Además, sostuvo que al no haberse impugnado el acuerdo del Consejo Político, la defensa era más débil. 

La coalición, ya presentada

Los letrados que defendieron a IU, Enrique Santiago y Enrique López Cáceres, esgrimieron que en este caso no se trata de una lista sólo de la federación, sino de una candidatura de una coalición de partidos, por lo que no cabía la aplicación estricta de los estatutos. Santiago recordó que IU, de hecho, ya presentó la semana pasada su alianza para el 25-M (Izquierda Plural), que componen un total de 12 fuerzas: IU, ICV, EUiA, Anova, Espazo Ecosocialista, Batzarre, Federación Los Verdes, Els Verds del País Valencià, Opció Verda-Els Verds, Gira Madrid-Los Verdes, Construyendo La Izquierda-Alternativa Socialista e Iratzarri-EKI. Coalición, agregó, que ya ha sido reconocida por la Junta Electoral Central (JEC). 

La dirección federal salió bastante más satisfecha de lo que encontró, ya que al oponerse la Fiscalía a la adopción de medidas cautelares, veía poco probable que la jueza soportase las tesis de los demandantes. IzAb también apuntaba en esa dirección. Fuentes de la acusación reconocían que por la posición del Ministerio Público se podía traslucir ese resultado, también porque en este tipo de causas, "los jueces suelen no interferir en las candidaturas, salvo que sean casos muy flagrantes". "Pero todo puede pasar, no hay que descartar nada". De cualquier modo, Rollón y Borge presentaron, tras la vista, el desistimiento de IzAb al recurso de fondo, la pieza principal (la que se estudiará después). Si la magistrada lo aceptara, podría obligar a la CUT a buscarse nuevo letrado y procurador. "No queremos tener nada que ver ya con esto. Hemos firmado el acuerdo con Reneses y somos consecuentes con ello. Por nuestra parte, no hay causa", recalcaban ayer desde la jefatura gasparista. 

La incógnita quedará despejada este miércoles, 16 de abril, sobre las doce de la mañana, cuando el juzgado número 14 notifique la decisión a las partes. Resolución que, según fuentes del Tribunal Superior de Madrid (TSJM), está ya totalmente redactada. Sólo entonces se podrá registrar la candidatura ante la JEC, ya que el plazo legal finaliza el 21 de abril. Después tocará la gestión política de ese autopolítica . Y ya se barrunta que la cúpula federal podría mover ficha incluso aunque se fallase a su favor, porque siente que IzAb traicionó de alguna forma su parte del acuerdo. Si la Justicia no respalda a la federación, el conflicto, presumiblemente, adquirirá una mayor envergadura. 

No había trascendido hasta ahora. Una vez remansadas las aguas con Izquierda Abierta y ratificada la lista europea de Izquierda Unida, el pasado 29 de marzo, por un 95% de la Presidencia Federal, parecía que todo estaba hecho y que la sangre no iba a llegar al río. Pero no. El conflicto no está liquidado del todo. Y la opción más delicada para la dirección de Cayo Lara, el recurso ante los tribunales, está viva. Este martes, según pudo confirmar infoLibre, se celebrará una vista previa en un juzgado de primera instancia de Madrid, en el que se sentarán IU, de un lado, y la Candidatura Unitaria de Trabajadores (CUT), la formación del líder jornalero Juan Manuel Sánchez Gordillo, por otro. Si no hay acuerdo previo, el juez podría ordenar, como medida cautelar, una reordenación de la lista que encabeza Willy Meyer. O, por el contrario, no atender la petición de los demandantes. 

El motivo es la disputada ordenación de la candidatura . En el Consejo Político Federal (máximo órgano de poder entre asambleas) del pasado 1 de marzo, la mayoría que sustenta a Lara bloqueó varios puestos de salida: tres para los socios (el 3 para ICV, el 5 para Anova y el 8 para Chunta Aragonesista) y otros dos para los "referentes sindicales y sociales": el 2 para la dirigente de CCOO Paloma López y el 7 para el activista Javier Couso. Ello hizo que, frente a la lista de Meyer, IzAb y la CUT presentaran una candidatura alternativa. Esta estaba encabezada por Tasio Oliver –el ganador de las primarias del partido de Gaspar Llamazares y Montse Muñoz–, Carmen García Bueno (CUT) y el gasparista Pedro Chaves. Obtuvo un 22,6%, frente al 77,4% de Meyer. El resultado permitió ganar dos puestos a Oliver, del 11 que le había reservado la dirección, al 9, pero IzAb aspiraba al 7. 

La espiral de enfrentamiento fue creciendo durante todo marzo. Los gasparistas y la CUT presentaron dos recursos ante la Comisión Federal de Garantías: uno lo presentaron Oliver, García Bueno y Chaves, y otro firmado por IzAb. No hubo resolución de ninguno de ellos. Las dos formaciones amagaban a su vez con ir a los tribunales. 

Varios puntos en el pacto

Finalmente, Izquierda Abierta y la dirección federal de IU –representadas ambos por sus secretarios de Organización, Antonio Cortés y Miguel Reneses– se sentaron a hablar y llegaron a cerrar un principio de acuerdo para la Presidencia Federal del 29 de marzo. Un pacto que terminó de sellarse el jueves pasado, 10 de abril. IzAb aceptaba el puesto ocho para Oliver –CHA pegó la espantada y dejó su hueco vacante– y arrancaba de IU el compromiso de representación en la Eurocámara y en el Partido de la Izquierda Europea (PIE). Además, ganaba más recursos y lograba que, a partir de junio, se reestructure la dirección del grupo de Izquierda Plural para permitir la entrada de Llamazares. Entonces se marchará quien ocupó el puesto uno en la lista del Congreso, Chesús Yuste, de CHA, y llegará el número dos, Álvaro Sanz, de IU. IU, asimismo, se comprometía a garantizar la participación de la militancia y la preservación de la pluralidad en siguientes procesos electorales. Los gasparistas, a cambio, firmaban la paz y desistían de sus recursos. 

Y ahí está parte de la historia no contada. Porque siempre se hablaba de los dos recursos antes Garantías. Pero hasta ahora no se conocía que también existía una impugnación ante los tribunalestambién . Y que estaba presentada. 

La demanda judicial se registró poco antes de la Presidencia Federal del 29 de marzo, y fue suscrita por Oliver, Chaves y García Bueno, como pudo confirmar este diario. Los tres dirigentes redactaron un escrito que tomaba como plantilla su impugnación ante la Comisión Federal de Garantías. O sea, se quejaban de que el Consejo Político había "despreciado" la democracia, confeccionado la lista en "fraude de ley" y vulnerado derechos fundamentales, al violar el pluralismo de IU. Y pedían que se adoptasen medidas cautelares. En concreto, la reordenación de la candidatura conforme a la ley y los estatutos de la federación. 

Registrada la coalición, no la lista

IzAb, al cerrar su acuerdo con Reneses la pasada semana, se retiró de la demanda. Pero la CUT se negó, pese a la presión ejercida por los gasparistas y por la dirección federal, que intentó sortear el envite judicial a través de la negociación. La formación de Sánchez Gordillo rechaza ocupar el puesto número 13. Quiere para García Bueno el 9. 

De modo que la demanda quedó viva. Además, la Fiscalía, según fuentes conocedoras del caso, se mostró partidaria de analizar el expediente, porque entendía que podrían haberse vulnerado derechos fundamentales. Por eso hoy martes se celebrará una vista en el juzgado de primera instancia número 14 de Madrid, en la calle del Capitán Haya. Si la conciliación entre las partes no es posible, entonces el juez decidirá qué hacer, si adopta o no medidas cautelares. No entrará al fondo del asunto, porque no hay tiempo, ya que las candidaturas para los comicios del 25 de mayo al Parlamento Europeo han de registrarse ante la Junta Electoral Central desde este miércoles, 16 de abril, hasta el próximo lunes, día 21. IU, hasta que no tenga la resolución judicial en la mano, no podrá formalizar su lista. Lo que sí registró la semana pasada fue la coalición con la que comparecerá el 25-M, Izquierda Plural (y que forman 12 socios: IU, ICV, EUiA, Anova, Espazo Ecosocialista, Batzarre, Federación Los Verdes, Els Verds del País Valencià, Opció Verda-Els Verds, Gira Madrid-Los Verdes, Construyendo La Izquierda-Alternativa Socialista e Iratzarri-EKI). 

"Reneses nos ha ofrecido lealtad para los siguientes comicios. Pero no nos basta –se queja un dirigente de la CUT–. Queremos tener un europarlamentario. Somos uno de los partidos fundadores de IU. No aportamos tanto en cantidad, en número de militantes, pero sí cualitativamente, por nuestro entronque con la sociedad civil. Esperemos que recapaciten". La formación, no obstante, "no descarta" llegar a algún tipo de acuerdo este martes. Otra responsable reconoce las "presiones de uno y de otros" que han llegado a la CUT: "Es normal que se quiera que no se acuda a los tribunales. Pero imaginemos si no lo que puede pasar para las municipales del próximo año". 

Vivo también uno de los dos recursos ante Garantías

IzAb prefirió ayer no hacer declaraciones y permanecer apartada. No obstante, su abogado, Miguel Rollón, irá hoy a los juzgados para explicar, precisamente, su acuerdo con la dirección. Sin embargo, diversos cuadros consultados por este periódico explican que si se presentó la demanda judicial era para "forzar" el acuerdo con la mayoría, a la vista además de que la Comisión de Garantías no resolvía. O sea, que IzAb actuó para evitar su "indefensión", pero procurando "no hacer daño a IU" y sin cuestionar al cabeza de cartel, el eurodiputado Willy Meyer.

Sin embargo, cuando acercó posturas con el aparato, prefirió no airear su escrito, precisamente para no enturbiar las negociaciones y no torpedear el pacto. Menos aún al sellarlo. Pero al no desistir la CUT, esa demanda permaneció a flote. Como también sobrevive el escrito ante Garantías suscrito por Oliver, Chaves y Bueno, al renunciar esta a aparcarlo.

El secretario de Organización también evitó pronunciarse, pese a los reiterados requerimientos de infoLibre. En la cúpula federal, no obstante, según diversas fuentes consultadas, se podía sentir ayer lunes el malestar y la indignación por que al final haya llegado el conflicto por la lista europea a los tribunales. La demanda es la última piedra en el zapato. Y, tal vez, la más importante y complicada. 

La ruptura del Gobierno de coalición de PSOE e Izquierda Unida en Andalucía está un paso más cerca. Por ahora, la federación suspende su pacto con Susana Díaz "momentáneamente" y exige a la presidenta que retire el decreto por el que retira las competencias de adjudicación de vivienda a la consejera de Fomento, Elena Cortés. 

La decisión de IU se conoció pasadas las dos de la tarde, y fue comunicada por el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo. La comparecencia se produjo durante tras la reunión que la dirección colegiada de la federación celebraba desde las diez de la mañana en el Parlamento andaluz, y en el que participaron, entre otros, el líder federal, Cayo Lara, y su número dos, José Luis Centella, el vicepresidente del Gobierno, Diego Valderas, y la titular de Fomento y Vivienda. 

La reunión fue convocada de urgencia tras la publicación, este viernes, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), del decreto anunciado por Díaz el miércoles por la noche, por el que se retiran a la Consejería de Fomento y Vivienda, en manos de IULV-CA, las competencias relativas a la adjudicación de viviendas protegidas de titularidad autonómica, que pasan a manos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que dirige la socialista María Jesús Montero.

El decreto, que ha entrado en vigor hoy, se publica a raíz de las diferencias surgidas entre los socios de gobierno tras la solución adoptada por Fomento para el realojo de familias de la corrala La Utopía en Sevilla y que este jueves provocó una reunión del comité de enlace PSOE-IU que culminó sin acuerdo tras doce horas de negociación y que estaba previsto que se retomara este viernes.

El decreto reestructura la distribución de competencias entre consejerías para retirar a Fomento y Vivienda y asignar a Hacienda y Administración Pública "las competencias y funciones relativas a la adjudicación de viviendas protegidas de titularidad autonómica".  El paso siguiente es el "diálogo"

La publicación de la norma provocó un intenso malestar en IU, que sintió el gesto de autoridad de Díaz como una "agresión", según fuentes de la federación. Un malestar que, a la postre, supuso que el estado mayor de IU acordase la "suspensión momentánea" del pacto por la "crisis de gobierno" abierta por la presidenta, en palabras del líder regional. La vuelta a la normalidad queda supeditada a que la jefa del Ejecutivo anule su propio decreto. 

Maíllo, que compareció con Lara y otros miembros de la federación como el portavoz parlamentario, José Antonio Castro o el secretario general de los comunistas andaluces, José Manuel Mariscal, insistió en que Fomento actuó "con absoluto rigor legal" en el realojo de los afectados, "en defensa de las personas que lo están pasando mal". "Ha habido un respeto escrupuloso a la legalidad como nunca antes en todos los gobiernos de la autonomía de Andalucía", adujo. IU siempre se ha aferrado al reciente mandato judicial, que obligaba a las administraciones a proveer lo necesario para atender a las familias en riesgo de exclusión social y los menores. 

La Consejería, abundó Maíllo, ha resuelto el problema: "Hay ocho familias que están bajo un techo por mandato judicial y otras nueve que están pendientes de contratos privados a falta de viviendas del parque público". Fomento tuvo que actuar ante la negativa del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), de ceder, vender o asignar pisos a los afectados de La Utopía de las 528 vacías que dependen del Consistorio. "Desde esta actuación absolutamente legal, estamos convencidos de que si la presidenta de la Junta ha dicho que se restituirá la normalidad derogando ese decreto, así debe hacerse porque ha imperado la legalidad en cada una de las actuaciones en el realojo transitorio, que ha sido impecable", informa Europa Press.

¿Se romperá por tanto el pacto? Maíllo reiteró que IU ha obrado conforme a la ley, la condición pedida por Díaz. "Estamos convencidos de que se va a producir sin ningún problema esa sustitución". El coordinador regional no dio un plazo a la jefa del Ejecutivo para anular su decreto, pero sí debe ser "cuanto antes". Pero IU, añadió, no va a dar "marcha atrás", porque no ha cometido ningún error. "Si hubiera sido así, habríamos rectificado". 

IU no cierra la puerta al entendimiento, no obstante. Maíllo dijo expresamente que el siguiente paso está "muy claro" y debe ser "seguir dialogando", peleando por buscar una "salida satisfactoria para las dos formaciones desde el reconocimiento de que se ha actuado legalmente" y para que todo vuelva "a la normalidad".

Los consejeros siguen de momento en sus puestos

Lara, a su vez, explicó que con su presencia daba apoyo a la actuación "legítima, legal y justa" de Fomento, de Cortés y de IU Andalucía, "porque la política está para resolver los problemas de la gente". Criticó también la "hipocresía" de determinados partidos, porque se han hecho "cientos de miles de desahucios" bajo los gobiernos de PSOE y PP. El coordinador federal, como en tantas otras ocasiones, denunció el recurso presentado por el Gobierno central contra la Ley Antidesahucios andaluza ante el Tribunal Constitucional. 

Quien no compareció con Maíllo y Lara fue la consejera, pese a que participó en la reunión de la dirección colegiada tras llegar de su viaje en Colombia y Panamá, adonde viajó invitada por el foro de ciudades de la ONU. El coordinador regional precisó que este es un problema "político" que debe resolverse desde PSOE e IU. 

¿Qué significa el anuncio hecho por Maíllo? Que se reconoce una "crisis de gobierno" y una suspensión de las relaciones entre los dos socios. Ello significa que el comité de enlace PSOE-IU queda roto. Pero los tres consejeros (y los altos cargos) que IU tienen en el Ejecutivo seguirán de momento en sus puestos. Si el martes no está resuelta la crisis, "podría ser que no acudieran al Consejo de Gobierno", deslizaban fuentes de la federación. La ruptura entonces ya estaría consumada. 

A las seis de la tarde comenzó un nuevo encuentro de PSOE e IU. Pero, como esta ha declarado roto el comité de enlace, acudieron no los interlocutores habituales, del máximo nivel –Valderas, Maíllo y Castro–, sino otros negociadores: José Manuel Mariscal, coordinador de la ejecutiva (número dos de IULV-CA); Javier Moreno, secretario de Comunicación, y Carmen Cantero, responsable de Institucional. IU se presentó con los expedientes de los realojados. 

También durante la tarde la Consejería de Fomento y Vivienda reveló a cuántas familias se les ha entregado llaves: ocho del total de 22 que vivían en la corrala. Ocho, sostuvo el departamento, que cuentan con "informes sociales favorables". También se conoció que Irma Blanco, una de las líderes de La Utopía reanunció a una casa de la Junta. Blanco es militante de IU y cuenta con un contrato de trabajo de seis meses de un Ayuntamiento gobernado por la federación. Al trascender su caso, decidió renunciar para no poner "en peligro" el realojamiento del resto de familias de la Corrala, que considera un "logro".

Presidenta de "todos los andaluces"

La condición de que la presidenta retire su decreto, en principio, parece difícil de cumplir. A primera hora de la mañana, Díaz apeló, en un acto conjunto con Elena Valenciano, a la responsabilidad que tienen "las fuerzas de izquierda" para que PSOE-A e IULV-CA retomen "el diálogo y el entendimiento". Preguntada sobre si corre peligro el pacto de gobierno, quiso dejar claro que en Andalucía existe la oportunidad de demostrar que otro camino es posible y el reto de hacerlo "desde la izquierda, con la bandera de la igualdad y respetando la ley". En esta línea, señaló que el Ejecutivo de izquierdas de Andalucía sigue un "camino más complicado", pero siempre bajo "la obligación de hacerlo en el marco de la ley".

Díaz agregó que en estos días no puede olvidar nunca que es "la presidenta de todos los andaluces, un responsabilidad inmensa, y que hay 12.000 familias en Sevilla y miles en Andalucía que están en listas de espera para una vivienda y que "no pueden ver que quien ocupa ilegalmente una vivienda tiene más derechos que quien pacientemente cumple con la ley, aunque a veces lo pasen realmente mal". "Y eso es lo que estoy haciendo". 

Por su parte, Valenciano mostró el apoyo de Ferraz a la presidenta de la Junta, de la que reclacó su "firmeza". "Nos sentimos profundamente orgullosos de lo que estás haciendo y de cómo lo estás haciendo", explicó. Lo mismo hizo el número tres, Óscar López, desde Madrid. El secretario de Organización añadió que no cree que peligre el pacto.

"Hasta que se clarifique la situación"

A su vez, el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, uno de los miembros del comité de enlace, manifestó igualmente la "voluntad de diálogo y de buscar soluciones" con IU en el seno del Gobierno andaluz, pero siempre "desde la claridad de definir la situación que se ha planteado" a raíz del realojo de varias familias de la corrala La Utopía de Sevilla, apuntando que "la igualdad y la equidad son las armas para demostrar la legalidad". Jiménez Barrios completó que se le han despojado a Cortés parte de sus competencias "hasta que se clarifique la situación", y una vez que esto ocurra "no habría ningún inconveniente en la devolución" de esos poderes, informa Europa Press. 

El ministro de Agricultura y candidato del PP a las elecciones europeas, Miguel Arias Cañete, también intervino para poner de manifiesto que el de PSOE e IU es un pacto "muy inestable" y afirmó que él habría cesado a la consejera de Fomento.

Ganar un puesto en la candidatura europea. Del 9 al 8. Es una de las "posibles soluciones" que la dirección federal de IU, con Cayo Lara a la cabeza, ofreció ayer miércoles a Izquierda Abierta con la intención de apagar el fuego abierto entre ambos. Una solución condicionada a que ese puesto 8, en principio reservado para Chunta Aragonesista (CHA), quede vacante. Pero IzAb, el partido coliderado por Gaspar Llamazares y Montse Muñoz, no está por ahora dispuesto a transigir. 

El desencuentro se viene arrastrando desde el pasado 1 de marzo. Ese día, el Consejo Político Federal apoyó, por un 77,4%, la lista encabezada por Willy Meyer. La que capitaneaba Tasio Oliver, el candidato gasparista que ganó las primarias abiertas de su formación, recabó el 22,6% de los votos. Con ese resultado, Izquierda Abierta pasó del puesto 11 que le había asignado la mayoría que sustenta a Lara al 9. Y no pudo subir más plazas porque había tres apartadas para los partidos socios –la 3 para ICV, la 5 para Anova y la 8 para CHA– y dos para los "referentes sociales": para la sindicalista Paloma López, el 2, y para el activista Javier Couso, hermano del cámara muerto en Irak José Couso, el 7. IzAb considera que a Oliver le debería corresponder el puesto 6, porque no reconoce el bloqueo de los números 2 y 7, ya que no fueron pactados, sino "impuestos" por la mayoría. 

El mismo 1 de marzo, Llamazares y Muñoz, junto con la Candidatura Unitaria de Trabajadores (CUT) de Juan Manuel Sánchez Gordillo, escribieron una carta a Lara pidiéndole hablar y que reconsiderara un procedimiento "caprichoso" y "arbitrario". Dejaron pasar diez días y, tras no recibir noticia de Olimpo, la sede federal, IzAb y la CUT impugnaron la lista europea ante la Comisión Federal de Garantías por haber sido confeccionada en "fraude de ley", por "despreciar" la democracia y violar el "pluralismo" interno de IU. El pasado lunes, 17 de marzo, en la reunión de ejecutiva federal, Llamazares protagonizó una dura intervención, en la que reprochó al núcleo duro la falta de diálogo. Miguel Reneses, el secretario federal de Organización, se comprometió entonces a citar a IzAb a una reunión bilateral para intentar limar asperezas. 

Decisión de CHA el sábado 22 de marzo

Esa reunión tuvo lugar ayer en el Congreso. Y acudieron Lara, Reneses, Muñoz, Oliver; Antonio Cortés, corresponsable de Organización de IzAb, y José Antonio Mesa, de la CUT. La dirección se mostró dispuesta a llegar a "cualquier acuerdo político que no pervierta el resultado del Consejo Federal" del 1 de marzo. "Hablamos de posibles soluciones, siempre con la voluntad de acercarnos y resolver el conflicto –contaba anoche Reneses a infoLibre–. Y entre ellas, el puesto ocho podría ser para Tasio si hay vacantes". La nueva ubicación tendría como daño colateral un nuevo agujero en la lista cremallera, pues el 5 muy probablemente quede ocupado por la favorita de Xosé Manuel Beiras, líder de Anova, Lidia Senra.

Izquierda Abierta recela porque esa plaza no es ahora mismo segura. De hecho, no se conocerá si se libera o no hasta el sábado. El próximo día 22 se reúne el Comité Nazional de CHA –su máximo órgano de dirección– y decidirá con qué aliado se queda. Según confirmó ayer la cúpula aragonesista, se plantearán dos votaciones. La primera, para despejar si Chunta acude o no a los comicios del 25 de mayo. Si hay visto bueno, se procederá a la segunda votación, para dirimir si va con Equo y Compromís (que les reserva el puesto 3) o bien si acuerda con IU el nombre de un independiente. Los jefes de CHA se inclinan por la primera coalición, pese a que las expectativas electorales sean más bajas, y así lo verbalizarán en el Comité. No les gusta que Olimpo les haga consensuar un candidato con IU Aragón, porque ICV o Anova eligieron por su cuenta a su representante. Las reticencias de Chunta a la entente con IU son las mismas que las de la semana pasada, cuando se reunieron en Zaragoza. La duda es qué dirá el Comité, donde no hay una posición clara. 

La dirección de Lara remitirá "por escrito" su oferta a IzAb lo antes posible. Pero asume que no hay mucho más margen de maniobra, porque el Consejo Político ya se pronunció. De modo que sólo quedaría esperar, en todo caso, a lo que diga la Comisión Federal de Garantías. 

"Bloqueo de puestos" cuando Llamazares era el líder

Fuentes de IzAb no comparten que sea una "solución" que Oliver ascienda al 8. Ayer insistían en que su puesto es el 6, porque es el que le dieron los votos el 1 de marzo. Y por eso pelearán hasta el final. Se espera que en las próximas horas el partido presente un segundo recurso ante Garantías, firmado por la dirección –el primero estaba suscrito por los tres primeros candidatos de la lista de Oliver–, para apuntalar sus exigencias y apremiar así al tribunal interno de IU a dictar sentencia. Y la amenaza de ir a los tribunales aún sigue en pie.

Desde la dirección de IU se recordaba que en 2004, en los tiempos en los que Llamazares era el coordinador general, "también se bloquearon varios puestos de salida", "igual que se ha hecho ahora". 

Izquierda Abierta lleva su primera amenaza a término. Prometió que recurriría ante la Comisión Federal de Garantías –el máximo tribunal interno de Izquierda Unida– la confección de la lista europea y lo ha hecho. Este martes. El partido coliderado por Gaspar Llamazares y Montse Muñoz presentó su impugnación contra una candidatura que representa, a su juicio, un "ejercicio intolerable de deslealtad y desprecio a los estatutos y, por ello, a la democracia". Y pide que se atienda su demanda de forma "urgente y preferente", pues el 1 de abril se convocan oficialmente los comicios europeos del 25 de mayo. Si no, mantiene su segunda amenaza viva: ir a los tribunales. 

El recurso, de diez páginas y al que ha tenido acceso infoLibre, y que también firma el Colectivo de Unidad de los Trabajadores (CUT) del líder jornalero Juan Manuel Sánchez Gordillo, repasa someramente el proceso de elaboración y votación de la lista europea, sancionada el pasado 1 de marzo en el Consejo Político Federal (CPF), el máximo órgano de dirección, compuesto por más de 200 miembros. En aquella cita, se sometió primero a votación la reserva de los puestos tres (para ICV), cinco (para Anova) y ocho (para Chunta Aragonesista), en virtud de los acuerdos cerrados y posibles con los aliados electorales. Salió adelante por el 85,46%. Después se pidió el parecer sobre el bloqueo de las plazas dos y siete de la candidatura para "referentes sociales" –Paloma López, de CCOO, y el activista Javier Couso, hermano del cámara muerto en Irak José Couso, ambos militantes de IU–, "sin permitirse en la proposición debatir, dar nombres alternativos, votar a los candidatos propuestos". 

Esa reserva del dos y del siete fue una componenda del sector mayoritario que apoya a Cayo Lara para que el grupo liderado por el dirigente federal Enrique Santiago no presentara una lista alternativa y aceptara que el número uno fuera Willy Meyer y no la castellonense Marina Albiol. O sea, fue producto del pacto interno dentro de la propia mayoría. Ello supuso el cabreo nada disimulado de Izquierda Abierta, que aspiraba a colocar a su candidato elegido en primarias abiertas, Tasio Oliver, en el puesto siete.

Al verse desplazada al asiento número 11 (el 9 estaba guardado en principio para el hombre promovido por la federación catalana de IU, Gerardo Pisarello), IzAb decidió presentar candidatura alternativa liderada por Oliver. Logró el 22,6% de los votos del Consejo, frente al 77,4% de la lista de Meyer. Así, Oliver pudo conseguir el puesto nueve, pero no el siete, porque estaba (y está) bloqueado para Couso. Ahora, lo que reclaman los gasparistas es que con su 22,6% le corresponde el número seis (tras Meyer, Paloma López, ICV, Marina Albiol y Anova. "Al haberse detraído los puestos 2 y 8, se nos adjudica como primer puesto el 9 de la lista. Es decir, se omite deliberadamente el primer tramo de cinco en la proporcionalidad estatutaria". Y esto es así porque los estatutos de IU dicen que cuando hay varias listas en confrontación, las plazas se reparten de forma proporcional y en tramos de cinco.  

El "capricho" de bloquear puestos

IzAb y CUT, en su recurso –que firman los tres primeros integrantes de su lista altenativa: el propio Oliver, junto con Carmen García Bueno y Pedro Chaves– alegan que esa decisión de "eliminar o reservar" las plazas 2 y 7 "supone una vulneración del principio de pluralismo, participación e igualdad de los miembros del órgano y de todos los afiliados de IU a los que se les impide acceder en condiciones de igualdad estatutaria al acceso a cargos públicos". El partido de Llamazares se apoya en lo recogido en los estatutos de IU y en los artículos 22 (derecho de asociación), 23 (acceso al cargo público) y 25 (principio de legalidad) de la Constitución.

"No es lo mismo reservar puestos en la lista electoral a otras organizaciones políticas o asociativas cuyo tratamiento sería de socios electorales. En cuyo caso se refrenda un acuerdo político de colaboración que, previamente conocido, es refrendado por el CPF, que detraer de la lista una serie de puestos en base a un criterio arbitrario de selección, que no es conocido, sobre el que no existe consenso, ni tan siquiera en un primer momento se manifiesta qué personas serían, ni se sabe qué referentes sociales representan". Izquierda Abierta considera que esa postura es "ilógica", "carente de todo raciocinio democrático y respeto a la organización", porque el Consejo "no puede bloquear caprichosamente puestos electorales vulnerando lo establecido en los estatutos". Estatutos que, en su artículo 89. a), recuerdan, establecen que si hay candidaturas alternativas, "se articularán procesos de consulta a los afiliados en forma de primarias u otras conforme al reglamento que regula su desarrollo". No hacer primarias y reservar puestos es, a juicio de IzAb, "un abuso de derecho".  

Los gasparistas denuncian más deficiencias. Por ejemplo, que no se estableciera qué ocurre si alguna alianza no se cierra (como podría pasar con Chunta). O por qué se aprobó una "lista incompleta". La candidatura de Meyer contenía sólo 17 nombres, cuando en los comicios del 25 de mayo España elige a 54 eurodiputados. A la mayoría, según su resultado del 77%, le correspondería poner 32 aspirantes, así que IzAb se teme que ponga el resto después, sin pasar por un órgano. "Lo que bajo ningún concepto puede admitirse es la incorporación posterior a la votación de militantes de IU". La dirección de Lara justificó en su día que la lista quedaba abierta a falta de incorporar a más integrantes de los partidos aliados y de miembros de movimientos sociales. 

El texto señala que la actuación del Consejo constituyó un "fraude de ley" a la normativa estatutaria, que sólo tenía como fin "evitar las consecuencias" que tiene para la mayoría de Lara la concurrencia de una lista alternativa. 

Argumentos "consistentes"

Izquierda Abierta se siente orgullosa de la solidez de su impugnación, pues recoge una parte amplia de fundamentos de derechos trabajados con abogados cercanos, y que expone lo contemplado en la Constitución, la Ley de Partidos Políticos, los estatutos de IU, la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, la Ley de Enjuiciamiento Civil y las sentencias del Tribunal Constitucional. Por eso, por la "consistencia" de sus argumentos, reclama a la Comisión Federal de Arbitraje y Garantías Democráticas que tramite el recurso de forma "urgente y preferente". Y deja ver qué ocurriría en caso contrario: iría a los tribunales para solicitarles la adopción de medidas cautelares. "Somos conscientes de la gravedad que supondría vernos en la obligada necesidad de acudir a la justicia ordinaria para que se respete la legitimidad de nuestros derechos fundamentales", esgrimen Oliver, García Bueno y Chaves. 

Los gasparistas concluyen que el Consejo "realizó un ejercicio intolerable de deslealtad y desprecio a los estatutos, y por ello a la democracia, que deberá ser subsanado para evitar males mayores, que nos llevaría a una pérdida de votantes y de presencia de nuestra opción política en pro del bien común". "Hemos de recordar a algunos miembros que IU no es de nadie, y es de todos, pero sobre todo no podemos permitir que sea de posiciones unilaterales que unilateralmente crean reglamentos ad hoc para pervertir, de forma también unilateral, las normas básicas que rigen los procesos internos y que son, en definitiva, las únicas vías que aseguran la democracia, la pluralidad y la convivencia de minorías y mayorías en el seno de nuestra organización". 

Oliver y sus compañeros recuerdan que la candidatura se confeccionó gracias a negociaciones de la mayoría entre el jueves y el viernes, sin contar con IzAb, cuando el espíritu fundacional de IU impone el "consenso". "Estamos a tiempo de rectificar el dantesco espectáculo, la nefasta forma de entender la democracia que se demostró en la actuación del Consejo, algo que debe ser lógico, de sentido común y de justicia. Es obligación de todos defender la esencia de IU, y ello ha de realizarse desde la propia organización, porque nosotros, por principio, estamos contra la judicialización de la vida política de la organización, que nos llevaría a una pérdida de representatividad y confianza", concluyen. 

Si no hay más solución, primarias

En definitiva, IzAb y CUT piden que se les conceda el puesto seis y sucesivos, proporcionalmente a su peso del 22,6%; que a la lista de Meyer se le concedan 17 plazas (las que tenía su candidatura) y el resto los ponga el partido de Llamazares y que si se "pervierte el resultado" de la votación del Consejo, se pongan en marcha unas primarias. 

El recurso ante Garantías llega tras la "ausencia de diálogo" con la dirección de Lara, según denuncian los gasparistas. El mismo 1 de marzo, IzAb remitió una carta a Lara en la que le pedía que reconsiderara el procedimiento y se aviniese a negociar. Pero desde entonces no ha habido aproximación. Ni respuesta a la misiva. La cúpula federal ya señaló en su momento que era difícil mover un acuerdo del Consejo Político, así que la polémica debía ventilarse en Garantías. El propio coordinador ya aseguró en rueda de prensa el pasado lunes, 10 de marzo, que el tribunal interno de IU se reunirá en breve para dirimir si se han vulnerado derechos de los militantes. 

A este recurso de Oliver, García Blanco y Chaves seguirá otra nueva impugnación de la dirección de IzAb, que reforzará los argumentos del escrito presentado el martes, según acordó la ejecutiva del partido, reunida lunes. 

Malestar también de IU Madrid

Lo cierto es que la elaboración de la lista de IU generó y aún genera tensiones internas. Al enfado de Izquierda Abierta hay que sumar el malestar de EUiA –al final Pisarello renunció y la cúpula catalana lamentó la "falta de visión política" de la federación– y la airada protesta de Izquierda Unida-Comunidad de Madrid (IU-CM). En este último caso, se cruzan más variables, pero la resultante es clara: la ejecutiva regional, encabezada por el coordinador, Eddy Sánchez, respaldó por 17 votos a favor y 9 en contra un texto [ver aquí en PDF] en el que condenaba la "exclusión" de IU-CM de la candidatura europea, pues no figuró en ningún puesto de salida Lidia Fernández, y Couso fue presentado como "referente social". Esa discrepancia dentro de la propia mayoría dirigente de la federación madrileña (que hasta ahora pesaba un 51%) evidencia su fractura. Paloma López había sido, de hecho, la primera persona en quien pensó parte de esa mayoría, pero dado su perfil nacional –ella era secretaria confederal de Empleo de CCOO–, Olimpo, el estamento federal, asumió las negociaciones. Lara replicó apuntó hace dos días que armar una candidatura supone una "complejidad lógica", pero añadió que la aprobada por IU es "potente" porque aglutina a los componentes de la sociedad que se moviliza en la calle.

Además, el acuerdo con Chunta Aragonesista peligra. La semana pasada, después de que infoLibre informase del disgusto de los nacionalistas con la dirección de Lara, a la que acusaban de "desplante", CHA recibió una llamada del secretario federal de Organización, Miguel Reneses. Este miércoles se prevé reunión de las dos cúpulas en Zaragoza, con el fin de limar asperezas y reconducir las conversaciones.

La dirección de Izquierda Unida no se esperaba el revés. Todo el debate de la Conferencia sobre el Modelo de Estado estaba canalizándose con normalidad, incluso más rápido de lo previsto, con un altísimo nivel de consenso en las piezas nucleares del documento presentado por la ponencia. Pero al final la quiebra de la unidad emergió, insospechadamente, en torno a la consulta. O, más en concreto, en torno al "marco legal" de la consulta. La resolución resumen que IU sometió a votación encontró un notable rechazo de los delegados (un 52,78%, entre abstenciones y noes) debido a que el texto especificaba que cualquier referéndum de autodeterminación deberá respetar la legalidad. 

Cerca de las tres de la tarde de ayer sábado, el tono general era de satisfacción. Sí, IU había superado el reto: había conseguido ponerse de acuerdo en torno a un proyecto de Estado federal, republicano, laico, solidario, plurinacional, democrático y participativo, con un reconocimiento pleno del "derecho a decidir de los pueblos". La ponencia, que coordinaba Diego Valderas, vicepresidente de la Junta de Andalucía, había asumido de partida 1.076 de las 1.178 enmiendas presentadas, y había con ello engrosado el documento, incorporando cuestiones que habían quedado más cojas, como el feminismo, la memoria histórica o el pacifismo. Pero, junto al texto largo, el que desarrolla todo el modelo que defiende IU, y que fue aprobado por amplísima mayoría –116 votos a favor (72,95%), 17 en contra y 26 abstenciones–, se pidió el respaldo a una resolución, cuya redacción venía a resumir el espíritu de la Conferencia. Y ahí fue donde la dirección tropezó. 

El texto de la resolución, de apenas dos páginas y a la que tuvo acceso infoLibre [léelo aquí en PDF], es una síntesis de los ejes capitales del documento amplio. El último de ellos es la "transición al Estado federal mediante un proceso constituyente", que genere "una fuerte alianza social y de clase". 

"El principio democrático implica abrirse a la posibilidad de consulta para que la ciudadanía manifieste sus preferencias sobre la relación jurídico-política entre las unidades territoriales federadas y el Estado español –reza el texto–. En este sentido, cualquier consulta deberá realizarse en el marco legalcualquier consultadeberá realizarse en el marco legal". Este último inciso provocó la discordia. Algunos delegados, como la excoordinadora valenciana Glòria Marcos o el andaluz José Antonio Mesa, plantearon que aceptar este punto implicaba transigir con el sistema nacido en la Transición y que IU quiere combatir. La ponencia, en cambio, defendía que ese respeto a la legalidad ya venía recogido en el acuerdo firmado, en mayo de 2013, por IU y su federación catalana, Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) y sus socios de ICV, pacto por el que la formación de Cayo Lara asumió solemnemente el derecho a decidir. Este debe basarse, se decía en aquel escrito, en la "voluntad de negociación con el Estado utilizando los mecanismos legales existentes o acordando su reforma". 

Había otro argumento que esgrimían los miembros de la ponencia, según las distintas fuentes consultadas por este diario: la necesidad de respetar el "marco legal" a la hora de celebrar la consulta ya había sido refrendada por el Consejo Político Federal, el máximo órgano de dirección. O sea, que esa posición ya estaba "asumida y digerida". 

La oposición a ese extremo se visualizó en el escrutinio. La resolución recabó 85 votos a favor (47,22%), 60 en contra (33,33%) y 35 abstenciones (19,44%). Un respaldo más que justo al texto original. El caudal de desaprobación se concentró en parte de Valencia, Galicia, Madrid, Cataluña, Izquierda Abierta –el partido de Gaspar Llamazares y Montse Muñoz– y el Colectivo de Unidad de Trabajadores (CUT), la formación del líder jornalero y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo. 

"Quizá terminamos demasiado rápido"

"Quizá ha habido confusión. O falta de explicación", reconocían los colaboradores de Lara. En realidad, apenas hubo defensa de ese punto, porque una de los miembros de la ponencia, la valenciana Marga Sanz, se limitó a leer la resolución, y después apostilló José Luis Centella, mano derecha del coordinador. Lo que quería defender la dirección, indicaron todas las fuentes consultadas, es que un referéndum no puede realizarse si no está permitido, que no se pueden sacar las urnas a la calle si hay una prohibición expresa del Tribunal Constitucional –como seguramente pasará si Artur Mas convoca la consulta para el 9 de noviembre de 2014–. A eso hace referencia, argumentaban, "el marco legal". Ello no quita para que IU defienda, por otro lado, el cambio del sistema, un proceso constituyente que construya de nuevo el Estado, que articule un nuevo modelo de convivencia y en el que se recoja explícitamente el derecho a decidir de pueblos, naciones, nacionalidades y regiones de España. Las tesis de la dirección eran compartidas por EUiA y, de hecho, su coordinador, el diputado Joan Josep Nuet, era uno de los miembros de la ponencia.

"El único elemento que ha sido cuestionado ha sido esa frase. Pero es verdad, no esperábamos esta contestación. Lo que ha subyacido es que la legalidad no puede bloquear la voluntad de un pueblo. La votación significa rebelarse contra ello", reflexionaba un integrante de la ponencia. Uno de los asistentes atribuía el patinazo a una "falta de comprensión" que utilizó la "minoría independentista". Ricardo Sixto, secretario federal de Comunicación, lamentaba la "mala interpretación" que se había hecho de ese punto del texto. "Quizá lo teníamos que haber explicado más, haber buscado una redacción que se acomodase más a todos. Quizá terminamos demasiado rápido". Se preveía que la Conferencia concluyera sobre las cinco de la tarde. Y se remató dos horas antes. 

"Lo vimos al final y sin un debido debate. Y no podemos hablar de aspirar a una república federal, que sería trascender por completo el actual marco legal y luego enmarcar dentro de él esa resolución. El derecho a decidir está por encima de leyes temporales o parciales", razonaba uno de los delegados que votó en contra. "Ha sido un fracaso de la dirección. Políticamente ha perdido –añadió un integrante del CUT–. No lo explicaron y por eso perdió más votos. Se merece el revolcón por presentar iniciativas sin contar con los demás". 

Un "borrón" que la dirección relativiza

Los componentes de la ponencia sintieron el revés de la votación final como un "borrón" en un cónclave que se había desenvuelto hasta entonces sin sobresaltos. Aunque advertían de que una cuestión "anecdótica", dentro de una discusión que había concitado un consenso muy amplio. De hecho, algunos de los debates que se sustanciaron en el plenario discurrieron sin confrontación. Por ejemplo, había quien planteaba que era mejor un sistema unicameral (al final se votó la propuesta inicial: dos Cámaras, aunque reforma profunda del Senado), o que los territorios debían tener representación internacional (extremo que se rechazó). 

En efecto, la cuestión del "marco legal" de la consulta era el punto negro de una resolución que, por lo demás, sintetizó el espíritu del documento largo. IU escribe que quiere formular un "nuevo proyecto de Estado ante un modelo exhausto, incapaz de dar respuesta a la realidad plurinacional que avanza como seña de identidad de un Estado compuesto". La formación de Lara aspira a construir "una España federal, en un proceso constituyente donde el debate territorial se vincule al debate de clase, donde los derechos de ciudadanía se liguen indisociablemente a la arquitectura del Estado". Ya lo dijo el coordinador en su discurso de apertura de la Conferencia: el problema de fondo en el conflicto territorial es que "unas clases sociales expolian a otras clases sociales". 

Diego Valderas y el eurodiputado Willy Meyer, en la Conferencia sobre Modelo de Estado de IU, ayer sábado, 8 de febrero en el hotel Convención de Madrid | EFE

El objetivo central de la alternativa de IU es "llamar a un proceso constituyente, democrático y participativo que represente y defienda los intereses de la mayoría social trabajadora". El federalismo, indica el texto, pivota sobre la idea de "pacto y negociación multilateral", para ir avanzando hacia un "Estado plurinacional en el marco de la capacidad de decisión de los pueblos, desde la asociación libre y voluntaria". IU siempre subraya que el derecho a decidir no sólo se refiere a la autodeterminación de los territorios (que también) sino a que los ciudadanos puedan votar sus "derechos sociales, políticos, laborales, territoriales y culturales". 

Una alternativa frente a los "métodos guerracivilistas" del PP

Tres ejes vertebran la resolución. El primero es la justificación, alude al "agotamiento de la Constitución de 1978", de todo el régimen nacido en la Transición –monarquía, modificación del artículo 135 de la Carta Magna para establecer el pago de la deuda como "prioridad absoluta", el cansancio del modelo autonómico y la "crisis de representatividad política–, lo que exige la apertura del citado proceso constituyente. El segundo es la definición de la alternativa, el Estado "plurinacional, federal, solidario, laico y republicano", que reconozca las "realidades nacionales de los diversos pueblos de España", que "garantice la igualdad de derechos y la integración de toda su ciudadanía, vivan donde vivan", que se contemple una fiscalidad progresiva y justa y un sistema de financiación que prime la equidad, la suficiencia, la solidaridad interterritorial y la eficiencia y que se apueste por una amplia "descentralización política y administrativa". 

El último pilar es el que atañe al derecho a decidir. IU entiende que la segregación de un territorio no debe producirse con una mayoría ajustada, del 51%, sino que ha de ser consecuencia de "un pacto que establezca reglas claras del juego democrático y de mayorías cualificadas". 

El derecho a decidir, en sí mismo, no suscita controversia en IU. Sostiene que ello posibilitará el encaje de las distintas pretensiones. "Estamos convencidos de que con un proyecto común mejor vamos a convencer a los pueblos para que vivan juntos –explicó a los medios Nuet, líder de EUiA, mediada la Conferencia–. La clave de ese convencimiento es el amor, es la propuesta, no es la amenaza, la violencia o la obligación. Lo que no tiene futuro en España es volver a los métodos de la Guerra Civil, que es lo que nos está planteando el PP. Por eso nosotros planteamos el convencimiento de que vivir juntos es mejor, pero haciendo cambios. Con la España de Rajoy mucha gente se asusta, pero con el proyecto de IU mucha gente se va a ilusionar. Un proyecto común vale la pena y puede ser mayoritario, y vamos a luchar por él". 

Todo pasa ahora por el Consejo Político Federal

En resumidas cuentas, el modelo de IU se alza como una alternativa frente al planteamiento del PP, que "rompe y disgrega"; el del PSOE, que representa el "centralismo federal", y el de los independentistas. Según esgrimió Nuet, el de la federación ejemplifica la propuesta del "punto de encuentro" y del pacto por un nuevo país sumado a un "proyecto democrático y social de altura". "Lo social y lo democrático son indivisibles. El derecho a decidir y el modelo de país desde el punto de vista social, contra la austeridad y la troika, son dos caras de la misma moneda". 

Las enmiendas asumidas "completan y mejoran" el documento largo, como se encargó de apuntar uno de los miembros de la ponencia, José Miguel Nuin, coordinador de IU en Navarra. Las modificaciones ahondan en la igualdad, el feminismo, el pacifismo, la memoria histórica, la denuncia del Concordato con el Vaticano, el fin de los privilegios fiscales de la Iglesia, la defensa del municipalismo, el empoderamiento de la ciudadanía "frente a las élites", el desarrollo de instrumentos de "democracia económica" (sector público "fuerte")... 

"No ha habido divisiones ni grandes elementos nuevos", resumió Nuin. Aunque sí la china en el zapato de la resolución, la comidilla que se extendió tras la clausura de la Conferencia. Ahora, todos los documentos, la ponencia –con las enmiendas incorporadas– y la resolución final deberán pasar por el filtro de la próxima reunión del Consejo Político Federal. Será el 1 de marzo. Una cita que se prevé clave por otro asunto que ayer no asomó en el debate: la aprobación de la candidatura para las elecciones europeas de mayo. El cabeza de la lista, por cierto, sigue sin estar claro. Aunque el nombre de Willy Meyer es por el que se inclinan las apuestas. Él ni se ha postulado oficialmente.